ARIT-CHQ-RA-0167-2017 – Multa por la presentación fuera de plazo de la declaración juradas se ratifica al demostrar que la Administración Tributaria ejerció su facultad para imponer sanciones.

ARIT-CHQ-RA-0167-2017

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0167/2017  

Recurrente: Juan Ernesto Aillón Oña.  

Administración recurrida: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de  Impuestos Nacionales, representada legalmente  por Zenobio Vilamani Atanacio.  

Acto Impugnado: Auto de Multa Nº 271752000032.   

Expediente: ARIT-PTS-0032/2017.  

Lugar y fecha: Sucre, 28 de septiembre de 2017.

 VISTOS:  

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración  Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y  producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico  Jurídico ARIT-CHQ/IT.J Nº 0167/2017, de 28 de septiembre de 2017, emitido por la Sub  Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Auto de Multa Nº  271752000032 de 16 ele junio de 2017, resolvió sancionar al contribuyente Juan Ernesto  Aillón Oña por la presentación fuera de plazo de declaraciones juradas del Régimen  Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) formulario 610, por los  periodos 12/2012 y 3/2013; así también del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  formulario 200, e Impuesto a las Transacciones (IT) formulario 400, ambos por los  

~——– …. eriodos 3/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013,  12/2015 y 1 /2017; imponiendo la sanción de 50 UFV’s por cada periodo fiscal, que hacen  un total de 1.200 UFV’s, en base al art. 162.11 del CTB, art. 2.1.b) y Anexo 1, 2, 2.1, de la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0033-16, de 25 de noviembre de 2016.  

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Justicia tributaria para vivír bien  

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ya que se estaría modificando las consecuencias jurídico tributarias de las acciones 

corresponde la aplicación de las Leyes Nros. 291 y 317 a periodos anteriores del año 2013,  inicio ocurrió el 1 de enero de 2013, y concluyó el 31 de diciembre de 2015. Agregó, que no  aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, es decir, que dicho  años, y de acuerdo al art. 60 del CTB, el cómputo iniciaba el 1 de enero del año siguiente a  sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribían en dos  prescripción vigentes establecían en el art. 59.111 del CTB que las acciones para imponer  Por otra parte indicó, en relación a las obligaciones de la gestión 2012, que las reglas de la  

Administración Tributaria.  

consecutivos previos a la inactivación que era obligación realizar por parte de la  sancionar por la presentación extemporánea de declaraciones por los tres periodos  declaración del IVA, tampoco habrá del IT. Por lo que, infirió que sólo correspondería  modificado por la RND Nº 10-0012-16; al respecto, complementó que si no existe  

la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0009-11 de 21 de abril de 2011,  presentar declaraciones juradas del IVA en tres periodos consecutivos, en base al art. 25 de  cual un contribuyente del Régimen General pasa al Estado Inactivo Automático, por no  de Impuestos Nacionales, está la inactivación automática, que es el procedimiento por el  También señaló, que dentro de las modificaciones de oficio que puede realizar el Servicio  

de sanciones de forma directa prescindiendo de un procedimiento sancionatorio.  los plazos fijados por la Administración Tributaria, el art. 162.11 del CTB, faculte la aplicación  que, observó que en el caso de la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de  mayor intensidad los derechos fundamentales, deben ser impuestas previo proceso. Por lo  constitucionalidad establece que las sanciones administrativas, y más las que afectan con  del debido proceso en su componente derecho a la defensa; toda vez, que el bloque de  como antecedente previo, un proceso que respete de manera ineludible la triple dimensión  Juan Ernesto Aillón Oña (el recurrente) manifestó que todo acto impugnado debe tener  

lt 1. Argumentos del Recurrente.  

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.  

art. 143 del CTB.  

impugnada el 17 de julio del mismo año, dentro del plazo de veinte días establecido en el  Auto notificado personalmente a Juan Ernesto Aillón Oña, el 2e de junio de 2017, e  

realizadas durante la gestión 2012 (RC-IVA 12/2012), con la aplicación retroactiva de dichas  leyes, aspecto que está prohibido por imperio del art. 123 de la Constitución Política del  Estado y art. 150 de la Ley Nº 2492, en concordancia con el principio de seguridad jurídica y  certeza.  

En base a estos argumentos, solicitó la revocatoria parcial del Auto de Multa Nº  271752000032 de 16 de junio de 2017; manteniendo únicamente la sanción  correspondiente a la RC-IVA formulario 610, periodo 3/2013, y al IVA e IT, formularios 200 400 respectivamente, por los periodos 3/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 12/2015, y 1/2017,  es decir, con la sanción de 50 UFV’s por periodo fiscal, haciendo un total de 650 UFV’s.  

  1. 2. Auto de Admisión.  

El recurso fue admitido mediante Auto de 19 de julio de 2017, cursante a fs. 13 de  obrados, y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de  quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los  elementos’ probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación  del inciso e) del art. 218 del CTB. Auto notificado personalmente al representante de la  Administración Tributaria, el 24 de julio de 2017; conforme a la diligencia de fs. 20 de  obrados.  

Respuesta die la Administración Tributaria.  

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 8 de agosto de 2017, se  apersonó Zenobio Vilamani Atanacio, acreditando su condición de Gerente Distrital  Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante copia legalizada de la  Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0457-12 de 10 de octubre de 2012;  quien respondió negativamente al recurso formulado, manifestando que una vez verificado  el NIT 4010600014 del contribuyente, este se encuentra obligado a presentar sus  declaraciones juradas conforme establece el art. 1 O de la Ley 843; por lo que, al  incumplir los plazos establecidos, se emitió el Auto de Multa Nº 271752000032 conminando  al pago de 1.200 UFV’s, en base al art. 162.11.1 del CTB, y el Anexo 1, numeral 2,  subnurneral 2.1 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0033-16; lo cual no vulnera  el debido proceso ni el derecho a la defensa.  

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Justicia tributaria para vivir bien  

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recurrente no presentó prueba en esta fase.  

memorial de respuesta al Recurso de Alzada, en calidad de prueba. Por su parte.’ el  de agosto de 2017, se ratificó en los antecedentes administrativos adosados al  Dentro del señalado plazo, la Administración Tributaria, por memorial presentado el 21  

  1. 29 de obrados.  
  2. d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 9 de agosto de 2017, conforme consta

plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.  Mediante Auto de 9 de agosto de 2017, cursante a fs. 28 de obrados, se aperturó et  

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.  

Antecedentes Nº 1 (SIN) con fs. 8.  

271752000032 de 16 de junio de 2017; para dicho efecto adjuntó el Cuadernillo de  En base a los argumentos expuestos, solicitó se confirme el Auto de Multa Nº  

sea tomado en cuenta a momento de la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada.  los otros periodos correspondientes a las gestiones 2013, 2015 y 2017; aspecto que pidió  opuso prescripción únicamente respecto al periodo diciembre de 2012 y no así en relación a  Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0656/2016, de 14 de junio de 2016. Acotó que el recurrente  encuentra dentro del plazo legal de la prescripción. Citó como precedente la Resolución de  años; por lo que, dicha facultad ejercida a través del Auto de Multa Nº 271752000032 se  Administración Tributaria, entre la que se encuentra la de imponer sanciones, es de ocho  317 y 812; que esta última estableció que el plazo de prescripción de facultades de la  Por otra parte, manifestó que el art. 59 del CTB, fue modificado por las Leyes Nros. 291,  

por los periodos comprendidos entre esas fechas.  

de 2013, baja, lo que demostraría la obligación de presentación de declaraciones juradas  marzo de 2013, el contribuyente registra Alta de Documentos Soporte, y el 31 de diciembre  estuvo en Estado Activo. Agregó que de la Consulta al Padrón se observa que el 5 de  presentar y pagar las Declaraciones Juradas que corresponden a los periodos en los cuales  cambio de un contribuyente a Estado Inactivo Automático, no lo exime de la obligación de  Resolución Normativa de Directorio N 10-0012-16, que en su parte in fine establece que el  También, señaló que la inactivación automática del NIT, está regulada por el art. 25 de la  

Concluido el plazo probatorio, el 30 de agosto de 2017, el expediente fue remitido por  la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Potosí y radicado por la  Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 1 de  septiembre de 2017, conforme se tiene a fs. 34 de obrados.  

  1. 5. Alegatos.  

Tomando en cuenta que el plazo probatorio finalizó el 29 de agosto de 2017, de acuerdo  art. 210.11 del CTB, las partes tenían la facultad de presentar alegatos en conclusiones  dentro de los veinte días siguientes; es decir, hasta el 18 de septiembre de 2017.  

Dentro del señalado plazo, la Administración Tributaria presentó alegato escrito  reiterando los argumentos expuestos en la respuesta al Recurso de Alzada.  

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.  

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) se tiene la siguiente relación de  hechos:  

El 16 de junio de 2017, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos  Nacionales, emitió el Auto de Multa 271752000032, por presentación fuera de plazo de  declaraciones juradas del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC IVA) Formulario 610, por los periodos 12/2012 y 3/2013; así como del Impuesto al  Valor Agregado (IVA) formulario 200, e Impuesto a las Transacciones (IT) formulario  400, ambos por los periodos 3/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013, 10/2013,  11/2013, 12/2013, 12/2015 y 1/2017; imponiendo al contribuyente Juan Ernesto Aillón  Oña la sanción de 50 UFV’s por cada periodo fiscal, que alcanza un total de 1.200 UFV’s,  en base al art, 162.11 dBI CTB, art. 2.1.b) y Anexo 1, 2, 2.1, de la Resolución Normativa de  Directorio Nº 10-0033-’16, de 25 de noviembre de 2016. Auto notificado personalmente Juan Ernesto Aillón Oña, el 26 de junio de 2017 (fs. 3 a 5).  

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.  

~11s-1~…….s;a..urrente formuló Recurso de Alzada denunciando: 1. Vulneración del debido proceso,  la aplicación de sanciones en forma directa; 2. Inaplicación de la inactivación  

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Justicia tributaria para vivir bien  

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una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’~ así también, el  del Estado, establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y Al respecto, en principio es necesario señalar que el art. 115. 11 de la Constitución Política  

reclamo.  

Por su parte, la Administración Tributaria no emitió pronunciamiento alguno sobre este  

forma directa prescindiendo de un procedimiento sancionatorio.  

la Administración Tributaria, el art. 162.11 del CTB, faculte la aplicación de sanciones de  el caso de la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por  derechos fundamentales, deben ser impuestas previo proceso. Por lo que, observó que en  que las sanciones administrativas, y más las que afectan con mayor intensidad los  

componente derecho a la defensa; toda vez, que el bloque de constitucionalidad establece  proceso que respete de manera ineludible la triple dimensión del debido proceso en su  El recurrente manifestó, que todo acto impugnado debe tener corno antecedente previo, un  

forma directa.  

IV.1. Con relación a la vulneración del debido proceso, por la aplicación de sanciones en  

automática y prescripción.  

a la revisión y análisis de los argumentos de fondo relativos a la inactivación  vulneración del debido proceso; y, sólo en caso de que no sea evidente, se procederá  verificación de la existencia del vicio de forma denunciado consistente en la  En consecuencia, esta instancia recursiva previamente procederá a la revisión

Constitucional a partir de la Sentencia SC 0642/2003-R.  

de Alzada, sino conforme a la intención del recurrente; tal como estableció el Tribunal  Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del Recurso  ese entendido, por el principio de informalismo, esta Autoridad Regional de !mpugnación  

se advierte que dicho recurso versa sobre argumentos tanto de forma como de fondo. En  solicitó únicamente la revocatoria parcial del acto impugnado; sin embargo, de su contenido  Corresponde aclarar que el recurrente si bien en el petitorio de su Recurso de Alzada  

administrativas.  

automática; y 3. Prescripción de las facultades de imponer y ejecutar sanciones  

art. 117.1 también de la norma fundamental, dispone: “Ninguna persona puede ser  condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso (. .. )”.  Concretamente, el debido proceso, es el derecho que toda persona tiene a un justo y  equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones  

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar.  

Por otra parte, corresponde manifestar que en el art. 6.1.5. del CTB, se establece el Principio  de Legalidad, por el cual sólo la Ley puede, entre otras cosas: “Establecer /os  procedimientos jurisdiccionales’: de similar forma, el art. 65 del mismo cuerpo legal,  reconoce el principio ele legitimidad en materia tributaria, por el cual: “Los actos de la  

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán  ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que  este Código establece”.  

Concordante con lo anterior, entre los principios que rigen la actividad administrativa en  general, se tiene: “e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la  Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el  procedimiento administrativo; (. .. ) g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad:  

Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se  presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario (Negrillas nuestras)”.  

El art. 162.11 del mismo cuerpo legal, establece: “Darán lugar a la aplicación de sanciones  en forma directa, E!!!!….SCindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este  Código /as siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas  

dentro de los plazos ~íados por la Administración Tributaria (. . .)”(Negrillas y subrayado  nuestros).  

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de junio de  2017, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto  de Multa Nº 271752000032, por presentación fuera de plazo de declaraciones juradas del  Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) Formulario 610, por  los periodos 12/2012 y 3/2013; así también del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  formulario 200, e Impuesto a las Transacciones (IT) formulario 400, ambos por los  periodos 3/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013,  

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declaración del IVA, tampoco habrá del IT. Por lo que, infirió que sólo corresponde  modificado por la HND Nº 10-0012-16; al respecto, complementó que si no existe  de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0009-11 de 21 de abril de 2011,  no presentar declaraciones juradas del IVA en tres periodos consecutivos, en base al art. 25  por el cual un contribuyente del Régimen General pasa al Estado Inactivo Automático, por  Servicio de Impuestos Nacionales, está la inactivación automática, que es el procedimiento  

El recurrente señaló, que dentro de las modificaciones de oficio que puede realizar el 

IV.2. Con relación a la inaplicación de la inactivación automática.  

vencimiento conforme le corresponde por previsión de la Ley Nº 843 y sus Reglamentos.  cumplido con la presentación de las Declaraciones Juradas extrañadas en el plazo de  directa afectó su situación jurídica; máxime si tampoco acreditó de su parte, que haya  del debido proceso, no acreditó ni explicó de qué manera la imposición de ésta sanción  previsión ignorada por el ahora recurrente, quien a más de mencionar la supuesta infracción  en materia administrativa; y en conformidad con lo dispuesto en el art. 162 del CTB,  presunción de legitimidad en función a los principios de legalidad y de buena fe, que rigen  Tributaria mediante Auto de Multa Nº 271752000032 de 16 de junio de 2017, goza de la  Consiguientemente, la aplicación directa de sanciones efectuada por la Administración  

Tributaria conforme prevé el art. 197.11.a) del CTB.  

compete efectuar el control de constitucionalidad, no así a al Autoridad de lmpugnación  constitucionalidad como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que le  pesa declaratoria de inconstitucionalidad alguna proveniente del órgano contralor de la  aplicación de la normativa tributaria vigente, cual es el art. 162.1. del CTB, sobre el cual no  271752000032 de 16 de junio de 2017, emisión que se efectuó en estricta sujeción y  través del acto impugnado, impuso directamente una sanción a través del Auto de Multa Nº  por esta instancia recursiva se evidencia que efectivamente la Administración Tributaria, a  antecedentes administrativos, corresponde señalar que de la revisión y análisis efectuado  

De la normativa glosada, así como de la compulsa entre lo reclamado por el recurrente y los 

Directorio Nº 10-0033-16, de 25 de noviembre de 2016,  

merituado art.162.11 del CTB, art. 2.1.1.b) y Anexo 1, 2, 2.1, de la Resolución Normativa de  UFV’s por cada periodo fiscal, que hacen un total de 1.200 UFV’s. Todo ello, en función al  12/2015 y 1/2017; imponiendo al contribuyente Juan Ernesto Aillón Oña la sanción de 50  

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IMPUGNACIÓN iRIBUli\RIA  

Estado Plurinacional de Bolivia  

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sancionar por la presentación extemporánea de declaraciones· por los tres periodos  consecutivos previos a la .inactivación que era obligación realizar por parte de la  Administración Tributaria.  

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que la inactivación automática del NIT, se  encuentra regulada por el art. 25 de la Resolución Normativa de Directorio N 10-0012-16,  del cual debe tomarse en cuenta que en su parte in fine establece que el cambio de un  contribuyente a Estado Inactivo Automático, no lo exime de la obligación de presentar pagar las Declaraciones Juradas que corresponden a los periodos en los cuales estuvo en  Estado Activo; además indicó que de la Consulta al Padrón se observa que el 5 de marzo  de 2013, el contribuyente registro Alta de Documentos Soporte, y el 31 de diciembre de  2013, baja de contribuyente, lo que demostraría la obligación de presentación de  declaraciones juradas por los periodos comprendidos entre ese rango de fechas.  

Por otra parte, corresponde señalar que el art. 76 del CTB en relación a la carga de la  prueba, establece: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien  pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de Jos mismos”.  Para este efecto, el siguiente art. 77.1 del mismo cuerpo legal, establece que: “Podrán  invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho”.  

Asimismo, la doctrina enfíende por Prueba: “a/ conjunto de actuaciones que dentro de un  juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de Jos  hechos educdos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones  litigiosas” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva  Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817).  

Con carácter previo a resolver el presente punto de análisis, cabe precisar que el reclamo  puntual del recurrente se circunscribe en objetar que la Administración Tributaria no efectuó  la inactivación automática emergente de la no presentación de declaraciones juradas del  IVA por tres periodos consecutivos, de acuerdo al art. 25 de la RND Nº 10-0009-11 de 21  de abril de 2011, modificado por la RND Nº 10-0012-16. No obstante, el recurrente no  precisó cuáles serían esos tres periodos consecutivos a los que hace referencia, aspecto  que resulta de suma importancia en el presente caso para determinar el momento exacto  en el que el recurrente considera que debía operar la inactivación automática, todo ello a fin  de establecer a partir de qué periodos no le correspondía cumplir con la obligación de  

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periodos.  

tal inactivación automática. Todo esto, obviamente, una vez precisado los señalados  Administración Tributaria, aplicables a los periodos a los cuales consideraría correspondía  anteriormente (RND’s) u otra que corresponda, establecerían la obligación atribuida a la  características; sin embargo, el recurrente no especificó, qué normativa de las citadas  modificaciones efectuadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, cada una con distintas  manifestar, que tal como se señaló precedentemente la inactivación automática tuvo varias  

inactivación automática sería una obligación de la Administración Tributaria, cabe 

Por otra parte, en relación a lo manifestado por el recurrente en sentido de que la  

del NIT.  

10-0009-11, 10-0012-15 y 10-0012-16) establecen un tratamiento diferente a la inactivación  efectuadas mediante reglamentación del Servicio de Impuestos Nacionales (RND’s Nros.  posiblemente se refiere el recurrente, ya que en todo caso las distintas modificaciones  sucede con la normativa tributaria a aplicar en función a los periodos a Jos cuales  la emisión de un fallo extrapetita que afecte al principio procesal de congruencia. Lo mismo  aspectos no planteados por el recurrente, o formulados ambiguamente, lo cual conllevaría a  reclamo, ya que de hacerlo significaría resolver en base a la presunción o inferencia de  Tributaria, esta instancia recursiva se encuentra limitada de resolver el presente punto de  de su reclamo de inactivación automática supuestamente omitida por la Administración  En consecuencia, ya que el planteamiento del recurrente no es preciso respecto al sustento  

precedentes y menos el periodo a partir del cual correspondería tal inactivación.  inactivación automática pretendida por el ahora recurrente, quien no preciso los periodos  inclusive; normativa que precisamente, por sus modificaciones varia respecto a la  RND 10-0012-15 de 12 de junio de 2015, y RND 10-0012-16 de 29 de abril de 2016,  sobre inactivación automática, entre ellas la RND Nº 10-0009-11 de 21 de abril de 2011,  que correspondería efectuar su aplicación en el relación a la normativa tributaria vigente,  encontrándose imposibilitada de efectuar el análisis sobre hechos inciertos respecto a los  encuentra en incertidumbre respecto a los periodos a los cuales se refiere el recurrente,  Tributaria a la que correspondía la inactivación automática, esta instancia recursiva se  Toda vez que el recurrente de forma ambigua e incierta señaló que era a la Administración  

el Auto de Multa 271752000032de16 de junio de 2017, como peticionó el recurrente.  presentar declaraciones juradas, y así desvirtuar parcialmente las sanciones impuestas en  

Finalmente, es necesario señalar que la falta de precisión del reclamo del recurrente  respecto a la inactivación automática, repercute en la carencia de prueba sobre los hechos  que deben fundamentar el derecho; de lo que, se evidencia incumplimiento por parte del  recurrente respecto a la carga probatoria que de acuerdo al art. 76 d~I CTB, que obliga a  

quien pretenda hacer valer sus derechos el demostrar los hechos constitutivos de los  mismos. Deber incumplido por el recurrente, quien además de la imprecisión de su reclamo  planteado como argumento de Alzada, tampoco presentó prueba que clarifique su  pretensión.  

IV.3. Con relación a la prescripción de las facultades de imponer y ejecutar sanciones  administrativas.  

El recurrente indicó, en relación a las obligaciones de la gestión 2012, que las reglas de la  prescripción vigentes establecían en el art. 59.111 del CTB que las acciones para imponer  sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribían en dos  años, y de acuerdo al art. 60 del CTB, el cómputo iniciaba el 1 de enero del año siguiente a  aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, es decir, que dicho  inicio ocurrió el 1 de enero de 2013, y concluyó el 31 de diciembre de 2015. Agregó, que no  corresponde la aplicación de las Leyes Nros. 291 y 317 a periodos anteriores del año 2013,  ya que se estaría modificando las consecuencias jurídico tributarias de las acciones  realizadas durante la gestión 2012 (RC-IVA 12/2012), con la aplicación retroactiva de dichas  

leyes, aspecto que está prohibido por imperio del art. 123 de la Constitución Política del  Estado y art. 150 de la Ley Nº 2492, en concordancia con el principio de seguridad jurídica y  

certeza.  

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que el art. 59 del CTB, fue modificado  por las Leyes Nros. 291, 317 y 812, esta última estableció que el plazo de la prescripción de  las facultades de la Administración Tributaria, entre la que se encuentra la de imponer  sanciones, es de ocho años; por lo que, dicha facultad ejercida a través del Auto de Multa  Nº 271752000032 se encontrarla dentro del plazo legal de la prescripción, citando como  precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0656/2016, de 14 de junio de  2016. Acotó que el recurrente opuso prescripción únicamente respecto al periodo diciembre  de 2012 y no así en relación a los otros periodos correspondientes a las gestiones 2013,  

y 2017; aspecto que pidió sea tomado en cuenta a momento de la emisión de la  Resolución de Recurso de Alzada.  

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Justicia tributaría para vivír bien  

Jan mit’ayir jach’a kamani c~rm>.ra)  

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quech'” 1  

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

mbaerepi Vae;30ac.n’) 

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Adicional Quinta, modificó el art. 59 de la Ley Nº 2492, estableciendo en el parágrafo Posteriormente, la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición  

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones  prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y  de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la Administración Tributaria  tributaria aplicables al presente caso. Así el art. 59.I de la Ley N” 2492 de 2 de agosto  Al respecto, es necesario analizar las disposiciones sobre prescripción de la obligación  

(García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo 1).  

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601)  a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento  para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde  

caducidad de /os derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido /os plazos legales  De igual manera, la doctrina, refiere que la prescripción de acciones se entiende como: “La  

objeto de aquella”; (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189).  tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al  la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor  

Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue  generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria.  

En este contexto, cabe referir que para la doctrina tributaria: “La prescripción es 

conforme las previsiones establecidas en el art. 108 del CTB.  

recurrente, toda vez que en el presente caso no existe título ele ejecución tributaria  no así respecto a la facultad de ejecución tributaria mencionada erróneamente por el  en relación a la declaración jurada del RC-IVA, form. 610 del periodo fiscal 12/2012, y  prescripción únicamente respecto a la facultad de imponer sanciones administrativas  las Transacciones (IT). Por lo que, a continuación corresponde efectuar el análisis de la  Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a  presentación fuera de plazo de declaraciones juradas del Régimen Complementario al  Administración Tributaria sancionó al contribuyente Juan Ernesto Aillón Oña por la  el Auto de Multá Nº 271752000032 de 16 de junio de 2017, mediante el cual la  Al respecto, es necesario precisar que en el presente caso el acto definitivo impugnado es  

que: “Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la  gestión 2012, cinco anos en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años  en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y  

10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar,  comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar. la deuda Tributaria; 3. Imponer  sanciones administl”ativas” (Negrillas nuestras). En el último párrafo de dicho  parágrafo, se prevé expresamente que el periodo de prescripción para cada año, sea  respecto a obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones  tributarias hubiese ocurrido en dicho año.  

Ese último párrafo fue derogado mediante la Disposición Derogatoria Primera de la Ley  Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificó el art. 59 del CTB, quedando el  mismo redactado como sigue: “Las acciones de la Administración Tributaria  prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años  en Ja gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve  años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar,  investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar Ja deuda Tributaria; 3.  Imponer sanciones administrativas” (Negrillas nuestras).  

Posteriormente, mediante el art, 2.11 de la Ley Nº 812 de 30 de junio de 2016, se  procedió a una nueva modificación del art. 59 del CTB, estableciendo el plazo de ocho  años para que prescriba la facultad de la Administración Tributaria, para imponer  sanciones administrativas. Respecto a esta última modificación corresponde señalar  que el art. 150 del CTB, concordante con el art. 123 de la Constitución Política del  Estado, establece que: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo  aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto  

pasivo o tercero responsable” (Negrillas nuestras).  

De la normativa expuesta, corresponde precisar que las modificaciones efectuadas al  art. 59 del CTB, por las Leyes Nros. 291 y 317, de 22 de septiembre de 2012, y 11 de  diciembre de 2012, respectivamente, son anteriores al periodo 12/2012; además,  conforme establece el art. 60 del mismo cuerpo legal, el vencimiento del periodo de  pago respectivo· ocurrió en el mes de enero de 2013, consecuentemente la  contravención por falta de presentación de declaración jurada, se produjo en ese año;  

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Justicia tributaria para vivfr bien  

Jan mit’ayir jach’a kamani (.”ymara)  

Mana tasaq kuraq kamachiq (‘~”””º”

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  mbaerepi Vae ‘· Gu.conó)  

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febrero de 2009.  

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del DS Nº 29894 de 7 de  

Chuquisaca, en virtud de ta jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los  

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  

POR TANTO  

un total de 1.200 UFV’s.  

10/2013, 11/2013, 12/2013, 12/2015 y 1/2017 correspondientes al IVA e IT; que hacen  

3/2013 correspondientes al RC-IVA, y 3/2013, 5/_2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013,  

subsistente la sanción de 50 UFV’s por cada uno de los periodos fiscales 12/2012 y  

confirmar el Auto de Multa Nº 271752000032 de 16 de junio de 2017, manteniendo  

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, corresponde  

contravención, aún no prescribió.  

Consecuentemente, la facultad de la Administración Tributaria para sancionar dicha  

12/2012, el cómputo de la prescripción inició en la gestión 2014 y concluiría el 2021.  

154.I del mencionado Código, corresponde establecer que en el caso del periodo  

de prescripción de 8 años-, de acuerdo al art. 60.1 del CTB, concordante con el art.  

notificado el 26 de junio de 2017, en vigencia de la Ley Nº 812 -que dispone un término  

establecido por la Ley Nº 317; y toda vez que el Auto de Multa Nº 271752000032 fue  

jurada del RC-IVA, formulario 610, por el periodo 12/2012, dentro del alcance  

imponer sanciones administrativas, por la presentación fuera de plazo de la declaración  

En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad de  

123 de la CPE, concordante con el art. 150 del CTB.  

Administración Tributaria. Norma vigente, que corresponde aplicar en función al art.  

años), es decir, ocho años para la prescripción de la facultad de sancionar de la  

modificaciones realizadas al señalado artículo por las Leyes Nros. 291 y 317 (nueve  

prescripción más favorable para el sujeto pasivo, que el establecido mediante las  

el art. 2.11 de la Ley Nº 812 de 30 de junio de 2016, establece un término de  

No obstante lo anterior, la última modificación del art. 59 del CTB, efectuada mediante  

.todo esto ocurrió en plena vigencia de las Leyes Nros. 291y317.  

por consiguiente el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2014. Por lo que,  

RESUELVE:  

PRIMERO.– CONFIRMAR el Auto de Multa Nº 271752000032 de 16 de junio de 2017,  emitido por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, contra  Juan Ernesto Aillón Oña, por la presentación fuera de plazo de declaraciones juradas del  RC-IVA, formulario 610, por los periodos 12/2012 y 3/2013; así también del IVA,  formulario 200, e IT, formulario 400, ambos por los periodos 3/2013, 5/2013, 6/2013,  7/2013, 8/2013, 9/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 12/2015 y 1/2017; manteniendo  subsistente la sanción de 50 UFV’s por cada período fiscal, que hacen un total de 1.200  UFV’s. Todo, conforme establece el art. 212.1.b) del referido Código Tributario  Boliviano.  

SEGUNDO.· La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115  de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme  establece el artículo 199 de la Ley Nº 2492 será de cumplimiento obligatorio para la  Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.  

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad  General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso e) de la Ley Nº 2492 y  sea con nota de atención.  

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición  del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de  veinte días computables a partir de su notificación.