ARIT-CHQ-RA-0205-2018 Resolución Administrativa invalidada por no especificar el tiempo de la prescripción tributaria en este caso en su fecha de inicio y finalización

ARIT-CHQ-RA-0205-2018

l\UTORiD¡\D REGIONAL DE  IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia  

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0205/2018  

Recurrente·  

Administración recurrida ·.  

Acto impugnado .  

Expediente Nº  

FECHA  

VISTOS:  

i .  

Marcelino Medina Choque.  

Gerencia Distrital Chuqulsaca del Servicio  de Impuestos Nacionales, representada  legalmente por Jhonny Padilla Palacios.  

Resolución Administrativa Nº 23181000021 O.  ARIT-CHQ-0038/2018.  

Sucre, 5 de octubre de 2018.  

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración··  Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y  producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico  Jurídico ARIT-CHQ/IT J Nº 0205/2018 de 5 de. octubre de 2018, emitido por la Sub  · Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Gerencia DistritaLChuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Administrativa Nº 231810000210 de 18 de junio de 2018, resolvió rechazar la solicitud  de prescripción presentada por el contribuyente Marcelino Medina Choque, titular del  NIT 3176381016, y proseguir con la ejecución tributaria de acuerdo a las normas  legales vigentes.  

Resolución notificada personalmente a Marcelino Medina Choque el· 5 de julio de 2018,  

e i pugnada el 17 de julio de 2018, dentro del plazo legal de veinte días establecido en  ~RAl’llJlo””ii~ ……  

el art. 143 del CTB ..  

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Justicia tributaria para vivir bien  

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  

Mana tasa kura kamachi uechua  

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.  

11.1. Argumentos del Recurrente.  

Marcelino Medina Choque (el recurrente), señaló que la Administración Tributaria al emitir la  ·Resolución Administrativa, que rechazó la solicitud de prescripción de las .declaraciones  juradas del IVA e IT correspondiente al mes de marzo de la gestión 2008, lesionó sus  

intereses y derechos como contribuyente ya que en sus argumentos la Administración  Tributaria aplicó el art. 108.11 y 60.11 del CTB, que 9eterminan que ,el término· de la  prescripción se computa desde la noüñcacíón con los Títulos de ejecución tributaria, es  

decir, con el (PIET), cuando debió aplicar de manera preferente el art. 94.11 del CTB, al ser  ”  

esta disposición legal de carácter especial y acorde a lo establecido en el art. 108.6 del  .. . . , ‘.. . . ~ n  

CTB. Señaló que el cómputo de la prescripción empezó a. correr a partir del día siguiente  . . . 1: . .  

del momento en que presentó sus Declaraciones Juradas pendientes de pago, por lo que la  ;! . : ·.,. .  

Administración Tributaria incurrió en interpretación errónea del art. 60.11 del CTB, cuando la fecha de notificación de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, las facultades y  acciones de la Administración tributaria se encontraban prescritas. Al respecto señaló las  Sentencias 25-1 y 35/2017 del Tribunal Supremo de Justicia de fechas 20 y 27 de mayo de  2017, respectivamente.  

En base a los argumentos expuestos precedentemente, solicitó se revoque totalmente la  Resolución Administrativa Nº 231810000210 de 18 de junio de 2018, y se declare la  prescripción correspondiente a las .declaraciones juradas señaladas en su solicitud de  prescripción ante el SIN Chuquisaca ..  

  • 1 11. 2. Auto de Admisión.  

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  • Mediante Auto de 19 de julio de 2018! cursante a fs. 7 de .obrados, se admitió el ••so 9001  

Recurso de Alzada y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el  plazo de quince días, conteste y remita topos· los antecedentes administrativos as]  como los elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en  aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 23 de julio de  2018, conforme a dillqencia de fs. 12 de obrados.  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia  

  1. 3. Respuesta de laAdmlnlstraclón Tributaria.  

Dentro del término establecido en el art. 218. e) del CTB, el 7 de agosto de 2018, se  apersonó Jhonny Padllla Palacios, acreditando su condición de Gerente Distrital del SIN  Chuquisaca,según copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº  03180Ó000463 de 25 de junio de 2018, quien respondió negativamente _al Recurso  planteado manifestando que el recurrente tiene una errónea interpretación sobre el instituto  de la prescripción, pues pretende se aplique para el cómputo de la prescripción el art. 94.11  del CTB, cuando la citada normativa claramente establece las regulaciones del cómputo en  el art. 60.11 del CTB, el término de la prescripción se computa desde la notificación con los  Títulos de Ejecución Tributaria, en tal sentido el cómputo inició el 14 de diciembre de 2016,  cuando se notificó al contribuyente con el Proveído de Ejecución tributaria· por las  declaraciones · juradas IVA e IT del periodo marzo 2008, y hasta la solicitud de la  prescripción, 28 de mayo de 2018, transcurrió aproxímadarnentet año y siete meses; por  lo que la facultad de la Administración Tributaria no está prescrita.  

Asimismo, realizó un análisis de la prescripción con las modificaciones realizadas al Código  Tributario y arguyó que toda vez que la deuda tributaria determinada se encuentra en etapa  de ejecución y ejecutoriada, conforme el art. 59.IV del CTB, la facultad de ejecutar la deuda  tributaria determinada es imprescriptible, por lo que no se omitió lo dispuesto en el art. 123  de la CPE y art. 150 del CTB.  

Respecto a las citas de Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo. de Justicia, señaló  que no tienen efecto vinculante, toda vez que. son precedentes orientadores pero no  obligatorios ..  

En base a los argumentos expuestos, solicitó se emita Resolución de Recurso de Alzada  conflrmando la Resolución impugnada. Para dicho efecto, adjuntó antecedentes  administrativos en fs. 41.  

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.  

En aplicación del art. 218 inciso d) del CTB, mediante Auto de 8 de agosto de 2018,  cursante a fs.19 de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días  comunes y perentorios a las partes; procediéndose a su respectiva notificación en la  misma fecha, conforme consta por la diligencia de fs. 20 de obrados.  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasa kura kamachi (Quechua)  

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En esta fase, por memorial presentado el 22 de agosto de 2018, la Administración  Tributaria, ratificó ·la prueba documental adjuntada a la respuesta al Recurso de  

Alzada: Por su parte, la recurrente no presentó más prueba.  

~. :  

  1. 5. -Alegatos.  

Conforme establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de  ‘presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del  término probatorio; es decir, hasta el 17 de septiembre de 2018. · Sin embargo no  hicieron uso de este derecho.  

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.  

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) se tiene la siguiente relación de  hechos;  

El 28 de mayo· de 2018, Marcelino Medina Choque presentó nota de ‘solicitud de.  prescripción de las Declaraciones Juradas (IVA e IT)correspohdiente al periodo marzo de  la gestión 2008, señalando que la facultad y acciones de la Administración Tributaria se  encontrarían prescritas conforme el art. 59 del CTB y que el término de prescripción inició el  día siguiente del momento en que el contribuyente presentó sus declaraciones juradas  pendientes de p_?go~ Aclaró que estas fueron presentadas el día de su vencimiento, el 21 de ·  

. abril de 2008, por lo que el cómputo inició el 22 de abril de 2008, y concluyó el 21 de abril  de 2012. Arguyó que la Administración Tributaria debió aplicar el art. 94.11 del CTB de  manera. preferente frente a lo establecido en el art. 60 del mismo cuerpo legal por ser una  

disposición de carácter especial y acorde a lo establecido en el art. 108.6 del CTB.  Finalmente solicitó se declare la prescripción respecto -a las DDJJs IVA e IT del periodo  marzo 2008 en consecuencia se deje sin efecto la pretensión de cobro conforme los arts.  123 de la CPE y 59, 60 y 150 del CTB; y en caso de no declarar prescrita sus facultades acciones, responder de manera fundamentada y motivada a través de una Resolución  administrativa. Citó como respaldo de su · argumento la Sentencia del Tribunal  Constitucional Nº 1169/2016 y Sentencias del Tribunal SupremoNros. 005/2014; 035/2017;  

056/2017 (fs. 2 y 3).  

El 18 de junio de 2018, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa Nº  231810000210, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada por el  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia . . . .  contribuyente Marcelino Medina Choque, titul.ar del NIT 3176381016, y proseguir con la  

ejecución tributaria de acuerdo a las normas legales vigentes. Resolución notificada  . personalmente a Marcelino Medina Choque el 5 de julio de 2018 (fs. 9 a 11 ).  

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.  

Cuestión Previa  

Para el análisis del presente caso cabe considerar, el art. 115.11 de la Constitución Política  del Estado, establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a Ja defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’~ así mismo, el  

art. 117.1 también de la norma fundamental, dispone: “Ninguna persona puede ser  ..  

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso (. .. )”. Por otra  parte, el. numeral 6 del art. 68 del CTB, establece que dentro de los derechos del sujeto  pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso y acceso a las actuaciones y  documentación que respalde los cargos que se le formulen.  

El debido proceso involucra además, la garantía· constitucional d~I derecho a la defensa,  entendido como la garantía que permite que aquella: “persona que se encuentre sometida . una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren  en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar  en. defensa de tales derechos e intereses’ (YACOLCA ESTARES, Daniel. Tratado de  

Derecho Procesal Tributario – Volumen 11. 1ra .. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012. Pág.  . . .  

1123). Al respecto la Ley de Procedimiento Administrativo 2341, art. 4 inc. e) señala  . “Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos con  sometimiento pléno a teley, asegurando a Jos administrados el debido proceso”  

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1021/2013 de.27 de junio, señaló: “El  derecho al debido proceso cuenta con ciertos elementos esenciales que Jo constituyen,  entre Jos que se encuentran el derecho a la defensa, a Ja motivación de las resoluciones, la congruencia, al juez natural, a Ja valoración razonable de las pruebas y a Ja presunción  de inocencia ... ” ..  

De igual forma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 2016/2010-R de .9 de noviembre,  efiere: “En .este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso  es la congruencia en virtud de Ja cual Ja autoridad jurisdiccional o administrativa, en su  

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IBNORCA  

Justicia tributaria para vivir bien  

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fallo, debe asegurar la estriCta correspondencia entre lo· peticionado y probado por las  partes; en ese contexto, e$ imperante además precisar que la vulneración al debido  proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: ª1.  Por incongruencia omisiva. en virtud de la cual. la autoridad jurisdiccional o administrativa  

emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes. vulnerando con esta  omisión el derecho a un debido proceso V también el dere.cho a la defensa; y, b) por  incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la. autoridad jurisdiccional o administrativa, falla  adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el  curso de la causa”(Negrillas y subrayado nuestros).  

En ese sentido, la Sentencia Constitucional 0471/2005-R, de 28 .de .abrll, señala que la  doctrina jurisprudencia! si bien ha sido expresada en cuanto al principio de congruenéia con  

referencia a los procesos penales, es también válida para los procesos administrativos,  1” •  

puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas.  

Por otra parte, corresponde manifestar, que en la doctrina tributaria, José María Martínseñala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos  de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica,  

esa institución no éxtingue la obligación. sino la . exigibilidad de ella. es decir la  . . ··-  

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la  prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN, José María. Derecho  Tributario General. 2ª Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 189). Asimismo, el  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción en las  obligaciones no reclamadas durante cierto fíempo por el acreedor o incumplidas por el  deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, toma a las  

mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen (CABANELLAS, Guillermo.  . .  

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24ª Edición, Editorial Heliasta. Buenos. Aires ,…  

  • Argentina. Pág. 376) (Negrillas y subrayado nuestros).  

De esto último, se entiende que lo que prescribe no son los tributos, obligaciones o las Q.et:_  deudas tributarias, sino las acciones o facultades de la AdminlstraclónTríbutaria, que en ~  

nuestra legislación se encuentran establecidas en el art. 59 del CTB; por consiguiente, se entiende que en la oposición de la prescripclón se debe ldentífícar.con precisión la <!J.  facultad de la Administración Tributaria contra la·que se dirige, además de precautelar . :.~~~l§d·,;  ! .•9001 .. ~ . · ..  

que exista coherencia y aplicación al caso concreto; deigual forma, la declaratoria de i’ 1aNo~é’A ¡\  ·,··.~~ .¡  

:CertrodoN’771127. ~ ·_, la prescripción así como su rechazo debe guardar concordancia con lafacultad contra  

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  • la que se opuso prescripción y no r~~olver en relación a otras facultades, desde luego  a fin de cumplir con el principio procesal de .congruencia que exige que lo resuelto sea  siempre respecto a lo estrictamente peticionado.  

Lo anterior· implica cuidado y precisión por parte del sujeto pasivo, así como de la  Administración Tributaria, en el tratamiento de tan importante figura jurídica, como es la  prescripción; es decir, que no es coherente, por ejemplo, que en un proceso  sancionatorio el administrado oponga la prescripción respecto la facultad de  determinación de la Administración Tributaria; . o que dentro de un proceso de  verificación que recién inicia, se oponga prescripción de la facultad de ejecución  tributaria, -ya que la Administración Tributaria ni siquiera estaría ejerciendo medidas  coactivas o que se oponga prescripción sin identificar ninguna de las facultades de la  Administración Tributarla, aspectos que deben ser ·verificados y analizados con  carácter previo a la formulación de la prescripción, toda vez, que la prescripción no  puede ser planteada eligiendo aleatoria o indistintamente la facultad contra la que se  interpone, de las establecidas en el art. 59 del CTB, esperando que· se resuelva  positivamente su petición, en base únicamente a la amplia y ampulosa doctrina. y  jurisprudencia glosada. De ser así, la Administración Tributaria debe observar la  solicitud como condición de admisión y posterior·resolución, verificando primeramente  si la prescripción opuesta se adecua al caso concreto, caso contrario, exigir se  subsane los defectos existentes en el plazo de cinco días, conforme establece el art.  

, 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente en sujeción al  art. 7 4 del CTB; una vez hecho esto la Administración Tributaria puede resolver  estrictamente respecto a dicha facultad y no otra elegida también de forma aleatoria,  cometiendo el mismo error de los administrados.  

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos y el ·expediente de  impugnación se observa que en relación a las. Declaraciones Juradas (IVA e IT)  correspondientes al periodo marzo de la gestión 2008, el ahora recurrente, opuso  prescripción ante la Adrninlstración Tributaria, respecto a “la facultad y sus acciones”  en base al art. 59 del CTB sin las modificaciones de las Leyes Nros. 291 y 317;  cómputo de la prescripción que a su criterio inició el día siguiente a la presentación de  las declaraciones juradas pendientes de pago, es decir, desde el 22 de abril de 2008,  · hasta el 21.de abril de 2012. Por lo que, instó se deje sin efecto “la pretensión de  

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Posteriormente, en relación a la oposición de prescripción, la Administración Tributaria  emitió la Resolución Administrativa Nº 231810000210 el 18 de junio de 2018, indicando  que la respuesta y análisis se efectuaría respecto a la: “acción de la Administración  . Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar  la deuda; imponer sanciones y para ejercer la facultad de cobro y ejecución tributaria”;  no obstante, posteriormente rechazo la prescripción únicamente de la “facultad de  ejecución tributaria”, utilizando como fundamento en los Considerando 1 y 11, que [El  Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492) refiere: que el término de prescripción se  computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria … ‘1  (Negrillas y subrayado propios).  

De lo expuesto, en pnncipro se tiene que la prescripción opuesta por el ahora  recurrente fue ambigua y general, toda vez que si bien mencionó la existencia de  Declaraciones Juradas impagas a favor del fisco, no concretó respecto a la facultad acciones en relación a las cuales dirigió su’ oposición de prescripción; máxime si se  toma en cuenta que ante declaraciones juradas con deuda impaga le corresponde a la  Administración Tributaria ejecutar la deuda tributaria y por otra parte, sancionar la  conducta por el ilícito de omisión de pago. No obstante esa imprecisión y falencia de la  oposición planteada por el administrado, y sin que se le haya exigido la subsanación de  dichos defectos en el plazo de cinco días, conforme establece el art. 43 de la Ley de  Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente en sujeción al art. 74 del CTB,  la Administración Tributaria decidió resolver la oposición de prescripción, señalando  inicialmente que analizaría todas las facultades, . pero ‘posteriormente resolvió  únicamente sobre la facultad de ejecución tributaria.  

Por otra parte, si bien la Resolución impugnada refiere que el cómputo de la  prescripción de la facultad de ejecución tributaria inició a partir de la notificación de los  títulos de ejecución tributaria; empero no consiga cuando· ocurrió esto ni la base legal que sustente dicha afirmación, pues simplemente se remitió a mencionar el Código  Tributario Boliviano, sin identificar un artículo, parágrafo, o inciso en el cual fundaba su  decisión. Es más, si bien concluye en el rechazo de la prescripción de la facultad de  ejecución tributaria y someramente alude al cómputo de la misma, no existe referencia  alguna al tiempo exacto en que debería operar la prescripción (cuatro, ocho, diez  

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años), tampoco demarca el inicio del mentado cómputo ni su eventual finalización. Por . ~ ,.Naiiso ‘:  -~· . 9001 . -‘  

otra parte, también se extraña en la Resolución que no exista pronunciamiento alguno -; ¡·~NORC_A :-.

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respecto al argumento del administrado, sobre la inaplicabilidad del art. 59 del CTB sin  las modificaciones de las Leyes 291 y 317.  

Posteriormente, respecto a la falta de precisión en el acto impugnado en relación al  cómputo de la prescripción, la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de  Alzada de forma tardía trató de subsanar tal inobservancia, de dos formas ·totalmente  contradictorias: a) Analizó del cómputo de la prescripción aplicando el art. 59. del CTB  sin las modificaciones de la Ley 291; y b) Indicó que en el caso concreto la normativa aplicarse debía ser la establecida enla Ley 291, es decir, que al estar la· deuda  tributaria en etapa de ejecución, es decir; ejecutoriada, sería imprescriptible.  Consiguientemente, de ·manera contrapuesta aduce un cómputo . de prescripción  cuando luego afirma la ·imprescriptibilidad Jo· que expulsaría toda posibilidad de  cualquier cómputo, postura administrativa que no se expresó en el Acto Administrativo  y desde luego es desconocido por el ahora recurrente, quien no tuvo oportunidad de  defensa sobre tal argumento.  

De acuerdo a lo detallado precedentemente, se evidencia que el acto impugnado  adolece de varios ·defectos o vicios procesales, toda vez que el rechazo a la  prescrlpción no se encuentra fundamentado ni motivado, ya que no cuenta con la  especificación del tiempo en el que .opera la prescripción de la facultad analizada, el  establecimiento de la fecha de inicio y finalización de dicho término, menos la base  legal que de forma explicativa y razonada se aplique al caso concreto; es decir, que la  Resolución impugnada carece de fundamentos de hecho como de derecho, además de la  debida mo~ivación que permita comprender los motivos y el sustento legal jurídico, que  necesariamente deben establecerse en el acto emitidO, como respaldo de la decisión de la  Administración Tributaria. Además al no emitir pronunciamiento respecto a todos los  argumentos del administrado, dicha. Resolución se constituye en un fallo “infra petita”  quebrantando el principio de congruencia respecto al cual la jurisprudencia constitucional  glosada anteriormente orienta en cuanto a la obligación que tiene toda autoridad judicial o  administrativa de resolver respecto a· 10 pedido sin omitir aspecto alguno.  

Adicionalmente, cabe puntualizar que esta instancia recursiva si bien se obliga a guardar en  sus decisiones el principio de congruencia; vale decir, revocación, confirmación o anulación de actos administrativos,. debe siempre avocarse a lo pedido por las partes; sin embargo, no  es menos· evidente que la jurisprudencia constitucional ha modulado la aplicación de tal  principio, estableciendo una sub regla que implica una excepción a la congruencia .. Este  

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Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Dºana tasan k1 rran kamachi rouechua1  

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entendimiento ha sido reflejado en la Sentencia Constitucional Nº 0863/2003-R de 25 de  junio, que precísó: el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo  en lós casos en· que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”  (Negrillas nuestras).  

Así también, en relación a la importancia del debido proceso cabe precisar que a decir  de la Sentencia Constitucional Nº 0281/2010-R de 7 de junio: está ligada a la  búsqueda del orden justo. No so/amerite poner en movimiento mecánico las reglas de  procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios  procesales de publicidad, inmediatez, líbre apreciación de la prueba; (os derechos  fundamentales como el derecho a la deferisa; a la· igualdad, etc., derechos que, por  carácter fundamental, no pueden seriqnoredos ni obviados bajo ningún justificativo excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de  las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello, los  tribunales y jueces que administran justicia,. entre sus obligaciones, tienen el  deber de cuidar· qué los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también de  

. tbmar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes” (Negrillas nuestras) . \’  

Consiguientemente, en el presente caso se evidencia la falta de fundamentación y  motivación de la Resolución impugnada que vulnera la garantía del debido proceso,  que necesariamente afectan al administrado; al margen de ello esta instancia recursiva  se ve imposibilitada de ingresar al. anállsis y resolución en el fondo del presente caso,  puesto que eso significaría revocar o confirmar una Resolución que no resuelve la  oposición planteada, no se pronuncia respecto a topo lo pedido, ni describe los hechos  y derechos que fundan su rechazo. Aspecto que necesariamente merecen la anulación  de obrados de acuerdo a lo dispuesto por el art. 36.11 de la Ley .de Procedimiento  Administrativo (LPA) que se aplica supletoriamente en _el presente caso en función al  art. 201 del CTB.  

Pues en la hipótesis de que esta instancia, ante el argumento de fondo planteado por  el recurrente opte por confirmar o revocar el acto impugnado aquello sería imposible,  dado que la Resolución carece de fundamento jurídico y fáctico; es decir, que no es  

. posible establecer si la Administración Tributaria aplicó correcta· o incorrectamente la  Ley, pues como se tiene señalado, en la Resolución no existe cita del artículo en el que  se haya establecido el plazo de prescripción que se considere para el cómputo que  

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  • i\UTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNÁCIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia .  

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indica. Por otra parte, también en la hipótesis que correspondiese la ímprescrlptibllldad  de la facultad de ejecución, como se aduce en la respuesta del recurso, tal situación no  puede ser decidida por esta instancia recursiva, · pues estaría incorporando una  situación nueva respecto a la cual el contribuyente no ejerció derecho a la defensa; y si  tal situación fuese ignorada por esta instancia, igualmente recurriría en vulneración del  

. principio de sometimiento pleno a la ley, previsto en el art. 4 inciso c) de la Ley 2341 y  de legalidad contenido en el art. 6 del CTB. En cualquiera de las hipótesis planteadas  también implicaría subsanar las omisiones de la Administración Tributaria en cuanto a  

la motivación y fundamentación, cuando es a dicha entidad que corresponde primero  . . –  exigir la puntualización o individualización de la facultad respecto a la cual se opuso  

prescripción; luego del análisis fáctico y jurídico del caso, definir si tal facultad es  prescriptible o imprescriptible y en función a ello .motívar y fundamentar su decisión, a  fin de que el sujeto pasivo tenga certeza de las razones de la decisión asumida y  

  • pueda ejercer efectivamente su derecho a la· impugnación, si acaso, fuera contraria a  sus intereses; . situación que desde luego. impone la necesidad de sanear el  ·-;.·.  

procedimiento, así no hubiese sido pedido en el Recurso, decisión que se asume en/  

:l.;”:.,·. resguardo de la garantíadel debido proceso en base a los precedentes que se tienS’:>, :  

emitidos por esta instancia recursiva en las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT CHQ/RA 0107/2017 de 22 de marzo de 2017, y ARIT-CHQ/RA 0132/2017 de 11 de  mayo de 2017; la primera que fue declarada firme. y la segunda que fue confirmada  por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de  Recurso Jerárquico AGIT-RJ 993/2017.  

Por los fundamentos técnico Jurídicos expuestos corresponde anular la Resolución  

Administrativa Nº 231810000210 de 18 de junio de 2018, con reposición de obrados,  .. :.: ·.  

hasta el vicio más antiguo, _es decir, hasta que la Administración Tributaria, . ·”  previamente en base al art. 43 de la LPA, requiera al interesado precisar la facultad ·  

contra la que opone la prescripción, concordante con el numeral 2 del art. 4 del CTB, a  fin de que la Administración Tributaria posteriormente emita respuesta fundamentada y  

motivada que guarde estricta aplicación del principio de congruencia.  . .  

POR TANTO  

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  huquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los·  

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NB/150  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasa kura kamachi (Quechua)  

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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del DS Nº 29894 de 7 de  febrero de 2009.  

RESUELVE:  

PRIMERO.- ANULA~, la Resolución Administrativa Nº 231810000210 de 18 de junio  de 2018, hasta el vicio más antiguo esto es hasta que la Administración Tributaria  previamente en base al art. 43 de la LPA, requiera al interesado precisar la facultad  contra la que opone la prescripción, concordante con el numeral 2 del art. 4 del CTB, a  fin de que la Administración Tributarla posteriormente emita respuesta fundamentada y  motivada que guarde estricta aplicación del principio de congruencia. Todo, en sujeción  al art. 212.· l. e), del Código Tributario Boliviano.  

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo  

.··~ 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,  ::f r/”(?;r.eth ~ onforme establece el artículo 199 de la L~y 2492 se~á de cumplimiento obligatorio  ·. e tt.U1fi0 FtorstsJi , .  

. , LJ ara la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. · _ ·  ‘· lf-srJ\\• . .,  

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad  General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso e) de la Ley  2492 y sea con nota de atención.  

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del  Recurso Jerárquicocontra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte  días computables a partir de su notificación.  

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