ARIT-CHQ-RA-0217-2018 Resolución Sancionatoria sin efecto debido a la falta de sustento y fundamentación al momento de sancionar al contribuyente por la “No emisión de Factura” con una sanción de 12 días de clausura

ARIT-CHQ-RA-0217-2018

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Autoridad regional de Impugnación Tributaria Estado Plurinacional de Bolivia 

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0217/2018 

Recurrente María Evelyn Contreras Garvizu. 

Administración recurrida Gerencia Distrital Potosí del Servicio de impuestos Nacionales, representada 

legalmente porZenobio Viiamani Atanacio. 

Acto impugnado 

Expediente 

FECHA 

VISTOS: 

Resolución Sancionatoria N°181850000512. ARIT-PTS-0065/2018. 

Sucre, 26 de octubre de 2018. 

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El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el informe Técnico Jurídico ARiT-CHQ/ÍTJ 0217/2018 de 26 de octubre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria 181850000512 de 26 de junio de 2018, sancionó a la contribuyente María Evelyn Contreras Garvizu, titular del NIT 1382708019, con la clausura de doce (12) días continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad, por Incurrir en la segunda contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164. ildel CTB. 

Resolución notificada de forma personal a María Evelyn Contreras Garvizu, el 17 de julio de 2018, e impugnada el 3 de agosto de 2018; dentro del plazo lega! de veinte días establecido en el art. 143 del CTB. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani CAymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (cuarano 

Calle Junín, Esq. Ayacúcho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 wwvy.ait.gob.bo Chuquisaca, Bolivia

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos de la Recurrente. 

María Evelyn Contreras Garvizu (la recurrente) manifestó que el 23 de octubre de 2015, recargó Bs5.- al teléfono celular 78674186 de Fernando hierbas, a través de su “billetera móvil de Tigo Money”; y una vez realizada la compra de Tigo, el cliente recibió un mensaje de Tigo Money con la siguiente glosa: “ESTIMADO CLIENTE SU FACTURA SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EMISIÓN EN CUALQUIER PUNTO TIGO MONEY. ID 257370133″, y una vez que el comprador se retiró del establecimiento, volvió acompañado de funcionarios del SIN pidiendo la factura emitida a nombre del cliente, quienes de igual forma labraron el Acta de infracción N” 142998; y una vez presentados sus descargos, la Administración Tributaria emitió la Resolución ahora impugnada, que impuso la sanción de clausura de su establecimiento por doce días, por la comisión del ilícito tributario de no emisión de factura. 

Al respecto, en principio señaló que el Acta de Infracción 142998 no contiene todos los elementos completos que describan la transacción objeto de control; debido a que en el campo correspondiente, no se consignó el monto de la transacción. Ausencia de dato que viciaría de nulidad el Acta de infracción. 

También indicó que oportunamente presentó prueba relacionada a la emisión de la factura 1003294 por Telecel respecto a la transacción observada, prueba consistente en: 1. Certificación de Tigo Money; 2. Impresiones de pantalla obtenidas del sistema de Tigo Money; 3. Factura original; 4. Número de ID generado en sistema; 5. Impresión de pantalla del mensaje enviado al comprador; 6. Impresión de pantalla de la operación en el sistema de Tigo Money de la transacción y generación de la factura; y 7. Reporte del Libro de Ventas de Telecel S.A. Pruebas indebidamente valoradas por la Administración Tributaria, por lo que, solicitó a. esta instancia, pronunciamiento expreso sobre la relación entre la compra de Bs5.- del cliente Fernando Herbas y la factura emitida por Telecel S.A. a través de Tigo Money. 

Por otra parte, denunció que la Resolución Sancionatoria no fundamentó el cómputo de la reincidencia para la imposición de la sanción de 12 días de clausura de su establecimiento comercial. 

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Altoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Agregó, que la Resolución Sancionatoria basó su sanción en el art. 7.II de la RND 10.0032.15 de 25 de noviembre de 2015, que no estaba vigente cuando se labró el Acta de Infracción (23 de octubre de 2015) que además fue abrogada por la RND 10.0031.16, estando vigente la RND 10.0037.07. Por lo que, acusó la vulneración del principio de seguridad jurídica y de legalidad. 

En el fondo denunció, que en el presente caso el hecho imponible no se perfeccionó en su persona, porque sólo participó como intermediaria de la operación a través de su billetera móvil; y que en ningún momento vendió crédito al cliente, toda vez que el sujeto pasivo del IVA y el obligado a la emisión de la factura es la empresa Telecel S.A., que abonó directamente el crédito a la línea telefónica del cliente final y simultáneamente emitió la factura para ser impresa por el comprador en cualquier Punto Tigo Money (PTM). 

A efecto de tener una correcta comprensión de la operativización del proceso de facturación del servicio, la recurrente realizó la siguiente explicación: 

La empresa de servicio de pago móvil E-Efectivo conocida como (Tigo Money), presta servicios de pago móvil autorizados por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) a través de un instrumento denominado “Billetera Móvil”; que de acuerdo a contrato de recaudación de pagos y facturación por terceros, Tigo Money se encuentra autorizada a facturar a nombre de Telecel S.A., todas las operaciones de compra de crédito realizadas a través de la Billetera Móvil. Para cumplir con dicho contrato Tigo Money cuenta con dos tipos de atención: 1. Punto de Venta (PDV) lugar donde se efectúa la carga a celulares de clientes a través de la billetera móvil; y 2. Punto Tigo Money (PTM) donde de igual manera que el PDV se efectúa la carga a celulares; pero adicionalmente, realizan la Impresión de facturas propias o a nombre de Telecel S.A. 

En todas las operaciones de carga de crédito telefónico realizada a través de los PDVs, se emite la factura de forma automática en los sistemas de Tigo Money por cuenta de Telecel registrándose en su Libro de Ventas. Por otro lado, cada operación de carga de crédito telefónico genera inmediatamente un código identificador (ID) que es enviado al comprador de crédito mediante un 

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mensaje de texto (SMS) con el que el comprador puede apersonarse a cualquier PTM para realizar la impresión de la factura emitida por Tigo Money, 

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dicho código sólo puede ser usado una vez, siendo necesario en caso de reimpresión contar con autorizaciones especiales. 

En base a lo expuesto en relación a su argumento de fondo, concluyó que su conducta no se acomoda al tipo contravenciona! establecido en el art. 164 del CTB, conforme el principio de tipicidad. Adicionalmente observó que la Administración Tributaria pretende sancionar la “no entrega de factura”, cuando en realidad la mencionada norma tipifica ia “no emisión de factura”. 

Por io expuesto, solicitó ia revocatoria total de la Resolución de Sancionatoria 181850000512 de 26 de junio de 2018. 

  1. 2. Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 9 de agosto de 2018, se admitió ei Recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en ei plazo de quince días, conteste y remita todos ios antecedentes administrativos así como ios elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el13 de agosto de 2018, conforme a la diligencia de fs. 23 de obrados. 

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

Dentro del término establecido en ei art. 218. c) del CTB, ei 29 de diciembre de 2017, se apersonó Zenón Condori Beltrán, acreditando su condición de Gerente Distrital a.i. del SIN Potosí, con la copla legalizada de ia Resolución Administrativa de Presidencia 031800000676 de 20 de agosto de 2018, quien respondió en forma negativa ai recurso formulado, manifestando que ios hechos reflejados en el Acta de Infracción, tienen todo el valor probatorio conforme se dispone en el art. 77 del CTB. 

También señaló que el argumento de la recurrente que se emitió la factura mediante el proceso de facturación “Tigo Money” no es evidente, debido a que funcionarios del SIN evidenciaron la no emisión de factura por ei servicio de recarga Tigo por Bs5.- ai cliente Fernando Herbas con C.l. 1565201. Agregó, que en el presente caso el hecho generador se perfeccionó en ei momento en que finalizó el servicio de recarga por Bs5.- efectuado por ia contribuyente en favor del cliente y que la emisión de ia factura 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

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debió ser inmediata con la entrega del original al cliente, conforme establece el art. 4 del CTB y art. 6 de la RND 10-0016-07. Asimismo, aclaró que en la facturación por terceros, el art. 5.1 numeral 2 de la RND 10-0016-07 señala que la emisión de factura es dada por el titular de la transacción comercial a través de un tercero debidamente autorizado, aplicables a las modalidades de facturación electrónica, computarizada y manual. 

Agregó, que si bien Telecel S.A es responsable del pago de los tributos, la obligación de la emisión oportuna de la nota fiscal por el tercero responsable no se llegó a cumplir, ya que no se emitió la factura al momento de la transacción comercial, tratando la contribuyente de convalidar este hecho, en el periodo de descargos al Acta de Infracción 142998, con la presentación de la factura 1003294, emitida por Telecel S.A. e impresa el 12 de noviembre de 2015, cuando debió ser entregada al cliente en el momento en que se perfeccionó el hecho generador, es decir el 23 de octubre de 2015. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria 181850000512 de 26 de junio de 2018. También adjuntó el Cuadernillo de Antecedentes 1 (SIN) con 139 fojas. 

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 29 de agosto de 2018, cursante a fs. 32 de obrados, se aperturó el plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218. d) del CTB. Las partes fueron notificadas la misma fecha, conforme consta a fs. 33 de obrados; consiguientemente el plazo probatorio concluyó el 18 de septiembre de 2018. 

En esta fase, la Administración Tributaria, por memorial presentado el 18 de septiembre de 2018, se ratificó en los antecedentes remitidos y fundamentos expuestos con la respuesta al Recurso de Alzada. Por su parte, la recurrente por nota presentada el 18 de septiembre de 2018, ofreció como prueba documental: Certificación de Telecel S.A., Informe Proceso de Facturación ID 257370133, emitido por Telecel S.A, copia de factura 1003294 y NIT 1382708019 (Actividades de 

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omisionistas, corredores de productos básicos, subastadores) a su nombre. 5 de 20 

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Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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mbaerepi Vae (guaraní) Calle Junín, Esq. Ayacucho N” 699 (Ex Edificló ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 wwvviait.gob.bo Chuquisaca, Solivia

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Potosí y radicado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 20 de septiembre de 2018, conforme se tiene a fs. 65 de obrados. 

  1. 5. Alegatos. 

Conforme establece el art. 210. II del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del término probatorio; es decir, hasta el 8 de octubre de 2018. 

En dicho plazo, únicamente la recurrente formuló alegato escrito presentado el 8 de octubre de 2018, reiterando los puntos señalados en su memorial de Alzada y manifestando que en la Resolución Sancionatoria no se realizó una valoración completa de los descargos presentados (Informe emitido por ligo Money e Impresiones de pantalla) debido a que solo se afirmó que fueron insuficientes para desvirtuar la contravención, vulnerando el principio de verdad material, derecho a la defensa y debido proceso contemplados en la CPE. Prueba que demostraría que el responsable de la facturación por la recarga de ligo Money es Telecel S.A. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN) se tiene la siguiente relación de hechos: 

El 23 de octubre de 2015, a horas 11:15, Jovita Choque Quispe, servidora pública de la Gerencia Distrital Potosí del SIN autorizada por Memorándum 1613/2015, labró el Acta de Infracción 142998, contra la contribuyente María Evelyn Contreras Garvizu, titular del NIT 1382708019, en el domicilio fiscal ubicado en la calle Millares 116, Zona San Pedro de la ciudad de Potosí, indicando que constató el incumplimiento de emisión de factura por el servicio de “recarga Tigo” por Bs5.-, interviniendo la factura 1388 siguiente a la última extendida y solicitó se emita la factura 1389, siguiente a la intervenida con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación, calificando su conducta según el numeral 2 del art. 160 del CTB y señalando que la sanción que correspondía aplicar era 12 días continuos de clausura, por tratarse de la segunda vez, según el numeral 2 del art. 161 y parágrafo II del art. 164 del CTB. Asimismo, otorgó el 

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plazo de veinte días para la presentación de descargos, computables a partir de la fecha del Acta. También hizo constar en Observaciones, que: “La factura 1389 se emitió a nombre de Fernando hierbas Ci/NIT 1565201 por recarga de Tigo Bs5.’ la responsable indica que soio se emite factura por recargas de Entel y Viva y no así de Tigo (también la factura N” 1378) las recargas son Tigo Money”{fsA y 5). 

El 28 de octubre de 2015, María Eveiyn Contreras Garvlzu, presentó nota a la Administración Tributaria solicitando se tome en cuenta el comunicado emitido por Tigo Money para dar solución al Acta de Infracción; además indicó que cualquier aclaración al contenido debía comunicarse con personaros de Tigo Money. Presentó fotocopias simples de la cédula de identidad 1382708 Pt.; NIT 1382708019; Acta de Infracción 142998; Comunicado: Facturación por venta de recarga Tigo Money, publicado el 9/10/2015 (fs. 8 a 12). 

El 16 de noviembre de 2015, María Evelyn Contreras Garvizu, presentó descargos al Acta de Infracción 142998, explicando que el hecho imponible no pudo perfeccionarse en su persona, porque sólo participó como intermediaria de la operación a través de su billetera móvil y que la factura la emitió Tigo Money con el número 1003294 de manera inmediata a la compra, generando un ID de identificación que fue reportado al comprador mediante mensaje de texto enviado al celular, Indicando que la factura se encontraba disponible para la impresión en cualquier punto Tigo Money. También señaló, que en el Acta de Infracción 142998, no consignó el monto de la transacción en el campo correspondiente, ausencia de dato que quebranta la validez del Acta, viciándola de nulidad al no tener todos los elementos completos que describan la transacción objeto de control. Adjunto a la nota presentó: 1. Certificado original emitido por Tigo el 13 de noviembre de 2015; 2. Factura original 1003294 emitida sin nombre y NIT, el 23/10/2015; 3. Fotocopias simples de la cédula de identidad 1382708 Pt., NIT 1382708019, Acta de Infracción 142998, Registro de Comercio de Bolivia, y Conformidad Descuento N” 6622; y 4. Capturas de pantalla impresas denominadas: “inicio de la operación de recarga; captura de pantalla de la transacción; generación de la factura en el sistema y registro en el libro de ventas” (fs. 14a 28). 

El 9 de agosto de 2016, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución de Clausura 23-000000795-16, sancionó a la contribuyente María Evelyn Contreras Garvizu, titular del NIT 1382708019, con “la clausura de doce (12) días continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su 

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Calle Junín, Esq. Ayacucho N’ 699 (Ex Edificio EGOBOL) Telfs. (4) 6462299-6454573 wwwlait.gobibo Chuquísaca, Bolivia

actividad, por incurrir en ia segunda contravención de no emisión de factura, en apiicación del arí. 164. i i dei CTB. Resoiución notificada de forma personai ei 8 de noviembre de 2016 (fs. 35 a 37 y 39). 

Ei 28 de noviembre de 2016, María Eveiyn Contreras Garvizu, interpuso Recurso de Alzada ante ia Autoridad Regionai de impugnación Tributaria Chuquisaca, solicitando ia nulidad de ia Resolución de Clausura 23-000000795-16 de 09 de agosto de 2016. La Autoridad Regional de impugnación Tributaria de Chuquisaca emitió ia Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0040/2017, que resolvió anular la Resoiución de Clausura 23-000000795-16, con reposición de obrados hasta que la Administración Tributaria emita nueva Resoiución que contenga ia valoración de todas las pruebas presentadas por ia recurrente. Ei 1 de marzo de 2017, ia Resoiución de Recurso de Alzada ARiT/CH/RA 0040/2017, fue impugnada por ia Administración Tributaria, que mediante Resoiución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0546/2017 de 8 de mayo de 2017, resolvió confirmar ia Resoiución de Alzada (fs.40 a 43, 71 a 78, 104 a 113). 

Ei 26 de junio de 2018, en cumplimiento a ia Resoiución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0546/2017 de 8 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió ia Resolución de Sancionatoria 181850000512, sancionando a la contribuyente María Eveiyn Contreras Garvizu, titular dei NIT 1382708019, con la clausura de doce (12) días continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad, por incurrir en la segunda contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164. 11 del CTB. Resoiución notificada personalmente a’María Eveiyn Contreras Garvizu, ei 17 de julio de 2018 (fs. 128 a 135 y 137). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Cuestión previa. 

Antes de ingresar a delimitar ios puntos de reclamo del Recurso de Alzada y efectuar ei análisis correspondiente, es necesario señalar que en el presente caso ia Resoiución de Clausura 23-000000795-16 de 9 de agosto de 2016, fue impugnada mediante Recurso de Alzada por María Eveiyn Contreras Garvizu, que derivó en la Resoiución ARIT/CHQ/RA 0040/2017, que resolvió anular ia Resolución de Clausura 23-000000795-16, con reposición de obrados hasta que ia Administración Tributaria 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

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emita nueva Resolución que valore de todas las pruebas presentadas por la. recurrente. 

La Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico, que fue resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributarla mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0546/2017 de 8 de mayo de 2017, confirmando la decisión de Alzada, es decir anulando obrados hasta que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución debidamente fundamentada, en cuanto a ios descargos presentados por ei sujeto pasivo, su respectiva valoración y el cómputo de la reincidencia; es así que en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 181850000512 de 26 de junio de 2018. 

Ahora bien, contra esta nueva Resolución Sancionatoria, la recurrente presentó Recurso de Alzada exponiendo como agravios: 1. Nulidad en el Acta de Infracción por no consignar el monto de la transacción; 2. Valoración de la prueba; 3. Falta de fundamentación de la reincidencia; 4. Utilización de normativa no vigente; y 5. Conducta no adecuada al tipo contravencional. 

En ese entendido, con la finalidad de evitar nulidades posteriores corresponde la revisión y verificación de la existencia de los vicios de forma denunciados en el desarrollo del proceso; y, solo en caso de que no sean evidentes, se procederá a la revisión y análisis del aspecto de fondo reclamado, consistente en la conducta no adecuada al tipo contravencional. 

IV.1. Respecto a la nulidad en el Acta de infracción por no consignar el monto de la transacción. 

La recurrente, señaló que el Acta de Infracción 142998 no contiene todos los elementos completos que describan la transacción objeto de control; debido a que en el campo correspondiente, no se consignó el monto de la transacción. Ausencia de dato que viciaría de nulidad el Acta de Infracción. 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que funcionarios del SIN 

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fvidenciaron la no emisión de factura por el servicio de recarga Tígo por Bs5.- al cliente 9 de 20 

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Fernando hierbas con C.l. 1565201, y que los hechos reflejados en el Acta de Infracción, tienen todo el valor probatorio conforme se dispone en el art. 77 del CTB. 

En primer término, corresponde precisar que este punto ya fue dilucidado por esta instancia recursiva, en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0040/2017 de 8 de febrero de 2017, que no fue observado por la ahora recurrente, motivo por el cuál la decisión sobre este punto cobró firmeza, oportunidad en que se dejó claramente establecido la falta de sustento fáctico de la denuncia de nulidad expuesta entonces y reiterada en el presente Recurso de Alzada, pues de la revisión de antecedentes administrativos (fs. 5 del CA 1 SIN) se advierte que el Acta de Infracción 142998, expresamente señala que se constató el incumplimiento de emisión de factura por el servicio de recarga TIgo por Bs5.-; es decir que el Acta de Infracción 142998, cuenta con los requisitos mínimos dispuestos en la RND 10-0030-11, que modificó el parágrafo II del art. 26 de la RND 10.0037.07, entre ellos, la descripción del servicio no facturado y el importe numeral y literal del valor no facturado (Bs5) dato que precisamente se acusa que no se hubiese consignado, cuando la realidad constatada es que el acta contiene el dato que se extraña, por tanto, no corresponde la observación de forma expuesta en el recurso de alzada. 

Por lo expuesto, el vicio de forma denunciado por la recurrente resulta Infundado, además que la reiteración de tal denuncia cuando esta ya fue resuelta también resulta un despropósito a la firmeza de la precitada Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0040/2017, de 8 de febrero de 2017 y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0546/2017 de 8 de mayo de 2017. 

IV.2. Respecto a la valoración de la prueba. 

La recurrente manifestó que el 23 de octubre de 2015, recargó Bs5.- al teléfono celular 78674186 de Fernando Herbas, a través de su “billetera móvil de Tigo Money”; y una vez realizada la compra de Tigo, el cliente recibió un mensaje de Tigo Money con la siguiente glosa: “ESTIMADO CLIENTE SU FACTURA SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EMISIÓN EN CUALQUIER PUNTO TIGO MONEY. ID 257370133″, y una vez que el comprador se retiró del establecimiento, volvió acompañado de funcionarios del SIN pidiendo la factura emitida a nombre del cliente, quienes de igual forma labraron el Acta de Infracción 142998; y una vez presentados sus descargos, la Administración Tributaria emitió la Resolución ahora impugnada, que impuso la sanción de clausura de 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Solivia 

SU establecimiento por doce días, por la comisión del ilícito tributario de no emisión de factura. 

Continuó señalando que oportunamente presentó prueba relacionada a la factura 1003294 emitida por Telecel respecto a la transacción observada; prueba consistente en: 1. Certificación de Tigo Money; 2. Impresiones de pantalla obtenidas del sistema de Tigo Money; 3. Factura original; 4. Número de ID generado en sistema; 5. Impresión de pantalla del mensaje enviado al comprador; 6. Impresión de pantalla de la operación en el sistema de Tigo Money de la transacción y generación de la factura; y 7. Reporte del Libro de Ventas de Telecel S.A. Sin embargo, afirmó que dichas pruebas se habrían valorado indebidamente por la Administración Tributaria: por lo que, solicitó a esta instancia, pronunciamiento expreso sobre la relación entre la compra de Bs5.- del cliente Fernando hierbas y la factura emitida por Telecel S.A. a través de Tíao Monev. 

Asimismo, en la fase de alegatos, señaló que en la Resolución Sancionatoria la Administración Tributaria no realizó una valoración completa de los descaraos presentados (Informe emitido por Tigo Money e impresiones de pantalla) debido a que solo hizo referencia a que esos documentos fueron insuficientes para desvirtuar la contravención, vulnerando el principio de verdad material y atentando contra el derecho a la defensa y debido proceso contemplados en la CPE; toda vez que dicha prueba demostraría que el responsable de la facturación por ia recarga de Tigo Money era Telecel S.A. 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que la ahora recurrente presentó descargos contra el Acta de Infracción N” 142998 alegando que se cumplió con la emisión de la factura al momento de la transacción comercial, de acuerdo a la factura 1003294, emitida por Telecel S.A, e impresa e! 12 de noviembre de 2015. Al respecto indicó que si bien Telecel S.A es responsable del pago de los tributos, la obligación de la emisión oportuna de la nota fiscal por el tercero responsable no se llegó a cumplir, ya que debió ser entregada al cliente en el momento en que se perfeccionó el hecho generador, es decir el 23 de octubre de 2015. 

De lo expuesto por las partes y toda vez que las observaciones de la recurrente plasmada en el memorial de Recurso de Alzada se dirige a ia valoración de la prueba .realizada por la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia pronunciarse al em 

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IBNORCA 

respecto, máxime cuando en el mismo caso, la Resolución de Recurso Jerárquico estoCiSM 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayirjach’a kamant (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (cuaranQ 

Calle Junjn, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 www.ait.gob.bo Chuquísaca, Bolívta

AGIT-RJ 0546/2017 de 8 de mayo de 2017, estableció que la Resolución de Clausura 23-000000795-16 de 09 de agosto de 2016, carecía de fundamentos de hecho y derecho en cuanto a la evaluación de los descargos formulados y la prueba ofrecida por la contribuyente en sus memoriales el 28 de octubre y 16 de noviembre de 2015; por lo que resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0040/2017 de 8 de febrero de 2017, es decir, anulando obrados hasta la emisión de una nueva Resolución debidamente fundamentada, que explique las razones por las cuales dicha documentación, no desvirtúa la comisión de la contravención de no emisión de factura, establecida en el Acta de Infracción 142998. 

Inicialmente, es necesario considerar que el art. 115.11 de la CPE dispone que el “Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin diiaciones”, mientras que en su art. 117, parágrafo I, establece que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y Juzgada previamente en un debido proceso”. 

Al respecto, la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, estableció que: “(…) el debido proceso, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso Justo, oportuno, gratuito, sin diiaclones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al Justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble Instancia, en suma, se le la posibilidad de defenderse adecuadamente de cuaiquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito Judicial, sino también administrativo”. 

El debido proceso involucra además, el derecho de defensa, entendido éste como la garantía que permite que aquella: “persona que se encuentre sometida a una investigación, sea esta de orden Jurisdiccionai o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses” (YACOLCA ESTARES, Daniel. Tratado de Derecho Procesal Tributario Volumen II. Ira. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012. Pág. 1123). Es así que la garantía del debido proceso contempla una serie de elementos tales como el derecho a ser oído y presentar pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada, a conocer el expediente, entre otros; elementos que han de ser fundamento de las pretensiones de las partes al momento de pedir tutela efectiva y asumir la 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinaclonal de Solivia , ^ , r. . competencia de un organo judicial o administrativo, con la finalidad ultima de que se 

pronuncie un fallo que contenga decisiones expresas, claras y positivas sobre las cuestiones discutidas; esto hace a la transcendencia del debido proceso con el objeto de llegar a la materialización de la seguridad jurídica. 

En este sentido, la doctrina establece que la fundamentación, constituye una explicación razonable de los argumentos que llevan a una autoridad a asumir una decisión determinada; asimismo, se conceptualiza la motivación como la acción de “explicar, según las reglas de una sana lógica, por qué las valoraciones tanto fácticas como jurídicas se han hecho en cierto sentido y no en otro (…), es decir, motivar no es sino razonar fundadamente.” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8va Edición. Buenos Aires: Editorial ASTREA. Pág. 426-427). De esta forma, se entiende que “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicaren sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta”, siendo que esa “explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse ias pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo Tomo IV. 8va. Edición. Buenos Aires: Editorial Fundación de Derecho Administrativo, 2004. Págs. 11-36 y 37). 

Por su parte, la 80 2227/2010-R, precisó que: “(…) toda resolución ya sea Jurisdiccionai o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contenerlos siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a ias partes procesales, b) 

Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma Jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia Jurídica emergente de la 

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determinación del nexo de causalidad antes señalado” (Negrillas nuestras). 13 de 20 

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IBNORCA eitl±miair77VB 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quectiua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (cuaranQ 

Calle Junín, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4)6462299-6454573 www.aít.gob.bo Chuquisaca, Bolívia

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Ahora bien, con relación a la prueba la doctrina enseña que: “la misma consiste en las razones extraídas de las fuentes de prueba, exteriorizada en los considerandos del Acto Administrativo que resuelven el fondo de la Controversia Tributaria, que producen la convicción o certeza en el juzgador sobre la existencia o no del hecho objeto de la prueba; es decir, de la hipótesis de la incidencia tributaria en si misma; y con relación al Acto Administrativo en sí, refiere como derecho fundamenta! a un debido Procedimiento Administrativo la obtención de una Resolución fundada y que consiste en el derecho a que la administración se pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente, lo cual implica el derecho a que en la Resolución recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados, debiendo la Administración pronunciarse expresamente sobre los argumentos invocados por el contribuyente, de lo contrarío la Resolución Final adolecería de nulidad por producir indefensión” [YACOLCA, Daniel Estares: BRAVO, Cucci Jorge; GAMBA, Valega César. Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen 1. Doctrina procesal Tributaria. 1ra. Edición. Lima-Perú: Editorial Pacífico Editores S.A.C., 2012. Págs. 127-128, 194-195). 

Por su parte, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; asimismo, respecto a. la prueba de reciente obtención o supervinlente considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara asi con bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridad” (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 8″ Edición. Argentina. Editorial Heliasta. Págs. 497, 504). 

Por otra parte, la doctrina administrativa considera que el instituto jurídico de los actos anulables, indica que: “los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o revocados; para lo cual, es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho (GORDILLO Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III, Octava edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires -Argentina, 2004, Pág. XÍ-33). 

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SMmidoGaSite CarteadoN* 77 V7T 

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AUTORtDAD REGIONAL DE 

Impugnación Tribitaria 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Asimismo, el art. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) establece: “I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilldad cuando el acto carezca de los requisitos formales Indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los Interesados”. 

De ia revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 23 de octubre de 2015, a horas 11:15, funcionaria del SIN Potosí, labró el Acta de Infracción 142998, contra ia contribuyente María Eveiyn Contreras Garvizu, titular del NIT 1382706019, en el domicilio fiscal ubicado en ia calle Miliares 116, Zona San Pedro de la ciudad de Potosí, al constatar el incumplimiento de emisión de factura por el servicio de “recarga Tigo” por Bs5.-, calificando su conducta según el numeral 2 del art. 160 del CTB y señalando que la sanción que correspondía aplicar era de 12 días continuos de clausura, por tratarse de la segunda vez, según el numeral 2 del art. 161 y parágrafo II 

del art. 164 del CTB, y otorgando el plazo de veinte días para la presentación de descargos, computables a partir de la fecha del Acta. Asimismo, se hizo constar en Observaciones “La factura 1389 se emitió a nombre de Fernando hierbas Ci/NiT 1565201 por recarga de Tigo Bs5.- la responsable indica que solo se emite factura por recargas de Entel y Viva y no así de Tigo (también la factura A/° 1378) 

las recargas son Tigo Money”. 

Dentro del plazo de descargos al Acta de Infracción 142998, el 28 de octubre de 2015, la recurrente presentó nota solicitando se tome en cuenta el comunicado emitido por Tigo Money “Facturación por venta de recarga Tigo Money”, publicado el 9/10/2015. Asimismo, el 16 de noviembre de 2015, presentó descargos al Acta de Infracción, explicando que el hecho imponible no pudo perfeccionarse en su persona, porque sólo participó como intermediaria de la operación a través de su billetera móvil y que la factura fue emitida por Tigo Money con el número 1003294 de manera inmediata a la compra, generando un ID de identificación que fue reportado al comprador mediante mensaje de texto enviado al celular, indicando que su factura se encontraba disponible para la impresión en cualquier punto Tigo Money. Entre los documentos que adjuntó a la nota, se encuentran: Certificado original de 13 de 

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oviembre de 2015, emitido por Tigo; Factura original N” 1003294; fotocopia simple de Conformidad Descuento 6622; y. Capturas de pantalla impresas denominadas 

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IBNORCA SkundiCaaMa 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamaní (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Calle Juriín, Esq. Ayacücho N’ 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299-6454573 wvyw.alt.gob.bo. Chuquisaca, Bolivia

lililllliillllllllllllllllillll 

“inicio de la operación de recarga; captura de pantalla de la transacción; generación de la factura en el sistema y registro en el libro de ventas”. 

Al respecto, en la parte considerativa de la Resolución Sancionatoria 181850000512 de 26 de junio de 2018, la Administración Tributaria detalló toda la documentación presentada por el sujeto pasivo, y transcribió los argumentos de descargo formulados por la contribuyente: posteriormente en el punto “Respuesta del SIN a los fundamentos y descargos de la Contribuyente” de la Resolución impugnada, en cuanto a la valoración de la prueba de descargo y argumentos de la ahora recurrente, señaló lo siguiente: “El hecho generador o imponible, se perfecciona desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio el 

que fuera anterior, respaldada por la emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, hecho que se realizó en un momento previo e instantáneo antes de la intervención de los funcionarios de la Administración Tributaria, conforme establece el Art. 4 de la Ley 843; en el momento en que finalizó el servicio (recarga de tigo) por Bs.5 (cinco 00/100 Bolivianos) que efectuó la contribuyente María Evelyn Contreras Garvizu con NIT 1382708019 en favor del cliente sr. Fernando Herbas (…). La facturación por terceros, conforme R.N.D. 10-0016-07 artículo 5 parágrafo I numeral 2 artículo 4, nos indica que la emisión de factura es emitida por los titulares de la transacción comercial a través de un tercero debidamente autorizado, y son aplicables a las modalidades de facturación electrónica, facturación computarizada y facturación manual (…). Cuando se realizó la observación directa en el operativo coercitivo de la transacción por la recarga de Tigo, el cliente no contaba con su factura por la recarga realizada, asimismo la factura que debería haber sido entregada al cliente, la contribuyente lo presenta como prueba de descargo del Acta labrada /V® 142998 por la infracción de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. Además, se puede apreciar, en el certificado solicitado por la contribuyente a Tigo-Telecel S.A., que de manera inmediata después de realizar una compra de crédito tigo, se le envía un código “ID” al comprador para que recoja su factura. Conforme normativa, la factura debe ser emitida de manera Inmediata concluida la compra de crédito (recarga tigo) al comprador por el sujeto pasivo o tercero responsable”. 

De la glosa precedente, se evidencia que la Resolución impugnada en realidad no contiene un análisis valorativo de ios argumentos y prueba presentada por ei sujeto pasivo, pues solo realizó una exposición de las conclusiones a las cuales llegó la Administración Tributaria, es decir, no expresa de manera motivada, concreta y explicita ia valoración de todos y cada uno de los medios probatorios producidos por la 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Solivia 

contribuyente, a efectos de establecer si la modalidad expuesta por la recurrente respecto a la recarga de crédito de Tígo Money es correcta o no, y si la factura presentada como descargo corresponde a la transacción realizada minutos antes del operativo de control. 

Es importante dejar en claro que la Administración Tributaria a partir de la valoración de los descargos presentados debió pronunciarse respecto a cómo la ASFI regula las transacciones que presta ligo, qué servicios presta ligo Money, cuál la relación de ligo Money con Telecel S.A. y la Empresa E-FECTIVO ESPM S.A., cuál la operativa de recarga de crédito de ligo Money desde una Billetera Móvil y la relación existente entre la contribuyente, TIGO Money y el cliente final, cuál la naturaleza de! servicio, los sujetos que prestan el servicio, sobre quien se configura el hecho imponible, quién resulta responsable de la emisión de factura, y cuál la condición de la contribuyente en este tipo de transacciones, si es en calidad de prestadora del servicio o como intermediara entre el operador y el cliente final; a fin de establecer el tipo de facturación y responsabilidades de cada uno de los operadores de la transacción y servicio, ello a partir del contenido de la prueba aportada y argumentos de descargo formulados. 

Conforme la observación precedente, es evidente que la Resolución impugnada carece de fundamentos de hecho y. derecho que permitan comprender los motivos para establecer que la contribuyente cometió contravención tributaria de no emisión de factura; motivos que necesariamente deben expresarse en el acto emitido como respaldo de la decisión de la Administración Tributaria, y no como en ei presente caso el SIN se limita a señalar que en el momento del operativo de control de emisión de notas fiscales, el cliente no contaba con su factura por la recarga realizada, sin respaldar su aseveración en un exhaustivo análisis del tipo de transacción y servicio requerido por e! cliente en el que participan cuatro actores: Tigo Money, Telecel, el Punto de Venta y el cliente, peculiaridad que exige una explicación de la operación, el momento de del perfeccionamiento del hecho generador y de qué manera participan cada uno de los actores en la transacción observada a efectos de establecer la relevancia o no de los argumentos de defensa expuestos por la ahora recurrente ante la Administración Tributaria. Es más, no existe una explicación o análisis de por qué la Administración Tributaria consideró que la prueba de descargo aportada resulta insuficiente. Todo esto demuestra el Incumpliendo de lo resuelto por la Autoridad de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

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0546/2017 de 08 de mayo de 2017, que confirmó el fallo de alzada en cuanto a anular obrados a efectos de que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución 

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IBNORCA 

Justicia tributarla para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (cuarano 

Calle Junín, Esq. Ayacucho N” 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4)6462299-6454573 www.ait.gob.bo Chuquisaca, Solivia

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debidamente fundamentada y motivada en cuanto a los descargos presentados por el sujeto pasivo en sus memoriales de 28 de octubre y 16 de noviembre de 2015. 

Al margen de lo señalado, esta instancia recursiva se ve Imposibilitada de ingresar al análisis y resolución en el fondo del presente caso, puesto que eso significaría revocar o confirmar una Resolución sin que en ella se describan los hechos fácticos a partir de la valoración de la prueba presentada, pues en la hipótesis de que esta instancia, ante el argumento de fondo planteado por la recurrente opte por confirmar o revocar el acto impugnado valorando directamente la prueba presentada por la recurrente, implicaría validar las omisiones de la Administración Tributaria en cuanto a la motivación y fundamentación, cuando es a dicha entidad que corresponde primero motivar y fundamentar su decisión, a fin de que el sujeto pasivo tenga certeza de las razones de la decisión asumida y pueda ejercer efectivamente su derecho a la impugnación, si acaso, fuera contraria a sus Intereses; situación que desde luego impone la necesidad de sanear el procedimiento, así no hubiese sido pedido expresamente en el Recurso, decisión que se asume en resguardo de la garantía del debido proceso a partir de la constatación de una falta de valoración de la prueba y no solamente de una errónea valoración, omisión valorativa que da lugar a una nueva anulación de obrados, en base a los precedentes que se tiene emitidos por esta Instancia recursiva en las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0107/2017 y ARIT-CHQ/RA 0132/2017: la primera que fue declarada firme, y la segunda que fue confirmada oor la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 993/2017. 

Consecuentemente, al no existir un pronunciamiento específico sobre la prueba de descargo presentada, que contenga una explicación que cumpla con los criterios exigidos en la Resolución de Recurso de Alzada y Resolución de Recurso Jerárquico antes emitidas sobre el caso particular, y que sustente la posición de la Administración Tributaria, es claro que la Resolución Sancionatoria ahora Impugnada no cuenta con una debida fundamentación y carece de elementos y valoraciones en cuanto a establecer si la ahora recurrente estaba obligada a la emisión de factura por la recarga de crédito de TIgo Money. 

Es más, la evidencia material de que la Administración Tributaria no cumplió lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico, es que revisado el legajo de antecedentes, no se tiene actuación alguna tendiente a recopilar información de terceros (ASFI, TIGO Money, Telecel S.A) a efectos de establecer la verdad material 

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Sona^f 6«cttún 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurínacional de Boiiv’iá 

de los hechos, conforme mandato del art. 74.1 del CTB y art. 4.d) de la LPA; por el contrario, se advierte que la Administración Tributaria no aportó ningún dato nuevo ai proceso, procediéndose a la emisión de una nueva Resolución Sancionatoria, sin contenido material o sustancial nuevo que permita dilucidar el fondo del asunto. 

Por otra parte, en relación a lo manifestado por la recurrente en sentido que la Resolución Sancionatoria, fundamentó erradamente su sanción en el art. 7.II de la RND 10.0032.15, normativa que no estaba vigente a tiempo de labrarse el Acta de Infracción 142998, (la cual además habría sido abrogada por la RND 10.0031.16), cuando lo correcto habría sido aplicar la RND 10.0037.07; y respecto a la falta de fundamentación de la reincidencia, corresponde indicar que constituyen aspectos cuya consideración está condicionada a la existencia de una contravención que todavía corresponde decidir a la Administración Tributaria, en mérito a la nulidad advertida precedentemente; por lo que esta instancia recursiva no puede emitir, 

pronunciamiento al respecto, lo que no impide que dicha entidad en conocimiento de tales observaciones emita un nuevo acto cuidando de no incurrir en los vicios qué aduce la ahora recurrente. ‘ 

Por todo lo expuesto, y toda vez que el derecho a una Resolución fundamentada y motivada como componente del debido proceso, constituye derecho inviolable del individuo, al haberse identificado los vicio de nulidad descritos en la Resolución Sancionatoria impugnada, establece que en el presente caso la Administración Tributaria, vulneró el art. 115.11 de la Constitución Política del Estado, así como los derechos reconocidos en el art. 68 Numerales 6 y 7 del CTB; por lo que, conforme con el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 74 del CTB, corresponde anular la Resolución Sancionatoria 181850000512 de 26 de junio de 2018, debiendo la Administración Tributaria emitir una nueva Resolución, que contenga la valoración de todas las pruebas presentadas por María Evelyn Contreras Garvizu, en resguardo del derecho a la garantía del debido proceso consagrada en los arts. 115y117dela CPE. 

POR TANTO 

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La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria da 

)huquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los OE 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayirjach’a kamani (Ay msra) 

Mana tasaq kuraq kamachíq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaetl oñomita 

mbaerepi Vae (cuanno Calle Junín, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 www.alt.gob.bo Chuquisaca, BoÜviá

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.-ANULAR, la Resolución la Resolución Sancionatoria 181850000512, de 26 de junio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición de obrados hasta que la Administración Tributaria, emita nueva Resolución, según los criterios de legitimidad expuestos en la presente. Todo conforme establece el art. 212.1.c) del Código Tributario Boliviano. 

^EGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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15 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, onforme establece el artículo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

‘^TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

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CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

tfiraia Befina Cors Rejas 

Directora Ejecutiva Regional a.i. 

Dirección ejecutiva Regional 

Autoridad Regional de Impugnaciáo Tributaría Chuquisaca 

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