ARIT-CHQ-RA-0218-2018 Resolución Sancionatoria anulada por falta de fundamentación y motivación en los criterios de vencimiento de la prescripción tributaria

ARIT-CHQ-RA-0218-2018

AIT 

Autoridad regional de Impugnación Tributaria Estado Plurinacional de Solivia 

II 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0218/2018 

Recurrente Centro de investigación Técnico Económico Regional Limitada CITER Ltda., 

representado legalmente por Luis Marcelo 

Pareja Rossells. 

Administración recurrida ‘Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Jhonny Padilla Palacios. 

Acto impugnado 

Expediente N° 

FECHA 

VISTOS: 

Resolución Sancionatoria N®181810000376. ARIT-CHQ-0045/2018. 

Sucre, 30 de octubre de 2018. 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ 0218/2018 de 30 de octubre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria 181810000376 de 11 de junio de 2018, sancionó al Centro de Investigación Técnico Económico Regional Limitada CITER Ltda., representado por Luís Marcelo Pareja Rossells, titular del NIT 1000041027, por la conducta de omisión de pago, con la multa equivalente al 100% del tributo omitido de 32.505 UFV’s, 

rrespondiente a la fecha de vencimiento de la Declaración Jurada Form. 400, con Número de Orden 1031923967 del periodo fiscal 12/2009. Por otra parte, declaró 3 ««i 

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improcedente la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar el Título de Ejecución Tributaria firme de la declaración Jurada de! periodo 

,

citado. 

Resolución notificada personalmente a Luís Marcelo Pareja Rossells, representante del Centro de Investigación Técnico Económico Regional Limitada CITER Ltda., el 25 de julio de 2018, e impugnada el 10 de agosto de 2018; dentro del plazo de veinte días establecido en el art. 143 del CTB. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos del Recurrente. 

Luis Marcelo Pareja Rossells, representante del Centro de Investigación Técnico Económico Regional Limitada CiTER Ltda. (CITER Ltda.), en virtud al Testimonio 867/2013 de 14 de agosto de 2013 (el recurrente), manifestó que ei 1 de noviembre de 2017, opuso prescripción contra la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones, a consecuencia de la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 103100086813, que calificó preliminarmente su conducta como omisión de pago emergente de la declaración jurada del Impuesto a las Transacciones (IT), por el periodo diciembre de 2009; solicitud que fue rechazada mediante Resolución Sancionatoria 181810000376, porque el art. 59.1 del CTB se modificó mediante las Leyes 291 y 812, que incrementan el término de prescripción a 8 años, por lo que, la facultad de la Administración Tributaria para Imponer sanciones no prescribió. Situación que calificó de gravosa a los intereses y derechos de CITER Ltda. 

Indicó, que la Resolución Sancionatoria efectúo una interpretación errónea de la Ley al pretender aplicar retroactivamente las Leyes 291 y 812, pues dichas normas no estaban vigentes cuando se produjo la supuesta omisión, ya que en la gestión 2009 se encontraba vigente el CTB que en su art. 59.1 establecía un término de prescripción de 4 años, por lo que la pretendida aplicación de las Leyes 291 y 812, es contraria al art. 150 del CTB y art. 123 de la CPE. Adicionalmente, señaló que la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y las Sentencias Nros. 39/2016, 47/2016 y 153/2017, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, establecieron como máxima sobre la interpretación de la prescripción 

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Autoridad regional de 

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tributaria, que si hay cambios normativos, la ley aplicable es aquella que estaba vigente al momento en que se Inició el cómputo de la prescripción, salvo que la ley (posterior) sea más favorable para el administrado; por lo que en el presente caso, al tratarse de una sanción que deviene del periodo diciembre de 2009, la norma que debió aplicarse a efectos de computar los plazos de la prescripción, era la norma vigente al momento de producirse el hecho generador, es decir, el art. 59 del CTB sin modificaciones, que establecía que las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribe a los cuatro años, término que se computa conforme el art. 60.1 de la citada ley. 

Agregó, que tratándose de una obligación que data de diciembre de 2009, con vencimiento en enero de 2010, el cómputo del término de la prescripción inició el 1 de enero de 2011, y concluyó el 31 de diciembre de 2014; en tal sentido, tomando en cuenta que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada fue notificada el 25 de julio de 2018, operó la prescripción, notificación efectuada con 3 años y 7 meses posteriores a la prescripción. 

Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria’ total de la Resolución Sancionatoria 181810000376 de 11 de junio de 2018, por prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el período diciembre de 2009. 

  1. 2. Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 13 de agosto de 2018, se admitió el Recurso de Alzada y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la Resolución Impugnada; todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 14 de agosto de 2018, conforme a la diligencia de fs. 23 de obrados. • 

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaría. 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 29 de agosto de 2018, se ersonó Jhonny Padilla Palacios, acreditando su condición de Gerente Distrital del 

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SIN Chuquisaca, mediante copia legalizada de la Resolución Administrativa de Pbr 

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Presidencia 031800000463 de 25 de junio de 2018, quien respondió en forma negativa al recurso planteado, manifestando que el contribuyente realizó un análisis e interpretación descontextualizado de la norrrjativa referente al cómputo de la prescripción, pretendiendo la revocatoria total del acto sanclonador. 

Manifestó, que el art. 59 del CTB modificado por las Leyes 291 y 317, dispone que las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, prescribían a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018; por lo que conforme al art. 60.1! del CTB el cómputo para la prescripción respecto a la declaración jurada IT del periodo diciembre/2009, inició el 1 de enero de 2011, y concluiría el 31 de diciembre de 2021; tomando en cuenta que la Resolución Sanclonatoria fue notificada en la gestión 2018, el término de la prescripción era de 10 años, por lo que a la fecha tan solo transcurrió 6 años y 7 meses aproximadamente, en ese entendido, la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones aún no prescribió. Agregó, que aun considerando la Ley 812, que establece el término de prescripción de ocho años, tampoco operó la prescripción, ya que para el periodo diciembre de 2009, el cómputo inició el 1 de enero de 2011 y considerando que se notificó la Resolución Sancionatoria el 25 de julio de 2018, es decir, la prescripción de 8 años no operó. 

Señalo, que la Resolución Sancionatoria fue notificada en vigencia de la Ley 812, y no de forma retroactiva como erróneamente alega el recurrente, por lo que al no existir duda sobre la norma aplicable al presente caso, se cumplió con lo previsto en el art. 123 de la CPE y el art. 150 del CTB, toda vez que los actos administrativos fueron emitidos respetando los derechos del contribuyente; además aclaró, que las Leyes 291, 317 y 812, son de aplicación obligatoria, mientras no sean declaradas inconstitucionales; 

como sustento de sus argumentos, citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nros. AGIT-RJ 0791/2017, AGIT-RJ 0789/2017 y AGIT-RJ 0869/2017, AGIT-RJ 1531/2017, que otorgan un lineamiento para el cómputo del término de la prescripción. 

Respecto a las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, citadas por el contribuyente, expresó que si bien constituyen jurisprudencia, no tienen efecto vinculante y solo son orientadores pero no obligatorios. Agregó, que la Sentencia 47/2016 fue dejada sin efecto por la Sentencia N” 153 de 20 de noviembre de 2017 y la Sentencia 39/2016 por la SCP 0231/2017-S3 de 24 de mayo de 2017. Asimismo, 

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respecto a la SCP 1169/2016-S3, señaló que en presente caso se aplicó los razonamientos establecidos en ésta, toda vez que señala que la norma actual y más favorable para el cómputo de la prescripción es la Ley 812 que establece 8 años para que opere la prescripción. 

En base a lo señalado, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria 181810000376 de 11 de junio de 2018. Para dicho efecto adjuntó el Cuadernillo de Antecedentes 1 (SIN) con fs. 75. 

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del art. 218 del CTB, mediante Auto de 30 de agosto de 2018, que cursa a fs. 36 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, precediéndose a su notificación el 5 de septiembre de 2018, conforme diligencias de fs. 37 de obrados; consecuentemente, el plazo feneció el 25 de septiembre de 2018. 

Durante este periodo, la Administración Tributaria por memorial de 7 de septiembre de 2018, ratificó la prueba documental presentada e inserta en los antecedentes administrativos adjuntos al memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señalando que dicha prueba demuestra que el recurrente incumplió con sus obligaciones tributarías y que enmarcó sus actos en la normativa vigente respetando en todo momento los derechos del sujeto pasivo. Por su parte, el recurrente no presentó prueba en esta fase. 

II.5. Alegatos. 

Conforme establece el art. 210. II del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del término probatorio; es decir, hasta el 15 de octubre de 2018; sin embargo, no hicieron uso de este derecho en el plazo otorgado por ley. 

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

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a revisión del Cuademlllo de Antecedentes 1 (SIN) se tiene la siguiente relación de hechos: 

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El 19 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 103300017113 contra CITER Ltda., por el adeudo correspondiente al importe declarado y no pagado por el IT de Bs49.988.- correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2009, con Declaración Jurada Form. 400 Nro. Orden 1031923967; anunciando el inicio de la ejecución tributaria y las medidas coactivas correspondientes a partir de tercer día de la notificación en caso de no realizarse el pago. Proveído que fue notificado por cédula el 9 de octubre de 2013. (fs. 19 a 24). 

El 5 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) 103100086813, contra CITER Ltda, por la conducta de Omisión de Pago, por el importe no pagado en la DD.JJ. Form. 400 del periodo fiscal diciembre de 2009, con número de Orden 1031923967, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 del CTB, concordante con el art. 42 del DS 27310, y concedió el plazo de 20 días para la presentación de descargos. AISC notificado por edicto eM5 de diciembre de 2013 (fs. 25 a 32). Durante este plazo el contribuyente no presentó descargos. 

El 1 de julio de 2016, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria 101800090816, resolvió “Sancionar al contribuyente CENTRO DE INVESTIGACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO REGIONAL LIMITADA CITER LTDA., con NIT 1000041027, con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento del impuesto por UFV32.505 (Treinta y dos mil quinientas cinco Unidades de Fomento a la Vivienda) equivalente a Bs49.98d.- (Cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho 00/100 Bolivianos), a la fecha de vencimiento, por la contravención de Omisión de Pago en la presentación de la Declaración Jurada Form. 400, con Número de Orden 1031923967 del periodo fiscal 12/2009, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 y 8, 42 del Decreto Supremo N” 27310″. Resolución Sancionatoria notificada personalmente a Luis Marcelo Pareja Rossells, representante de CITER Ltda, el 24 de octubre de 2016 (fs. 33 a 35). 

El 14 de noviembre de 2016, Luis Marcelo Pareja Rossells, representante de CITER Ltda., interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Chuquisaca, solicitando la Revocatoria Total de la Resolución Sancionatoria 101800090816 de 1 de julio de 2016, que motivó la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0020/2017 de 31 de enero de 2017, que resolvió 

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confirmar la Resolución Sancionatorla 101800090816. CITER Ltda., a su vez formuló Recurso Jerárquico, resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0708/2017 de 19 de junio de 2017, que anuló obrados hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumarlo Contravencional 103100086813 de 5 de diciembre de 2013, para que la Administración Tributarla notifique nuevamente el AISC, cumpliendo los arts. 83 y siguientes del CTB (fs. 48 a 62). 

El 19 de octubre de 2017, la Administración Tributaria en cumplimiento a lo resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0708/2018, notificó de forma personal a Luis Marcelo Pareja Rossells, representante de CITER Ltda, con el Auto Inicial de Sumarlo Contravencional 103100086813 de 5 de diciembre de 2013 (fs. 66 a 68). 

El 1 de noviembre de 2017, el representante Legal de CITER Ltda., mediante nota, opuso prescripción a la facultad de la Administración Tributaria para Imponer sanciones administrativas, respecto’a la sanción por Omisión de Pago de la Declaración Jurada IT (Form. 400) con número de orden 1031923967 del periodo diciembre de 2009, mérito al art. 59.1 del CTB (fs. 38 a 47). 

E1 11 de junio de 2018, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatorla 181810000376, sancionando a CITER Ltda., por la conducta de omisión de pago con la multa equivalente al 100% del tributo omitido de 32.505 UFV’s, correspondiente a la fecha de vencimiento de la Declaración Jurada Form. 400, con Número de Orden 1031923967 del periodo fiscal 12/2009. Asimismo, declaró improcedente la 

prescripción, de la facultad de la Administración Tributarla para ejecutar el Título de Ejecución Tributarla firme de la declaración Jurada del periodo citado. Resolución notificada de forma personal al representante legal de CITER Ltda., el 25 de julio de 2018 (fs. 69 a 75). 

  1. FUNDAWIENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

El recurrente formuló Recurso de Alzada exponiendo como único agravio: La prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para Imponer sanciones orsRejas g]) administrativas. Por lo que, a continuación corresponde efectuare! siguiente análisis. 

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Cuestión Previa. 

En principio cabe considerar, que el art. 115.1! de la Constitución Política del Estado, establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una Justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; de igual modo, el art. 117.1 también de la norma fundamental, dispone: “Ninguna persona .puede ser condenada sin haber sido oída yjuzgada previamente en un debido proceso (.. Por su parte, el numeral 6 del art. 68 del CTB, prevé que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentran el derecho al debido proceso y acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen. 

El debido proceso involucra además, la garantía constitucional del derecho a la defensa, entendido como la garantía que permite que: “aquella persona que se encuentre sometida a una investigación, sea esta de orden Jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses” (YACOLCA ESTARES, Daniel. Tratado de Derecho Procesal Tributarlo Volumen II. 1ra. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012. Pág. 1123). 

Al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional 1021/2013 de 27 de junio, señaló: “El derecho al debido proceso cuenta con ciertos elementos esenciales que lo constituyen, entre los que se encuentran el derecho a la defensa, a la motivación de las resoluciones, a la congruencia, al Juez natural, a la valoración razonable de las pruebas y ala presunción de inocencia…”. 

Igualmente, la Sentencia Constitucional Plurinacional 2016/2010-R de 9 de noviembre, refiere: “En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad Jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a} Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad iurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso v también el derecho a la defensa: y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad Jurisdiccional o administrativa, falla 

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adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el curso de la causa” (Negrilias y subrayado nuestros). 

En ese sentido, ia Sentencia Constitucional 0471/2005-R de 28 de abril, señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido expresada en cuanto al principio de congruencia con referencia a los procesos penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas. 

En cuanto al instituto de la prescripción, en la doctrina tributaria, José María Martín, señala: “La prescripción es generaimente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exiaibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN, José María. Derecho Tributario General. Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la Ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, torna a las mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24® Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. Pág. 376) (Negrillas y subrayado nuestros). 

De esto último, se entiende que lo que prescribe no son los tributos, obligaciones o las deudas tributarias, sino las acciones o facultades de la Administración Tributaria, que en nuestra legislación se encuentran establecidas en el art. 59 del CTB; por consiguiente, se entiende que en la oposición de la prescripción se debe identificar con precisión la facultad de la Administración Tributaria contra la que se dirige; de igual forma, la declaratoria de la prescripción así como su rechazo debe guardar concordancia con la facultad contra la que se opuso prescripción a fin de cumplir con el principio procesal de congruencia que exige que lo resuelto sea siempre respecto a lo estrictamente peticionado. 

Es necesario aclarar que el acto administrativo debe ser preciso y evitar errores

imprecisiones, en su contenido que pudieran generar ambigüedad o confusión en el 

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ministrado, debiendo cumplir con las previsiones del art. 28 inciso e) de la Ley 2341 C/a 

de Procedimiento Administrativo (LPA), en sentido que el acto administrativo debe QBR 

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estar fundamentado, expresando en forma concreta las razones que inducen a su emisión, aspectos estrechamente relacionados a lo establecido en el art. 28. II, Inciso d) del Decreto Supremo 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) que puntualiza que el acto administrativo debe ser preciso y claro. 

Lo anterior implica cuidado y precisión por parte del sujeto pasivo, así como de la Administración Tributaria, en el tratamiento de tan importante figura jurídica, como es la prescripción; es decir, que no es coherente,, por ejemplo, que el administrado oponga prescripción respecto a la facultad de imponer sanciones de la Administración Tributaria; y la Administración Tributaria se pronuncie respecto a la facultad de ejecución tributaria: corresponde en todo caso que la Administración Tributaria resuelva estrictamente respecto a la facultad opuesta y no otra elegida de forma aleatoria, inobservando el principio de congruencia que rige para los actos administrativos. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos y el expediente de Impugnación se observa que el ahora recurrente opuso prescripción ante la Administración Tributaria respecto a la facultad de imponer sanciones administrativas a consecuencia de la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 103100086813, que calificó prellminarmente su conducta como contravención tributaria por Omisión de Pago emergente de Declaración Jurada (IT) 

por el período diciembre de 2009; aduciendo -al amparo del art. 59 del CTB sin las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 y 317- que tratándose del período diciembre de 2009 con vencimiento en enero de 2010, el cómputo de la prescripción Inició el 1 de enero de 2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2014; sin que la Administración Tributaria haya interrumpido su curso, ya que a tal fecha aún no se notificó la Resolución Sancionatoría, por lo que la facultad para imponer sanciones por dicho período hubiera prescrito. 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoría 181810000376 de 11 de junio de 2018, en la que respecto a la prescripción aludida señaló que: “(…) tomando en cuenta que la solicitud de prescripción fue opuesta en fecha 01 de noviembre de 2017 ante la administración Tributaría, la prescripción que finaliza u opera en dicha gestión, se perfecciona en nueve (9) años 

seguidamente, citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0869/2017, AGIT-RJ 71/2015, AGIT-RJ 946/2015 y AGIT-RJ 962/2015, y agregó que al haber sido 

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notificado ei contribuyente con el Auto Iniciai de Sumario Contravencionai 103100086813 ei 19 de octubre de 2017, ei término de prescripción se computaba a partir de ia notificación con dicho acto. Continuando con ia revisión de dicha Resolución Sancionatoria, se advierte que la Administración Tributaria para el cómputo de ia prescripción para ia gestión 2017, afirmó que considerando ias modificaciones efectuadas al art. 59 dei CTB, es de (9) años como es el caso de los períodos de la gestión 2013, y se extiende hasta ia gestión 2022, inclusive, y que el contribuyente no podía ampararse en ei art. 59, sin ias modificaciones, debido a que en ia fecha que fue opuesta la prescripción dichas modificaciones estaban vigentes. Posteriormente, ia Resolución Sancionatoria citó los arts. 123 de ia ORE, 150 dei CTB y transcribió ias modificaciones contempladas en ia Ley 812, que establece un término de prescripción de 8 años, que resultaría aplicable ai presente caso, por io que concluyó que ias facultades de la Administración Tributaria NO SE ENCUENTRAN PRESCRITAS, sin mayor explicación ai respecto. 

Finalmente, citó ios arts. 70 y 94 dei CTB, para luego concluir que: “(…) el inicio de la Imposición de Sanciones Administrativas se computa a partir de fecha 19 de junio de 2013, habiéndose interrumpido dicho cómputo con la notificación de ios actos administrativos: Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N” 103300017113 notificado el 09 de octubre de 2013; Auto Inicial de Sumario Contravencionai A/® 103100086813 notificado el 19 de octubre de 2017, mismos que no fueron objeto de oposición hasta la fecha. Paralelamente se aplica al presente caso las modificaciones realizadas por las Leyes N” 291 y 317, mismas que establecen la facultad imprescriptible de ejecutar la deuda tributaria por lo que, no corresponde declarar la prescripción”. (Negrillas corresponden ai original) 

Bajo tales argumentos, ia Resolución Sancionatoria impugnada en su punto quinto declaró ia improcedencia de la prescripción de ia facultad de la Administración Tributaria para ejecutar ei Título de Ejecución Tributaria firme consistente en ia Declaración Jurada dei impuesto a las Transacciones (IT) del período diciembre de 2009. 

Adicionaimente, ia Administración Tributaria al momento de responder ei Recurso de Alzada, manifestó en cuanto al cómputo de prescripción dei periodo diciembre/2009, 

que inició ei 1 de enero de 2011, y concluiría ei 31 de diciembre de 2021, tomando en ors R$]as 

cuenta que ia Resolución Sancionatoria fue notificada la gestión 2018; es decir, ei o&a 

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término de la prescripción sería de 10 años, y que a la fecha tan solo transcurrió 6 años y 7 meses aproximadamente. Agregó que aun considerando la Ley 812, que establece el término de prescripción de 8 años, no operó la prescripción, ya que la Resolución Sancionatoria fue notificada el 25 de julio de 2018, es decir, antes del término de prescripción de 8 años. 

De lo expuesto, se advierte que la prescripción opuesta por el ahora recurrente fue específicamente respecto a la facultad de imponer sanciones por la Declaración Jurada IT del período diciembre de 2009, y dentro del procedimiento sancionatorio aperturado con el AISC 103100086813; sin embargo, la Administración Tributaria a momento de dar respuesta a tal solicitud, mediante Resolución Sancionatoria, declaró improcedente ia prescripción de la facultad para eiecutar el Título de Ejecución Tributaria consistente en la Declaración Jurada del IT por el período diciembre de 2009; situación totalmente distinta de la petición efectuada, más aún se advierte del contenido de la Resolución, que la Administración Tributaria actuó de forma incongruente, pues en un primer momento analizó la normativa (fs. 72) y realizó un supuesto cómputo respecto a la facultad sancionadora aplicando las Leyes 291 y 317, y posteriormente, señaló que inclusive aplicando la Ley 812 la facultad de imponer sanciones tampoco hubiera prescrito. Empero, posteriormente, sin explicación alguna efectuó nuevamente un cómputo sobre el cual concluyó que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible y sobre éste último argumento resolvió declarar improcedente la prescripción opuesta. Por otra parte, en la Resolución impugnada señaló que el cómputo para la imposición de sanciones inició el 19 de junio de 2013 sin explicar por qué tomó como inicio tal fecha- cuando el período sancionado corresponde a diciembre de 2009. 

Posteriormente, en el memorial de respuesta sostuvo que el cómputo Inició el 1 de enero de 2011, poniendo en evidencia que la propia Administración Tributaria no tiene certeza de cuál el plazo de inicio del cómputo que considera aplicable al presente caso. Imprecisiones que repercuten en la afectación del derecho del contribuyente a una respuesta expresa, motivada y fundamentada, pues la respuesta a su solicitud contemplada en la Resolución Sancionatoria, resulta incongruente, además carece de un análisis que exponga detalladamente cuál es la norma y término de prescripción aplicable en el presente caso; tampoco establece cuando finaliza dicho término y por qué considera que el cómputo inició el 19 de junio de 2013, situación que resulta incierta, máxime cuando existe total ambigüedad respecto a qué facultad analizó la 

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Administración Tributaria; situación que hace deducir que la Administración Tributaria resolvió la facultad de ejecución de la deuda tributaria y no así la facultad de imponer sanciones invocada por el recurrente, a partir de su afirmación final en sentido que “establecen la facultad imprescriptible de ejecutarla deuda tributaria”. 

A esto se añade, que la Administración Tributaria en todo el contenido de la Resolución Sancionatoria confundió los conceptos que sustentan las causales de interrupción de la prescripción, pretendiendo sostener que la notificación con el PIET es causal de interrupción de la facultad para imponer sanciones o que la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional sea una causal de Interrupción, ignorando por completo que las causales de interrupción se encuentran expresamente contempladas en el art. 61 del CTB. 

En decir, que la Resolución impugnada no es precisa en cuanto a la facultad analizada para el rechazo de la prescripción opuesta, ya que el escueto argumento expuesto es confuso y carece de análisis y precisión sobre el tiempo exacto en que debería operar la prescripción (cuatro, ocho, diez años), tampoco establece su eventual finalización; por otra parte, también se extraña en la Resolución que no exista pronunciamiento alguno sobre los argumentos del administrado, y si éstos son válidos o no sobre la aplicabiiidad del art. 59 del CTB sin las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 y 317. 

De acuerdo a lo detallado precedentemente, se evidencia que el acto impugnado adolece de varios defectos o vicios procesales, primordialmente porque existe incertidumbre respecto a la facultad sobre la que resolvió la prescripción; es más, el rechazo a la prescripción no se encuentra fundamentado ni motivado, ya que no cuenta con la especificación del tiempo en el que opera la prescripción de la facultad analizada, el establecimiento de la fecha de finalización de dicho término, la base legal que de forma explicativa y razonada se aplique al caso concreto, pues cita de forma indistinta las Leyes 291, 317 y 812, sin precisar qué ley y por qué resultaría aplicable; es decir, carece de fundamentos de hecho como de derecho, además de la debida motivación que permita comprender los motivos y el sustento legal jurídico, que necesariamente deben establecerse en un acto administrativo. Además resulta incongruente que la Administración Tributaria haya emitido pronunciamiento respecto a una 

facultad no invocada por el administrado, quebrantando el principio de congruencia ejas 

respecto al cual la jurisprudencia constitucional glosada anteriormente orienta en cuanto a la D£R 

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obligación que tiene toda autoridad judicial o administrativa de resolver respecto a lo pedido sin omitir aspecto alguno. 

Adicionalmente, cabe puntualizar que si bien esta instancia recursiva se obliga a guardar en sus decisiones el principio de congruencia; y por ello, debe avocarse a lo pedido por las partes; sin embargo, no es menos evidente que la jurisprudencia constitucional ha modulado la aplicación de tal principio, estableciendo una sub regla que implica una excepción a la congruencia. Este entendimiento ha sido reflejado en la Sentencia Constitucional 0863/2003-R de 25 de junio, que precisó: . .el juez o tríbunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por/©/'(Negrillas nuestras). 

Así también, en relación a la importancia del debido proceso cabe precisar que a decir de la Sentencia Constitucional 0281/2010-R de 7 de junio: “…está ligada a la búsqueda del orden Justo. No solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso Justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de ia prueba; ios derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a ia Igualdad, etc., derechos que, por su carácter fundamental, no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún Justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento Jurídico, por ello, los tribunales y Jueces que administran Justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los Juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes” (Negrillas nuestras). 

Ahora bien, siendo evidente que en el presente caso el acto impugnado no guardó congruencia con lo pedido por el contribuyente, existiendo además una falta total de claridad en la fundamentación y motivación de la Resolución impugnada, situación que vulnera la garantía del debido proceso, que no solo afecta al administrado, sino que da lugar a que esta instancia recursiva se vea imposibilitada de ingresar al análisis y resolución en el fondo, pues eso significaría revocar o confirmar una Resolución que no resuelve la oposición planteada, no se pronuncia respecto a lo pedido, ni describe los hechos y derechos que fundan su rechazo. Aspectos que-necesariamente dan lugar a la anulación de obrados de acuerdo a lo dispuesto por el art. 36.11 de la Ley de 

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Procedimiento Administrativo (LPA) que se aplica supletoriamente en el presente caso en función al art. 201 del CTB. 

Pues en la hipótesis de que esta Instancia, ante el argumento de fondo planteado por el recurrente opte por confirmar o revocar el acto impugnado aquello sería imposible, dado que la Resolución carece de fundamento jurídico y fáctico; es decir, que no es posible establecer si la Administración Tributaria aplicó correcta o incorrectamente la Ley, pues como se aduce en la respuesta del recurso, los argumentos de la Resolución Impugnada fueron en relación a otra facultad no invocada en la oposición planteada, por lo que si tal situación fuese ignorada por esta instancia revisora, igualmente Incurriría en vulneración del principio de sometimiento pleno a la ley, previsto en el art. 4 c) de la Ley 2341 y de legalidad contenido en el art. 6 del CTB. 

En cualquiera de las hipótesis planteadas, Implicaría convalidar las omisiones de la Administración Tributaria en cuanto a la motivación y fundamentación, cuando es a dicha entidad que corresponde primero cumplir con el análisis fáctico y jurídico del caso, definir si tal facultad es prescriptible o imprescriptible y en función a ello motivar y fundamentar su decisión, a fin de que el sujeto pasivo tenga certeza de las razones de la decisión asumida y pueda ejercer efectivamente su derecho a la impugnación, si acaso, fuera contraria a sus intereses; situación que desde iuego impone la necesidad de sanear el procedimiento, así no hubiese sido pedido en el Recurso, decisión que se asume en resguardo de la garantía del debido proceso en base a los precedentes que se tiene emitidos por esta instancia’ 

recursiva en las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0107/2017 y ARIT CHQ/RA 0132/2017: la primera declarada firme, v la segunda confirmada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 993/2017. 

Por ios fundamentos técnico jurídicos expuestos corresponde anular la Resolución Sancionatoria W 181810000376 de 11 de junio de 2018, a objeto de que la Administración Tributaria, emita nueva Resolución en la que de manera fundamentada y motivada identifique la facultad respecto a la cual le corresponde pronunciarse según la oposición planteada y luego establezca que disposición legal corresponde aplicar, dado los cambios normativos y argumentación efectuada por el contribuyente, a fin de 

que establezca inequívocamente los elementos temporales como el Inicio, plazo, Clau. 

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computo y conclusión del término de la prescripción según corresponda, en observancia 15 de 16 

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de los arts. 99.11 del CTB, 19 del DS 27310, y 28 incisos e) y f) de la LPA, guardando estricta aplicación del principio de congruencia. 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.-ANULAR, la Resolución Sancionatoria 181810000376 de 11 de junio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, a objeto de que la Administración Tributaria, emita nueva Resolución en la que de manera fundamentada y motivada establezca inequívocamente el criterio aplicado respecto a la prescripción opuesta, considerando elementos temporales como el inicio, cómputo y conclusión del término de la prescripción según corresponda, en observancia de los arts. 99.11 del CTB, 19 del DS 27310 e incisos e) y f) del art. 28 de la LPA que guarde estricta aplicación del principio de congruencia. Todo, en sujeción al 

art. 212. I. c). del Código Tributario Boliviano. 

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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Politice del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el articulo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computadles a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. íudiá^tina ^^^jas ‘Directora Éjecutiva Regional a.i. 

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