ARIT-CHQ-RA-0190-2012 Resolución Sancionatoria de parte del SIN estableciendo diferencias a favor del fisco, y se evidencia la presentación fuera de plazo del IUE.

ARIT-CHQ-RA-0190-2012

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0190/2012  

RECURRENTE: LGO TRADING SRL, representada legalmente por  MARIZOL GUZMÁN SINGURI DE GALLARDO.  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE  IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por  

ZENOBIO VILAMANI ATANACIO.  

EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0110/2012.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 10 de diciembre de 2012.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marizol Guzmán Singuri de Gallardo, en  representación de LGO TRADING SRL, contra la Resolución Determinativa Nº 17- 00000114-12 de 7 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio  de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 26 de junio de 2012; notificación a la  Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la  ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida  por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso;  Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0190/2012 y todo cuanto ver  convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado,  trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada,  se tiene lo siguiente:

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES.  

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución  Determinativa Nº 17-00000114-12 de 7 de mayo de 2012, determinando de oficio y sobre  base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente LGO TRADING SRL, titular del  NIT 132605028 estableciendo deuda tributaria por Impuesto sobre las Utilidades de las  Empresas (IUE), por la gestión anual octubre 2006 a septiembre 2007 de UFV’s 6.072.741  (Seis millones setenta y dos mil setecientos cuarenta y una 00/100 Unidades de Fomento a  la Vivienda), correspondiente a Tributo Omitido e Intereses; sancionando su conducta por  Omisión de Pago, con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a  UFV’s 3.921.043 (Tres millones novecientas veintiún mil cuarenta y tres 00/100 Unidades  de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS 27310; de  igual modo, sancionó con una multa de UFV’s 4.500 (Cuatro mil quinientas 00/100  Unidades de Fomento a la Vivienda) por incumplimientos a deberes formales, establecidos  en Actas de Contravenciones Tributarias Nros. 32645 y 32646.

Pág.1 de 26

Resolución Determinativa, que fue notificada mediante cédula el 18 de mayo de 2012, tal  como consta en la diligencia de foja 1 de obrados.

El 8 de junio de 2012, LGO TRADING SRL, interpuso Recurso de Alzada contra la  Resolución Determinativa Nº 17-00000114-12, dentro del plazo legal establecido por el art.  143 del CTB.

1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

  

Marizol Guzmán Singuri de Gallardo, en representación de LGO TRADING SRL (la  recurrente), mediante recurso de alzada, indicó que la empresa a la que representa,  dejó de tener actividades mineras, hace más de tres años y señaló los agravios que se  describen a continuación:

2.1. Sobre las utilidades de la Empresa.  

Señaló que las utilidades de la empresa, están de acuerdo a lo indicado por art. 4 del DS  24780; sin embargo, aclaró que dejaron de tener actividades desde hace más de tres años,  hecho comprobado en el departamento de SENABEX en cuanto a las exportaciones;  además de aclarar que si bien existen tres pólizas registradas en su sistema, la empresa  registra tan solo una de estas.

2.2. Respecto a los Gastos Operativos.  

Indicó que la Empresa, presenta gastos operativos, en base a comprobantes, documentos  de respaldo como registros y facturas; que en su momento no contaba con la  documentación original debido a que no se encontraban en funcionamiento, habiendo  vendido los activos fijos, sin embargo al ver la magnitud del proceso, a fin de aminorar la  multa y actuando de buena recabaron de los socios documentos de reciente obtención de  acuerdo al art. 77 de la Ley 2492, para poder respaldar dichos gastos; además de presentar  varias cartas explicando este extremo.

2.3. Sobre los Activos Fijos.  

Refirió que los egresos para adquirir los activos sobrepasaron los $us.100.000, que solo  fueron utilizados dos años o más de la apertura de la Empresa, por cuanto su depreciación  es mínima y que los mismos están respaldados en su totalidad, acreditando el derecho  propietario de la Empresa, además de la cancelación de alquileres desde el inicio de la  Empresa.

2.4. Pago del ICM.  

Señaló que el pago del ICM, fue realizado conforme al tiempo de trabajo de la Empresa,  declarando sin movimiento los años posteriores.

Con posterioridad al Auto de 23 de agosto de 2012, que anuló obrados hasta el Auto de  observación, la recurrente, por memorial presentado el 12 de septiembre de 2012, a tiempo  de subsanar las observaciones, señaló que cumplió conforme la norma tributaria, todas sus  obligaciones en cuanto a impuesto y periodos observados, que en la gestión 2009  comenzaron los trámites de disolución de la sociedad, cesando su actividad definitivamente  el 2010, por lo que el NIT 132605028 fue dado de baja, argumentando en relación a las  observaciones de la Administración Tributaria lo siguiente:

Pág.2 de 26

Que la Resolución Determinativa Nº 17-00000114-12 de 7 de mayo de 2012, determinó  obligaciones impositivas sin contar con los fundamentos jurídicos y técnicos pertinentes;  que según la Administración Tributaria el procedimiento de determinación se realizó sobre  base cierta, por lo que debió verificar la información, datos y prueba sobre los hechos  generadores, que le permitan evidenciar y demostrar objetivamente los mismos en  aplicación del art. 17 de la Ley 2492, sin aplicar presunción alguna; hecho que no ocurrió  en el presente caso, al tomar en cuenta en la determinación, ventas inexistentes de  concentrados de mineral por la inclusión de dos pólizas de exportación anuladas,  vulnerando sus derechos y la garantía fundamental al debido proceso de acuerdo al  art.115.II de la CPE; citando además línea doctrinal de la Autoridad de Impugnación  Tributaria, contenida en Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0527/2007, STG-RJ/0523/2007  y STG-RJ/0425/2008.

 

Sobre la Exportación de Concentrados, manifestó que la Administración Tributaria  determinó diferencias de Bs 2.989.271,87, por ventas inexistentes de concentrado de  mineral, tomando en cuenta dos pólizas de exportación que corresponden a trámites  anulados por el mal llenado de los Certificados de Origen; tramite Nº 16697 (anulado el 25  de septiembre de 2007) y Nº 16700 (anulado el 21 de septiembre de 2007), conforme  certificación del Centro Logístico de Comercio Exterior “CADEXPO”, documentos que  fueron presentados como descargo a la Administración Tributaria, pero que fueron  desestimados mediante nota CITE: SIN/GDPT/DJCC/UTJ/NOT/042/2012 de 17 de abril de  2012, con argumento erróneo de aplicación del art.81 del CTB; siendo que desde el primer  requerimiento, se puso en conocimiento de la Gerencia Distrital del SIN Potosí que esta  documentación existía y que no podía presentarse de inmediato debido al cese de  actividades de la empresa. Citó también el art.4 del DS 24780, que dispone que “la base  imponible del ICM es el valor bruto de la venta” “(…) el valor bruto de la venta es el monto  que resulte de multiplicar el peso del contenido fino del mineral o metal por su cotización  oficial en dólares corrientes de los Estados Unidos de América (…)”, no pudiendo  multiplicarse el peso de un contenido inexistente, por lo que no existiría reparo alguno.

Respecto a Costos de Operación, advirtió que la Administración Tributaria depuró gastos no  deducibles por un importe de Bs 1.776.694,01, con el supuesto de no haber demostrado el  derecho propietario de los bienes, cuya utilización generó el gasto no deducible; explicando  que inicialmente la Sociedad no contaba con la documentación que acredite la propiedad  de los bienes, debido a que los bienes fueron vendidos en su disolución y antes del inicio de  la fiscalización, empero los mismos fueron presentados al SIN con posterioridad, no siendo  aceptados ni tomados en cuenta, determinando un reparo que no corresponde.

Respecto a los Gastos de Operación y Otros Egresos, en cuanto a las diferencias  determinadas por Gastos Operativos, Gastos Administrativos, Financieros y Depreciaciones  de Activos Fijos por un importe total de Bs 99.184,32 e igualmente otros egresos (AITB) de  Bs 116.540,33, manifestó que si bien es evidente que los art. 8, 22 y 26 del DS 24051,  requieren el respaldo documental de los gastos y depreciaciones; la empresa no estaba  inicialmente en condiciones de atender los requerimientos de la fiscalización, debido al  cierre de operaciones, pero que posteriormente fueron presentados, no siendo aceptados,  ni valorados.

Respecto a la Sanción por Omisión de Pago, alegó que debido a determinación  inadecuada de reparos IUE a favor del fisco, se le sancionó por el ilícito tributario de  Omisión de Pago con una multa igual al 100% del tributo omitido; cuando el IUE  anteriormente fue cancelado en su totalidad y que quien cometió la omisión fue la

Pág.3 de 26

Administración Tributaria al no haber aceptado los documentos de respaldo y descargo  presentados, por lo que no corresponde la aplicación de la multa.

En referencia a las actas por Contravenciones Tributarias Nros.32645 por UFV’s 1.500 y  32646 por UFV´s 3.000, expresó que no oponen objeción alguna, pues evidentemente la  documentación se presentó fuera del plazo, debido al cese de operaciones de la Sociedad.

Finalmente y por todos los argumentos expuestos, solicitó se resuelva revocando  parcialmente la Resolución Determinativa 17-00000114-12 de 7 de mayo de 2012,  conforme señala el art. 212.I inciso a) del CTB.

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

El recurso inicialmente fue observado por Auto de 8 de junio de 2012, por incumplimiento  del art. 198. Inc. b), c), d) y e) del CTB; subsanadas las observaciones, mediante Auto de  26 de junio de 2012, se admitió el recurso y se tramitó en la oficina de la Responsable de  Recursos de Alzada de Potosí, conforme al procedimiento establecido en el CTB hasta la  finalización del Plazo Probatorio. Remitido el expediente a la ARIT-CHQ y radicado en esta  instancia, mediante Auto de 23 de agosto de anuló obrados hasta el auto de observación de  8 de junio de 2012. Posteriormente, mediante Auto de 18 de septiembre de 2012, se  admitió el recurso interpuesto y se dispuso notificar a la Administración Tributaria, para que  en el plazo legal de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos  así como los elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en  aplicación del art. 218. c) del CTB; Auto notificado a la entidad recurrida el 25 de septiembre  de 2012, conforme a la diligencia de fojas 212 del expediente.

1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA.  

Mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2012, la Administración Tributaria  respondió en forma negativa al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto el Lic.  Zenobio Vilamani Atanacio, en su condición de Gerente Distrital Potosí del SIN, con los  siguientes argumentos:

Señaló que la Resolución Determinativa Nº 17-00000114-12 de 7 de mayo de 2012, se  efectuó sobre base cierta, conforme información extraída de los sistemas SIRAT II y  GAUSS; de información obtenida de agentes informantes y documentación presentada por  el contribuyente en fechas 4 de enero y 29 de abril de 2011; de la ponderación objetiva de  toda la documentación, constató que el contribuyente no declaró y determinó el IUE  conforme a Ley, estableciendo diferencias a favor del fisco en el periodo anual minero  octubre 2006 a septiembre de 2007, teniendo como sustento del proceso de fiscalización el  informe CITE: SIN/GDPT/DF/INF/00123/2012, de 10 de febrero de 2012.

Manifestó, respecto al cálculo de ventas brutas, en exportación de concentrados, que se  tomó lo dispuesto en el art. 4 del DS 24780, considerando dichos parámetros para llegar al  valor FOB de venta del mineral, conforme exponen las facturas de exportación, análisis de  laboratorio, registro de lotes y DUE; estableciendo diferencias de Bs.2.989.272, con relación  a ventas expuestas por el contribuyente en el Estado de Resultados.

Alegó que el recurrente presentó ante la Administración Tributaria, una certificación de  fecha 17 de octubre de 2007, elaborada por Miki Kostka Gardeazabal S. CERTIFICADOR  DE ORIGEN UNIDAD DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE POTOSÍ de CADEXPO; que  refiere la anulación de trámites del mes de agosto y septiembre, los cuales son detallados

Pág.4 de 26

en un cuadro anexo que refleja que los certificados de Origen C.O. Nº 16697 y 16700,  fueron anulados en fechas 25 y 21 de septiembre de 2007; empero, dicha documentación  fue presentada una vez concluido el plazo otorgado por el art. 98 del CTB, considerando  que la Vista de Cargo fue notificada al recurrente el 14 de febrero de 2012, y el plazo de 30  días concluía el 15 de marzo de 2012, pero fue presentada por el recurrente el 13 de abril  de 2012, (en fotocopia simple), con 29 días de retraso. Consideró que esta certificación no  puede ser presentada como de reciente obtención, cuando fue expedida anterior a la fecha  de emisión de la Vista de Cargo; por lo que fueron desestimados mediante nota CITE:  SIN/GDPT/DJCC/UTJ/NOT/042/2012 de 17 de abril de 2012, no existiendo vulneración a  los derechos del contribuyente, toda vez que fueron presentados fuera de plazo  establecido. Asimismo aclaró que la obligación del contribuyente es proporcionar toda la  documentación requerida por la Administración Tributaria dentro los plazos establecidos,  dispuestos en art.70 num.4 y 8 del CTB.

Respecto a los Costos de Operación, registrados en Estados de Resultados, constató que  la mayoría de los gastos no cuentan con la documentación de respaldo (facturas,  comprobantes, retenciones), no se encuentran relacionados a la actividad gravada que  realiza a empresa; no siendo deducibles para el IUE, contraviniendo el art. 70 num.1) ,4),6)  y 8), del CTB, así como el art.8 del DS 24051. En relación a las planillas de Sueldos y  Salarios aclaró que existen otros pagos que no cuentan con respaldo de planillas y que no  existen sueldos sujetos al RC-IVA según planillas, por lo que no pueden considerarse como  gastos deducibles por vulneración del art.11 del DS 24051; en cuanto a las Depreciaciones  de Activos Fijos, indica que con relación a la depreciación, se vulneró el art. 22 de DS  24051, por no contar con documentación de respaldo del derecho propietario de los bienes.

Sobre la Alícuota adicional generado por el pago del ICM, indicó que la determinación se  realizó en base a registros del Libro Mayor y no así del Libro de Ventas ICM (por no  presentación) y que el contribuyente no efectuó la liquidación final del Anticipo al IUE en  base a la Ley y humedad de los lotes vendidos; señaló que verificó compras no declaradas  por el contribuyente en el Libro de Compras Control-ICM y no registro el saldo retenido por  ICM Compras, el cual compensa la totalidad del Anticipo del IUE sobre Ventas ICM,  originando un saldo de Bs 83.518,88 remanente a las compras ICM, los cuales no fueron  pagados ni declarados por el contribuyente, según art.12.II del DS 24780.

Respecto a la sanción por Omisión de Pago el SIN alegó que en el procedimiento de  determinación no existe documento alguno (Boleta 1000), que sustente el pago de la deuda  tributaria en forma completa, refiriendo el art. 47 del CTB.

En referencia a las actas por Contravenciones Tributarias Nros.32645 por UFV’s 1.500 y  32646 por UFV’s 3.000, labradas por el incumplimiento al deber formal de presentar la  documentación en forma oportuna, en vista de que el recurrente no objeto, asumiendo el  incumplimiento, hecho que respalda la labor del departamento de fiscalización.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000114-12 de 7  de mayo de 2012, oportunidad en la que adjuntó expediente original con 3027 fojas, en 18  cuerpos.

1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, mediante  Auto de 9 de octubre de 2012, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días  comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación conforme  consta por las diligencias de fs. 224 y 225 de obrados.

Pág.5 de 26

La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2012, se  ratificó en la prueba documental presentada y adosada junto al memorial de 18 de julio de  2012. El recurrente, en esta fase del proceso no se pronuncio; por lo que, siguiendo la  secuencia procesal correspondiente, se emitió el Decreto de Cierre de Período Probatorio,  el 31 de octubre de 2012; posteriormente, el expediente fue remitido a la ARIT-CHQ, para  ser radicado el 5 de noviembre de 2012.

1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el art.  141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y  competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro  del marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a  que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa  Nº 17-00000114-12 de 7 de mayo de 2012, fue tramitado ante el responsable de  Recursos de Alzada Potosí el 8 de junio de 2012, hasta la finalización del plazo  probatorio; posteriormente mediante Auto de 23 de agosto de 2012, se dispuso anular  obrados hasta el auto de observación de 8 de junio, siendo subsanados las  observaciones, por memorial de 12 de septiembre de 2012, se dio inicio al  procedimiento administrativo de impugnación.

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fs. 237 a 238 de obrados, se tiene que el plazo de  los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme  dispone el art. 210.III del CTB, vence el 10 de diciembre de 2012.

Dentro del término previsto por el art. 210.II del CTB, por memorial de 6 de noviembre  de 2012, cursante de fs. 243 a 245, la Administración Tributaria, presentó Alegatos  escritos en conclusiones, expresando lo siguiente: Respecto al Certificado de  CADEXPO, inherente a las Pólizas de Exportación de concentrados, detallados en los  certificados de origen Nº 16697 y Nº 16700 por la suma de Bs.2.989.271,87, refirió que  este fue presentado fuera del plazo otorgado por el art. 98 del CTB y que no cumple  con las formalidades establecidas en el art. 81 del mismo cuerpo legal, hecho que  motivó su depuración.

Con relación a los gastos operativos, administrativos, financieros, depreciaciones de  activos fijos y el derecho propietario de bienes, señaló que en base a nota CITE:  SIN/GDPT/DJCC/UTJ/NOT/042/2012 de 17 de abril de 2012, demostró que la  documentación de descargo presentada, no fue valorada por haber sido presentada fuera  de plazo y de forma extemporánea; además de ser en fotocopias simples, careciendo  de valor probatorio frente a terceros.

Respecto a la sanción igual al 100% del tributo omitido del IUE, manifestó que en los  antecedentes del proceso no hay evidencia de documento de pago (boleta 1000) que  sustente la cancelación de la deuda tributaria, por lo que la multa se encuentra  subsistente e impaga. Asimismo refiere que la no objeción del recurrente a las actas  por contravención tributaria Nº 32645 y 32646, es una confesión espontánea, por el  incumplimiento al deber formal, hecho que respalda la labor del departamento de  fiscalización.

Pág.6 de 26

Con relación a la afirmación del recurrente en sentido de que no presentó  documentación en forma oportuna, en razón al cierre de la empresa por la venta de  activos y cambio de contadores; reiteró que la prueba presentada por el recurrente fue  de manera extemporánea y que no cumple con el ultimo párrafo del art. 81, y  contraviene el art.70 num.8 del CTB; demostrando de esta manera que la no valoración  de documentación presentada fuera de plazo, no vulnera derecho alguno.

Finalmente, reiteró su petitorio, en sentido de que se confirme la resolución impugnada.

VII. RELACIÓN DE HECHOS.  

  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de  hechos:

 

La Administración Tributaria, el 7 de diciembre de 2010, notificó Orden de Fiscalización  Nº 0010OFE00147 al contribuyente LGO TRADING SRL, disponiendo el inicio de la  Fiscalización, con el objeto de verificar los hechos y elementos correspondientes al  Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por el periodo anual octubre 2006 a  septiembre 2007; requiriendo en Form. 4003 Nro. 107469, la presentación de  documentación en original y fotocopias de Declaraciones Juradas del IVA Form. 210,  de RC-IVA Form.98, de IT Form.400, del IUE Form.580 y Form.593 Consolidación  Anticipo IUE Minero; Libro de Compras y Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al  Débito y Crédito fiscal IVA; Extractos Bancarios, Planillas de Sueldos, Planilla  Tributaria y Cotizaciones Sociales; Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo;  Estados Financieros Gestión 2007, Dictamen de Auditoria Gestión 2007; Plan de  cuentas contables, Libros de Contabilidad, Kardex, Inventarios; Otros: Pólizas de  Importación y Exportación, Contrato de Proveedores y Clientes más importantes,  Libros de Contabilidad ICM, detalle de activos fijos; liquidaciones provisionales y  definitivas; así como otra documentación a ser requerida (fs.2 y 6 del Cuadernillo de  Antecedentes Nº 1(SIN).

El 17 de diciembre de 2010, mediante nota el contribuyente solicitó plazo adicional de  20 días para la presentación de documentación requerida, plazo aceptado por la  Administración Tributaria mediante Proveído SIN/GDPT/DF/PROV/138/2010 de 21 de  diciembre de 2010, por sólo 10 días (fs. 8 y 10 de Cuadernillo de Antecedentes Nº  1(SIN).

El 4 de enero de 2011 mediante Acta de Recepción/Devolución de Documentos, LGO  TRADING SRL, realizo la entrega de documentación consistente en: declaraciones  juradas formularios 210, 400, 580 y 593; Libro de Compras y Ventas IVA; notas  fiscales de respaldo al Debito y Crédito fiscal IVA; comprobantes de ingresos y egresos  con respaldo; Estados Financieros Gestión 2007, Dictamen de Auditoria Gestión 2007;  Plan de cuentas contables, Libros de Contabilidad; Pólizas de Exportación octubre a  diciembre 2006 y enero a septiembre 2007; Originales Análisis Químico (29) copias  legalizadas sin sello ni fechas (foja 31 de Cuadernillo de Antecedente Nº 1(SIN).

El 14 de abril de 2011, la Administración Tributaria, realizó nuevo requerimiento de  información mediante Form. 4003 Nº 107555, solicitando para tal efecto la presentación  de fotocopias del NIT, FUNDEMPRESA, poder de Representante Legal, Constitución  de Sociedad; Originales de Registro Único de Exportador, Libros mayores de facturas  de Compras, Ventas, Débito y Crédito Fiscal; de toda documentación que respalda la  exportación; Análisis de Laboratorio, Estructura de Costos, Libros de Compras y

Pág.7 de 26

Ventas ICM; contratos de exportación, contratos con proveedores, detalle de Activos  Fijos, Estados Financieros gestión 2006, Formulario Nº 597, Manifiestos  Internacionales de Carga, Certificado de Salida, Libro Mayor de Regalías ICM,  Formulario RC-IVA dependientes, Planillas de Sueldos de periodos de fiscalización,  Estructura Gerencial (fs. 13 y 14 de Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN).

El 20 de abril de 2011, el contribuyente solicitó plazo adicional de 20 días para la  presentación de documentación requerida, plazo aceptado por la Administración  Tributaria mediante Proveído SIN/GDPT/DF/PROV/048/2011 de 25 de abril de 2011,  por sólo 5 días (fs. 20 y 21 de Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN).

El 29 de abril de 2011 mediante Acta de Recepción/Devolución de Documentos, LGO  TRADING SRL realizó la presentación de documentación consistente en: Fotocopias  de NIT, de FUNDEMPRESA, de Poder de representante legal, de Constitución de  Sociedad; Registro Único de Exportador; Fotocopia de detalle de Activos Fijos; Estados  Financieros gestión 2006; Estructura Gerencial (organigrama); Documentación de los  lotes: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,  82, 83, 86, 84 y 85 en originales y fotocopias; Fotocopia de la documentación  relacionada con la exportación de los lotes 62 al 86 en 311 hojas (foja 32 de  Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN).

El 6 de diciembre de 2011, la Gerencia General de Impuestos, en marco de lo previsto  en art. 104 parágrafo V del CTB, mediante Auto Nº 25-0048-11 resuelve  autorizar la prorroga de plazo por 4 meses adicionales para la emisión de la Vista de  Cargo de la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00147, en respuesta a solicitud de  Gerencia Distrital Potosí, el cual solicitó mediante Informe CITE:  SIN/GDPT/DF/INF/1456/2001, del Departamento de Fiscalización del SIN Potosí, la  prorroga de plazo para la emisión de la Vista de Cargo por un lapso de 6 meses  adicionales. Auto notificado al contribuyente mediante cédula el 7 de diciembre de  2011 (fs. 33 y 37 de Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN).

El 14 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, realizó nuevo requerimiento  de información mediante Form. 4003 Nro. 112373, solicitando Documentos de  propiedad de Activos Fijos (foja 24 de Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN).

En fecha 24 de enero de 2012, la Administración Tributaria labró Actas por  Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nºs 32645  y 32646, por contravención al numeral 8 del art.70 y arts. 36 y 44 del Código de  Comercio; al incurrir el contribuyente en incumplimientos al deber formal de registro en  otros libros contables solicitados y entrega de toda la información requerida por la  Administración Tributaria en los plazos; sancionados con el subnumeral 3.5, numeral 3  del anexo A) de la RND Nº 10-0021-04 y subnumeral 4.1 del num.4 anexo A) de la  RND Nº 10-0037-07, con multas equivalentes a UFV´s.1.500 y UFV´s.3.000  respectivamente (fs. 29 y 30 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN).

El 10 de febrero de 2012, la Gerencia Distrital del SIN, emitió el Informe SIN:  CITE/GDPT/DF//INF/00123/2012 y Vista de Cargo Nº CITE:  SIN/GDPT/DF/VC/00003/2012, estableciendo una deuda tributaria por IUE por los  siguientes conceptos: Ventas (exportación de Concentrados) de Mineral, Gastos  Operativos, Gastos Administrativos, Gastos Financieros; Depreciación Activo Fijo;  Alícuota Adicional Generado por el pago ICM, correspondiente al periodo anual  octubre, 2006 a septiembre 2007, por UFV’s. 5.557.582 (Cinco millones quinientas

Pág.8 de 26

cincuenta y siete mil quinientas ochenta y dos 00/100 Unidades de Fomento a la  Vivienda) por concepto de tributo omitido e intereses, adicionalmente sanción por  Omisión de Pago 100% del tributo omitido por un importe de UFV’s 3.921.043 (Tres  millones novecientas veintiún mil cuarenta y tres 00/100 Unidades de Fomento a la  Vivienda) y multas establecidas en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas  al Procedimiento de Determinación Nros. 32645 y 32646 por UFV’s 4.500 (Cuatro mil  quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), otorgándole un plazo de 30  días para la presentación de descargos de acuerdo al art. 98 del CTB (fs. 2808 a 2830  del Cuadernillo de Antecedentes Nº 17(SIN)). El 14 de febrero de 2012, la Gerencia  Distrital del SIN, notificó cedulariamente a LGO TRADING SRL, con Informe SIN:  CITE/GDPT/DF//INF/00123/2012 y Vista de Cargo Nº CITE:  SIN/GDPT/DF/VC/00003/2012.

El 6 de marzo de 2012, LGO TRADING SRL, mediante nota solicitó copia del  expediente, aclarando que dicha empresa se encuentra cerrada desde 8 de julio de  2010, encontrándose en proceso de contactar a los encargados contables, por lo que  se reservan el derecho de presentar documentación de reciente obtención, durante el  transcurso del proceso e inclusive a la conclusión del mismo (foja 2895 del Cuadernillo  de Antecedentes Nº 18(SIN)).

 

De acuerdo al Informe Complementario CITE: SIN/GDPT/DF/INF/00217/2012 de 23 de  marzo de 2012, la Administración Tributaria, señaló que en vista de que la empresa  LGO TRADING SRL, con NIT Nº 132605028, no presentó descargos, ni los reparos  fueron cancelados dentro del plazo establecido en Vista de Cargo; se mantienen los  importes determinados por la Deuda Tributaria por IUE, correspondiente al periodo  anual octubre 2006 a septiembre 2007, actualizando la deuda a UFV’s 5.557.582  (Cinco millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos 00/100  Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de tributo omitido e intereses,  adicionalmente multas establecidas en Actas por Contravenciones Tributarias  Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°s 32645 y 32646 por UFV`s 4.500  (Cuatro mil quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) y la Sanción por  Omisión de Pago 100% del tributo omitido por un importe de UFV’s 3.921.043 (Tres  millones novecientos veintiún mil cuarenta y tres 00/100 Unidades de Fomento a la  Vivienda), (fs. 2837 a 2852 Cuadernillos de Antecedentes Nº 17(SIN).

El 28 de marzo de 2012, LGO TRADING SRL, presentó a la Administración Tributaria  documentación como de reciente obtención, respaldando el derecho propietario de  algunos activos, en anillado con 81 fojas (todas en fotocopias simples); recalcando que  en la gestión 2009 no tuvieron movimiento y que dicha empresa se encuentra con  cierre definitivo desde la gestión 2010, encontrándose en proceso de contactar a los  encargados contables, y que por tal motivo no tiene la documentación para descargar  las diferencias encontradas. Asimismo solicitó la entrega de Acta de Acciones y  Omisiones para poder entregar documentación de reciente obtención, durante la  fiscalización y antes de la Resolución Determinativa (fs. 2903 a 2988 Cuadernillos de  Antecedentes N° 18(SIN).

El 13 de abril de 2012, el recurrente, presentó certificación de anulación de trámites de  exportación de 17 de octubre de 2007, originales firmadas por Miki Kostka  Gardeazabal CERTIFICADOR DE ORIGEN UNIDAD DE CERTIFICACIÓN DE  ORIGEN DE POTOSI “CADEXPO”, que refiere la anulación de trámites del mes de  agosto y septiembre, por el mal llenado del Certificado de Origen, detallados en un cuadro  anexo denominado “Reporte de Venta, Emisión, Anulación de Certificados de Origen”, que

Pág.9 de 26

refleja que los certificados de Origen C.O. Nº 16697 y 16700, fueron anulados en fechas 25  y 21 de septiembre de 2007 (fs. 2990 a 2993 Cuadernillos de Antecedentes N°  18(SIN)).

El 17 de abril de 2012, la Administración Tributaria mediante CITE:  SIN/GDPT/DJCC/UTJ/NOT/042/2012, respondió a la presentación de pruebas de  descargo de reciente obtención del 28 de marzo y 13 de abril de 2012; manifestando  que las mismas fueron requerida en su oportunidad, mediante formularios 4003  Nros.107469, 707555 y 112373, sin que se hubiesen dejado expresa constancia de su  existencia y compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la Resolución  Determinativa, requisitos para considerarse y aceptarse como prueba de reciente  obtención. Igualmente, aclaró que tampoco fueron presentadas para su valoración o  descargo que desvirtúen las observaciones de la Vista de Cargo, dentro del plazo  otorgado por el art.98 del CTB, habiendo precluido su derecho el 15 de marzo de 2012  con carácter perentorio. Concluye que no existe prueba alguna que demuestre que se  trate de prueba de reciente obtención, o que pruebe que la omisión de presentación no  fue por causa propia; por lo que no correspondía aceptar dichos documentos como  prueba de reciente obtención en aplicación del art. 1.II de la RND 10.0035.05. Por otra  parte refiere que por tratarse de fotocopias simples, contravienen el art. 217, inc. a) del  CTB, siendo pruebas meramente dilatorias, por lo que correspondía su rechazo (fs.  2997 a 2999 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 18(SIN).

Finalmente el 7 de mayo de 2012, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos  Nacionales emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00000114-12, determinando de oficio  y sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente LGO TRADING SRL,  titular del NIT 132605028, estableciendo deuda tributaria por Impuesto sobre las Utilidades  de las Empresas (IUE) por los siguientes conceptos: Ventas (exportación de  Concentrados) de Mineral, Gastos Operativos, Gastos Administrativos, Gastos  Financieros; Depreciación Activo Fijo; Alícuota Adicional Generado por el pago ICM,  por un importe de UFV’s 6.072.741 (Seis millones setenta y dos mil setecientas cuarenta y  uno 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) , por el periodo anual de octubre, 2006 a  septiembre 2007, correspondiente a Tributo Omitido e Intereses; sancionando su conducta  por Omisión de Pago, con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe  asciende a UFV’s 3.921.043 (Tres millones novecientas veintiún mil cuarenta y tres 00/100  Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS  27310; de igual modo sancionó con una multa de UFV’s 4.500 (Cuatro mil quinientas  00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por incumplimientos a deberes formales,  establecidos en Actas de Contravenciones Tributarias Nros. 32645 y 32646 (fs. 3013 a  3021 y 3025 Cuadernillos de Antecedentes Nº 18(SIN). Resolución que fue notificada  mediante cédula, el 18 de mayo de 2012,

VIII. MARCO LEGAL.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  

Artículo 115.- I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces  tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

1. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,  gratuita transparente y sin dilaciones.

Pág.10 de 26

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  

Artículo 4.- (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son  perentorios y se computarán en la siguiente forma:

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en  que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última  hora del día de su vencimiento.

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre  prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 6.- (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). I. Sólo la Ley puede: 1.  Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generados de la obligación  tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y  designar al sujeto pasivo. 2.- Excluir hechos económicos gravables del objeto de un  tributo (…).

Artículo 17.- (Perfeccionamiento). Se considerará ocurrido el hecho generador y  existente sus resultados:

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o  realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.
2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente  constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

Artículo 43.- (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base  imponible podrá determinarse por los siguientes métodos:

1. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan  conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.

Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones  tributarias del sujeto pasivo:

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros  generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o  instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas  respectivas.
5. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el  tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en  forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales,  declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e  información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades;  presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en  la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y  facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos  relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema  (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el  código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de  las operaciones vinculadas con la materia imponible.

Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y  jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el  sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se  encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Pág.11 de 26

Artículo 77.- (Medios de Prueba). I. Podrán invocarse todos los medios de prueba  admitidos en Derecho.

 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse  más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a  partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.

1. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de  la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,  donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido  verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que  se acredite lo contrario.
2. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios  de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás  disposiciones legales.

Artículo 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se  apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que  cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las  siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso  de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa  constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión  de la Resolución Determinativa.
2. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación  tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con  juramento de reciente obtención.

Artículo 92.- (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la  Administración Tributaria declaran la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su  inexistencia.

Artículo 93.- (Formas de Determinación). I. La determinación de la deuda tributaria  se realizará:

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las  que se determina la deuda tributaria.
2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas  por Ley.
3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a  los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.

Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). I. La Vista de Cargo,  contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la  Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero  responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de  los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  Así mismo fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según  corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.

Pág.12 de 26

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el  reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según  corresponda.

Artículo 98.- (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o  tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para  formular y presentar los descargos que estime conveniente.

Artículo 99.- (Resolución Determinativa). II. La Resolución Determinativa que dicte la  Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha nombre o  razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos  de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de  contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La  ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será  expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de  nulidad la Resolución Determinativa.

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la  obligación tributaria.

Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá  indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e  investigación, a través de las cuales, es especial, podrá:

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como  cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

Artículo 104.- (Procedimiento de Fiscalización). I. Sólo en casos en los que la  Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, é investigación  efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de  Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria,  estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del  sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo  dispuesto en normas reglamentarias que a ese efecto se emitan.

1. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.  V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán  transcurrir más de doce meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más  extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración  Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más (…)

Artículo 165.- (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de  menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga  indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento  (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 215.- (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba)I. Podrán hacerse uso de  todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba  confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido.

1. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas  en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley.

 

Artículo 217.- (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,  siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

Pág.13 de 26

1. b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de  pagos.
2. c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados  por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación  específica.
3. d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será  considerado a efectos tributarios, como instrumento público.

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados  falsos por fallo judicial firme.

LEY Nº 843, TEXTO ORDENADO.  

Artículo 36.- Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se  aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados  financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a los  que disponga esta Ley su reglamento.

Artículo 47.- La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta  (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y  conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad  neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos  aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de  utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes  obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios  sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como  pertinentes (…)

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

Artículo 28.- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos  esenciales del acto administrativo los siguientes:

1. a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;
2. b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y  en el derecho aplicable;
3. c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;  d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales  y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;  e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las  razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en  el inciso b) del presente artículo; y,
4. f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

DS Nº 24051, REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS  EMPRESAS.  

Artículo 6.- (Utilidad Neta Imponible). Se considera Utilidad Neta Imponible a la que  se refiere el art. 47 de la Ley 843, la que resulte de los Estados Financieros de la  empresa elaborados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente  aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en este Reglamento.

Pág.14 de 26

Artículo 7.- (Determinación). Para establecerla Utilidad Neta sujeta al impuesto, se  restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios  prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y  conservarla fuente, cuya deducción admite a Ley y este Reglamento.

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas a  plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de  producirse la respectiva exigibilidad.

Artículo 8.- (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la  Ley como principio general y ratificado en el artículo precedente, se consideran  comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a  condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con  documentos originales.

Artículo 11. – (Remuneraciones al factor Trabajo). Las deducciones por remuneración al  factor Trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se pague, otros gastos  vinculados con los sueldos, salarios, originados en leyes sociales o convenios de trabajo.  .

Para la deducción de las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el presente  artículo, deberá demostrarse la aplicación del Régimen Complementario al Impuesto al  Valor Agregado sobre dichos importes, excepto en la deducción por aguinaldos pagados.

Artículo 26.- (Depreciación de Inmuebles). La deducción en concepto de depreciación de  inmuebles fijada en el Anexo del artículo 22º de este reglamento será aplicada sobre el  precio de compra consignado en la escritura de traslación de dominio. A los efectos del  cálculo de la depreciación deberá excluirse el valor correspondiente a terreno determinado  por perito en la materia bajo juramento judicial.

.

La depreciación de inmuebles se sujetará las siguientes condiciones:

1. a) Los documentos de compra o transferencia de inmuebles, además de estar debidamente  contabilizados, deberán estar a nombre de la empresa, caso contrario no serán deducibles  las depreciaciones pertinentes ni tampoco serán computables los gastos de mantenimiento.
2. N° 24780, 31 DE JULIO DE 1997.  

Artículo 4.- La base imponible del Impuesto Complementario de la Minería es el valor  bruto de venta. El valor bruto de venta es el monto que resulte de multiplicar el peso  del contenido fino del mineral o metal por su cotización oficial en dólares corrientes de  los Estados Unidos de América.

El peso del contenido fino es el peso del contenido de metal fino o de mineral y se  establece multiplicando el peso neto seco por la ley del mineral.

Artículo 6.- La ley del mineral es el porcentaje de metal fino o de mineral contenido en  el peso neto seco y para su determinación se procederá de la siguiente manera:  En las ventas internas, la ley del mineral es la ley consignada en la liquidación o factura  de venta.

En las exportaciones se consignará la ley declarada por el exportador. Sin embargo,  previo a la exportación, en el lugar de embarque la agencia verificadora de comercio  exterior contratada por el Gobierno o la entidad designada por este para el efecto  tomará muestras representativas de cada vagón o medio de transporte utilizado, en

Pág.15 de 26

presencia de un representante del exportador. Para el caso de exportaciones por vía  aérea, la muestra podrá ser tomada en las instalaciones de la fundición, debiendo  necesariamente cumplirse las formalidades aduaneras de exportación.

RND Nº 10-0035-05, RECEPCIÓN DE PRUEBAS CON JURAMENTO DE RECIENTE  OBTENCION EN EL PROCESO DE DETERMINACION, 13 DE OCTUBRE 2005 

Artículo 1.- (Procedencia). Dentro del Procedimiento de Determinación Tributaria,  toda la prueba documental en poder del sujeto pasivo o tercero responsable debe ser  presentada en el plazo de treinta (30) días dispuesto para la presentación de  descargos en el Artículo 98 de la Ley 2492 del 02 de agosto de 2003, Código Tributario  Boliviano, por tanto sólo se admitirán pruebas con juramento de reciente obtención, en  los términos del Artículo 81 del Código Tributario Boliviano, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de documentos anteriores a la Vista de Cargo, sólo si el sujeto  pasivo o tercero responsable dejó expresa constancia de su existencia y hubiere  comprometido su presentación hasta antes de la emisión de la Resolución  Determinativa.
2. Cuando se trate de documentos posteriores, es decir, pruebas ofrecidas fuera de  plazo, sólo si el sujeto pasivo o tercero responsable demuestra que se trata de  documentos de reciente obtención, cuya omisión en su presentación, no fue por causa  propia. A este efecto, serán válidos, todos los medios de prueba admitidos en derecho,  tal cual dispone el Artículo 77 de la Ley 2492.

RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES ANEXO  CONSOLIDADO.  

  

 Artículo 18.- (Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo 3). Tramitación.  Contra la Vista de Cargo el presunto contraventor podrá presentar por escrito, las  pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información que crea conveniente  para hacer valer su derecho. El plazo establecido para la presentación de Descargos  es de (30) treinta días computables a partir de la fecha de notificación y se realizará  ante el departamento de fiscalización de la Gerencia Distrital, Graco o Sectorial que  emitió la Vista de Cargo.

1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS.  

La Resolución Determinativa Nº 17-00000114-12 de 7 de mayo de 2012, emitida por la  Gerencia Distrital del SIN Potosí, determinó de oficio y sobre base cierta al contribuyente  LGO TRADING SRL, deuda tributaria por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas  (IUE) por los siguientes conceptos: Ventas (exportación de Concentrados) de Mineral,  Gastos Operativos, Gastos Administrativos, Gastos Financieros; Depreciación Activo  Fijo; Alícuota Adicional Generado por el pago ICM, por un importe de UFV’s 6.072.741  (Seis millones setenta y dos mil setecientas cuarenta y uno 00/100 Unidades de Fomento a  la Vivienda), por el periodo anual de octubre 2006 a septiembre 2007, correspondiente a  Tributo Omitido e Intereses; sancionando su conducta por Omisión de Pago, con una multa  igual al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a UFV’s 3.921.043 (Tres millones  novecientas veintiún mil cuarenta y tres 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) en  aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS 27310; de igual modo sancionó con una  multa de UFV’s 4.500 (Cuatro mil quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda)  por incumplimientos a deberes formales, establecidos en Actas de Contravenciones

Pág.16 de 26

Tributarias Nros. 32645 y 32646 (fs. 3013 a 3021 y 3025 Cuadernillos de Antecedentes  Nº 18(SIN).

9.1. Sobre la motivación y fundamentos de la Resolución Determinativa Nº 17- 00000114-12.  

El recurrente señaló que la Resolución Determinativa Nº 17-00000114-12 de 7 de mayo de  2012, determinó obligaciones impositivas sin contar con los fundamentos jurídicos y  técnicos pertinentes; que según la Administración Tributaria el procedimiento de  determinación se realizó sobre base cierta, por lo que debió verificar la información, datos y  prueba sobre los hechos generadores, que le permitan evidenciar y demostrar  objetivamente los mismos en aplicación del art. 17 de la Ley 2492, sin aplicar presunción  alguna; hecho que no ocurrió en el presente caso, al tomar en cuenta en la determinación,  ventas inexistentes de concentrados de mineral por la inclusión de dos pólizas de  exportación anuladas, vulnerando sus derechos y la garantía fundamental al debido  proceso de acuerdo al art.115.II de la CPE; citando además línea doctrinal de la Autoridad  de Impugnación Tributaria, contenida en Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0527/2007,  STG-RJ/0523/2007 y STG-RJ/0425/2008.

La Administración Tributaria, manifestó que la Resolución Determinativa Nº 17-00000114- 12 de 7 de mayo de 2012, fue emitida sobre base cierta, conforme a informe extraído de los  sistemas SIRAT II y GAUSS; de información obtenida de agentes informantes y  documentación presentada por el contribuyente en fechas 4 de enero y 29 de abril de 2011;  de la ponderación objetiva de toda la documentación, constató que el contribuyente no  declaró y determinó el IUE conforme a Ley, estableciendo diferencias a favor del fisco en el  periodo anual minero octubre 2006 a septiembre de 2007, teniendo como sustento del  proceso de fiscalización el informe CITE: SIN/GDPT/DF/INF/00123/2012, de 10 de febrero  de 2012.

A efectos del análisis de los argumentos del recurrente y fundamentación de la  Administración Tributaria recurrida, corresponde considerar que de acuerdo a la  definición contenida en el art. 92 del CTB la determinación es “El acto por el cual el  sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una  deuda tributaria o inexistencia”. Concordante el art. 93 del indicado Código, dispone  que una de las formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración  Tributaria es la determinación de oficio, en ejercicio de sus facultades otorgadas por  Ley. En cuanto a los métodos de determinación de la base imponible, el art. 43 del  mismo cuerpo legal prevé que el método Sobre Base Cierta, debe tomar en cuenta  los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e  indubitable los hechos generadores del tributo.  

Precisando respecto a la determinación por la Administración Tributaria denominada  “de oficio”, la doctrina tributaria considera que: “mediante la determinación de oficio,  el fisco ejercita una función íntegramente reglada y de modo alguno discrecional.  Pero sólo se sabrá si la función se ejercitó debidamente, si quien decide explica las  razones que lo llevaron a la conclusión arribada” (VILLEGAS B. Héctor, Curso de  Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. p. 300).

En relación a los métodos de determinación de la base imponible, el tributarista  boliviano Alfredo Benítez Rivas en su libro de “Derecho Tributario”. Azul Editores.  2009. Pág. 289 a 290, precisa: “El sistema obligado en la determinación sobre base  cierta, es la estimación de los documentos e información que lleven al  conocimiento indubitable de los hechos generadores del tributo; el fiscalizador 

Pág.17 de 26

debe limitarse a la verificación de los hechos subjetivos y objetivos del hecho  imponible; al examen de las pruebas literales o documentales que tiene un carácter de  pre constituidas, es decir, que su función es suplir las omisiones de la declaración o  insuficiencia de ésta; pero siempre basándose en aspectos objetivos que ofrezcan ese  conocimiento indubitable al que hace referencia el art. 43° (…)”. (Resaltado propio).

Sobre el tema, el art. 99.Il del CTB señala que la Resolución Determinativa que dicte  la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha nombre o  razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos  de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de  contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La  ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será  expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de  nulidad la Resolución Determinativa.

Por otra parte, de la revisión de la Resolución Determinativa Nº 17-00000114 -12 de 7  de mayo de 2012, se tiene que en su Considerando primero, párrafo segundo señala:  “Que en la fiscalización realizada sobre base cierta de acuerdo al parágrafo I del art.  43 de la Ley 2492, sobre la base de la información extraída de los sistemas  SIRATII y GAUSS como ser consulta de padrón, extracto tributario, declaraciones  juradas y consultas de dosificación de facturas; asimismo, la información obtenida de  agentes informantes (ventas reportadas por los proveedores en el módulo LCV Da  Vinci), así como la documentación presentada por el contribuyente en fechas 04  de enero y 29 de abril de 2012, consistente en declaraciones juradas formularios  210, 400, 580 y 593, Libro de Compras y Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al  débito y crédito fiscal, Comprobantes de egreso, (comprobantes de diario),  formularios de habilitación de notas fiscales, Estados Financieros, Plan de  Cuentas, Libros Diario y Mayor de Contabilidad, Pólizas de Exportación,  Documentación de los Lotes Exportados, Fotocopias de registros a  Fundempresa, NIT, etc. de los periodos comprendidos entre octubre, noviembre,  diciembre de 2006, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,  septiembre de 2007; a cuyo efecto, se constato que el mencionado contribuyente no  ha declarado ni determinado el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas  conforme a ley en el periodo anual minero fiscalizado, extremos que fueron  evidenciados en el proceso de fiscalización de acuerdo al Informe Final  CITE:SIN/GDPT/DF/INF/00123/2012 de 10 de febrero de 2012, emitido por el  Departamento de Fiscalización, estableciéndose diferencias a favor del Fisco, las que  se originaron en: a) Ventas (Exportación de Concentrados) (…) b) Gastos  Operativos, Gastos Administrativos y Gastos Financieros (…) c) En cuanto a las  Depreciaciones de Activos Fijos (…) y d) Alícuota Adicional generada por el pago  de ICM (…)”. En su Considerando segundo párrafo tercero señala “Que practicada la  liquidación previa tal como establece el art.96 de la Ley Nº 2492, se estableció el  monto de UFV´s 9.483.125 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y  TRES MIL CIENTO VENTICINCO 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA)  por concepto de tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por  incumplimiento de deberes formales…”, y por último en su párrafo cuarto y quinto  señala: “Que de acuerdo al Informe Complementario CITE:  SIN/GDPT/DF/INF/00217/2012 de 23 de marzo de 2012, dentro del término de prueba  otorgado conforme al art. 98 del Código Tributario Ley Nº 2492, el contribuyente LGO  TRADING SRL, representado legalmente por Thellaeche Rocabado José Ovando, no  presentó descargos para su valoración, ni tampoco efectuó pagos por concepto 

Pág.18 de 26

de reparos a Favor del Fisco del IUE del periodo fiscal con cierre al 30 de  septiembre de 2007 y por las Actas por Contravenciones Tributarias …” y “Que en  fechas 28 de marzo y 13 de abril de 2012, el contribuyente por intermedio de su  apoderada legal facultada a través de Poder Notarial Testimonio Nº 228/2012 de 03 de  marzo de 2012, presentó de manera extemporánea una nota acompañando  pruebas de descargo y solicitando que sean consideradas como de reciente  obtención, a cuyo efecto el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva,  mediante nota CITE: SIN/GDPT/DJCC/UTJ/NOT/042/2012 de fecha 17 de abril de  2012, rechaza la solicitud del contribuyente manifestando que: en punto tercero  indica que “producto de la Fiscalización y sobre la base de los documentos  presentados por LGO TRADING SRL., el Departamento de Fiscalización  estableció la existencia de reparos a favor del Fisco detallados en la Vista de  Cargo Nº 003-2012 de 10 de febrero de 2012…”,en penúltimo párrafo señala “ Por  tanto no corresponde aceptar dichos documentos como pruebas de reciente  obtención, por haber precluido el plazo para la presentación de los mismos de  acuerdo al art. 98 del Código Tributario y porque no existen pruebas tal cual  dispone el art. 77 del citado Código que demuestre que se trata de pruebas de  reciente obtención o que la omisión de presentación no fue por causa propia  conforme al último párrafo del art. 81 del Código Tributario Ley Nº 2492;  asimismo por tratarse de fotocopias simples…” (fs. 3013 a 3021 del Cuadernillo de  Antecedentes Nº 18 del SIN).  

De la revisión de antecedentes, se evidencia que el 4 de enero de 2011 y el 29 de abril  de 2011 mediante Actas de Recepción/Devolución de Documentos, LGO TRADING  SRL presentó la siguiente documentación: declaraciones juradas formularios 210, 400,  580 y 593; Libro de Compras y Ventas IVA; notas fiscales de respaldo al Debito y  Crédito fiscal IVA; comprobantes de ingresos y egresos con respaldo; Estados  Financieros Gestión 2007, Dictamen de Auditoria Gestión 2007; Plan de cuentas  contables, Libros de Contabilidad; Pólizas de Exportación octubre a diciembre 2006 y  enero a septiembre 2007; Originales Análisis Químico (29) copias legalizadas sin sello  ni fechas y fotocopias de NIT, de FUNDEMPRESA, de Poder de representante legal,  de Constitución de Sociedad; Registro Único de Exportador; Fotocopia de detalle de  Activos Fijos; Estados Financieros gestión 2006; Estructura Gerencial (organigrama);  Documentación de los lotes: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75,  76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 84 y 85 en originales y fotocopias; fotocopia de la  documentación relacionada con la exportación de los lotes 62 al 86 en 311 hojas (fs. 31 y 32 de Cuadernillo de Antecedente Nº 1 SIN).

Por otro lado, también en antecedentes se evidencia que a fjs. 2279 a 2291 cuadernillo  N°13 cursan Facturas Comerciales de Exportación N°s 77 y 74 y Pólizas de  Exportación DUES N°s C8393 y C8067 presentadas por el recurrente a la  Administración Tributaria en fechas 04 de enero y 29 de abril de 2011, con el sello de  revisado y recibido fotocopia del documento original de 30 de enero de 2012.  Igualmente en papeles de trabajo V6 y V7 denominados “Ingresos por Exportación de  Concentrados de Minerales” y “Reliquidación del ICM según exportación de minerales  realizadas por el contribuyente” (adjunto Libro Mayor), se evidenció que las pólizas de  exportación no fueron registradas en Libro Mayor del contribuyente e incluidas en la  determinación de la liquidación del ICM y por lo tanto en las ventas de concentrados de  mineral, como se refleja en papel de trabajo U13 “Verificación del Estado de Resultados”  (foja 72 cuadernillo de antecedentes N°2 SIN), estableciendo diferencias de Bs  2.989.272, con relación a las ventas de concentrados de mineral expuestas por el

Pág.19 de 26

contribuyente en el Estado de Resultados, de lo que se advierte que las ventas de  concentrados de mineral según fiscalización fueron determinadas en base a documentos  presentados por el recurrente y según lo dispuesto en el art. 4 del DS 24780 (pólizas de  exportación, libros mayores, formularios 210, 400, 580 y 593 y Estado Financieros),  estableciendo diferencias sobre base cierta (fs. 2477 a 2479 Cuadernillo de Antecedentes  N° 15 SIN).

Del contenido y de antecedentes revisados, se advierte que la Resolución  Determinativa Nº 17-00000114 -12, hace mención detallada de los conceptos  observados al recurrente producto de la revisión de documentos presentados por el  recurrente y obtenidos de los sistemas SIRATII y GAUSS, argumentando el motivo de  las observaciones, cita la normativa infringida, presenta especificaciones sobre la  deuda tributaria y expone la valoración de los descargos presentados por el  contribuyente después del plazo establecido en Vista de Cargo, argumentando los  motivos de su rechazo.

Por lo tanto según lo señalado precedentemente se afirma que la Resolución  Determinativa Nº 17-00000114 -12, en su contenido cuenta con la descripción de los  hechos y antecedentes que le sirven de sustento, evaluación de la evidencia  encontrada y la prueba aportada; es decir, esta debidamente motivada y  fundamentada en cuanto a las pretensiones de la Administración Tributaria, en  cumplimiento de los requisitos del art. 99.II del CTB y art. 18 numeral 3 inciso b) de la  RND 10-0037-07 y de acuerdo al art. 28 b) y e) de la Ley 2341; en consecuencia el  agravio planteado por el recurrente no corresponde.

9.2. Sobre la valoración de la prueba.  

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria determinó diferencias de Bs  2.989.271,87, por ventas inexistentes de concentrado de mineral, tomando en cuenta dos  pólizas de exportación que corresponden a trámites anulados por el mal llenado de los  Certificados de Origen; tramite Nº 16697 (anulado el 25 de septiembre de 2007) y Nº 16700  (anulado el 21 de septiembre de 2007), conforme certificación del Centro Logístico de  Comercio Exterior “CADEXPO”, documentos que fueron presentados como descargo a la  Administración Tributaria, pero que fueron desestimados mediante nota CITE:  SIN/GDPT/DJCC/UTJ/NOT/042/2012 de 17 de abril de 2012, con argumento erróneo de  aplicación del art.81 del CTB; siendo que desde el primer requerimiento, se puso en  conocimiento de la Gerencia Distrital del SIN Potosí que esta documentación existía y que  no podía presentarse de inmediato debido al cese de actividades de la empresa.

Respecto a los Costos de Operación, advierte que la Administración Tributaria depuró  gastos no deducibles por un importe de Bs.1.776.694,01, con el supuesto de no haber  demostrado el derecho propietario de los bienes, cuya utilización generó el gasto no  deducible; explicando que inicialmente la Sociedad no contaba con la documentación que  acredite la propiedad de los bienes, debido a que los bienes fueron vendidos en su  disolución y antes del inicio de la fiscalización, empero los mismos fueron presentados al  SIN con posterioridad, no siendo aceptados ni tomados en cuenta, determinando un reparo  que no corresponde.

En cuanto a las diferencias determinadas por Gastos Operativos, Gastos Administrativos,  Financieros y Depreciaciones de Activos Fijos por un importe total de Bs 99.184,32 e  igualmente otros egresos (AITB) de Bs.116.540,33, manifestó que si bien es evidente que  los art. 8, 22 y 26 del DS 24051, requieren el respaldo documental de los gastos y

Pág.20 de 26

depreciaciones; la empresa no estaba inicialmente en condiciones de atender los  requerimientos de la fiscalización, debido al cierre de operaciones, pero que posteriormente  fueron presentados, no siendo aceptados, ni valorados.

La Administración Tributaria respecto al cálculo de ventas brutas en exportación de  concentrados, sobre las dos pólizas de exportación, señaló que el recurrente presentó  como prueba una certificación de fecha 17 de octubre de 2007, elaborada por Miki Kostka  Gardeazabal S. CERTIFICADOR DE ORIGEN UNIDAD DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  DE POTOSÍ de CADEXPO; que refiere la anulación de trámites del mes de agosto y  septiembre, los cuales son detallados en un cuadro anexo que refleja que los certificados de  Origen C.O. Nº 16697 y 16700, fueron anulados en fechas 25 y 21 de septiembre de 2007;  empero, dicha documentación fue presentada una vez concluido el plazo otorgado por el  art. 98 del CTB, considerando que la Vista de Cargo fue notificada al recurrente el 14 de  febrero de 2012, y el plazo de 30 días concluía el 15 de marzo de 2012, pero fue  presentada por el recurrente el 13 de abril de 2012, (en fotocopia simple), con 29 días de  retraso. Consideró que esta certificación no puede ser presentada como de reciente  obtención, cuando fue expedida anterior a la fecha de emisión de la Vista de Cargo; por lo  que fueron desestimados mediante nota CITE: SIN/GDPT/DJCC/UTJ/NOT/042/2012 de 17  de abril de 2012, no existiendo vulneración a los derechos del contribuyente, toda vez que  fueron presentados fuera de plazo establecido. Asimismo aclaró que la obligación del  contribuyente es proporcionar toda la documentación requerida por la Administración  Tributaria dentro los plazos establecidos, dispuestos en art.70 num.4 y 8 del CTB.

Respecto a los Costos de Operación, registrados en Estados de Resultados, constató que  la mayoría de los gastos no cuentan con la documentación de respaldo (facturas,  comprobantes, retenciones), no se encuentran relacionados a la actividad gravada que  realiza a empresa; no siendo deducibles para el IUE, contraviniendo el art. 70 num.1) ,4),6)  y 8), del CTB, así como el art.8 del DS 24051. En relación a las planillas de Sueldos y  Salarios aclaró que existen otros pagos que no cuentan con respaldo de planillas y que no  existen sueldos sujetos al RC-IVA según planillas, por lo que no pueden considerarse como  gastos deducibles por vulneración del art.11 del DS 24051; en cuanto a las Depreciaciones  de Activos Fijos, indica que con relación a la depreciación, se vulneró el art. 22 de DS  24051, por no contar con documentación de respaldo del derecho propietario de los bienes.

Respecto de la Prueba, en la doctrina se entiende como el conjunto de actuaciones  que dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina a demostrar la verdad o falsedad  de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas  pretensiones litigiosas; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente  datos que resultan documentos que se encuentran en poder de las partes o de  terceros; plazo en el procedimiento administrativo es el espacio de tiempo útil para  realizar una actividad procedimental; el plazo es perentorio, cuando su vencimiento  es decisivo o concluyente, extingue el derecho “Ossorio Manuel, Diccionario de  Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Págs. 817, 614, 759 y 743” (las negrillas son  nuestras).

Asimismo, en cuanto a la prueba, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la:  “Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la  realidad de un hecho”; asimismo respecto a la prueba de reciente obtención o  superviniente considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos  declara así con bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de  cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para  evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho  posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento 

Pág.21 de 26

con anterioridad” (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho  Usual, págs. 497, 504).

Por otra parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define prueba  como el “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se  encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una  de las partes en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas”; ahora en cuanto a  la prueba documental, señala que “Es la formada por los documentos que las  partes tengan en su poder y que presenten en el juicio dentro del término  procesal oportuno.” (Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada,  corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, paginas 625-626) (el  resaltado es nuestro).

La legislación nacional respecto de la Prueba, en el artículo 81 del CTB, determina que  las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles  sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad,  debiendo rechazarse: 1) Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatoria,  superfluas o ilícitas. 2) Las que habiendo sido requeridas por la Administración  Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se  hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación,  hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, y 3) Las ofrecidas fuera de  plazo. En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la  obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas  con juramento de reciente obtención. En ese mismo orden, el primer párrafo del art. 98  de la señalada Ley, determina que una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto  pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta  (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes (el  resaltado es nuestro).

Por su parte el art. 217.a) del CTB, respecto a la prueba presentada por las partes,  dispone que ésta debe ser original o copia debidamente legalizada por autoridad  competente; añade que la prueba documental hará fe respecto a su contenido,  salvo que sea declarada falsa por fallo judicial firme (el resaltado es nuestro).

El art. 215.II del CTB, que regula los medios, carga y apreciación de las pruebas, en  los recursos administrativos que se sustancian ante la Autoridad de Impugnación  Tributaria, establece que serán aplicables todas las disposiciones contenidas en los  arts. 76 al 82 del CTB, las cuales determinan que las pruebas que cumplan con los  requisitos de oportunidad y pertinencia, son las que deben ser valoradas de acuerdo a  la sana critica, normativa que no puede desconocerse en virtud del principio de  informalismo, toda vez que nuestra legislación –previniendo aquellos casos en los que  el contribuyente se encuentre recabando la prueba que haga a su derecho- establece  requisitos que se deben cumplir respecto a las nuevas pruebas a ser ofrecidas y  producidas, de manera que la presentación de las mismas no sea ilimitada.

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene, que la  Administración Tributaria una vez notificada la Orden de Fiscalización Nº  0010OFE00147 al contribuyente LGO TRADING SRL el 07 de diciembre de 2010,  disponiendo el inicio de la Fiscalización, con el objeto de verificar los hechos y  elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por el  periodo anual octubre 2006 a septiembre 2007; requirió la presentación de  documentación en original y fotocopias detalladas en Form. 4003 Nro. 107469, entre  los cuales subrayamos Planillas de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones 

Pág.22 de 26

Sociales; Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Pólizas de  Importación y Exportación, Libros de Contabilidad ICM, Detalle de Activos Fijos;  Liquidaciones provisionales y definitivas; así como otra documentación a ser requerida  (fs. 2 y 6 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). Posteriormente el 14 de abril de  2011, la Administración Tributaria, realizó nuevo requerimiento de información  mediante Form. 4003 Nro. 107555, solicitando para tal efecto la presentación de  Fotocopias de NIT, de FUNDEMPRESA, de Poder de representante legal, de  Constitución de Sociedad; Registro Único de Exportador, Libros mayores de facturas  de Compras, Ventas, Debito y Crédito Fiscal; Originales de toda documentación que  respalda la exportación; Análisis de Laboratorio, Estructura de Costos, Libros de  Compras y Ventas ICM; contratos de exportación, contratos con proveedores, detalle  de Activos Fijos, Estados Financieros gestión 2006, Formulario Nº 597, Manifiestos  Internacionales de Carga, Certificado de Salida, Libro Mayor de Regalías ICM,  Formulario RC-IVA dependientes, Planillas de Sueldos de periodos de fiscalización,  Estructura Gerencial (fs. 13 y 14 de Cuadernillo de Antecedente 1 SIN). Por último el  14 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, realizó nuevo requerimiento de  información mediante Form. 4003 Nro. 112373, solicitando Documentos de  propiedad de Activos Fijos, requerimiento no atendido por el recurrente (fs. 24 de  Cuadernillo de Antecedente Nº 1(SIN).

El 14 de febrero de 2012, la Gerencia Distrital del SIN, notificó cedulariamente a LGO  TRADING SRL, la Vista de Cargo 003/2012 de 10 de febrero de 2012, estableciendo  una deuda tributaria por IUE por los siguientes conceptos: Ventas (exportación de  Concentrados) de Mineral, Gastos Operativos, Gastos Administrativos, Gastos  Financieros; Depreciación Activo Fijo; Alícuota Adicional Generado por el pago ICM,  correspondiente a los periodos de octubre, noviembre, diciembre de 2006, enero,  febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2007, otorgándole un  plazo de 30 días para la presentación de descargos de acuerdo al art. 98 del CTB 

(fs. 2808 a 2830 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 17 SIN). Transcurrido el plazo de  la Vista de Cargo, la Administración Tributaria emitió Informe Complementario  CITE:SIN/GDPT/DF/INF/00217/2012 de 23 de marzo de 2012, estableciendo que el  contribuyente Empresa “LGO TRADING SRL”, con NIT 132605028, no presentó  descargos, ni canceló los reparos, recomendando remitir el informe y expediente al  Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la continuación del  proceso de cobro de la deuda tributaria actualizada, en cumplimiento del Artículo 18°  de la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007.

El 28 de marzo de 2012, LGO TRADING SRL, presentó documentación como de  reciente obtención (anillado con 81 fojas, todo en fotocopias simples), respaldando el  derecho propietario de algunos activos, entre ellos: 1) Documento Privado con  Empresa Computer And Sensors SRL, por el Kit electrónico HBM-LOADTRON, para  báscula de camiones de 60 toneladas de capacidad, 2) Documento de compra y venta  de Tractor marca Fiat Allis, ind. Brasilera Nº motor: 5690 Chasis: 011613, 3) Testimonio  Notarial Nº 180/2007, por transferencia de vehículo marca: Toyota, modelo: 1992,  Chasis : HZJ750008796, Motor: 1HZ-0050880 y registro de propiedad Nº 1042557, 4)  Documento Privado sobre Compra Venta de Vehículo marca: Mitsubishi, Motor:  4G54KS3246, Chasis: DONV1200PJ00109, Modelo: 1993, Póliza: 3290900 y Placa:  560AEF; 5) Póliza C348 correspondiente a una Pala Cargadora Frontal Marca: Volvo,  Modelo 4500; 6) Póliza C34 correspondiente a un Compresor Diesel Marca:  Compacair, Modelo CPS 90; 7) Documento de Propiedad Nº 904540 correspondiente a  Camión marca: Mercedes Benz, Motor: 4030104900, Chasis: 39332614129144; 8)  Póliza C7373, correspondiente a Excavadora Marca: Caterpillar CAT 312B, año: 1998,

Pág.23 de 26

9) Póliza C349 correspondiente a Compresor Diesel marca: Compacair mod: CPS 90;  10) Documento de compra y venta de maquinaria pesada, tipo Retroexcavadora,  marca Case, Serie: 580SK, Chasis: JJH0050582, Póliza C2966; todo en).  Posteriormente el 13 de abril de 2012, presentó certificación de anulación de trámites  de exportación de 17 de octubre de 2007, documento firmado por Miki Kostka  Gardeazabal CERTIFICADOR DE ORIGEN UNIDAD DE CERTIFICACIÓN DE  ORIGEN DE POTOSI, que refiere la anulación de trámites del mes de agosto y  septiembre, los cuales son detallados en un cuadro anexo que refleja que los certificados de  Origen C.O. Nº 16697 y 16700, fueron anulados en fechas 25 y 21 de septiembre de 2007  (fs.2908 a 2988 y 2992 a 2993 Cuadernillos de Antecedentes N° 18 SIN).

Mediante nota CITE: SIN/GDPT/DJCC/UTJ/NOT/042/2012 de 17 de abril de 2012, el  Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital del SIN Potosí,  rechazó la prueba presentada como de reciente obtención por el contribuyente,  manifestando que: “… fue requerida en su oportunidad por el Departamento de  Fiscalización en fechas 07 de diciembre, 14 de abril de 2011 mediante formularios  Requerimientos N°s 107469, 107555,112373, sin que sus representantes hubiesen  dejado expresa constancia de la existencia de mayor prueba y su compromiso de  presentación hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, requisito para  considerarse y aceptarse dicha prueba como de reciente obtención, conforme dispone  el numeral 2 del art. 81 del Código Tributario. Asimismo, dentro del plazo establecido  en el art. 98 del Código Tributario tampoco fue presentada prueba para su valoración o  descargo alguno que desvirtúe las observaciones establecidas en la Vista de Cargo  N°003-12 de 10 de febrero de 2012, habiendo precluido su derecho el 15 de marzo de  2012 con carácter perentorio según el art. 4 numeral 3) del Código Tributario, por lo  que conforme al parágrafo II del art. 1 de la citada Resolución Normativa de Directorio  N° 10-0035-05, las pruebas ofrecidas posteriores a la Vista de Cargo serán admisibles  sólo si de demuestre que efectivamente se trata de pruebas de reciente obtención cuya  omisión de presentación no es atribuible al contribuyente” y que: “Por tanto no  corresponde aceptar dichos documentos como pruebas de reciente obtención, por  haber precluido el plazo para la presentación de los mismos de acuerdo al art. 98 del  Código Tributario y porque no existen pruebas tal cual dispone el art. 77 del citado  Código que demuestre que se trata de pruebas re reciente obtención o que la omisión  de presentación no fue por causa propia conforme al último párrafo del art. 81 del  Código Tributario Ley Nº 2492; asimismo por tratarse de fotocopias simples…”. (fs.  2997 a 2999 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 18 del SIN).  

De acuerdo a la normativa glosada, se tiene que los documentos presentados por el  sujeto pasivo, para ser valorados, deben cumplir los requisitos de pertinencia y  oportunidad establecidos en el art 81 del CTB, y no contener las causales de rechazo  previstas en los numerales 2) y 3) del citado artículo, y si aún en estos casos, la prueba  es presentada como prueba de reciente obtención, el sujeto pasivo deberá probar que  la omisión no fue por causa propia y tomando el respectivo juramento.

En el presente caso si bien es evidente que el recurrente presentó pruebas de  descargo en fechas 28 de marzo y 13 de abril de 2012, estos fueron presentados fuera  del plazo otorgado por el art. 98 del CTB; no cursando en antecedentes evidencia que  demuestre que el recurrente hubiese dejado expresa constancia de la existencia de las  mismas y su compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la Resolución  Determinativa; es decir no demostró legalmente que dichas pruebas eran de reciente  obtención, incumpliendo los requisitos establecidos en el art. 81 numeral 3) del CTB y  art.1.II de la RND Nº 10-0035-05; habiendo precluido su derecho a presentar pruebas

Pág.24 de 26

el 15 de marzo de 2012, con carácter perentorio según el art. 4 numeral 3) del CTB. Es  necesario recalcar también que la Administración Tributaria solicitó de manera  reiterada mediante Requerimientos Nros. 107469, 107555,112373 de fechas 07 de  diciembre de 2010, el 14 de abril y 14 de diciembre de 2011, la documentación  presentada por el recurrente como de reciente obtención, sin ser atendidos por el  recurrente mostrando una total despreocupación y negligencia; más aún cuando los  documentos fueron presentados en fotocopia simple, condición no permite determinar  la veracidad de la misma y otros como la certificación de anulación de trámites de  exportación otorgado por CADEXPO, tiene fecha de 17 de octubre de 2007 anterior a  los requerimientos de documentación de la Administración Tributaria; por lo señalado  no corresponde considerar estos documentos como prueba de reciente obtención para  su valoración.

Al respecto, el art. 215.II del CTB, prevé que en los recursos administrativos, son  aplicables las disposiciones establecidas en los artículos 76 al 82 del CTB. En ese  entendido, el art 81 de la citada Ley, establece que las pruebas se apreciarán conforme  a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los  requisitos de pertinencia y oportunidad, sin embargo, adicionalmente a lo establecido  en el último párrafo del art. 81 del CTB, para la admisión de la prueba documental,  debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 217 inciso a) del CTB, que señala: “Se  admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes  en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada  por autoridad competente” (el resaltado es nuestro).

Finalmente se evidencia que las pruebas mencionadas fueron presentadas también en  esta instancia como de reciente obtención, pero sin tomarse el juramento previsto y sin  cumplir los requisitos establecidos en el art. 81 del CTB (fs. 1-45 y 65-67 de obrados),  por lo cual no fueron consideradas y valoradas por esta instancia. Al respecto, el Tribunal  Constitucional en la Sentencia Constitucional 1642/2010-R de 15 de octubre 2010 señaló:  “…El sujeto pasivo está facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante la  Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla con  los requisitos establecidos en la última parte del art. 81 del CTB, es decir, solamente en  caso de haberse probado que la omisión de presentación de prueba hasta antes de la  Resolución Determinativa, no fue por causa propia y además siempre que se cumpla con el  requisito del juramento de reciente obtención de la prueba ofrecida. Ahora bien, por lo  expresado se establece que si no concurren los presupuestos antes indicados, opera la  preclusión, razón por la cual la prueba presentada en etapa recursiva deberá ser  rechazada…”.  

Respecto al argumento del recurrente de que el haber cesado toda actividad el 2010 y  dado de baja el NIT 132605028. con lo que justifica la presentación de la documentación  tardía, como prueba de reciente obtención, el art. 70.4 del CTB refiere entre las obligaciones  Tributarias del Sujeto Pasivo “Respaldar las actividades y operaciones gravadas,  mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como  otros documentos y/o instrumentos públicos; y en tanto no prescriba el tributo,  considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma  ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales,  declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e  información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades;  presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en  la forma y plazos en que éste los requiera”; en consecuencia el argumento planteado,

Pág.25 de 26

no corresponde ser atenuante de la presentación y conservación de la documentación  en los plazos señalados.

Finalmente, en referencia a las actas por Contravenciones Tributarias Nros. 32645 por  UFV’s 1.500 y 32646 por UFV’s 3.000, el recurrente expresó no oponer objeción alguna,  siendo evidentemente que la documentación se presentó fuera del plazo, debido al cese de  operaciones de la Sociedad.

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece que la  Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, en el procedimiento  sancionador unificado al de determinación de oficio, observó adecuadamente el  procedimiento previsto en la normativa tributaria referida a la determinación sobre base  cierta las obligaciones impositivas de LGO TRADING SRL, del Impuesto sobre las  Utilidades de las Empresas.

POR TANTO  

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto  Supremo Nº 29894, revisando en primera instancia en sede administrativa,

 

RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa Nº 17-00000114-12 de 7 de mayo de  2012, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, contra  LGO TRADING SRL. Todo, conforme establece el art. 212.I. inciso b) del Código Tributario  Boliviano.

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente  Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario  Boliviano.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

 

Pág.26 de 26