ARIT-CHQ-RA-0147-2012 Resolución Administrativa anulada por prescripción del Impuesto a las Transacciones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes

ARIT-CHQ-RA-0147-2012

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0147/2012  

RECURRENTE: GLORIA PALENQUE GUTIERREZ  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SIN,  representada legalmente por MARIA GUTIERREZ ALCON.  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0051/2012.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 17 de septiembre de 2012.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Gloria Palenque Gutiérrez contra la Resolución  Administrativa Nº 23-000098-12 de 17 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital  Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de Admisión de 5 de julio de  2012; la notificación a la Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, para que en sujeción al  procedimiento establecido en el CTB conteste y remita a la ARIT-CHQ, los  antecedentes administrativos de los actos impugnados; la prueba producida por las  partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe  Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0147/2012 y todo cuanto ver convino y se  tuvo presente.

CONSIDERANDO  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado,  trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada,  se tiene lo siguiente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Administrativa Nº 23-000098-12 de 17 de mayo de 2012, rechazó la solicitud de  prescripción del Impuesto a las Transacciones y a la Transmisión Gratuita de Bienes de la  señora Gloria Palenque Gutiérrez, obligaciones emergentes del Testimonio Nº 325/1970  “Testamento Abierto Solemne” de 6 de agosto de 1970. La referida Resolución fue  notificada personalmente a José Raúl Vásquez Rivera, apoderado de Gloria Palenque  Gutiérrez el 23 de mayo de 2012 e impugnada el 11 de junio de 2012 mediante Recurso de  Alzada presentado dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB.

  1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

  

José Raúl Vásquez Rivera, apoderado de Gloria Palenque Gutiérrez (recurrente) impugnó  la Resolución Administrativa 23-000098-12 de 17 de mayo de 2012, que resolvió rechazar  la solicitud de prescripción del Impuesto a las Transacciones y a las Transmisiones  Gratuitas de Bienes emergentes del Testimonio Nº 325/1970 “Testamento Abierto Solemne”

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de 6 de agosto de 1970, bajo el argumento de que las deudas contra el Estado no  prescriben de acuerdo al art. 324 de la CPE.

Señaló que el hecho generador de los tributos, ocurrió el 10 de agosto de 1970,  producto de la herencia mediante testamento perfeccionado a momento del deceso de  su causante, acaecido en fecha anteriormente indicada; y en función de la fecha y año  del suceso, se encontraba en vigencia el Código Tributario 1970 de 2 de julio de 1970;  y que en relación a los derechos adquiridos es la norma aplicable a la especie en virtud  de la ultractividad de las normas jurídicas, en interpretación del art. 123 de la CPE.

Alegó falta de motivación y fundamentación en la resolución impugnada, además que  ésta generó agravios por la vulneración del principio de legalidad y flagrante violación  del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley.

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa 23-000098-12 de  17 de mayo de 2012, declarando prescritos el Impuesto a las Transacciones (IT) y el  Impuesto a las Sucesiones y Transmisiones Gratuitas de Bienes (ISTGB), emergentes del  Testimonio Nº 325/1970 “Testamento Abierto Solemne” de 6 de agosto de 1970.

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198. b) del CTB;  subsanada la observación, mediante Auto de 5 de julio de 2012 se admitió el mismo y se  dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste  y remita todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados  con el acto administrativo impugnado, todo en aplicación del art. 218 c) del CTB; auto  notificado legalmente a la entidad recurrida el 16 de julio de 2012, conforme a diligencia  cursante a foja 25 de obrados.

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA.  

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, la Administración Tributaria  respondió en forma negativa al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto la Lic.  María Gutiérrez Alcón en representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, quien  señaló que la falta de motivación que reclama el recurrente no tiene fundamento, debido a  que la Resolución Administrativa cuenta con la base legal que sustenta el rechazó de la  solicitud de prescripción, es decir, el art. 324 de la CPE y el art. 7 del DS 21532.

Asimismo, aclaró que en ningún momento se contravino el principio de igualdad y que la  Administración Tributaria tiene una posición institucional definida respecto a la  imprescriptibilidad de las deudas emergentes del pago de impuestos. Alegó también que  sus actuaciones en la emisión de la Resolución Administrativa impugnada, estuvieron  enmarcadas dentro de las normas y procedimientos legales vigentes.

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa Nº 23-000098-12 de 17  de mayo de 2012.

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  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 31 de  julio de 2012, que cursa a fojas 30 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio  común y perentorio a las partes de 20 días. En esta fase la entidad recurrida mediante  memorial de 15 de agosto de 2012, se ratificó en toda la prueba presentada junto al  memorial de respuesta al recurso de alzada. Por su parte el apoderado de la recurrente no  presentó mas prueba.

  1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto  en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad  y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la  Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de  impugnación contra la Resolución Administrativa Nº 23-000098-12 de 17 de mayo de 2012,  se inició el 11 de junio de 2012, conforme consta por el cargo de recepción cursante a fojas  11 de obrados.

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fojas 37 a 38 de obrados, se tiene que el plazo de  los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme  dispone el art. 210 III del CTB, vence el 1 de octubre de 2012.

VII. RELACIÓN DE HECHOS.  

  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de  hechos:

El 8 de mayo de 2012, José Raúl Vásquez Rivera, apoderado de Gloria Palenque  Gutiérrez, mediante nota dirigida a la Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, solicitó  declaratoria de prescripción de los impuestos a las Sucesiones y Transmisiones Gratuitas  de Bienes y del Impuesto a las Transacciones, emergentes del Testimonio Nº 325/1970  “Testamento Abierto Solemne” de 6 de agosto de 1970; el cual acredita que el Sr. Enrique  Palenque Martínez, dejó en calidad de herencia un Lote de Terreno en la calle Eduardo  Berdecio del Barrio Pockonas de esta ciudad. A través del Testimonio DOC 263451 de 27  de enero de 2011, emitido por el Registro de Derechos Reales del Distrito de Chuquisaca,  mediante formulario Nº 1745739, acredita la inscripción de propiedad del lote de terreno a  favor de Gloria Palenque Gutiérrez y otros coherederos (fs. 2 a 8 Cuadernillo de  Antecedentes).

El 17 de mayo de 2012 la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, mediante Resolución Administrativa Nº 23-000098-12, rechazó la solicitud de  prescripción de los Impuestos a las Transacciones y Transmisiones Gratuitas de Bienes,  emergentes del Testimonio Nº 325/1970 “Testamento Abierto Solemne” de 6 de agosto de  1970. Resolución notificada personalmente a José Raúl Vásquez Rivera, apoderado de  Gloria Palenque Gutiérrez el 23 de mayo de 2012 e impugnada el 11 de junio de 2012 (fs. 9  a 16 Cuadernillo de Antecedentes).

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VIII. MARCO LEGAL.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  

Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a  una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada  previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido  impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

Artículo 123.- La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo,  excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las  trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o  al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos  cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los  casos señalados por la Constitución.

Artículo 324.- No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.  CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  

Artículo 74.- (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos  tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con  arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la  naturaleza y fines de la materia tributaria:

  1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del  Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas  contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán  supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás  normas en materia administrativa.

Artículo 143.- (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra  los siguientes actos definitivos:

  1. Las resoluciones determinativas.
  2. Las resoluciones sancionatorias.
  3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o  devolución de impuestos.
  4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de  devoluciones impositivas.
  5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de  obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días  improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.

LEY N° 3092, TÍTULO V DEL CTB.  

Artículo 4.- Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano,  el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también  contra:

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  1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones  Juradas Rectificatorias.
  2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago.  3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por  prescripción, pago o condonación.
  3. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la  Administración Tributaria.

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

Artículo 28.- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos  esenciales del acto administrativo los siguientes:

  1. a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente.
  2. b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y  en el derecho aplicable;
  3. c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;  d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales  y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;  e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las  razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en  el inciso b) del presente artículo; y
  4. f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico

Artículo 30.- (Actos Motivados). Los actos administrativos serán motivados con  referencias a hechos y fundamentos de derecho cuando:

  1. a) Resuelvan recursos administrativos.

Artículo 32.- (Validez y Eficacia). I. Los actos de la Administración Pública sujetos a  esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o  publicación.

Artículo 36.- (Anulabilidad del acto). I. Serán anulables los actos administrativos que  incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el  artículo anterior.

  1. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo  determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales  indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

DS Nº 27113, REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

Artículo 31.- (Motivación). II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes  y circunstancias que resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de  derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará  las pruebas determinantes para la decisión.

Artículo 55.- (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto  anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión  de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para  evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a  petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier  estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o

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adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones  observadas.

DS Nº 21532, REGLAMENTO AL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES.  

Artículo 7.- El impuesto se liquidará y pagará por, períodos mensuales en base a  declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será  realizado dentro de los 15 (quince) días siguientes al de la finalización del mes al que  corresponde.

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste, aún cuando durante el  periodo fiscal el contribuyente no hubiera tenido ingresos gravados por este impuesto.  Se exceptúa de la presentación en el plazo mencionado en el primer párrafo de este  articulo, a los contribuyentes que efectúen transmisiones de dominio a título oneroso o  gratuito de bienes inmuebles urbanos y rurales, vehículos automotores, aeronaves,  motonaves, acciones, cuotas de capital, quienes presentarán las declaraciones y  pagarán el impuesto respectivo dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la  fecha del nacimiento y formalización del hecho imponible. Las declaraciones juradas se  elaborarán individualmente por cada bien, excepto en el, caso de acciones y cuotas de  capital, en el cual la declaración jurada se elaborará por operación.

  1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS.  

La recurrente en el recurso planteado observa aspectos de forma como la falta de  motivación con referencia a hechos y fundamentación del Acto Administrativo  impugnado y otros de fondo. Por su parte la Administración Tributaria señaló que sus  actuaciones en la emisión de la Resolución Administrativa impugnada, estuvieron  enmarcadas dentro de las normas y procedimientos legales vigentes; por lo que en primer  lugar se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los  vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se  ingresará al análisis de los aspectos de fondo en los actuados efectuados por la  Administración Tributaria.

9.1. Sobre la fundamentación del acto administrativo definitivo.  

Al respecto, la doctrina tributaria establece que “el acto debe estar razonablemente  fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los  razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe  serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual  se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas  existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO Agustín, Tratado de  Derecho Administrativo – Tomo IV, Octava edición, 21 de 27 Fundación de Derecho  Administrativo, Buenos Aires – Argentina, 2004, Pág. II-36 y II-37).

Por otra parte, en lo referente a la necesidad de que toda resolución emitida por una  autoridad esté fundamentada, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional  SC 1369/2001-R, manifiesta lo siguiente: “el derecho al debido proceso (…) exige que  toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad  que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar  la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la  misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una  Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los  hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 

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citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se  declare en tal o cual sentido..” (las negrillas son propias).

Por su parte, el art. 28 de la Ley N° 2341 (LPA), entre los elementos esenciales del Acto  Administrativo, distingue -entre otros- a: “b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos  y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; (…) e) Fundamento:  Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen  a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente  artículo”.

En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos I y II del art. 36 de la LPA, aplicable  supletoriamente por mandato del art. 74.1 del CTB, señalan que serán anulables los actos  administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, y no  obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la  anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para  alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Asimismo, el art. 55 del Decreto Supremo Nº 27113, dispone que: “Será procedente la  revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio  ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad  administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos  equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento,  dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más  convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”, de acuerdo a esta  normativa la nulidad puede ser solicitada en cualquier estado del procedimiento o en su  caso dispuesta de oficio por la autoridad administrativa.

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que ante la  solicitud de prescripción de los Impuestos a las Transacciones y Sucesiones y Transmisión  Gratuita de Bienes, formulada por la recurrente, la Administración Tributaria -el 17 de mayo  de 2012- emitió la Resolución Administrativa Nº 23-000098-12 rechazando la solicitud de  prescripción de las obligaciones emergentes del Testimonio Nº 325/1970 “Testamento  Abierto Solemne” de 6 de agosto de 1970, acto administrativo en el que cita el art. 7 del DS  21532 (Reglamento del IT), que establece que la presentación de la DDJJ y el pago del  impuesto debe realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha del  nacimiento y formalización del hecho imponible, debiendo tomar como fecha de inicio  para el cómputo de la prescripción, la de la presentación de la declaración jurada  correspondiente a la fecha en que la Administración haya tomado conocimiento formal  del hecho generador; de igual modo refiere el art. 324 de la CPE que señala que las  deudas con el Estado no prescriben (fs. 7 a 10 de antecedentes administrativos).

Al respecto, se advierte que el memorial presentado por la recurrente el 8 de mayo de 2012,  ante la Administración Tributaria, claramente solicita se declare la prescripción de los  impuestos emergentes del Testimonio Nº 325/1970 “Testamento Abierto Solemne” de 6 de  agosto de 1970, fundamentando su solicitud amparado en los artículos 22, 38 numeral, 2,  41 numeral 5 y 53, 54 y 57 del Código Tributario de 2 de julio de 1970 vigente a la fecha del  hecho generador y ante la inexistencia de elemento alguno que acredite que la  Administración Tributaria en esa época o en la actual haya interrumpido dicho término;  aspectos de hecho y derecho que no fueron considerados por la Administración Tributaria,  que simplemente rechazó la solicitud de prescripción mencionando el art. 7 del DS 21532  del 27 de febrero de 1987 (Reglamento del IT) y el art. 324 de la CPE, promulgada el 7  de febrero de 2009, sin explicar o fundamentar por qué tales disposiciones emitidas

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con posterioridad al fallecimiento del causante y registro de la sucesión en la oficina de  Derechos Reales de Chuquisaca, son de aplicación retroactiva al caso; es más, no  existe análisis de cómo y cuándo se habría perfeccionado el hecho generador de los  impuestos cuya prescripción se rechaza y la normativa aplicable al caso; finalmente se  extraña el análisis respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria sobre las  que correspondería oponer la prescripción y consiguiente pronunciamiento de la  Administración Tributaria.

 

En ese sentido es evidente que el acto definitivo emitido por la Administración Tributaria,  incumplió con lo previsto en el art. 28 inc. e) de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable  supletoriamente por previsión del art. 74.1 del CTB, omisión que impide a esta Autoridad  recursiva, pronunciarse sobre el fondo del acto impugnado en tanto éste no cumpla los  requisitos esenciales previstos en el art. 28 de la LPA antes citado, situación que da lugar a  declarar la nulidad de obrados conforme previsión del art. 55 del DS 27113; por cuanto el  ingresar al análisis del fondo del recurso, sin que previamente la Administración recurrida se  haya pronunciado específicamente y de manera fundamentada sobre la cuestión planteada,  implicaría invadir la competencia de la Administración Tributaria y uso inadecuado de las  facultades de revisión otorgadas en el procedimiento de recurso de alzada.

En consecuencia, toda vez que un acto es anulable cuando carezca de los requisitos  formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los  interesados, de conformidad a lo previsto en los art. 36 de la Ley Nº 2341 y 55 del DS  27113, aplicable en materia tributaria en virtud del Numeral 1, artículo 74 del CTB, al  evidenciarse que la Resolución Administrativa Nº 23-000098-12 de 17 de mayo de 2012,  como acto definitivo, no contiene una debida fundamentación de hecho y derecho en  razón de no haberse sustentado en el análisis de los hechos y antecedentes que le  sirven de causa y de las cuales resulten las razones del rechazo de la prescripción,  conforme a lo previsto en los art. 28 b) y e) de la Ley 2341 y 31.II del DS 27113,  aplicables supletoriamente en virtud del Numeral 1, art. 74 del CTB; es decir ha emitido  un acto sin cumplir los requisitos formales, generando indefensión en el sujeto pasivo,  corresponde a ésta instancia anular actuados con reposición de obrados hasta el vicio  más antiguo, es decir, hasta que la Administración Tributaria emita nuevo acto  administrativo debidamente motivado y fundamentado.

Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados precedentemente,  corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia  eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa, concluye que la Gerencia Distrital  Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en el presente procedimiento, no efectuó  una correcta aplicación de la normativa tributaria en vigencia.

POR TANTO  

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto  Supremo Nº 29894,

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RESUELVE: 

Primero.- ANULAR, la Resolución Administrativa Nº 23-000098-12 de 17 de mayo de 2012,  emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales, debiendo la  Administración Tributaria emitir nueva resolución que responda de manera fundamentada a  la solicitud de prescripción impetrada en aplicación de art. 28 Incisos b) y e) de la Ley Nº  2341 y 31.II del Decreto Supremo Nº 27113, aplicables supletoriamente en virtud del  Numeral 1, art. 74 del CTB. Todo de conformidad a la fundamentación técnico jurídico  realizada y con lo previsto por el art. 212-I inciso c) del CTB.

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente  Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario  Boliviano.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

 

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