ARIT-CHQ-RA-0127-2012 Resolución Administrativa revocada por extinción de multas por prescripción de cuatro años

ARIT-CHQ-RA-0127-2012

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0127/2012  

RECURRENTE: HOSPITAL YAMPARAEZ, representado legalmente por  ISAAC VELASCO CAMPOS.  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SIN,  representada legalmente por MARIA GUTIERREZ ALCON.  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0041/2012.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 2 de julio de 2012.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Hospital de Yamparáez, representado legalmente  por Isaac Velasco Campos, contra la Resolución Administrativa Nº 23-000048-12 de 13 de  marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales; el Auto de Admisión de 9 de marzo de 2012; la notificación a la Gerente  Distrital Chuquisaca del SIN, para que en sujeción al procedimiento establecido en el  CTB conteste y remita a la ARIT-CHQ, los antecedentes administrativos de los actos  impugnados; la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos dictados  en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº  0127/2012 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

CONSIDERANDO  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado,  trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada,  se tiene lo siguiente:  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Administrativa Nº 23-000048-12 de 13 de marzo de 2012, rechazó la solicitud de  prescripción solicitada por Isaac Velasco Campos representante legal del Hospital  Yamparáez del Proyecto Social Cardenal Maurer “PROSCAM”, de las contravenciones  emergentes de declaraciones juradas (DDJJ) presentadas fuera de plazo en las gestiones  2006 a 2007. Resolución notificada personalmente al representante legal del Hospital  Yamparáez, el 19 de marzo de 2012 e impugnada el 3 de abril de 2012, mediante Recurso  de Alzada presentado en el plazo previsto en el art. 143 del CTB.  

  1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

  

El Hospital Yamparáez representado legalmente por Isaac Velasco Campos (recurrente)  impugnó la Resolución Administrativa Nº 23-000048-12 de 13 de marzo de 2012, que  rechazó la solicitud de prescripción por contravenciones emergentes del pago de DDJJ 

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fuera de plazo de gestiones 2006 a 2007, bajo argumento de que las deudas contra el  Estado no prescriben, basado en el art. 324 de la CPE.  

Indicó que con el objeto de dar de baja el NIT del Hospital de Yamparez debido a la  conclusión del Convenio suscrito con el SEDES, se apersonaron ante la Administración  Tributaria, donde fueron informados de la existencia de multas por presentación de  DDJJ fuera de plazo, por las gestiones 2006 a 2010, por un monto de Bs. 20.830.-  antecedente que motivó la solicitud de prescripción de las multas correspondientes a  las gestiones 2006 y 2007.  

Señalo que la solicitud de prescripción efectuada por nota de 27 de febrero de 2012,  fue al amparo del art. 59 numerales 1 y 4 del CTB, que establece la prescripción en  cuatro años de las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar,  verificar, comprobar y fiscalizar tributos además de ejercer su facultad tributaria; y art.  60 que señala el computo de la prescripción.  

Aclaró que la Administración Tributaria en ningún momento notificó las multas;  aclarando que los impuestos se cancelaron fuera de plazo debido a negligencia  administrativa; empero las multas por faltas no constituyen de ninguna manera  impuestos adeudados con el Estado, por lo que no debió aplicarse el art. 324 de la  CPE, además que la solicitud de prescripción de las multas por contravenciones  solamente fue por las gestiones 2006 y 2007 habiendo transcurrido desde entonces  más de 4 años.  

Finalmente argumentó que la resolución que impugna se apoya en una norma general  como es la CPE y no en la Ley Nº 2492 y el DS Nº 27310.  

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa Nº 23-000048-12  de 13 de marzo de 2012.  

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198. Inc. b), e) y f) del  CTB; subsanadas las observaciones, mediante Auto de 19 de abril de 2012, se admitió el  recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince  días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios  relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB; Auto  notificado a la entidad recurrida el 24 de abril de 2012, conforme diligencia de notificación  cursante a foja 41 de obrados.  

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA.  

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, la Administración Tributaria  respondió en forma negativa al recurso interpuesto, apersonándose la Lic. María Gutiérrez  Alcón en representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, señalando que  rechazó la solicitud de prescripción en aplicación de lo establecido en el art. 324 de la  Constitución Política del Estado que dispone: “No prescribirán las deudas por daños  económicos causados al Estado”.  

Aclaró que las multas emergentes de las contravenciones tributarias son consideradas  como deudas a favor del Estado de acuerdo al art. 47 de CTB, en consecuencia se  encuentran dentro de los alcances de la referida norma constitucional aplicada de manera 

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preferente en virtud al art. 410 de la misma CPE, que establece la supremacía y jerarquía  frente a cualquier otra disposición normativa.  

Adicionalmente, indicó que la Administración Tributaria no efectuó ningún requerimiento de  pago como tampoco pretensión de cobro al contribuyente respecto a estos incumplimientos,  por lo que no existía ningún documento contra el cual fuera dirigida la solicitud de  prescripción, en consecuencia por tal motivo tampoco fue posible dar lugar a la prescripción  solicitada.  

Por lo expuesto solicitó se confirme la Resolución Administrativa Nº 23-000048-12 de 13  de marzo de 2012.  

  

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 8 de  mayo de 2012, que cursa a fojas 45 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio  común y perentorio a las partes de 20 días. En esta fase la entidad recurrida mediante  memorial de 22 de mayo de 2012, se ratificó en toda la prueba presentada junto al  memorial de respuesta al recurso de alzada. Por su parte el recurrente no presentó mas  prueba.  

  1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto  en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad  y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la  Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de  impugnación contra la Resolución Administrativa Nº 23-000048-12 de 13 de marzo de 2012,  se inició el 3 de abril de 2012, conforme consta por el cargo de recepción cursante a fojas 7  de obrados.  

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fojas 52 a 53 de obrados, se tiene que el plazo de  los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme  dispone el art. 210 III del CTB, vence el 9 de julio de 2012.  

VII. RELACIÓN DE HECHOS.  

  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de  hechos:  

El 29 de febrero de 2012, Isaac Velasco Campos, representante legal del Hospital  Yamparáez del Proyecto Social Cardenal Maurer “PROSCAM”, mediante nota dirigida a la  Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, explicó que debido a la conclusión del convenio  interinstitucional suscrito con el SEDES y traspaso del hospital a la administración del  Municipio de Yamparáez, se apersonó a esa instancia para tramitar la baja del NIT,  oportunidad en que se verificó -mediante extracto- que existían contravenciones tributarias  desde el mes de junio 2006 hasta octubre de 2010 por declaraciones presentadas fuera de  plazo por un monto de Bs.20.830.- (Veinte mil ochocientos treinta 00/100 de Bolivianos) por  lo que solicitó la prescripción de las gestiones 2006 y 2007, ya que las gestiones posteriores  serían canceladas.(fojas 2 a 5 Cuadernillo de Antecedentes). 

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A fojas 6 del Cuadernillo de Antecedentes, cursa la Resolución Administrativa Nº 23- 000048-12 de 13 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del  Servicio de Impuestos Nacionales, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción de las  contravenciones del Hospital Yamparáez emergentes de DDJJ presentadas fuera de plazo  en las gestiones 2006 a 2007. Resolución notificada personalmente al representante legal  del Hospital Yamparáez el 19 de marzo de 2012 e impugnada el 3 de abril de 2012.  

VIII. MARCO LEGAL.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  

Artículo 322.- I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de  deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el  capital y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en  las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.  

  1. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y  garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.  

Artículo 324.- No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.  CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  

Artículo 59.- (Prescripción).  

  1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:   1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.  
  2. Determinar la deuda tributaria.  
  3. Imponer sanciones administrativas.  

Artículo 60.- (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo  anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año  calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago  respectivo. 

  1. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde  la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde  el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

Artículo 61.- (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

  1. a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  
  2. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o  tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.  

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir  del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

Artículo 62.- (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:  I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta  suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6)  meses.  

  1. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del  contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se  extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para  la ejecución del respectivo fallo. 

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Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las  siguientes facultades específicas:  

  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  
  2. Determinación de tributos;  
  3. Cálculo de la deuda tributaria  
  4. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá  indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e  investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

  1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como  cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  
  2. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS.  

El recurrente en el recurso planteado aduce que se operó la prescripción de la acción  administrativa del Administración Tributaria para imponer sanciones, por  incumplimiento al deber formal en la presentación de las declaraciones juradas, en los  plazos fijados por la norma. Por su parte la Administración Tributaria señala que el art.  324 de la CPE goza de supremacía y jerarquía normativa en cuanto a su aplicación.  

9.1. Prescripción de las acciones para imponer sanciones administrativas por  incumplimiento de Deberes Formales.  

En el presente caso, la Administración Tributaria, rechazó la solicitud de prescripción  de las multas por incumplimiento de deberes formales correspondientes a los periodos  comprendidos en las gestiones 2066 y 2007, formulada por el Hospital Yamparáez,  argumentando que de acuerdo al art. 324 de la CPE, las deudas con el Estado no  prescriben.  

En relación al argumento de la Administración Tributaria, el art. 324 de la CPE,  establece que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estad. Al  respecto, es necesario señalar que respecto a la aplicación e interpretación del referido  precepto constitucional, la Autoridad de Impugnación Tributaria en las resoluciones  AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y AGIT-RJ 0234/2011 -entre otras 

reiteradamente ha señalado que: “En cuanto a la aplicación del art. 324 de la nueva  Constitución Política del Estado (NCPE), corresponde aclarar que dicho art. dispone  que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo  texto en una interpretación sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma  CPE, debe entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a  ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto, y no así  las deudas tributarias; por otra parte, las obligaciones tributarias no prescriben de  oficio, lo cual, permite legalmente a la Administración Tributaria recibir pagos por  tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito  y no se puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de Repetición, en  consecuencia, lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración  Tributaria para determinar la deuda tributaria, por lo que no corresponde aplicar dicha  norma constitucional en el presente caso”.  

No obstante la aclaración antes glosada, corresponde resaltar que el instituto jurídico  de la prescripción tributaria, tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los  contribuyentes y certeza respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria. 

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Como bien apunta la doctrina tributaria “(…) se debe entender la institución jurídica de  la “praescriptio” en el ámbito tributario: como un instrumento de seguridad jurídica y  tranquilidad social, puesto que de otro modo la Administración tendría facultades para  perseguir el cobro de impuestos generados siglos atrás” Alfredo Benitez Rivas.  Derecho Tributario. Azul Editores. 2009, pág. 262. Téngase en cuenta, si acaso la  imprescriptibilidad prevista en el art. 324 de la CPE se entendería aplicable al ámbito  del Derecho Tributario, ello resultaría en un mayor perjuicio para el Estado por cuanto  las Administraciones Tributarias ya no estarían sujetas a un plazo perentorio para el  ejercicio de sus facultades de control, investigación, verificación y fiscalización,  sanción, determinación y cobro de obligaciones tributarias incumplidas, lo que  previsiblemente afectaría la capacidad recaudadora y consiguiente disminución de  ingresos de carácter tributario. Resultado que de ninguna manera es el que persiguió el  constituyente al establecer el art. 324 de la CPE, el cual debe interpretarse en el marco  definido en los precedentes contenidos en las resoluciones de recurso jerárquico  citadas precedentemente. En consecuencia, de las consideraciones precedentes, se  entiende que las disposiciones sobre prescripción contenidas en el CTB, están  plenamente vigentes y no contradicen el mandato contenido el art. 324 de la CPE.  

Efectuada esa precisión, corresponde señalar que el art. 59 del CTB, dispone que  prescriben a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria, para: 1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda  tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución  tributaria. Es más, el parágrafo III del citado art. 59, prevé que el término para ejecutar  las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años, computable  desde el momento en que adquiera calidad de título de ejecución tributaria.  

Según el art. 60-l del citado CTB, el término de la prescripción se computa desde el 1  de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del  período de pago respectivo; los arts. 61 y 62-l de la misma norma legal, señalan que el  curso de prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la  Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por  parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago,  y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el  contribuyente, ésta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se  extiende por seis (6) meses.  

En el presente caso, de acuerdo a lo manifestado en el recurso de alzada, que no fue  negado en la respuesta de la Administración recurrida, el contribuyente Hospital  Yamparáez, tiene registradas en el Sistema de Recaudaciones de la Administración  Tributaria, multas por presentación de declaraciones juradas fuera de término por los  periodos comprendidos entre junio/2006 a octubre/2010. Al respecto, es pertinente  señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 162.II del CTB, dan lugar a la  aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento  sancionatorio previsto en el CTB la contravención de falta de presentación de  declaraciones juradas en los plazos fijados por la Administración Tributaria; es decir  que tratándose de declaraciones juradas presentadas fuera de plazo, la multa por  incumplimiento de deberes formales existe sin que se sustancie un procedimiento  sancionador o se emita una acto administrativo que imponga una sanción. En este  entendido, el contribuyente puede solicitar la prescripción de tales multas  preexistentes, antes de cualquier acción de cobro de la Administración Tributaria, como  en el caso presente, a efectos de obtener la baja de de NIT y donde existe  reconocimiento expreso de la Administración recurrida -en la respuesta al recurso de 

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alzada- en sentido que no efectúo ningún requerimiento de pago como tampoco  pretensión de cobro al contribuyente, respecto a los incumplimientos de éste.  

De acuerdo a la normativa antes citada y de acuerdo al cómputo de la prescripción de  la facultad de la Administración Tributaria para el cobro de las multas por  incumplimiento de deberes formales, se inició el 1 de enero del año calendario  siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago al que  corresponden las declaraciones juradas presentadas fuera de término y concluyó a los  cuatro años, conforme refleja el siguiente cuadro:  

Periodo Gestión  Inicio de  

Prescripción 

Periodo de  

Prescripción 

Fecha de  

Prescripción 

Junio 2006  1 enero 2007  4 años  31 dic. 2010 
Octubre 2006  1 enero 2007  4 años  31 dic. 2010 
Noviembre 2006  1 enero 2007  4 años  31 dic. 2010 
Diciembre 2006  1 enero 2008  4 años  31 dic. 2011 
Enero 2007  1 enero 2008  4 años  31 dic. 2011 
Febrero 2007  1 enero 2008  4 años  31 dic. 2011 
Marzo 2007  1 enero 2008  4 años  31 dic. 2011 
Abril 2007  1 enero 2008  4 años  31 dic. 2011 
Mayo 2007  1 enero 2008  4 años  31 dic. 2011 
Noviembre 2007  1 enero 2008  4 años  31 dic. 2011 

 

De lo detallado, se tiene que para las multas directas por presentación de  declaraciones juradas fuera de plazo por los periodos junio, octubre, noviembre y  diciembre de 2006, enero, febrero, marzo, abril, mayo y noviembre 2007, el  vencimiento de pago se produjo en los meses de julio, noviembre, diciembre 2006 y  enero, febrero, marzo, abril, mayo junio y diciembre de 2007, respectivamente; en ese  sentido el término de la prescripción de cuatro (4) años, inició el 1 de enero de 2007  para declaraciones con vencimiento el 2006 y el 1 de enero de 2008 para  declaraciones con vencimiento el 2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010 y  2011 respectivamente, conforme disponen los arts. 59 y 60 del CTB.  

En base a lo expuesto precedentemente, se establece la prescripción de la acción para el  cobro de las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas de conformidad  al art. 162.II del CTB y registradas en el Sistema de la Gerencia Distrital Chuquisaca del  Servicio de Impuestos Nacionales, por los períodos 2006 y 2007, respecto al Hospital  Yamparáez.  

POR TANTO  

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto  Supremo Nº 29894,  

 

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RESUELVE: 

Primero.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa Nº 23-000048-12 de 13 de  marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales,  consecuentemente se declara la extinción de las multas directas por incumplimiento de deberes  formales establecidas de acuerdo al art. 162.II del CTB, por los periodos junio, octubre,  noviembre y diciembre de 2006 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y noviembre 2007,  correspondientes al contribuyente Hospital Yamparáez con NIT 1000115024. Todo conforme al  art. 212-I.a) del Código Tributario Boliviano.  

  

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente  Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario  Boliviano.  

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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