ARIT-CHQ-RA-0181-2018 Resolución Sancionatoria invalida al no especificar de manera correcta si el contribuyente está obligado a la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA y por consecuente si incumpliese esta obligación se origen contravenciones tributarias

ARIT-CHQ-RA-0181-2018

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Chuquisaca 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQIRA 0181/2018 

Recurrente 

Antonino Cristian Torricos Ramírez.” 

Administración recurrida

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio. 

Acto impugnado 

Resolución Sancionatoria N° 18-000001234 16.

Expediente N° 

:

ARIT-PTS0041/2018. 

FECHA .

Sucre, 13 de agosto de 2018. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARITCHQ/ITJ N° 0181/2018 de 13 de agosto de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. 1

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria N° 18-000001234-16 de 28 de octubre de 2016, sancionó a Antonio (debió decir Antonino) Cristian Torricos Ramírez, titular del NIT 1368125010, por la contravención tributaria de Incumplimiento al Deber Formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci – Módulo LCV, con una multa de 

200 UFV’s, por cada periodo incumplido de febrero a septiembre de la gestión 2011, de – acuerdo al numeral 4.2 del Anexo consolidado de la RND N° 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, y para los períodos fiscales de octubre a diciembre de la gestión 

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2011, con una multa de 1.000 UFV’s’ por cada periodo incumplido, de acuerdo al subnumeral 4.2 del parágrafo il del art. 1 de la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011; es decir, todo por un monto“ total de 4.600 UFV’s (Cuatro mil seiscientas Unidades de Fomento a la Vivienda).

Resolución notificada por cédula a Antonino Cristian Torricos Ramírez, el 27 de abril de 2018, e impugnada el 21 de mayo del mismo año; es decir, dentro del plazo de veinte días establecido en el art. 143 del CTB.

  1. II

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA, 

  • II. 1. Argumentos del Recurrente. 

Antonino Cristian Torricos Ramírez (el recurrente), manifestó que tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional como la Resolución Sancionatoria, se limitaron a reseñar 

una base normativa generalizada e imprecisa, que no contempla el sustento de la obligatoriedad del recurrente para el registro y envío por sistema de los Libros de Compras y Ventas IVA (LCV – IVA), omitiendo describir con precisión el cargo u omisión que se le atribuye además de la normativa específica infringida, ya que en ninguna de las disposiciones expuestas señaló el momento a partir del cual se 

a obligado al mencionado deber formal, o en qué momento fue clasificado como contribuyente NEWTON. Agregó que de acuerdo a la RND N° 10-0047-05, los contribuyentes clasificados como RESTO no consignados en el Anexo de dicha RND, quedaban liberados de la presentación de los LCV – IVA, siendo este precisamente su caso, ya que su NIT no se encontraría en dicho Anexo; obligación que tampoco se le habría atribuido mediante la RND N° 10-0004-10, ya que no fue clasificado como 

contribuyente NEWTON. 

Aclaró, que revisada la normativa, su NIT se encuentra detallado en el Anexo de la RND N° 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, que lo clasificó como contribuyente NEWTON desde el 13 de enero de 2011, situación que debió estar consignada en el AISC N° 140995013486, a objeto de asumir defensa oportuna a partir de su notificación, empero, se le comunicó recién mediante Resolución Sancionatoria No 10 000001234-16 (debió decir 18-000001234-16) de 28 de octubre de 2016, conculcando el art. 168.1 del CTB, además del inciso e), subnumeral 2.1, numeral 2 del art. 17 de la 

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RND N° 10003707, por lo que ambos actuados carecen de requisitos indispensables e incumplen lo dispuesto en los incisos b) y e) del art. 28 de Ley N° 2341 (LPA) y art. 31 del D.S. N° 27113 (RLPA) respecto a la causa y fundamento como elementos esenciales que todo acto administrativo debe contener, vulnerando así la garantía del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, previstos en los arts. 115.11 y 117 de la CPE; y en consecuencia son causal de nulidad del acto de conformidad al art. 36. I y II de la LPA y 55 del DS. 27113 aplicables supletoriamente por mandato del art. 74.1) del CTB; a manera de sustento transcribió parte de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0194/2017 de 4 diciembre de 2017, referida a la falta de causa y fundamentación, que adquirió firmeza

Por otra parte, manifestó que la Resolución Sancionatoria no posee los requisitos mínimos previstos en el art. 17 de la RND N° 10-003707, que para el presente caso se 

tratarían de los incisos c) nombre o razón social del contribuyente; y e) número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción, ya que por una parte, la Resolución transcribió como nombre del contribuyente a Antonio, siendo el correcto Antonino y el apellido Torrico, siendo el correcto Torricos; por otra parte, el considerando tercero citó el AISC No 2500000352-15 de 12 de mayo de 2015, siendo correcto el “AISC N° 25-00000051-15/140995013486de 15 de junio de 2015, ocasionando con ello confusión ya que pudiera tratarse de un proceso sancionador seguido contra un homólogo. 

Denunció la nulidad de la diligencia de notificación cedularia con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, debido a que carece de testigo de actuación, contraviniendo el art. 85.III del CTB, por lo que es nula de acuerdo al art. 83.II del citado Código, situación que no sólo afecta el incumplimiento de normativa tributaria, sino atenta al principio de legitimidad de las actuaciones de la Administración, observación que fue planteada en etapa de descargos ante el SIN y respondida erradamente aseverando que la notificación fue subsanada con la firma del receptor, no haciendo falta el testigo de actuación. Citó y transcribió la parte pertinente de la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ 1145/2014 de 5 de agosto de 2015, referida al requisito de testigo de actuación en las notificaciones por cédula previstas en el art. 85 del CTB, como respaldo de su postura. 

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Finalmente, señaló que si bien el proceso sancionador inició con el AISC No 140995013486 de 15 de junio de 2015, por el incumplimiento al deber formal de envío de LCV – IVA, contemplado como sanción una multa total de 4.600 UFV’s, prevista en el numeral 4.2 del Anexo A de la RND N° 10-0037-07, modificado por el subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11, en aplicación del principio tempus comissi delicti, la Resolución Sancionatoria No 18-000001234-16 de 28 de octubre de 2016, le fue notificada recién el 27 de abril de 2018, momento a partir del cual surtió efectos conforme el art. 3 numeral 3 del CTB y art. 32.1 de la LPA, y siendo una notificación tan dilatada debió disponer la reducción de la sanción administrativa, en función a la permisibilidad dispuesta en los arts. 123 de la CPE y 150 del CTB, además de las Sentencias Constitucionales Nros. 0386/2004 y 636/2011-R, modificando la sanción de 1000 UFV’s a 500 UFV‘s, por los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2011, en aplicación del subnumeral 3.1 del Anexo I de la RND N° 10-0033-16 de 25 de 

noviembre de 2016, aplicable retroactivamente, para ello, citó y transcribió la interpretación contenida en la Sentencia No 110/2014 de 6 de junio de 2014, emitida 

por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Por lo expuesto, solicitó anular la Resolución Sancionatoria N° 18-000001234-16 de 28 de octubre de 2016; a su Recurso adjunto fotocopias simples de: Cédula de identidad N° 1368125-1R Pt. y la Resolución impugnada. 

  1. 2. Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 28 de mayo de 2018, cursante a fs. 19 de obrados, se admitió el Recurso de Alzada y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 1 de junio de 2018, conforme a la diligencia a fs. 21 de obrados. 

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 18 de junio de 2018, se apersonó Zenobio Vilamani Atanacio, Gerente Distrital del SIN Potosí, según copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0457-12 de 10 de 

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octubre de 2012, respondió al Recurso planteado, manifestando que previa revisión y verificación de la existencia de vicios de forma denunciados en el desarrollo del proceso, al ser éstos evidentes y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, formuló allanamiento al Recurso interpuesto, aceptando parcialmente los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, absteniéndose de efectuar análisis y valoración de los aspectos de fondo, y solicitando que conforme a los principios de sana crítica, imparcialidad y congruencia, se anulen obrados conforme a los puntos de reclamo del recurrente. Para dicho efecto adjuntó el Cuadernillo de Antecedentes No 1 (SIN) con fs. 42. 

II.4. Apertura de término probatorio. 

Mediante Auto de 19 de junio de 2018, cursante a fs. 28 de obrados, se aperturó el plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218 d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 20 de junio de 2018, según consta a fs. 29 de obrados; por lo que el plazo probatorio concluyó el 11 de julio de 2018. Dentro de esta fase, ninguna de las partes presento prueba en el término establecido. 

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Potosí; y radicado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 12 de julio de 2018, conforme se tiene a fs. 32 de obrados. 

11.5. Alegatos. 

Conforme establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conc término probatorio; es decir, hasta el 31 de julio de 2018; sin embargo, no hicieron uso de dicha facultad en el plazo otorgado por ley. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

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De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes No 1 (SIN) se tiene la siguiente relación de hechos: 

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El 15 de junio de 2015, la Gerencia Distrital. Potosí del SIN emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995013486, contra el contribuyente Antonino Cristian Torricos Ramírez, titular del NIT 1368125010, por el incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, correspondiente a los periodos febrero a diciembre de la gestión 2011; indicando que correspondía la multa de 200 UFV’s por cada período de febrero a septiembre de la gestión 2011, de acuerdo al numeral 4.2 del Anexo consolidado de la RND N° 10-003707 de 14 de diciembre de 2007 y la multa de 1.000 UFV’s por cada período para los períodos fiscales de octubre a diciembre de la gestión 2011, de acuerdo al subnumeral 4.2 del parágrafo II del art. 1 de la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011; es decir por un monto total de 4.600 UFV’s. Este Auto, se notifico mediante cédula a Antonino Cristian Torricos Ramírez, el 22 de junio de 2015 (fs. 1 y 7 a 10). 

El 10 de agosto de 2015, Antonino Cristian Torricos Ramírez, presentó nota de descargo contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional No. 00140995013486, manifestando que dicho actuado incurre en una serie de imprecisiones, tanto de forma como de fondo. Asimismo, denunció la nulidad de la diligencia de notificación cedularia con el señalado Auto, por falta de intervención de testigo de actuación; adjuntó constancias de reporte del sistema informático SIRAT II, que detalla la fecha de clasificación de su NIT como contribuyente NEWTON, además de efectuar otras observaciones (fs. 11 a 20). 

El 28 de octubre de 2016, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-000001234-16, por la contravención tributaria de Incumplimiento al Deber Formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci – Módulo LCV, sancionando con una multa de 200 UFV’s, por cada periodo incumplido de febrero a septiembre de la gestión 2011 y para los períodos fiscales de octubre a diciembre de la gestión 2011, con una multa de 1.000 UFV’s por cada periodo incumplido, es decir, por el monto total de 4.600 UFV’s (Cuatro mil seiscientas Unidades de Fomento a la Vivienda). Resolución notificada por cédula a Antonino Cristian Torricos Ramírez, el 27 de abril de 2018 (fs. 28 a 32 y 34 a 36). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Cuestión Previa. 

En principio cabe señalar que el recurrente formuló Recurso de Alzada precisando aspectos tanto de forma como de fondo. Entre los vicios de forma identificados durante el procedimiento sancionador, se cifran puntualmente los siguientes: 1) Falta de normativa específica en el AISC y la Resolución impugnada, respecto a la obligación de envío de los LCV-IVA; 2) Imprecisiones en la Resolución Sancionatoria respecto a los datos del proceso; y, 3) Nulidad de la diligencia de notificación cedularia con el AISC por falta de testigo de actuación. Como único argumento de fondo reclamó la retroactividad de la norma con relación a la sanción impuesta. 

La Administración Tributaria a su turno, formuló allanamiento aceptando parcialmente 

los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada; es decir, únicamente respecto a 

la existencia de vicios de forma denunciados en el desarrollo del proceso; aspecto por 

el cual precisó que no correspondería el análisis y valoración del reclamo de fondo. En consecuencia solicitó que en base a los principios de sana crítica, imparcialidad y congruencia, se anule obrados conforme a los puntos de forma expuestos por el 

recurrente. 

Al respecto, es preciso considerar que el art. 218.d) del CTB prevé que: “(…) Cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando totalmente los términos del recurso, no será necesaria la apertura del término probatorio (…)” (Negrillas nuestras), debiendo proceder directamente a emitir Resolución. En la doctrina, Guillermo Cabanellas señala que se entiende por allanamiento: “La conformidad con las pretensiones deducidas por la parte contraria” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24a Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, pág. 398). En tal sentido, se entiende que el allanamiento total es la aceptación que hace el demandado respecto a todos los hechos y pretensiones formuladas por el demandante, situación que genera la conclusión del litigio al haber cesado la controversia. 

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Sin embargo, en el presente caso el allanamiento de la Administración Tributaria no es en relación a todos los argumentos planteados por el recurrente, sino parcial; razón 

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por la cual, conforme el art. 218 inciso c) del CTB se dispuso la apertura de término de 

prueba y demás actuados subsiguientes. 

En base a lo explicado y conforme al principio de congruencia dispuesto en el art. 211.1 del CTB, esta instancia de Alzada procederá al análisis de los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, relacionado a los vicios del procedimiento sancionador y sobre los cuales la Administración Tributaria formuló respuesta afirmativa. 

IV.1. Con relación a la falta de normativa específica en el AISC y la Resolución 

impugnada, respecto a la obligación de envio de los LCV-IVA. 

El recurrente manifestó que tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional como la Resolución Sancionatoria se limitaron a reseñar una base normativa general e imprecisa, que no contempla el sustento de la obligación de registro y envío por sistema de los Libros de Compras y Ventas IVA (LCV – IVA), omitiendo describir con precisión el cargo u omisión que se le atribuye además de la normativa específica infringida, ya que en ninguna de las disposiciones expuestas señaló el momento a partir del cual se encontraba obligado al mencionado deber formal, o en qué momento fue clasificado como contribuyente NEWTON. Agregó que de acuerdo a la RND N° 10 0047-05, los contribuyentes clasificados como RESTO no consignados en el Anexo de 

dicha RND, quedaban liberados de la presentación de los LCV – IVA, siendo este precisamente su caso, ya que su NIT no se encontraría en dicho Anexo; obligación que tampoco se le habría atribuido mediante la RND N° 10-0004-10, ya que no fue clasificado como contribuyente NEWTON. 

Aclaró, que su NIT se encuentra detallado en el Anexo de la RND N° 10-0023-10, que lo clasificó como contribuyente NEWTON desde el 13 de enero de 2011, situación que debió estar consignada en el AISC, a objeto de asumir defensa oportuna a partir de su notificación, empero, se le comunicó recién mediante Resolución Sancionatoria, conculcando el art. 168.1 del CTB, y art. 17 de la RND N° 10-003707, por lo que ambos actuados carecerían de requisitos indispensables, incumpliendo lo dispuesto en los incisos b) y e) del art. 28 de LPA y art. 31 del D.S. N° 27113 respecto a la causa y fundamento como elementos esenciales que todo acto administrativo debe contener, vulnerando así la garantía del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, previstos en 

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los arts. 115.11 y 117 de la CPE; y en consecuencia son causal de nulidad del acto de conformidad al art. 36. I y II de la LPA y 55 del DS. 27113 aplicables supletoriamente por mandato del art. 74.1) del CTB; a manera de sustento transcribió la parte pertinente de la Resolución de Recurso de Alzada ARITCHQ/RA 0194/2017 de 4 diciembre de 2017, respecto a la falta de causa y fundamentación, que adquirió firmeza. 

Al respecto, la doctrina establece que la fundamentación constituye una explicación razonable de los argumentos que llevan a una autoridad a asumir una decisión determinada; asimismo, se conceptualiza la motivación como la acción de “explicar, según las reglas de una sana lógica, por qué las valoraciones tanto cticas como jurídicas se han hecho en cierto sentido y no en otro (...), es decir, motivar no es sino razonar fundadamente.” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8va Edición. Buenos Aires: Editorial ASTREA. Pág. 426-427). 

De esta forma, se entiende que “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta, siendo que esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos(GORDILLO, Agustin. Tratado de Derecho Administrativo Tomo IV. 8va. Edición. Buenos Aires: Editorial Fundación de Derecho Administrativo, 2004. Págs. Il-36 y 37). 

Por su parte, la SC. N° 2227/2010-R, precisó que: “..) toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad, los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

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aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”, (Las negrillas son nuestras) 

Respecto al proceso sancionador, el art. 168 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Asimismo, la RND N° 10-0037 07 en su art. 17, numeral 2 subnumeral 2.1 establece que el Auto Inicial de Sumario Contravencional contendrá como mínimo entre otros: e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. 

Ahora bien, el art. 28 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en virtud al art. 74.1 del CTB, establece que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: “a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: 

Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que 

inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico”. 

En el presente caso, de la revisión al Auto Inicial de Sumario Contravencional No 00140995013486 (fs. 1), respecto a la normativa infringida, la Administración Tributaria citó como base legal los arts. 1, 2 y 3 de la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y la inclusión del parágrafo VI en el art. 2 según la RND N° 10001607 de 18 de mayo de 2007, que establecen la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV y según Anexo establece quienes son los sujetos pasivos de este deber, además del art. 15 de la RND N° 10 0004-10 de 26 de marzo de 2010, que dispone que los contribuyentes categorizados como Newton y entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la 

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Información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, a partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la RND; seguidamente, señaló que el no envío de información constituye incumplimiento de deber formales previsto en el art. 162 del CTB, sancionado con multa establecida en la RND N° 10-0037-07 y RND N° 10-0030-11, además con base en el art. 168 del CTB otorgó el plazo de 20 días para la formulación de descargos. 

Así también, la Resolución Sancionatoria N° 18-000001234-16 de 28 de octubre de 2016, (fs. 28 a 32), respecto a la normativa infringida mencionó como sustento legal a los numerales 4), 6) y 11) del art. 70, numeral 5) del art. 160 y 162 del CTB, además de los arts. 1, 2 y 3 de la RND N° 10-0047-05, subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A) de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; y el subnumeral 4.2 del parágrafo II del art. 1 de la RND N° 100030-11 de 7 de octubre de 2011, con base en lo citado sancionó al contribuyente Antonino Torricos Ramírez con la multa total de 4.600 UFV’s, por haber incurrido en la contravención de no envío de Libros de Compras y Ventas IVA por periodo fiscales de febrero a diciembre de 2011. 

En este contexto, se evidencia que el Auto Inicial de Sumario Contravencional y posteriormente la Resolución Sancionatoria, citaron normativa que no establece de forma expresa la obligación del recurrente para el envío de información del LCV-IVA y desde cuándo se encontraba obligado, ya que el NIT del Sujeto Pasivo no se encuentra inserto en el Anexo de la RND N° 10-0047-05, y tampoco la RND N° 10 000410 lo categorizó como contribuyente NEWTON toda vez que únicamente estableció el deber formal de envío de información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV para aquellos contribuyentes categorizados como Newton, entidades y empresas públicas; sin embargo no existe constancia de su categorización como tal. A esto se debe acotar, que el recurrente señaló que revisada la normativa, fue clasificado como contribuyente NEWTON desde el 13 de enero de 2011, mediante RND N° 100023-10, normativa que debió estar consignada a objeto de asumir 

defensa y que no fue considerada por la Administración Tributaria. 

Por lo expuesto, se advierte que tanto el AISC como la Resolución Sancionatoria no contemplan la norma específica como sustento de la omisión que dio origen a la contravención tributaria ya que ninguna de las Resoluciones Normativas de Directorio expuestas por la Administración Tributaria, consideran el NIT y el momento a partir del 

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cual Antonino Torricos Ramírez se encontraba obligado al envío del Libro de Compras y Ventas IVA. Es necesario precisar que no es suficiente que el SIN, cite las disposiciones en las que se encuentra previsto el deber formal y la normativa que lo sanciona, sin especificar aquella norma a partir de la cual el sujeto pasivo, se encuentra obligado a cumplir con el deber formal extrañado y por el cual se hace pasible a la sanción respectiva, incumpliendo los arts. 168 del CTB y 17 de la RND N° 10-003707, que disponen que en el AISC debe constar el acto u omisión que origina la contravención y la norma específica infringida, además del art. 28, inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA), toda vez que la Resolución no contiene el fundamento necesario en el que se exprese de forma concreta la norma incumplida; por lo que, al no contener este requisito y considerando el allanamiento formulado por la Administración Tributaria respecto a este punto, corresponde disponer el saneamiento procesal. 

IV.2. Con relación a las imprecisiones en la Resolución Sancionatoria respecto a los 

datos del proceso. 

El recurrente manifestó que la Resolución Sancionatoria no posee los requisitos mínimos previstos en el art. 17 de la RND N° 10003707, que para el presente caso se 

tratarían de los incisos c) nombre o razón social del contribuyente; y e) número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de infracción, ya que por una parte, la Resolución transcribió como nombre del contribuyente a Antonio, siendo el correcto Antonino y el apellido Torrico, siendo el correcto Torricos; por otra parte, el considerando tercero citó el AISC No 2500000352-15 de 12 de mayo de 2015, siendo correcto el “AISC No 2500000051-15/140995013486de 15 de junio de 2015, ocasionando con ello confusión ya que pudiera tratarse de un proceso sancionador seguido contra un homólogo

Al respecto, es necesario señalar que el acto administrativo debe ser preciso y evitar errores o imprecisiones en su contenido que pudieran generar ambigüedad o confusión en el administrado, debiendo cumplir con las previsiones del art. 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), en sentido que el acto administrativo debe estar fundamentado. Expresando en forma concreta las razones que inducen a su emisión. Aspectos estrechamente relacionados a lo establecido en el art. 28. II, Inciso d) del Decreto Supremo N° 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento 

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Administrativo (RLPA) que puntualiza que el acto administrativo debe ser preciso y 

claro. 

Verificadas las imprecisiones argüidas por el recurrente respecto a los datos del proceso, es evidente que en todo el contenido de la Resolución impugnada, se consigna al contribuyente como Antonio, cuando lo correcto de acuerdo al Padrón de Contribuyentes y la cédula de identidad adjunta al Recurso era Antonino; situación similar ocurre con el apellido del recurrente, ya que indistintamente se consignó: Torrico y Torricos, siendo únicamente correcto el último, esto resulta así de la observación a la pág. 3 de la Resolución ahora impugnada. 

Respecto al considerando tercero que citó el AISC No 25-00000352-15 de 12 de mayo de 2015 (fs.30) y no así el AISC No 25-0000005115 de 15 de junio de 2015, también resulta cierto que la Administración Tributaria incurrió en error al momento de contemplar los datos del proceso, toda vez que el documento AISC N° 25-00000352 15 de 12 de mayo de 2015es inexistente en el proceso sancionatorio objeto de análisis, por lo que resultan evidentes las observaciones del recurrente. 

En tal sentido, la Resolución impugnada contiene más de un error material, que incide en la precisión y claridad que debe contener dicho acto, acorde a los documentos y antecedentes del proceso; incumpliendo con los requisitos mínimos de contenido de todo acto administrativo; consecuentemente, corresponde también dar curso a la solicitud del recurrente a objeto de que la misma sea anulada y tales observaciones sean tomadas en cuenta a momento de emitir un nuevo acto a fin de evitar nuevas observaciones. 

10.3. Con relación a la nulidad de la diligencia de notificación cedularia con el AISC, 

por falta de testigo de actuación. 

El recurrente denunció la nulidad de la diligencia de notificación cedularia con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, debido a que carece de testigo de actuación, contraviniendo el art. 85.||I del CTB, por lo que dicha diligencia sería nula de acuerdo al art. 83.Il del citado Código, situación que no sólo afecta el incumplimiento de normativa tributaria, sino también atenta al principio de legitimidad de las actuaciones de la Administración Tributaria, observación que fue planteada en etapa de descargos ante 

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el SIN y respondida erradamente aseverando que la notificación fue subsanada con la firma del receptor, por lo que no se requiere firma de testigo de actuación. Al respecto citó y transcribió la parte pertinente de la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT RJ 1145/2014 de 5 de agosto de 2014, referida al requisito de testigo de actuación en las notificaciones por cédula previstas en el art. 85 del CTB. 

En principio cabe precisar que por notificación se entiende, que es: “la acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su indole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva Edición. Buenos Aires – Argentina: Editorial “Heliasta SAL”, 2006. Pág. 650) (Negrillas nuestras)

En similar sentido la Sentencia Constitucional 1845/2004-R, de 30 de noviembre de 2004, señala: “En el marco anotado, los emplazamientos, citaciones y notificaciones 

  • (notificaciones en sentido genérico), son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (asi SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida(las negrillas son nuestras). 

Concordantemente, la notificación no se limita al cumplimiento formal de requisitos, sino que persigue como único fin el poner en conocimiento los actos emanados en su contra, así se entiende de la abundante jurisprudencia constitucional y los fallos 

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uniformes de la Autoridad General de Impugnación Tributaria contenidos en la Resolución de Recurso jerárquico AGITRJ 0807/2015, replicado en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0474/2017; AGITRJ 0894/2017;y AGIT-RJ 0950/2017, entre otras. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene que el 15 de junio de 2015, la Gerencia Distrital Potosí del SIN emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 00140995013486, contra Antonino Cristian Torricos Ramírez, titular del NIT 1368125010; dicho actuado fue notificado mediante cédula a Antonino Cristian Torricos Ramírez, el 22 de junio de 2015, de la revisión de antecedentes, se advierte que la diligencia de notificación con el AISC se entregó a Daniela Avilés V. con CI. 4012238 Pt., esposa del contribuyente, en el domicilio de Plaza Avaroa 140 zona San Martin, quien firmó, y consignó sus datos correspondientes al nombre y apellido, además de número de cédula de identidad. Posteriormente, el 10 de agosto de 2015, el ahora recurrente presentó descargos contra el mencionado AISC, según se evidencia a fs. 11 a 1.7 del Cuadernillo de Antecedentes No 1 (SIN). 

Por lo expuesto, en función a la doctrina, jurisprudencia y precedentes de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se tiene que la notificación cedularia con el mencionado AISC, entregada a la esposa del ahora recurrente cumplió su finalidad, ya que el contribuyente en conocimiento de su contenido presentó descargos contra las sindicaciones contenidas en el acto notificado, ejerciendo su derecho a la defensa, lo que excluye la posibilidad de anulación del procedimiento como injustificadamente argumentó el ahora recurrente. 

En relación al precedente contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1145/2014 de 5 de agosto de 2014, citada por el recurrente, en sentido que es imprescindible la presencia de testigo en la notificación cedularia, corresponde aclarar que la situación resuelta en dicho precedente no es similar al caso concreto, ya que en ese caso no se evidencia el cumplimiento de la finalidad de la notificación. 

Finalmente, tomando en cuenta que de acuerdo a los puntos IV.1 y IV.2 de la présente Resolución se evidenció vicios en el procedimiento que deben ser saneados, sorresponde a esta instancia recursiva observar con la única finalidad de que la Administración Tributaria no reitere errores viciando sus actos, que la notificación 

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cedularia de todo acto administrativo tributario debe ser realizada en el domicilio registrado por el contribuyente, y no como sucede con la notificación de la Resolución impugnada, pues el Aviso de Visita consigna “Linares entre calle Topatery Porco Nro. 

140″, y la cédula: “calle Bolívar entre calle La Paz y S.Chacón”. 

Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia de Alzada, anular la Resolución Sancionatoria N° 18-000001234-16 de 28 de octubre de 2016, con reposición obrados hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 00140995013486 de 15 de junio de 2015, inclusive; a fin de que la Administración Tributaria, emita un nuevo acto administrativo, que establezca con precisión la omisión que origina la contravención y la norma específica infringida, conforme lo previsto en el art. 168 del CTB y art. 17, Numeral 2, Subnumeral 2.1 de la RND N° 10-003707; es decir, aquella por la cual el contribuyente debida y correctamente identificado resulte obligado a la presentación del Libro de Compras y Ventas – IVA y que como. consecuencia de su incumplimiento origine la contravención atribuida 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del DS N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RÉSUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR, la Resolución Sancionatoria N° 18-000001234-16 de 28 de octubre de 2016, con reposición obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 00140995013486 de 15 de junio de 2015, inclusive; a fin de que la Administración Tributaria, establezca con precisión la omisión que origina la contravención y la norma específica infringida, como condición para la imputación y sanción del incumplimiento de un deber formal. Todo conforme establece el art. 212.1. c) del CTB. 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente

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TERCERO.– Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley N° 2492 y sea con nota de atención

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CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley N° 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte dias computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifiquese y cumplase. 

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Alor L. Claudia Betina Cors Rejas Directora Ejecutiva Regional a.i. Direcciói. Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

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EC 274

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