ARIT-CHQ-RA-0203-2018 Resolución Administrativa que pretendía depurar Crédito Fiscal IVA al contribuyente por facturas observadas, sin embargo, por falta de valoración en las pruebas aportadas, falta de respuesta y fundamentación de las observaciones fue abrogada

ARIT-CHQ-RA-0203-2018

AUTORIDAD REGIONAL DE  IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  Estado Plurinacional de Bolivia 

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0203/2018  

Recurrente  

Empresa Constructora “Quintanilla . &  Quintanilla” representada legalmente por  Ángel Quintanilla Kanaudt.  

Administración recurrida Gerencia Distrital Potosí del Servicio de  Impuestos Nacionales, . representada  

legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio.  

Acto impugnado Resolución Determinativa Nº 1718500001.:93.  Expediente Nº ARIT-PTS-0054/2018.  

FECHA Sucre, 28 de septiembre de 2018.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión,· la contestación de la Administración  Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico  Jurídico ARIT-CHQ/IT J Nº 0203/2018 de 28 de septiembre de 2018, emitido por la Sub  Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Determinativa Nº 171850000193 de· 19 de abril de 2018, determinó de oficio y sobre  base cierta deuda tributaria de 43.201 UFV’s (Cuarenta y tres mil doscientas un  Unidades ·de Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA (Crédito Fiscal)  correspondiente al periodo febrero de 2015, contra la Empresa Constructora Quintanilla  & Quintanilla S.R.L., con ·NIT 102310869025, monto que comprende tributo omitido e  interés; adicionalmente;. sancionó su conducta por Omisión de Pago con una multa  equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a 38.133 UFV’s. (Treinta  

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y ocho mil ciento treinta y tres Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicacióln del  

1  

. · art. 165 del CTB.  

.

Resolución Determinativa notificada . personalmente a Ángel Quintanilla Kanaudt, en  calidad de representante legal de la Empresa Constructora Quintanilla & Quintanilla  S.R.L. el 6 de junio de 2018, e impugnada el 26 de junio de 2018; dentr_o dél plazo de  veinte días establecido en el art. 143 del CTB.  

  1. . TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.  

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11.1. Argumentos del Recurrente.  

Ángel Quintanilla Kanaudt, represeritante de la Empresa Constructora Quihtanilla · &  Ouíntanilla S.R.L.; de acuerdo al Testimonio Nº 230/2017 (el recurrente) manifestóque  la Administración Tributaria determinó deuda tributaria en base a presunciones ileg;ales  y arbitrarias, omitiendo el principio fundamental de la Teoría del Derecho Procesal  quien afirma algo debe probarlo”; por lo que la determinación de la deuda tributari~ no  

fue sobre base cierta, conforme establece el art. 43. I del CTB, sino sobre base  . i  

presunta, toda vez que no existiría coherencia entre las acciones realizadas .y el  

1  

resultado obtenido.  

‘  

Reclamó, que la Administración Tributaria desestimó arbitrariamente las facturas ~ros.  1496 y 1498 porque supuestamente no se habría materializado la transacción, éndo . su único sustento el Informe CITE:. SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2015 de 2S de  septiembre de 2017, referida a la inexistencia de actividad económica de la  proveedora; informecon el que nunca fueron notificados tanto su persona comb la  

proveedora, a efectos de conocer su contenido y presentar descargos; hechos :que  . ‘- j  

  • 1  

vulneraron la garantía del debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en el  art. 115 de la CPE. ·  

Denunció que la Resolución Determinativa no estaría debidamente fundamentada, ya  

que no se valoraron los descargos y argumentos formulados; además, qué la  Administración Tributaria no probó la inexistencia del hecho con prueba idónea,  

conforme prevé el art. 76 del CTB, que exige que quien pretenda hacer valer .sus  

i  

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, afectando tam?ién  2 de26  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia •  con ello el debido proceso y el ·derecho a la defensa, y la, validez del acto  

. administrativo, según prevé el art. 35 inc. d) de la Ley 2341.  

Por otra parte, señaló que el SIN observó una factura porque estaría reportada por el  proveedor . a nombre de otro contribuyente; sin embargo no fundamentó su  observación conforme prevé el art. 76 de[ CTB, siendo que con sus amplias facultades  que le otorga el CTB, debió recabar certificaciones, aclaraciones escritas, libros de  ventas, copias de facturas emitidas, declaraciones juradas, registros de bancarización,  

comprobantes contables, medios de pago, a efectos de probar sus argumentos.  

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Aseveró, que presentó a la Administración Tributaria originales de las facturas  . .  

observadas, las que estarían vinculadas a. la actividad gravada y que fueron  canceladas a la proveedora mediante cheque Nº 439 del Banco Unión, por lo. que  cumplió con los requisitos para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal, conforme  dispone el art. 2 de la Ley 843: I~ onerosidad, .la transmisión de dominio y los sujetos  

, intervinientes; siendo arbitraria la desestimación realizada por el SIN, más aún cuando  el fiscalizador no quiso recibir la documentación contable de tespaldo a las  transacciones; aspecto que denunció ante la Vista de Cargo, pero que no fue tomado  en cuenta a momento de emitir Resolución.  

Afirmó, que el primer procedimiento que debió iniciarse era una revisión en contra de  la proveedora María Elena Valverde Terrazas y no así a terceros, pues según señala  la resolución determinativa en los informes emitidos por el Departamento de  Fiscalización se encuentran listas en las cuales se recomienda realizar las Ordenes de  Verificáción Externa y/o Interna, a varios clientes de la proveedora María Elena  Valverde Terrazas.  

Por los arqumentos expuestos, solicitó la Revocatoria Total de la Resolución  Determinativa Nº 171850000193 de 19 de abril de 2018.  

11.2. Auto de Admisión.  

Inicialmente, el Recurso fue observado mediante Auto de 27 de junio de 2018, por  incumpl_imiento del art. 198 incisos d) y e) del CTB; subsanada la observación, se  

admitió el Recurso de Alzada por Auto de 6 de julio de 2018, y se dispuso notificar a la  9fUrBIN-¡;¡;¡¡_  

AdminlstraciónTributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos  3 de26  

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los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados  

1  

con la Resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. e) del CTB. Auto de  

admisión notificado al represent~nte de la, entidad recurrida el 11 de julio de 21018,  

;  

conforme diligencia de notificación personal cursante a fs. 45 de obrados.  

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria.  

i  

1 Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, el 26 de julio de 2018, se  

  • apersonó Zenobio Vilamani Atanacio, Gerente Distrital Potosí del SIN, según copia  . i  

legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0457-12 de 10 de  

octubre de 2012, quién respondió negativamente al Recurso planteado, manifestando  i  

que las facturas Nros. 1496 y 1498 fueron depuradas debido a que el contribuyente no  presentó documentación que demuestre la procedencia y cuantía de .los cré?itos  

impositivos que considere le corresponden, conforme prevé el art. 70 numerales 4 y 5  . 1  

del CTB; correspondiendo a éste adjuntar la documentación pertinente, toda vez: que  

1  

existía duda razonable sobré la efectivización de la transacción (la constancia d~ su  proveedor de haber declarado la venta, la orden de pedido, nota de remisió~ y/o  

entrega, debidamente firmada por los responsables, ingreso a almacenes, contrato de  . . . 1  

compra y. venta, entre otros) conforme los arts. 68.7 y 76 del CTB. Como precedente  . . ‘  

citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1535/2018.  

Asimismo, señaló que mediante controles cruzados del sistema informático SIR(\T2,  

. .  

investigación IN SITU de los domicilios fiscal y particular de la proveedora María ~lena  Valverde Terrazas, Actas · de Acciones y Omisiones e info~mes  

1 CITE:SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017 y CITE:SIN/GDPT/DF/SVE/INF/00163/2018,  ~ . ‘  

verificó que la proveedora no realizó ninguna actividad económica, comercializando facfuras  sin la realización efectiva de la transacción, hecho tipificado en el art. 177 del CTB y como  delito de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.  

i  

Aseveró, que la proveedora no demostró la efectiva transacción económica ni íransteréncia  de bienes, por lo que no existió hecho generador en las transacciones de facturas por  compra de material de construcción, incumpliendo lo establecido en el art. 4 y 8 de la Ley  843, que prevé que a efectos del cómputo del crédito fiscal, se deben cumplir t tres  

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requisitos: que la transacción debe estar respaldado con la factura original, que dicho ..: “Naiisd 1 9001  

crédito provenga de transacciones vinculadas a la actividad gravada y que la transacción se ( 1~~!:.A ·  haya realizado efectivamente. i,\·.~’1li’i1·121 

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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia · .  

. También señaló que las facturas observadas incumplen el art. 3 numeral 5 de la RND  10.0012.12 de·· 01 de junio de 2012, que señala: “Las personas naturales o jurídicas,  registradas o no . en el Padrón Nacional de Contribuyentes, serán incorporadas al RRT  (Registro de Riesgo Tributario) considerando los siguientes criterios: Se registren ~n el  Padrón Nacional de Contribuyentes para obtener beneficios económicos indebidos,  emergentes de la emisión de facturas que generan crédito fiscal, sin que se haya producido  o materializado el hecho generador de la obligación tributaria_ prevista en la Ley 843 y que  no declaren ni ingresen los tributos resultantes de la emisión de dichas facturas”.  

~; ·. Respecto · a ·10 argumentado por el · recurrente de que ei Informe .Nº  CITE:SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017, sería el único respaldo para depurar las  facturas, indicó que el mismo se encuentra respaldado en Actas de Acciones u Omisiones y  

-declaracíones de los vecinos que manifestaron que jamás existió el. establecimiento  comercial “Importadora Violeta” de propiedad de María Elena Valverde Terrazas, situación  que fue denunciada ante la fiscalía, por contar con suficientes indicios de responsabilidad  penal en su contra.  

Por otra parte, señaló que la factura Nº 1059, fue inicialmente observada porque estaría  reportada por el proveedor a nombre de otro contribuyente; sin embargo toda vez que el  contribuyente presentó descarqos, · fue validada, estableciéndose error de registro en ·el  Libro de Ventas IVA del proveedor.  

Agregó; que en el presente caso el procedimiento de determinación se efectuó sobre Base  Cierta, toda vez que el contribuyente presentó documentación que fue contrastada con la  información almacenada en los sistemas informáticos del SIN, por lo que llegó a conocer  de forma directa los hechos generadores del tributo.’ lo que conlleva a que no pueda  alegarse que existe error en la aplicación del método utilizado; más aún cuando el art. 43 de  CTB, establece que en la determinación de la base imponible sobre Base Cierta se debe  

  • tomar en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer e·n forma directa e  indubitable los hechos generadores del tributo.  

Indicó que el 11. de enero de 2018, el contribuyente presentó descargos contra la Vista de  Cargo, que fueron evaluados por el Departamento .Jurídico y de Cobranza Coactiva,  procediendo al efecto a .compulsar la prueba aportada con la información almacenada en  

sistemas· informáticos del SIN, validando la factura Nº 1059 y manteniendo la  observación de las facturas Nros. 1496 y 1498 correspondientes al periodo febrero de 2015  

5 de26  

Justicia tributaria para vivir bien  

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por no demostrar la materialización de la transacción, por lo que no sería eviden’te la  vulneración de la garantía al debido proceso y derecho a la defensa, que motivaría Ja  1 nulidad del acto. ‘  

Respecto a la observación al Informe Nº CITE: SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017 de 24  

!  

de enero de 2018, manifestó que la investigación fue realizada en ejercicio de las facultades  ~ t  

establecidas en los arts. 66 y 100 del CTB, cuyos resultados fueron plasmados en las actas  e informes respectivos y no como erróneamente alega el contribuyente en simples  

presunciones.  

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Finalmente, señaló que si los informes contienen alguna recomendación, es en el entendido  

de que los proveedores se encuentran observados como comerclallzadores ·de facturas con  

l  

domicilio desconocido y actividad económica inexistente, por lo que las facturas· emiti9as a  sus clientes no pueden ser válidas para el cómputo del crédito fiscal, porque no hu~o la  efectiva realización del hecho generador.  

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1  

  • En base a los argumentos expuestos, solicitó se emita Resolución de Recurso de Al~ada  ,.,  

confirmando la Resolución Determinativa Nº 171850000193 de 19 de abril de 2018.  11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.  

Mediante Auto de 26 de julio de 2018, que cursa a fs. 58 de obrados, se aperturó el  

plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. Q18.  i  

  1. d) del CTB. Las partes fueron notíficadas el 1 de agosto de 2018, según consta ;a 59 de obrados; consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 21 de agostb de  2018.  

.  

1  

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1  

  • En esta fase, por memorial. presentado el 20 de agosto de 2018,. la Administra~ción  Tributaria ratificó la prueba documental adjunta a I~ respuesta al Recurso de Alz~da.  Por su parte, la recurrente no presentó más prueba.  

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable  . ‘  

Departamental de Recursos de Alzada Potosí y radicado por la Autoridad Regional de  Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 24 de agosto de 2018,  conforme se tiene a fs. 64 de obrados.  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

  • IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia  

  • · 11.5. Alegatos.  
  • Tomando en cuenta que el plazo probatorio finalizó el 21 de agosto de 2018, de  acuerdo art. 210. 11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en  conclusiones en los veinte días siquientes, es decir, hasta el 1 O de septiembre de  2018; sin embargo no hicieron uso de este derecho.  
  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.  

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Efectuada la revisión de los Cuadernillos de Antecedentes Nros. 1· y 2 (SIN) se  establece la siguiente relación de hechos:  

El 6 de junio de 2017, la Gerencia Distrital Potosí del SIN emitió la Orden de  Verificación Nro. 17990203299 (Form. 7531) al contribuyente Empresa Constructora  Quintanilla & Quintanilla S.R.L., a objeto· de verificar los hechos y elementos  relacionados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) específicamente del crédito fiscal  contenido en las facturas detalladas en Form 7531, declaradas en los períodos fiscales  enero y febrero de 2015, requiriendo la presentación de la siguiente documentación: 1.  Declaraciónes Juradas Form. 200 o 210; 2. Libro de Compras de los periodos  observados; 3. Facturas de compras Originales detalladas en anexo; 4. Documento  que respalde el pago realizado, así como otra documentación a ser solicitada durante  el proceso, para verificar las transacciones de respaldo a las facturas observadas. Acto  notificado med,iante cédula a Ángel Quintanilla Kanaudt, representante legal de  Empresa Constructora Quintanilla & Quintanilla S.R.L, el 14 de junio de 2017 (fs. 3. a 4  y 7 a 9 CA N9 1).  

El 30 de junio de 2017, Irene Charcas, en calidad de administradora de la empresa,  presentó la documentación requerida por la Administración Tributaria, según consta en  Acta de Recepción de Documentos (fs. 1 O del CA Nº 1 ).  

El 1 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº  291750000450 (CITE:SIN/GDPT/DF/SVENC/00389/2017), liquidando preliminarmente  una deuda tributaria de 80. 739 · UFV’s (Ochenta mil setecientas treinta y nueve  Unidades de. fomento a la Vivienda) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del  

eriodo febrero de 2015, monto que comprende tributo omitido, interés y sanción  de pago ( 100% ), otorgando el plazo de días para la presentación de  

7 de26  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

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1  

descargos, conforme al art. 9B del CTB. Vista de Cargo notificada por cédula[ a la  Empresa Constructora Quintanilla & Quintanílla S.R.L., el 11. de diciembre de 2017_ (fs.  180 a 188 CA Nº1). ,  

j  

¡  

El 11 de enero de 2018, el contribuyente formuló descargos a la Vista de Carg~ Nº  

291750000450, señalando . que en el presente caso, a diferencia de btras  .  

verificaciones, el SIN no solicitó mayor documentación, pese a que se observaron  

‘  

notas fiscales por importes mayores a· Bs50.000.-, incumpliendo el procedimiento de  verificación y vulnerando el derecho a la defensa. Indicó que las facturas Nros. 1496 y  1498, emitidas por Importadora “Violeta” de María Elena Valverde Terrazas, fueron  depuradas porque supuestamente no se contarían con documentación que demuestre  la procedencia y cuantía del crédito impositiv~; sin embargo, en ni~gún momento ~e le  

requirió documentación como libros diarios, libros mayores, registros de inventarios,  

!  

contratos de proyectos, planillas de avance de obra, extractos bancarios, fotocopias de  cheques, recibos, etc. para respaldar sus observaciones, por lo que la liquidación 9e la –  deuda no pudo efectuarse sobre Base Cierta. Señaló que cumplió con los requisitos  para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal, ya que presentó las factura~ en  

originales, que describen la compra de materiales de construcción, por lo que estarían  

  • 1  

vinculadas a la actividad gravada, transacciones que se cancelaron con cheque : 439  (pago de las facturas 1496, 1498 y 1500)del Banco Unión, emitida a favor de la titular  

del NIT. Agregó que las facturas ~bservadas datan de la gestión 2015 y ~i la  

1  

proveedora ya no tiene actividad económica no es problema suyo, aclarando i que  . ¡  

recibió los materiales adquiridos en obra, e inclusive los fabricantes o importadores los  ¡  

remitían directamente a sus galpones o proyectos con la instrucción del vendedor, para  reducir costos de carguío y fletes. Señaló que la Vista de Cargo, únicamente señala  que la factura 1059 fue observada por haber sido reportada por el proveedor eh su  Libro de Ventas ·1vA a nombre de otro contribuyente, sin mayor información.  Finalmente, manifestó que el SIN debió solicitar a sus proveedores certíficaclcnes,  aclaraciones escritas, libros de ventas IVA; copias de facturas emitidas, declaraciones  juradas,. registros de bancarizaclón, comprobantes contables, medios de pago y todo  cuanto demuestre la transacción, a finesde trabajar sobre Base Cierta (fs. 204 a¡ 219  

e  

CANº 2).  

r  

El 19 de abril de 2018, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales,  ¡  

emitió la Resolución Determinativa Nº 171850000193, que determinó de oficio y sobre  base cierta deuda· tributaria de 43.201 UFV’s (Cuarenta y tres mil doscientas un  1  

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AUTORIDAD REGIONAL DE .  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia , . . Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA (Crédito Fiscal)  correspondiente al periodo febrero de 2015; contra la Empresa Constructora Quintanilla  & Quintanilla S.R.L., con NIT 102310869025; monto que comprende tributo omitido interés; adicionalmente, sancionó su conducta por Omisión de Pago con una multa  equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a 38.133 UFV’s (Treinta  y ocho mil ciento treinta y tres Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del  art. 165 · del CTB. Resolución Determinativa notificada personalmente a Ángel  Quintanilla Kanaudt, · en calidad de Representante Legal de la Empresa Constructora  Quintanilla & Quintanilla S.R.L. el 6 de junio de 2018 (fs. 263 a 278 CANº 2).  

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.  

Se formuló Recurso de Alzada, denunciando los siguientes agravios: 1. Vulneración al  debido proceso . por falta de notificación con el Informe Nº CITE:  SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017; 2. Insuficiente fundamentación de la Resolución  Determinativa por falta de valoración de la prueba de descargo presentada; y, 3.  Indebida depuración de facturas que respaldan el crédito fiscal.  

En ese entendido, corresponde a esta instancia de Alzada con la finalidad de evitar  nulidades posteriores proceder a la revisión y verificación de la existencia de los vicios  de forma denunciados· en el desarrollo del proceso· y, solo en caso de que no sean  evidentes, se procederá a la revisión y análisis del aspecto de fondo.  

IV.1. Sobre la vulneración al debido proceso por falta de notificación con el Informe Nº  CITE: SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017.  

El recurrente, reclamó que la Administración Tributaria desestimó arbitrariamente las  facturas Nros. 1496 y 1498 porque supuestamente no se habría materializado la  transacción, siendo su único sustento el Informe CITE:  SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2015 de 29 de septiembre de 2017, sobre inexistencia .  

de actividad económica de la proveedora; informe con el que nunca fueron notificados  tanto su persona como la proveedora, a efectos de conocer su contenido y presentar  descargos; hechos que vulneraron la garantía del debido proceso y derecho a la  defensa, consagrados en el art. 115 de la CPE.  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

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i· !  

Por su parte, la Administración Tributaria respecto a lo argumentado por el recurrente· de  que el Informe Nº CITE:SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017, sería el único respaldolpara  depurar las facturas, indicó que el mismo se encuentra respaldado en Actas de Acciones Omisiones y declaraeiones de los vecinos qüe manifestaron que jamás existió el‘  

establecimiento comercial ‘1mportadora Violetade propiedad de María Elena Valverde  Terrazas, situación que fue denunciada ante la fiscalía, por contar con suficientes indicios  

1  

de responsabilidad penal en su contra.  

Expuestos los argumentos de las partes, corresponde verificar si la presunta  vulneración al debido proceso ·Y derecho a la defensa a causa de la faltá: de  notificación con el informe citado es evidente;y, de ser así se dispondrá lo .que  corresponda.  

1 Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento·  l  

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de  

‘  

. procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que. se materializ~ en  

la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas  . ., :  

que se ofrecieren y una decisión pronta del juzqador, Concretamente, es el derecho  

!  

que toda persona tiene· a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se  

‘  acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales, aplicables a todos  

aquellos que se hallen en una situaclón similar.  

1  

l  

‘  

. 1 Cabe precisar que la notificación es: “la acción y efecto de hacer saber, a un litigante  

o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes ·\ ‘  

defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice qLJ.e es  

también constancia escrita, puesta en /os autos, de haberse hecho saber ~ /os  

i  

litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel,  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva Edición. Buenos Aires –  

1  

Argentina: Editorial “Heliasta SAL”, 2006. Pág. 650). f  

Específicamente en materia tributaria, el art. 83 del CTB, establece las form~s medios de notificación, señalando ocho formas legales· de cumplimiento de este acto  de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributarlo:  determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas  formas de notificación, para que surtan los efectos legales correspondientes.  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia . _ • . . Asimismo, el art. 84 del CTB, establece que las Vistas de Cargo y Resoluciones  Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se  refiere el art. 89 de la citada norma, así como los actos que impongan sanciones,  decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a  los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable,  o a su representante legal.  

En cuanto al Procedimiento de Verificación y Control Puntual, el art, 32 del DS 2731 dispone que laverificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan  incidencia sobre el importe pagadoo por pagar de impuestos, se iniciará con la  notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que  se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la  Administración Tributaria.  

Igualmente, la RND Nº 10-0032-16 de 25 de noviembre de 2016, establece en el art . 11, Caso 2. Adeudo Tributario no pagado en una Fiscalización Total, Fiscalización  Parcial o Verificación Externa, que ante la existencia de deuda tributaria no pagada en  su totalidad o pagada parcialmente por el sujeto pasivo, el Departamento de  Fiscalización elaborará el informe de Actuación y la Vista de Cargo. Asimismo, señala  que una vez notificada la Vista de Cargo, y se verifique que el sujeto pasivo no  procedió al pago total de la obligación tributaria determinada y vencido el ·plazo de 30  días para la presentación de descargos, dentro del plazo de 60 días procederá a la  ernlslón y notificación de la Resolución Determinativa.  

Bajo ese contexto se tiene, que el procedimiento de determinación de acuerdo a  normativa regl_amentaria, contempla como actuados esenciales del procedimiento a la  Orden de Verificación, Vista de Cargo y la Resolución Determinativa; actuados que  una vez emitidos por la Administración Tributaria, deben ser notificados al sujeto  pasivo, a objeto de que tome conocimiento de ellos, según el art. 84 del CTB.  

Ahora bien, . de la revisión. de antecedentes, se advierte que el Informe CITE:  SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017 de 29 de septiembre de 2017, elaborado por el  Departamento de Fiscalización, fue respecto al comportamiento tributario de la  contribuyente María Elena Valverde Terrazas (proveedora) con NIT 4300326016 y que  

ectuado el análisis pertinente, concluyó en la inexistencia de actividad económica de la  contribuyente y por ende, la comercialización de facturas sin la efectiva realización de la  

11de26  

NB/150  

9001  

IBNORCA  3~  

Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  1 ~ Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

1  

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  • 1  

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1  

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transacción o hecho generador; aspectos conclusivos que de acuerdo a revisión, fueron  

plasmados en la Vista de Cargo Nº 291750000450 de 1 de diciembre de 2017 (fs. 18~) en  f  

el que señala que el Proveedor no realiza Actividad Económica de acuerdo a lo establecido  

. ‘  

en los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y art. 70 del CTB, remitiéndose al contenido del lnf~rme  CITE: SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017 y otros documentos que forman parte; del  expediente. f  

En tal sentido, si bien la Vista de Cargo únicamente contiene las conclusiones arribadas en  

el Informe CITE: SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017, omitiendo demás información . . J  

detalle de las actuaciones desarrolladas por la Administración Tributaria que sustentarían la  

inexistencia de actividad económica de la proveedora; es menester precisar que másallá  J  

. 1  

de dichas observaciones, la Administración Tributaria en el presente caso, observó  

‘  

primordialmente que el s,ujeto pasivo no cuente con documentación que demuestre la  1 procedencia y cuantía del crédito impositivo, y la falta de documento que constituya prueba  clara, suficiente y fidedigna para demostrar la· efectiva realización del gasto segú~ . los  

numerales 4 y 5 del art. 70 del CTB y art. 2 de la Ley 843, que establece como condiciones  , I  

para verificar la materialización del hecho imponible del IVA: 1) La onerosidad, 2) La  transmisión de dominio o prestación de servicio, y 3) Los sujetos intervinientes.  

Por tanto, se entiende que las observaciones a la proveedora plasmados en el Informe  .

CITE: SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017, no son el objeto fundamental t de  cuestionamiento de la Administración Tríbutarla para el caso analizado, toda vez que a1raíz  de la observación en el registro de Libros de Compras Da Vinci, se procedió ~ la  verificación del crédito fiscal respaldado por las Facturas 1496 y 1498, del ahora recurrente  

a quien se le solicitó informe la cuantía y procedencia del crédito impositivo, situación que  

1  

constituye en la cuestión sustancial del presente caso, y respecto del cual corresponde\que  

asuma defensa; por lo que, los elementos adicionales respecto· a las observaciones ;a la  . proveedora únicamente tienen el fin de respaldar las observaciones previas identifi~d~s a  

la transacción en cuestión; informe que además al estar inserto en antecedentes  administrativos, es de acceso irrestricto para el sujeto pasivo de acuerdo al art, 68 numeral  6 del CTB.  

Es necesario también resaltar que de acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico  AGIT-RJ 0303/2012 de 14 de mayo de 2012: “el informe es un acto interno d~ la  

NB/ISQ ..  

Administración Tributaria, el cual no requiere ser notificado al contribuyente y n~ es 

impugnable” (pág. 22), ya que pone en conocimiento a los superiores en grpdo  i  

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  • 12 de 26  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRÍBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia . . . , . opiniones técnico-legales, para la toma de decisíones, a traves de las conclusiones a  · las que arriba; yprecisamente por el carácter interno de los mismos no se notifica a los  administrados, primeramente porque el documento en s_í, no realiza emplazamiento o  requerimiento alguno, y además conforme criterio de la autoridad jerárquica, el informe  no es susceptible de impugnación, aspecto concordante con el art. 143_ del CTB y art.  4 de la Ley 3092.–  

) .  

Consecuentemente, considerando que las observaciones que atingen al ahora  recurrente tienen que ver con la transacción respaldada mediante las Facturas Nros.  1496 y 1498; observación que fue contemplada en la Vista de Cargo y que a partir de  su notificación, el sujeto pasivo tuvo todas las facultades para producir y formular los  descargos que estime conveniente; consecuentemente, la falta de notificación con el  Informe CITE: SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017, no constituye en sí vulneración al  debido procesó y a la defensa del ahora recurrente; ya que de acuerdo a normativa, el  Informe de Actuación contiene las investigaciones y verificaciones que realiza el  funcionario fiscalizador, cuyas observaciones deben estar plasmadas en la Vista de  Cargo, empero, considerando que tales observaciones están relacionadas al  comportamiento tributario. de la proveedora -que en este caso es un tercero-, tales  aspectos constituyen una cuestión accesoria y complementaria a las observaciones  

. principales contra las cuáles el sujeto pasivo tenía todas las prerrogativas para  ejercitar su defensa a fin· de desvirtuar tales aseveraciones; por lo que, al ser ·  inexistente la vulneración aludida, corresponde desestimar este punto de reclamo.  

IV.2. La insuficiente fundamentación de la Resolución Determinativa por falta de  valoración dé la prueba de descargo presentada.  

El recurrente, manifestó que la Resolución Oeterminativa no estaría debidamente  fundamentada, ya que no se _valoraron los descargos y argumentos formulados;  además, que la Administración Tributaria no probó la inexistencia del hecho con  prueba idónea, conforme prevé el art. 76 del CTB, que exige que quien pretenda hacer  valer sus derechos deberá probar los ‘hechos constitutivos de los mismos, afectando  también con ello el debido proceso y el derecho a la defensa, y la validez del acto  administrativo, según prevé el art. 35 inc. d) de la Ley 2341.  

11‘-~…C··“”-aló que el SIN observó una factura porque estaría reportada por el proveedor nombre de otro contribuyente; sin embargo no fundamentó su observación conforme  

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IBNORC~~  

CoitibdoN”711/1’1  

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Justicia tributaria para vivir bien  . Jan mit’ayir jach’a kamani (Ayrnara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

11~11~1111111~11rn11m1~111~ 1111111111111111 l m~ 

prevé el art. 76 del CTB, siendo que con sus amplias facultades que le otorga el ere,  debió recabar certificaciones, aclaraciones escritas, libros de ventas, copia~ d~  facturas emitidas, declaraciones juradas, registros de bancarización, comprobantes  

t contables, medios de pago, a efectos de probar sus argumentos. i  

Por su parte, la Administración Tributaria .señ~ló que el 11 de enero de 20f8, el  contribuyente presentó descargos contra la Vista de Cargo, que fueron evaluados por el  Departamento· Jurídico y de Cobranza Coactiva, procediendo al efecto a compulsar la  . 1 prueba aportada con .la información almacenada en los sistemas informáticos del :SIN,  validando la factura Nº 1059 y manteniendo la observación de las facturas Nros. 1496 y  

1  

1498 correspondientes al periodo febrero de 2015 por no demostrar la materialización de la  transacción, por lo que no sería evidente la vulneración de la garantía al debido proceso y  derecho a la defensa, que motivaría la nulidad del acto.  

En ese orden corresponde a esta instancia establecer si efectivamente la  Administración incurrió en falta de fundamentación y motivación en la Reso1Jción  Determinativa impugnada, respecto a los descargos y prueba ·presentada por el suieto  1  

pasivo.  

1  

Inicialmente, es necesario considerar lo que el ordenamiento jurídico prevé sob~e la  

1  

temática abordada; es así que el parágrafo 11 del art. 115 de la CPE dispone que el  

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,  . . !  

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin di1aciones”, mientras que en su art. !117,  J  

parágrafo 1, establece que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y  

juzgada previamente en un debido proceso”. En este marco, en los numerales 6.y 7 del  

1  

art. 68 del CTB, se establece que el sujeto pasivo, está amparado por el derecho al  . . . t  

debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios· e~ los  que sea parte interesada, al libre acceso a las actuaciones y documentación ! que  respalden los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros  autórizados; además a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en el Cqdigo  Tributado Boliviano, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta  

por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

Al respecto, la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, estableció que: “(. .. ) … el debido pro~eso,  es entendido como e/derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuit~, sin  dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinaciorial de Bolivia . conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar  eficazmente su defensa, el derecho ·a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse  adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado. del Estado, donde se encuentren en  riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es áplicable en el ámbito judicial,  sino también administrativo”.  

El debido proceso involucra además, el derecho de defensa, entendido éste como la  garantía ·que permite que aquella: “persona que se encuentre sometida a una  investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en  discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar  en defensa de tales derechos e intereses” (YACOLCA ESTARES, Daniel. Tratado de  

Derecho Procesal Tributario – Volumen 11. 1 ra. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012. Pág.  . . .  

1123). Es así que la garantía del debido proceso contempla una serie de elementos tales  como el derecho a ser oído y presentar pruebas, a obtener una decisión motivada y  fundada, a conocer el expediente, entre otros; elementos que han de ser fundamento de  las pretensiones de las partes al momento. de pedir tutela efectiva y asumir la  competencia de un órgano judicial o administrativo, con la finalidad última de que se  pronuncie un fallo que contenga decisiones expresas, claras y positivas sobre las ·  

cuestiones discutidas; esto hace a la transcendencia del debido proceso con el objeto de  llegar a la materialización de la seguridad jurídica.  

En este sentido, la doctrina establece que la fundamentación, constituye una explicación  razonable de los argumentos que llevan a una autoridad a asumir una decisión  determinada; asimismo, se conceptualiza la motivación como la acción de “explicar,  según las reglas de una sana lógica, por qué /as va/oraciones tanto fácticas como  

jurídicas se han hecho en cierto sen.fido y no en otro (. .. ), es decir, motive: no es sino  razonar fundadamente.” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero.y  Tributario. 8va Edición. Buenos Aires: Editorial ASTREA. Pág. 426-427). De esta forma,  se entiende que “e/ acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus  

propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión  que adopta”, siendo que esa “explicación debe serlo tanto de los hecnos y antecedentes  del caso, como del derecho en virtud· del cual se considera ajustada a derecho la decisión  y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos”  

GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo Tomo IV. 8va .. Edición. Buenos  Aires: Editorial Fundación de Derecho Administrativo, 2004. Págs. 11-36 y 37).  

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IBNORCA  “‘:=~  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

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1  

1  

1  

Por su parte, la SC 2227/2010-R, precisó que: “(, .. )toda resolución ya seaju~isdicci~nal ‘  . administrativa, con la finalidad. de garantizar el derecho a la motivación como  .. elemento configurativo del debida. proceso debe contener los siguientes aspectos a  

saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesetée, b)  Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe  

describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica  1  

aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizad~ todo~ los  medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de ma1nera  concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios produckios,  asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forina motiJada,  ‘fJ Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las  

partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valora.ción  i  

de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente efe la  determinación del nexo de causalidad antes señalado” (Negrillas nuestras).  

Ahora bien, con relación a la prueba, la doctrina enseña que: “/a misma consiste ep las  razones extraídas de las fuentes de pruebá, exteriorizada en los conskierendos. del  

Acto Administrativo que resuelven el fondo de la Controversia Tributaria, qué producen  · ‘ª convicción o certeza en el juzgador sobre la existe~cia o no del hecho objetó 1e fa” –  pruebe; es decir, de la hipótesis de la incidencia· tributaria en si misma; y con releclén al  

1  

Acto Admf nistrativo en sí, refiere como derecho · fundamen_tal a un d~bido  

Procedimiento Administrativo la obtención de una Resolución fundada y que consiste  1  

en el derecho a que la administración. se pronuncie sobre todas y cada una dé las  cuestiones formuladas en el expediente, lo cual implica el derecho a que e‘.n la  Resolución recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados, debiendo la  Administra.ción pronunciarse· expresamente sobre los argumentos invocados p~r el  contribuyente, de lo contrario la Resolución Fine’. edotecerie de nulidad por produclr  

1  

indefensión” (YACOLCA, Daniel Estares: BRAVO, Cucci Jorge; GAMBA, Valega César.  Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen L Doctrina procesal Tributaría., 1 ra. .· ¡  Edición. Lima-Perú: Editorial Pacífico Editores S.A.C., 2012. Págs. 127′-128, 194-195).  

Por su parte, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración éJe la  verdad de una afirmación, de leexistencie de una cosa· o de la realidad de un hecho”;  

asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente considera: que  ‘  

es: “Toda aquella que una parte. obtiene, o al menos declara así con basf[inte  verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo  

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16 de 26  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

. Estado Plurinacional de Bolivia probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar Ja  deslealtad litigiosa, de ahí que se exija Ja demostración de tratarse de hecno posterior  a Jos escritos de demanda o. de contestación o no haber tenido conocimiento con  anterioridad” (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.  8″ Edición. Argentina. Editorial Heliasta. Págs. 497, 504).  

Al respecto, los numerales 6 y 7 del art. 68 del CTB, establecen como derechos del  sujeto pasivo, el derecho al debido proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos  previstos en este código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en  cuenta por los órganos competentes ·al redactar. la correspondiente Resolución;  en la misma línea el art. 81 de la citada ley, determina que las pruebas se apreciarán  conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan  con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que  fueran ofrecidas fuera de plazo; pudiendo ser presentadas con juramento de reciente  obtención, aquellas respecto a las cuales el sujeto pasivo, pruebe que la omisión no  fue por causa propia, debiendo rechazarse las siguientes: 2 .. Las que habiendo sido  requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización,. no  hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y  compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la · Resolución  Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos·  señalados en los numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria  pruebe que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de  reciente obtención.  

En materia tributaria, dentro del proceso de determinación de la deuda tributaria, el  Código Tributario Boliviano establece en el art. 99.11, que la Resolución Determinativa,  que dicte la Administración Tributaria, deberá contener como requisitos mínimos: lugar  y fecha nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda  tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la ·calificación de la conducta y la  sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la  

  • autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo  contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita,  viciará de nulidad la Resolución Determinativa. Por su parte el art. 7.1 de la RND 10-  

0032-16 establece: “La. Resolución Determinativa debe contener(. .. ) k) Relación de las  ¡r_-_,~~~-p~ruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentadas por el  

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NB/ISO  

9001  

ISNORCAJ  “”::~·  

Caitlfiado~71V71  

Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

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1  

  • 1  

sujeto pasivo y Ja valoración por parte de la. Administración Tributaria de cada una de fas  ‘  

  • pruebas y/o alegatos presentados”.  

1  

Por otra parte, la doctrina administrativa considera que el instituto jurídico de l~s áctos  anulables, indica que: ‘tos actos administrativos son y deberán ser considerados véliaos  

. .. . 1  

hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados t  

revocados; para Jo cual, es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, ~ean  denunciados por el interesado ante Ja autoridad Administrativa competente, toda vei que  

1  

cuando se trata de actos anulables,· por Jo general los vicios de Jos cuales adolecen no  son manifiestos y requieren de una investigación de hecho (GORDILLO Agustín, “Tr~tado  de Derecho Administrativ~” – Tomo 1·11, Octava edición, Fundación de Der~cho · Administrativo, Buenos Aires -Argentina, 2004, Pág. Xl-33). ·  

Asimismo, el art. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) establece: “l. Serán  

anulables Jos actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento  

.1  

jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. //. No obstante Jo dispuesto ~n el  numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará. Ja anulabilidad cuando el eao  . carezca de los requisitos formaÍes indispensables P?ra alcanzar su fin ·O /ugaria la  indefensión de /osinteresados”.  

1  

!  

Ingresando al análisis· del caso, la Vista . de ·cargo Nº 291750000450 (91TE:  SIN/GDPT/C?F/SVENC/00389/2017), notificada a la Empresa Constructora Ouintanilla  

& Quinfanilla S.R.L el 11 de diciembre de 2017, señaló que como resultado ~e la  

  • 1.  

verificación efectuada observó el cómputo oel crédito fiscal respaldado en las facturas  

. ., .  

Nros. 1496 y 1498 correspondientes al período febrero de 2015, debido a que el suíeto  . . t  

pasivo: “(, .. ) no cuenta con documentación que demuestre la procedencia y cuantía del  crédito impositivo correspondiente . a las facturas observadas, ni presentó docum1ento  alguno que constituya una prueba clara, suficiente y fidedigna, para demostrer Ja  efectiva realización del gasto con el proveedor, según !p dispuesto los numerales +v 5  

del Artículo 70 de Ja Ley 2492 (CTB) (. .. )”, precisando además que quien pretenda  . 1  

beneficiarse del crédito· fiscal está obligado a demostrar la existencia no sólo de la  onerosidad de la compra y/o servicio a. través del medio de pago, sino también la . . . 1 .  transmisión de dominio de los bienes adquiridos o la prestación del servicio, los cuales  

no fueron acreditados por el sujeto pasivo, adicionalmente afirmó la inexistencia de  actividad económicade la proveedora; .Y por otra parte, observó que la factura Nº 1059  del período febrero de 2015 fue reportada por su proveedor a nombre de 1otro  

. (fJ ....  

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.t\UTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia . . . , . contribuyente. En base a ello, liquidó preliminarmente una deuda tributaria de 80. 739  UFV’s, correspondiente al impuesto al Valor Agregado del periodo febrero de 2015,  monto que comprende tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago (100%)otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme al art. 98  del CTB.  

Contra este actuado, el contribuyente asumió defensa formulando descargos mediante  

nota de 11 de enero de 2018, señalando entre otros aspectos que: 1. A diferencia de  

. –  

otras verificaciones, el SIN no solicitó mayor documentación, pese a que las notas  fiscales observadas contienen importes mayores a Bs50.000.-, incumpliendo el  procedimiento de verificación y vulnerando el derecho a la defensa, ya que las facturas  Nros. · 1496 y 1498, fueron depuradas. porque supuestamente no se sustentó la  procedencia y cuantía del crédito impositivo; sin embargo, en ningún momento se le  requirió documentación como libros diarios, libros mayores, registros de inventarios,  contratos de proyectos, planillas de avance de obra, extractos bancarios, fotocopias de  cheques, recibos, etc. para respaldar sus observaciones, por lo que la liquidación de la  deuda no fue sobre Base Cierta; 2. Señaló que cumplió con los requisitos para  beneficiarse del cómputo del crédito fiscal, pues presentó facturas originales, por la  compra de materiales de construcción,· que estarían vinculados a la actividad gravada,  transacciones canceladas con cheque 439 (pago de las facturas 1496, 1498 y  1500) del Banco Unión, emitido a favor de la titular del NIT y dado que las facturas  observadas datan de la gestión 2015 no comprometía su responsabilidad si la  proveedora ya no tenía actividad económica, aclarando que los materiales adquiridos  fueron recibidos en obra· e inclusive eran remitidos directamente por los fabricantes importadores a sus galpones o proyectos según la instrucción del vendedor, a fin de  reducir costos de carguío y fletes; 3. Sostuvo además que la Vista de Cargo,  únicamente señala que la factura 1059 fue observada por haber sido reportada por el  proveedor en su Libro de. Ventas IVA a nombre. de otro contribuyente, sin mayor  información. 4. Finalmente, manifestó que el SIN debió solicitar a sus proveedores  certificaciones, aclaraciones escritas, libros de ventas IVA, copias de facturas emitidas.  . declaraciones juradas; registros de bancarización, comprobantes contables, medios de  pago y todo cuanto demuestre la transacción, a fines de trabajar sobre Base .Cierta.  

Al margen de los argumentos de descargo expuestos, el ahora recurrente adjuntó en  “dad de prueba: C.I. del representante legal, Constancia de presentación de  Información Bancarización, Registros Auxiliar-Compras y Ventas Mayores a Bs50.000.-,  

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Justicia tributaria para vivir bien  

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  

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NB/150 1 9001  

IBNORCA  

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c.tificadoW77tm  

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

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fotocopia del Cheque Nº 439 Banco Unión, Orden de Verificación Nº 1799020329J con  ¡  

sus diligencias de notificación y las facturas Nros. 1059, 1496; 1498 y 1500 con la  

1.  

finalidad de sustentar las transacciones observadas.  

1 De los antecedentes, se tiene que entre los fundamentos de orden . fáctico y leg~I, la  Resolución Determinativa estableció en relación a la factura Nº 1059 correspondiente al  período febrero de 2015 observada por (p) no encontrarse reportada por: sus  proveedores a favor del contribuyente, que procedió a verificar losreportes del Sistema  

‘  

SIRAT 2, módulo consultas a Libros Módulo Da Vinci LCV de las ventas reportadas por la  

· :  

proveedora emitidas durante la gestión 2015 a favor del ahora recurrente; evidenciando un  

i  

error de registro en el número de factura por parte de la proveedora al momento de registrar  

. 1 ..  

sus Libro~ deVentas IVA; por lo que al cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 4  

y 8 de la Ley 843 y 70 numerales 4 y 5 del CTB, consideró válida la factura Nº 1059 para el  1  

cómputo del Crédito Fiscal IVA del período febrero de la gestión 2015.  

1  

Continuando con la revisión de la Resolución impugnada, respecto a las facturas 1496 y  1498, señaló en primera instancia que para acreditar la materialización del hecho imponlble,  

es preciso que se cumplan las 3 condiciones previstas en el art. 2 de la Ley 843 (TO) que  

. J  

son 1) La onerosidad; 2) La transmisión de dominio o prestación de servicio y, 3)i Los  sujetos intervinientes; así también se advierte de su contenido que seguidamente, b~jo el  subtítulo: “DESCARGOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE” ingre.~;ó al  

tratamiento ·de los descargos presentados por el contribuyente, para lo cual procedió . ‘  

detallar un listado de documentación presentada, . además dé transcribir in extenso los  argumentos de descargo del sujeto pasivo contenidos en la nota de 11 de enero de ~018;  

posteriormente, bajo el rótulo “ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS POR EL SERVICIO DE  

1  

IMPUESTOS NACIONALES”. En la Resolución Determinativa señaló también que: l‘Con  respecto a las facturas 1496 y 1498 emitidas por Ja proveedora María Elena Val~erde  Terrazas que fueron depuradas con las observaciones de: (0-Q).Facturas donde n~ se  demuestra la materialización de la transacción y el proveedor no realiza la actividad  v medios fehacientes de pagp wmo descargo no . son válidas para subsan”‘; las O  

económica. Mismas se mantienen debido a que; sibien presento originales de las fact~ .. ras. . observacio’1es hechas a las facturas en la Vista de Cargo 29175000450.” . ! (iJ  

Asimismo, la Resolución Determinativa agregó que de acuerdo a Actas de Acciones y Ns/Isa ; : ·90Qf;··: .  

Omisiones, Informe con CITE: SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017 e Informe k 1á11.1ói::tt:A :: ‘.  ~ ,~·-· SisOtrad•~  

Complementario con CITE: SIN/GDPT/DF/SVE/INF/00163/2018, se evidenció que la ·::~”!P#w

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11 ill~lllllllillillllllllilll!!lllllllHlllll!IH 

AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado PJurinacionaJ de Bolip~oveedora no realizó ninguna actividad económica, ejecutando solamente la  comercialización de facturas sin la realización efectiva de la transacción; por lo que las  facturas observadas no eran válidas para· el cómputo del crédito fiscal debido a que la  proveedora no realizó la efectiva transacción económica y transferencia de bienes y/o  servicios incumpliendo los arts. 4 y 8 de la Ley 843, no exlstlendo hecho generador en las  transacciones de las facturas por compra de material de construcción. Bajo tal argumento,  señaló que el recurrente incumplió el art. 4 inciso a) de la Ley 843 y art. 3 numeral 5 de la  RND 10-0012-12. (el subrayado es nuestro)  

Finalmente,· 1a Resolución señaló que el crédito fiscal emerge de una operación de “compra”  que a su vez representa una “venta” respaldada con la emisión de una factura, y el  

cumplimiento de las condiciones previstas en el art. 2 de la Ley 843 (TO): “Por lo que, el  sujeto pasivo que pretenda beneficiarse del Créc/ito Fiscal está obligado a demostrar la  existencia no sólo de la onerosidad de· la compra y/o servicio a través del medio de pago,  sino también la transmisión de dominio de los bienes adquiridos o a la prestación del  servicio, los cuales no fueron presentados . por el sujeto pasivo sujeto a verificaci9n”.  Posteriormente, procedió a transcribir in extenso las conclusiones éontempladas en el  lntorme con CITE: SIN/GDPT/DF/SVE/INF/02788/2017; y finalmente, afirmó que: ‘1De  acuerdo al análisis a los descargos presentados por el contribuyente, se concluye que la  única observación que se valida es la factura Nº 1059 de fecha 18 de febrero·de 2015 que  fue observada por error de registro por parte del proveedor; con respecto a las demás  observaciones emanadas en la Vista de Cargo Nº 29175000450 se mantienen integras; por  lo que se establece que el sujeto pasivo EMPRESA CONSTRUCTORA “QU/NTAN/LLA &  

. QU/NTANILLA” S.R.L. representado legalmente por Quintanilla Kanal1dt Ángel no  determinó ni declaró correctamente el crédito fiscal /VA conforme a Ley en el período  febrero de la gestión ~015]”  

De acuerdo a las glosas precedentes, se advierte que en la Resoluci.ón Determinativa, en el  análisis de los argumentos y de la prueba aportada, si bien en principio procedió a detallar  la prueba aportada así como los argumentos de defensa expuestos por el recurrente,  posteriormente, limitó su análisis a sostener que el sujeto pasivo si bien presento originales  de las facturas. y medios fehacientes de pago como descargo no son válidas pata subsanar  las observaciones hechas a las facturas en la Vista de Cargo Nº 29175000450; argumentos  

que carecen totalmente de una explicación o análisis del por qué la Administración  ……………….. ”  

n utaria consideró que la prueba aportada por el sujeto pasivo resulta insuficiente; es  21de26  

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NB/150  

9001 1  

IBNORCs“‘.l’:.:1:=”  c..tiffadoN”ntm  

Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

1  

~1111~111rn11n1~1111m11111m111111111111111H 

decir, no contempló explicación alguna de por qué los argumentos y elementos de prueba  aportados por el sujeto pasivo no desvirtúan las observaciones detectadas.  

i  

  • 1 Al respecto, es necesario señalar que la Sentencia Constitucional 2023/2010-R sostuvo  que: “La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas le~ales,  

sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara . . . 1  

satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar . las convicciones  

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión (. . .) al contrario, cuando la  

  • 1  

resolución aun siendo estense no traduce las razones o motivos por los cuales se tome una  

1  

decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”  

En este mismo marco, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de  

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0205/2015 de 13 de febrero de 2015, precisó que: “(..·.)debe  . hacerse mención a que la fundamentación, en relación a la valoraCión de la prueba, no  

puede limitarse ·a la repetición de fórmulas generales que no · Impliquen : una ·  explicación propia de las .causales para desestimarla, debiendo al respecto tornár en  cuenta las situaciones en las que se produce “motivación arbitraria’: es decir, los cesoeque:  

. “una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, .irrazonable de la prueba o, en  

su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 096512006-  

R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas  . . . 1  

1  

(hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión”,  

‘  

debiendo existir “dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado ~ no  fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipotesis (premisas) s?bre  los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión i (SC  046612013) “.  

Consiguientemente, al momento de valorar la prueba, es preciso que la Administración  

1 ‘  

Tributaria se pronuncie sobre cada uno de los elementos aportados, debiendo consiqnar de  

1  

forma expresa por qué los documentos de prueba aportados no desvirtúan las pretensiones  

¡  

del Sujeto Activo; no . sin antes efectuar una labor de · compulsa de dichos elementos  probatorios en relación a las observaciones identificadas y cargos atribuidos, a fin de  demostrar cómo fueron considerados o evaluados; de· tal manera, en el presente caso, la  

Administración Tributaria debió verificar si la prueba se relacionaba a alguno de los  elementos o condiciones: 1) La onerosidad; 2) La transmisión de dominio o prestación de  · servicio y, 3) Los sujetos intervinientes;qúe acrediten la materialización de la transacción  . observada conforme el art. 2 de la Ley 843 (TO).  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Piurinacional de Bolivia  

En este caso como prueba de descargo principal, el contribuyente presentó Constancia de  presentación de Información Bancarización, .Registros Auxiliar-Compras y Ventas  Mayores a Bs50.000.-, y fotocopia del Cheque Nº 439 Banco Unión, sobre esta prueba en  particular no hay un análisis ni su relacionamiento con las condiciones antes indicadas  (onerosidad, traslación y sujetos) a efecto de dejar en claro y sin duda alguna, qué otros  elementos de esa condición no fueron probados, en vez de limitarse a .añrmar que “e/  

sujeto pasivo que pretenda beneficiarse del Crédito Fiscal está obligado a demostrar Ja  existencia no solo de la onerosidad de la compra y/o servicio a través del medio de pago,  sino también la transmisión de dominio de los bienes adquiridos o a la prestación  del servicio, los cuales no fueron presentados por el sujeto pasivo sujetó a verificacióndando a entender que el sujeto pasivo no demostró la onerosidad ni la traslación de  dominio, lo que desde luego lleva a la· incertidumbre de que la Administración Tributaria  

no consideró los documentos bancarios presentados como descargo.  

Por lo expuesto, es claro que la Adrninistración Tributaria, habiendo establecido los tres  elementos para considerar cumplida la condición de realización de -la transacción estaba  en la obligación -a momento de analizar y compulsar la prueba de descargo presentada  por el sujeto pasivo y la de cargo obtenida en su función de investigación- de relacionarlas  con los indicados elementos, a fin de identificar cuáles de ellos no fueron desvirtuados o  

demostrados por el sujeto pasivo para el reconocimiento del crédito fiscal observado; es  decir, indicando de forma individualizada y cierta qué elemento no probado sustentaría la  depuración del crédito, en vez de señalar o repetir afirmaciones generales que generan  ,duda sobre su función y labor valorativa de la prueba aportada.  

En tal sentido, el argumento expuesto en la Resolución impugnada de que· los originales de  las facturas. v medios fehacientes de pago como descargo no son válidas para subsanar  las observaciones hechas a las facturas en la Vista de Cargo, no es sustento suficiente para  suplir el adecuado análisis y fundamento que debió plasmar en dicha Resolución;  resultando un argumento genérico y ambiguo, pues no otorga pleno convencimiento a las  partes (sujeto pasivo) de que la prueba fue realmente valorada para calificarla como  insuficiente para confirmar los reparos inicialmente establecidos.  

En cuanto a los argumentos de descargo expuestos por el recurrente, cabe señalar que de  acuerdo al art. 68.7 del CTB y art. 7.1 de la RND 10-0032-16, “La Resolución Determinativa  debe contener ( .. .) k) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación  e información presentadas por el sujeto pasivo. y la valoración por parte de la  

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NB/150  

900l  

IBNORCA  ~~  

CeititkaioN”711/11  

Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

11 ~1m111111111~1m~1~mm1m111111111111111,H 

Ad~inistración Tributaria de cada una de las pruebas. y/o aiegatos presentados”. ~n tal  

sentido, la Administración Tributaria. además de valorar las pruebas aportadas, deberá  ‘  

pronunciarse sobre los argumentos y reclamos formulados por el ahora recurrente en  ejercicio de su defensa, siendo evidente que en el presente caso, omitió pronunciarse sobre  los argumentos de descargo, vulnerando la garantía del debido proceso y el derecho a la  

defensa; pues tai ·omisión se traduce en una indefensión material del sujeto pasivo, al no  

‘  

haber explicado las razones de por qué los mismos no son válidos para desvirtuar los  cargos establecidos y en consecuencia haber otorgado respuesta a los reclamoJ del  recurrente.  

  • ~  

Cabe aclarar que al momento de fundamentar la valoración de la prueba, es necesario que  

i  

el sujeto activo exponga de forma clara y precisa el valor que se les asigna a cada uno de  los elementos probatorios, considerando una a una las pruebas aportadas y estableciyndo  los criterios inequívocos para su consideración; pues no basta que rechace la prueba sin  haber efectuado la debida compulsa, dejando en incertidumbre al sujeto pasivo e  

impidiéndole conocer los argumentos por los cuales consideró que toda la prueba aportada  !  

no era válida; situación que ocurre en el presente caso; ya que el recurrente considera!que  . 1  

cumplió con los requisitos para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal, y que las  

1  

. . 1 observaciones detectadas a su proveedora no pueden ser imputadas en su contra; en  

tal sentido, se advierte que no conoce a cabalidad cuál fue el razonamiento d1e la  

  • 1 Administración Tributaria para desestimar su prueba, situación que lo deja en incertldumbre  

y consecuentemente vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso en su vertiente  . ‘.· l  

de fundamentación y motivación respecto a la valoración de la prueba. :  

En ese entendido, la Resolución impugnada no contempla de forma expresa la valoración  de. la prueba y de los argumentos de descargo expuestos en relación a las .facturas 1496 y  

1498, aspecto que impide al sujeto pasivo conocer las razones por las cuáles la  . i

Administración Tributaria consideró que la prueba aportada no desvirtúa las observaciones  

contempladas en la Vista de Cargo, hecho que incide en la fundamentación que debe  . . !  

contener la Resolución Determinativa, por lo que carece de argumentos respecto fa la  valoración de la prueba aportada, limitándose a señalar argumentos totalmente ambiguos a  . 1  

través de una calificación general y subjetiva de la prueba que desde luego coloca en ·  

incertidumbre e indefensión al sujeto pasivo, lo que se traduce en una anulabilidad  j  

expresamente establecida en el Parágrafo 11, art.36 de la Ley 2341.  

e  

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1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 · 

. AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia .  

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que la  Gerencia Distrital Potosí del SIN, vulneró la garantía del debido proceso en su elemento  de motivación y fundamentación que repercute también en la vulneración del derecho a la ··  defensa, establecidos en los arts. 115.11y117.1 de la Constitución Política del Estado;  arts. 68 núm. 6 y 7 del CTB, de la Empresa Constructora Quintanilla & Quintanilla S.R.L,  representada por Ángel Quintanilla Kanaudt. Por lo que, al amparo del art. 36 de la Ley de  Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente en materia tributaria por disposición  del art. 7 4 numeral 1 del CTB, corresponde. a esta instancia de Alzada, anular la  Resolución Determinativa Nº 171850000193 de 19 de abril de 2018,? objeto de que la  Administración Tributaria emita nueva Resolución que efectúe la valoración de toda la·  prueba y argumentos . aportados por el sujeto pasivo y · contenga la debida  fundamentación y motivación conforme a_ los arts. 99 del CTB y 19 del OS 2731 (RCTB).  

POR TANTO  

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del OS Nº 29894 de 7 de  febrero de 2009.  

RESUELVE:  

PRIMERO.- ANULAR, la Resolución Determinativa Nº 171850000193 de 19 de abril de  2018; emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, a  objeto de que la Administración Tributaria, emita una nueva Resolución, en la que se  efectué la valoración de toda la prueba y argumentos aportados por el sujeto pasivo y  contenga la debida fundamentación y motivación conforme a los arts. 99 del CTB y 19  del DS 27310 en resguardo del debido proceso y del derecho a la defensa. Todo,  conforme establece el art. 212.1.c) del referido Código Tributario Boliviano .  

. SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo  115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,  o.M.o-..-.. ….. onforme establece el artículo 199 de fa Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio  para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)  

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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad  CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del  

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