ARIT-CHQ-RA-0214-2018 Resolución Administrativa confirmando la sanción al contribuyente por “Incumplimiento al deber formal del envió de libros de Compra y Venta IVA”

ARIT-CHQ-RA-0214-2018

AUTORIDAD REGIONAL DE  IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  Estado Plurinacional de Bolivia  

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0214/2018  

Recurrente  

Administración recurrida  

Línea Institucional de Desarrollo Rural  (LIDER), representado legalmente por Eisa  Martha Leytón Vargas.  

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio  de Impuestos Nacionales representada  legalmente por Jhonny Padilla Palacios.  

Acto impugnado Resolución Administrativa Nº 231810000124.  Expediente Nº ARIT-CHQ-0036/2018.  

FECHA Sucre, 22 de octubre de 2018.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración  Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas. y  producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico  Jurídico ARIT-CHQ/ITJ Nº 0214/2018 de 22 de octubre de 2018, emitido por la Sub  Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por  Resolución Administrativa Nº 231810000124 de 18 de abril de 2018, resolvió rechazar la  solicitud de prescripción opuesta por Eisa Martha Leytón Vargas, representante legal de  Línea Institucional de Desarrollo Rural (LIDER), “emergente del AUTO INICIAL DE  SUMARIO CONTRAVENCIONAL 00140995000638, por incumotimiento al deber  formal de presentación de información de Libros de Compras y Ventas /VA a través del  software Da Vinci – Módulo LCV, correspondiente a /os periodos febrero a diciembre  de 2011 “; al no haber transcurrido el plazo legal.  

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Resolución notificada personalmente a la representante legal de LIDER, el 18 de junio de  2018; e impugnada el 9 de julio de 2018, dentro del plazo legal de veinte días  establecido en el art. 143 del CTB.  

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  

11.1. Argumentos de la Recurrente.  

Línea Institucional de Desarrollo Rural (LlDER), representada legalmente por Eisa  Martha Leytón Varpas (la recurrente), afirmó que la Administración Tributaria al  rechazar su solicitud de prescripción tomó en cuenta leyes que no estaban vigentes  en el momento del hecho generador, el cual debiera ser tomado en cuenta en  cuestiones que tienen que ver con el instituto de la prescripción; pues el año 2011 no  se podía tener conocimiento de leyes que se iban a emitir en el futuro; en este sentido,  como sustento a su posición transcribió parte de la Sentencia Nº 153/2017 de la Sala  Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, sin establecer  cuál sería la parte específica que contenga la ratio decidendi, que pretende vincular su caso concreto.  

Acotó, que si bien la Resolución Sancionatoria Nº 181710000075, contra la que se  opuso prescripción, fue emitida considerando la normativa vigente a tiempo de surgir  la obligación tributaria no sucedió lo mismo con la Resolución Administrativa  actualmente impugnada, en la que se aplicó la “reformatio in peius”, al haber  empeorado su situación con normativa de reciente promulgación y se estaría  aplicando retroactlvamente la ley, pues según el art. 123 de la CPE ésta solo dispone  para lo venidero, por tanto no debieran aplicarse la Ley 291 ni la Ley 317.  

Señaló, que Jos argumentos y conclusiones del SIN Chuquisaca, contenidos en la  Resolución Administrativa Nº 231810000124 ahora impugnada, son indebidos ilegales pues no se encuentran sustentados en el ordenamiento jurídico· tributario,  lesionando sus intereses e infringiendo preceptos legales, con una incorrecta tendenciosa valoración de la normativa aplicable a la prescripción. Recalcó que la  prescripción tributaria es una figura jurídica establecida en el art. 59 del CTB que  establece que prescribirán a los cuatro años, las acciones de la Administración  Tributaria para: 1.- Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2.-  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia . • • • •  Determinar la deuda tributaria, 3.- Imponer sanciones administrativas y 4.- Ejercer su  

facultad de ejecución tributaria.  

Aseveró, que la prescripción respecto a las multas para todos los periodos de la  gestión 2011, ocurrió el 31 de diciembre de 2015, y la Resolución Administrativa Nº  231810000124 fue notificada el 18 de junio de 2018, habiéndose cumplido de forma  incuestionable el tiempo exigido para el perfeccionamiento de la prescripción.  

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa Nº 231810000124 de 18 de abril de 2018 y se disponga la prescripción respecto a los  periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,  noviembre y diciembre 2011.  

  1. 2. Auto de Admisión.  

Inicialmente el Recurso de Alzada fue observado mediante Auto de 12 de julio de 2018,  por incumplimiento del art. 198 incisos b) y ‘e) del CTB; una vez subsanadas las ‘  observaciones, se admitió el Recurso a través del_ Auto de 1 de agosto de 2018, y se  

  • dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días,  conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos  probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación del art.  

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218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 7 de agosto de 2018, conforme  a la diligencia de fs. 26 de obrados.  

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria.  

Dentro del término establecido en el art. 218. e) del CTB, el 22 de agosto de 2018, se  apersonó Jhonny Padilla Palacios en calidad de Gerente Distrital de Chuquisaca del  Servicio de Impuesto Nacionales, en virtud a Resolución Administrativa de Presidencia  Nº 031800000463 de 25 de junio de 2018; quien respondió negativamente al recurso  planteado, manifestando que la recurrente expuso sus- argumentos con criterios  infundados, incurriendo en una distorsión respecto al término de la prescripción  aplicable al presente caso. Observó que la recurrente se haya referido al término  fiscalización, cuando el .proceso en cuestión es de tipo sancionatorio el cual derivó en  

O<“‘!!:-..- emisión de una Resolución Sancionatoria la cual no fue impugnada por el sujeto  pasivo e ingresó a la fase de ejecución tributaria.  

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En relación a la prescripción de la facultad para imponer sanciones, sostuvo que las  normas aplicables son aquellas contenidas en el Código Tributario con las  modificaciones efectuadas mediante las Leyes 291 y 317, en este sentido, a tiempo de  la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria Nº 181710000075 las  facultades de la Administración Tributarlase encontraban vigentes y no prescritas.  

Manifestó, que el sujeto pasivo debió alegar la prescripción de la facultad para  ejecutar las sanciones, porque la Resolución Sancionatoria Nº 181710000075 no fue  . impugnada y adquirió firmeza. Entonces, se refirió a la prescripción de la facultad de  ejecución indicando que para el caso, el cómputo de la prescripción conforme el art.  59.lll del CTB (sin modificaciones) debía iniciarse desde el momento que adquirió la  calidad de título de ejecución tributaria, es decir a partir del 11 de abril de 2017, y  hasta el 29 de mayo de 2017, cuando el contribuyente solicitó la prescripción de la  facultad de ejecución, no transcurrieron dos meses, por lo que la facultad para  ejecutar de la Administración Tributaria, tampoco se- encuentra prescrita. Lo mismo  sucedería con las modificaciones efectuadas por la Ley 291 y 317, en las que incluso  el plazo de prescripción se incrementó de dos a cinco años.  

Conforme lo manifestado anteriormente, sostuvo que el cómputo que pretende aplicar ·  el sujeto pasivo es errado, considerando que inclusive la ejecución tributaria se dio  cuando ya estaban vigentes las modificaciones efectuadas al art. 59 del CTB, por las  Leyes 291 .y 317, en ese sentido no se vulneró el art, 123 de la CPE, ya que los actos  administrativos fueron. emitidos aplicando norma sustantiva vigente, precisamente  respetando los derechos del contribuyente, otorgando seguridad jurídica como  garantía fundamental de los derechos que asisten al sujeto pasivo.  

Agregó, -que las modificaciones al Código Tributario son de aplicación obligatoria para  el caso de prescripción, en tanto el Tribunal Constitucional no las declare  inconstitucionales.  

Con relación a la Sentencia Nº 153 de 20 de noviembre de 2017, manifestó que la  recurrente no explicó su relación con el caso concreto y que las sentencias emitidas  por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen fuente del Derecho Tributario y por  tanto no tienen carácter vinculante para el análisis del presente caso.  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

ll\lPUGNACIÓN TRIBUTARIA ·  

Estado Plurinacional de Bolivia . • •  Por lo expuesto, solicitó se conñrrne la Resolución Admlnlsíratlva Nº 231810000124 de  

18 de abril de 2018; Pé”;lra dicho efecto, adjuntó Antecedentes Administrativos consistentes  en un Cuadernillo con 63 fojas.  

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.  

Mediante Auto de 23 de agosto de 2018, cursante a fs. 34 de obrados, se aperturó el  plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.  d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 29 de agosto de 2018, según consta a fs.  35 de obrados; consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 18 de septiembre  

de 2018.  

Durante el periodo probatorio,. I~ Administración Tributaria por memorial de 7 de  septiembre de 2018, se ratificó en la prueba documental presentada junto al memorial  de 22 de agosto de 2018, conforme se tiene a fs. 36 de obrados, solicitando se  confirme la Resolución impugnada. Por su parte, la recurrente no presentó prueba en  esta fase.  

  1. 5. Alegatos.  

Conforme establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de  presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del  término probatorio; es decir, hasta el 8 de octubre de 2018; sin embargo, no hicieron  uso de este derecho en el plazo otorgado por ley.  

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.  

De la revisión y análisis de los Antecedentes Administrativos, se tiene. la siguiente relación  de hechos:  

El 29 de septiembre de 2016, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de  Impuestos Nacionales emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  00140995000368, contra Línea Institucional de Desarrollo Rural, por incumplimiento al  

deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a  11.r.J.I~~— · ,  

través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, de los periodos febrero a diciembre 2011,  en aplicación del art. 162 del CTB, otorgando el plazo de veinte (20) días a partir de la  

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notificación con dicho Auto, para presentar descargos escritos u ofrecer pruebas que  hagan a su derecho, caso contrario cancelar la multa. Auto notificado mediante cédula  el 30 de noviembre de 2016 (fs. 8 y 12 CA Nº1).  

El 17 de enero de 2017, la Gerencia· Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 181710000075, señalando que el  contribuyente no presentó prueba de descargo ni efectuó el pago de la deuda  tributaria; resolvió sancionar Línea Institucional de Desarrollo Rural, por la  contravención tributaria de Incumplimiento al Deber Formal de presentación de Libros  de Compras y Ventas !VA a través del software Da Vinci Módulo LCV,  correspondiente a los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,  septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; aplicando una multa total de  5.500 UFV’s. Resolución notificada personalmente a Eisa Martha Leytón Vargas,  representante legal de UDER, el 21 de marzo de 2017 (fs. 36 a 38).  

El 29 de mayo de 2017, la representante legal del contribuyente Línea Institucional de  Desarrollo Rural, presentó ante la Administración Tributaria, solicitud de prescripción,  señalando que de acuerdo al art. 59 del CTB (sin las modificaciones efectuadas por las  Leyes 291 y 317), la facultad para imponer sanciones administrativas prescribe en  cuatro años, en el caso concreto desde el 2011 al 2017, transcurrieron más de cinco  años, por lo cual la facultad para imponer sanciones habría prescrito. Finalmente, pidió  que no se vulnere el art. 150 del CTB, que indica que las normas tributarias no tienen  carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan  sanciones más benignas o términos de prescripción más breves; o de cualquier  manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. (fs, 43 a 45)  

El 18 de abril de 2018, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, por Resolución Administrativa Nº 231810000124, rechazó la solicitud de  prescripción opuesta por UDER, emergente del Auto Inicial de Sumario  contravencional Nº 00140995000638, por incumplimiento a. deber formal de  presentación de información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del software  Da Vinci – Módulo LCV, correspondiente a los periodos febrero a diciembre de 2011,  de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB, al no haber transcurrido el plazo para dicha  solicitud. Resolución notificada personalmente a la representante legal de LIDER, el 18  de junio de 2018 (fs. 56 a 59)  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacion¡~~ BoliFUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.  

Se formuló Recurso de Alzada, exponiendo como único argumento la prescripción de  la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas. Por  lo que, a continuación corresponde efectuar el análisis a dicho punto de reclamo.  

Es necesario precisar que en el Recurso de Alzada, se hizo expresa referencia a la  Resolución Sancionatoria Nº 181710000075 y a la “prescripción de las sanciones  administrativas” contenidas en dicho acto; así también se tiene de lo peticionado en el  memorial de observación al Recurso de Alzada; motivo por el cual, se entiende que la  recurrente solicitó la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas,  y es en ése ámbito que se procederá al análisis subsiguiente.  

IV.1. Con relación a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para  imponer sanciones administrativas.  

La recurrente, manifestó que la Administración Tributaria en el rechazo a su solicitud  de prescripción tomó en cuenta leyes que no estaban vigentes en el momento que se  produjo el hecho generador, pues. el año 2011 no se podía tener conocimiento que las  Leyes 291 y 317 iban a ser emitidas. Acotó que en el presente se aplicó indebidamente  la “reformatio in peius”, al haber empeorado su situación con normativa de reciente  promulgación. Recalcó que se estaría aplicando retroactivamente la ley, pues según el  art. 123 de la CPE, ésta solo debiera disponer para lo venidero y no tener carácter  retroactivo.  

Concluyó, indicando que la prescripción respecto a los periodos de la gestión 2011,  prescribieron el 31 de diciembre de 2015, y la Resolución Administrativa Nº  231810000124 fue notificada el 18 de junio de 2018, habiéndose cumplido de forma  incuestionable el tiempo exigido para el perfeccionamiento de la mencionada  prescripción.  

Por su parte la Administración Tributaria señaló, que las normas aplicables son  aquellas contenidas en el Código Tributario con las modificaciones efectuadas  mediante las Leyes 291 y 317, en este: sentido, a tiempo de la emisión y notificación  

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de la CPE, ya que los actos administrativos fueron emitidos aplicando norma  sustantiva vigente, para precisamente respetar los derechos del contribuyente,  otorgando seguridad jurídica como garantía fundamental de los derechos que asisten  al sujeto pasivo y las normas rnodlñcatorías del Código Tributario son de aplicación  obligatoria para el caso de prescripción, en tanto el Tribunal Constitucional no las  declare inconstitucionales.  

Así planteada la controversia, corresponde dilucidar si prescribió la facultad de la  Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, respecto a las  multas por Incumplimiento al Deber Formal de presentación de la. información  contenida en sus Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci,  Módulo- LCV, por los periodos febrero a diciembre de la gestión 2011.  

Es necesario analizar las ‘dlsposlclones sobre prescripción de la obligación tributaria  aplicables al presente caso. Así el art. 59. I de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003,  estableció inicialmente que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a  los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar  tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4.  Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

Posteriormente, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional  Quinta, modificó el art. 59 de la Ley Nº 2492, estableciendo en el parágrafo 1 que: “Las  acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5  años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años  en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018,  tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2.  Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas” (Negrillas  nuestras). En el último párrafo de dicho parágrafo, se prevé expresamente que el  periodo de prescripción para cada año, sea respecto a obligaciones tributarias cuyo  plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año;  aclara respecto a que ~I plazo de vencimiento o contravención hubiesen ocurrido en  ese año.  

Ese último párrafo fue derogado mediante la Disposición Derogatoria Primera de laLey 317  de 11.de diciembre de 2012, que modificó el art. 59 del CTB, quedando el mismo redactado  como sigue: “Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os 4 años en la  

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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estad o Plurinaci ona 1 de Bolivia  

gestión 2012, 5 años en Ja gestión 2013, 6 años en Ja gestión 2014, 7 años en Ja gestión  2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión  2018, tanto para: 1. Controlar, (nvestigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2.  Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas·~ es decir, ya no  establecía la forma de cómputo del período de prescripción (Negrillas nuestras).  

Igualmente, el art. 2.11 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, modificó el citado art. 59° del  CTB de la siguiente manera:”( … ) Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán  a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2.  Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas”. En base al marco  normativo expuesto, y con la modificación del art. 59 del CTB, a través de la Ley 812  (vigente) se entiende, que la intención del legislador fue la de definir un único plazo máximo  de prescripción de ocho años, dadas las modificaciones anteriormente detalladas (Negrillas  

nuestras).  

Bajo dichos lineamientos se debe considerar que el texto original del Código Tributario  Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003, señalaba que las acciones de la  Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, entre otros,  prescribía a los 4 años computables desde el primer día del año siguiente a aquel en  que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; texto que estuvo vigente  hasta las modificaciones efectuadas por la Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y  317 de 11 de diciembre de 2012; cuando entraron en vigencia las mismas, siendo de  cumplimiento obligatorio conforme dispone el art. 164 parágrafo 11 de la Constitución  

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). De donde el cómputo de las  acciones de la Administración Tributaria respecto al período 2008, por ejemplo, se  iniciaría el 1 de enero de 2009 y concluiría el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo,  habiendo entrado en vigor las Leyes 291 y 317 antes que se complete dicho cómputo,  afectando el término de la prescripción, ya que ambas leyes tienen carácter y efecto  retrospectivo, pues alcanzan situaciones anteriores cuyos efectos jurídicos no se  habían consolidado al momento de la vigencia de ambas leyes; es decir, se afectó los  

términos de prescripción de la gestión 2008 para adelante, pues se encontraban  inconclusos. En consecuencia, corresponde considerar las disposiciones contenidas  en las Leyes 291 y 317 que modificaron el Código Tributario Boliviano (CTB) a partir de  

igencia; al igual que la Ley 812 cuyo sentido y alcance también está dirigido a  establecer un .único plazo de prescripción.  

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Ahora bien, para el caso de la facultad de imponer sanciones administrativas debe  tomarse en cuenta que inicialmente el art. 59 del CTB efectivamente establecía que  dicha. facultad prescribía en el término de cuatro años, por lo que, en relación a los  periodos febrero a noviembre de 2011 -conforme establece el art. 60 del CTB- el  cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2012 y debía concluir el 31 de  diciembre de 2015, en tanto que para el periodo diciembre 2011, el cómputo inicio el de enero de 2013 y debía concluir el 31 de diciembre de 2016; no obstante, en ambos  casos no· operó la prescripción en el plazo de cuatro años, toda vez que a partir de la  gestión 2012, entraron en vigencia las Leyes 291 y 317 de 22 de septiembre de 2012, y  11 de diciembre de 2012, respectivamente, que modificaron el art. 59 del CTB,  

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impidiendo el perfeccionamiento de la prescripción en el plazo inicialmente previsto, el  cual fue ampliado por dichas leyes antes que se hubiese perfeccionado o cumplido el  originalmente previsto.  

En tal sentido, con las Leyes 291 y 317 se establecieron nuevos plazos progresivos de  cuatro a diez” años según la gestión· de la oposición planteada; aplicándose  retrospectivamente al inicio del cómputo de la prescripción, en tales circunstancias, de  acuerdo a estas últimas disposiciones, para el caso particular que se analiza, el  término de la prescripción de la facultad de imponer sanciones, “en la gestión 2017”  fecha en la que la Administración Tributaria ejerció su facultad sancionadora mediante  Resolución Sancionatoria Nº 18171-0000075 era de 9 años; es decir, que efectuando el  cómputo para los períodos febrero a noviembre de 2011, el cómputo de la prescripción  que inició el 1 de enero de 2012, debía concluir el 31 de diciembre de 2020, y desde el  1 de enero de 2013, al 31 de diciembre del 2021, para el período diciembre de 2011;  no obstante, antes de transcurrir dicho plazo, el art. 59 del CTB fue objeto de una  última modificación mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, que retomó un único  plazo de prescripción con enfoque prospectivo, siendo éste: ocho años; última  modificación que se encuentra en actual vigencia y que al establecer un plazo de  prescripción más breve al establecido en las anteriores modificaciones correspondería  aplicar conforme prevé el art. 150 del CTB.  

En ese contexto se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad para  imponer sanciones administrativas para los periodos fiscales febrero a diciembre de la  gestión 2011, mediante la Resolución Sancionatoria Nº 181710000075, notificada el  21 de marzo de 2017, en vigencia de la Ley 812 que dispone un término de  prescripción de 8 años. Ahora bien, de acuerdo al art. 60.I del CTB, corresponde  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacíonal de Bolivia  

establecer respecto a las multas correspondientes a los periodos febrero a noviembre  de 2011 -conforme establece el art. 60 del CTB- el cómputo de la prescripción inició el  1 de enero de 2012, y recién culminaría el 31 de diciembre de 2019, y para la multa  correspondiente al periodo diciembre de 2012, el cómputo inició el 1 de enero de 2013,  y culminaría el 31 de diciembre de 2020.  

Consecuentemente, al momento, de la notificación con la Resolución Sancionatoria Nº  181710000075 (21 de marzo de 2017) la facultad de la Administración Tributaria para  imponer sanciones administrativas aún no estaba prescrita. Criterio respecto al cómputo  de la prescripción que fue asumido como línea interpretativa por la Autoridad General de  Impugnación Tributaria a partir de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0789/2017  

de 3 de julio de 2017 y fue reiterado mediante Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ  0791/2017, AGIT-RJ 0932/2017 y AGlT-RJ 1531/2017, entre otras. conjuntamente las  citadas por la Administración Tributaria.  

En cuanto a la Sentencia 153/2017 de 20 de noviembre de 2017 emitida por la Sala  Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, aludida por la  recurrente, corresponde manifestar que de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del  CTB, las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen  Fuente del Derecho Tributario, y en consecuencia no revisten condición y carácter  vinculante para el presente caso; debiendo considerar además, que las Resoluciones  pronunciadas en esta vía de impugnación administrativa se someten al control judicial  mediante demanda contencioso administrativa, . cuya sentencia tendría efecto  vinculante en la presente controversia y no otra como erróneamente pretende la  entidad recurrente.  

Finalmente, respecto a la observación de la recurrente en sentido que la  Administración Tributaria emitió su Resolución de respuesta, después de once meses  de la solicitud de prescripción, si bien tal aspecto es evidente pues de antecedentes se  evidencia que la solicitud fue presentada el 29 de mayo de 2017, y la Resolución fue  emitida el 18 de abril de 2018, es decir se incurrió en demora administrativa en la  emisión del acto final, más allá de la responsabilidad administrativa que eventualmente  pudiese generar, no afecta la competencia de la autoridad ni la validez del acto  definitivo, pues la normativa no dispone consecuencia alguna en caso de demora, ello  

atención al Principio de Especificidad que establece que cualquier nulidad debe  estar expresamente sancionado por normativa específica.  

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N9/ISO  

9001  

IBNORCA  

Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  mbaerepi Vae {GuaranO  

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Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que  en el presente caso no operó la prescripción de la facultad de la Administración  Tributaria para imponer sanciones administrativas, respecto a las multas por los  periodos fiscales febrero a diciembre de 2011, por el incumplimiento al deber formal de  presentación de la información contenida en sus Libros de Compras y Ventas lVA a  través del Software Da Vinci, Módulo- LCV; consiguientemente corresponde confirmar  la Resolución Administrativa Nro. 231810000124 de 18 de abril de 2018.  

POR TANTO  

La suscrita Directora Ejecutiva a.l, de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero  de 2009.  

RESUELVE:  

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Administrativa Nro. 231810000124 de 18 de  abril de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, en contra de Línea Institucional de Desarrollo Rural (LJDER), toda vez que  la facultad para imponer sanciones administrativas de la Administración Tributaria  respecto a las multas por incumplimientos al deber formal de presentación de la  información contenida en sus Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software  Da Vinci, Módulo- LCV correspondientes a los periodos fiscales febrero, marzo, abril,  mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, no ha  prescrito. Todo, en sujeción al art. 212. l. b) del Código Tributario Boliviano.  

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo  115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,  conforme establece el artículo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio  para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.  

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad  General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso e) de la Ley  2492 y sea con nota de atención.  

PUHUIHJ!SW.11  

NB/150  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia  

Regístrese, notifíquese y cúmplase. ·  

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Autoridad RegDnal de 1mpugnaci6n Tributarta Chuquisaca  

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