ARIT-CHQ-RA-0146-2012 Resolución Determinativa anulada por incorrecta tipificación de la contravención impositiva, de parte del SIN por acogerse a una norma incorrecta al momento de realizar la resolución

ARIT-CHQ-RA-0146-2012

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0146/2012  

RECURRENTE: EDWIN OVANDO CALLEJAS  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SIN,  representada legalmente por MARIA GUTIERREZ ALCON.  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0049/2012.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 7 de septiembre de 2012.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Ovando Callejas contra lla Resolución  Determinativa Nº 17-000104-12 de 11 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital  Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; el Auto de Admisión de 18 de junio de  2012; la notificación a la Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, para que en sujeción al  procedimiento establecido en el CTB conteste y remita a la ARIT-CHQ, los  antecedentes administrativos de los actos impugnados; la prueba producida por las  partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe  Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0146/2012 y todo cuanto ver convino y se  tuvo presente.

CONSIDERANDO  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado,  trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada,  se tiene lo siguiente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución  Determinativa Nº 17-000104-12 el 11 de mayo de 2012, determinando de oficio y sobre  base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Ovando Callejas Edwin titular del  NIT 1076851018, estableciendo una deuda tributaria por Impuesto al Valor Agregado (IVA)  por los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2008 de UFV’s 21.605 (Veintiún  mil seiscientas cinco 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por Tributo Omitido e  Intereses; sancionando su conducta por Omisión de Pago con una multa igual al 100% del  tributo omitido cuyo importe asciende a UFV’s 15.048 (Quince mil cuarenta y ocho 00/100  Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB; de igual modo  sancionó con una multa de UFV’s 1.000 (Un mil 00/100 Unidades de Fomento a la  Vivienda) por incumplimiento a deberes formales, establecidos en Actas por  Contravenciones Tributarias Nros. 13130 y 13131, labradas durante el procedimiento de  verificación. Resolución Determinativa notificada personalmente el 14 de mayo de 2012, tal  como consta en la diligencia de fs. 10 del expediente.

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  1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

  

El recurrente que en la Resolución Determinativa impugnada no se efectúa una correcta  interpretación de la norma en la que basa la ilegal depuración del crédito fiscal de los  importes correspondientes al IEHD y de los errores de registro determinados que dieron  lugar a la sanción de supuestos incumplimientos a Deberes Formales, faltando al art. 14.IV  de la CPE y al principio de legalidad establecido en el art. 6 del CTB.

Reclamó la falta de valoración por la Administración Tributaria de la prueba de descargo  oportunamente, ya que en Resolución Determinativa, primero refiere que no habría  presentado descargo alguno; empero luego la misma Resolución se pronuncia rechazando  los descargos presentados, argumentando simplemente una verificación al Padrón de  Contribuyentes e indicando que el contribuyente se encuentra inscrito con la actividad de  Comercio Minorista, sin mencionar normativa legal que respalde la incorrecta y arbitraria  depuración de Crédito Fiscal de notas fiscales excluyendo los montos que corresponden al  IEHD.

Por otra parte, afirmó que la Administración Tributaria basó su supuesta omisión de  ingresos mencionando que registró en Libro de Compras IVA el importe total de las facturas  observadas sin excluir los montos que corresponden al IEHD, estableciéndose notas  fiscales con validez parcial motivo por el cuál procedió a la depuración parcial en aplicación  del Decreto Supremo art. 8 puntos 1 y 2 que se refiere al art. 8 de la Ley 843, normativa  que se refiere a la aplicación de créditos proporcionales por incorporación de bienes y  servicios a operaciones gravadas y no gravadas y que no tiene relación con la ilegal  depuración del crédito fiscal por IEHD, sin señalar la norma específica que establezca que  el importe por IEHD no sea sujeto a crédito fiscal para el comprador.

Por otro lado manifestó que por expresa disposición de la Ley, sus proveedores en calidad  de importadores, son los sujetos pasivos obligados al pago del IEHD, al ser las personas  jurídicas en las cuales se perfecciona el hecho generador de la obligación tributaria; estando  obligados a consignar en sus facturas de venta el importe por IEHD en forma separada,  sólo para fines de liquidación del IVA e IT, tal como establece el art. 2º del DS 25530, ya  que estos no pueden pagar impuesto sobre impuesto, es decir, débito fiscal IVA sobre el  IEHD. Explicó que al incluirse el IEHD en el precio de venta final de la refinería, el total  facturado tanto los distribuidores mayoristas y cualquier comercializador de derivados de  hidrocarburos, como poseedores de notas fiscales, pueden utilizar el importe total  consignado en las mismas como crédito fiscal, citando como fundamento los arts. 110 y 111  de la Ley 843, art. 2 del D.S. 24055 modificado por el art. 11 del DS 27190, art. 12 del DS.  24914, arts. 1,2 y 3 del DS. 24947, Resolución Nº 1388/97; normativa que reglamenta el  IEHD. Continuó argumentando que el art. 9 de la Ley 1689 (Ley de Hidrocarburos)  menciona que una de las actividades petroleras es la Comercialización que origina dos  etapas: mayoristas y minoristas. Siendo los importes que corresponden a los minoristas  similares al de los mayoristas, es decir que para el cálculo del Crédito Fiscal se aplicará la  alícuota del IVA vigente, sobre el total facturado incluido el IEHD. Por lo tanto, su persona  en calidad de comerciante minorista, tiene derecho a gozar del total de crédito fiscal  contenido en las notas fiscales emitidas por sus proveedores.

Por otro lado, observó que la RND 10.0016.07 con la que se pretende sancionar supuestos  Incumplimientos a Deberes Formales por errores de “Registro en Libro de Compras IVA”,  no señala como deber formal la “Presentación del Libro de Compras IVA a través del  módulo Da Vinci – LCV sin errores”, tal como lo establece la RND 10.0030.11 que establece

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la “Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci sin  errores por periodo fiscal”, recientemente emitida por el SIN, por tanto las Actas por  Contravenciones Tributarias emitidas violan el principio jurídico “Nulla Poena Sine Lege”, y  lo establecido en el Título IV , Capítulo I, art. 148 del CTB, que define a los Ilícitos  Tributarios; argumentó que la actuación del SIN es contraria a toda norma de derecho, por  cuanto sanciona una acción que no se encuentra tipificada como incumplimiento en la  normativa específica y con una multa que no corresponde, demostrando transgresión al  principio de Legalidad o Reserva de Ley previsto en los arts. 6 y 64 del CTB.

Solicitó, que en caso de que se decidiera dar tutela en parte a la Resolución Determinativa  en cuanto a Incumplimiento a deberes Formales se considere el art. 50 del CTB que en  concordancia con el art. 123 de la CPE, que expresamente señala el carácter irretroactivo  de la Ley, salvo excepciones en la materia, “cuando establezcan sanciones mas benignas”  como la contenida en la RND 10.0030.11 correspondiendo modificar la sanción impuesta a  UFV’s 50.

 

Finalmente solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa 17-000104-12  (SIN/GDCH/DJCC/TJ/RD/0071/2012) de 11 de mayo de 2012.

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198. b) del CTB;  subsanada la observación, mediante Auto de 18 de junio de 2012 se admitió el mismo y se  dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste  y remita todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados  con el acto administrativo impugnado, todo en aplicación del art. 218 c) del CTB. Auto que  fue notificado a la entidad recurrida el 25 de junio de 2012, conforme a la diligencia de foja  22 de obrados.

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA.  

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, la Administración Tributaria  respondió en forma negativa al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto la Lic.  María Gutiérrez Alcón en su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, afirmando  que en el último párrafo de la pág. 6 de la Resolución Determinativa, se indica que el  recurrente presentó descargo a la Vista de Cargo, y que analizado el mismo fue rechazado  exponiendo los motivos y la base legal sobre los cuales se apoyó dicha decisión en nota a  foja 204 del Cuadernillo de Antecedentes 1 SIN y que el recurrente demuestra tener  conocimiento de los fundamentos bajo los cuales fue rechazado el descargo presentado.

Con relación a la normativa citada por el recurrente en su memorial de recurso (arts. 1,2,3  del DS 24947 y arts. 1,2,3 del DS 25530), señaló que se encuentra referida a ventas  efectuadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y refinerías, no aplicable al  presente caso, explicando que para la depuración de crédito fiscal se consideró la  concepción doctrinal que se tiene de dos figuras tributarias en el IVA: débito y el crédito  fiscal, constituyendo estas figuras una paridad indisoluble, ya que la existencia del crédito  fiscal está determinada por el correspondiente débito fiscal, por lo que en el presente caso  al no generarse débito fiscal respecto al importe del IDH, no puede generarse un crédito  fiscal por el mismo importe, ya que de producirse esta situación se estaría ante la existencia  de un beneficio fiscal sin fundamento.

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Por otra parte, manifestó que el recurrente de acuerdo a consulta al Padrón de  Contribuyentes realiza actividad de Comerciante Minorista, por lo que no se encuentra  alcanzado por la disposición legal del art. 3 del DS. 25530 que se refiere expresamente a  Distribuidores mayoristas y que la Resolución Nº 1388/97 está dirigida a los consumidores  finales; disposiciones legales que no son aplicables al caso. Por otro lado, aclaró que en  ningún momento se pretende cobrar el importe del IEHD, al no ser sujeto pasivo de este  impuesto, sino retirar un crédito indebidamente utilizado, el cuál determina una omisión  injustificada de ingresos para el fisco.

En relación a la supuesta falta de tipicidad alegada por el recurrente, manifestó que el art.  160.5 del CTB establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros  deberes formales y que la RND 10.0016.07 en su art. 47.II punto 2 establece la obligación  que tienen los contribuyentes de registrar en su libro de Compras IVA la factura que  corresponda, sancionando con una multa de 500 UFV`s al contribuyente que incumpla el  deber formal de “Registro de Libros de compras y ventas IVA de acuerdo a lo establecido  en norma específica” según el punto 3.2 del Anexo A) de la RND 10.0037.07, de lo que  concluyó que el Incumplimiento a deber formal se encuentra debidamente previsto por la  normativa tributaria, no siendo evidente la falta de tipicidad.

Por lo expuesto, solicitó se resuelva confirmando la Resolución Determinativa Nº 17- 000104-12 (SIN/GDCH/DJCC/TJ/RD/071/2012) de 11 de mayo de 2012, oportunidad en  la que adjuntó una carpeta que contiene los antecedentes del proceso de fs. 1 a 233.

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, mediante  Auto de 11 de julio de 2012, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días  comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su notificación conforme consta por  las diligencias de fojas 29 y 30 de obrados.

En esta fase, el recurrente mediante memorial de 25 de julio de 2012, adjuntó impresiones  de la normativa citada en su recurso. Por su parte, la entidad recurrida mediante memorial  de 31 de julio de 2012 se ratificó en la prueba documental presentada junto a la respuesta  al recurso de alzada.

  1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el art. 141  del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y  competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del  marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el  procedimiento administrativo de impugnación contra la la Resolución Determinativa Nº 17-

000104-12 el 11 de mayo de 2012, se inició el 4 de junio de 2012, conforme consta por el  cargo de recepción cursante a fojas 11 de obrados.

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fojas 57 a 58 de obrados, se tiene que el plazo de  los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme  dispone el art. 210 III del CTB, concluye el 10 de septiembre de 2012.

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VII. RELACIÓN DE HECHOS.  

  

De la revisión de los antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria  y que cursan en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), se establece la siguiente  relación de hechos:

El 22 de febrero de 2011, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió la Orden de  Verificación Nº 0011OVI00096, notificada personalmente el 23 de febrero de 2012 a  Edwin Ovando Callejas, en calidad de titular del NIT 1076851018, a objeto de establecer  el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, correspondiente al IVA,  específicamente para la verificación del crédito fiscal contenido en facturas declaradas  en los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,  septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008; requiriendo la  presentación de Declaraciones Juradas, Libro de Compras IVA, facturas de compras  originales, medios de pago de facturas observadas, así como otra documentación (fs. 2  a 6 del Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN)).

La Administración Tributaria mediante Acta de Recepción/Devolución de 28 de febrero  de 2011, recibió documentos requeridos en Orden de Verificación Nº 0011OVI00096,  según consta a foja 17 del Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN).

El 17 de junio de 2011, se labró dos Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas  al Procedimiento de Determinación Nros. 013130 y 013131, por incumplimiento al  deber formal de registro en libro de compras IVA -presentado en módulo Da Vinci- en  los periodos febrero y diciembre de 2008, contraviniendo el art. 47.II numeral 2 incisos  a), d), e) de la RND. 10.0016.07, sancionado con una multa equivalente a UFV’s 500  por cada acta en aplicación al art. 4 del Anexo A) punto 3.2 de la RND 10.0037.07 (fs.  18 a 19 del Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN)).

El 16 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente el Informe  Final CITE: SIN/GDCH/DF/VI/INF/00075/2012 y Vista de Cargo Nº CITE:  SIN/GDCH/DF/0011OVI00096/VC/00005/2012 de 14 febrero de 2012, determinando  deuda tributaria por IVA por depuración de importes correspondientes a IEHD que  originaron crédito fiscal indebidamente utilizado de facturas 515, 439, 1689, 1687,  1556, 2705, 2852, 2730, 2706, 2704, 4104, 3957, 3953, 5234, 5281, 5055, 5056, 5276,  6227, 6543, 6224, 6225, 6226 autorización 79040041763; 699, 518 autorización  79040028447; 1813 autorización 700100134979; 351, 650, 773, 1962, 1762, 1761,  1758, 1760, 3099, 3086, 3207, 3085, 4517, 4458, 4291, 4290, 5511, 5202, 5510, 6928,  6535, 6533, 6815 autorización 79040066654 en los periodos enero, febrero, marzo,  abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la  gestión 2008 por UFV’s. 21.390 (Veintiuna mil trescientas noventa 00/100 Unidades  de Fomento a la Vivienda), por tributo omitido, intereses y multas por Incumplimientos  a deber formal establecidas en Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al  Procedimiento de Determinación y UFV’s 15.048 (Quince mil cuarenta y ocho 00/100  Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de Sanción por Omisión de Pago al  100%, otorgando al recurrente plazo de 30 días para la presentación de descargos de  acuerdo al art. 98 de la Ley Nº 2492 (fs. 181 a 195 del Cuadernillo de Antecedentes Nº  1).

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Durante el término probatorio otorgado en la Vista de Cargo 005/2012, el recurrente el  12 de marzo de 2012 formuló descargos a los reparos determinados por créditos  utilizados, manifestando mala aplicación e interpretación del valor legal del art. 3 del  DS 25530 (fs. 201 a 202 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN).

El 16 de abril de 2012 la Administración recurrida rechazó el descargo presentado a la  Vista de Cargo con nota de respuesta SIN/GDCH/DF/NOT/00274/2012, manteniendo  firme y exigible la Deuda determinada (fs. 204 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1  (SIN)).

Finalmente el 11 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, emitió la Resolución  Determinativa Nº 17-000104-12, notificada personalmente el 14 de mayo de 2012, que  determinó de oficio y sobre base cierta obligaciones tributarias respecto al impuesto IVA en  los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,  noviembre y diciembre de 2008, por depuración de importes correspondientes a IEHD  que originaron crédito fiscal indebidamente utilizado, alcanzan a UFV’s 21.605 por  concepto de Tributo Omitido e Intereses; adicionalmente incumplimientos a Deberes  formales por UFV’s 1000 y sanción del 100% del Tributo Omitido UF’´s 15.048 por  Omisión de Pago en aplicación del art. 165 del CTB (fs. 225 a 232).

VIII. MARCO LEGAL.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL.  

Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una  justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada  previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta  por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) I. Sólo la Ley puede: 1. Crear,  modificar y suprimir tributos, definir el hecho generados de la obligación tributaria; fijar  la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al  sujeto pasivo. 2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo (…).

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). I. Las normas tributarias se  interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar  a resultados extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En  exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al método literal.

  1. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por  otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación  deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Para  determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en  cuenta:
  2. a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o  atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones  económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo  de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito  civil u otro.

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  1. b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador  gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las  formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado  será irrelevante a efectos tributarios.

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se  podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir  contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes.

Artículo 16. (Hecho generador). Hecho generador o imponible es el presupuesto de  naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar  cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.  

Artículo 17. (Perfeccionamiento). Se considerará ocurrido el hecho generador y  existentes sus resultados:

  1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o  realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.
  2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente  constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración  Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas  administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas  tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus  elementos constitutivos.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos  tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con  arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la  naturaleza y fines de la materia tributaria:

  1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del  Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas  contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán  supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás  normas en materia administrativa.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y  jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el  sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señales expresamente que se  encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos).  

  1. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información  de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros,  registros y anotaciones contables así como la documentación de las obligaciones  tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados por  la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así como las  comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán efectuarse  por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa  aplicable a la materia.

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Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra  tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la  verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal  que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir  los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y  exclusivo control.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se  apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que  cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las  siguientes:

  1. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso  de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa  constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión  de la Resolución Determinativa.

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). I. Para dictar Resolución Determinativa la administración Tributaria debe controlar,  verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y  demás circunstancias que integren o condicionen e hecho imponible declarados por el  sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras  disposiciones legales tributarias.

  1. Asimismo podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no  declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

  1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones  que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del  sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la  Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación,  fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o  sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo  adeudado.

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o  tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para  formular y presentar los descargos que estime conveniente.

Artículo 99. (Resolución Determinativa) I. Vencido el plazo de descargo previsto en  el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución  Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo  de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero  responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que  podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la  máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria.

En caso que la Administración tributaria no dictara Resolución determinativa dentro del  plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en  que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.

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  1. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como  requisitos mínimos; lugar y fecha nombre o razón social del sujeto pasivo,  especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la  calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la  firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los  requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la  reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la  obligación tributaria.

Artículo 104. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones  u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y  sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

  1. Omisión de pago;
  2. Incumplimiento de otros deberes formales;

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).  

  1. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el  presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas  reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de  Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda  (5.000 UFV’s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se  establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de  menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga  indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento  (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos) I. La Vista de Cargo hará las veces de  auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la  Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto,  cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en  todo en o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo,  igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o  inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención.

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los  principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341,  de 23 e abril de 2002, a los siguientes:

  1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos  administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma  de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del  Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus  obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario (…).

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DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá  consignar los siguientes requisitos esenciales:

  1. a) Número de la Vista de Cargo
  2. b) Fecha
  3. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo.
  4. d) Número de registro tributario, cuando corresponda
  5. e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).  f) Liquidación previa de la deuda tributaria.
  6. g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la  sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación  de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I. del Artículo 98 de la Ley  Nº 2492.
  7. h) Firma, nombre y cargo del la autoridad competente.

Artículo 19. (Resolución determinativa). La Resolución Determinativa deberá  consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y  determinación del adeudo tributario calculando de acuerdo a lo establecido en el  Artículo 47 de dicha Ley (…)

Artículo 21. (Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias). El  procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá  realizarse:

  1. a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de  acciones que no emergen del procedimiento de determinación.
  2. b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluya antes  de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria,  surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional.
  3. c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el  procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de una  contravención tributaria.

La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e  instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos.

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). I. Conforme lo establecido por el  Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley Nº 2492, las

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen  el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas  como incumplimiento a los deberes formales.

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

Artículo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad  administrativa se regirá por los siguientes principios:

  1. d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad  material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;  e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración  Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad

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en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el  procedimiento administrativo;

  1. f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del  interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los  administrados;
  2. h) Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación administrativa y,  particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley, observarán la  jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos  esenciales del acto administrativo los siguientes:

  1. a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;
  2. b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y  en el derecho aplicable;
  3. c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;  d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales  y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;  e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las  razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en  el inciso b) del presente artículo; y,
  4. f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 35. (Nulidad del Acto) I. Son nulos de pleno derecho los actos  administrativos en los casos siguientes:

(…) c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del  procedimiento legalmente establecido;

(…) II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los  recursos administrativos previstos en la presente Ley.

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).II. No obstante lo dispuesto en el numeral  anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de  los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión  de los interesados.

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para  ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del  término o plazo.

DS Nº 27113, REGLAMENTO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 55. (Nulidad de procedimientos). Será procedente la revocación de un acto  anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión  de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para  evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a  petición de parte, en cualquier estado, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio  mas antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u  omisiones observadas.

 

LEY Nº 843, TEXTO ORDENANDO EN VIGENCIA.  

Artículo 8. (Crédito Fiscal). Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto  en el artículo anterior, los responsables restarán:

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  1. a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15º sobre el  monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de  prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el  gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente  en el período fiscal que se liquida.

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones  o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o  insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones  gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta  responsable del gravamen.

Artículo 13. El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de  emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que  deberán llevar los responsables.

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados  

Artículo 110. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y jurídicas  que comercialicen en el mercado interno hidrocarburos o sus derivados, sean estos  producidos internamente o importados.

Artículo 111. El hecho imponible se perfeccionará:

  1. a) En la primera etapa de comercialización del producto gravado, o a la salida de  refinería cuando se trate de hidrocarburos refinados.
  2. b) En la importación, en el momento en que los productos sean extraídos de los  recintos aduaneros o de los ductos de transporte, mediante despachos de emergencia  o pólizas de importación.

DS Nº 21530, REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.  

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8º inciso a) de la  Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995), es aquel originado en las compras,  adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen,  vinculadas con la actividad sujeta al tributo.

DS Nº 24055, REGLAMENTO DEL IMPUESTO ESPECIAL A LOS  HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS.  

Artículo 2. Son sujetos pasivos de este impuesto, las refinerías y Unidades de Proceso  que comercialicen en el mercado interno y los importadores que introduzcan en el país  los productos señalados en el artículo anterior.

DS Nº 24947, ACLARACIÓN SOBRE CRÉDITO Y DÉBITO FISCAL POR VENTA.  

Artículo 1. Se ratifica que la nota fiscal por concepto de venta de derivados de  hidrocarburos que otorga YPFB debe consignar el impuesto especial a los hidrocarburos y  sus derivados por separado. El monto total de la venta será el consignado en la nota fiscal y  válida por tanto para crédito fiscal del comprador por concepto del Impuesto al Valor  Agregado.

Ejemplo:

Monto total de la nota fiscal emitida por YPFB 100

Monto del IEHD 26

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Monto válido para fines fiscales del comprador 100

Artículo 2. Para fines de liquidación de impuestos IVA e IT; YPFB deberá deducir del  importe total consignado en la nota fiscal, el monto del IEHD para el débito fiscal respectivo.  Ejemplo:

Monto total de la nota fiscal emitida por YPFB 100

Monto del IEHD 26

Monto válido para fines de débito fiscal (IVA e IT) 74

Artículo 3. Para fines de liquidación de impuestos los distribuidores, los mayoristas y  cualquier comercializador de derivados de hidrocarburos, como poseedores de las notas  fiscales, vale decir las facturas emitidas por YPFB pueden utilizar el importe total  consignado en las mismas como crédito fiscal.

DS Nº 25530, TRATAMIENTO TRIBUTARIO PARA COMERCIALIZADORES DE  DERIVADOS DE PETRÓLEO 

Artículo 1. Las refinerías, al vender sus productos derivados del petróleo deberán  consignar en su factura el monto total de venta de dichos productos a precios Pre-Terminal,  incluyendo el IEHD, pero detallado en forma separada.

Artículo 2. Para los contribuyentes señalados en el artículo precedente, es decir las  refinerías, el pago del IVA e IT será sobre el total del valor facturado deducido el monto  pagado por IEHD.

Artículo 3. El crédito fiscal que corresponda a los distintos agentes que intervienen en las  etapas siguientes al proceso de refinación será el resultante de aplicar la alícuota del IVA  por el total del valor facturado de sus compras. En el caso de los distribuidores Mayoristas,  para el cálculo de su crédito fiscal, aplicarán la alícuota del IVA al total de la factura recibida  de las refinerías, incluyendo el IEHD.

DS Nº 27190, REGLAMENTO DE LA LEY 2493 

Artículo 10. Sustitúyase el Articulo 1 del Decreto Supremo 24055 por el siguiente texto:  “OBJETO”

Artículo 1.- Están comprendidas en el objeto de este impuesto, la venta en el mercado  interno de hidrocarburos y sus derivados de origen nacional y la importación de estos  productos.

En el caso de importaciones, los productos mencionados en el párrafo anterior, serán  detallados según el código arancelario de la nomenclatura común de los países miembros  de la Comunidad Andina de Naciones (NANDINA), mediante Resolución de la  Administración Tributaria correspondiente.”

Artículo 11 Sustitúyase el Artículo 2 del Decreto Supremo 24055 por el siguiente texto:  “SUJETO PASIVO

Artículo 2.- Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas naturales y jurídicas que  comercialicen en el mercado interno y los importadores que introduzcan en el país, los  productos objeto de este impuesto.”

Artículo 12. Sustituyese el Artículo 3 del Decreto Supremo 24055 por el siguiente texto:  Artículo 3.- El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) se liquidará  aplicando a los volúmenes comercializados en el mercado interno la alícuota específica

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expresada en Bolivianos por litro o unidad de medida equivalente de los productos  detallados en el Artículo 4 de este reglamento.

En los casos de importación de productos objeto de este impuesto, la base imponible estará  dada por la cantidad de litros o unidad de medida equivalente, establecida en la liquidación  aduanera o 14 reliquidación aceptada por la aduana respectiva.

Las alícuotas específicas referidas en el Artículo 4º de este reglamento, no admiten  deducciones de ninguna naturaleza y el pago del impuesto al momento de la salida de  refinería, unidades de proceso o de, la importación del producto gravado será único y  definitivo, debiendo consignarse en forma separada en la factura o nota fiscal o en su caso  en la Declaración Única de Importación (DUI).”

RND Nº 10-0047-05, MODIFICACIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN  DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA. 

Artículo 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto  establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información del  Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos los  sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a  partir de la vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el universo de  sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de  Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales.

Artículo 2. (Deber Formal). I. Los sujetos pasivos clasificados en las categorías  PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén  consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando la  información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán  continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional  ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la  presente Resolución.

  1. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén  consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información  del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y  plazos establecidos en la presente Resolución…

Artículo 4. (Incumplimiento). El incumplimiento al deber formal establecido en el  Artículo 2 de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de  información, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral  4.2 del numeral 4. del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.

El pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la información  requerida.

Artículo 5. (Formato). La información del Libreo de Compras y Ventas IVA, deberá  prepararse en dos archivos planos (.TVT); uno para el libro de compras y otro para el  Libro de Ventas…

Artículo 6. (Presentación).  

  1. La información del Libro de Compras y Ventas – IVA, para su remisión al Servicio de  Impuestos Nacionales, deberá ser preparada en dos Archivos Planos (.TXT) según lo  establecido en el párrafo precedente y cargada en el Módulo Da Vinci – LCV,  desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

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Una vez cargada la información y validada por el Módulo Da Vinci – LCV, ésta deberá  ser remitida al SIN a través de Internet, o el archivo generado por el Módulo Da Vinci –  LCV deberá ser copiado a un medio magnético y presentado en la Gerencia Distrital o  GRACO correspondiente. Si el archivo del Libro de Compras o del Libro de Ventas  generado por el Módulo Da Vinci – LCV, excede los 500 Mbytes, la información de  ambos archivos deberá presentarse en medio (s) magnético (s) directamente en la  Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción.

  1. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectará  inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas  inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las cuales  deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación  del SIN; caso contrario, se considerará como incumplimiento de acuerdo a lo  establecido en el Artículo 4 de la presente Resolución

RND Nº 10-0016-07, NUEVO SISTEMA DE FACTURACION NSF-07.  

Artículo 41.- (Validez de las facturas o Notas Fiscales) I. Las facturas, notas fiscales  o documentos equivalentes generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA,  RCIVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u  oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843) (Texto Ordenado Vigente) y  Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes  requisitos:

1) Sea el original del documento.

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el  Numero de Identificación tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de la factura y el  número de autorización (…)

Artículo 44. (Facturas sin derecho a Crédito Fiscal) I. Facturas, notas fiscales o  documentos equivalentes que son emitidos a momento de perfeccionarse el hecho  generador del impuesto, sin generar el correspondiente débito fiscal por mandato  expreso de la norma, por cuanto no generaran crédito fiscal para el comprador,  específicamente en los siguientes casos:

1) Operaciones de compra y venta de moneda extranjera a través de casas de  cambio.

2) Operaciones realizadas al interior de Zonas Francas, sólo para concesionarios  o usuarios debidamente autorizados.

3) Ventas en locales Durty Free.

4) Operaciones realizadas dentro del radio urbano de la ciudad de Cobija  (ZOFRACOBIJA).

5) Operaciones de Transporte internacional de carga por carretera, sujetas al  Régimen de Tasa Cero en el IVA dispuesto en la Ley N° 3249 de 1 de  diciembre de 2005.

6) Operaciones de Turismo respectivo conforme lo dispuesto en el Artículo 38 de  la Ley N° 2064 de 3 de abril de 2000 Ley de Reactivación Económica.  7) Entradas de cortesía para el caso de espectáculos públicos (eventuales o  permanentes).

8) Otros previstos en norma específica.

Artículo 47. (Libro de Compras IVA). I. Se establece un Libro de Registro  denominado “Libro de Compras IVA”, en el que se asentaran de manera cronológica

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las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste  obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA en el cual se  registrarán de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos  equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el período a declarar y que  respalden el Crédito Fiscal IVA (…)

  1. Este registro deberá realizarse diariamente aplicando mínimamente el siguiente  formato:
  2. Datos de las transacciones
  3. a) Día, mes y año
  4. d) Número de Factura nota fiscal o documento equivalente
  5. e) Número de Autorización.

Artículo 50. (Formato del Libro Compras y Ventas IVA- Da Vinci LCV) I. Los sujetos  pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de información del Libro  de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci-LCV, conforme lo dispuesto  en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005,  deberán presentar la referida información en base a los siguientes campos:

Nombre del Campo Número Factura

Tipo de Dato número

Descripción Se consignará el número de factura, nota fiscal, documento equivalente  (…)

Nombre del Campo Número de autorización

Tipo de Dato número

Descripción Número de autorización de la factura, nota fiscal, documento equivalente  (…)

Nombre del Campo Fecha de la factura

Tipo de Dato número

Descripción Consignar la fecha de emisión (…)

RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES. 

ANEXO CONSOLIDADO.  

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.  

  1. A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  
  2. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON REGISTROS CONTABLES Y  OBLIGATORIOS SANCIÓN PERSONAS NATURALES

3.2 Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma  especifica.

Sanción por incumplimiento al deber formal 500 UFV

4.2. Presentación de la información en Libros de Compra y Venta IVA a través del  módulo Da Vinci – LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas  específicas (por periodo fiscal).

  1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS.  

El recurrente en su recurso, respecto a la depuración parcial del crédito fiscal IVA,  denunció que no se valoraron los descargos presentados a la Vista de Cargo,  indicando que la Administración Tributaria, se limitó a una verificación en el Padrón de  Contribuyentes y que omitió mencionar la normativa que respalda la ilegal depuración

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de su crédito fiscal, es decir, acusó la falta de valoración de descargos y falta  fundamentación del acto impugnado. Respecto a la sanción por incumplimiento a  deberes formales, por errores cometidos en el registro del Libro de Compras y Ventas  IVA a través del Módulo Da Vinci, denuncia que la Administración Tributaria efectuó  una incorrecta tipificación, por cuanto sanciona una acción que no se encuentra  tipificada como incumplimiento en la normativa específica y aplica una multa que no  corresponde, vulnerando los arts. 6 y 64 del CTB.

9.1. Sobre la falta de fundamentación o motivación de la Vista y Resolución  Determinativa y valoración de la prueba valoración de los descargos  presentados.  

En el análisis del caso es necesario tomar en cuenta que el debido proceso, está  reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115.II y  117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), y como derecho humano por los arts. 8 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al respecto, las Sentencias Constitucionales 1674/2003-

R, 0119/2003-R, 1276/2001-R y 0418/2000-R, ratificadas por la SC 2675/2010-R de 6 de diciembre,  entre muchas otras, definen el debido proceso como “…el derecho de toda persona a un proceso  justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas  generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad  de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la  defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las  personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que  pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación  inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una  garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la  seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones”.  

En consonancia con los tratados internacionales, a través de la jurisprudencia constitucional se ha  establecido que los elementos que componen al debido proceso son –entre otros- el derecho a la  valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R,  1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras);

Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, se aclaró los alcances del debido  proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar la resoluciones, así: “…es  necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la  exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de  un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe  ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario  que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al  momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una  resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha  actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que  también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador,  eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que  no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”. 

En esa misma línea jurisprudencial, la SC 2227/2010-R, precisó que “ (…) toda resolución ya sea  jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como  elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a)  Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener  una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera  expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d)  Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes 

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procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios  probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de  forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones  de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de  las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del  nexo de causalidad antes señalado”. 

En la legislación boliviana, el art. 96-I y III del CTB, establece que la Vista de Cargo  contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la  Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o  tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración  Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación,  fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o  sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del  tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales  establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de  Intervención, según corresponda.

En la parte reglamentaria, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), prevé que la Vista de Cargo  que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a)  Número de la Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón social del sujeto pasivo; d)  Número de registro tributario, cuando corresponda; e) Indicación del tributo (s) y,  cuando corresponda, período (s) fiscal (es); f) Liquidación previa de la deuda  tributaria; g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la  calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento  a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98-I del CTB; h)  Firma, nombre y cargo de la autoridad competente (el resaltado es nuestro).

En relación a la valoración y liquidación, corresponde precisar que su consideración  como requisitos esenciales del acto determinativo previsto en la normativa boliviana,  responde precisamente a la necesidad de “motivación del acto administrativo  tributario”, por cuanto expresa la evaluación y análisis contable, aritmético y jurídico de  las circunstancias conocidas por la Administración Tributaria, de las que deduce la  existencia de una obligación impositiva incumplida, requisito conexo a la obligación de  incluir el acto u omisión que se atribuye. En este entendido, la valoración, liquidación e  indicación del acto u omisión que se atribuye al sujeto pasivo, que debe contener la  Vista de Cargo que fundamente la Resolución Determinativa, no se limita a la  expresión numérica de la pretensión de la Administración Tributaria y la simple  mención de la operación, transacción o hecho gravado; sino básicamente a la  explicación lógica de por qué la valoración fáctica y jurídica lleva a determinada  conclusión y no a otra; pues sólo se sabrá si la función de evaluación de la  prueba se ejercitó debidamente si quien decide explica las razones que lo  llevaron a esa conclusión, ya que al decir de Héctor B. Villegas (ob. Cit. Pág. 426- 427) “(…) la motivación aparece como una manera de fiscalizar la actividad  intelectual frente al caso planteado (…) Es decir, motivar no es sino razonar  fundamentadamente”.  

Respecto a la anulabilidad, la doctrina administrativa considera que “los vicios  determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de  práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser  válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y

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sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente”  (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40).

Por otra parte, Manuel Ossorio entiende por nulidad la “Ineficacia en un acto jurídico  como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean  ellas de fondo o de forma (…).”, en cuanto a la anulabilidad señala que es la  “Condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e  ineficaces por existir en la constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de  producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los  anulables son válidos mientas no se declare su nulidad…” (OSSORIO, Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Págs. 59 y 491).

La normativa administrativa boliviana, en el art. 36-II de la LPA, aplicable  supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 del CTB, dispone la  nulidad del acto administrativo, entre otros, por infracción de una norma establecida en  la Ley, y la anulabilidad del mismo cuando el defecto de forma en el acto carezca de  los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de  los interesados.

 

En el presente caso el recurrente manifestó que la Administración Tributaria procedió a la  depuración parcial de las notas fiscales que respaldan su crédito fiscal, excluyendo el  importe correspondiente al IEHD, refiriendo la aplicación del art. 8 del D S 21530 que  establece la aplicación del crédito fiscal proporcional a operaciones gravadas y no  gravadas, sin indicar la normativa que establezca que el IEHD no esté sujeto a crédito fiscal  para el comprador; es decir que la normativa que invoca la Administración Tributaria como  base de la depuración más bien respalda el crédito fiscal utilizado; consecuentemente la  depuración parcial de sus notas fiscales efectuada por la Administración Tributaria  constituye un acto sin fundamento legal.

Adicionalmente, en cuanto a la falta de valoración de la prueba de descargo presentada, el  recurrente refiere que en conocimiento de la Vista de Cargo, presentó los fundamentos y  argumentos que hacen a su derecho; empero la Administración Tributaria en la Resolución  Determinativa impugnada sostuvo que en el plazo otorgado en la Vista de Cargo  SIN/GDCH/DF/0011OVI00096/VC/00005/2012, no se presentó descargo alguno y que  tampoco canceló la deuda tributaria; empero, contrariamente a lo expuesto la misma  Resolución Determinativa se pronunció rechazando los mismos sin mencionar normativa  legal que respalde la incorrecta y arbitraria depuración de crédito fiscal, hecho en el que  sustenta su observación de falta de valoración de los descargos presentados.

Por su parte la Administración Tributaria en la respuesta al recurso de alzada, expresó que  en el último párrafo de la página 6 de la Resolución Determinativa se menciona que el  contribuyente presentó descargos pero fueron rechazados exponiéndose los motivos y  base legal en que se apoyó esa decisión, además que a fs. 204 de antecedentes cursa la  respuesta dada por la Administración Tributaria al descargo presentado. En relación a la  depuración del crédito fiscal, afirma que tomó esa decisión con el debido fundamento, que  no parte de la arbitrariedad o discrecionalidad; continúa indicando que la normativa que cita  el recurrente en respaldo de la utilización del crédito fiscal no puede ser aplicada porque sus  proveedores no son YPFB o las refinerías, por cuanto él es minorista y no mayorista;  además que mal puede el recurrente pretender beneficiarse de un crédito fiscal sin que  exista el correspondiente débito fiscal respecto al importe de “IDH”. En suma, que no es  posible reconocer el crédito fiscal reclamado por el recurrente de acuerdo a una sistemática  interpretación de las normas tributarias y criterios doctrinales; aclarando finalmente que no

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se pretende cobrar el “IDH” al recurrente porque él no es sujeto pasivo de ese impuesto,  sino que mediante fiscalización se retiró un crédito indebidamente utilizado.  Revisada la Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00096/VC/00005/2012 de 14 de  enero de 2012, se tiene que la Administración Tributaria, como resultado del proceso de  verificación interna y cruces de información de notas fiscales observadas en el SIRAT2  (Libro de Ventas IVA-DA VINCI reportado por proveedores) determinó la validez de una  factura y validez parcial de cuarenta y ocho (48) facturas en las que el contribuyente no  habría excluido los montos de IEHD, por lo que procedió a la depuración parcial en  aplicación del art. 8 puntos 1 y 2 del Decreto Supremo 21530; estableciendo un saldo a  favor del fisco por concepto de Crédito Fiscal de Bs20.998.- equivalente a UFVs15.048.-  que no incluye accesorios y sanciones. En el texto de la Vista de Cargo, se transcribe  parcialmente el art. 8 del DS 21530, no así los numerales 1 y 2, siendo la única referencia  legal en relación a la depuración parcial aplicada.

Del contenido de la Vista de Cargo, en relación a la depuración parcial del crédito fiscal del  recurrente, se advierte la falta de explicación de las razones técnicas y jurídicas que llevan a  la Administración Tributaria a depurar parcialmente el crédito fiscal contenido en las notas  fiscales observadas; es decir, que no se determina con claridad los elementos o  razonamientos que llevan a deducir cuál la relación de causalidad entre los hechos  observados y la decisión asumida, así como de qué manera la previsión contenida en el art.  8 numerales 1 y 2 del DS 21530, es aplicable al caso analizado. Omisión que persiste en la  Resolución Determinativa, donde también se extraña la falta de explicación lógica de por  qué el IEHD contenido en las facturas de compras del recurrente debe ser depurado del  crédito fiscal declarado, además de la carencia de cita de disposiciones legales y  reglamentarias específicas al IEHD y su relación con el cómputo de crédito fiscal por los  operadores de la etapa de comercialización de hidrocarburos; situación que evidencia la  ausencia de una valoración fáctica y jurídica en relación al cargo determinado, infracción  procesal que al darse desde la Vista de Cargo, vicia de nulidad el procedimiento  determinativo, por falta de fundamentación, conforme prevé el art. 96 del CTB, por cuanto la  argumentación y motivación de los reparos que efectúe la Administración Tributaria deben  expresarse en la Vista de Cargo, cuya fundamentación constituye la garantía de aplicación  objetiva de la Ley y cumplimiento efectivo de las reglas del debido proceso, como derecho y  garantía procesal reconocido en la CPE.

Adicionalmente, en relación a la falta de valoración de descargos denunciada por el  recurrente y revisado el último párrafo de la página 6 de la Resolución Determinativa, donde  la Administración Tributaria aduce que efectúo la valoración de los descargos del  contribuyente, se advierte que la Administración Tributaria menciona que cursó la nota  CITE: SIN/DGCH/DF/NOT/00274/2012 comunicando que los descargos presentados no  corresponden en el marco del art. 8 de la Ley 843 y art. 8 puntos 1 y 2 del DS 21530.

Al respecto, es necesario tener presente, que conforme el procedimiento de determinación  por la Administración Tributaria previsto en los arts. 95 al 99 del CTB, una vez emitida la  Vista de Cargo y dentro del plazo previsto en el art. 98 del citado cuerpo legal, el sujeto  pasivo o tercero interesado puede formular y presentar los descargos que estime  convenientes; finalizado ese plazo, la Administración Tributaria en el plazo de 60 días, debe  emitir la Resolución Determinativa cumpliendo los requisitos mínimos previstos en el art. 98,  entre los que se señala los fundamentos de hecho y derecho, es decir, que la Resolución  Determinativa de estar debidamente motivada, lo que supone la explicación de los  elementos fácticos y jurídicos que respaldan su decisión y la valoración o evaluación de la  prueba de descargo que se hubiera presentado; aspectos que necesariamente deben  constar en la Resolución Determinativa y no en otro actuado, como en este caso, donde la

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Administración Tributaria recurrida argumenta que dio respuesta a los descargos  presentados mediante un oficio cuya emisión no está prevista en el procedimiento  determinativo, omisión que también es calificada como vicio de nulidad por el art. 99 del  CTB.

9.3. Sobre la falta de tipicidad de la contravención de incumplimiento a deber formal  

El recurrente en su impugnación también reclamó que la Administración Tributaria  determinó supuestos incumplimientos a deberes formales por “Registro en Libro de  Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica”, acusando la infracción del  art. 47.I numeral 2 incisos a), e) y d) de la RND 10.0016.07 en los periodos febrero y  diciembre de la gestión 2008, establecidos en Actas de Contravenciones Tributarias  vinculadas al Procedimiento de Determinación N°s 10130 y 10131, sancionadas con el art.  4 numeral 3.2. del anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de  2007. Igualmente que la RND 10.0016.07 y la RND 10-0037-07, no señalan como deber  formal la “Presentación del Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci – LCV sin  errores”, tal como lo establece la RND 10.0030.11 del 07 de octubre de 2011, por lo que las  Actas por Contravenciones Tributarias, violan el principio jurídico “Nulla Poena Sine Lege”, y  lo establecido en el Título IV, Capítulo I, art. 148 del CTB; sancionando con UFV´s 500,  una acción que no se encuentra tipificada como incumplimiento en la normativa  específica y con una multa establecida para otro tipo de incumplimientos,  demostrando transgresión al principio de Legalidad previsto en los arts. 6 y 64 del CTB.

Por su parte la Administración Tributaria en relación a la supuesta falta de tipicidad alegada  por el recurrente, manifestó que la RND 10.0016.07 en su art. 47.II punto 2, establece la  obligación que tienen los contribuyentes de registrar en su libro de Compras IVA la factura  que corresponda y que el punto 3.2 del Anexo A) de la RND 10.0037.07 sanciona con una  multa de 500 UFV`s al que incumpla el deber formal de “Registro de Libros de compras y  ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica”, incumplimiento a deber formal  previsto por la normativa tributaria, no siendo evidente la falta de tipicidad alegada por el  recurrente.

Al respecto, la doctrina explica que no todos los integrantes de una comunidad  cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales  que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese  incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas  transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que  corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho  Financiero y Tributario, 9 Edición pág. 525) (las negrillas son nuestras).

La doctrina también refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben  considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al principio  de tipicidad señala que: “La consagración del principio de tipicidad supone que toda  acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con  carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia  del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la potestad sancionatoria  de la Administración Pública”. Querol García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones  Tributarias. Pág. 21 (las negrillas nuestras).

Según Héctor Villegas: “El principio de legalidad requiere que todo tributo sea  sancionado por una ley, entendida ésta como la disposición que emana del órgano  constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a los procesos establecidos 

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por la Constitución para la sanción de leyes”. En relación al tema, el principio de legalidad  establecido en el art. 6.I numeral 6 del CTB, dispone que: solo la ley puede tipificar los  ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. En lo que se refiere al principio de  tipicidad el art. 148 del CTB señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u  omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en  el presente código y demás disposiciones normativas tributarias.

Por otra parte, de acuerdo al art. 71 de la LPA, las sanciones administrativas que las  autoridades competentes deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los  principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad,  procedimiento punitivo e irretroactividad. De igual manera los arts. 72 y 73.I-II de la  misma ley se refieren a que solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido  previstas por norma expresa, señalando que son infracciones administrativas las  acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones  reglamentarias y que sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas  también expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.

En este sentido, la Administración Tributaria conforme a las facultades normativas  previstas en el art. 64 del CTB, emitió la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007,  cuyo art. 45.III punto 1) establece que los registros establecidos en los arts. 46, 47, 48  y 49 deberán llevarse en algunas de las siguientes formas: registros manuales,  registros impresos con apoyo de herramientas informáticas, registros magnéticos.  Siendo los registros manuales aquellos que se llevan en forma manuscrita, en un Libro  empastado o encuadernado que lleve preimpreso el formato establecido para el  registro correspondiente. Por su parte el art. 47 de la resolución mencionada  estableció el formato del Libro de Compras IVA, en el cual los sujetos pasivos deben  registrar de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o  documentos de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el crédito  fiscal IVA, así como los datos mínimos a consignar de acuerdo a formato (de cabecera,  de las transacciones y finales). La misma RND 10.0016.07, en su art. 50.I establece el  Formato del Libro de Compras y Ventas IVA-DA VINCI LCV para la presentación de  la información por los sujetos pasivos, conforme lo dispuesto en la RND 10.0047.05 de  14 de diciembre de 2005

En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes se verificó que a fs.18- 19 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), cursan dos Actas por Contravenciones  Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 13130 y 13131, del 17  de junio de 2011, que establecen incumplimientos a deber formal por errores de  “Registro en Libro de Compras IVA” en el periodo febrero y diciembre de 2008; por  contravenir el art. 47.II.2 incisos a), d) y e) de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de  2007, sancionadas cada una con UFV´s 500 (Quinientas Unidades de Fomento a la  Vivienda) en aplicación a la RND 10-0037-07, art. 4 Anexo A) numeral 3.  Incumplimientos a Deberes Formales relacionados con los Registros Contables y  Obligatorios subnumeral 3.2 que establece el Registro en Libro de Compras y ventas  IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y  /o sucursal.

Por otra parte, en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00096/VC/00005/2012  de 14 de enero de 2012, donde la Administración Tributaria unifica el procedimiento  sancionatorio y determinativo, respecto al incumplimiento de deberes formales, señala que:  “El contribuyente presentó Libro de Compras (IVA) físicos debidamente notariados  no determinándose errores de registro respecto a facturas observadas en el Form. 

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7520; sin embargo, verificada la información presentada a la Administración  Tributaria mediante software tributario Libro de Compras (IVA) Módulo Da Vinci, se  constató errores de registro referentes a número de autorización de la factura N°  1813 de 19 de fecha 19/02/2008 (…) y error de registro en el mes de diciembre de 2008  con relación a la nota fiscal N° 6535 de fecha 19/12/2008 (…) y error de fecha de  emisión de la factura N° 6815 (…)”. De acuerdo a lo señalado, indudablemente el hecho  observado por la administración tributaria se refiere a errores de registro de notas fiscales  en el Software del Libro de Compras (IVA) Módulo Da Vinci en los meses de febrero y  diciembre de 2008.

Al respecto es importante precisar que la Administración Tributaria conforme las facultades  otorgadas en el CTB, emitió la RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, regulando  la presentación de la Información magnética del Libro de Compras y Ventas IVA  mediante el módulo DA VINCI-LCV, estableciendo en su art. 1, una nueva forma de  registro preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas  IVA, introduciendo un deber formal referente a la presentación del Libro de Compras y  Ventas IVA en el nuevo formato, según determina el art. 2 de la misma Resolución  Normativa. Posteriormente, la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, en su art. 50.I  establece el Formato del Libro de Compras y Ventas IVA-DA VINCI LCV para la  presentación de la información por los sujetos pasivos, conforme lo dispuesto en la  RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005.

Por otra parte, el numeral 4 del art. 4 anexo A) de la RND 10-0037-07 de 14 de  diciembre de 2007, refiere los Incumplimientos Relacionados con el Deber de  Información y en el subnumeral 4.2, la “Presentación de la Información del Libro  de Compras y Ventas IVA a través del módulo DA VINCI-LCV en los plazos,  medios y formas establecidas en normas específicas” (por periodo fiscal),  sancionando con 200 UFV´s para personas naturales.

En este contexto es evidente que la Administración Tributaria respecto a los  incumplimientos de deberes formales al identificar como norma infringida al art. 47.II.2  incisos a), d) y e) de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007 y sancionando cada  contravención con la multa de UFV´s 500 en aplicación del art. 4 Anexo A) numeral 3.  Incumplimientos a Deberes Formales relacionados con los Registros Contables y  Obligatorios subnumeral 3.2 de la RND 10-0037-07, ha efectuado una incorrecta  tipificación de la contravención, por cuanto la normativa citada se refiere a los  requisitos establecidos para el Libro de Compras IVA en medios físicos (manuales,  computarizados, magnéticos) y no se refiere a la presentación de los Libros de  Compras (IVA) Módulo Da Vinci, cuyos requisitos se encuentran específicamente  descritos en el art. 50.I de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, que establece  el Formato del Libro de Compras y Ventas IVA-DA VINCI LCV para la presentación de  la información por los sujetos pasivos, conforme lo dispuesto en la RND 10.0047.05 de  14 de diciembre de 2005; y cuyo incumplimiento se sanciona conforme el numeral 4,  sub numeral 4.2 del art. 4 anexo A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  referido a la “Presentación de la Información del Libro de Compras y Ventas IVA a  través del módulo DA VINCI-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en  normas específicas” (por periodo fiscal) con una multa de 200 UFV´s para personas  naturales.

Por lo expuesto, habiéndose establecido la inadecuada aplicación de la normativa para  calificar la conducta contravencional del sujeto pasivo, puesto que si bien existe un  presupuesto de hecho susceptible de sanción por incumplimiento de deberes formales,

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éste no se ajusta de los presupuestos de derecho citados en el proceso sancionatorio  unificado al determinativo que fue seguido por la Administración Tributaria, ya que el  sustento del mismo fue el art. 47 de la RND 10.0016.07 y numeral 3.2 del art. 4 anexo  A) consolidado de la RND 10-0037-07, normativa que no se ajusta a la contravención  atribuida al contribuyente; por lo que en resguardo del debido proceso, corresponde  anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo inclusive, a  efecto de que la Administración Tributaria efectúe una correcta tipificación de la  contravención, identificando con precisión el deber formal incumplido y la sanción  aplicable en relación al registro y presentación de información del Libro de Compras  (IVA) Módulo Da Vinci.

Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados precedentemente,  corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia  eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa, concluye que la Gerencia Distrital  Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en el procedimiento sancionatorio unificado  al de determinación, no efectuó una correcta aplicación de la normativa tributaria en vigencia.

POR TANTO  

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto  Supremo Nº 29894,

 

RESUELVE: 

Primero.- ANULAR, la Resolución Determinativa N° 17-000104-12 de 11 de mayo de 2012,  con reposición de obrados hasta el vicio mas antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE:  SIN/GDCH/DF/0011OVI00096/VC/00005/2012 de 14 de enero de 2012, inclusive, debiendo la  Administración Tributaria, emitir nueva Vista de Cargo, conforme los criterios de legitimidad  expuestos en la presente Resolución. Todo conforme al art. 212-I.c) del CTB.

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente  Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario  Boliviano.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

 

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