ARIT-CHQ-RA-0216-2018 Resolución Administrativa desestimada por falta de fundamentos ante la solicitud del contribuyente de prespcicion por “Omisión de pago del IVA e IT Gestión 2004”

ARIT-CHQ-RA-0216-2018

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Autoridad regional de Impugnación Tributaria Estado Plurinacional de Bolivia 

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0216/2018 

Recurrente Betancourt & Bejarano Limitada. 

Administración recurrida Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Jhonny Padilla Palacios. 

Acto impugnado 

Expediente 

FECHA 

VISTOS: 

Resolución Administrativa 231810000319. ARIT-CHQ-0049/2018. 

Sucre, 26 de octubre de 2018. 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ 0216/2018 de 26 de octubre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Administrativa 231810000319 de 2 de julio de 2018, resolvió rechazar la solicitud de prescripción opuesta por Víctor Hugo Betancourt Barrios, representante legal de BETANCOURT & BEJARANO LIMITADA (B&B LTDA.) con NIT 1000549020, en relación a la facultad de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales para Imponer sanciones administrativas, emergente de las Declaraciones Juradas por el IVA del período agosto 2004; IT períodos junio y octubre 2004 y junio 2005; e lUE correspondiente a la gestión 2005, disponiendo la prosecución de la ífecución tributaria. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani(Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Junín, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299-6454573 wwvy.alt.gob.bo Chuquisaca, Bolivia

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Resolución notificada personalmente a Víctor Hugo Betancourt Barrios, representante legal de B&B Ltda., el 8 de agosto de 2018, e impugnada eI 17 de agosto del mismo año; dentro del plazo de veinte días establecido en el art. 143 del CTB. 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

.1. Argumentos del Recurrente. 

BETANCOURT & BEJARANO LIMITADA (B&B LTDA.) representada legalmente por Víctor Hugo Betancourt Barrios, de acuerdo al Testimonio 1659/2017 de 4 de diciembre de 2017 (el recurrente) manifestó que el 6 de abril de 2018, opuso prescripción respecto a la facultad de imponer sanciones administrativas, a consecuencia de la notificación con la Resolución Sancionatbria 181710001267, que impuso sanción por Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas por concepto de iVA, IT e lUE de los períodos junio, agosto y octubre de 2004 y marzo y junio de 2005, resuelta mediante Resolución Administrativa ahora impugnada, que rechazó ia prescripción debido a que el trámite se encontraría ejecutoriado, argumento que va en contra de la normativa, por lo que la pretensión de cobro vulnera sus derechos y atenta el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 178.1 de la CPE. 

Aclaró que de acuerdo a la Sentencia Constitucional 0386/2004 de 17 de marzo de 2004, la prescripción al ser un derecho (norma sustantiva) se halla regida por el principio Tempus Comissi Delicti, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica y evitar la existencia de potestades u obligaciones indefinidas en el tiempo, salvo en los casos de la ley más benigna. Agregó que de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB, las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescriben a los 4 años, computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, pudiendo interrumpirse en las formas previstas en el art. 61 del citado Código y añadió que de acuerdo al art. 154 del CTB, la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, suspende o interrumpe de forma similar a la obligación tributaria, por lo que tomando en cuenta que las obligaciones tributarias corresponden a periodos anteriores a la gestión 2012, el término de la prescripción es de 4 años. 

En su caso, tratándose de la sanción de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas IVA e IT de los periodos junio, agosto y octubre de 2004 con vencimiento de pago a julio, septiembre y noviembre de 2004, respectivamente, el cómputo de la 

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Impugnación Tributaria 

Estado Plurtnacional de Bolivia 

prescripción inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; respecto a la Declaración Jurada por lUE del período marzo de 2005 con vencimiento de pago en julio de 2005, el cómputo de la prescripción inició el 1 de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, cumpliéndose en ambos casos los 4 años que la Ley 2492 establece para que opere la prescripción de la facultad de imponer sanciones; toda vez, que la Resolución Sancionatorla que impuso la sanción por Omisión de Pago fue notificada recién el 27 de septiembre de 2017; es decir, después de cumplido el término de la prescripción computados conforme los arts. 59 y 60 del CTB. 

Finalmente, mencionó que los argumentos plasmados en el Recurso son acordes a la línea asumida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria según Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1409/2018 de 12 de junio de 2018, para lo cual glosó su parte pertinente y aclaró respecto al argumento de la Administración Tributaría de que el cómputo de la prescripción es desde que adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria, indicó que dicha situación ocurre cuando se analiza la facultad de ejecución de la deuda tributaria, aspecto diferente del presente caso; por lo que concluyó que la Administración Tributarla perdió su facultad debido a su’ inacción y al transcurso del tiempo. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa 231810000319 de 2 de julio de 2018, solicitando se declare prescrita la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas. 

11.2. Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 20 de agosto de 2018, se admitió el Recurso de Alzada y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 

218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 24 de agosto de 2018, conforme a la diligencia de fs. 24 de obrados. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaría. 

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Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 10 de septiembre de 2018, ‘jas 

si apersonó Jhonny Padilla Palacios, en su condición de Gerente Distrital del SIN 3 de 15 

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Justicia tributaría para vivir bien 

Jan mit’ayirjach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachíq (quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (cuaranQ Calle Junio, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4)6462299-6454573 •www.ait.gob.bo* Chuquísacaj Bolivia

Chuquisaca, según copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia 031800000463 de 25 de junio de 2018, quien respondió en forma negativa al recurso formulado, manifestando que es necesario analizar el estado del proceso sancionador al momento de interponer la prescripción, advirtíendo que el contribuyente fue notificado con la Resolución Sancionatoria 181710001267, el 27 de septiembre de 2017, debido a-que el contribuyente ejerció su derecho de impugnación en la vía prejudicial o contencioso tributaria, la misma adquirió firmeza al no ser impugnada, convirtiéndose en Título de Ejecución Tributaria conforme al art. 108.1) del CTB, razón por la cual se analizó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la Resolución Sancionatoria. 

Agregó, que del análisis a la Ley 2492 sin las modificaciones, el art. 59.111 establece que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, computable desde el momento en que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, según el art. 60 del CTB y considerando que la Resolución fue notificada el 27 de septiembre de 2017, adquirió firmeza el 18 de octubre de 2017, a partir del cual se inició el cómputo para la prescripción y tomando en cuenta que fue opuesta la prescripción el 6 de abril de 2018, no habrían transcurrido ni seis meses, por lo que la facultad de ejecución de la Administración Tributaria no ha prescrito. 

Señaló, que del análisis con las modificaciones al CTB, el término para ejecutar la sanción prescribe a los 5 años, según las Leyes 291 y 317; sin embargo, tomando en cuenta que la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza el 18 de octubre de 2017, y la prescripción opuesta data del 6 de abril de 2018, no operó la prescripción de la facultad de ejecutar la deuda tributaria por Omisión de Pago, los argumentos del recurrente no tendrían sustento ni asidero legal que respalde su pretensión ya que inclusive efectuado el cómputo de la prescripción sin las modificaciones, la facultad de ejecución de la Administración Tributaria no ha prescrito. 

Finalmente, expresó que el recurrente enfocó erróneamente su pretensión para el cómputo de la prescripción, teniendo en cuenta que la sanción por contravenciones tributarias ya tiene carácter de título de ejecución tributaria y considerando las modificaciones al CTB, el término para ejecutar sanciones prescribe a los 5 años, cuyas normas son de aplicación obligatoria mientras que el Tribunal Constitucional Plurinacional no las declare inconstitucionales; bajo tales circunstancias señaló que corresponde desestimar la solicitud de prescripción de la facultad de imponer 

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sanciones toda vez que el caso se encuentra en etapa de ejecución tributaría; respecto al tempus regis actum, y tempus comissi delicti, aclaró que fue precisamente lo que se aplicó a momento de resolver la prescripción y que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1409/2018 aludida tiene que ver con la facultad de imponer sanciones, y no hay similitud con el presente caso, ya que la Resolución Sancionatorla no habría adquirido firmeza. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa 231810000319 de 2 de julio de 2018, para dicho efecto, adjuntó el Cuadernillo de Antecedentes 1 (SIN) con 28 fojas. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2018, cursante a fs. 33 de obrados, se aperturó el plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218. d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 12 de septiembre de 2018, según consta a fs. 34 de obrados; consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 2 de octubre de 2018. 

Durante el periodo probatorio, la Administración Tributaria por memorial de 20 de septiembre de 2018, se ratificó en la prueba documental presentada e inserta en los antecedentes administrativos adjuntos al memorial de respuesta al Recurso de Alzada. Por su parte, el recurrente no presentó prueba en esta fase. 

11.5. Alegatos. 

Conforme establece el art. 210. 11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del término probatorio; es decir, hasta el 22 de octubre de 2018; sin embargo, no hicieron uso de este derecho en el plazo otorgado por ley. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN) se tiene la siguiente relación Cía 

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de hechos: 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymam) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (cuarano Calle Junín, Esq. Ayacucho N” 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 www.ait.gób.bo Chuquisaca, Bolívía

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El 17 de julio de 2017, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencionaí 311710000733 en contra de BETANCOURT & BEJARANO LIMITADA con NIT 1000549020 calificando su conducta como contravención tributaria por Omisión de Pago en aplicación del art. 165 del CTB y otorgó el plazo de veinte (20) días a partir de la notificación con dicho Auto, para la presentación de descargos escritos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, caso contrario cancelar la multa. Dicho Auto, fue notificado personalmente el 25 de julio de 2017 (fs. 14 a 16). 

El 22 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria 181710001267, sancionando a BETANCOURT & BEJARANO LIMITADA con NIT 1000549020, por la contravención tributaria de Omisión de Pago por las Declaración Juradas no pagadas por el IVA agosto 2004; IT períodos junio y octubre 2004 y junio 2005; e lüE correspondiente a la gestión 2005, disponiendo la prosecución de la ejecución tributaria, con una multa de 42.062 UFV’s en aplicación del art. 165 del CTB. Resolución notificada por cédula el 27 de septiembre de 2017 (fs. 25 a 30). 

El 6 de abril de 2018, Víctor Hugo Betancourt Barrios, representante legal de BETANCOURT & BEJARANO LIMITADA con NIT 1000549020, presentó nota a la Administración Tributaria oponiendo la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por Omisión de Pago, correspondiente a las Declaraciones Juradas por IVA, IT e lUE de los períodos junio, agosto y octubre de 2004, y marzo y junio de 2005, señalando que de acuerdo a los arts. 59, 60 y 154 del CTB, para los períodos junio, agosto y octubre de 2004, con vencimiento de pago en julio, septiembre y noviembre de 2004, respectivamente, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2005, y concluyó el 31 de diciembre de 2008, cumpliéndose los 4 años que la Ley 2492 establece para que opere la prescripción de la facultad de imponer dicha sanción; respecto al período junio de 2005, con vencimiento de pago en julio de 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006, y concluyó el 31 de diciembre de 2009; y finalmente, respecto al período marzo de 2005 por el iUE, con vencimiento de pago en julio de 2005, y el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2006, y concluyó el 31 de diciembre de 2009. Por lo que, indicó que tomando en cuenta que la Resolución Sancionatoria 181710001267 fue notificada el 27 de septiembre de 2017, la facultad de imponer sanciones por tales períodos hubiera prescrito (fs. 2 a 4). 

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El 2 de julio de 2018, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Administrativa N” 231810000319, rechazando la solicitud de prescripción opuesta por el contribuyente BETANCOURT & BEJARANO LIMITADA, contra la facultad de imponer sanciones administrativas, disponiendo la prosecución de la ejecución tributaria. Resolución notificada personalmente a Víctor Hugo Betancourt, en representación de BETANCOURT & BEJARANO LIMITADA, el 8 de agosto de 2018 (fs. 24 a 25 y 26). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA. 

Se formuló Recurso de Alzada, exponiendo como único argumento la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas. Por lo que, a continuación corresponde efectuar el análisis a dicho punto de reclamo. 

Cuestión Previa. 

En principio corresponde señalar que la motivación es un elemento esencial de todo acto administrativo, pues no sólo constituye un requisito meramente formal que hace a la perfección del acto, sino que además es una garantía fundamental del derecho a la defensa cuya omisión afecta directamente al orden público, y en tal sentido, no puede ser suplida por ninguna Autoridad Administrativa ni judicial a posterior. 

Al respecto, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA) señala que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: “a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y ios que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos Indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico” 

Cabe considerar además, que el art. 115.11 de la Constitución Política del Estado, establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; así también, el art. 117.1 también 

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de la norma fundamental, dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso (.. Por otra parte, el numeral 6 del art. 68 del CTB, establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso y acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen. 

El debido proceso involucra además, la garantía constitucional del derecho a la defensa, entendido como la garantía que permite que aquella: “persona que se encuentre sometida a una investigación, sea esta de orden Jurisdiccional o administrativa, y donde se encuenten en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses” (YACOLCA ESTARES, Daniel. Tratado de Derecho Procesal Tributario Volumen II. 1ra. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012. Pág. 1123). 

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1021/2013 de 27 de junio, señaló: “El derecho al debido proceso cuenta con ciertos elementos esenciales que lo constituyen, entre los que se encuentran el derecho a la defensa, a la motivación de las resoluciones, a la congruencia, al Juez natural, a la valoración razonable de las pruebas y a la presunción de Inocencia. 

De igual forma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 2016/2010-R de 9 de noviembre, refiere: “En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad Jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: aj Por inconuruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso v también el derecho a la defensa: y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridadJurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el curso de la causa” (Negrillas y subrayado nuestros). 

En ese sentido, la Sentencia Constitucional 0471/2005-R de 28 de abril, señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido expresada en cuanto al principio de congruencia con 

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referencia a los procesos penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas. 

Por otra parte, corresponde manifestar, que en la doctrina tributaria, José María Martín, señala: “La prescripción es generaimente enumerada entre los modos o medios extintivos de ia obiigación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obiiaación. sino ¡a exiaibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de ia prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN, José María. Derecho Tributarlo General. Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, toma a las mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24® Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. Pág. 376) (Negrillas y subrayado nuestros). 

De esto último, se entiende que lo que prescribe no son los tributos, obligaciones o las deudas tributarias, sino las acciones o facultades de la Administración Tributaria, que en nuestra legislación se encuentran establecidas en el art. 59 del CTB; por consiguiente, se entiende que en la oposición de la prescripción se debe identificar con precisión la facultad de la Administración Tributaria contra la que se dirige, además de precautelar que exista coherencia y aplicación al caso concreto; de igual forma, la declaratoria de la prescripción así como su rechazo debe guardar concordancia con la facultad contra la que se opuso prescripción y no resolver en relación a otras facultades, desde luego a fin de cumplir con el principio procesa! de congruencia que exige que lo resuelto sea siempre respecto a lo estrictamente peticionado. 

Lo anterior implica cuidado y precisión por parte del sujeto pasivo, así como de la Administración Tributaria, en el tratamiento de tan importante figura jurídica, como es la prescripción; es decir, que no es coherente, por ejemplo, que el administrado oponga prescripción respecto a la facultad de sancionar de la Administración Tributaria; y la Administración Tributaria se pronuncie respecto a la facultad de elocución tributaria: cuando corresponde que la Administración Tributaria resuelva estrictamente respecto

facultad opuesta y no otra elegida de forma aleatoria díscrecional o arbitrarla, eias 

inobservando el principio de congruencia que rige para los actos administrativos. ;OER 

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Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos y el expediente de impugnación, se observa que el ahora recurrente opuso prescripción ante la Administración Tributarla respecto a la facultad de imponer sanciones administrativas en relación a las Declaraciones Juradas (IVA, IT e lUE) por los períodos junio, agosto y octubre de 2004; y períodos marzo y junio de 2005, cuya sanción se encuentra establecida en la Resolución Sancionatoria 181710001267 de 

22 de septiembre de 2017, en base al art. 59 del CTB sin las modificaciones de las Leyes Nros. 291 y 317, aduciendo que el cómputo de la prescripción de los períodos junio, agosto y octubre de 2004, con venciiníento de pago en julio, septiembre y noviembre de 2004, respectivamente, inició el 1 de enero de 2005, y concluyó el 31 de diciembre de 2008, respecto al período junio de 2005, con vencimiento de pago en julio de 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; y finalmente, respecto al período marzo de 2005 por el lUE, con vencimiento de pago en julio de 2005 y el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, señalando expresamente que al momento de la notificación de la Resolución Sancionatoria 27 de septiembre de 2017, la facultad de Imponer sanciones administrativas por tales períodos habría prescrito. 

En relación a la prescripción opuesta, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa 231810000319 de 2 de julio de 2018, indicando que el CTB, vigente al momento del hecho generador refería que; “…el término de la orescríoción se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria…”. (Negrilla y subrayado corresponde al original). Seguidamente, señaló que: “Al tener calidad de firme la Declaración Jurada de los diferentes Impuestos; que establecía deudas no pagadas, se dispuso el inicio de Sumario Contravencional contra el contribuyente BETANCOURT & BEJARANO LIMITADA (B&B LTDA.) por Omisión de Pago, (…) se tiene que la Administración Tributaria notificó al contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 10330082015, en fecha 15/10/2015, momento desde el cual comenzó el cómputo para imponer sanciones administrativas”. Añadió; “Que, bajo ese entendido la Administración Tributaria ejerció su facultad para imponer sanciones administrativas establecidas en la Resolución Sancionatoria N” 181710001267″; en base a tales argumentos, rechazó la solicitud de prescripción invocada. 

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Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Solivia’ 

Adicionalmente, la Administración Tributaria a momento de responder el Recurso de Alzada, manifestó que el contribuyente opuso prescripción respecto a la facultad de imponer sanciones cuando la Resolución Sancionatoria 181710001267 de 22 de septiembre de 2017, adquirió firmeza por no ser impugnada, convirtiéndose en Título de Ejecución Tributaria conforme al art. 108.1) del CTB, es decir, que la sanción por contravenciones tributarias ya tenía carácter de título de ejecución tributaria; y por tal razón, efectuó el análisis de la prescripción de las facultades de ejecución tributaría de la Resolución Sancionatoria. 

De lo expuesto, se advierte que la prescripción opuesta por el ahora recurrente fue específicamente respecto a la facultad de imponer sanciones ejercida a través de la Resolución Sancionatoria N’ 181710001267, no obstante lo señalado, la Administración Tributaria unilateralmente resolvió la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, ignorando completamente la petición expresa y especifica efectuada por Víctor Hugo Betancourt Barrios en representación de BETANCOURT & BEJARANO LIMITADA, pues si bien el acto impugnado por una parte señaló que a fin de dar respuesta al contribuyente efectuaría el análisis respecto a todas las facultades de la Administración Tributaria, en los hechos no existe tal análisis, pues apenas se advierte la cita textual de normativa carente de precisión, cuando señala que: [El Código Tributario Boliviano (Ley N” 2492), vigente al momento del hecho generador refería que: “…el término de ta prescríDción se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria…”] (negrillas y subrayado corresponden al original). 

Por otra parte, en la Resolución Impugnada señaló que por las Declaraciones Juradas por deudas no pagadas dispuso el inicio del sumario contravencional por Omisión de Pago, añadiendo que el cómputo para imponer sanciones administrativas comenzó el 15 de octubre de 2015, cuando se notificó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria conforme a los arts. 60 y 108 del CTB; deduciendo de ello resolver sobre la facultad de ejecución de sanciones, según memorial de respuesta ante esta instancia y no así la facultad de imponer sanciones invocada por el recurrente, pues pese a que la Resolución supondría un análisis de la facultad aludida por el recurrente, dicha situación resulta Incierta ya que el escueto argumento expuesto no es claro, además que carece de análisis o referencia alguna al tiempo exacto en que debería operar la 

prescripción (cuatro, ocho, diez años), tampoco establece su eventual finalizaclóñ. Por ii las 

otra parte, también se extraña en la Resolución falta de pronunciamiento sobre los oer 

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argumentos del administrado; es decir si éstos son válidos o no sobre la apllcabiiídad del art. 59 del CTB sin las modificaciones efectuadas por las Leyes Nros. 291 y 317. 

Posteriormente, en relación al cómputo de la prescripción, la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, de forma tardía trató de subsanar tal inobservancia, de dos formas: a) Analizó del cómputo de la prescripción aplicando el art. 59 del CTB sin las modificaciones de la Ley 291; y b) Indicó que en el caso concreto la normativa a aplicarse debía ser la establecida en la Lev 291. es decir, que correspondía aplicar el término de 5 años; sin embargo, ambos análisis fueron sobre la facultad de ejecutar sanciones. Consiguientemente, todo el argumento desarrollado por la Administración Tributaria resulta ambiguo e incongruente con la petición u oposición planteada por el recurrente. 

De acuerdo a lo señalado precedentemente, se evidencia que el acto impugnado adolece de varios defectos o vicios procesales, primordialmente porque la Administración Tributaria resolvió la prescripción respecto a una facultad que no fue opuesta, además que el rechazo a la prescripción no se encuentra fundamentado ni motivado, ya que no cuenta con ia especificación del tiempo en el que opera la prescripción de la facultad analizada, el establecimiento de la fecha de finalización de dicho término, la base legal que de forma explicativa y razonada se aplique al caso concreto; es decir, carece de fundamentos de hecho como de derecho, además de la debida motivación que permita comprender los motivos y el sustento legal jurídico, que necesariamente deben establecerse en el acto emitido. Además resulta incongruente que la Administración Tributaria haya emitido pronunciamiento respecto a una facultad no invocada por el administrado, quebrantando el principio de congruencia respecto al cual la jurisprudencia constitucional glosada anteriormente orienta en cuanto a la obligación que tiene toda autoridad judicial o administrativa de resolver respecto a lo pedido sin omitir aspecto alguno. 

Adicionalmente, cabe puntualizar que si bien esta instancia recursiva también se obliga a guardar en sus decisiones el principio de congruencia; vale decir, que debe, siempre avocarse a lo pedido por las partes; sin embargo, no es menos evidente que la jurisprudencia constitucional ha modulado la aplicación de tal principio, estableciendo una sub regla que implica una excepción a la congruencia. Este entendimiento ha sido reflejado en la Sentencia Constitucional 0863/2003-R de 25 de junio, que precisó: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en ios casos en que los vicios 

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Autoridad regional de 

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de nulidad constituyan iesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley” (Negrillas nuestras). 

Así también, en relación a la importancia del debido proceso cabe precisar que a decir de la Sentencia Constitucional 0281/2010-R de 7 de junio: “…está ligada a la búsqueda del orden justo. No solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que, por carácter fundamental, no pueden ser Ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad aiguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello, los tribunales y Jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes” (Negrillas nuestras). 

Consiguientemente, en el presente caso se evidencia que el acto impugnado no guardó congruencia con lo pedido, existiendo además una falta de fundamentación y motivación de la Resolución impugnada, situación que vulneró la garantía de! debido proceso, afectando el derecho del administrado, quien no obtuvo respuesta a su oposición. Al margen de ello esta instancia recursiva se ve imposibilitada de ingresar al análisis y resolución en el fondo, puesto que eso significaría revocar o confirmar una Resolución que no resuelve la oposición planteada, pues no se pronunció respecto a lo pedido, ni describió los hechos y derecho que fundan su rechazo. Aspectos que necesariamente merecen la anulación de obrados de acuerdo a lo dispuesto por el art. 36.11 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que se aplica supletoriamente en el presente caso en función al art. 201 del CTB. 

Pues en la hipótesis de que esta instancia, ante el argumento de fondo planteado por el recurrente opte por confirmar o revocar el acto impugnado aquello sería imposible, dado que ia Resolución carece de fundamento jurídico y fáctico; es decir, que no es posible establecer la Administración Tributaria aplicó correcta o incorrectamente la Ley, pues como se aduce en la respuesta del recurso, los argumentos de la Resolución impugnada fueron en relación a otra facultad no invocada, y si tal situación fuese ignorada por esta instancia revisora, igualmente incurriría en vulneración del principio de sometimiento pleno a la ley, previsto en el art. 4 c) de la Ley 2341 y de legalidad PER 

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contenido en el art. 6 del CTB, ya que estaría continuando en el error de la Administración Tributarla y si por el contrario resolvería respecto a la facultad de sancionar que no está contenida en el acto Impugnado, estaría Invadiendo competencia de la Administración Tributarla. En cualquiera de las hipótesis planteadas también Implicaría subsanar y suplir las omisiones en cuanto a la motivación, fundamentación y congruencia, cuando es a dicha entidad que corresponde primero cumplir con la fundamentación y dar respuesta de la facultad respecto a la cual se opuso prescripción; luego del análisis fáctico y jurídico del caso, definir si ta! facultad prescribió o no y en función a ello motivar y fundamentar su decisión, a fin de que el sujeto pasivo tenga certeza de las razones de la decisión asumida y pueda ejercer efectivamente su derecho a la Impugnación, si acaso, fuera contraria a sus Intereses; situación que desde luego impone la necesidad de sanear el procedimiento, así no hubiese sido pedido en el Recurso, decisión que se asume en resguardo de la garantía del debido proceso en base a los precedentes que se tiene emitidos por esta Instancia recursiva en las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0107/2017 v ARIT CHQ/RA 0132/2017: la primera que fue declarada firme v la segunda que fue confirmada por la Autoridad General de Imouqnaclón Tributarla a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 993/2017. 

Por los fundamentos técnico jurídicos expuestos corresponde anular la Resolución Administrativa 231810000319 de 2 de julio de 2018, a objeto de que la Administración Tributarla, emita nueva Resolución en la que de manera fundamentada y motivada establezca de manera Inequívoca el criterio aplicado respecto a la prescripción opuesta, considerando elementos temporales como el momento que ocurrió la contravención, a partir de ello, precise la norma aplicable, el plazo de prescripción, para luego establecer el Inicio, cómputo y conclusión del término de la prescripción según corresponda, en observancia de los arts. 99.11 del CTB, 19 del DS 27310 e Incisos e) y f) del art. 28 de la LPA, en estricta aplicación del principio de congruencia, y se pronuncie en el acto a emitir sobre la aplicación e Interpretación del art. 5 del DS 27310 que expresamente dispone que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial Inclusive en la etapa de ejecución tributarla. 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Solivia 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIIVIERO.- ANULAR, la Resolución Administrativa 231810000319 de 2 de julio de 2018, a objeto de que la Administración Tributaria emita nueva Resolución en la que de manera fundamentada y motivada establezca de manera inequívoca el criterio aplicado respecto a la prescripción opuesta, considerando elementos temporales como el momento que ocurrió la contravención, a partir de ello, precise la norma aplicable, el plazo de prescripción, para luego establecer el inicio, cómputo y conclusión del término de la prescripción según corresponda, en observancia de los arts. 99.11 del CTB, 19 del DS 27310 e incisos e) y f) del art. 28 de la LPA en estricta aplicación del principio de congruencia y se pronuncie en el acto a emitir sobre la aplicación e interpretación del art. 5 del DS 27310. Todo, en sujeción al art. 212. I. c), del Código Tributario Boliviano. 

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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computadles a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

iia Beiína Cors Rejas 

Directora Ejecutiva Regional a.i. 

Dirección tjecutiva Regional 

Autoiidad R^ional de ImpugnaciénTnbutada Chuquisaca 

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