ARIT-CHQ-RA-0191-2012 Resolución Sancionatoria errónea de parte del SIN a persona jurídica extinta

ARIT-CHQ-RA-0191-2012

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0191/2012  

RECURRENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL  ÓRGANO JUDICIAL, representada legalmente por  

FREDDY GIMÉNEZ RIVERO.  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE  IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por  

MARIA GUTIERREZ ALCON.  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0067/2012.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 10 de diciembre de 2012.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano  Judicial, representada por el Lic. Freddy Giménez Rivero, contra la Resolución  Determinativa Nº 17-000180-12 de 25 de julio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital  Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 11 de septiembre  de 2012; notificación a la Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento  conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; la  prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del  recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0191/2012 y todo cuanto ver  convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado,  trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada,  se tiene lo siguiente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Determinativa Nº 17-000180-12, de 25 de julio de 2012, determinó de oficio y sobre base  cierta, deuda tributaria contra el contribuyente Consejo de la Judicatura, registrado con NIT  1000761025 por incumplimientos a deberes formales consignados en Actas por  Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación, por UFV’s 16.300  (Dieciséis mil trescientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por los periodos febrero,  marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2008.

Resolución Determinativa que fue notificada mediante cédula, el 2 de agosto de 2012, e  impugnada por el Director General Administrativo y Financiero del Órgano Judicial, el 22 de  agosto de 2012, dentro del plazo previsto por el art. 143 del CTB.

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  1. CONTENIDO DEL RECURSO.  

La Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, representada inicialmente por  Luis Fernando Díaz Enríquez y posteriormente por Freddy Giménez Rivero (el recurrente)  se refirió en primera instancia a las observaciones de forma realizadas sobre el  procedimiento determinativo seguido contra del Consejo de la Judicatura, de la siguiente  manera:

  1. Las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación  Nros. 00041425, 00041426 y 00041427, contienen falencias consistentes en: 1) Sobre  escritura y borrones; 2) Nº 00041474, tachadura que no permite apreciar correctamente la  fecha de emisión; 3) Nº 00041430, tachadura en el primer cuadro; 4) Nros. 00041431 a  00041435 No identifican a los firmantes, ya que solo consta una firma ilegible, más no la  descripción de quién la realiza. Estos errores, borrones y superposiciones invalidan el  contenido de las citadas actas, ya que estas se constituyen en documentos públicos, con lo  cuales se pretende acreditar incumplimientos a deberes formales, constituyen prueba de  sustento, que no debe contener defectos, de acuerdo al art. 77. III del CTB.
  2. Señaló que la Vista de Cargo SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012, incumple  con los requisitos establecidos en el art. 96.III del CTB, al existir diferencias en fechas y  fundamentos, como en el caso del punto III.2 del Informe Final de 25 de abril de 2012, en el  cual se hizo referencia al acta de recepción de documentos de 27 de junio de 2011 firmada  por Farid Antezana Vedia, quien en ese momento no se constituía funcionario del Consejo  de la Judicatura, de acuerdo a Memorando CJ-GRH-0364/2011, de 10 de agosto de 2011.
  3. En cuanto a los descargos presentados a la Administración Tributaria, alegó que estos  fueron rechazados sin argumentos legales, aspecto que consideró un agravio, ya que todo  análisis de un descargo o prueba en proceso administrativo o judicial, debe merecer el  pronunciamiento expreso y completo de todos y cada uno de los aspectos observados,  citando al efecto la sentencia constitucional Nº 12/2002-R, de 9 de enero de 2012.
  4. Respecto a la Resolución Determinativa, manifestó que los supuestos errores en libros  de compras, menciona al parágrafo II numeral 2. a), d), e) y j) de la RND 10-0016-07, sin  especificar al artículo al cual se refiere; también expresó, que en el cuadro de  incumplimientos a deberes formales que cursa a foja 4 del mencionado documento, no  detalla de cuales actas emergen los importes finales, situación que atenta al derecho a la  defensa.

Como argumentos de fondo, el recurrente señaló lo siguiente:

  1. Que el Consejo de la Judicatura, no es sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado, de  acuerdo a los certificados de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, por lo que  no corresponde la revisión del impuesto IVA; fundamentando con el contenido de los arts. 1  y 3 de la Ley 843, en razón a que el Consejo de la Judicatura, no realiza a cuenta propia o  de terceros venta de bienes muebles, tampoco realiza importaciones definitivas u obras o  servicios. Respecto a las declaraciones juradas IVA, presentadas en Form. 200, señaló que  este hecho, se efectuó por confusión y que ello no genera ningún efecto al no haberse  omitido ningún impuesto. También manifestó, que no existe norma tributaria que sancione a  un contribuyente por haber declarado un impuesto que no le correspondía y menos  sancionarle por defectos en esas declaraciones, ya que el Consejo de la Judicatura, no se

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encontraba obligado a presentar esa declaración y que de acuerdo al art. 14. IV de la CPE,  nadie esta obligado a hacer lo que la constitución y las leyes no manden, aspecto  relacionado con el principio de legalidad establecido por art. 6 del CTB, conocido como  nullum tributum sin lege, que exige que la ley tributaria establezca claramente el hecho  imponible. Consiguientemente, sobre los libros de compras IVA, expresó que de acuerdo al  art. 45 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, sólo los sujetos alcanzados por el  IVA están obligados a llevar estos registros, para fines impositivos.

  1. Por último, indicó que se aplicó erróneamente el punto 3.2 de la RND 10-00037-07, con  una multa de UFV’s 1.500, cuando correspondía aplicar la RND 10-0030-11, con la multa  modificada; todo esto en función a la excepción establecida para la aplicación del Principio  de Retroactividad, de acuerdo al art. 123 de la CPE y art. 150 del CTB.

En el memorial de subsanación de recurso, el recurrente manifestó que no obstante  haberse hecho conocer a la Administración Tributaria de las transformaciones del Órgano  Judicial por efecto de la Ley 212, se siguió considerando al Consejo de la Judicatura como  persona existente, cuando su vigencia solo fue hasta el 31 de diciembre de 2011,  emitiéndose contra esta tanto la Vista de Cargo y Resolución Determinativa y ejecutándose  las notificaciones de igual modo, es decir a una persona inexistente por expresa  determinación del art. 4 de dicha Ley, cuando debió incluir a la Dirección Administrativa y  Financiera del Órgano Judicial, lo contrario significa la determinación de cargos contra una  persona que no existe en contravención de los arts. 151 y 159 del CTB.

En base a los antecedentes y fundamentos expuestos, de conformidad a los art. 5, 6 y 8 del  DS 27350 del reglamento específico para el conocimiento y resolución de Recurso de  Alzada y Jerárquico, solicitó la nulidad de obrados y en caso de no aceptarse esta, la  revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 17-000180-12.

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

Mediante Auto de 29 de agosto de 2012, se observó el Recurso de Alzada por  incumplimiento del art. 198. b) y e) del CTB. Dentro del termino legal, se subsanó las  observaciones efectuadas y adicionalmente señaló que su legitimación activa o interés  directo se funda en la Ley Nº 212, que en su art. 1 estableció que su objeto es: “Regular la  transición, traspaso, transferencia y funcionamiento ordenado y transparente de la  administración financiera, activos, pasivos y otros del Poder Judicial al Órgano Judicial y al  Tribunal Constitucional Plurinacional”, y que de acuerdo al art. 4 del mismo cuerpo legal, “El  Consejo de la Judicatura, a tiempo de cesar funciones deberá dejar el inventario, por  gestión fiscal, de todos los activos, pasivos, bienes, valores y documentos contables y  administrativos del Poder Judicial. Esta información, será entregada en forma física y digital  a la Dirección Administrativa y financiera del Órgano Judicial, con todas las formalidades de  ley, en presencia de Notario de Fe Pública”, disposiciones en mérito a las cuales justificó su  legitimación e interés directo para el planteamiento del recurso de alzada.

Finalmente, el 11 de septiembre de 2012, se emitió Auto de Admisión y se dispuso notificar  a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días conteste y remita los  antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la  resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto que fue notificado a  la entidad recurrida el 18 de septiembre de 2012, tal como consta en la diligencia de foja 59  del expediente.

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  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  

Dentro del término de ley, se apersonó la Lic. María Gutiérrez Alcón, acreditando su  condición de Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, respondió  de forma negativa al recurso planteado, expresando lo siguiente sobre las observaciones de  forma:

  1. En cuanto a las Actas Nros: 041425, 041426 y 041427, señaló que efectivamente existen  correcciones en ellas y que esto precisamente estuvo destinado a reflejar datos correctos,  resultando de ello, datos perfectamente legibles y comprensibles y que ello no ocasionó  vulneración a algún derecho del contribuyente, quien tuvo conocimiento cierto e inequívoco  de los cargos atribuidos. Continuó señalando, que las actas emitidas se basan en el art. 18.  1. caso 3 de la RND 10-0037-07, y que en todo caso la Vista de Cargo, es el acto  administrativo que hace las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional, que de lugar  a la apertura la etapa de descargos, que pudiesen ser presentados por el contribuyente.
  2. En relación al retraso en la presentación de la documentación requerida, manifestó que  este hecho no puede ser desvirtuado bajo el argumento de que la persona quien la  presentó tardíamente fuese o no funcionario del contribuyente; sino que al margen de ello,  no existe constancia de presentación de la documentación dentro del plazo previsto.
  3. Sobre la Resolución Determinativa impugnada, sostuvo que la misma efectúa mención  clara y puntual de la normativa legal que sirvió de base para sancionar; por consiguiente el  contribuyente al conocer la normativa tuvo la posibilidad de ejercer los derechos conferidos  por ley.

Respecto a las observaciones de fondo, manifestó que desde un principio, la Administración  Tributaria consideró que la actividad desarrollada por el Consejo de la Judicatura, no se  encuentra gravada por el IVA; empero manifestó, que esta situación no le exime de la  obligación de presentar información de forma periódica respecto a Libros de Compra IVA,  de acuerdo a disposición final cuarta de la RND Nº 10-00016-07, que modificó el parágrafo  II del art. 6 de la RND Nº 10-0047-05, en la cual precisamente se encuentra el NIT  1000761025 correspondiente al contribuyente, por lo que se demuestra que si bien el  Consejo de la Judicatura no esta gravado al IVA, de igual forma, tenía la obligación de  presentar periódicamente información referida a sus compras IVA.

Por último, respecto a la aplicación retroactiva de la RND 10-00030-11, manifestó que esta  no es procedente ya que el numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, con la cual se sancionó, no  fue objeto de modificación, derogación ni abrogación, por la norma que se pretende aplicar.

Por estos argumentos, la Administración Tributaria, solicitó se dicte resolución confirmando  la resolución impugnada, en aplicación del art. 212. b) del CTB.

 

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación del art. 218. d) del CTB, mediante Auto de 4 de octubre de 2012 (foja 66), se  dispuso la apertura del término probatorio de veinte días comunes y perentorios;  procediéndose con la notificación a las partes en la forma prevista en el art. 205 del CTB;  conforme consta por las diligencias de fs. 67 y 68 del expediente.

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Dentro del término de la fase probatoria, la Administración Tributaria, ratificó la prueba  adjuntada a la respuesta. Por su parte, el recurrente el 31 de octubre de 2012,  extemporáneamente manifestó su decisión de ratificación de prueba que fue rechazada por  haber vencido el plazo probatorio.

 

  1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto  en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad  y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la  Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de  impugnación, se inició el 22 de agosto de 2012.

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fs. 77 a 78 de obrados, se tiene que el plazo de  los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada conforme  dispone el art. 210.III del CTB, vence el 10 de diciembre de 2012.

Dentro del plazo legal, el recurrente solicitó audiencia de presentación de alegatos orales,  que se efectuó el 30 de noviembre de 2012, en el que se precisaron los argumentos  centrales del recurso interpuesto, cuya acta consta de fojas 85 a 85 vuelta, del expediente.

VII. RELACIÓN DE HECHOS.  

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación de  hechos.

El 11 de abril de 2011, la Administración Tributaria, emitió Orden de Verificación Nº  0011OVI00088, para la revisión del crédito fiscal IVA, del contribuyente Consejo de la  Judicatura, con NIT 1000761025, por los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio,  agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2008; y requirió que en el plazo de cinco (5)  días a partir de su notificación, presente la siguiente documentación: 1. Declaraciones  Juradas de los periodos observados; 2. Libro de compras de los periodos observados; 3.  Veinte Facturas de compras originales detalladas en la misma orden; y 4. Medios de pago  de las facturas observadas. Orden notificada personalmente al Representante Legal, el 9 de  mayo de 2011 (fs. 2 y 3).

El 27 de junio de 2011, fuera del término otorgado, se realizó presentación de la  documentación solicitada, a excepción de los medios de pago, de acuerdo al Acta de  Recepción de Documentación de igual fecha, en la cual se consignó a Farid Antezana  Vedia, contador del Consejo de la Judicatura, como el responsable de la presentación (foja  35).

El 16 de abril de 2012, la Administración Tributaria, labró Actas por Contravenciones  Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación por diferentes incumplimientos a  deber formal, las cuales para mayor compresión, se detalladas a continuación (fs. 20 a 34):

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ACTA INCUMPLIMIENTO SANCIÓN UFV`s
1 41424 art. 70. 8. del CTB 4,1 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 3000
2 41452 art. 70. 2 del CTB 1,3 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 1500
3 41425 art. 47. II. 2. a) y d) de la RND 10-00016- 07 3,2 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 1500
4 41426 art. 47. II. 2. d) y j) de la RND 10-00016- 07 3,2 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 1500
5 41427 art. 47. II. 2. a), d) y e) de la RND 10- 00016-07 3,2 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 1500
6 41428 art. 47. II. 2. d) de la RND 10-00016-07 3,2 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 1500
7 41429 art. 47. II. 2. d) de la RND 10-00016-07 3,2 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 1500
8 41474 art. 47. II. 2. e) de la RND 10-00016-07 3,2 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 1500
9 41430 art. 70. 1, y art. 78. I del art. 78 del CTB 2,3 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 400
10 41431 art. 70. 1, y art. 78. I del art. 78 del CTB 2,3 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 400
11 41432 art. 70. 1, y art. 78. I del art. 78 del CTB 2,3 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 400
12 41433 art. 70. 1, y art. 78. I del art. 78 del CTB 2,3 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 400
13 41434 art. 70. 1, y art. 78. I del art. 78 del CTB 2,3 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 400
14 41435 art. 70. 1, y art. 78. I del art. 78 del CTB 2,3 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 400
15 41436 art. 70. 1, y art. 78. I del art. 78 del CTB 2,3 del Anexo A del art. 4 de la RND  10-0037-07 400

 

El 27 de abril de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula la Vista de  Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012 de 25 de abril de 2012,  señalando que en consulta al Padrón de Contribuyentes obtenido de sistema SIRAT 2, se  verificó que el contribuyente, tiene únicamente obligación tributaria respecto al Régimen  Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) como agente de retención Form.  608 y no así respecto al IVA; razón por la cual se determinó deuda tributaria sólo por  incumplimientos a deberes formales por presentación de documentación fuera de plazo,  actualización de información en el Padrón del SIN (datos del Representante Legal), errores  de registro en Libro de Compras IVA , error en el llenado de las declaraciones juradas IVA  Form. 200; establecidos en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al  Procedimiento de Determinación Nros. 41424, 41452, 41425, 41426, 41427, 41428, 41429,  41474, 41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 41435 y 41436, por un importe Total de UFV’s  16.300 (Dieciséis mil trescientas Unidades de Fomento a la Vivienda), otorgándole un plazo  de 30 días para la presentación de descargos, a partir de su notificación ocurrida el 27 de  abril de2012 (fs. 166 y 171).

El 31 de mayo de 2012, el Director General de la Dirección Administrativa y Financiera del  Órgano Judicial, mediante memorial presentó argumentos de descargo a la Vista de Cargo  CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012, señalando que ésta incumplió los  requisitos establecidos en el art. 98 del CTB, por contener incongruencias en fechas y  fundamentos, observó que según el Informe Final, la documentación fue recibida el 27 de  junio de 2012, cuando esta fecha, aún no había acaecido y que el señor Farid Antezana  Vedia, el 27 de junio de 2011, cuando se presentó la documentación, no era funcionario  judicial, sino hasta el 10 de agosto de 2011, conforme Memorándum CJ-GRH-0364/2011.  Por último manifestó que el Consejo de la Judicatura, no es sujeto pasivo del IVA, razón por  la cual no merece ninguna revisión; y que el Órgano Judicial entró en un periodo de  transición a través de la Ley Nº 003, producto de esto, existió imposibilidad de cambio de

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representantes legales, aspecto por el cual dice existir situaciones de fuerza mayor que no  permitieron cumplir con el art. 70. 2 del CTB (fs. 190 a 197).

El 12 de junio de 2012, la Administración Tributaria, mediante nota dio respuesta a  descargos presentados por el recurrente, señalando que el retraso en la presentación de la  documentación requerida, no puede ser desvirtuado bajo el argumento de que la persona  quien la presentó tardíamente fuese o no funcionario del Consejo de la Judicatura; sino que  al margen de ello, no existe constancia de presentación de la documentación dentro del  plazo previsto, que las declaraciones juradas fueron presentadas de manera voluntaria, por  lo que debieron haberlas presentado correctamente de acuerdo a los arts. 70.1 y 78.I del  CTB; y que con lo manifestado en cuanto a las situaciones de fuerza mayor por el constante  cambio de autoridades, el recurrente mismo prueba la inexistencia del cumplimiento en más  de una ocasión; concluyendo que se mantienen firmes y exigibles los incumplimientos  determinados (fs. 199 a 200).

El 25 de julio de 2012, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, por Resolución Determinativa Nº 17-000180-12, determinó de oficio y sobre  base cierta en revisión Crédito Fiscal IVA, deuda tributaria al contribuyente Consejo de la  Judicatura sólo por incumplimientos a deberes formales por presentación de  documentación fuera de plazo, actualización de información en el Padrón del SIN (datos del  Representante Legal), errores de registro en Libro de Compras IVA y error en el llenado de  las declaraciones juradas IVA Form. 200; consignados en Actas por Contravenciones  Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación, por un importe total de UFV’s 16.300  (Dieciséis mil trescientas Unidades de Fomento a la Vivienda), por los periodos febrero,  marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2008. Resolución  notificada por cédula el 2 de agosto de 2012 (foja 217 a 228).

VIII. MARCO LEGAL.  

LEY 2492, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  

Artículo 98.- (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero  responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y  presentar los descargos que estime convenientes.

Artículo 151.- (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos  del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones  o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o  disposiciones reglamentarias.

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de  la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas  conforme a los procedimientos del presente Código.

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos  responsabilidades: una penal tributaria y otra civil.

Artículo 159.- (Extinción de la Acción y Sanción). La potestad para ejercer la acción  por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por:

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  1. a) Muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté  ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante, no procede la  extinción.
  2. b) Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan
  3. c) Prescripción;
  4. d) Condonación.

LEY 212 

Artículo 4.- (Entrega de Inventarios, Causas, Activos, Bienes, Valores y  Documentos).  

  1. El Consejo de la Judicatura, a tiempo de cesar funciones deberá dejar el inventario,  por gestión fiscal, de todos los activos, pasivos, bienes, valores y documentos  contables y administrativos del Poder Judicial. Esta información, será entregada en  forma física y digital a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, con  todas las formalidades de ley, en presencia de Notario de Fe Pública.
  2. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Agrario Nacional, el Consejo de la  Judicatura y el Tribunal Constitucional, entregarán el inventario de las causas  pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2011, clasificado cronológicamente;  bajo responsabilidad de los Secretarios de Cámara, los Secretarios Generales y los  responsables de Régimen Disciplinario, respectivamente, quienes quedarán en  custodia de las causas, hasta su entrega a quien corresponda bajo detalle físico y  digital con todas las formalidades de ley, en presencia de Notario de Fe Pública.

Artículo 21. (Personal). I. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en el término de  noventa días de su posesión, emitirá el Reglamento de Funciones y Requisitos de  Designación, para convocar de forma pública nacional, a concurso de méritos y  examen de competencia para seleccionar y designar en pleno, a la Secretaria o  Secretario General, Directora o Director Administrativo, cuerpo de asesores y demás  servidoras o servidores necesarios.

  1. Todas las servidoras y todos los servidores del Tribunal Constitucional, deberán continuar transitoriamente en sus funciones, en el Tribunal Constitucional  Plurinacional, hasta la nueva designación de las servidoras y servidores, los mismos  que podrán participar en los procesos de selección y designación, que lleve adelante el  Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de sus atribuciones.

LEY 25 

Artículo 226.- (NATURALEZA). La Dirección Administrativa y Financiera es una  entidad desconcentrada, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica,  económica y financiera y patrimonio propio, encargada de la gestión administrativa y  financiera de las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y del Consejo de la  Magistratura. Ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, pudiendo crear  oficinas departamentales.

Artículo 227.- (TUICIÓN Y ORGANIZACIÓN). I. El Tribunal Supremo de Justicia  ejercerá tuición sobre la Dirección Administrativa y Financiera.

  1. La Dirección Administrativa Financiera estará conformada por un Directorio y  una Directora o un Director General Administrativo y Financiero.

III. El Directorio está constituido por tres (3) miembros:

La Presidente o el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia;   La Decana o el Decano del Tribunal Supremo de Justicia; y

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La Presidenta o el Presidente del Tribunal Agroambiental.

  1. La Directora o el Director General Administrativo y Financiero, será designada o  designado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de ternas propuestas por  el Consejo de la Magistratura y es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección.
  2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS.  

En el marco de los argumentos contenidos en el memorial de recurso y subsanación  presentados por la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, corresponde  establecer previamente la posibilidad del Consejo de la Judicatura de ser sujeto de  sanciones por contravenciones tributarias, no obstante su extinción, hecho expuesto en la  argumentación del recurrente.

En ese objetivo, corresponde señalar previamente que la Gerencia Distrital Chuquisaca del  Servicio de Impuestos Nacionales, el 11 de abril de 2011 notificó al representante legal del  Consejo de la Judicatura con NIT 1000761025 con la Orden de Verificación N°  0011OVI00088 para la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas  por el contribuyente y detalladas en anexo adjunto, en los periodos enero a diciembre de  2008.

De fs. 20 a 34 del cuadernillo de antecedentes administrativos cursan Acta de Infracción del  N° 41424 al 41436 ; N° 41474 y N° 41452, labradas el 16 de abril de 2012, contra el  Consejo de la Judicatura por incumplimiento de deberes formales descritos en el dichas  Actas. Posteriormente, concluida la verificación la Administración Tributaria emitió la Vista  de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012 de 25 de abril de 2012,  señalando que de la verificación efectuada y consulta al SIRAT2 la obligación del  contribuyente únicamente está referida al RC-IVA como agente de retención, no así el IVA,  liquidando una obligación tributaria de UFV’s 16.300.- únicamente por incumplimientos a  deberes formales; otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos en  aplicación del art. 98 de la Ley 2492. Finalmente, la Administración Tributaria el 25 de julio  de 2012 emitió la Resolución Determinativa Nº 17-000180-12, determinado únicamente la  existencia de incumplimientos a deberes formales establecidos en Actas de  Contravenciones Tributarias, aplicando multas por un importe total de UFV’s 16.300.-  aclarando que como resultado de la verificación externa realizada se determinó que el  contribuyente Consejo de la Judicatura únicamente estaba obligado al RC.IVA como agente  de retención, no así el IVA.

Ahora bien, el art. 148 del CTB, establece que: “Constituyen ilícitos tributarios las acciones u  omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en  el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se  clasifican en contravenciones y delitos”.  

Respecto a la responsabilidad por ilícitos tributarios, el art. 151 del indicado cuerpo legal  prevé: “Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales y  jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código,  disposiciones legales tributarias especiales y disposiciones reglamentarias (…)”.  

Respecto al la extinción de la acción y sanción por contravenciones tributarias, el art. 159  del CTB prevé que la potestad para ejercer la acción y ejecutar las sanciones se extingue  por: “a) Muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravenciones esté  ejecutoriada (…)”.

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Para el caso específico, el art. 2.I de la Ley 212 de Transición para el Tribunal Supremo de  Justicia, Tribunal Agroambiental, Concejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional  Plurinacional, dispone la conclusión de funciones y extinción institucional –entre otros- del  Concejo de la Judicatura el 31 de diciembre de 2011. En esa línea, el art. 4 de la indicada  Ley, prevé que el Concejo de la Judicatura, a tiempo de cesar en sus funciones, deberá  dejar el inventario, por gestión fiscal, de todos los activos, pasivos, bienes, valores y  documentos contables y administrativos del Poder Judicial, documentación a ser entregada  en forma física y digital a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, con  todas las formalidades de Ley, en presencia de Notario de Fe Pública.

Por otra parte, la Ley 25 de 24 de junio de 2010, en su art. 226 establece que la Dirección  Administrativa y Financiera es una entidad desconcentrada, con personalidad jurídica  propia, autonomía técnica, económica y financiera y patrimonio propio, encargada de la  gestión administrativa y financiera de las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y del  Consejo de la Magistratura. Ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, pudiendo  crear oficinas departamentales. El art. 227 dispone que el Tribunal Supremo de Justicia  ejercerá tuición sobre la Dirección Administrativa y Financiera.

Conforme la disposiciones legales antes citadas, se establece que si bien la Administración  Tributaria notificó oportuna y válidamente la Orden de Verificación N° 0011OVI00088 al  representante legal del entonces Concejo de la Judicatura; empero la Vista de Cargo CITE:  SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012 de 25 de abril de 2012, que da inicio al  procedimiento sancionatorio unificado al determinativo, así como la Resolución  Determinativa de 25 de julio de 2012, ahora impugnada, donde se establecen las  sanciones por los incumplimientos de deberes formales descritos en las actas de  infracciones por incumplimiento de deberes formales de 16 de abril de 2012, fueron  emitidas y notificadas una vez extinguido el Concejo de la Judicatura por mandato de la Ley  212 de 23 de diciembre de 2011. Consecuentemente, conforme el alcance del art. 148 del  CTB, que establece la responsabilidad personal por los ilícitos tributarios, no corresponde la  aplicación de sanciones por incumplimiento de deberes formales respecto a una persona  jurídica extinguida -en el caso particular por mandato legal- responsabilidad que por el  carácter personal de la sanción tampoco puede ser atribuida y asumida la Dirección  Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, por cuanto no resultan pasivos que  hubieran sido establecidos y ejecutoriados con anterioridad a la extinción del sujeto infractor  en este caso Consejo de la Judicatura.

Por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto las multas por incumplimiento de deberes formales  establecidos en la Resolución Determinativa Nº 17-000180-12 de 25 de julio de 2012, contra el  Consejo de la Judicatura, en mérito a su extinción como persona jurídica por mandato del art. 4 de  la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011.

POR TANTO  

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca,  en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140  inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894,

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RESUELVE:  

Primero.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-000180-12 de 25 de  julio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales;  dejando sin efecto las multas por incumplimientos a deberes formales, por UFV’s 16.300  (Dieciséis mil trescientas Unidades de Fomento a la Vivienda) en mérito a la extinción del Concejo  de la Judicatura dispuesta mediante Ley 212 de 23 de diciembre de 2011. Todo, en sujeción al  art. 212.I.a) del Código Tributario Boliviano.

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente Resolución  a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en  cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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