ARIT-CHQ-RA-0163-2017 – Deuda Tributaria y Omisión de Pago del IUE no es valida debido a que no existe una correcta determinación de los ingresos omitidos por el contribuyente por parte de la Administración Tributaria.

ARIT-CHQ-RA-0163-2017

Resolución de Recurso de Alzada ARIT MCHQ/RA 0163/2017 

Recurrente: Marcelo Fernando Conchari Aliaga.  

Administración recurrida: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de  Impuestos Nacionales, representada  legalmente por Jhonny Padilla Palacios.  

Acto Impugnado: Resolución Determinativa Nº 171710000211. 

Expediente:ARIT-CHQ-0035/2017.  

Lugar y fecha: Sucre, 18 de septiembre de 2017,  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración  Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico  Jurídico ARIT-CHQ/IT.J Nº 0163/2017 de 18 de septiembre de 2017, emitido por la Sub  Dirección Tributaria Rugional; y todo cuanto se tuvo presente.  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Determinativa Nº 1717’10000211, de 24 de mayo de 2017, determinó de oficio sobre base  presunta deuda tributaria de UFV’s 6.773 (Seis mil setecientas setenta y tres Unidades  de Fomento a la Vivienda) por concepto de Impuesto a las Utilidades de las Empresas  (IUE) de Ja gestión fiscal 2010, contra el contribuyente Marcelo Fernando Conchari  Aliaga; monto que comprende tributo omitido e interés; adicionalmente, sancionó su  conducta por Omisión de Pago con una multa equivalente al 100% del tributo omitido  cuyo importe asciende a UFV’s 5.171 (Cinco mil ciento setenta y uno Unidades de  Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB.  

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Justicia tributaria para vivk bien  

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Mana tasaq kuraq kamachiq(q”””'”‘l  

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

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Pág.2 de 27 Fpecto a la apreciación correcta de la carga de la prueba.  

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hecho generador y citó como precedente el Auto Supremo Nº 67/2014 de 8 de mayo  obstante, tal apreciación dista de una adecuada comprobación del nacimiento del  7 del D.S Nº 27310, “suponiendo el aspecto legal de los medios informáticos”; no  utilización indebida de la Base Presunta, sin fundamentos válidos y amparada en el art.  Señaló que la Administración Tributaria en su Resolución Determinativa, reconoció la  

presunta.  

Nº 10-0017-13, que regulan el procedimiento para la determinación sobre base  siguientes del CTB, contraviniendo el art. 8 del CTB así como, los arts. 5 y 6 de la RND  previsto en el art. 180 de la CPE, y sin cumplir las condiciones previstas en el art. 42 y  

verdad material y el método de interpretación de los hechos por la realidad económica,  a establecer la verdad material de los hechos, vulnerando de esta forma el principio de  generadores de los tributos, conforme el art. 4 de la Ley Nº 843, por lo que no se llegó  determinó una deuda tributaria sin la demostración del nacimiento de los hechos  Añadió, que la Administración Tributaria al incumplir con la carga de la prueba  

presentación de la demanda.  

mismos, presumiendo erróneamente que un servicio se configura con la sola  los procesos habrían concluido, su avance y las personas que intervinieron eri los  informados por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. sin considerar si  Tributaria se limitó en su actuar al Arancel del Colegio de Abogados y los casos  

Base Presunta, carece de sustento probatorio. En este sentido, la Administración  prueba establecida en el art. 76 del CTB, por tanto, la determinación efectuada sobre  precepción real de ingresos por servicios legales, incumpliendo con la carga de la  El recurrente, señaló que la Administración Tributaria no demostró objetivamente la  

  1. 1. Argumentos del Recurrente.  
  2. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  

establecido por el art. 143 del CTB.  

Aliaga el 30 de mayo de 2017 e impugnada el 19 de junio de 2017, dentro del plazo legal  Resolución Determinativa, notificada de forma personal a Marcelo Fernando Conchari  

Por otra parte, manifestó que de acuerdo a los descargos presentados a la Vista de  Cargo Nº 29-0408-16 (CITE: SIN/GDCH/DFNC/00477/2016), solicitó la  Administración Tributaria la extinción de la Deuda Tributaria de la gestión 201 O por  prescripción, toda vez que con la notificación de la Orden de Verificación Nº  15100200024, no se habrían dado las causales de interrupción o suspensión  establecida en el art. 62 del CTB, que dispone que el curso de la prescripción se  suspende con la notificación de inicio de Fiscalización, figura distinta a una Orden de  Verificación, por lo que el cómputo de la prescripción en el presente caso inició el 1 de  enero de 2012, y finalizó el 31 de diciembre de 2015, conforme el art. 59 del CTB sin  modificaciones, que prevé que prescribirán a los 4 años las acciones de la  Administración Tributaria para. ( ) 2. Determinar la deuda tributaria. En ese sentido,  señaló que la Administración Tributaria aplicó e interpretó incorrectamente el instituto  jurídico de Ja prescripción, causándole perjuicio y vulnerando el principio de legalidad.  En respaldo de su posición citó las Sentencia Nº 276/2012 de la Sala Plena del  Tribunal Supremo de Justicia y las Sentencias Constitucionales Nº 0753/2003-R y  1464/2004-R.  

Señaló, que tampoco procedería la interrupción de la prescripción, en virtud a que  nunca existió un acto administrativo como la notificación de una Resolución  Determinativa, Acto que sí tiene eficacia jurídica para suspender el cómputo de la  prescripción.  

Por todos los arqumentos expuestos solicitó se revoque totalmente la Resolución  Determinativa Nº 171710000211, de 24 de mayo de 2017, declarando prescrita la  gestión verificada.  

. “‘ Mediante Auto de 26 de junio de 2017 se admitió el recurso y se dispuso notificar a la  ·,t;'<  

~.,, J~ los antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados con la  : ~j Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos  

resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. e) del CTB. Auto, notificado a la  \í<-9″gtlªCfa’~  

i’c1a e.<;;: entidad recurrida el 3 ele julio de 2017, conforme a la diligencia de notificación cursante  l!’  

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Justicia tributaria para vivir bien  

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se basó en el método de base presunta, al estar el NIT del contribuyente en estado  

También, manifestó que la determinación efectuada por la Administración Tributaria,  

que intervinieron en los procesos.  

concretos que no tienen el carácter vinculante y que solo son aplicables a las partes  

no pueden ser -conslderadas en el presente caso, ya que serían fallos para casos  

Por otra parte, señaló que las Sentencias Constitucionales citadas por el contribuyente,  

vigentes.  

Administración Tributaria respecto a la gestión 201 O se encontrarían plenamente  

transcurrido 4 años y 11 meses, por que las facultades de determinación de la  

gestión 201 O tampoco se encontrarían prescritos, ya que a la fecha recién habrían  

señala la Ley Nº 812 para todos los casos en general, los adeudos tributarios de la  

Asimismo, indicó que aún si se aplicaría el período de prescripción de 8 años que  

prescripción se suspendió por 6 meses, es decir hasta el 30/06/2016.  

15100200024, el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo al art. 62 del CTB, la  

contribuyente no consideró que con la notificación de la Orden de Verificación Nº  

cómputo de la prescripción. Asimismo, señaló que en el presente caso, el  

prescripción en la gestión 2017, antes debió transcurrir nueve años desde el inicio del  

año siguiente en que se produjo el vencimiento, por tanto para que opere la  

hechos generadores ocurridos en la gestión 2010, se computan desde el primer día del  

para (. . .) 2. Determinar la deuda tributaria”, por lo que el cómputo de la prescripción de  

años en la gestión 2016, nueve años en la gestión2017 y 10 años en la gestión 2018,  

en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho  

de Ja Administración tributaria prescribirán a /os 4 años en la gestión 2012, cinco años  

Nros. 291 y 317, quedando el art. 59 redactado de la siguiente manera: “Las acciones  

correspondía aplicar los arts. 59 y 60 del CTB, que fueron modificados por las leyes  

planteado, manifestando que respecto a la prescripción de la gestión 2010,  

031700000914, de 31 de mayo de 2017, quién respondió negativamente al recurso  

SIN Chuquisaca, mediante copia legalizada de la Resolución Administrativa de Nº  

apersonó Jhonny Padilla Palacios, acreditando su condición de Gerente Distrital del  

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, el 18 de julio de 2017, se  

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria.  

inactivo, no existir otra información sobre el estado de los servicios prestados; como  tampoco, existir declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo. Acoto, que  cumplió con la carga de la prueba dispuesta en el art. 76 del CTB, toda vez que  demostró con información cierta y legal, remitida por el Tribunal Departamental de  Justicia de Chuquisaca y en base al Arancel del Colegio de Abogados, que el  contribuyente en el ejercicio de su profesión prestó servicios, sobre los cuales percibió  ingresos no declarados en la gestión 201 O, no siendo evidente Jo aducido por el  recurrente, de que se habrían establecido procedimientos de presunción tributaria al  margen de la ley. Señaló que de acuerdo a los Autos Supremos 17/2013, 14/2013 y  765/2013, es también obligación del contribuyente demostrar y desvirtuar los adeudos  tributarios que se le determinen, mediante pruebas para hacer valer sus derechos.  

Finalmente, señaló que se respetó los derechos del contribuyente reconocidos por la  Constitución Política del Estado y el Código Tributario, por lo que en ningún momento  se le causó indefensión o se restringió su derecho a la defensa, y que fue el sujeto  pasivo, quien no presentó prueba que desvirtúe la determinación sobre base presunta  efectuada por la Administración Tributaria.  

En base· a lo expuesto, solicitó la confirmación de la Resolución Determinativa Nº  171710000211, de 24 de mayo de 2017; oportunidad en la que adjuntó el Cuadernillo de  Antecedentes Nro. 1 (SIN) con fs. 291.  

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.  

En aplicación del art. 218 inciso d) del CTB, mediante Auto de 19 de julio de 2017,  cursante a fs.68 de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días  comunes y perentorios a las partes; procediéndose a su respectiva notificación en la  misma fecha, conforme consta por la diligencia de fs. 69 de obrados.  

La Administración Tributaria, por memorial de 24 de julio de 2017, se ratificó en toda la  prueba documental presentada en oportunidad de la contestación al recurso planteado.  or su parte, el recurrente no presentó mayor prueba.  

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Justicia tributaria para vlvlr bien  

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Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  

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Usuario Externo (fs. 47 a 142).  

2016, que adjuntó información de los Juzgados y de la Plataforma de Atención al  atendida por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca el 29 de febrero de  abogado Marcelo Fernando Conchari Aliaga en las gestiones 201 O al 2013. Solicitud  de Chuquisaca información sobre procesos concluidos patrocinados -entre otros- por el  CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00117/2016, solicitó al Tribunal Departamental de Justicia  El 19 de febrero de 2016, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SllN, mediante nota con  

Nº 15990900340 (fs. 16).  

documentación solicitada y detallada en Requerimiento de Documentación Form. 4003  Conchari Aliaga, comunicó a la Administración Tributaria, la no tenencia de  El 8 de enero de 2016, según acta de inexistencia de elementos, Marcelo Fernando  

documentación requerida (fs. 4 a 15).  

IUE, otorgando hasta el 8 de enero de 2016, plazo para la presentación de la  notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal; Declaraciones. Juradas del IVA, IT Formulario 4003 Nº 15990900340, consistente en: Libro de Ventas y Compras IVA;  requiriendo la presentación de documentación en original y fotocopias detallada en  (Contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios} de la gestión fiscal 2010;  15100200024, Form. 7531 de 20 de julio de 2015, a objeto de verificar el IUE  cédula a Marcelo Fernando Conchari Aliaga, con la Orden de Verificación Nº  

El 31 de diciembre de 2015, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó mediante 

hechos:  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de  

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.  

uso de este derecho.  

término probatorio; es decir, hasta el 28 de agosto de 2017, sin embargo no hicieron  presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del  Conforme establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de  

  1. 5. Alegatos.  

El 19 de febrero de 2016, Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, mediante nota con  CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00116/2016, solicitó a la Autoridad de Supervisión del  Sistema Financiero (ASFI) información respecto a extractos bancarios de Cuentas  Corrientes y/o Cajas de Ahorro -entre otros- del contribuyente Marcelo Fernando  Conchari Aliaga; solicitud atendida por las distintas entidades financieras reguladas por  la ASFI (fs. 143 a 215).  

El 19 de febrero de 2016, Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN a través de CITE:  SIN/GDCH/DF/NOT/00118/2016, solicitó al Ilustre Colegio de Abogados de  

Chuquisaca, el Arancel Mínimo de Honorarios Profesionales, homologado por la Corte  Superior de Distrito Chuquisaca, hoy Tribunal Departamental de Justicia de  Chuquisaca. Solicitud atendida el 23 de febrero de 2016 (fs. 217 a 220).  

El 1 de marzo de 201 i’, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Marcelo  Fernando Conchari Aliaga, con la Vista de Cargo Nº 29-0408-16 (CITE:  SIN/GDCH/DF/VC/00477/2016) de 30 de diciembre de 2016, que liquidó  preliminarmente una deuda tributaria de UFV’s 6.633 (Seis mil seiscientas treinta y tres  Unidades de Fomento a la Vivienda) correspondiente al IUE (Contribuyentes que  ejercen profesiones liberales u oficios) de la gestión fiscal 2010, monto que comprende  tributo omitido e interés, calificando su conducta preliminarmente como omisión de  pago con una sanción de UVF’s 5.171 (Cinco mil ciento setenta y un Unidades de  Fomento a la Vivienda) y otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para la  presentación de descargos, conforme al art. 98 del CTB (fs. 232 a 241 ).  

El 30 de marzo de 2017, dentro del plazo probatorio otorgado en la Vista de Cargo  CITE: 29-0408-16 (SIN/GDCH/DF/VC/00477/2016), el contribuyente presentó nota  de descargo, solicitando el cómputo de la prescripción como instituto jurídico en  relación a la gestión fiscalizada, señalando que con la notificación de la Orden de  Verificación Externa Nº 15100200024 el 31/12/2015, no se dieron las causales de  interrupción o suspensión en el cómputo de la prescripción establecidas en el art. 62  del CTB, toda vez que una Orden de Verificación es una figura distinta a una Orden de  Fiscalización en virtud a su ámbito de aplicación y a su regulación normativa conforme  el art. 104 del CTB, por lo que no se configuró el elemento principal que le otorga  

::cR.;.~~e~….. icf ..:..:.ac.:…jurídica ia a la suspensión de la prescripción, que es la notificación de inicio de  fiscalización. En ese sentido, señaló que su facultad para fiscalizar habría prescrito por  

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Justicia tributaria para vlvlr bien  

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vicios de forma y sólo en caso de no ser evidentes se analizará la cuestión de fondo  

En este sentido, a fin de evitar nulidades posteriores se verificará la existencia de  

Tributaria.  

servicios y 2. Prescripción de la facultad de determinación de la Administración  

gravables en la gestión fiscal 201 O objeto de revisión, provenientes de la prestación de  

sobre Base Presunta, aduciendo que la Administración Tributaria no demostró ingresos  

fundameotacíón en la Vista e Cargo y Resolución Determinativa respecto a la determinación  

El recurrente formuló Recurso de Alzada exponiendo como agravios: 1. Falta de  

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.  

(fs. 273 a 289).  

setenta y uno Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB  

al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a UFV’s 5.171 (Cinco mil ciento  

adicionalmente, sancionó su conducta por Omisión de Pago con una multa equivalente  

oficios) de la gestión 2010; monto que comprende tributo omitido e interés;  

Vivienda) por concepto de IUE (Contribuyentes que ejercen profesiones liberales u  

de UFV’s 6.773 (Seis mil setecientas setenta y tres Unidades de Fomento a la  

de 24 de mayo de 2017, que determinó de oficio sobre base presunta deuda tributaria  

Marcelo Fernando Conchari Aliaga, con la Resolución Determinatlva Nº 171710000211  

El 30 de mayo de 2017, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a  

del CTB, por lo que solicitó la anulación de la Vista de Cargo (fs.250 a 256).  

Administración Tributaria incumplió con la carga de la prueba establecida en el art. 76  

que la sustenten, aspecto que vulneraría el principio de verdad material. Señaló que la  

que la Vista de Cargo carecería de exposición de hechos, actos, datos o elementos  

documentación e información suficiente que corrobore este hecho, afirmando por ello  

hubiesen concluido, y sin que se hubiese revisado los expedientes; es decir, sin  

proceso el Arancel fijado por el Colegio de Abogados, como si todos los procesos  

sobre procesos patrocinados por su persona en la gestión 201 O, aplicando a cada  

información proporcionada por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuqulsaca  

por la Administración Tributaria sobre base presunta, aduciendo que solo se basó en  

inacción de la Administración Tributaria. Asimismo, observó la determinación efectuada  

IV.1. Falta de Fundamentación en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa  respecto a la determinación sobre Base Presunta de ingresos gravados por IUE.  

El recurrente, señaló que la Administración Tributaria no demostró objetivamente la  percepción real de ingresos por la prestación total de servicios legales, incumpliendo  con la carga de la prueba establecida en el art. 76 del CTB; en este sentido, solo aplicó  el Arancel del Colegio de Abogados a los casos informados por el Tribunal  Departamental de Justicia de Chuquisaca, sin contar con prueba suficiente de cada  uno de los procesos y de la fecha de finalización real, ni certeza de que su persona  concluyó el trabajo en su integridad, presumiendo incorrectamente que un servicio se  configura con el inicio de la demanda. Agregó, que al incumplir con la carga de la  prueba determinó una deuda tributaria sin suficientes elementos que demuestren el  nacimiento del hecho generador, por lo que no se llegó a establecer la verdad material  de los hechos.  

Por su parte, la Administración Tributaria, manifestó que la determinación efectuada por  la Administración Tributaria, se basó en el método de base presunta, al estar el NIT del  contribuyente en estado inactivo, no existir otra información sobre el estado de los  servicios prestados; como tampoco, existir declaraciones juradas presentadas por el  sujeto pasivo. Acotó, que cumplió con la carga de la prueba dispuesta en el art. 76 del  

CTB, toda vez que demostró con información cierta y legal, remitida por el Tribunal  Departamental de Justicia de Chuquisaca y en base al Arancel del Colegio de  Abogados, que el contribuyente en el ejercicio de su profesión prestó servicios, sobre  los cuales percibió ingresos no declarados en la gestión 201 O y fue el sujeto pasivo,  quien no presentó prueba que desvirtúe la determinación sobre base presunta  efectuada por la Administración Tributaria.  

Inicialmente, corresponde citar al tratadista Carlos M. Giulanni Fonrouge quien,  destaca que un acto administrativo debe estar suficientemente fundado para que el  sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la  decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos … ”  (Giulanni Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen l. Ed. De Palma. 1987).  ecir, “el acto debe ·estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus  

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valoraciones· que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la  CTB, establece que la misma contendrá los hechos, actos, datos, elementos En relación a los requisitos que debe cumplir la Vista de Cargo, el art. 96­1 y 111 del  

justicia” (el resaltado es propio).  

principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a Ja  dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a ·los  existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha ª”íbado, son razonables las  juzgados sino de la forma en que se decidió (. . .). Al contrario, cuando aquella motivación no  

administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos  rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al  caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos  que se ha actuado no sólo de acuerdo a tes normas sustantivas y procesales aplicables al  resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de  conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una  establecidos, si la problemática lo exige, de manera _que el justiciable al momento de  

sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos  resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que  que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una  comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo  fundamentar y motivar la resoluciones, así señalo: /a garantía del debido proceso,  de 2010, aclaró los alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de  

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SC 2023/2010­R de 9 de noviembre 

de forma sino también vicio de arbitrariedad.  

consecuentemente, la Vista de Cargo que carece de motivación implica no solo vicio  omisión no puede ser suplida por ninguna autoridad administrativa o judicial posterior;  garantía fundamental del derecho a la defensa y un requisito de orden público, cuya  En relación al tema, Eduardo García Enterría, señala que la motivación constituye una  

ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 11-3’6 y 37, T. IV).  decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente  del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la  decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de tos hecños y antecedentes  propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la  

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en  poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,  verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre  base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación  previa del tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales  establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de  Intervención, sequn corresponda.  

En este entendido, al exigir la norma que la Vista de Cargo cuente con los hechos,  actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten a la Resolución  Determinativa, establece la condición que ésta sirva de base para la elaboración de la  Resolución Determinativa; es decir que, la Vista de Cargo debe contener los  elementos básicos sobre los cuales la Administración Tributaria determinará o no la  existencia de la deuda tributaria.  

Por su parte, el art. 99.11 del CTB, dispone que la Resolución Determinativa debe  contener, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho,  entre otros, y que la ausencia de estos requisitos esenciales, la. vicia de nulidad, pues  la fundamentación es un requisito esencial -indispensable- de todo acto administrativo,  que permite conocer fas razones de hecho y derecho sobre fas cuales la  Administración se sustenta, y permite al administrado tener los elementos de juicio del  dictamen jurídico.  

Por otra parte, en el ámbito del Derecho Tributario, en lo concerniente a la  determinación, la doctrina define el proceso de determinación como: “el acto o la serie  de actos necesarios para la comprobación y la valoración de los diversos elementos  constitutivos de la deuda impositiva (presupuesto material y personal, base imponible),  con la consiguiente aplicación del tipo gravamen · y la concreta determinación  cuantitativa de la deuda del contribuyente” (SAINZ, de Bujanda Fernando, Nacimiento  de la Obligación Tributaria, Hacienda y Derecho, pág. 39).  

Así también, el art. 92 del CTB dispone que la determinación es “El acto por el cual el sujeto  pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria  ·stencía”. Concordante el art. 93 del indicado Código, dispone que una de las formas  Pág.11de27  

Justicia tributaria para vivír bien  Jan mit’ayir jach’a kamani (Ayma:·a)  Mana tasaq kuraq kamachiq;Q<>e•chue)  Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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  1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.  

circunstancias que están previstas en el art. 44 del mismo CTB:  

existencia y cuantía de la obligación cuando en especial concurra alguna de las siguientes  vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la  del tributo; y, sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su  información que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores  

sobre base presunta. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos

determinación de la base imponible, siendo éstos: determinaciór1 sobre base cierta misma ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la  cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el art. 43 de la  medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la  Por su parte. el art. 42 del CTB. dispone que la base imponible o gravable es la unidad de  

obligación”, (Derecho Financiero, Volumen 1, 5ª Edición, 1993, Págs. 507-510).  material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de Ja  por su vinculación conexión normal con los .. .previstos legalmente como presupuesto  presunta”. ” .. .la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que,  presunciones o indicios, es lo que se conoce como detE~rminación con base  antecedentes necesarios para fa determinación cierta, entonces puede efectuarse por  sería presuntiva”. Añade que “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los  apreciación directa y cierta de la materia imponible: de Jo contrario, la determinación  administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir fa  (declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de fa  conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros  Respecto a los elementos informat!vos indica que “pueden haberle llegado por  una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles”.  efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: en  antecedentes relacionados con el presupuesto. de hecho, no sólo en cuanto a su  determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los  Sobre los métodos de determinación, Carlos M. Giuliani Fonrouge, enseña que “Hay  

de oficio, en ejercicio de sus facultades otorgadas por Ley.  

de determinación de la deuda tributaria por la Administración Tributaria sea la determinación 

  1. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del  tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este  Código.  
  2. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus  facultades de fiscalización.  
  3. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación  respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones  normativas.  
  4. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: a) Omisión del registro de  operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio y costo, b) Registro de  compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, c) Omisión o alteración en el  registro de existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a  precios distintos de los de costo, d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de  inventarios o no lleven 131 procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas  tributarias, e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos,  electrónicos, ópticos o ~nformáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta, f)  Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o  informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o  información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial, g)  Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la  prescripción, h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización  indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración  de las características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción  

o falsa indicación de procedencia.  

  1. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus  operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación  sobre base cierta.  

En el método de determinación sobre base presunta, según el art. 45 del CTB, se pueden·  utilizar datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los  hechos imponibles en su real magnitud; elementos, que indirectamente acrediten la  existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que  

sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las  unidades económicas que deban compararse en términos tributarios; y valorando signos,  índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o  

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Justicia tributaria para vivír bien  

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base presunta-es un procedimiento íntegramente reglado y no discrecional, dado que  

en el ordenamiento de gestión tributaria, la determinación -sea sobre base cierta o  

Conforme se tiene de las disposiciones glosadas precedentemente, no hay duda que  

contribuyente.  

  1. Contrastar datos con la información proporcionada por terceros vinculados con el  

vigentes, si existieren.  

por cada tipo de servicio y/o utilizando al efecto los aranceles profesionales  

frecuencia histórica de los servicios prestados, estableciendo un monto promedio  

  1. En servicios prestados, determinar la cartera de clientes del contribuyente y la  

de éste y contrastarlos con los ingresos percibidos.  

  1. Cuantificar el nivel de gastos del contribuyente, considerando también los pasivos  

transacciones del giro comercial del contribuyente.  

vinculados con éste. Se considerarán las cuentas que hayan sido utilizadas para las  

crédito y otros) que estén a nombre del contribuyente fiscalizado o de terceros  

extractos del sistema financiero (extractos bancarios, de tarjetas de débito o de  

  1. Cuantificar los ingresos registrados a favor del contribuyente que se reflejen en  

u obtenidos directamente por la Administración Tributaria, aplicando lo siguiente:  

esta técnica deberá efectuarse un análisis de los datos proporcionaclos por el contribuyente  

inducción, que en su inciso b) Técnica Relación Ingreso – Gasto, señala que para aplicar  

el art. 8 establece las técnicas para cuantificar la Base Presunta, entre otras los medios por  

presupuesto legal para la procedencia del método de determinación presuntivo. Igualmente,  

cuales deben estar expresados en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa como  

cuantía de la misma, de acuerdo a las circunstancias que señala el art. 44 del CTB, los  

normal con el hecho generador de la obligación tributaria permiten deducir la existencia y  

Tributaria, considerando los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión  

Base Presunta a la estimación de la Base tmponible, efectuada por la Administración  

la Determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta, en sus arts. 3 y 4 define por  

A su vez, la RND Nº 10.0017.13 de 08 de mayo de 2013, que Reglamenta los Medios para  

establecer la cuantía de la obligación tributaria.  

perfeccionamiento de hechos generadores de tributos, a partir de los cuales se pueda  

casos que los hechos o circunstancias considerados, permitan demostrar el  

antecedentes que·se posean en supuestos similares y equivalentes, cuidando en todos los  

su realización no depende de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia, por  tanto, la determinación efectuada por la Administración Tributaria no debe ser arbitraria  ni constituir un abuso de poder. Las reglas de la actuación determinativa no dan opción  o libertad de elección entre varios resultados posibles, al contrario requiere de una sola  solución. Asimismo, tampoco puede haber discrecionalidad en las valoraciones  técnicas, es decir, conceptos de difícil apreciación.  

Ahora bien, en el presente caso, una vez que la Administración Tributaria emitió notificó la Orden de Verificación Externa con ·alcance IUE de la gestión fiscal 201 O,  también requirió al ahora recurrente información y documentación consistente en  declaraciones juradas del IVA (form. 200), IT (form. 400) e IUE (form. 51 O), notas  fiscales de respaldo al crédito y débito fiscal y libro de ventas IVA; sin embargo, el  recurrente no presentó dicha documentación ni brindó información alguna respecto a  su situación tributaria o la imposibilidad de cumplir con tal requerimiento, lo que desde  luego evidencia su intención de no colaborar o facilitar las tareas de verificación determinación de la Administración Tributaria, tal como estaba obligado por mandato  expreso del art. 70.6 del CTB; situación que desde luego no impide a la Administración  Tributaria optar por otros medios o fuentes de información para establecer la existencia  de hechos generadores, su magnitud económica y el momento de su  perfeccionamiento. En este entendido, ponderada la conducta del contribuyente  imposibilitando el conocimiento cierto de sus operaciones para que se efectúe la  determinación sobre base cierta, situación que se acomoda a la previsión del art. 44.6  del CTB, efectivamente viabilizó plena y justificadamente que la Administración opte  por el método de determinación sobre base presunta, tal como lo hizo.  

En consecuencia y a efectos de establecer la existencia de ingresos gravados por el  IUE durante la gestión fiscal 2010, la Administración Tributaria a través de nota con  CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00117/2016, de 19 de febrero de 2016 (fs.47 de  antecedentes) solicitó al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca información  sobre procesos concluidos en las gestiones 201 O al 2013, patrocinados por el  abogado Marcelo Fernando Conchari Aliaga, entre otras. En atención a esa solicitud,  el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante nota con  Cite Nº 105/16 de 29 de febrero de 2016 remitió Informes y Certificaciones de los  diferentes Juzgados y del Archivo del Tribunal Departamental de Justicia. (fs. 47 a  142 de antecedentes)  

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Justicia tributaria para vivir bien  

Jan mit’ayir jach’a kamani (A'”‘”‘­’)  Mana tasaq kuraq kamachiq(,~·,ecbu•)  Mburuvisa tendodegua rnbaetl oñomita  

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que cursa de fs. 130 a 142 del Cuaderno de Antecedentes Nº 1 del SIN, de las causas  limitaciones de la información a ser entregada, dicha funcionaria adjuntó un reporte  patrocinio”. Según esas aclaraciones, que desde luego ponen de manifiesto las  

adjuntos que arroja el sistema, son proporcionados de manera general en cuanto al  Defensores Estatales, abogados libres y otros, por lo que los extractos impresos  señores abogados, se efectuaron en calidad de representantes del Ministerio Público,  IANUS, NO clasifica sobre si · 1os procesos que conocieron en su tramitación los  proceso. Asimismo tengo a bien hacer conocer a quien corresponda que, el sistema  sistema NO registra el nombre del nuevo abogado contratado en el patrocinio de un  y/o patrocinando la causa. Asimismo aclaro que en caso de cambio de patrocinio, el  y/o Salas, el sistema NO registra el nombre del abogado que está asumiendo defensa  de solamente MEMORIALES sobre procesos radicados en los Juzgados, Tribunales  momento de la presentación de la causa nueva, aclarando aue ante la presentación  NUEVA, siempre y cuando se halle registrado y habilita1rJo en el sistema a  abogado al MOMENTO DE LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y SOl~TEO de una CAUSA  Hago conocer que, a través del sistema, se registra el patrocinio de un determinado  sistema IANUS con el dato de: Listado de Procesos patrocinados por Abogado, ( ).  por los señores mencionados supra, cual se desprende de los extractos que arroja el  remisión a /os juzgados asignados en el reparto de procesos judiciales patrocinados  han intervenido en un proceso, el sistema arroja la recepcion, registro, sorteo Aliaga ( .. .), y que ingresando al sistema IANUS a la opción de: Heporte Abogados que  conocieron en su tramitación los señores abogados: (. . .) Marce.lo Fernando Conchari  IANUS del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sobre procesos que  de antecedentes, señaló: “Que revisada la base de datos del Sistema Informático  Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por certificación que cursa a fs. 129  Por su parte, la Responsable de Plataforma de Atención al Usuario Externo del  

procesos los cuales habían concluido, consignando el detalle de esos.  Conchari Aliaga Marcelo Fernando, durante las gestiones 201 O a 2013, tuvo cuatro  de Familia 5 de la Capital, informó que de la revisión del Sistema SIREJ, el abogado  remuneraciones obtenidas por el patrocinio de causas. Únicamente el Juzgado Público  

de brindar la información sobre causas llevadas por el Abogado, así como el monto de  patrocinantes o defensores de partes, situación con la que justificaron la imposibilidad  que los diferentes Juzgados, informaron que no contaban con un registro de abogados  Revisada Ja información remitida por el Tribunal Departamental de Justicia, se constata  

en la que se registró la participación del contribuyente como abogado patrocinante en  causas nuevas, únicamente.  

Por otra parte, la Administración Tributaria también solicitó a la ASFI extractos  bancarios de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro de las gestiones 201 O a 2013,  entre otros, del contribuyente Fernando Marcelo Conchari Aliaga. En atención a ello las  entidades financieras: Banco FIE, Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Educadores  Gran Chaco, Banco FASSIL, Banco Do Brasil, Cooperativa de Ahorro y Crédito San  José de Bermejo RL, Cooperativa Jesús Nazareno, Cooperativa la Merced,  Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Mons. Félix Gainza Ltda., Banco Mercantil  Santa Cruz, informaron que Fernando Marcelo Conchari Aliaga no figura como titular  de cuentas corrientes, ni cajas de ahorro (fs. 143 a 215).  

Finalmente, la Administración Tributaria por nota CITE SIN/GDCH/DF/NOT/00118/2016  de 19 de febrero de 2016, que cursa a fs. 217 del CA Nro. 1 del SIN, también solicitó al  Colegio de Abogados de Chuquisaca, información del arancel mínimo de honorarios de  la abogacía, solicitud atendida mediante nota CITE:PRES-ICACH-019/2016 el 23 de  febrero de 2016, del Presidente del Colegio de Abogados, que adjuntó el Arancel  Mínimo de Honorarios Profesionales Homologado por la Corte Superior de Distrito  Judicial de Chuqulsaca, hoy Tribunal Departamental de Justicia, mediante Resolución  de Sala Plena Nº 1 ‘l/2003 de 30 de mayo de 2003, haciendo notar que como  emergencia del Decreto 100 y de la Ley 387, el Ministerio de Justicia, aún no había  aprobado un nuevo arancel de honorarios profesionales de la abogacía.  

En base a la información de Plataforma de Atención al Usuario Externo del Tribual  Departamental de Justicia de Chuquisaca y el Arancel Mínimo de Honorarios  Profesionales del Colegio de Abogados, la Administración Tributaria elaboró la Hoja de  Trabajo “Ingresos Percibidos según Talonario LV IVA y según Verificación” (fs. 24 a 27  del CA Nº 1 del Sll\l), estableciéndose los siguientes resultados respecto a los  procesos patrocinados por Marcelo Fernando Conchari Aliaga:  

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Justicia tributaria para vivír bien  

Jan mit’ayirjach’a kamani (!\ymarn)  

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Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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C!io’.1’1­<i;,;1, ~.·e_­?;’.:,  

1  

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la base de ello que se procederá a establecer si efectivamente existieron ingresos no 

íntimamente ligada a la identificación de servicios gravados por el IVA e IT, es sobre  de tal manera que la obtención de ingresos IUE en el presente caso se encuentra  realizada al mismo contribuyente y por los periodos que comprenden la gestión 201 O,  ha vinculado la misma a los resultados obtenidos en la determinación del IVA e IT  

Es importante precisar que la Administración Tributaria en la determinación del IUE, 

MIL 001100 BOLIVIANOS) “.  

declarados gravados por IUE según Fiscalización, de Bs66.600,00 (SESENTA Y SEIS  3 de la R.N.D. 10-0017-13, se determina sobre BASE PRESUNTA, Ingresos no  44º numeral 3 y 6, 45º parágrafo I numeral 2 de la Ley 2492 y Art. inciso b) numeral  

Abogados ICACH y aplicando el procedimiento permiuao en el Arts. 43º parágrafo//,  de Justicia de Chuquisaca, arancel mínimo informado por el Ilustre Colegio de  procesos patrocinados por el contribuyente reportados por el Tribunal Departamental  informe los procesos patrocinados por parte del contribuyente (. . .). Con el listado de  SIN/GDCH/DFINOT/0011712016 y SINIGDCH/DF/NOT/0013312016, requiriendo se  Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca con Notas  Determinación de Ingresos Sujetos al IUE, señala: ” ( .. .) se solicitó información al  facturas de compras registradas en Formulario 110″. Asimismo en el acápite 111.3.2  inactivo en la gestión objeto de revisión, asimismo, el contribuyente no se descargó con  gestión 2010, según consulta padrón en Sistema SIRAT2, el NIT se encontraba  mismo no realizó la presentación de .DD.JJ. Form. 510 · (/UE) correspondiente a Ja  pagó al IUE F. 51 O señala: “De la revisión efectuada al contribuyente, se verificó que el  SIN/GDCH/DFNC/00477/2016), que en el acápite Determinación del CF IVA como  tiene descrito en la Vista de Cargo Nº 29-0408-16 (CITE:  numeral 2 de la Ley 2492, y art. 8, inc. b) numeral 3 de la RND 10-0017-13, así se  legales, en aplicación de los Art. 43 parágrafo 11, 44 numerales 3 y 6, 45 parágrafo liquidó deuda tributaria por ingresos no declarados por la prestación de servicios  proporcionado por el Colegio de Abogados por cada tipo de proceso. Sobre esa base,  liquidación, estableciendo como precio del servicio la cuantía prevista en el arancel  se consideró la fecha de ingreso de la demanda para asignar el periodo anual de  Externo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. En todos estos casos,  ingresadas como causas nuevas a través de la Plataforma de Atención al Usuario  Administración Tributaria identificó que el ahora recurrente suscribió 57 demandas  Del análisis del cuadro precedente, se advierte que para la gestión 201 O, la  

declarados, como consecuencia de los servicios profesionales del sujeto pasivo  respecto de los cuales se hayan perfeccionado los hechos generadores del IVA por su  incidencia directa en el IUE.  

En el presente caso, toda vez que no existió facturación por parte del sujeto pasivo,  para establecer cuando correspondía devengar el ingreso para el IUE, es importante  clarificar y precisar en qué momento se tornó exigible la obligación; aspecto que viene  dado necesariamente por el perfeccionamiento del hecho generador para el IVA;  información que debe procesarse bajo el principio de devengado, el cual señala que  las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado  económico, son las que competen a un ejercicio, sin entrar a considerar si se han  cobrado o pagado; bajo esta definición, los ingresos devengados o acumulados,  provienen de la venta de un bien la prestación de un servicio, generalmente en un  ejercicio económico, respecto a los cuales todavía no se ha percibido pago; por ello  cobra importancia el subsiguiente análisis a fin de establecer si se demostraron o no  los hechos generadores para el caso del IVA, más aun si es el propio contribuyente  quien también enfocó su recurso dealzada, cuestionando la falta de demostración del  perfeccionamiento del IVA para cada servicio prestado y su incidencia en el IUE.  

En consecuencia, para determinar si hubieron ingresos gravables, es preciso tomar en  cuenta las disposiciones relativas al IVA en vinculación directa con el IUE a fin de  establecer si los datos utilizados para la identificación de los hechos generadores y la  base imponible aplicada, fueron correctamente procesados por la Administración  Tributaria.  

Es así que de acuerdo al art. 1.b) de la Ley 843, el IVA grava toda prestación de  servicios cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio nacional; siendo  sujetos pasivos de dicho impuesto quienes presten servicios o efectúen prestaciones  de cualquier naturaleza, según prevé el art. 3.d) de la indicada Ley; en lo que  concierne al nacimiento del hecho imponible, el art. 4.b)·de la Ley Nº 843, establece  que se considera perfeccionado el hecho generador desde el momento en que se  finalice la prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que  

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Justicia tributaria para vivir bien  Jan mit’ayir jach’a kamani ih·ma1·a)  Mana tasaq kuraq kamachiq \Quechu•/  Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  mbaerepi Vae (Guanni)  

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?prestación delservicio.  

Colegio de Abogados como medio para establecer el monto presunto del precio neto  base presunta dispuesto en los arts.43 a 45 del CTB- haya recurrido al Arancel del  que la Administración Tributaria -de conformidad al método de determinación sobre  indagaciones de la Administración Tributaria; consecuentemente, también es correcto  económica alguna, las cuales se sabe fueron descubiertas como resultado de las  ese periodo, en el que inclusive su estado era Inactivo, como si no realizase actividad  propios sistemas de información dado que el contribuyente no emitió facturas durante  desde luego no es posible que la Administración Tributaria obtenga a través de sus  servicios hubiesen concluido, así no hubiese percibido el paqo- información que  concluyo su prestación de servicios -cualquiera que haya sido la forma en que tales  percibido como remuneración de tales servicios y tampoco aclaró en qué casos  otorgado en la Vista de Cargo, no brindó información alguna del monto acordado o  evidente, que el ahora recurrente durante la Verificación y en el plazo de descargos  actividades que desde luego están dentro del objeto gravado del IUE. También es  patrocinante en las 57 causas nuevas que se detallaron en la Vista de Cargo,  hay duda que el ahora recurrente prestó servicios profesionales como abogado  En el presente caso, de la información obtenida por la Administración Tributaria, no  

han devengado.  

ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en la cual se  de la fuente que los genera. Concordante el art. 46 de la citada ley, establece que los  anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento  diciembre de cada año en la que incluirán la totalidad de los ingresos gravados  profesionales independientes deberán presentar una declaración jurada anual al 31 de  otros gravados por este impuesto. El art. 36 de la citada Ley, señala que los  provenientes de intereses por depósitos, alquiler de bienes muebles o inmuebles y  base los registros de sus libros ventas IVA y en caso a otros ingresos 

corresponda según lo establecido en el segundo párrafo del art. 47 de la Ley 843, en  presentarán sus declaraciones en formulario oficial, liquidando el impuesto que  naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en forma independiente, quienes  del IUE a los profesionales liberales y oficios, y el art. 3 inc. e) se refiere a personas  Respecto al IUE el D.S. Nº 24051, en su art. 2 inc. e) establece como sujetos pasivos  

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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA  

Estado Plurinacional de Bolivia  

Empero, para la liquidación de la deuda tributaria por IUE, es importante analizar si  existieron ingresos devengados en la gestión 2010, provenientes de la  prestación de servicios legales, que deriven en la obtención de utilidades en la  citada gestión, lo que desde luego nos lleva a la necesidad de establecer si se  perfeccionaron los hechos generadores para el IVA, pues ello tiene una incidencia  directa en la determinación de la utilidad sujeta al impuesto. Sobre el particular, de  acuerdo al detalle que cursa de fs. 24 a 27 del Cuadernillo de Antecedentes Nº1 SIN,  la Administración Tributaria, en todos los casos consideró perfeccionado el hecho  generador del IVA en la fecha de presentación de las demandas, estableciendo en  función a esta determinación la base imponible del IUE; sin considerar que ese dato  únicamente aporta información sobre la existencia de una prestación y no así de su  conclusión a efectos de establecer el momento en que se debieron devengar los  ingresos, que en este caso -a falta de facturación o información del monto real  acordado o percibido por el servicio profesional y de la fecha de conclusión de los  procesos- necesariamente debió precisar la Administración Tributaria en el marco de  la exigencia legal contenida tanto en el art. 4.b) y 36 de la Ley 843, pero no lo hizo,  omitiendo completar su investigación a fin obtener información suficiente que permita  precisar los ingresos gravables en la gestión fiscal observada a través del  perfeccionamiento de los hechos generadores del IVA, como presupuesto temporal criterio de lo devengado en la fundamentación de la determinación de la deuda  tributaria.  

En el término de descargos dispuesto en la Vista de Cargo, el ahora recurrente  precisamente observó la falta de revisión de los expedientes para aseverar la  conclusión de servicios, a partir de lo cual extrañó la falta de hechos, actos, datos o  elementos que sustenten la Vista Cargo, y considerando insuficiente la información  proporcionada por el Tribunal Departamental de Justicia y Arancel del Colegio de  Abogados, solicitó la anulación de dicha Vista de Cargo a fin de que la Administración  Tributaria respalde fehacientemente los hechos que pretendía probar (fs.249 a 256 del  Cuadernillo de Antecedentes Nº1 del SIN). A momento de analizar dicho argumento  de descargo, la Administración Tributaria, haciendo mención de los Autos Supremos  17/2013 y 14/2013 y glosando partes del Auto Supremo 765/2013 sobre el alcance de  los arts. 76 y 80 del CTB, sobre un caso de determinación sobre base presunta  

U.n’rrlinrm””jem respecto a servicios profesionales en base al Arancel del Colegio de Abogados,  yó simplemente que la carga de la prueba recaía en el contribuyente  

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Justicia tributaria para vivir bien  

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Mana tasaq kuraq kamachiq ;qu0,:h:Je)  

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  mbaerepi Vae(Gumni)  

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as causas, más aún cuando en muchos procesos intervienen más de un  

procesos se tramitan con el nombre de las partes y no llevan registro de los abogados  (que da cuenta que en la gestión 2010 se habría concluido un proceso), señalan que los  los procesos. Asimismo, certificaciones de los diferentes Juzgados todos, excepto uno  que no se cuenta con un registro de abogados patrocinantes que inician y concluyen  Sistema de Archivos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, informó  

A lo señalado, se debe añadir que consta en antecedentes, que la responsable del 

se terminó el servicio, cualquiera haya sido la forma de finalización de tal prestación.  necesariamente para establecer cuando se devenga un ingreso He debe saber cuándo  presentación de una demanda al Poder Judicial se concluyó el· servicio, pues  existencia de ingresos devengados, resultando ilógico presumir que al momento de la  art. 36 y 46 de la Ley 843, que constituyen elementos imprescindibles para acreditar la  que tiene incidencia directa en la liquidación de la base imponible del IUE conforme el  sistema IANUS en la gestión 2010, en correcta observancia del art. 4.b) de la Ley 843  ahora recurrente concluyó la prestación de servicios en los procesos reportados por el  permitan de manera detallada, precisa y suficiente establecer en qué momento el  efectuó una suficiente investigación, como tampoco aportó elementos necesarios que  

En este orden, se evidencia que en el presente caso, la Administración Tributaria no 

previstos en la ley.  

como prevé el art. 96 del CTB, a partir de una correcta identificación de los requisitos  determinación, deben ser los necesarios para fijar la base imponible del impuesto tal  momento de emitir la Vista de Cargo, toda vez que los datos que deban sustentar la  método de base presunta- compete sea precisado por la Administración Tributaria aspecto que en un procedimiento determinativo de oficio – máxime si fue utilizando el  resulta una condición material para establecer la existencia de una utilidad imponible,  investigación y documentación de la conclusión de tales servicios, que en este caso  realización de los servicios o el monto de la liquidación; “observó la falta de  sustancial del mismo, que antes que ser una prueba de descargo tendiente a negar la  argumento de nulidad planteado por el contribuyente, sin analizar el contenido  De acuerdo a lo indicado, es claro que la Administración Tributaria descartó el  

probar sus derechos debía probar los hechos constitutivos de los mismos.  

considerando inválidos los descargos presentados, aduciendo que quien pretenda

abogado, ya sea por pase profesional o porque el abogado dejó de ejercer la profesión  libre, asimismo, que los procesos de la gestión 2010 se encontrarían en Archivo,  recomendando acudir a las instancias correspondientes para recabar los informes  solicitados. En tales circunstancias, la Administración Tributaria en busca de la verdad  material, a efectos de establecer cuando concluyeron los procesos, debió completar su  investigación mediante un relevamiento de más información mediante la revisión de los  expedientes físicos, cuyo número limitó la Administración Tributaria únicamente a 57  causas (alcance reducido y plenamente verificable físicamente ya que no contempla el  patrocinio de causas de defensa, asistencia a determinados actuados como audiencias  o copatrocinio de causas con otros profesionales, entre otros, que desde luego  implica ria un mayor esfuerzo administrativo); omisión que pone de manifiesto la falta  de fundamentación del acto impugnando, originado en una insuficiente investigación  situación que vicia el procedimiento aplicado, toda vez que la Vista de Cargo no  cumple con la suficiente fundamentación exigida en el art. 96 del CTB, ya que no se  basa en datos suficientes para establecer con precisión el momento de la realización  de Jos hechos generadores sobre los cuales se establezca con certeza una correcta  

liquidación de la base imponible, así sea sobre base presunta.  

En conclusión, por todo lo manifestado, se evidencia que la Vista de Cargo Nº 29-  0408-16 (CITE: SIN/GDCH/DFNC/00477/2016), respecto a la determinación de  ingresos omitidos, no expone los fundamentos técnico jurídicos que sustentan la  

determinación efectuada sobre Base Presunta, pues no explica las causas o motivos,  ni arroja datos suficientes para considerar que los procesos señalados en el reporte  “Listado de Procesos patrocinados por Abogado”, en los cuales se basó la  determinación de la Administración Tributaria, correspondan a procesos concluidos  por los cuales debieron devengarse ingresos en la gestión 201 O, que no fueron  declarados por el sujeto pasivo vulnerando así los derechos del sujeto pasivo a un debido  proceso y defensa resguardados en los arts. 115.11 de la CPE y 68 numeral 6 del CTB.  

Adicionalmente, corresponde precisar que al constatarse la existencia de vicios  procesales en la Resolución impugnada, que ocasionan la anulación de obrados  conforme establece el art. 36.IJ de la LPA -aplicable supletoriamente de acuerdo al art.  201 del CTB- esta instancia se encuentra impedida de emitir pronunciamiento en  relación a la oposición de la prescripción.  

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Justicia tributaria para vivir bien  

Jan mit’ayir jach’a kamani t.~yme.ra) 

Mana tasaq kuraq kamachiq {Quech·~'<) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Gu•r•o;)  

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==: Tributaria recurrida y la parte recurrente.  

conforme establece el artículo 199 de la Ley Nº 2492 será de cumplimiento obligatorio  

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,  

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo  

realizada y con lo previsto por el artículo 212-1 inciso e) del CTB.  

los fundamentos precedentes. Todo de conformidad a la fundamentación técnico jurídico  

establecidos en el art. 96 del CTB, considerando los criterios de legitimidad expuestos en  

la Administración Tributaria emitir nueva Vista de Cargo conforme los requisitos  

(CITE: SIN/GDCH/DFNC/00477/2016) de 30 de diciembre de 2016, inclusive, debiendo  

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo Nº 29-0408-16  

2017, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales, con  

PRIMERO.- ANULAR, la Resolueión Determinativa Nº 171710000211, de 24 de mayo de  

RESUELVE:  

febrero de 2009.  

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del OS Nº 29894 de 7 de  

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los  

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  

POR TANTO  

CTB.  

2341, aplicable supletoria mente en virtud de lo establecido en los arts. 7 4.1 y 201 del  

determinado, conforme disponen los arts. 96.1 y 99 del CTB y art, 36.ll de la Ley Nº  

la Administración Tributaria emita nueva Vista de Cargo en la que respalde el cargo  

171710000211, de 24 de mayo de 2017, hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que  

del sujeto pasivo, por lo que corresponde anular la Resolución Determinativa Nº  

requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin y den lugar a la indefensión  

En ese sentido, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa carecen de los  

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad  General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley Nº  2492 y sea con nota de atención.  

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 de la Ley Nº 2492, el plazo para la interposición  del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de  veinte días computables a partir de su notificación.  

Regístrese, notifíquese y cúmplase