ARIT-CHQ-RA-0221-2018 Resolución Sancionatoria confirmada por incumplimiento al deber formal de “Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA”

ARIT-CHQ-RA-0221-2018

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurínacíonal de Solivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0221/2018 

Recurrente Lucio Almendras Quespi. 

Administración recurrida Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Jhonny Padilla Palacios. 

Resolución Sancionatoria 181810000366. 

ARIT-CHQ-0044/2018. 

Sucre, 9 de noviembre de 2018. 

VISTOS: 

Acto Impugnado Expediente FECHA 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ 0221/2018 de 9 de noviembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTFIATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria 181810000366 de 7 de junio’ de 2018, emitida contra Lucio Almendras Quespi, con NIT 5662818019, sancionó por la contravención tributaria de Incumplimiento ai Deber Formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinel Módulo LCV, con una multa de 200 UFV’s (Doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por el periodo abril de 2011. 

Resolución notificada personalmente a Lucio Almendras Quespi, el 16 de julio de 2018, pugnada el 7 de agosto de 2018; dentro del plazo legal de veinte días establecido 

por el art. 143 del CTB. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayirjach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachíq (quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepí Vae (Guaraní) 

Calle Junín, Esq. Ayacucho N” 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4)6462299-6454573 •’www.ait.gob.bo « Chuquisaca, Solivia

  1. TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos de la Recurrente. 

Lucio Almendras Quespi (el recurrente) manifestó que la Administración Tributaria le notificó con la Resolución Sancionatoria 181810000366 de 7 de junio de 2018, por el incumplimiento ai deber formal de presentación de la información de ios libros de compras y ventas IVA a través del software Da Vinel Módulo LCV, sancionándolo con una multa de 

200 UFV’s por el periodo incumplido de abril de 2011. 

Continuó señalando que de conformidad a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) para el periodo observado abril 2011, el cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 2012, y finalizó el 31 de diciembre de 2015, en conformidad al núm. 3 inc. I dei art. 59 del CTB; por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescribió, ya que la notificación de la Resolución Sancionatoria fue efectuada el 16 de julio de 2018, después que prescribió la facultad de cobro de la Administración Tributaria. 

Asimismo argüyó que la retroactividad de la Ley 291, promulgada el 22 de septiembre de 2012, no opera para el periodo correspondiente a la gestión 2011, ya que en apego a la seguridad jurídica no se puede aplicar la retroactividad en función al art. 123 de la Constitución Política del Estado y la Sentencia 39/2019 de 13 de mayo de 2016, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria 181810000366 de 7 de julio de 2018 (debió decir junio); adjuntó fotocopias simples de la Cédula de identidad 5662818 Ch., y Resolución impugnada. 

  1. 2. Auto de Admisión. 

Inicialmente el Recurso de Alzada interpuesto fue observado mediante Auto de 7 de agosto de 2018, por incumplimiento del art. 198 inciso b) del CTB; subsanada la observación, a través de Auto de 20 de agosto de 2018, se admitió el Recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos asi como los elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada; todo en aplicación del art. 

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III 

Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolívta 

218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 24 de agosto de 2018, conforme a la diligencia de fs. 17 de obrados. 

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaría. 

El 10 de septiembre de 2018, dentro del término establecido en el art. 218. e) del CTB, se apersono Jhonny Padilla Palacios, acreditando su condición de Gerente Distrital del SIN Chuquisaca, mediante copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia 031800000463, de 25 de junio de 2018, respondió en forma negativa al recurso planteado, aduciendo que el contribuyente solicitó únicamente la revocatoria del acto impugnado mediante la oposición de la prescripción. Al respecto aclaró que el sujeto pasivo confundió su petición ya que señaló “que estaría prescrita tal sanción porque fue notificado en fecha 16 de julio de 2018 posterior a la fecha en la cual prescribía las facultades de cobro de la Administración Tributaría”; sobre tal argumento señaló que las facultades de cobro (vía ejecución) aún no se ejercieron, pues en el caso particular solo se hizo conocer el monto de la sanción y el alcance de la imposición con identificación del incumplimiento del deber forma! que causó dicha sanción. Agregó que el procedimiento administrativo que se impugna es sancionatorio, donde se ejerce la facultad de imponer sanciones cuando el sujeto pasivo adecúa su conducta a una contravención tributaria, por lo que la solicitud de prescripción de las facultades de cobro de la Administración Tributaria no tiene sustento y debe ser desestimada. 

Respecto al petitorio del recurrente para que se declare la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria de imponer sanciones, indicó que el recurrente realizó un cómputo confuso sobre el término de la prescripción e indicó dos fechas diferentes (31/12/2015, 31/12/2016), Al respecto señaló que el periodo abril de la gestión 2011 se encuentra bajo el alcance de las Leyes 291 y 317, que modificaron los arts. 59 y 60 del CTB; cuyo cómputo de prescripción se realiza desde el primer día del año siguiente (2012) tal cual establece el art. 60 del CTB, es decir, que en el caso particular el hecho origen que permite a la Administración Tributaría ejercer su facultad de imponer sanciones administrativas si bien emergió en la gestión 2011, pero para efectos de considerar e iniciar el cómputo de la prescripción recién se la realiza desde 

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la gestión 2012, que inclusive debe tomarse en cuenta la última modificación de 

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os artículos, realizada mediante Ley 812. íbnorca OER 

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mbaerepi Vae (cuaranQ Calle Junín, Esq. Ayacucho N’ 699 (Ex.Edificio.ECOBOL) Telfsi (4) 6462299 6454573 www.aitigob.bo Chuquisaca, Solivia

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Agregó que la Resolución impugnada fue notificada en vigencia de la Ley 812, que establece el término de prescripción de ocho años, por lo que para el periodo de abril de 2011, debieron transcurrir ocho años para perfeccionarse el término de la prescripción y sin embargo para tal periodo, desde el 1 de enero de’2012 (fecha de inicio del cómputo de prescripción) hasta la notificación con la Resolución Sancionatoria impugnada 16/07/2018 (fecha de interrupción del término de la prescripción), tan solo transcurrieron 6 años 6 meses y 16 días; razón por lo cual, a la fecha se encontraría vigente la facultad de Imponer sanciones administrativas de la Administración Tributaria. En respaldo citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0869/2017 y AGIT-RJ 0791/2017. 

Finalizó indicando que al momento de la emisión y notificación del Auto inicial de Sumarlo Contravencional, así como la Resolución Sancionatoria impugnada, las facultades de la Administración Tributaria estaban vigentes. En cuanto a la Sentencia 39/2019 mencionada en el recurso, indicó que el recurrente incurrió en error y contradicción al señalar un número de Sentencia de la gestión 2019, por lo que se debe desestimar dicha formulación. 

Por los argumentos expuestos, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N°181810000366 de 7 de junio de 2018. Para tal efecto adjuntó el Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN) de 95 fojas. 

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

En aplicación del art. 218 inciso d) del CTB, mediante Auto de 11 de septiembre de 2018, cursante a fs.24 de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte días comunes y perentorios a las partes; precediéndose a su respectiva notificación el 12 de septiembre de 2018, conforme consta por la diligencia de fs. 25 de obrados; consecuentemente, el plazo feneció el 2 de octubre de 2018. 

En esta fase, por memorial presentado el 20 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria, ratificó la prueba documental adjuntada a la respuesta al Recurso de Alzada. Por su parte, el recurrente no presentó más prueba. 

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Impugnación Tributaria Estado Plurinacional de Bolivia I.5. Alegatos. 

II 

Conforme establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del término probatorio; es decir, hasta el 22 de octubre de 2018. Sin embargo no hicieron uso de este derecho. 

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

De la revisión del Cuademlllo de Antecedentes 1 (SIN) se tiene la siguiente relación de hechos: 

El 20 de febrero de 2018, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional 00140995001038, contra Lucio Almendras Quespi, con NIT 5662818019, por incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, correspondiente al periodo abril la gestión 2011, en aplicación de ios artículos 1 y 2 de la RND 10-0047-05 y art. 15 de la RND 10-004-10, según el núm. 4.2 de anexo consolidado de la RND 10-0037-07, sancionado con una multa de 200 UFVs, por cada período fiscal incumplido; con un total de 200 UFVs (Doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda). También, otorgó el plazo de veinte (20) días a partir de la notificación con dicho Auto, para presentar descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, o bien cancelar la multa. Auto, notificado mediante cédula a Lucio Almendras Quespi, el 27 de febrero de 2018. (fs. 8 a 12). 

El 19 de marzo de 2018, Lucio Almendras Quespi presentó nota de descargo contra el Auto inicial de Sumario Contravencional 00140995001038, señalando que de acuerdo al art. 60 de la Ley 2492 en vigencia en el periodo observado, correspondiente al mes de abril de 2011, donde el cómputo de la prescripción comenzó a correr a partir del 1 de enero de 2012 y de conformidad al núm. 3 del inc. I del art. 59 de la Ley 2492 vigente en dicho periodo, las acciones de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas prescribieron el 31 de diciembre de 2015. Por lo que insto que se declare prescrito el periodo abril 2011. Asimismo argüyó que la Ley 291 promulgada el 22/09/2011 no opera en cuanto al periodo observado, esto de Cía 

acuerdo a lo establecido en el art. 123 de la ORE respecto a la irretroactividad de la ley. Por OER 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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lo que solicitó se declare prescrita la facultad de imposición de sanciones de la Administración Tributaria para el periodo abril de 2011. (fs.68 a 72) 

El 7 de junio de 2018, la Administración Tributaria por Resolución Sancionatoria 181810000366 de 7 de junio de 2018, emitida contra Lucio Almendras Quespi, con NIT 5662818019, sancionó la contravención tributaria de Incumplimiento al Deber Formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci Módulo LCV, con una multa de 200 UFVs (Doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por el periodo abril de la gestión 2011. Resolución notificada personalmente a Lucio Almendras Quespi el 16 de julio de 2018. (fs. 84 a 87). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Antes de analizar el punto de reclamo del recurrente es necesario señalar que en el presente caso, el contribuyente planteó ante la Administración Tributaria la oposición de la prescripción respecto a la facultad de imponer sanciones administrativas: es así que el SIN congruentemente a lo solicitado emitió pronunciamiento al respecto en la Resolución Sancionatoria 181810000366. Posteriormente en el Recurso de Alzada planteado ante esta instancia recursiva contra dicho acto administrativo, el recurrente se refirió a prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas, y sin embargo también mencionó la facultad de cobro, según se tiene de la siguiente glosa: 

“Que estaría prescrita tal sanción porque fue notificado en fecha 16 de julio de 2018 posterior a la fecha en la cual prescribía las facultades de cobro de la Administración Tributaria”. 

Ahora bien, analizando el sentido de la impugnación planteada y los antecedentes que motivan el recurso, no cabe duda que la oposición de la prescripción se refiere a la facultad de imponer sanciones no así a la “facultad de cobro”, máxime si dicha facultad no está contemplada en el art. 59 del CTB: por consiguiente, esta Instancia ingresará al análisis de la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas, como único argumento de Alzada. 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

‘Estado Plurinacional de Bolivia 

1V.1. Con relación a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para Imponer sanciones administrativas. 

El recurrente, manifestó que fue notificado con la Resolución Sanclonatorla 181810000366 de 7 de junio de 2018, por el Incumplimiento al deber formal de presentación de la información de los libros de compras y ventas IVA a través del software Da Vinel Módulo LCV, sancionándole con una multa de 200 UFV’s por el periodo abril de la gestión 2011; empero, de conformidad a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) para el periodo abril 2011, el cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 2012, y finalizó el 31 de diciembre de 2016, conforme el núm. 3 inc. I del art. 59 del CTB; por lo que la notificación de la Resolución Sancionatoria, efectuada el 16 de julio de 2018, se realizó cuando la facultad de la Administración Tributaria ya estaba prescrita. 

También adujo que conforme el art. 123 de la CPE, la Ley 291 promulgada el 22 de septiembre de 2012, no es aplicable a periodos de la gestión 2011; por otra parte, citó la Sentencia 39/2019 de 13 de mayo de 2016. 

Por su parte la Administración Tributaria, afirmó que el sujeto pasivo confundió su petición ya que señaló “que estaría prescrita tal sanción porque fue notificado en fecha 16 de julio de 2018 posterior a ¡a fecha en la cual prescribía las facultades de cobro de la Administración Tributaria”] al respecto afirmó que las facultades de cobro (vía ejecución) aún no se ejercieron, ya que solo se hizo conocer el monto de la sanción y el alcance de la imposición con identificación del incumplimiento del deber formal que causó dicha sanción, y que el procedimiento administrativo que se impugna es sancionatorlo, donde se ejerce la facultad de Imponer sanciones cuando el sujeto pasivo adecúa su conducta a una contravención tributaria, por lo que la solicitud de prescripción de las facultades de cobro de la. Administración Tributaria no tiene sustento y debe desestimarse. 

Con relación al término de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria de imponer sanciones, indicó que el recurrente pretendió se aplique el término de cuatro años para la procedencia de la prescripción, sin aplicar las modificaciones que 

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sufrió el art. 59 de la Ley 2492, realizando un cómputo confuso indicando dos fechas rentes (31/12/2015, 31/12/2016), alejándose de la legalidad administrativa cuando en la Resolución Sancionatoria se pronunció y aplicó de manera clara las normas en 

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relación a la pretensión de prescripción, igualmente señaló que se interrumpió el término de la prescripción con la notificación de la Resolución Sancionatoña. 

Respecto al petitorio del recurrente para que se declare la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria de imponer sanciones, señaló que el periodo de la gestión 2011, si bien el hecho origen que permite a la Administración Tributaria ejercer su facultad de imponer sanciones administrativas emergió en la gestión 2011, pero para efectos de considerar e iniciar el cómputo de la prescripción recién se la realiza desde la gestión 2012, por io que se encuentran bajo el alcance de las Leyes 291 y 317, que modificaron los arts. 59 y 60 del CTB; que inclusive debe tomarse en cuenta la última modificación de dichos artículos, realizada mediante Ley 812. 

Agregó que la Resolución impugnada fue notificada en vigencia de la modificación con la Ley 812, norma aplicable que establece el término de prescripción de ocho años, por lo que para el periodo de abril de 2011, inserto en la Resolución Sancionatoria recurrida y notificada el16 de julio de 2018, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2012, y hasta la notificación- con la Resolución Sancionatoria impugnada 16/07/2018 (fecha de interrupción del término de la prescripción), tan solo transcurrieron 6 años 6 meses y 16 días; Señaló que portal motivo las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones se encontraría vigente. Criterio que apoyo en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0869/2017 y AGIT-RJ 0791/2017. 

Finalmente, respecto a la Sentencia 39/2019 mencionada en el recurso, indicó que el recurrente incurrió en error y contradicción al señalar un número de Sentencia de la gestión 2019, por lo que se debe desestimar dicha formulación. 

Así planteada la controversia, corresponde dilucidar si operó la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, en relación al periodo abril de la, gestión 2011. 

Es necesario analizar la cronología y contenido de las disposiciones sobre prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. Así el art. 59.1 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar. 

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comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar ia deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facuitad de ejecución tributaria. 

Posteriormente, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicionai Quinta, modificó ei art. 59 de la Ley 2492, estabieciendo en ei parágrafo i que: “Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en ia gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de ia gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar ia deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas”. (Negrilias nuestras). En ei último párrafo de dicho parágrafo, se dispuso expresamente que ei periodo de prescripción para cada año establecido en dicha disposición, sea respecto a obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año; es decir que tai disposición estableció plazos progresivos de prescripción, con enfoque prospectivo. 

Sin embargo, ese úitimo párrafo se dejó sin efecto medíante ia Disposición Derogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificó el art. 59 del CTB, quedando el mismo redactado como sigue: “Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en ia gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en ia gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de ia gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas”; es decir, ya no estableció que ios períodos de prescripción sean respecto a obligaciones y contravenciones acaecidas en los años consignados en dicha disposición, entendiéndose entonces que ios piazos progresivos son con enfoque retrospectivo. 

Finalmente, mediante el art. 2.11 de la Ley 812 de 30 de iunio de 2016. nuevamente se modificó el citado art. 59° del CTB de la siguiente manera: “(…} Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los Ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas”. De acuerdo a esta última modificación del art. 59 del 

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CTB, a través de la Ley 812 (vigente) se entiende, que a partir de gestión 2016, se retoma un único plazo máximo de prescripción de ocho años, con enfoque prospectivo. 

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Como se tiene indicado, es evidente que ei texto originai del Código Tributario Boiiviano (CTB) de 2 de agosto de 2003, señalaba que ias acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, entre otros, prescribía a ios 4 años computables desde el primer día dei año siguiente a aquei en que se produjo el vencimiento dei período de pago respectivo; texto que estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por ia Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012; cuando entraron en vigencia las mismas, siendo de cumplimiento obiigatorio conforme dispone ei artícuio 164 parágrafo li de ia Constitución Poiítica dei Estado Piurinacionai de Boiivia (CPE). 

De acuerdo al marco normativo expuesto y análisis dei sentido y aicance de ias modificaciones efectuadas a ia precitada disposición, se entiende que la decisión dei iegisiadorfue ia de ampiiar ios piazos de prescripción, incluso las que estaban en curso cuando emitió ia Ley 317 y posteriormente definió un único piazo de prescripción de ocho (8) años, a partir de la vigencia de la Ley 812, que coincide con ei piazo que las anteriores modificaciones fijaron para la gestión 2016, en ia que ocurrió esta última modificación. 

Ahora bien, en ei examen dei presente caso respecto a la facultad de imponer sanciones administrativas debe tomarse en cuenta que iniciaimente el art. 59 del CTB efectivamente establecía que dicha facultad prescribía en ei término de cuatro años, por io que, en relación ai periodo abril de 2011 -conforme establece el art. 60 dei CTB- ei cómputo de la prescripción inició ei 1 de enero de 2012, y debía concluir ei 31 de diciembre de 2015; no obstante no operó la prescripción en el piazo de cuatro años, toda vez que a partir de ia gestión 2012, entraron en vigencia ias Leyes 291 y 317 de 22 de septiembre de 2012, y 11 de diciembre de 2012, respectivamente, que modificaron ei art. 59 del CTB. Siendo ia Ley 317 que amplió ios piazos de prescripción conforme se entiende de la derogación dei último párrafo del parágrafo i del art. 59 modificado por ia Ley 291. 

En tai sentido, ya que ias Leyes 291 y 317 se establecieron nuevos piazos progresivos de cuatro a diez años según ia gestión de ia oposición planteada; aplicándose retrospectivamente ai inicio del cómputo de ia prescripción, en tales circunstancias, de acuerdo a ia Ley 317, para ei caso particular que se analiza, el término de ia prescripción de ia facultad de imponer sanciones, “en ia gestión 2018″ -cuando ia Administración Tributaria ejerció su facultad sancionadora mediante Resolución 

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Sancionatoria 181810000366- era de 10 años; es decir, que efectuando el cómputo para el periodo abril 2011, el cómputo de la prescripción que Inició el 1 de enero de 2012, debía concluir el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, antes de cumplirse dicho plazo, el art. 59 del CTB fue objeto de una última modificación mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, que retomó un único plazo de prescripción, siendo éste: ocho años; última modificación que se encuentra en actual vigencia y que al establecer un plazo de prescripción más breve al establecido en las anteriores modificaciones correspondería aplicar conforme prevé el art. 150 del CTB. 

En base al marco normativo antes expuesto y análisis precedente, se establece que; para el periodo abril de la gestión 2011, conforme establece el art. 60 del CTB, el cómputo de la prescripción de la facultad de sancionar de la Administración Tributarla, Inició el 1 de enero de 2012 y recién culminaría el 31 de diciembre de 2019; consiguientemente la Administración Tributaría, al 16 de julio de 2018, momento en 

que notificó la Resolución Sancionatoria 181810000366 de 7 de junio de 2018, ejerció su facultad sanclonadora cuando aún no se había cumplido el plazo de prescripción. Criterio que fue asumido como línea Interpretativa por la Autoridad General de Impugnación Tributarla a partir de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0789/2017 y fue reiterado mediante Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0791/2017. AGIT-RJ 0932/2017 v AGIT-RJ 1531/2017. entre otras. conluntamente las citadas por la Administración Tributarla. 

Con relación a la Irretroactividad de la norma-prevista por el art..123 de la CPE, cuya valoración acusa el recurrente, corresponde señalar que en este caso, el cómputo de la prescripción se inició conforme el art. 60. II del CTB, desde el de enero del año siguiente al que se cometió la contravención, sin embargo en este caso a efectos de establecer si la facultad de imponer sanciones de la Administración Tributaria prescribió, es necesario precisar que al momento de las modificaciones normativas no se había perfeccionado la prescripción, por tanto, no existe aplicación retroactiva que afecte un derecho consolidado o ganado, toda vez que la posibilidad de oponer la prescripción no se da cuando se produce la contravención o Inicia su cómputo sino cuando el plazo se cumple, no antes. Consecuentemente la aplicación retroactiva denunciada carece de sustento fáctico, jurídico y constitucional. 

Finalmente en cuanto a la Sentencia invocada 039/2019 de 13 de mayo de 2016, emitida por la Sala Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de 

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IBNORCA 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayirjach’a kamani (Aymata) Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (cuaraní) 

Galle Junín, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 www.alt.gob.bo Ghuqulsaca, Bollvia

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Justicia, aludida por el recurrente, corresponde manifestar que dicha Sentencia no data de la gestión 2019 sino de la gestión 2016, que fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que esta instancia recursiva no puede emitir criterio alguno respecto a un documento jurídicamente inválido. 

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que en el presente caso no operó la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, en relación al periodo fiscal abril de 2011, por el incumplimiento al deber formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinel, Módulo- LCV; consiguientemente corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria Nro. 181810000366 de 7 de junio de 2018. 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIWIERO.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nro. 181810000366 de 7 de junio de 2018, que sancionó al contribuyente Lucio Almendras Quespi, con NIT 5662818019, por incumplimiento a Deber Formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci Módulo LCV, con una multa de 200 UFVs (Doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda) para el periodo abril de 2011, haciendo un monto total de 200 UFV’s (Doscientas Unidades de Fomento a la Vivienda). Toda vez que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, para el periodo abril de la gestión 2011, no ha prescrito. Todo, en sujeción al art. 212. 1. b) del Código Tributario. 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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NB/ISO 

9001 

CMAoteN*771/27 

AT 

Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolivia 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley 

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2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmpk 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir ¡ach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (CuaranO Calle.Junín, Esq. Ayacucho N” 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299-6454573 vvww-ait.gob.bo Chuquisaca, Bolivia