ARIT-CHQ-RA-0174-2012 Resolución Sancionatoria incorrecta por la mala aplicación de la norma sobre las excenciones del IT en contribuyentes

ARIT-CHQ-RA-0174-2012

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0174/2012  

RECURRENTE: MARÍA VERÓNICA MIRANDA SORAIRE.  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE  IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por  

MARIA GUTIERREZ ALCON.  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0063/2012.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 5 de noviembre de 2012.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Verónica Miranda Soraire, contra la  Resolución Sancionatoria Nº 18-000032-12 de 16 de marzo de 2012, emitida por la  Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión  de 16 de agosto de 2012; notificación a la Administración Tributaria, para que en  sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes  administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos  y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico  ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0174/2012 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado,  trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada,  se tiene lo siguiente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Sancionatoria Nº 18-000032-12 de 16 de marzo de 2012, sancionó a la contribuyente María  Verónica Miranda Soraire con NIT 1119950016, por la contravención tributaria de Omisión  de Pago, en aplicación a los arts. 160.3 y 165 del CTB; debido a la omisión de cancelar el  Impuesto a las Transacciones (IT) auto determinado en Declaración Jurada Form. 400,  Orden N° 245859, del periodo diciembre 2006; estableciendo una multa equivalente al  100% del monto calculado para la deuda tributaria de UFV’s 9.174 (Nueve mil ciento  setenta y cuatro 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) que serán actualizadas al  momento del pago.

 

El 10 de agosto de 2012, María Verónica Miranda Soraire, interpuso Recurso de  Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000032-12, dentro del plazo legal  establecido en el artículo 143 del Código Tributario.

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  1. CONTENIDO DEL RECURSO.  

El Recurso de Alzada interpuesto tiene como base los siguientes fundamentos:

María Verónica Miranda Soraire (la recurrente) afirmó que por Resolución Administrativa Nº  05-3/2000 de 23 de febrero de 2000, emitida por la Administración Tributaria, se encuentra  exenta del pago del Impuesto a las Transacciones (IT) según lo dispuesto por el art. 76 inc.  h) de la Ley Nº 843 (TO), pero no así de la obligación de presentar las declaraciones  juradas, aspecto que fue cumplido a cabalidad, acreditado en la declaración jurada objeto  de controversia.

Señaló que los funcionarios de la Administración Tributaria, incumplieron el principio de  verdad material, incumplimiento de deberes tipificado en el art. 154 del código Penal,  modificado por la Ley Nº 004 (MQS) al desconocer la Resolución Administrativa Nº 05- 3/2000 de 23 de febrero de 2000 y el certificado de inscripción emitido el 04/02/2009 y  legalizado el 26/04/2012, por la Jefatura del Departamento de Recaudaciones del SIN, que  indican expresamente sus obligaciones tributarias por los impuestos IVA e IUE y la  exención del IT Form. 156. Igualmente en nota emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca  del SIN, Cite: SIN/GDCH/DGRE/NOT/282/2012 de 11 de mayo de 2012, se adjuntó  certificado de inscripción de la empresa unipersonal, en el que se observa también como  obligaciones tributarias el IVA y el IUE, sin figurar el lT, documentos que tienen plena  validez probatoria, como señala el art. 79 del CTB y el art. 7 del DS 27310.

Manifestó también que notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 25- 000603-11, por una supuesta Omisión de Pago respecto de la Declaración Jurada Form.  400, Orden N° 2458598, el 12 de diciembre de 2012, presentó los siguientes descargos:  Resolución Administrativa Nº 05-3/2000 de 23 de febrero de 2000 (Fotocopia Legalizada);  Auto Nº 25-000603 11 (original); Proveído Nº 24-00057411(Original), certificado de  inscripción del Registro Único de Contribuyentes RUC (Original), Certificado de NIT  (fotocopias); Form. 400 Nº 2458598 (Original), que acreditan que su empresa está exenta  del pago del lT y que presentó las declaraciones juradas con exención por disposición  expresa de la Resolución Administrativa Nº 05-3/2000. Cuestionó también que la  Resolución Sancionatoria 18-000032-12 de 16 de marzo de 2012 señala que: “dentro del  termino establecido por Ley, para descargo del Auto Inicial de Sumario Contravencional, el  contribuyente no presentó prueba de descargo que desvirtúe la Contravención atribuida…”,  ignorando los argumentos y la prueba aportada, constituyendo un atentando al principio de  Seguridad Jurídica, al Derecho a la Defensa y fundamentalmente al Derecho al Debido  Proceso consagrados en los arts. 115.ll, 117.l y 119.l de la CPE.

Cuestionó que el SIN no reconoce la Resolución Administrativa Nº 05-3/2000 en vigencia,  cuando esta no requiere por ley ser tramitada temporalmente o anualmente; sin embargo  en los certificados de NIT que le fueron emitidos por la Administración tributaria no figura el  impuesto IT como obligación; que la normativa que establece la exención debe ser  interpretada literalmente de acuerdo al art. 8.l del CTB, cuyo incumplimiento vulnera el  principio de legalidad establecido en el art. 4 lit. c) de la LPA; señalando como respaldo las  Sentencias Constitucionales Nros. 93/03-R de 24 de enero y 1464/04-R de 13 de  septiembre.

Finalmente argumentó que en aplicación del principio de verdad material, la Administración  Tributaria debió realizar una verdadera tarea investigativa basada en documentación y  hechos ciertos con directa relación de causalidad, considerando además que la declaración

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jurada causa del proceso contravencional presenta la palabra Exento en el recuadro  referido a la liquidación final Cod. 576; aspecto que debió ser analizado antes de la  instauración del proceso sumario contravencional por omisión de pago, actitud que  demuestra negligencia en los funcionarios del SlN, que debe ser sancionada en mérito del  perjuicio causado al retenerse en una cuenta bancaria el monto ilegal, establecido en la  Resolución Sancionatoria.

Por lo expuesto, solicitó la revocatorias total de la Resolución Sancionatoria Nº 18-000032- 12 de 16 de marzo de 2012 y consiguientemente se declare a Editorial Tupac Katari exenta  del pago del lT, desde la gestión 2000, asimismo solicitó se disponga que la Administración  Tributaria proceda a la devolución del monto ilegalmente retenido.

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

Admitido el Recurso de Alzada, por auto de 16 de agosto de 2012, cursante a foja 21 de  obrados, se dispuso poner a conocimiento de la Administración Tributaria para que en el  plazo de 15 días, computables a partir de su notificación, conteste y remita todos los  antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la  resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218 inciso b) y c) del CTB, habiéndose  notificado legalmente a la entidad recurrida, el 20 de agosto de 2012, conforme a la  diligencia de notificación cursante a foja 22 de obrados.

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  

Dentro del término establecido por ley, la Administración Tributaria respondió en forma  negativa al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto la Lic. María Gutiérrez Alcón,  en su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, manifestando los siguientes  argumentos:

Señaló que emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000603-11 de 4 de  noviembre de 2011, por la contravención de Omisión de Pago, emergente de la no  cancelación del IT de la Declaración Jurada formulario 400, Número de Orden 2458598 del  periodo 12/2006 presentada el 18 de enero de 2007, dentro el plazo establecido por ley.

Manifestó que de acuerdo a procedimiento el Departamento de Recaudaciones envió al  Departamento Jurídico del SIN, la Declaración Jurada Orden 2458598 para el cobro del  importe impago, verificado el hecho se generó el Proveído de Ejecución Tributaria Nº 24- 000574-11, conforme a los art. 94.II y numeral 6 del art. 108.I del CTB y art. 24.1 de la RND  10-0037-07 y simultáneamente se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25- 000603-11 para el cobro de la Sanción de Omisión de Pago, según los arts. 160.3 y 165 del  CTB.

Con relación a la exención del IT, manifestó que dicha exención estuvo dirigida a la  “Editorial Tupac Katari” titular de un RUC determinado y vigente sólo hasta el 2004.  Igualmente, de acuerdo a Consulta de Padrón, la contribuyente registrada con el NIT  1119950016, en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2006 al 13 de mayo de 2008,  se encontraba gravada con el IT, sin haber realizado ningún reclamo a la Administración  Tributaria y presentando de manera voluntaria sus Declaraciones Juradas.

Por último expresó, que los criterios y citas jurisprudenciales mencionadas por la recurrente,  no corresponden, porque la Administración Tributaria, actuó según normativa de

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inexcusable cumplimiento, conforme a la Declaración Jurada presentada por ella y sin  necesidad de ejecutar un proceso de determinación.

En mérito a lo expresado, manifestó que las actuaciones en la emisión de la Resolución  Sancionatoria No 18-00032-12 de 16 de marzo de 2012, se enmarcaron dentro de las  normas y procedimientos legales y solicitó la confirmación de la resolución impugnada.

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación del art. 218, inc. d) del CTB, mediante Auto de 5 de septiembre de 2012,  cursante a foja 28 de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días  comunes y perentorios a las partes; procediendo a su respectiva notificación conforme  consta por las diligencias de fojas 29 y 30 del expediente.

En esta fase, la recurrente por memorial de 21 de septiembre de 2012, se ratificó en toda la  prueba presentada adjunta al memorial de recurso de alzada y ofreció prueba documental  consistente en certificado emitido por FUNDEMPRESA que demuestra que su actividad es  la “edición de libros, folletos y periódicos”, por la cual se encuentra exenta del IT, de  acuerdo al art. 72 inciso h), de la Ley 843.

La entidad recurrida, por memorial de 25 de septiembre de 2012, se ratificó en toda la  prueba documental presentada a tiempo de responder el presente recurso.

  1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto  en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad  y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la  Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de  impugnación contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000032-12 de 16 de marzo de 2012,  se inició el 10 de agosto de 2012, conforme consta por el cargo de recepción cursante a foja  13 del expediente.

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fojas 40 a 41 de obrados, se tiene que el plazo de  los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme  dispone el art. 210-III del CTB, vence el 5 de noviembre de 2012.

Dentro del plazo legal, mediante memorial presentado el 10 de octubre de 2012, la  recurrente presentó alegatos escritos, indicando que los argumentos esbozados y las  pruebas ofrecidas no fueron desvirtuados por la Administración Tributaria y reiteró toda la  fundamentación realizada en su recurso de alzada, ratificando al final su petitorio.

VII. RELACIÓN DE HECHOS.  

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación de  hechos:

De fojas 2 a 15 del referido Cuadernillo, se encuentran las notas de remisión y detalle de  contribuyentes con Declaraciones Juradas con pago en defecto, de las gestiones 2006 –  2007 entre los que se consigna a María Verónica Miranda Soraire.

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El 23 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Auto  Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000603-11 de 4 de noviembre de 2011, que  sanciona por Omisión de Pago a la contribuyente María Verónica Miranda Soraire, con una  multa de UFV’s 9.174 (Nueve mil ciento setenta y cuatro 00/100 Unidades de Fomento a la  Vivienda) por no cancelación del IT correspondiente al período diciembre 2006, en los  plazos establecidos; sin perjuicio de aplicársele el régimen de incentivos establecidos en el  art. 156 del CTB (foja 16 del Cuadernillo de Antecedentes).

El 12 de diciembre de 2011, la recurrente presentó pruebas de descargo consistentes en  Certificación de Inscripción al Padrón otorgado por el SIN, nota de respuesta de 11 de mayo  de 2012 emitida por la Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, Certificado de Inscripción al  Padrón Nacional de Contribuyentes emitida el 13 de diciembre de 2011, Formulario 400  (IT), Resolución Administrativa Nº 05-3/2000 de 23 de febrero de 2000 y Registro Único de  Contribuyentes Nº 9263764 (fojas 1 a 6 del expediente).

El 16 de marzo de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº  18-000032-12, que resolvió sancionar por Omisión de Pago a la contribuyente María  Verónica Miranda Soraire titular del NIT 1119950016, con una multa de 9.174 UFV´s  (Nueve mil ciento setenta y cuatro 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), en  aplicación a los arts. 160.3 y 165 del CTB (foja 26 del Cuadernillo de Antecedentes). El 24  de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la  Resolución Sancionatoria Nº 18-000032-12.

VIII. MARCO LEGAL.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  

Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a  una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada  previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido  impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada

  1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente  en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por  autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

Artículo 119.- I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para  ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía  ordinaria o por la indígena originaria campesina.

  1. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las  personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos  en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  

Artículo 8.- (Métodos de Interpretación y Analogía). I. Las normas tributarias se  interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiendo llegar a  resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En exenciones  tributarias serán interpretados de acuerdo al método literal.

Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: Pág.5 de 11

  1. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en  los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación  que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros  autorizados, en los términos del presente Código.
  2. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas  y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la  correspondiente Resolución.

Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y  jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto  pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en  poder de la Administración Tributaria.

Artículo 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se  apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que  cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las  siguientes:

Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). Las facultades de control, verificación,  fiscalización e investigación descritas en este Artículo, son funciones administrativas  inherentes a la Administración Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución  penal.

Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

  1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;
  2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;
  3. Omisión de pago;

Artículo 165.- (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de  menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga  indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%)  del monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 212.- (Clases de resolución). Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y  Jerárquico, podrán ser:

  1. a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido;

LEY Nº 843, DE REFORMA TRIBUTARIA.  

Artículo 76.- Están exentos del pago de este gravamen:

  1. h) La edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general,  periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el  propio editor o terceros por cuenta de éste. Esta exención no comprende ingresos por  publicidad y otros ingresos que no correspondan a la venta de las publicaciones señaladas.

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

Artículo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad  administrativa se regirá por los siguientes principios:

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  1. d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad  material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;
  2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS.  

9.1. Con relación a la exención del Impuesto a las Transacciones.  

María Verónica Miranda Soraire, propietaria de la Editorial Tupac Katari, señaló que fue  notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000603-11, por una  supuesta omisión de pago respecto de la Declaración Jurada con Nº de Orden 2458598, no  obstante que presentó descargos que acreditan que Editorial Tupac Katari está exenta del  Impuesto a las Transacciones; posteriormente, indicó haber sido notificada con la  Resolución Sancionatoria Nº 18-000032-12 de 16 de marzo de 2012, que le sancionó con  una multa de 9.174 UFV’s; al respecto, cuestionó que la resolución, en su parte  considerativa señala que la contribuyente no habría presentado prueba de descargo que  desvirtúe la contravención atribuida, afirmación que rechaza ya que atenta al principio de  seguridad jurídica, al derecho a la defensa y fundamentalmente al debido proceso. También  señalo que la Administración Tributaria, omitió cumplir el principio de verdad material, al  desconocer la Resolución Administrativa Nº 05-3/2000 y otras pruebas ofrecidas.

Al respecto los arts. 115.II y 117.I de la CPE, establecen que el Estado garantiza el  derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,  gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada  sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Asimismo, el art.  119.I y II de la mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán  de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los  derechos que les asistan, y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

Respecto a los preceptos constitucionales invocados, la SC 1724/2010-R de 25 de  octubre de 2010, estableció: En cuanto al debido proceso, consagrado en los arts.  115.II, 117.I y 119.I de la CPE; como derecho humano, en los arts. 8 del Pacto de San  José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y  atendiendo los alcances del contenido de este instituto jurídico, en la norma  constitucional vigente se lo concibe: “…como derecho fundamental de los justiciables,  un principio procesal y una garantía de la administración de justicia. De esa triple  dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo  y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal  Pulido en: El Derecho de los Derechos: ‘El derecho fundamental al debido  proceso protege las facultades del individuo para participar en los  procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del  marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones,  afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de  los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros  derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos  procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos  políticos o de participación y los derechos sociales’. Esa doble naturaleza de aplicación  y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial  como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso  como: 1)Derecho fundamental: Destinado para proteger al ciudadano de los  posibles abusos de las autoridades, originado no sólo en actuaciones u 

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omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de  las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o  administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el  instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el  ordenamiento jurídico. 2)Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía  al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran  contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las  resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia de recurrir, entre otras, y que  se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las  distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las  cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el  proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad” (resaltado propio).

Sobre la prueba, Guillermo Cabanellas considera que es la: “Demostración de la verdad de  una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; en este sentido,  la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de la tarifa legal  probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que consiste en una  operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia y  especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba allegados  al proceso y mediante un análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad que ellos  ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación,  o tema de la prueba; las circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en la  ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través  de dicho análisis, llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad  demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. En este método son admisibles todos los  medios de prueba y su eficacia depende de la mayor o menor conexión que tengan con el  hecho que debe probarse“ CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho  Usual, págs. 497”; “Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario,  págs. 37 y 41”.

De la revisión de los antecedentes del proceso, se tiene que por memorial de 12 de  diciembre de 2011, la ahora recurrente, se ratificó en sus argumentos de descargo del  memorial de 21 de octubre de 2011 y adjuntó pruebas consistentes en Certificación de  Inscripción al Padrón otorgado por el SIN, Nota de respuesta de 11 de mayo de 2012  emitida por la Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, Certificado de Inscripción al Padrón  Nacional de Contribuyentes, emitida el 13 de diciembre de 2011, Formulario 400 (IT),  Resolución Administrativa Nº 05-3/2000 de 23 de febrero de 2000 y Registro Único de  Contribuyentes Nº 9263764 (fojas 1 a 9 del expediente). La Administración Tributaria,  mediante nota CITE:SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/01140/11 de 15 de diciembre de 2011,  dio respuesta al memorial presentado por la contribuyente, indicando que: “…se esté a la  respuesta de 28 de octubre de 2011 CITE: SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/0883/11”,  adjuntando la misma, nota que en su contenido a la letra dice: “Que el descargo presentado  no corresponde ser considerado por el Departamento Jurídico, ya que las declaraciones  juradas del NIT 1119950016, por el periodo diciembre 2006 Form. 400, fueron remitidas por  el Departamento de Recaudaciones, mientras no exista instrucción para dejar sin efecto las  DD.JJ., el trámite se mantiene firme y subsistente”.  

Empero, de la revisión del cuadernillo de antecedentes remitido por la Administración  Tributaria en oportunidad de la contestación del recurso de alzada, se advierte que tanto el  memorial con sello de recepción de la Administración Tributaria de 12 de diciembre de 2011  como la documentación de descargo mencionada como adjunta al mismo, así como la  respuesta de la Administración Tributaria, no cursan en antecedentes y consiguientemente

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no fue evaluada dentro del procedimiento sancionatotorio, dando lugar a que en la  Resolución Sancionatoria –ahora impugnada- se afirme que la contribuyente no presentó  descargos que desvirtúen la contravención, aseveración que no responde a la realidad  fáctica del proceso, situación que daría lugar a la anulación del procedimiento sancionatorio,  a fin de la Administración Tributaria evalúe y emita pronunciamiento expreso en la  Resolución final del sumario contravencional, respecto a la prueba de descargo presentada  por la contribuyente; empero, de conformidad al principio de economía procesal, simplicidad  y celeridad previsto en el art. 4 de la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable al  caso por previsión del art. 201 del CTB, y tomando en cuenta que en cuadernillo de  antecedentes (fs. 13 y 14) cursa reporte de Consulta de Padrón, donde consta las  obligaciones impositivas y actividad registrada ante la Administración Tributaria por la ahora  recurrente, información oficial que permite establecer los extremos aducidos por la  recurrente, en el presente caso se ingresará al análisis del fondo del problema planteado en  la impugnación formulada mediante el recurso de alzada.

 

Así, en el análisis del caso, es necesario considerar que de acuerdo al art. 165 del CTB, se  describe la contravención tributaria la Omisión de Pago como: “El que por acción u omisión  no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está  obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el  cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria”. 

Por otra parte, el art. 19 del CTB, define la exención como la dispensa de la obligación  tributaria material, establecida por Ley. Continúa indicando que la Ley que establezca  exenciones deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia,  los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso el plazo de duración.

Por su parte, el art. 76 de la Ley Nº 843 (TO) establece que están exentos del pago del  Impuesto a las Transacciones, entre otras, las siguientes actividades: “(…) h) La edición e  importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, periódicos y revistas,  en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros  por cuenta de éste. Esta exención no comprende ingresos por publicidad y otros ingresos  que no correspondan a la venta de las publicaciones señaladas”.

Al respecto, para la doctrina tributaria la exención “es la situación jurídica en cuya virtud el  hecho o acto resulta afectado por el tributo en forma abstracta, pero se dispensa de pagarlo  por disposición especial. Vale decir, que a su respecto, se produce el hecho generador,  pero el legislador, sea por motivos relacionados con la apreciación de la capacidad  económica del contribuyente, sea por consideraciones extrafiscales, establece la no  exigibilidad de la deuda tributaria o, como dice Gomes de Sousa, resuelve dispensar del  pago de un tributo debido” (GIULIANI Fonrouge, Carlos. Derecho Financiero. Tomo I, pág.  321).

Por otra parte, con relación a la interpretación del método literal, la Doctrina señala que es:  “…apreciar el sentido con exclusiva referencia a los términos, a la letra del texto, sin ampliar  ni restringir en modo alguno su alcance…” (Segundo V. Linares Quintana, Reglas para la  Interpretación Constitucional, Ed. Plus Ultra, pág. 19). También dicho método: “…se limita a  declarar el alcance manifiesto e indubitable que surge de las palabras empleadas en la ley,  sin restringir ni ampliar su alcance”. (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho  Financiero y Tributario, pág. 168).

En el presente caso, el documento que dio origen a la sanción de omisión de pago aplicada  por la Administración Tributaria, es la Declaración Jurada original Formulario 400 (IT) Orden

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Nº 2458598 presentada a la Entidad Bancaria el 18 de enero de 2007, consignando datos  en las casillas de los ingresos brutos e impuesto determinado (códigos 013 y 909)  reflejando un saldo a favor del Fisco (código 996) de Bs.10.974; sin embargo, se advierte  también que la casilla referida al impuesto por pagar (código 576) consigna la inscripción  literal de “Exento” (foja 4 de obrados).

De acuerdo al Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes NIT  1119950016 legalizado el 26 de abril de 2012 por la Administración Tributaria, se tiene que  la recurrente tiene como actividad principal la edición de libros, folletos, periódicos y  publicaciones periódicas, con las obligaciones tributarias del impuesto IVA e IUE Forms.  500 y 200 respectivamente. Igualmente en el Certificado de Inscripción al Padrón Nacional  de Contribuyentes NIT 1119950016, legalizado el 26 de abril de 2012 por la Administración  Tributaria, se observa que la inscripción de la contribuyente data del 9 marzo de 1999;  señalando como obligaciones tributarias el Form. 500 IUE y Form. 200 IVA con alta a partir  del 01/04/2006, no advirtiéndose estar obligada al IT. Hecho ratificado por la Certificación de  Inscripción del Servicio de Impuestos Nacionales, adjunto a la nota  CITE:SIN/GDCH/DGRE/NOT/282/2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca el 11  de mayo de 2012; en la cual se evidencia también que la contribuyente mantiene su  actividad principal desde su inscripción al padrón de contribuyentes, así como sus  obligaciones tributarias, sólo por el IVA e IUE (foja 1 del expediente) no así por el IT en el  entendido de la exención dispuesta en el art. 76 de la Ley 843 para la actividad registrada  ante la Administración Tributaria.

De la normativa y doctrina citada precedentemente, se tiene que las exenciones están  establecidas por ley, son generales para una actividad y/o servicio específico. En el  presente caso, el art. 76 de la Ley 843 (Texto Ordenado) señala las exenciones del pago de  gravamen del Impuesto a las Transacciones y el inc. h), establece la exención a la edición e  importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, periódicos y revistas,  en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros  por cuenta de éste, aclarando también que ésta exención, no comprende ingresos por  publicidad y otros ingresos que no correspondan a la venta de las publicaciones señaladas;  es decir, que todos los sujetos pasivos que realicen esta actividad están exentos del pago  del IT. De lo que se concluye que María Verónica Miranda Soraire, desde su inscripción en  el Padrón de Contribuyentes -el 9 marzo de 1999- con la actividad de edición e importación  de libros y conforme dispone el art. 76.h) de la Ley 843, se encuentra exenta del pago del  lT, es decir, que no se encuentra obligada al pago del IT impuesto que ni siquiera se  encuentra con alta el Sistema de Padrón de Contribuyentes; consecuentemente, no  habiéndose generado respecto a ella la obligación material de pago del referido impuesto,  no se configura la contravención de omisión de pago atribuida por la Administración  Tributaria respecto al IT del periodo diciembre 2006.

Finalmente, en lo que se refiere a la verdad material, cabe considerar que la doctrina es  uniforme al establecer que la verdad material: “es aquella que busca en el procedimiento  administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del  término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de las  actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, al momento del dictado de  la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto  o lo más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento”. (ABELAZTURY,  CILURZO, Curso De Procedimiento Administrativo Abeledo-Perrot Pag. 29).

El principio de verdad material previsto por el artículo 4 inciso d) de la Ley de Procedimiento  Administrativo, determina que la administración pública investigue la verdad material, en  virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse

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únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado  por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no  restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo  formal que no son suficientes para asumir decisiones. La tarea investigativa de la  administración pública, en todos los casos sometidos al ámbito de su jurisdicción, debe  basarse en documentación, datos y hechos ciertos con directa relación de causalidad, que  deben tener la calidad de incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad  administrativa con plena convicción y sustento, debe emitir el pronunciamiento que  corresponda respecto al tema de fondo en cuestión, extremos necesarios que la  Administración Tributaria en el caso presente, no cumplió para atribuir la existencia de la  omisión de pago, no obstante tener la información en su sistema de padrón de  contribuyentes, que la ahora recurrente no está obligada al pago del IT por la actividad  económica registrada ante la Administración Tributaria.

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece que la  Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en el procedimiento  sancionador seguido contra María Verónica Miranda Soraire, no observó adecuadamente la  normativa tributaria vigente.

 

POR TANTO  

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto  Supremo Nº 29894,

 

RESUELVE: 

Primero.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria Nº 18-000032-12 de 16 de  marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, toda vez que la única actividad económica registrada ante la Administración  Tributaria por la recurrente, referida a la edición de libros, folletos, periódicos y publicaciones  periódicas, se encuentra comprendida en la exención del Impuesto a las Transacciones prevista  en el art. 76.h) de la Ley 843. Todo conforme establece el art. 212.I. a) del Código Tributario  Boliviano.

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente  Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario  Boliviano.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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