ARIT-CHQ-RA-0157-2018 Resolución Determinativa aplicada al contribuyente por crédito fiscal depurado por declarar facturas que no estaban dentro los rangos de dosificaciones autorizado por el SIN

ARIT-CHQ-RA-0157-2018

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AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACiÓN TRIBUTARIA 

EstadoPlurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0157/2018 Recurrente EfraínDurán Sandoval. 

Administración recurrida 

Gerencia DistritalChuquisacadel Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmentepor Jhonny PadillaPalacios. 

VISTOS: 

Acto impugnado ResoluciónDeterminativaN° 171810000046. Expediente N° ARIT-CHQ-0014/2018. FECHA Sucre,28 dejunio de 2018. 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ N° 0157/2018 de 28 de junio de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Determinativa N° 171810000046de 5 de marzo de 2018, determinó de oficio y sobre base cierta deuda tributaria de 21.563 UFV’s (Veintiún mil quinientas sesenta y tres Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA (Crédito Fiscal) correspondiente al periodo diciembre de 2013; contra Efraín Durán Sandoval, con NIT 1061092011; monto que comprende tributo omitido e interés; adicionalmente, sancionó su conducta por Omisión de Pago con una multa equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a 18.203 UFV’s (Dieciocho mil doscientas tres nidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del arto165 del CTB. 

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Resolución Determinativa notificada personalmente al contribuyente el 16 de marzo de 2018 e impugnada el 5 de abril de 2018, dentro del plazo de veinte días establecido en el arto 143 del CTB. Oportunidad en la que adjuntó la siguiente documentación: 1. En original Resolución Determinativa N° 171810000046de 5 de marzo de 2018, Testimonio N° 154/2011 de. sustitución de poder, Minuta de Transferencia del vehículo camión’ 

ValVa con placa de control 1599RRD, contrato de prestación de servicios e informe técnico de certificación de construcción, Declaración Notarial 0412/2018; 2. En fotocopia legalizadacertificaciónde pagos;y 3. Enfotocopiasimple C.I. 1061092-Ch. 

  1. TRAMITACiÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos del Recurrente. 

Efraín Durán Sandoval (el recurrente), manifestó que la Resolución Determinativa ahora impugnada no valoró correctamente la presentación de sus pruebas, es más no le dieron plazo para que presente descargos, ya que no le notificaron con Vista de Cargo alguna, sino directamente con la Resolución Determinativa; es decir que el procedimiento administrativo pasó de la Orden de Verificación a la Resolución Determinativa, por lo que claramente existiría vicios procesales que hacen nulo el proceso y que le causaron indefensión, al no permitirle presentar descargos. 

Señaló, que la Resolución Determinativa no valoró córrectamente la presentación de sus pruebas, y que funcionarios del SIN no le permitieron presentar descargos, indicándole que no serían aceptados. 

Asimismo, aseveró que una de las actividades que desarrolla es la venta de semillas que siembra y cosecha en la localidad de Zona Vergel Comunidad Nogal Pampa del Municipio de Villa Vaca Guzmán que luego traslada a la ciudad de Sucre, donde tiene su centro de acopio en el domicilio conyugal a nombre de su esposa Elizabeth Matilde Aníbarro Vera, ubicado en barrio Quirpinchaca, calle sin denominación, donde construyó una edificación para uso exclusivo de acopio de sus productos, que es usado también como almacén de productos químicos: que fue construido a comienzos de noviembre de la gestión 2013, por el contratista Iver Alarcón, quien realizó la obra con material que le fue proporcionado y por lo tanto no fue obra vendida, y debido a que los gastos de construcción (materiales), corrieron por su cuenta, aprovechó los 

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viajes que realizaba a La Paz -en su propio vehículo- para entregar sus productos, para comprar material de construcción y no regresar con camión vacío, toda vez que el material de construcción en tiendas de la ciudad de La Paz y de el Alto, es de menor precio con relación al mercado de Sucre; sin. embargo, la Administración Tributaria consideró que estos gastos no estarían vinculados a su actividad económica y que las notas fiscales se encontrarían fuera de rango de dosificación, cuando no era su responsabilidad verificar datos o registros de sus proveedores. 

Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 171810000046de 5 de marzode 2018. 

11.2. Auto de Admisión. 

Inicialmente, el Recurso fue observado mediante Auto de 9 de abril de 2018, por incumplimiento del arto 198 incisos b), c), d) y e) del CTB; subsanadas las observaciones, se admitió el Recurso de Alzada por Auto de 19 de abril de 2018, y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada; todo en aplicación del arto 

  1. e) del CTB. Auto de admisión notificado al representante de la entidad recurrida el 20 de abril de 2018, conforme diligencia de notificación personal cursante a fs. 33 de obrados. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

Dentro del término establecido por el arto218.c) del CTB, el 4 de mayo de 2018, Jhonny Padilla Palacios, acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca, a través de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 031800000185, de 22 de marzo de 2018, respondió negativamente al recurso interpuesto, aclarando que se depuró facturas por estar fuera del rango de dosificación y no como erróneamente aseveró el contribuyente por falta de vinculación con la actividad gravada. Asimismo, señaló que en base a la documentación presentada por el recurrente, se verificó en el sistema informático del SIN (SIRAT2 y GAUSS) que las facturas no estaban autorizadas, 

onforme reportes de Consulta de dosificaciones; documentación que tiene toda la validez probatoria conforme el arto7 del OS N° 27310, por lo que el contribuyente se 

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benefició indebidamente de un crédito fiscal que no le correspondía, conforme el arto 41.1numeral 2 de la RND N° 10.0016.07. 

También, señaló que .no basta que un contribuyente presente facturas presumiblemente originales, sino que debe de demostrar la materialización de las transacciones comerciales, en el presente caso, el contribuyente’ no demostró efectivamente la compra o adquisición de la mercadería consignada en las facturas observadas, es decir el perfeccionamiento del hecho generador. Citó como respaldo de su argumento las Resoluciones Jerárquicas Nros. AGIT-RJ 0307/2013, AGIT-RJ 0421/2012 YAGIT-RJ 1516/2015. 

Respecto a la prueba presentada a esta instancia Administrativa bajo el pretexto de que no se le permitió presentarla ante la Administración Tributaria, objetó la misma al amparo del arto81 del CTB, que dispone que deben rechazarse las pruebas ofrecidas fuera de plazo y que el sujeto pasivo debe probar que la omisión no fue por causa propia, y presentarlas con juramento de reciente obtención; por lo que la prueba presentada no cumplió con las exigencias legales inexcusables. 

Aseveró, que la documental presentada por el contribuyente, que le fue solicitada con la notificación con la Orden de Verificación, no fue suficiente para desvirtuar las observaciones de la administración Tributaria, procediéndose a la emisión de la Vista de Cargo y otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos, sin embargo el sujeto pasivo no hizo uso de ese derecho, emitiéndose posteriormente la Resolución Determinativa ahora impugnada, por lo que al no existir descargo alguno, como documentos que respalden el pago realizado, orden de compra, documentos de transporte, libros contables, no correspondía ninguna valoración, siendo además falso el argumento utilizado por el contribuyente de que no se le permitió presentar prueba alguna. 

Finalmente, señaló que la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa ahora impugnada cumplen los requisitos que debe contener todo Acto Administrativo, por lo que están debidamente fundamentados, conforme establecen los arts. 96 y 99 del CTB y arts. 27 y 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

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En base a los argumentos expuestos, solicitó se emita Resolución, de Recurso de Alzada confirmando la Resolución Determinativa N° 171810000046 de 5 de marzo de 2018. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 8 de mayo de 2018, que cursa a fs. 49 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación el 9 de mayo de 2018, conforme consta por las diligencias de fs. 50 de obrados; consiguientemente, el señalado plazo concluyó el 29 de ~ayo de 2018. 

En esta fase, por memorial presentado el 10 de mayo de 2018, la Administración Tributaria ratificó la prueba documental adjuntada a la respuesta al Recurso de Alzada; también señaló, que dicha prueba demuestra que el recurrente incumplió con sus obligaciones tributarias; y que enmarcó sus actos en la normativa vigente, respetando en todo momento los derechos del ahora recurrente. Por su parte, el recurrente no presentó prueba en esta etapa. 

11.5. Alegatos. 

Conforme establece el arto 210.11del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la culminación del término probatorio; es decir, hasta el 18 de junio de 2018; sin embargo, no hicieron uso de este derecho en el plazo otorgado por ley. 

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Efectuada la revisión de los Cuadernillos de Antecedentes N° 1 (SIN) se establece la siguiente relación de hechos: 

El 26 de octubre de 2016, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió la Orden de Verificación Nro. 00150VE06656 (Form. 7531) contra el contribuyente Efraín Durán Sandoval, a objeto de verificar los hechos y elementos relacionados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) específicamente del crédito fiscal contenido en las facturas 

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detalladas en el Form 7531, declaradas en el periodo diciembre de 2013. Orden de Verificación notificada personalmente el 20 de junio de 2017, requiriendo la presentación de la siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas Form. 200 o 210; 2. Libro de Compras de los periodos observados; 3. Facturas de compras Originales detalladas en anexo; 4. Documentos que respalde el pago realizado, así como otra documentación a ser solicitada durante el proceso, para verificar las transacciones de respaldo a las facturas observadas (fs. 6 a 7). 

El 4 de julio de 2017, Efraín Durán Sandoval presentó la documentación requerida por la Administración Tributaria, según consta en el Acta de Recepción de Documentos (fs. 28). 

El 21 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291710000251 (CITE:SIN/GDCH/DF/VE/VC/00254/2017), liquidando preliminarmente una deuda tributaria de 39.486 UFV’s (Treinta y nueve mil cuatrocientas ochenta y seis Unidades de Fomento a la Vivienda), correspondiente al Impuestoal Valor Agregado del periodo diciembre de 2013, monto que comprende tributo omitido, interés y sanción omisión de pago (100%), otorgando el plazode 30 días para la presentación de descargos, conforme al arto98 del CTB. Vista de Cargo notificada mediante cédula, el 8 de .diciembre de 2017 (fs. 91 a 99). 

El 5 de marzo de 2018, por ResoluciónDeterminativaN° 171810000046,la Administración Tributaria, tomando en cuenta que el contribuyenteno presentó descargos, determinó de oficio y sobre base cierta deuda tributaria de 21.563 UFV’s por concepto de IVA (Crédito Fiscal) correspondiente al periodo diciembre de 2013, contra Efraln Durán Sandoval, con NIT 1061092011, monto que comprende tributo omitido e interés; adicionalmente, sancionó la conducta por Omisión de Pago con una multa equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a 18.203 UFV’s, en aplicación del art. 165 del CTB. Resolución Determinativa notificada personalmente a Efraín Durán Sandoval, el 16 de marzo de 2018 (fs. 115 a 121). 

El 3 de abril de 2018, Efraín Durán Sandoval por nota s/n solicitó fotocopias de las notas fiscales observadas. Solicitud atendida por la Administración Tributaria la misma fecha, según Acta de Entrega de Documentos Adicionales (fs. 123 a 125). 

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  1. FUNDAMENTACiÓN TÉCNICA Y JURíDICA. 

-, Contra la Resolución Determinativa N° 171810000046, el recurrente presentó Recurso de Alzada exponiendo los siguientes agravios: 1. Afectación al derecho a la defensa por falta de notificación de la Vista de Cargo; 2. Inadecuada valoración de la prueba; y 3. Indebida depuración de facturas que respaldan el crédito fiscal. 

Por lo que, a continuación esta instancia recursivapreviamenteprocederáa la revisión y verificación de la existencia del vicio de forma denunciado; y, sólo en caso que no sea evidente, se procederá a la revisión y análisis de los argumentos de fondo consistente en Inadecuada valoración de la prueba e Indebida depuración de facturas; esto con la finalidad de,evitar nulidades posteriores

IV.1. Afectación del derecho a la defensa por falta de notificación de la Vista de Cargo. 

El recurrente, manifestó que no le dieron plazo para que presente descargos, ya que no le notificaron con Vista de Cargo alguna, sino directamente con la Resolución Determinativa; es decir, que el procedimiento administrativo pasó de la Orden de Verificación a la Resolución Determinativa, por lo que claramente existirían vicios procesales que hacen nulo el proceso, por la indefensión ocasionada. 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que procedió a la determinación de oficio mediante Orden de Verificación Externa 00150VE06656 -verificación específica crédito Fiscal IVA- contra el contribuyente Efraín Durán Sandoval, correspondiente al periodo diciembre de 2013, que dio origen a la Vista de Cargo N° 291710000251 (CITE:SIN/GDCH/DF/VE/VC/00254/2017), notificada por cédula el 8 de diciembre de 2017, otorgando el plazo de 30 días para que presente descargos, sin embargo, el contribuyente no hizo uso de ese derecho por lo que posteriormente se notificó la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

Así planteados los argumentos de ambas partes, corresponde a esta instancia establecer si es evidente la falta de notificación de la Vista de Cargo. 

, Considerandoque el recurrenteacusa indefensiónpor lafalta de notificacióncon la Vista de Cargo, resulta preponderante considerar la Jurisprudencia Constitucional existente al Cl’o’FIr-H’Il1llS”‘i,,*- respecto, como la Sentencia Constitucional N° 0450/2012 de 29 de junio de 2012, que 

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expone: “El debido proceso se encuentra integrado por varios elementos, entre ellos, el derecho a la defensa; consagrado de manera autónoma en el ya citado arto 115./1’de la , CPE. Así también la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, identificó dos cormoieciones: “.. La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio .. .’;·esta segunda característica de las anotadas, guarda estrecha relación con las actuaciones comunicacionales, dado que la finalidad de estas últimas es 

asegurar el ejercicio del derecho a la defensa de manera amplia e irrestricta, en ese sentido; respecto a éstas ya sus exigencias legales, la se 0427/2006-R de 5 de mayo, estableció: “‘…/os emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesostpues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16./1y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida (SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre)”. 

Al respecto, es necesario precisar que la notificación es: “la acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (OSSORIO, 

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SRL. 1 Pág.8de27 

~ue7ires Argentina. Pág. 489). 

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Sobre el particular, corresponde citar la SC 0436/2003-R de 7 de abril, que determinó: . U•• ./a autoridad competente debe necesariamente notificar al obligado conminándolo para que cumpla dentro del plazo legal con su obligación previniéndolo que si no cumple se procederá conforme a los artículos citados. Esta. formalidad, no es potestativa sino obligatoria para el Juez, pues la notificación con la conminatoria tiene la finalidad de dar oportunidad al obligado para pagar la obligación pendiente, o en su caso formular las observaciones a la liquidación o presentar pruebas de eventueies pagos directos, por ello el legislador ha previsto su legal notificación que debe cumplir con el objetivo de que el obligado se entere de la obligación; así ya lo estableció la 

jurisprudencia constitucional en las SSCC 1021/2001-Ry 385/2D02-R.

Asimismo, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: U(. . .) no se encuentra en 

. una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. 

De acuerdo a nuestro sistema normativo tributario, las notificaciones tienen por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones o resoluciones emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho a la defensa; así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC N° 769/2002-R que señala: es necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta de las citaciones y notificaciones que refiere el Artículo 247 de la Ley de Organización Judicial aludido, ha sido prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea la indefensión de la parte en proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o notificada, se apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar en ningún momento su indefensión, se considera subsanada la merituada omisión, debiendo perseguirse con la tramitación deljuicio”. 

El arto 83 del CTB, modificado por el arto2.111 de la Ley 812, establece las formas de notificación de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, pudiendo ser: 1) Por medios electrónicos;’ 2) Personalmente; 3) Por cédula; 4) Por Edicto; 5) Por 

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correspondencia. postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares, 6) Tácitamente; 7) Masiva; 8) en Secretaría. Asimismo dispone que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriores descritas

Asimismo, respecto a la notificación personal, el arto 84 del CTB establece: “Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante lega/”. 

Respecto a la notificación por cédula, el arto 85 del CTB establece: “(, ..) l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. JI. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. II/. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) anos, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia (‘.’)”. 

En tal entendido, para que pueda considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo, ésta debió estar en total desconocimiento de .Ias acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir defensa, dando lugar a que en su perjuicio se lleve adelante un proceso en el que no fue oído, ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que intervíene en el proceso. 

Ahora bien, en el presente caso, de la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos se evidenció que en aplicación del arto 84 del CTB, el 20 de junio de 

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2017, la Administración Tributaria notificó de forma personal a Efraín Durán Sandoval en su domicilio fiscal ubicado en calle Final Calama s/n, Zona/Barrio Aranjuez, con la Orden de VerificaCión Nro. 00150VE06656 (Form. 7531), a objeto de verificar los hechos y elementos relacionados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) específicamente . 

del crédito fiscal contenido en las facturas detalladas en Form 7531, declaradas en el periodo diciembre de 2013; notlñcaclón que surtió efectos legales, puesto que el sujeto pasivo presentó la documentación requerida con la notificación de este actuado. 

Posteriormente, el 6 de diciembre de 2017, el funcionario actuante se constituyó en el .domiciliofiscal del contribuyenteEfraín Durán Sándoval,ubicadoen calle Final Calama s/n, Zona/Sarrio Aranjuez -donde fue notificada de forma personal la Orden de Verificación 

Nro. 00150VE06656~ a objeto de notificar la Vista de Cargo N° 291710000251 (CITE;:SIN/GDCH/DF/VE/VC/00254/2017), ocasión ‘en la que al no encontrar al contribuyente dejó Aviso de Visita, comunicando que sería buscado nuevamente el 7 de e . diciembre de 2017, es decir al día siguiente,aviso que fue dejado a Carlos Quispe, vecino 

del contribuyente,quién se rehusóa firmar, en constanciade los hechos,juntamente ‘con el • < 

funcionario actuante del,SIN, firmó el testigo de actuación Valeria Ortuño, Igualmente, se advierteque el 6 de diciembrede 2017, el funcionariode la AdministraciónTributaria,Javier BarrónChavarría, realizó la representacióncorrespondiente,para la notificaciónpor cédula, en la,cual se menciona que habiéndosedejado el aviso de visita, el funcionario actuante se constituyónuevamenteen eldomicilio fiscal y tampoco encontróal sujeto pasivo;es así que el8 de diciembre de 2017, se procedióa la notificaciónpor cédula,fijándose la misma en la puerta del domicilioy firmó comotestigo de actuaciónValeriaOrtuño con CI 7464927 Ch. 

En función a lo descrito, se observa que la diligencia de notificación por cédula de la Vista de Cargo cumple con todos los requisitos establecidos en el arto85 del CTB y es precisamente la forma de notificación habilitada por Ley cuando no se puede practicar 

  • .Ia notificación personal, habiéndose procedido a ésta en el domicilio ubicado en Calle Final Calama s/n, Barrio Aranjuez.seqún consulta de Padrón (fs. 103 CA N° 1 SIN); es decir, que de acuerdo al arto 37 y 70 numeral 3 del CTB, el sujeto pasivo fijó su 

domicilio fiscal en esta dirección,’ el cual la Administración Tributaria se encuentra 

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facultada a realizar las notificaciones de los actos administrativos emitidos en su contra en una de las formas previstas por Ley; por consiguiente, al haberse constituido funcionario del SIN en el referido domicilio a efecto de notificar la Vista de Cargo y al no ser encontrado el -,contribuyente, procedió de forma correcta a notificar dicho acto 

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mediante cédula, cumpliendo lo previsto en el arto 85 del CTB, no siendo causal válida para omitir el procedimiento de notificación que el sujeto pasivo no se haya encontrado en su domicilio, habiéndose fijado copia del acto a notificar y de la notificación en la puerta del domicilio fiscal declarado; por consiguiente, la notificación por cédula de la Vista de Cargo surtió todos sus efectos legales. 

IV.2. Inadecuada valoración de la prueba. 

El contribuyente, señaló que la Resolución Determinativa ahora impugnada no valoró correctamente la presentación de sus pruebas, y que funcionarios del SIN no le .permitieron presentar descargos, indicándole que la misma no iba a ser aceptada . 

. Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que la documental presentada por el contribuyente, que fue solicitada con la notificación con la Orden de Verificación, no fue suficiente para desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, procediéndose a la emisión de la Vista de Cargo, otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de descargos, sin embargo el sujeto pasivo no hizo uso de ese derecho, emitiéndose posteriormente la Resolución Determinativa ahora impugnada, por lo que al no existir descargo alguno, como documentos que respalden el pago realizado, orden de compra, documentos de transporte, libros contables, no correspondía ninguna valoración, siendo falso el argumento utilizado por el contribuyente de que no se le permitió presentar prueba alguna. Asimismo, señaló que la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa ahora impugnada cumplen los requisitos que debe contener todo Acto Administrativo, por lo que están debidamente fundamentados, conforme establecen los arts. 96 y 99 del CTB y arts. 27 y 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

En este orden, corresponde a esta instancia recursiva establecer si efectivamente la Administración Tributaria, incurrió en falta de valoración de la prueba presentada por el contribuyente en el procedimiento determinativo desarrollado en su contra. 

Es preciso señalar que la prueba “se puede definir como el medio mediante el cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como generadores de una obligación o para el reconocimiento de un derecho”, siendo así que la actividad probatoria consiste en la “actividad de aportar al proceso oportunamente y por medios de prueba aceptados legalmente, los motivos o razones 

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tendientes a demostrar la veracidad de los hechos alegados y llevar al convencimiento del operador jurídico, funcionario administrativo ojudicial, acerca de la veracidad de los hechos alegados(WHITTINGHAM GARCíA, Elizabeth. Las Pruebas en el Proceso Tributario. Editorial Temis SA. Bogotá-Colombia. 2005. Pág. 13). 

Asimismo, sobre la valoración objetiva de la prueba, es necesario precisar que, la doctrina señala que “a fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas; en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1) Primera Edición, Pacifico Editores, 2012, Pág. 265). 

Ahora bien, de antecedentes administrativos se tiene que el 20 de junio de 2017, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó de forma personal a Efraín Durán Sandoval, con la Orden de Verificación Nro. 00150VE06656 (Form. 7531) Y su Anexo .

“Detalle de Diferencias”, para verificar los hechos y elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo diciembre de 2013, requiriendo al contribuyente la presentación de documentación en originales Forms. 200 (IVA), libros de compras IVA, facturas de compras originales detalladas en anexo, documentos que respaldan el .paqo realizado, así como otra documentación, para verificar las transacciones de respaldo a las facturas observadas; concediendo el plazo de 5 días hábiles a partir de notificada la Orden de Verificación para la presentación de la misma. Documentación presentada por el contribuyente, el 4 de julio de 2017, según consta en Acta de Recepción de Documentos

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Eri este sentido, la Administración Tributaria ejerció sus facultades específicas de verificación e investigación prevista en el arto 66 del CTB, ya que de acuerdo a reportes obtenidos de su Sistema SIRAT, obtuvo información de los supuestos proveedores del recurrente, respecto a las facturas observadas, (información que cuenta con valor probatorio según lo establecido por el arto 7 del OS W 27310). Posteriormente, también ejerciendo sus facultades específicas solicitó información al sujeto pasivo, y sobre la base de ello efectuó su trabajo de verificación concluyendo, que el sujeto pasivo se benefició indebidamente de crédito fiscal IVA. Tales conclusiones fueron expuestas en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

Al respecto, la Resolución Determinativa, señala que: “Verificada la documentaCión presentada e información extractada de la Base de Datos Corporativa (BCD) del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria Versión 2 (SIRAT2), se ha constatado en función al alcance definido por la modalidad de revisión que no se 

ha determinado ellmpuestos(s) conforme lo establece las normativa vigente a la fecha del hecho generador (…) Revisadas las notas fiscales, como respaldo al Crédito Fiscal . IVA del período sujeto a revisión se determinó Notas Fiscales No Válidas para el descargo del Crédito Fiscal, debido a que se encuentran fuera de rango de dosificación no autorizadas por el SIN; sin embargo, el contribuyente registro y declaró tales notas fiscales en Libros de Compras IVA y Declaraciones Juradas respectivamente, incurriendo en apropiación y uso indebido de Crédito Fiscal IVA)”. 

Por otra parte, la Resolución Determinativa N°. 171810000046, señala que en el plazo de 30 días que otorga la Vista de Cargo en aplicación a lo establecido en el arto 98 del CTB, el contribuyente no presentó descargos, por lo que ratificó la deuda establecida preliminarmente en la Vista de Cargo. 

De lo anotado precedentemente, se evidencia que la Resolución Determinativa N° 171810000046, explica los motivos y conceptos que sustentan la depuración de las facturas, para cada caso particular, a partir de la valoración de la evidencia encontrada, ya que el recurrente no especificó cuál sería la prueba omitida o en qué habría consistido la falta de fundamentación, por lo que se evidencia que la Administración Tributaria, en el presente proceso de verificación cumplió con su obligación de respaldar sus conclusiones a partir de valoración de la prueba presentada por el sujeto pasivo y la obtenida de su sistema informático, no siendo evidente lo manifestado por 

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.el recurrente de que la prueba presentada no fue valorada. En este caso, el recurrente tampoco presentó constancia alguna que demuestre que presentó ante la Administración Tributaria prueba cuya valoración se hubiese omitido. 

Co_nsecuentemente, no existe infracción procesal que conlleve la nulidad del procedimiento, así como tampoco existe vulneraciónde la garantía del debido proceso y a la defensa, establecidosen el arto115.11de la CPE, ya que la Resolución Determinativa N° 171810000046, fue emitida cumpliendo los requisitos exigidos en el arto99 del CTS; entre ellos el requisito de motivación, ya que explica los hechos y actos sujetos al gravamen y las razones que fundamentan la pretensión de la.Administración Tributaria, situación que evidencia que existió una valoración fáctica y jurídica en relación al cargo determinado, cumpliendo su finalidad de hacer conocer al contribuyente, el origen y cuantía de los reparos, por lo que no puede aducir indefensión, más aun cuando en el término probatorio. establecido por la Vista de Cargo, por negligencia propia no presentó pruebas que desvirtúen los cargos establecidos y demuestren la validez de las facturas, mediante la acreditación de la efectiva realización de las transaccionesobservadas, .cuando le correspondía aportar pruebas conducentes a efecto de establecerse la Verdad Material de los hechos, tomando en cuenta que en este caso la carga de la prueba recae en quien pretenda hacer valer sus derechos conformé el arto 76 d~l CTS, Y si bien efectuó la presentación de la documentación requerida mediante la Orden de Verificación Nro. 00150VE06656, la misma fue considerada por la Administración Tributaria insuficiente para desvirtuar las observaciones a su créditofiscal; lo cual, no implica que la valoración efectuada por la Administración Tributaria sea la correcta; aspecto que será analizado en el acápite siguiente.‘ 

Finalmente, respecto al reclamo del recurrente de que funcionarios del SIN no le 

permitieron presentar descargos, corresponde reiterar que tal afirmación no, fue . ,

acreditada, es decir no presentó prueba que respalde su denuncia, incumpliendo con la carga de la prueba establecidaen él arto76 del CTS, que exige a quien pretende hacer valer sus derechos, demostrar los hechos constitutivos de los mismos. 

IV.3. Indebida depuración de facturas que respaldan el crédito fiscal. 

El recurrente, manifestó que. una de las actividades que desarrolla es la venta de emillas que siembra y cosecha en la Localidad de Zona Vergel Comunidad Nogal 

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Pampa del Municipio de Villa Vaca Guzmán y que es trasladado a la ciudad de Sucre, donde tiene su centro de acopio en el domicilio conyugal a nombre de su esposa Elizabeth Matilde Aníbarro Vera, ubicado en barrio Quirpinchaca, calle innominada, que es usado también’ como almacén de sus productos químicos; centro de acopio construido a comienzos de noviembre de la gestión 2013 por el contratista Iver Alarcón, corriendo por su cuenta los gastos de construcción (materiales), por lo que aprovechando que realizaba viajes a La Paz -en su propio vehículo- con la finalidad de entregar sus productos, compró material de construcción en menos precio con relación al mercado de Sucre en tiendas de la ciudad de La Paz y de el Alto; sin embargo, la Administración Tributaria consideró que. estos gastos no estarían vinculados a su actividad económica y que se encontrarían fuera de rango de dosificación, cuando no era su responsabilidad verificar datos o registros de sus proveedores. 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que depurófacturas por estar fuera del rango de dosificación y no como erróneamente aseveró el contribuyente por falta de vinculación con la actividad gravada. Asimismo, señaló que en base a la documentación presentada por el recurrente, se verificó en el sistema informático del SIN (SIRAT2 y GAUSS) que las facturas no estaban autorizadas, conforme reportes de Consulta de dosificaciones;documentaciónque tiene toda la validez.probatoriaconformeel arto7 del OS N° 27310, por lo que el contribuyentese beneficióindebidamentede un créditofiscal que no le correspondía,conformeel arto41.1numeral2 de la RNO N° 10.0016.07. 

También, señaló que no basta que un contribuyentepresente facturas presumiblemente originales,sino que debe de demostrarla materializaciónde las transaccionescomerciales, en el presentecaso, el contribuyenteno demostróefectivamentela compra o adquisiciónde la mercadería consignada en las facturas observadas, es decir el perfeccionamientodel hecho generador.Citó como respaldode su argumentolas ResolucionesJerárquicasNros. AGIT-RJ 0307/2013, AGIT-RJ 0421/2012 Y AGIT-RJ 1516/2015. Respecto a la prueba presentada a esta instancia Administrativa bajo el pretexto de que no se le permitió presentarlaante la AdministraciónTributaria,objetó la misma al amparo del arto81 del CTB que dispone que deben rechazarse las pruebas ofrecidasfuera de plazo y que el sujeto pasivo debe probarque la omisión no fue por causa propia,y presentarlascon juramento de recienteobtención; por lo que la prueba presentadano cumpliríacon las exigenciaslegales que son de inexcusablecumplimiento. 

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De lo expuesto por las partes, la controversia a dilucidar consiste en establecer si la depuración del Crédito Fiscal declarado por el recurrente fue correcta y si la documentación presentada a la Administra.ción Tributaria como a esta instancia recursiva es suficiente para demostrar la validez de las facturas observadas y depuradas por el SIN. 

En este punto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en ellVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventarió de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, Buenos Aires2007, Pág. 630-631). 

En el marco de la valoración de las pruebas, el principio de verdad material es considerado en la doctrina tributaria, como el: ”Título que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes” (MARTíN José María y RODRíGUEZ USÉ Guillermo F., Derecho Tributario Procesal, Pág.13). Al respecto, el arto 200.1 del CTB, dispone que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo 

derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se presuma el cumplimiento de sus obligaciones, hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario. Así también, el principio de verdad material, está previsto en el arto 4 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del arto 200 del citado 

CTB; principio por el cual toda autoridad administrativa debe investigar la verdad :Q(!i1~”–rn1–_ material en oposición a la verdad formal. 

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Al respecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1069/2015 de 23 de junio de 2015, señala: “Así también es preciso referir la línea asumida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que establece que en los casos de Crédito Fiscal depurado se verifique con base en los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico así como el análisis de las pruebas aportadas, que la transacción se realizó, ya que al surgir para la Administración Tributaria una duda razonable respecto a su validez, la misma puede 

ser despejada o confirmada, mediante el análisis de las pruebas aportadas, cuando en 

la búsqueda de la verdad material se verifican a satisfacción los siguientes: 1) Emisión de la factura, según el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO); 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO) y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse en cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB)”. 

En relación al tema, los numerales 4 y 5 del arto 70 del CTB, establecen como obligación del Sujeto Pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los Créditos 

Impositivos que considere le correspondan. Asimismo, el arto 76 del CTB en cuanto a la carga de la prueba, dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, correspondiendo al recurrente presentar pruebas de la existencia de la transacción, más aún cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por la Administración Tributaria; pruebas que deben ser suficientes 

para demostrar la materialización dela operación gravada. 

Con relación a las características y requisitos formales que deben cumplir las facturas, el arto 13 de la Ley 843, prevé que: “El reglamento dispondrálas normas a que se deberá ajustarla forma de emisión de facturas,notasfiscaleso documentosequivalentes,así como los registros que deberán llevar los responsables”.En este entendido, el Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la RND N° 10-0016-07, con el objeto de reglamentar entre otros aspectos, los procedimientos generales de’ dosificación e inactivación de facturas, los requisitos y condiciones de la utilización del Crédito Fiscal contenido en 

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las facturas. Es así, que de acuerdo con lo previsto en el inciso 1)del arto3, de la citada norma, la dosificación es el procedimiento mediante el cual el sujeto pasivo o tercero responsable, solicita al SIN la habilitación de facturas, para su posterior activación y emisión; en tanto que, según el arto15.1,la dosificación es el procedimiento a través del cual la Administración Tributaria autoriza alsujeto pasivo, la dosificación de facturas . , por tiempo y cantidad para su posterior emisión, otorgando los siguientes datos: Número de Autorización, Número correlativo de factura o rango y Fecha Límite de Emisión. 

De igual manera, respecto a las condiciones para la utilización del Crédito Fiscal IVA, el arto 41 de la RND N° 10-0016-07, establece en su parágrafo 1, que las facturas generaran crédito fiscal siempre que cumplan los requisitos: 1) Sea el original del documento .y 2) haya sido debidamente dosificada porla _,Administración 

Tributaria, consignando el NIT del Sujeto Pasivo emisor, Número de Factura y Número de Autorización: y 3) Consigne la fecha de emisión yen el parágrafo 111,señala que las facturas ,que no contengan los requisitos antes mencionados, no darán lugar al cómputo delCrédito Fiscal. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Adrnmistración Tributaria, conforme a la Resolución Determinativa N° 171810000046, de 5 de marzo de 2018, observó 22 facturas de respaldo al crédito fiscal, por un total de 8s266.686.-, emitidas por los proveedores: “Importaciones y Representaciones BOL-BRAS” de Isabel Elvira Ibañez Ibañez: facturas Nros. 1857, 1861 Y 1867, todas con N° de Autorización 2001003182506; “Importación-Exportación Mendoza” de Soya Mendoza Yujra: facturas Nros. 701,’ 7,13, 719, 725, 733, 738, 744 Y 749, todas con N° de Autorización 2001002494851; “San Diego” de Diego Pablo Llanque 

. Soraide: facturas Nros, 910, 917, 924, 930, 935, 94q.y 944, todas con N° de , Autorización2101003232987; “FerreteríaImportadora Cristal” de Jhosymar Tarquiola Arce: facturas Nros. 753, 757, 761 Y 765, todas con N° de Autorización 2101001063576, emitidas entre él 02 Y el 20 de diciembre de 2013; por estar fuera de . rango de dosificación autorizado por el SIN, conforme al arto41 parágrafo I numeral 2) de la RND N° 10.0016.07. 

En el presente caso, las facturas citadas fueron observadas por estar fuera de rango de osificación autorizado, control que es de naturaleza informática, por cuanto la 

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fuente de información y prueba respecto a la eficacia tributaria de las referidas facturas es precisamente el Sistema de Facturación (GAUSS y SIRAT) implantado en la Administración Tributaria, en el que se registran las habilitaciones, rango de dosificación de facturas y formas de facturación autorizadas para cada contribuyente, según los requerimientos y naturaleza de la actividad gravada, información que tiene toda la validez probatoria, conferida por el arto7 del OS N° 27310. 

Ahora bien, de la revisión de las facturas emitidas por “Importaciones y Representaciones BOL-BRAS” de Isabel Elvira Ibañez Ibañez, Nros. 1857, 1861 Y 1867, se advierte que todas consignan el número de autorización 2001003182506; según el reporte de “Consultas de Dosificación” del sistema informático de la Administración Tributaria, cursante a fs. 41 del (C.A. W 1 SIN), dicha autorización fue delimitada dentro del rango de numeración del W 851 hasta el W 1350; y toda vez que las facturas observadas van del N° 1857 al 1867, efectivamente las mismas se encuentran fuera del rango de dosificación autorizada por el SIN, es decir que no tienen eficacia tributaria, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2) del arto41.1de la RND, N° 10-0016-07, que establece como requisito indispensable para la validez del Crédito Fiscal, que la nota fiscal sea debidamente dosificada por la Administración Tributaria. 

Asimismo, respecto a las facturas emitidas por “Importación-Exportación Mendoza” de Soya Mendoza Yujra, Nros. 701, 713, 719, 725, 733, 738, 744 Y 749, se advierte que todas consignan el número de autorización 2001002494851; según el reporte de “Consultas de Dosificación” del sistema informático de la Administración Tributaria, cursante a fs. 50 del (C.A. N° 1 SIN), dicha autorización fue delimitada dentro del rango de numeración del W 51 hasta el N° 150; Y toda vez que las facturas observadas van del N° 701 al 749, efectivamente las mismas se encuentran fuera del rango de dosificación autorizada por el SIN, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2) del arto 41.1 de la RND N° 10-0016-07, que establece como requisito indispensable para la validez del Crédito Fiscal, que la nota fiscal sea debidamente dosificada por la Administración Tributaria. Así también, se observa que dichas facturas llevan impresas como fecha límite de emisión el 15/07/2014, que difiere de la información registrada en los reportes de dosificación autorizada por la Administración Tributaria 19/12/2012. 

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Respecto a las facturas emitidas por “Sen Diego” de Diego Pablo L1anqueSoraide, Nros. 910, 917, 924, 930, 935, 940 Y 944, se advierte que todas consignan el número de autorización 2101003232987; sin embargo el reporte de “Consultas de Dosificación” del sistema informático de la Administración Tributaria, cursante a fs. 58 del (C.A. N° 1 SIN), con el que la Administración Tributaria pretendió respaldar su observación consigna el N° de autorización 2Q01003232987, diferente en un dígito al consignado en las facturas presentadas por el recurrente. 

En este último caso, esta instancia recursiva a efectos de demostrar la verdad material de los hechos a través de nota N° ARIT-CHQ-N° 0221/2018, de 15 de junio de 2018, requirió a la Administración Tributaria reporte de la “Consulta de Dosificación” del sistema informático de la Administración Tributaria con número de autorización 2101003232987. Solicitud atendida por la Administración Tributaria el 26 de junio de 2018. 

De la revisión de la nota de respuesta se evidencia que la misma señala que el contribuyente Diego Pablo L1anqueSoraide con NIT 836731501D, el 28 de enero de 2013, realizó la siguiente solicitud de dosificación: W de autorización 2Q01003232987, 

dentro del rango de numeración del N° 1201 a la 1450; de lo que se infiere que el número de autorización 2101003232987que consignan las facturas presentadas por el contribuyente, nunca fueron autorizadas por la Administración Tributaria, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2) del arto 41.1 de la RND N° 10-0016-07, que establece como requisito indispensable para la validez del Crédito Fiscal que la nota fiscal sea debidamente dosificada por la Administración Tributaria. 

Respecto a las facturas emitidas por Ferretería Importadora Cristal” de Jhosymar Tarquiola Arce Nros. 753, 757, 761 Y 765, se advierte que todas consignan el número de autorización 2101001063576; según el reporte de “Consultas de Dosificación” del sistema informático de la Administración Tributaria, cursante a fs. 63 del (C.A: N° 1 SIN), dicha autorización fue delimitada dentro del rango de numeración del N° 801

hasta el W 1800; y toda vez que las facturas observadas van del N° 753 a 765, efectivamente las mismas se encuentran fuera del rango de dosificación autorizada por el SIN, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2) del arto41.1de la RND N° 10-0016- 

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consiguientemente aquellas no autorizadas carecen de eficacia tributaria. Así también, se observa que dichas facturas llevan impresas como fecha límite de emisión el 17/05/2014, que difiere de la información registrada en los reportes de dosificación autorizada por la Administración Tributaria 17/01/2014. 

Sin embargo, corresponde también señalar que existen situaciones en las cuales: “los compradores de buena fe pagan e/ gravamen a proveedores que se consideran “legítimos”, los que sin embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplía con las obligaciones fiscales” (FENOCHIETTO, 

Ricardo. El impuesto al Valor Agregado. 2° Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, ante la existencia de un documento inválido, se preéautela el derecho del contribuyente al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al mismo tuvo lugar en los hechos. 

Ahora bien, en el presente caso el contribuyente presentó a la Administración Tributaria el 4 de julio de 2017, documentación del periodo diciembre de 2013, requerida en la Orden de Verificación Nro. 00150VE06656 (Form. 7531), consistente en Declaración Jurada IVA (Form. 200), Libro de Compras IVA, facturas de compras Originales detalladas en anexo; y nota s/n aclarando que las compras las efectuó con pago en efectivo, no contando c,?n otro medio de pago y/o documentación para respaldar sus compras: Adicionalmente, el recurrente ante esta instancia, junto a su memorial de Recurso de Alzada presentó documentación, consistente en Testimonio N° 154 de sustitución de poder, Minuta de Transferencia del vehículo, ‘contrato de prestación de servicios, informe técnico de certificación de construcción, certificación de pagos -RUAT lnrnuebles, declaración jurada de Elizabeth Matilde Aníbarro Vera; la misma que merece pronunciamiento por parte de esta instancia recursiva, conforme lo dispuesto por la SC N° 299/2013 de 02 de agosto de 2013, referente a la oportunidad de la presentación de la prueba. 

En ese entendido, inicialmente ‘corresponde precisar que el recurrente presentó prueba orientada a respaldar el crédito fiscal producto de las compras declaradas, argumentando que aprovechando que realizaba viajes a La Paz -en su propio vehículo con la finalidad de entregar sus productos, compró material de construcción en menos precio con relación al mercado de Sucre en tiendas de la ciudad de La Paz y de el Alto para la construcción de un centro de acopio para sus productos, en el inmueble a 

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AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACiÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

nombre de su esposa Elizabeth Matilde Aníbarro Vera, ubicado en el barrio 

Quirpinchaca

-, 

Ahora bien, de la revisión del Testimonio N° 154 de Sustitución de Poder que otorgó Wilson Arandia Almendras,en favor de Efraín Durán Sandoval, para que en representación de éste proceda a transferir en venta el vehículomarca Valva, clase camión, con placa de circulación W 1599-RRD y de la Minuta de Transferencia del vehículo citado a favor de Efraín Durán Sandoval, se evidencia que efectivamente el recurrente es propietario del vehículo, empero no es prueba suficiente que demuestre que aprovechando que realizó viajes a La Paz en su propio vehículo compró fierro de construcción, calamina ondulada, cañería galvanizaday tubos para la construcciónde su centro de acopio para sus productos de proveedoreslegalmenteestablecidosen la ciudadde La Paz y El Alto. 

Asimismo, se advierte que el Contrato Privado para Edificación de Obra: Ambiente Depósito y Depósito Auxiliar”, de 16de enero de 2014, suscrito entre el Contratista Iver Alarcón y el recurrente Efraín Durán Sandoval, establece como objeto del contrato la construcción de un depósito grande,y otro auxiliar en el lote de terreno de 2.404,45 mts. ubicado en la zona Quirpinchaca, calle sin denominación de la ciudad. de Sucre; estableciendoademás que el propietarioasumió la responsabilidadsobre gastos de la obra, entre ellos el suministro de materiales. Al efecto, también presentó Certificación de Construcción,emitido por el arquitecto Jenner Gómez Montalvo, certificando que en las gestiones 2013-2014 realizó trabajos arquitectónicos para Elizabeth Aníbarro Vera, consistente en: 1. Diseño arquitectónicode depósito para granosy productos agrícolas y diseño arquitectónico de departamentos en Planta Alta y otros niveles superiores en el inmueble ubicado en la calle Final Calama, iniciándosetrabajos para el depósito en octubre de 2013 y la construcciónen abril de 2014 y 2. Diseñoarquitectónicode un depósito auxiliar para productos agrícolas en otro predio ubicado en también en la calle Final Calama, proyecto del que no se inició obras civiles, concluyendo el trabajo con el diseño y presupuestosentregados;adjuntandodiseños,cálculosy fotografíasde la obra. 

Ahora bien, de la documentación descrita, se advierte que la misma demuestra que se contrató los servicios del contratista Iver Alarcón y del arquitecto Jenner Gómez Montalvo, para la construcciónde depósitos a ser utilizadoscomo centro de acopio de productos que 

“”””””,”,,,-comercializaen el inmuebleubicadoen el domicilioFinal CalamaS/n Zona Quirpinchacade propiedad de Elizabeth Matilde Aníbarro Vera, que según declaración notarial 0412/2018 

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declaró que vive en unión libre o de hecho desde el 2006 con Efraín Durán Sandoval; domicilio que coincide con el domiciliofiscal declarado por el recurrente en el Padrón del SIN; empero, esta documentación tampoco es suficiente para demostrar la emisión de facturas por los proveedoresy la efectiva realizaciónde la transacción;es decir, que esta documentaciónpor sí solos no es prueba idóneay suficientepara demostrarla transacción con un proveedor cuyas facturas no fueron autorizadas por la AdministraciónTributaria, hechos que generan duda razonable sobre la credibilidad de las facturas declaradas por el recurrente, que den lugar a un créditofiscal válido. 

Consecuentemente,toda vez que las facturas de respaldo a su crédito fiscal fueron observadas por carecer. de un requisito primordial como es la dosificación o autorización correspondiente, condición habilitante de dicho documento, como susceptible de acreditar una transacción con efectos tributarios, está claro que la presentación de las mismas conllevan a una falta de credibilidad, por lo cual, a efectos de demostrar la verdad material, el sujeto pasivo estaba obligado según los numerales 4 y 5 del arto70 del CTB, a aportar otros documentos, que de forma clara, comprensible e indubitable, permitan identificar la verdad material, en este caso la 

. adquisición de los bienes de un proveedor legalmente autorizado para la emisión de facturas válidas para respaldar el crédito fiscal, aspecto que debería probarse por ejemplo con el libro de ventas del proveedor -en el que efectivamente se demuestre si declaró las facturas observadasy por los cuales haya tributado-documentoque bien pudo presentar para desvirtuar la observación de las facturas de compra por no haber sido autorizadas para su emisión por la Administración Tributaria, máxime si las compra de mercaderías se efectuó de proveedores habituales’ a quienes se pagó en efectivo, empero dicha versión no encuentra respaldo en documento alguno de los proveedores que avalen tal aseveración, consiguientemente las facturas presentadas carecen de eficacia tributaria. 

Considerando el cargo observado por la Administración Tributaria, es evidente que el recurrente en la etapa de verificación y en esta instancia recursiva, no presentó prueba idónea, conforme el arto 76 del CTB, que permita establecer que las facturas observadas y depuradas, fuesen dosificadas y autorizadas por la Administración Tributaria, y tampoco la efectiva realización de la transacción con los supuestos proveedores. 

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AUTORIDAD REGIONAL DE 

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Estado Plurinacional de Bolivia 

Respecto a lo afirmado por el recurrente, en sentido que como comprador no le corresponde verificar si las facturas emitidas por sus proveedores carecen de validez y legalidad, mucho menos si tenían autorización de la Administración Tributaria, cabe señalar, que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales es responsabilidad de quien las emite -el proveedor- no es menos cierto que las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria admiten prueba en contrario, y si acaso el comprador hubiese tenido relación comercial efectiva con los supuestos proveedores, bien pudo acudir a ellos para reclamar los elementos probatorios necesarios para desvirtuar la observación de la Administración Tributaria, por cuanto en las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae sobre quien pretende hacer valer sus derechos, conforme dispone el arto 76 del CTB; empero, en el presente caso.: la prueba aportada no establece que tuvo relación comercial con los supuestos proveedores. Por tanto no es admisible, que el sujeto pasivo se beneficie de un crédito fiscal respecto del cual la Administración Tributaria demostró que las facturas no fueron legalmente dosificadas, respecto a los cuales el contribuyente tampoco demostró la existencia real de transacciones de compra con los supuestos emisores de dichas facturas, situación en la que extrañamente resultan varios proveedores con la misma observación, lo que ratifica en este caso, la inexistencia de una transacción real con el ahora recurrente. 

Consecuentemente, se establece que los documentos de descargo presentados no son suficientes para establecer la validez de las facturas emitidas por los proveedores “Importaciones y Representaciones BOL-BRAS” de Isabel Elvira Ibañez Ibañez, “Importación-Exportación Mendoza” de Soya Mendoza Yujra, “San Diego” de Diego Pablo Llanque Soraide y “Ferreteria Importadora Cristal” de Jhosymar Tarquiola Arce a favor de Efraín Durán Sandoval ya que no cumplen con los requisitos de validez, establecidos en el inciso 2) del arto 41.1 de la RND N° 10.0016.07 que dispone Haber sido debidamente dosificada por la Admini~tración Tributaria, disposición que es fuente del Derecho Tributario según prevé el arto 5 del CTB, más aún cuando los proveedores de forma directa no efectuaron reconocimiento alguno de haber emitido dichas facturas a favor del empresa recurrente, y tampoco solicitaron a la Administración Tributaria la corrección mediante el proceso de regularización de facturas o notas fiscales con errores de emisión; por lo que si bien dichas notas fiscales están materialmente en posesión del contribuyente, las mismas carecen de valor y eficacia jurídica tributaria; es decir, que al no haber cumplido con los requisitos 

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legales establecidos para el efecto, dichos documentos no nacieron a la vida jurídica y por tanto, no pueden producir efectos jurídicos tributarios respecto al Crédito Fiscal, más aún, cuando el recurrente no presentó documentación alguna que demuestre la efectiva realización de la transacción, es decir la compra a los supuestos proveedores, 

requisito a ser cumplido para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal, en aplicación de los arts. 8 de la Ley 843, numerales 4 y 5 del arto 70 del CTB y las reiteradas resoluciones emitidas por la Autoridad de Impugnación Tributaria entre ellas las 

Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, STG/RJ/0156/2007, AGIT-RJ-0488-2015 y AGIT-RJ-1665-2015, ya que en este caso pretendió acreditar la realización de las transacciones con declaración de una tercera persona que se arrogó una supuesta representación sin respaldar la legalidad de las supuestas facturas que hubiese emitido. 

Asimismo, es pertinente citar el precedente establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1181/2015 de 20 de julio de 2015, que señala: “De aceptar que se presenten facturas sin valor legal tributario,se abriríapeligrosamentelas puertas para que bajo el Principio de Buena Fe, los contribuyentes presenten toda clase de facturas y documentos equivalentessin valor legal para beneficiarsede un CréditoFiscal inexistente, lo’ que en un Estado Social y Democrático de Derecho, que se rige por normasjurídicas tributarias generales y obligatorias,es inaceptable; caso en el cual, el Estado perdería ingresospor doblepartida: al no cobrar los Impuestosal proveedorpor la venta de bienes o servicios prestados y al reconocer un Crédito Fiscal por un tributo que nunca pagó el proveedor; por lo tanto, no se puede otorgar validez a documentos que no tienen valor legar. 

Por los argumentos expuestos precedentemente corresponde mantener la observación realizada’ por la Administración Tributaria respecto a las facturas citadas precedentemente por un importe total de Bs266.686.- y crédito fiscal depurado de Bs34.669.-. 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

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AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACiÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

artículos 132 Y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) yart. 141 del OS N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 171810000046, de 5 de marzo de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria de 21.563 UFV’s, que comprende tributo omitido e intereses; así como la sanción de 18.203 UFV’s, correspondiente a la contravención de omisión de pago, equivalente al 100% del tributo omitido. Todo conforme, al artículo 212.l.b) del CTB. 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al arto 140. Inciso c) de la Ley N° 2492 Y sea con nota de atención. 

CUARTO.- Conforme prevé el arto144 de la Ley N° 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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