ARIT-CHQ-RA-0186-2018 Resolución Determinativa aplicada en función a que la sanción impuesta al contribuyente por omisiones de pago RC-IVA gestión 2010 se encontraban vigentes, por lo tanto, no corresponde la prescripción solicitada

ARIT-CHQ-RA-0186-2018

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0186/2018  

Recurrente María Celina Pérez Inda.  

Administración recurrida  

Gerencia Distrital Chuquisaca_ del Servicio de  Impuestos Nacionales, representada  legalmente por Jhonny Padilla Palacios.  

Acto impugnado Resolución Determinativa Nº 171810000036.  Expediente Nº ARIT-CHQ-0024/2018.  

FECHA Sucre, 27 de _agosto de 2018.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración  Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y  producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico  Jurídico ARIT-CHQ/ITJ Nº 0186/2018 de 27 de agosto de 2018, emitido por la Sub  Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  . Determinativa Nº 171810000036 de 9 de abril de 2018, determinó de oficio sobre base  cierta deuda tributaria de UFV’s 8.876 (Ocho mil ochocientas setenta y seis Unidades  de Fomento a la Vivienda) correspondiente al RC-IVA (Régimen Complementario al  Impuesto al Valor Agregado – Dependientes) de los periodos enero, febrero, marzo,  mayo y diciembre de 201 O, monto que comprende el Tributo Omitido e interés; calificó  la conducta como Omisión de Pago, imponiendo la multa equivalente al 100% del  tributo omitido cuyo importe asciende a UFV’s 6.155 (Seis mil ciento cincuenta y cinco  Unidades de Fomento a la Vivienda). Resolución notificada mediante cedula a María  

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Celina Pérez Inda, el 23 de abril de 2018, e impugnada el 14 de mayo de 2018, dentro  del plazo de veinte días establecido en el art. 143 del CTB.  

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.  
  2. 1. Argumentos de la Recurrente.  

María Celina Pérez Inda (la recurrente), señaló que el 23 de abril de 2018, fue  notificada con la Resolución Determinativa ahora impugnada, que determinó deuda  tributaria de Bs 33.884.- por la contravención tributaria de omisión de pago respecto al  RC-IVA dependientes, por períodos correspondientes a la gestión 2010; sin embargo,  indicó que la Administración Tributaria no consideró que respecto al cómputo de la  prescripción, durante la mencionada gestión se encontraba vigente el art. 59 de la Ley  2492, sin las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317; artículo que  señalaba que las acciones de la Administración Tributaria prescribían a los cuatro (4)  años. Por lo que, en el presente caso las acciones de la Administración Tributaria para  controlar, investigar, verificar, fiscalizar y comprobar tributos, así como para determinar  la deuda tributaria prescribieron, toda vez que desde la gestión 201 O, a- la fecha que  fue notificada la Resolución Determinativa, transcurrieron más de 5 años; como  respaldo citó los Autos Supremos Nros. 39 y 47 de 2016. Agregó que en el presente  caso no se dieron las condiciones respecto a la suspensión e interrupción del cómputo  de la prescripción, establecidos en los arts. 61 y 62 del CTB.  

Manifestó, que si bien las Leyes 291 y 317, de 22 de septiembre y 11 de diciembre de  2012, modificaron el régimen de prescripción en materia tributaria, en ningún caso  podrían· afectar las condiciones de hechos sustantivos regulados bajo una norma  vigente en ese momento, menos aun considerando que la Ley 812, modificó el periodo  de prescripción a 8 años, aspecto que ratifica la errónea interpretación de aplicar la  norma de forma retroactiva, en virtud al principio de irretroactividad de la Ley, que  señala que cualquier norma se aplica desde su promulgación hacia adelante y jamás  retroactivamente; por lo que, no serían aplicables al presente caso, conforme el art.  123 de la CPE, que establece la garantía jurisdiccional de la irretroactividad de la ley,  que en el caso de materia tributaria el art. 150 del CTB, establece que las normas  tributarias no tienen efecto retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios,  

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establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de  alguna manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

Agregó, que si bien la determinación de un tributo es indispensable porque otorga la  condición de efectividad para el pago del mismo, ésta debe circunscribirse a la  normativa vigente al momento de la verificación del hecho imponible y no así al de la  determinación de oficio por el SIN. Como respaldo de su argumento citó la Resolución  de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ/0174/2009 y las Sentencias Constitucionales Nros.  770/2012 y 1169/2016-S3, referidos al principio de irretroactividad de la ley; señaló  además, que conforme al art. 203 de la· CPE, art. 8 de la Ley del Tribunal  Constitucional Plurinacional y art. 15 del Código Procesal Constitucional, son de  carácter vinculante y de cumplimiento obllqatorío.  

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº  171810000036 de 9 de abril de 2018, y declare prescrita la acción que tiene la  Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar  tributos y/o de determinar la deuda tributaria.  

  1. 2. Auto de Admisión.  

Inicialmente el recurso. planteado fue observado mediante Auto de 17. de mayo de  2018, por incumplimiento del art. 198 inciso b) del CTB; subsanada la observación, a  través del Auto de 4 de junio de 2018, se admitió el Recurso y se dispuso notificar a la  Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos  los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con  la Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a  la entidad recurrida el 12 de junio de 2018, conforme a la diligencia de fs. 31 de  obrados.  

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria.  

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 27 de junio de 2018, se  apersonó Jhonny Padilla Palacios, acreditando su condición de Gerente Distrital  del SIN, según copia legalizada de la Resolución Administrativa de  

031800000185. de 22 de marzo de 2018, quien respondió  

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negativamente al Recurso. planteado, señalando que la contribuyente pretende se  computen cuatro años para la procedencia de la prescripción, sln la aplicación  retroactiva de las modificaciones al CTB; aspecto que dista de la legalidad  

  • administrativa, ya que las modificaciones a los arts. 59 y 60 del CTB a través de las  Leyes 291 de 22/09/2012 y 317 de 11/12/2012, estaban vigentes. al momento de  producirse el cómputo vinculado al término de la prescripción y la forma de cómputo en  su inicio, por lo que su aplicación no es retroactiva, y en tal sentido no se vulneró  preceptos constitucionales comoel art. 123 de la CPE, o el art. 150 del CTB,  respetándose la supremacía ·constitucional y los principios de irretroactividad de la  norma establecidos en la CPE, Ley 027 y ·código Procesal Constitucional, así como el  efecto vinculante de la Jurisprudencia Constitucional y del Tribunal Supremo de  Justicia, sin embargo se debe tomar en cuenta . que . la Autoridad decisora en la  resolución de un conflicto puede apartarse de los lineamientos jurisprudenclales en  tanto difieran en sus particularidades y no sean similares al caso sobre el cual se  pretende su aplicación, como sucede en el presente caso.  

Señaló, que el art. 59 del CTB, fue modificado por las Leyes 291, 317 que datan de la  gestión 2012, y en ese sentido, señaló que el cómputo de la prescripción respecto a la  facultad de determinar la deuda tributaria de la Administración Tributaria por los  periodos enero; febrero, marzo y mayo de la gestión 2010, inició el primer día del año  siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, es decir el 1 de enero  de 2011 y para el periodo diciembre de 2010, inició el 1 de enero de 2012 y desde esas  fechas hasta el 23 de abril de 2018, no transcurrió el término de la prescripción de diez  años en la gestión 201.8, por lo que la facultad de determinación ejercida por el SIN se  encontraría vigente.  

Manifestó, que la Ley 812, establece el término de prescripción de ocho años en  general para todos los casos, norma vigente a momento de emitida la Orden de  Verificación como la Resolución Determinativa y en base a dicha norma, debió  transcurrir ocho años para que opere la prescripción, desde el 1 de enero de 2011  para los períodos enero, febrero, marzo y mayo de 2010 y desde el 1 de enero de  2012 para el ·período diciembre de 201 O, situación que no ocurrió, ya que no  transcurrieron los 8 años que establece la mencionada ley; por lo que, la facultad de  determinación de la Administración Tributaria se. encuentra vigente. Citó como  

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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

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precedente las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014, AGIT-RJ  . 0869/2017 y AGIT-RJ 0791/2017.  

Finalmente, mencionó que las Sentencias Nros. 39 y 47 emitidas por el Tribunal  Supremo de Justicia, fueron dejadas sin efecto legal a través de la SC Nº 0231/2017-  S.3 de 24 de marzo de 2017 y la se 0048/2017-S2 de 06 de febrero de 2017.  

En base a lo señalado, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº  171810000036 de 9 de abril de 2018.  

11.4. Apertura de término probatorio.  

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 28  de junio de 2018 que cursa a fs.40 de. obrados, se dispuso la apertura del término  probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes; procediéndose a su  notificación el 4 de julio de 2018, conforme consta por la diligencia de fs. 41 de  obrados, el señalado plazo concluyó el 24 de julio de 2018.  

En esta fase, por memorial presentado el 19 de julio de 2018, la Administración·  Tributaria ratificó la prueba documental adjuntada a la respuesta al Recurso de  Alzada; señalando que dicha prueba demuestra que la recurrente incumplió. con sus  

. obligaciones tributarias; y que los actuados de la Administración Tributaria se  enmarcaron en la normativa vigente, respetando en todo . momento los derechos  reconocidos a la ahora recurrente. Por su parte, la recurrente no presentó más prueba  en esta fase.  

11.5~ Alegatos~  

Conforme establece el art. 210.11. del CTB, las partes tenían la oportunidad de  presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del  término probatorio; es decir, hasta el 13 de agosto de 2018; sin embargo, no hicieron  uso de este derecho en el plazo otorgado por ley.  

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  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. .  

De la revisión del Cuadernillo de Antecedente Nro. 1 (SIN) se tiene la siguiente  relación de hechos:  

El 15 de noviembre de 2018, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió la Orden de  Verificación Interna 00130VI02482 (Form. 7520), contra María Celina Pérez Inda, con ·  el objetivo de verificar los hechos y elementos relacionados con el Régimen  Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA – Dependientes) de los periodos  enero, febrero, marzo, mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 201 O, derivado del  crédito fiscal contenido en las facturas declaradas en el Formulario 11 O, detalladas en el  anexo de dicha Orden de Verificación. Acto notificado mediante cedula a María Celina  Pérez Inda, el 20 de febrero de 2017 (fs. 1 O a 19).  

El 18 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo N°  291710000328 (CITE: SIN/GDCH/DFNC/0033212017), que liquidó preliminarmente una  deuda tributaria de UFVs 8.681 (Ocho mil seiscientas ochenta y un Unidades de Fomento  a la Vivienda) correspondiente al RC-IVA de los periodos enero, febrero, marzo, mayo y  diciembre de 201 O, monto que comprende él Tributo Omitido e interés; calificando su  

  • conducta ·preliminarmente como omisión de pago, con una sanción de UFVs 6.155 (Seis  mil ciento cincuenta y cinco Unidades de Fomento a la Vivienda), otorgando a la  contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme al art. 98  del CTB. Vista de Cargo notificada mediante cedula a María Celina Pérez Inda, el 15 de  enero de 2018 (fs. 295 a 315).  

El 9 de abril de 2018, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servlclo de Impuestos  Nacionales, emitió la· Resolución Determinativa Nº 171810000036, señalando que la  contribuyente no canceló el monto liquidado y que los descargos presentados se  consideraron no válidos, determinando de oficio sobre base cierta deuda tributaria de  UFV’s 8.876 (Ocho mil ochocientos setenta y seis Unidades de Fomento a la Vivienda)  correspondiente al RC-IVA (Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado –  Dependientes) de los periodos enero, febrero, marzo, mayo y diciembre de 2010, monto  que comprende el Tributo Omitido e interés; calificó la conducta como Omisión de Pago,  imponiendo la multa equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende UFVs 6.155 (Seis mil ciento cincuenta y cinco Unidades de Fomento a la Vivienda).  

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Resolución notificada mediante cedula a María Celina Pérez Inda, el 23 de abril de 2018  (fs. 342 a 360).  

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.  

Se formuló Recurso de Alzada contra la Resolución irnpuqnada, planteando como  único argumento, la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para  controlar, ·investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, y determinar deuda  tributaria. Por lo que, a continuación corresponde efectuar el respectivo análisis.  

IV.1. Con relación a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria,  para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, y determinar  deuda tributaria.  

La recurrente, señaló que la Administración Tributaria no consideró que durante la  gestión verificada, se encontraba vigente el art. 59 de . la Ley 2492, · sin las  modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317; artículo que señalaba que las  acciones de la Administración Tributaria prescribían a los cuatro (4) años. Por lo que,  en el presente caso, las. acciones de la Administración Tributaria para controlar,  investigar, verificar, fiscalizar y comprobar tributos, así como para determinar la deuda  tributaria prescribieron, toda vez que desde la gestión 201 O, a la fecha que fue  notificada la Resolución Determinativa, transcurrieron más de 5 años. Agregó que en el  presente caso no se dieron las condiciones respecto a la, suspensión e interrupción del  cómputo de la prescripción, establecidos en los arts. 61 y 62 del CTB.  

Manifestó, que si bien las Leyes 291 y 317, modificaron el régimen de prescripción, en  ningún caso podrían afectar las condiciones de hechos sustantivos regulados bajo una  norma vigente en ese momento, menos aun considerando que la Ley 812, modificó el  periodo de prescripción a ocho años, aspecto que ratifica la inaplicabilidad retroactiva  de la norma, en virtud al principio de irretroactividad de la Ley .. Añadió, que la  determinación de un tributo, ·ésta debe circunscribirse a la normativa vigente al  

la verificación del ·hecho imponible y no así al momento de la  ·.’i.; ‘determinación de oficio.  

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  • Por su parte, la. Administración Tributaria señaló que la contribuyente pretende se  computen. cuatro años para la procedencia de la prescripción, sin la aplicación  retroactiva de las modificaciones al CTB; aspecto que dista de la legalidad  administrativa, ya que las módificaciones a los arts. 59 y 60 del CTB a través de las  Leyes 291 de 22/09/2012 y 317 de 11/12/2012, estaban vigentes al momento de  producirse el cómputo vinculado al término de la prescripción y la forma de cómputo en  su inicio, por lo que su aplicación no es retroactiva, y en tal sentido no se vulneró  preceptos constitucionales como el art. 123 de la CPE, o ·el art. 150 del CTB,  

. ,  

respetándose la supremacía constitucional y los principios de irretroactividad de la  norma.  

También manifestó que la Ley 812, establece el término de prescripción de ocho años  para todos los casos, norma vigente a momento de emitida la Orden de Verificación  como la Resolución Determinativa y ·en base a dicha norma, debió transcurrir ocho  años para que opere la prescripción, desde el 1 de enero de 2011, para los períodos  enero, febrero, marzo y mayo de 201 O y desde el 1 de enero· de 2012, para el período  diciembre de 2010, situación que no ocurrió; por lo que, la facultad de determinación  de la Administración Tributaria se encontraría vigente.  

Así planteada la controversia, corresponde dilucidar si prescribieron las facultades  para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, y determinar deuda  tributaria, en relación al RC- IVA, de los periodos fiscales enero, febrero, mario, mayo,  y diciembre de 201 O.  

Al respecto, cabe señalar que para la doctrina tributaria: “La prescripción es  generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación  tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa  institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la  

. correspondiente acción del acreedor tributario para hacer veler su derecho al cobro de  la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (MARTÍN José María,  Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189).  

Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: la prescripción es una  categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo  sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos,  

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su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse  en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho  quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que: “Resulta  indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se  fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en  oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por  mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los  deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la  seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia”. Memoria de las 111 Jornadas  Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 201 O, págs. 227 y 240.  

Ahora bien, en el análisis de la controversia y · disposiciones invocadas por la  .  

recurrente, se tiene que el art. 59.I de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, estableció  inicialmente que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro  . (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2.  Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su  facultad de ejecución tributaria.  

Posteriormente, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012., en su Disposición Adicional  Quinta, modificó el art .. 59 de la Ley 2492, estableciendo en el parágrafo 1 que: “Las  acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5  años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años  en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018,  tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2 .  

. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas” (Negrillas  nuestras). En el último párrafo de dicho parágrafo, se prevé expresamente que el  periodo de prescripción para cada año, sea respecto a obligaciones tributarias cuyo  plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año.  

Sin embargo, ese último párrafo fue derogado mediante la Disposición Derogatoria  Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de.2012, que modificó nuevamente el art. 59  del CTB, quedando el mismo redactado como sigue: “Las acciones de la  Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la  

estioo 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la  gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto  

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para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2.  Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas“; es decir, ya  no establecía la forma de cómputo del período de prescripción.  

Finalmente, el art. 2.11 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, modificó el citado art. 59  del CTB de la siguiente manera: “(, . .) Las acciones de Ja Administración Tributaria  prescribirán a Jos ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar  y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones  administrativas(Negrillas nuestras). En base al marco normativo expuesto, y con la  modificación del art. 59 del CTB, a través de la Ley 812 (vigente) se entiende, que la  intención del legislador fue la de definir un único plazo máximo de prescripción de ocho  años, dadas las modificaciones anteriormente detalladas.  

Ahora bien, ingresando al análisis del caso particular, debe tomarse en cuenta que  inicialmente el art. 59 del CTB efectivamente establecía que las facultades de la  Administración tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar. y determinar  la deuda Tributaria prescribían en el término de 4 (cuatro) años. En este caso, el  alcance de la verificación comprende el RC-IVA de los periodos enero, febrero, marzo,  mayo y diciembre de 201 O, en tal sentido -conforme establece el art. 60 del CTB- el  cómputo de la prescripción para los períodos enero, febrero, marzo y mayo de 201 O,  cuyos vencimientos ocurrieron todos durante la gestión 201 O, inició el 1 de enero de  2011, y debía concluir el 31 de diciembre de 2014; y, para el período diciembre de  201 O, cuyo vencimiento ocurrió en enero de la gestión 2011, el cómputo de la  prescripción inició el 1 de enero de 2012, y debía concluir el 31 de diciembre de 2015.  

Empero, en la gestión 2012, entraron en vigencia las Leyes 291 y 317 de 22 de  septiembre de 2012, y 11 de diciembre de 2012, respectivamente, que modificaron el  art. 59 del CTB. Por consiguiente, la prescripción de las facultades de controlar,  investigar, verificar, comprobar y determinar la deuda tributaria no llegó perfeccionarse en el término inicial (cuatro años) habiéndose modificado dicha ley  estableciendo nuevos plazos escalonados y progresivos desde cuatro a diez años  según la gestión de la oposición planteada, retrospectivamente al inicio del cómputo  que se encuentra establecido en el art. 60 del CTB.  

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En tal sentido, de acuerdo al art. 59 del CTB, modificado por la Ley 317: “en la gestión  2016” (última gestión respecto a la cual se puede efectuar el cómputo de la  

prescripción, en función a la vigencia de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2016), las  ‘  

facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y determinar deuda tributaria  prescribían en ocho años en la gestión 2016, sin embargo, desde el 1 de enero de  2011 (períodos enero, febrero, marzo y mayo de 2010) y 1 de enero de 2012 (periodo  diciembre de 2010) hasta la gestión 2016, no transcurrieron los 8 años exigidos por ley,  es decir, que la prescripción opuesta tampoco llegó a perfeccionarse con este nuevo  plazo, ya que el 30 de junio de 2016, se promulgó la Ley 812 modificando nuevamente  el término de la prescripción previsto en el art. 59 del CTB, retomando un único plazo  de prescripción con enfoque prospectivo, siendo éste: ocho años. Última modificación  que se encuentra en actual vigencia. –  

En ese contexto, corresponde efectuar el cómputo de la prescripción en base al art. 59  modificado por la Ley 812, respecto a las facultades de controlar, investigar,  verificar, comprobar y determinar deuda tributaria de la Administración  Tributaria, en tal sentido, tomando en cuenta el alcance de la Orden de Verificación,  Jos períodos enero, febrero, marzo y mayo tuvieron vencimiento en la gestión 201 O, el período diciembre de 201 O tuvo vencimiento en enero de 2011; por tanto, de  conformidad al art. 60.1 del CTB, el cómputo de la prescripción comprendería desde el  1 de enero de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2018 (para los períodos enero,  febrero, marzo y mayo de 2010); y desde el 1 de enero de 2012, hasta el 31 de  diciembre de 2019 (para el período de diciembre de 2010); respectivamente.  

Consecuentemente se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de  controlar, investigar, verificar, comprobar para los periodos enero, febrero, . marzo· y  mayo de la gestión 2010, mediante Orden de Verificación Nº 00130VI02482, 20 de  febrero de 2017. Por otra parte, ejerció su facultad de determinar deuda tributaria por  los períodos enero, febrero, marzo, mayo y diciembre mediante Resolución  Determinativa 171810000036 notificada el 23 de abril de 2018, consecuentemente,  las facultades de la Administración Tributaria aún no estaban prescritas con relación dichos períodos. Criterio respecto al cómputo de la prescripción que fue asumido como  línea interpretativa por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a partir de la  tflg’ªs /.¡,_~ Resolució~ de Recurs~ Je~árquico ~GIT-RJ 0789/~017 de 3 d~ julio de 2017.y para el  

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~\Vº B o .i-~ caso particular en s1tuac1ones analogas fue reiterado mediante Resoluciones de  ~–  

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CMlfl04do H’EC274114  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  amachi (Quechua)  

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Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0791/2017, AGIT-RJ 0932/2017 y AGITRJ 1531/2017.  entre otras.  

Cabe aclarar que en este caso, no corresponde efectuar el análisis respecto a la  facultad de fiscalizar tributos, toda vez que el procedimiento determinativo  desarrollado por la Administración Tributaria fue mediante Orden de verificación,  situación que difiere del alcance que conlleva la fiscalización en cuanto a los efectos  de suspensión del cómputo previstos en el art. 62 del CTB.  

Respecto a la irretroactividad de la norma prevista por los arts. 123 de la CPE y 150 del  CTB, citados por la recurrente, corresponde señalar que en el caso sujeto a análisis no  se pretende una aplicación retroactiva de la norma, ya que como bien se ilustró el  término de la prescripción según el plazo inicialmente previsto no fue concretado, y en  virtud de ello, corresponde que el análisis y razonamiento expuestos deban considerar  necesariamente las modificaciones posteriores al art. 59 del CTB, actualmente  vigentes, en mérito a ello, no corresponde mayores argumentos al respecto.  

En cuanto a las Sentencias Nros. 39/2016 de 13 de mayo y 47/2016 de 16 de junio,  emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, cabe aclarar que las mismas fueron  dejadas sin efecto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante las Sentencias  Nros. 0231/2017-S3 de 24 de marzo de 2017; y 0048/2017-S2 de 6 de febrero de  2017, respectivamente; en ese sentido, no corresponde considerar dichas Sentencias  en el presente caso.  

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Nº 0770/2012 de 13 de agosto de 2012,  citada por la recurrente, si bien establece la inviabilidad de la aplicación de la Ley de  manera retroactiva; sin embargo, versa sobre cuestiones concernientes al ámbito del  derecho penal con características distintas al caso sujeto a análisis, por lo que no  amerita su aplicación como jurisprudencia vinculante, toda vez que el efecto de la  fuerza vinculante de las sentencias constitucionales se refiere a la obligatoriedad de  ser aplicadas en la resolución de casos que revistan supuestos fácticos análogos,  situación que no acontece en este caso, además que es anterior a las leyes cuya  aplicación se discute. Respecto a que se debe considerar la SCP Nº 1169/2016-S3,  cabe señalar que en dicha sentencia se analizó la prescripción respecto a la facultad  de la ejecución de la sanción de la Administración Tributaria, y siendo que el presente  

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Slalema de Gest!On  dt 1aCalldad  

Certtflcatto N’EC274/14  

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AUTORIDi\D REGIONi\L DE  

IMPUGNi\CIÓN TRIBUTi\Rli\  

Estado Plurinaclonal de Bolivia  

; caso, versa sobre las facultades de determinación de la Deuda Tributaria, tampoco  corresponde sea considerada, por lo que no amerita mayor pronunciamiento.  

Finalmente respecto a la cita de la Resolución Jerárquica Nº AGIT-RJ/0174/2009, de .. .. ,,. _: :: • ¡  

15 de mayo de 2009, cabe señalar que si. bien es un proceso que versa sobre la  aplicación retroactiva de normativa aduanera respecto al procedimiento de  regularización_ deldespacho inmediato a partir de la fecha de aceptación de la  declaración de mercancías; en dicha oportunidad, la Autoridad General · de  Impugnación Tributaria efectuó el análisis sin considerar las modificaciones al CTB .en  materia de prescripción, que actualmente se encuentran vigentes; cabe precisar  además queel razonamiento expuesto en_ la citada Resolución fue con relación a un · –  

ilícito tributario regulado en el Título IV del CTB a diferencia del presente caso que  versa sobre un procedimiento determinativo, por lo que las características entre ambos  

_ casos no revisten situaciones fácticas o legales similares y por tanto no son análogas1  

Por los fundamentos técnicos. jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que  en el presente caso no operó la prescripción de las facultades de controlar, investigar,  veríflcar, comprobar, y determinar deuda tributaria de la Administración Tributaria,  respecto a la contribuyente María Celina Pérez Inda, por concepto del · RC-IVA  (dependientes) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y diciembre ele  201 O; consiguientemente, tomando en cuenta que no existen otros agravios a ser  

: analizados, corresponde confirmar la Resolución Determinativa _Nº 171810000036 de de abril de 2018.  

La suscrita pirectora Ejecutiva a.L de la Autoridad Regional de lrnpuqnaclón Tributaria  __ Chuquisaca, en virt~~· de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a)de la.LeyN” 2492 {CTB) y art. 141 del DS 29894 de ?_dé  febrero de 2009.  

RESUELVE:  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (AymaraMana tasa kura kamachi (Quechua)  

1 

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  • Slat&rna dt Gett!6de laCo!lded  

Cortlfle<1do N”EC·27‘114  

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en contra de María Celina Pérez Inda, toda vez que las facultades de controlar, investigar,  verificar, comprobar y determinar deuda tributaria por el RC-IVA (Dependientes) de los  periodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y diciembre de 201 O no han prescrito,  quedando subsistente la deuda tributaria de 8.876 UFV’s y su correspondiente sanción por  omisión de pago por un equivalente de 6.155 UFV’s. Todo, en sujeción al art. 212. l. b) del  Código Tributario Boliviano.  

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo  115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,  conforme establece el artículo 199 de la Ley Nº 2492 será de cumplimiento obligatorio  para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.  

\tc\’l’u~, ~t. . ‘111.: ..  

~””·,:.)TERCERO.- Enviar copia del.a presente Resolución al Registro P~blico de la Autoridad  

. ~v  

~~~~,,/’;)’ General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley Nº  2492 y sea con nota de atención.  

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

a.i:Jikr!Rej~  

~r~ EJ~?utiva. Regiona! a.í.  

Dirección Eiecutiva Regional  

Autoridad Regional da lmpug¡¡ación Trib1rtarfa Ghuquisacs  

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Slatema de G~stlOi!:  ae !a.Calidad  

Certmeado N”EC~274114