ARIT-CHQ-RA-0168-2018 Resolución Sancionatoria ratificada porque el periodo de sanción por el incumplimiento a la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci no habría prescrito como pretendía validar el contribuyente

ARIT-CHQ-RA-0168-2018

AUTORIDAD REGIONAL DE  IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  Estado Plurinacional de Bolivia  

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0168/2018  

Recurrente  

Administración recurrida  

Instituto de la Judicatura de Bolivia (Escuela  de Jueces del Estado) legalmente  representado por Carlos Javier Ramos  Miranda.  

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de  Impuestos Nacionales, representada  legalmente por Jhonny Padilla Palacios.  

VISTOS:  

Acto impugnado Resolución Sancionatoria Nº 181710000212.  Expediente Nº ARIT-CHQ-0018/2018.  

FECHA Sucre, 1 O de julio de 2018.  

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración  Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y  producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico  Jurídico ARIT-CHQ/ITJ Nº 0168/2018 de 10 de julio de 2018, emitido por la Sub  Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Sancionatoria Nº 181710000212 de 22 de marzo de 2017, sancionó al Instituto de la  Judicatura de Bolivia, con NIT 1016213023, por la contravención tributaria de  Incumplimiento al Deber Formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA través del software Da Vinci Módulo LCV, con una multa de 500 UFV’s por cada  

“””””………,……__período de enero a septiembre de 2011, haciendo un monto total de 4.500 UFV’s  (Cuatro mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda).  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua)  

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Resolución notificada mediante cédula alInstituto de la Judicatura de Bolivia, el 28 de  marzo de 2018, e impugnada el 17 de abril de 2018, dentro del plazo legal establecido por  el art. 143 del CTB.  

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  
  2. 1. Argumentos del Recurrente.  

Carlos Javier Ramos Miranda, en calidad de Director General de la Escuela de Jueces del  Estado, según copia legalizada del Memorándum DIRECTORIO-EJE 020/2017 de 28 de  diciembre de 2017, otorgado por el Directorio de la Escuela de Jueces (el recurrente)  asumiendo defensa del extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia, actualmente Escuela de ·  Jueces del Estado, manifestó que en fechas 19 y 29 de diciembre de 2016 la Escuela de  Jueces del Estado, fue notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AISC  Nº 0015208500046 por el incumplimiento al deber formal de presentación de Libros de  Compras Ventas IVA por los meses de enero a septiembre de 2011; ante tal actuado,  el 24 de febrero de 2018, opuso prescripción por inactividad del SIN, ya que al haberse  notificado el AISC recién en diciembre de 2016, se produjo la prescripción prevista en  el art. 59 del CTB; sin embargo, posteriormente fue notificado con la Resolución  Sancionatoria Nº 181710000212 de 22 de marzo de 2017, que sancionó el  incumplimiento del deber formal de presentación del Libro de Compras Ventas IVA través del software Da Vinci módulo LCV con una multa total de 4.500 UFVs.  

Señaló, que existe vulneración de principios constitucionales de acuerdo al art. 147  numeral 3 del CTB, por mala interpretación e indebida aplicación de la ley, toda vez  que se aplicó retroactivamente las Leyes Nros. 291 de 22 de septiembre de 2012; 317  de 11 de diciembre de 2012; y 812 de 30 de junio de 2016, situación que vulnera el  derecho a la seguridad jurídica establecida en los arts. 9.2, 178, 306 y 311.11.5 de la  CPE, así como la irretroactividad de la ley prevista en el art. 123 de la CPE, toda vez  que las normas invocadas no estaban vigentes al momento del incumplimiento del  deber formal por los períodos enero a septiembre de 2011, siendo posteriores y  tampoco benefician de ninguna manera al Sujeto Pasivo, razón por la cual contraviene  también el art. 150 del CTB.  

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Estado Plurinacional de Bolivia  

Expresó, que la seguridad jurídica se resume en la previsibilidad objetiva de las  situaciones jurídicas de los particulares y la temporalidad de la revisión de sus  resultados; por lo que la prescripción se constituye en un instrumento. de seguridad  jurídica y de tranquilidad social qarantizandc que las facultades reconocidas a la  Administración Tributaria no se mantengan abiertas indefinidamente a placer de la  inoperancia administrativa, pues lo contrario sería generar una dependencia indefinida  y custodia permanente de los libros contables generando una incertidumbre tributaria  en los contribuyentes al antojo del legislador; cuando en realidad dentro de un Estado  de Derecho la seguridad jurídica hace que se respete la temporalidad de la Ley y se  resguarde la prescripción como un límite a la Administración Tributaria en cuanto a sus  

  • facultades previstas en el art. 66 de CTB; a este efecto, citó como sustento el Auto  Supremo Nº 05/2014 de 27 de marzo de 2014, emitido por Sala Plena del Tribunal  Supremo de Justicia, además de transcribir parte de la doctrina relativa a la  prescripción tributaria y de las Sentencias Constitucionales 1030/2003-R, 0770/2012,  0334/2010-R, 1795/2010-R, y 1169/2016-S3.  

Finalmente, agregó que la Administración Tributaria realizó una interpretación y  aplicación errónea del art. 2 de la Ley Nº 812 de 30 de junio de 2016 que modifica los  parágrafos 1 y 11 del art. 59 del CTB y aclaró que no está en duda la constitucionalidad  de la norma sino que de acuerdo a la Ley Nº 291, el período de prescripción para cada  año será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y  contravenciones hubiesen ocurrido el mismo año, lo que estuvo vigente hasta la  promulgación de la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, por lo que no se puede  hablar de un derecho. expectaticio cuando el mismo fue un derecho real, cierto  adquirido que nació a la vida jurídica y estuvo vigente por un período de tiempo  comprendido entre la promulgación de la Ley Nº 2~1 y la promulgación de la Ley Nº  317.  

Bajo dichos argumentos solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº  181710000212. Adjuntó documentación consistente en: 1. Original de la Resolución  impugnada; 2. Copia legalizada de Memorándum; 3. Copia de cédula de identidad, 4.  Sentencias Constitucionales 1030/2003-R de 21 de julio de 2003, 0770/2012 de 13 de  agosto de 2012, 0334/2010-R de 15 de junio de 201 O, 1795/2010-R de 25 de octubre  de 2010, y 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016.  

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  1. 2. Auto de Admisión.  

Inicialmente, el Recurso fue observado mediante Auto de 19 de abril de 2018, por  incumplimiento del art. 198 inciso b) CTB; subsanada la observación, se admitió el  Recurso de Alzada por Auto de. 27 de abril de 2018, y se dispuso notificar a la  Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos  los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados  con la Resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. e) del CTB. Auto de  admisión notificado al representante de la entidad recurrida el 7 de mayo de 2018,  conforme diligencia de notificación personal cursante a fs. 97 de obrados.  

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria.  

Dentro del término establecido en el art. 218. e) del CTB, el 22 de mayo de 2018, se  apersonó Jhonny Padilla Palacios, acreditando su condición de Gerente Distrital del  SIN Chuquisaca, mediante copia legalizada de la Resolución Administrativa de  Presidencia Nº 031800000185 de 22 de marzo de 2018, respondió en forma negativa al  recurso planteado, manifestando respecto a la prescripción, que correspondía aplicar los  arts. 59 y 60 del CTB, que fueron modificados por las Leyes Nros. 291, 317; quedando  el art. 59 redactado de la siguiente forma: “Las acciones de la Administración Tributaria  prescribirán a·los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la  gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la  gestión 2017 y 1 O años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar,  verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer  

sanciones administrativas”. Y el ait. 60 de la citada ley de la siguiente forma: “En el  supuesto 3 del Parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde el  primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”, por  lo que el régimen de prescripción vigente considera las gestiones en las que opera la  misma, en ese sentido, para que opere la prescripción en la gestión 2018, antes debió  haber transcurrido 1 O años desde el inicio del cómputo de la prescripción.  

Asimismo, señaló que en el presente caso se aplicó la modificación de la Ley 812,  que establece el. término de prescripción de ocho años, entre otras para imponer  sanciones administrativas, por lo que aplicando la mencionada ley, vigente al  momento de los actos del proceso sancionador, el cómputo de la prescripción para  

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los periodos enero a septiembre de 2011, inició el 1 de enero del año 2012, y desde  esa fecha hasta el 28 de marzo de 2018 -momento de la notificación de la Resolución  Sancíonatona- no transcurrió el término de 8 años que se requiere para que opere la  prescripción, por lo que a la fecha se encuentra intacta la facultad de la Administración  Tributaria para imponer sanciones administrativas.  

Respecto a la aplicación retroactiva de las Leyes Nros. 291, 317 y 812, vulnerando  supuestos derechos a la seguridad jurídica establecidos en el art. 123 de la CPEseñaló que las normas modificatorias (Leyes 291, 317 y 812), son de aplicación  obligatoria respecto del caso de prescripción mientras una Sentencia del Tribunal  Constitucional Plurinacional las declare inconstitucionales, por lo que la norma  aplicable en el presente caso es la contenida en los arts. 59 y 60 del CTB con sus  respectivas modificaciones. Citó como precedentes las Resoluciones de Recurso  Jerárquico Nros. AGIT-RJ 1444/2013, AGIT-RJ 1246/2013, AGIT-RJ 0869/2017 y  AGIT-RJ 0791/2017.  

En base a lo señalado, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº  181710000212 de 22 de marzo de 2017. Para dicho efecto adjuntó el Cuadernillo de  Antecedentes 1 (SIN) con 83 fojas.  

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.  

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del art. 218 del CTB, mediante Auto de 23 de  mayo de 2018, que cursa a fs. 109 de obrados, se dispuso la apertura del plazo  probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación  la misma fecha, conforme consta por las diligencias de fs. 11 O de obrados;  consecuentemente, el plazo feneció el 12 de junio de 2018.  

Durante este periodo, la Administración Tributaria por memorial de 1 de junio de 2018se ratificó en sus argumentos y en toda la prueba presentada junto al memorial de  respuesta al Recurso de Alzada. Por su parte, el recurrente mediante memorial de 12  de junio de 2018, se ratificó en la prueba documental presentada a momento de  interponer su Recurso de Alzada; asimismo ofreció como prueba la Sentencia del  

ibunal Supremo de Justicia Nº 153 de 20 de noviembre de 2017, respecto al  cómputo de la prescripción.  

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11.5. Alegatos.  

Conforme· establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de  presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del  término probatorio; es decir, hasta el 2 de julio de 2018; por memorial de la misma  fecha, el recurrente formuló alegato escrito reiterando los argumentos expuestos en su  Recurso de Alzada y concluyó que la norma que estaba vigente al momento en que se  produjo la contravención establecía un término de prescripción de 4 años que inició  desde el primer día hábil de 2012, por lo que las Leyes Nros. 291, 317 y 812 no  estaban vigentes al momento de producirse el hecho ya que fueron promulgadas de  forma posterior. Por su parte, la Administración Tributaria, no hizo uso de este derecho  en el plazo otorgado por ley.  

  1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.  

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) se tiene la siguiente relación  de hechos:  

El 2 de diciembre de 2016, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0015208500046,  contra el Instituto de la Judicatura de Bolivia, con NIT 1016213023, por incumplimiento  

al deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA  a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, de los periodos enero, febrero, marzo,  abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011, en aplicación del art. 162 del  CTB, sancionado con una multa de 500 UFV’s. (Quinientas Unidades de Fomento a la  Vivienda), por cada período fiscal incumplido; conforme al subnumeral 4.2, del inciso  A) del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, haciendo un total de 4.500 UFV’s  (Cuatro mil quinientas Unidades de Fomenfo a la Vivienda); asimismo, otorgó el plazo  de veinte (20) días a partir de la notificación con dicho Auto, para presentar descargos  

escritos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, caso contrario cancelar la multa.  Auto, notificado al Instituto de la Judicatura de Bolivia el 29 de diciembre de 2016 (fs.  4 a 5).  

El 18 de enero de 2017, Franz Jhonny Ochoa Yucra, Director General de la Escuela  de Jueces del Estado, presentó fa nota con Cite:DG-0040-EJE-0051, pronunciándose  

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respecto a la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  0015208500046, señalando que la Escuela de Jueces constituye una entidad de  reciente creación con estructura y NIT diferentes; bienes, activos y pasivos propios  adquiridos a partir de su creación, además de ser una entidad descentralizada por  disposición de la Ley Nº 025, por lo que no podía asumir las obliqaciones y pasivos  contraídos por el ex Instituto de la Judicatura. No obstante de lo mencionado; y en  cumplimiento del art. 15.1 de la Ley 212, Ley de Transición para el Tribunal  Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal  Constitucional Plurinacional, manifestó que existe la voluntad de la Escuela de Jueces  del Estado para poder cumplir con el pago de las multas, cargas y pasivos tributarios  originados por ex Instituto de la Judicatura de Bolivia (fs. 55 a 57)  

El 24 de febrero de 2017, Franz Jhonny Ochoa Yucra, Director General de la Escuela  de Jueces del Estado, siendo de su conocimiento el Auto de Sumario Contravencional  Nº 0015208500046, por el supuesto incumplimiento de deber formal de presentación  de información del Libro de Compras y Ventas IYA a través del Módulo Da Vinci de los  periodos enero a septiembre de 2011, interpuso incidente de prescripción contra el  Auto Inicial de Sumario Contravencional citado, aduciendo que los hechos y  situaciones correspondientes a la gestión 2011 habrían prescrito el 2015;  transcurriendo en el presente caso más de 4 años desde la presunta contravención,  por lo que conforme a lo previsto en el art. 59 del CTB prescribió las acciones de la  Administración Tributaria. Como respaldo de su argumento transcribió partes  sobresalientes de la Sentencia 189/2011 y los Autos Supremos Nros. 39/2016 y  47/2016 (fs. 69 a 74).  

El 22 de marzo de 2017, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, por Resolución Sancionatoria 181710000212, sancionó al Instituto de la  Judicatura de Bolivia. con NIT 1016213023, por el incumplimiento de deber formal de  presentación del Libro de Compras-Ventas IVA a través del Software Da Vinci-Módulo  LCV de los periodos enero a septiembre de 2011, con una multa total de 4.500 UFV’s  (Cuatro mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda), conforme el subnumeral  4.2, del inciso A) del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de  

  • 2007. Resolución notificada mediante cédula al Instituto de la Judicatura de Bolivia, el  28 de marzo de 2018 (fs. 77 a 83).  

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.  

El recurrente formuló Recurso de Alzada exponiendo como único agravio: La  prescripción de la facultad de la· Administración Tributaria para imponer sanciones  administrativas. Por lo que, a continuación corresponde efectuar el siguiente análisis.  

IV.1. Con relación a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para  imponer sanciones administrativas.  

El recurrente manifestó que existe una vulneración de principios constitucionales de  acuerdo al art. 147 numeral 3 del CTB, por mala interpretación e indebida aplicación de  la ley, al aplicar retroactivamente las Leyes Nros. 291 de 22 de septiembre de 2012,  317 de 11 de diciembre de 2012 y 812 de 30 de junio de 2016, situación que vulnera el  derecho a la seguridad jurídica establecida en los arts. 9.2, 178, 306 y 311.11.5 de la  CPE así como la irretroactividad de la ley prevista en el art. 123 de la CPE, toda vez  que las normas invocadas no estaban vigentes al momento del incumplimiento del  deber formal por los períodos enero a septiembre de 2011, siendo posteriores y  tampoco benefician de ninguna manera al Sujeto Pasivo, razón por la cual contraviene  también el art. 150 del CTB.  

Expresó que la seguridad jurídica se resume en la previsibilidad objetiva de las  situaciones jurídicas de los particulares y la temporalidad de la revisión de sus  resultados; por lo que la prescripción se constituye en un instrumento de seguridad  Jurídica y de tranquilidad social garantizando que las facultades reconocidas a la  Administración Tributaria no se mantengan abiertas indefinidamente a placer de la  inoperancia administrativa, pues lo contrario sería generar una dependencia indefinida  y custodia permanente de los libros contables generando una incertidumbre tributaria  en los contribuyentes al antojo del legislador cuando en realidad dentro de un Estado  de Derecho la seguridad jurídica hace que se respete la temporalidad de la Ley y se  resguarde la prescripción como un límite a la Administración Tributaria en cuanto a sus  facultades previstas en el art. 66 de CTB; a este efecto citó como sustento el Auto  Supremo Nº 05/2014 de 27 de marzo de 2014, emitido por Sala Plena del Tribunal  Supremo de Justicia además de transcribir parte de la doctrina relativa a la  prescripción tributaria y de las Sentencias Constitucionales 1030/2003-R, 0770/2012,  0334/2010-R, 1795/2010-R, y 1169/2016-S3.  

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Finalmente, agregó que la Administración Tributaria realizó una interpretación y  aplicación errónea del art. 2 de la Ley Nº 812 de 30 de junio de 2016, que modifica los  parágrafos 1 y 11 del art. 59 del CTB y aclaró que no está en duda la constitucionalidad  de la norma sino que de acuerdo a la Ley Nº 291, el período de prescripción para cada  año será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y  contravenciones hubiesen ocurrido el mismo año, lo que estuvo vigente hasta la  promulgación de la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, por lo que no se puede  hablar de un derecho expectaticio cuando el mismo fue un derecho real, cierto  adquirido que nació a la vida jurídica y estuvo vigente por un período de tiempo  comprendido entre la promulgación de la Ley Nº 291 y la promulgación de la Ley Nº  317.  

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que correspondía aplicar los arts.  59 y 60 del CTB, que fueron modificados por las Leyes Nros. 291, 317; por lo que el  régimen de prescripción vigente considera las gestiones en las que opera la misma, en  ese sentido, para que opere la prescnpción en la gestión 2018, antes debió haber  transcurrido 1 O años desde el inicio del cómputo de la prescripción. Asimismo, señaló  que en el presente caso se aplicó la modificación de la Ley Nº 812, que establece el  término de prescripción de ocho años, para imponer sanciones administrativas, por lo  que aplicando la mencionada ley, vigente· al momento de los actos del proceso  sancionador, el cómputo de la prescripción para los periodos enero a septiembre de  2011, inició el primer día del año 2012 y desde esa fecha hasta el 28 de marzo de  2018, -momento de la notificación de la Resolución Sancionatoria- no transcurrió el  término 8 años requerido para que opere la prescripción, por lo que a la fecha, se  encuentra intacta la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones  administrativas.  

Respecto a la aplicación retroactiva de las Leyes Nros. 291, 317 y 812, vulnerando  supuestos derechos a la seguridad jurídica establecidos en el art. 123 de la CPE,  señaló que las normas modificatorias (Leyes 291, 317 y 812), son de aplicación  obligatoria respecto del caso de prescripción mientras una Sentencia del Tribunal  Constitucional Plurinacional las declare inconstitucionales, por lo que la norma  aplicable en el presente caso es la contenida en los arts. 59 y 60 del CTB con sus  spectivas modificaciones. Citó como precedentes las Resoluciones de Recurso  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)  Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua)  

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Jerárquico .Nros, AGIT-RJ 1444/2013, AGIT-RJ 1246/2013, AGIT-RJ 0869/2017 y  AGIT-RJ 0791/2017.  

Así planteada la controversia, corresponde dilucidar si operó la prescripción de la  facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, en  relación a los periodos fiscales enero a septiembre de la gestión 2011.  

En este contexto, cabe señalar que para la doctrina tributaria: La prescripción es  generalmente enumerada entre Jos modos o medios extintivos de la obligación  tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa  institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la  correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de  la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella”; (MARTÍN José María,  

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189).  

De igual manera, la doctrina, refiere que la prescripción de acciones se entiende  como: La caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido  los plazos legales para su posible ejercicio; asimismo, debe tomarse en cuenta que  la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son  

pilares básicos del ordenamiento jurídico.” (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias  jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno .. Catalina. Derecho  Tributario. Tomo 1).  

Al respecto, es necesario analizar las disposiciones sobre prescripción de la  obligación tributaria aplicables al presente caso. Así el art. 59.I de la Ley Nº 2492 de 2  de agosto de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la Administración  Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar,  comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer  sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

Posteriormente, la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición  Adicional Quinta, modificó el art. 59 de la Ley Nº 2492, estableciendo en el parágrafo que: “Las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a los 4 años en la  gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la  gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir  

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AUTORIDAD REGIONAL DE  

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia  

de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas”  (Negrillas nuestras). En el último párrafo de dicho parágrafo, se prevé expresamente  que el periodo de prescripción para cada año, sea respecto a obligaciones tributarias  cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho  año.  

Sin embargo, ese último párrafo fue derogado mediante la Disposición Derogatoria  Primera de la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificó el art. 59 del CTB,  quedando el mismo redactado como sigue: “Las acciones de la Administración  Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6  años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años  en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar,  investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3.  Imponer sanciones administrativas”; es decir, ya no establecía la forma de cómputo  del período de prescripción.  

Finalmente, el art. 2.11 de la Ley Nº 812 de 30 de junio de 2016, modificó el citado art.  59 del CTB de la siguiente manera: “(, . .) Las acciones de la Administración Tributaria  prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones  administrativas” (Negrillas nuestras). En base al marco normativo expuesto, y con la  modificación del art. 59 del CTB, a través de la Ley Nº 812 (vigente) se entiende, que  la intención del legislador fue la de definir un único plazo máximo de prescripción de  ocho años, dadas las modificaciones anteriormente detalladas.  

Ahora bien, para el caso de la facultad de imponer sanciones administrativas debe  tomarse en cuenta que inicialmente el art. 59 del CTB efectivamente establecía que  dicha facultad prescribía en el término de cuatro años, empero tomando en cuenta que  los periodos en cuestión corresponden a los meses de enero a septiembre de 2011,  por tanto -conforme establece el art. 60 del CTB- el cómputo de la prescripción inició el  1 de enero de 2012 y debía concluir el 31 de diciembre de 2015; no obstante, no operó  la prescripción en el plazo de cuatro años, toda vez que a partir de la gestión :2012,  entraron en vigencia las Leyes Nros. 291 y 317 de 22 de septiembre de 2012, y 11 de  de 2012, respectivamente, que modificaron el art. 59 del CTB. Por  

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consiguiente, la prescripción de la facultad de sancionar no llegó a perfeccionarse en el  término inicialmente previsto en el art. 59 de la Ley Nº 2492 (cuatro años) habiéndose  modificado dicha ley estableciendo nuevos plazos escalonados y progresivos .desde  

cuatro a diez años según la gestión de la oposición planteada, retrospectivamente al  . .  

inicio del cómputo que se encuentra establecido en el art. 60 del CTB.  

  • En tal sentido, con las Leyes Nros. 291 y ~17 se establecieron nuevos plazos  progresivos de cuatro a diez años según la gestión de la oposición planteada,  retrospectivamente al inicio del cómputo de la prescripción, en tales circunstancias, de  acuerdo a estas últimas disposiciones, para el caso particular que se analiza, el  término de la prescripción de la facultad de imponer sanciones, “en la gestión 2018″  (fecha en la que la Administración Tributaria ejerció su facultad mediante Resolución  Sancionatoria Nº 181710000212 era de 10 años, por tanto, debían transcurrir diez años  para el perfeccionamiento de la prescripción, puesto que la oposición de la prescripción  ante la Administración Tributaria se produjo el 24 de febrero de 2018; no obstante,  antes de transcurrir dicho plazo, el art. 59 del CTB fue objeto de una última  

modificación mediante la Ley Nº 812 de 30 de junio de 2016, que retomó un único  1  

plazo de prescripción con enfoque prospectivo, siendo éste: ocho años; última  modificación que se encuentra en actual vigencia.  

En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad para  imponer sanciones administrativas para los periodos fiscales enero a septiembre de la  gestión 2011, mediante la Resolución Sancionatoria Nº 181710000212, notificada el  28 de marzo de 2018, en vigencia de la Ley Nº 812 que dispone un término de  prescripción de 8 años. Ahora bien, de acuerdo al art. 60.1 del CTB, corresponde  establecer que en el presente caso, los períodos de enero a septiembre de 2011,  tuvieron vencimiento en la gestión 2011; por tanto, el cómputo de la prescripción  comprende desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019. Plazos los que debe aplicarse la previsión del art. 62 del CTB.  

Consecuentemente, al momento de la notificación con la Resolución Sancionatoria (28  de marzo de 2018) la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones  administrativas aún no estaba prescrita. Criterio respecto al cómputo de la prescripción  que fue asumido como línea interpretativa por la Autoridad General de Impugnación  Tributaria a partir de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0789/2017 de 3 de  

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julio de 2017 y para el caso particular en situaciones análogas fue reiterado mediante  Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0791/2017, AGIT-RJ 0932/2017 y AGIT RJ 1531/2017, entre otras, conjuntamente las citadas por la Administración Tributaria.  

Con relación a la irretroactividad de la norma prevista por los arts. 123 de la CPE y 150  del CTB, citados por el recurrente, corresponde señalar que el cómputo de la  prescripción se inicia conforme el art. 60 del CTB, es decir, desde el momento de la  configuración de la contravención tributaria; sin embargo, a efectos de establecer si las  facultades de la Administración Tributaria -en este caso la facultad de imponer  sanciones- ha prescrito, es necesario precisar que al momento de las modificaciones  normativas no se había perfeccionado la prescripción; por tanto, no existe aplicación  retroactiva que afecte un derecho consolidado.  

En cuanto a la Sentencia Nº 153 de 20 de noviembre de 2017, al igual que el Auto  Supremo Nº 05/2014 de 27 de marzo de 2014, ambos emitidos por el Tribunal  Supremo de Justicia, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del CTB, las sentencias  emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen Fuente del Derecho  Tributario y en consecuencia no revisten condición y carácter vinculante para el  presente caso; debiendo considerar además, que las Resoluciones pronunciadas en  esta vía de impugnación administrativa se someten al control judicial mediante  demanda contencioso administrativa, cuya sentencia tendría efecto vinculante en la  presente controversia y no otra como erróneamente pretende la entidad recurrente.  

Por otra parte, las Sentencias Constitucionales 1030/2003-R de 21 de julio de 2003,  0770/2012 de 13 de agosto de 2012, 0334/2010-R de 15 de junio de 201 O, 1795/2010-  R de 25 de octubre de 201 O, y 1169/2016-S3, citadas por el recurrente, si bien  establecen la inviabilidad de la aplicación de la Ley de manera retroactiva; sin  embargo, versan sobre cuestiones concernientes al ámbito del derecho penal con  características distintas al caso sujeto a análisis, por lo que no amerita su aplicación  como jurisprudencia vinculante, toda vez que el efecto de la fuerza vinculante de las  sentencias constitucionales se refiere a la obligatoriedad de ser aplicadas en la  resolución de casos que revistan supuestos fácticos análogos, situación que no  

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Cabe aclarar además que el art. 147 del CTB, invocado por el recurrente respecto a su  numeral 3 como sustento legal de la interpretación errónea o aplicación indebida de la  Ley como causal para acudir a la vía Contencioso Administrativa, fue declarado  inconstitucional mediante Sentencia Nº 0009/2004 de 28 de enero de 2004, por el  entonces Tribunal Constitucional, actualmente Tribunal Constitucional Plurinacional, en  ese contexto no corresponde mayor argumento al respecto.  

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que  en el presente caso no operó la prescripción de la facultad de la Administración  Tributaria para imponer sanciones administrativas en relación a los períodos fiscales  enero a septiembre de la gestión 2011, del contribuyente Instituto de la Judicatura de  Bolivia; consiguientemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria Nº  181710000212 de 22 de marzo de 2017.  

POR TANTO  

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 ( CTB) y art. 141 del OS Nº 29894 de 7 de  febrero de 2009.  

RESUELVE:  

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria 181710000212 de 22 de marzo  de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, manteniendo firme y subsistente la multa de 4.500 UFV’s, por  incumplimiento a la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA  a través del software Da Vinci, Módulo LCV, por los períodos enero, febrero, marzo,  abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2011; toda vez que la  facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas al  Instituto de la Judicatura de Bolivia por los periodos enero a septiembre de 2011, no ha  prescrito. Todo, en sujeción al art. 212. l. b) del Código Tributario Boliviano.  

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo  115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,  

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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

conforme establece el artículo 199 de la Ley Nº 2492 será de cumplimiento obligatorio  para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.  

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad  General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso e) de la Ley Nº  2492 y sea con nota de atención.  

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley Nº 2492, el plazo para la interposición  del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de  veinte días computables a partir de su notificación.  

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

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Directora Eiecutiva Regional a.i.  

Dlrecció., ejecutiva Regional  

Autolidad Regional de lmpugnaciún Tributarla Chuquisaca  

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