ARIT-CHQ-RA-0126-2018 Resolución Determinativa anulada por omisión de observaciones al Crédito Fiscal en la vista de cargo que fueron incluidas después en la presente resolución, el contribuyente no pudo conocer los resultados del trabajo de verificación

ARIT-CHQ-RA-0126-2018

AUTORIDAD REGIONAL DE· IMPUGN”,CIÓN TRIBUTARIA Estado Plurínacional de Bolivia

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0126/2018 

Recurrente JalmeSimón Cruz Castro. 

Administración recurrida 

Gerencia DistritalChuquisacadel Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmentepor Jhonny PadillaPalacios

Acto impugnado ResoluciónDeterminativaN° 171710000515. Expediente N° ARIT-CHQ-0067/2017

FECHA Sucre, 12de marzo de 2018. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Aomtsíón; la contestación de I~ Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ N° 0126/2018 de 12 de marzo de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Determinativa N° 171710000515de 14 de septiembre de 2017, determide oficio sobre base ciertadeuda tributaria por 25.109 UFV’s (Veinticinco mil ciento nueve Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto del IVA correspondiente a los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2011, contra el contribuyente Jaime Si”!1ónCruz Castro; monto que comprende tributo ~:r–_omitido, interés y multa por incumplimierito a deberes formales; adicionalmente, calificó la conducta como Omisión de Pago, imponiendo la multa equivalente al 100% del tributo 

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Justicia tributaria para vivirbIen Jan mit’aylrlach’a kamani(Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) Mburuvisatendodegua mbaetí oñomita mbaerep! Vae(Guaranl) 

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omitido cuyo importe asciende a 18.060 UFV’s (Dieciocho mil sesenta Unidades de Fomentoa la Vivienda)en aplicacióndel arto165 del CTa

Resolución notificada por cédula el 6 de diciembre de 2017, e impugnada el 22 de diciembre de 2017, dentro del plazo de veinte dlas establecido en el arto143 del CTa. .

  1. TRAMITACiÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos del Recurrente

Jaime Simón Cruz Castro (el recurrente) manifestó que la Administración Tributaria demoró 475 días para la notificación de la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDCH/DF/00140VI00142IVC/66/2015, sin que exista ampliación de plazo, por tanto, habría transgredido el plazo de 12 meses previsto por el arto 104.V del CTa. En este entendido, el incumplimiento de plazo habría ocasionado la pérdida de competencia del SIN, de acuerdo a lo establecido por el arto 17.11y 111 de la Ley N° 2341 yart. 5.11del CTS; asimismo señaló, que de igual manera se incumplió el plazo ” 

para la notificaCión de la Resolución Determinativa N° 171710000515, previsto en el núm. I (se entiende del art, 99) del CTB. 

También reclamó, que se le puso en completo estado de indefensión debido a la incoherencia en las fechas de notificacn de la Resolución Determinativa, puesto que el4 de diciembre de 2017 a hrs. 10:30, se procedió a dejar el primer aviso de visita comunicando que el día siguiente a la misma hora sería buscado nuevamente, sin embargo, el funcionario actuante no regresó al día siguiente hábil, procediendo a realizar directamente la representación jurada para la notificación por dula, la cual de forma incoherente, habría sido realizada el 6 de noviembre de 2017, es decir, de forma anterior al primer aviso

Por otra parte, indicó que el 7 de diciembre de 2017, con el objeto de realizar sus 

observaciones, solicitó a la Administración Tributaria el expediente completo; sin embargo, dicha entidad lo proporcionó el expediente de forma parcial, motivo por el cual también se le deen completa indefensión

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AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACN TRIBUTARI

Estado Plurinacíoñal de Bolivia

Afirmó que el SIN Chuquisaca le ocasionó indefensión toda vez que, no le dio 

oportunidad, de presentar descargos de forma precisa respecto al Cuadro de 

Fundamentos Legales de los Cargos que solo se encuentra expuesto en la Resolución 

Determinativa y no así en la Vista de Cargo” en la que hace referencia a la 

observación: notas no válidas para crédito fiscal, por no presentación de la 

documentación original” y no así a las otras dos observaciones del mencionado 

cuadro, es decir, “notas fiscales no válidas por estar fuera de rango de dosificación 

autorizada por la Administración Tributaria,” y “notas fiscales no válidas por estar 

emitidas a otro nombre, fecha e importe”, incumpliendo de esa manera el arto7 inciso 

  1. j) de la Resolución Normativa de Directorio N° 100032-16 de 27 de diciembre d

2017″. 

Finalmente, expresó que l?ifacultad de cobro de la Administración Tributaria habría 

prescrito; ya que, al tratarse de periodos de la gestión 2011, el cómputo se inició el 1 

de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015. En el caso del periodo 

diciembre 2011, el cómputo se inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2016. Agregó que conforme el arto123 de la CPE no es posible aplicar l

Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, como erróneamente pretende la 

Administración Tributaria. 

Por lo manifestado, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa

171710000515de 14de septiembrede 2017

Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 27 de diciembre de 2017, se admitió el Recurso y se dispuso 

notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días. conteste y 

remita todos los antecedentes administrativos asi como los elementos probatorios 

Clonados con la Resolución impugnada, todo en aplicación del arto218.c) del CTB

Auto de admisión notificado al representante de la entidad recurrida el 8 de enero de 

2018, conforme a diligencia de fs. 34 de obrados. 

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

Dentro del término establecido en el arto21Rc) del CTB, el 23 de enero de 2018, se apersonó Jhonny Padilla Palacios, según copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 031700001827 de 26 de diciembre de 2017, quién respondió negativamente al Recurso planteado, señalando que conforme el arto 104 parágrafo V del CTB, desde el il’1iciode la fiscalización hasta la emisión de la Vista ‘de Cargo no podrán transcurrir más de 12 meses, prorrogables por 6 meses previa solicitud fundada. En el presente caso, la Vista de Cargo fue emitida el 11 de mayo de 2015, dentro de plazo conforme establece la norma, ya que la Orden de Verificación fue notificada el12 de mayo de 2014. 

Asimismo, señaló que el arto 17 parágrafos 11-111 de la Ley 2341, citados por el contribuyente para sustentar la supuesta emisión fuera de plazo de la Vista de Cargo, no tiene ninguna relación con el presente proceso de determinación, ya que el mismo se refiere a la obligación de resolver el Silencio Administrativo. 

También manifestó, que la Resolución Determinativa ahora impugnada fue emitida después de los 60 días que establece el arto99.1 del eTB; ~in embargo, el recurrente no fundamentó de qué manera este hecho le afectaría. Así también, señaló que la norma citada no establece de forma expresa que la emisión y notificación fuera de plazo de la Resolución Determinativa, pueda ser sancionado con la nulidad del mismo. En consecuencia se evidencia la inexistencia de normativa que disponga que el plazo para la notificación del Acto Administrativo, sea perentorio o de lugar a la caducidad de un derecho, así como no implica la pérdida de competencia o preclusión del derecho de la Administración Tributaria. 

Por otra parte, señaló que el4 de diciembre de 2017, se dejó el Primer Aviso de Visita de la Resolución Determinativa, estableciendo en la misma que sería nuevamente buscado al día siguiente y el 6 de diciembre de 2017 se emitió la Representación Jurada en la que se autorizó la notificación por cédula, apersonándose en la misma fecha a hrs. 17:45 al domicilio del contribuyente a efectuar la notificación por cédula. También, aseveró que en caso de existir error en la fecha de la notificación cedLilaria, no es causal de anulabilidad del Acto Administrativo, puesto que el contribuyente tuvo conocimiento del primer aviso de visita que fue dejado a Beatriz Zárate en calidad de 

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trabajadora del hogar, más aún cuando el contribuyente presentó a la Administración Tributaria, nota de solicitud de fotocopias legalizadas del expediente administrativo, admitiendo de esta forma que fue notificado con la Resolución Determinativa ahora impugnada el 6 de diciembre de 2017. 

Respecto a la prescripción, señaló que el contribuyente confunde las contravenciones con la detenninación practicada por la Administración Tributaria a través de una Orden de Verificación, y si bien en una verificación existe la contravención por Omisión de Pago, el procedimiento sancionador está unificado con el determinativo; sin embargo la acción de la Administración para sancionar contravenciones tributarias prescribe. se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria esté o no unificado el procedimiento sancionador con el determinativo. 

También, manifestó que en el presente caso correspondía aplicar los arts. 59 y 60 del CTB, que fueron modificados por las Leyes Nros. 291, 317. que datan de la gestión 2012, y el arto 59 quedó redactado de la siguiente manera: Las acciones de la Administración tributaría prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años en la gestión 2018, para (…) 2. Determinar la deuda tributaria’: por lo que. el régimen de prescripción vigente consideraría las gestiones en las que operó la misma. 

En ese sentido, señaló que en el presente caso el cómputo de la prescripción respecto a la facultad de determinar la deuda tributaria de la Administración Tributaria, por los períodos verificados hasta noviembre de 2011, inició el 1 de enero de 2012 y para el periodo diciembre de 2011 inició el 1 de enero de 2013, conforme al arto60 del CTB – debiendo además considerarse la suspensión de 6 meses establecida en el arto62.1y desde esa fecha hasta el 6 de diciembre de 2017, fecha de la notificación de la Resolución Determinativa, no transcurrió el término de la prescripción, toda vez que debió haber transcurrido nueve años en la gestión 2017, por lo que la contravención I.. 

..,.,,–__tributaria por omisión de pago se encontraría vigente. Citó como precedente las Jerárquicas AGIT-RJ 1572/2014, AGIT-RJ 1444/2013 Y AGIT-RJ 

0869/2017

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitaylrjach‘a kamanl(Aymara) Manatasaq kuraq kamachiq(Ke<hLlil) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae(Gu,ranf) 

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También manifestó, que la Ley N° 812, establece el término de prescripción de ocho años en general para todos los casos, y aún si se quisiera aplicar de forma retroactiva a los periodos observados, tampoco operó la prescripción, ya que aproximadamente transcurrió 5 años, de los 8 años que establece la mencionada ley; por lo que, la facultad de determinación de la Administración Tributaria se encontraría vigente. 

En relación a la supuesta aplicación retroactiva de las Leyes, señaló que en el presente caso se aplicó normativa vigente y que las modificaciones al Código Tributario establecidas mediante Leyes Nros. 291, 317 Y 812 no constituyen de ninguna manera vulneración a la seguridad jurídica, puesto que las mismas, tienen valor legal, toda vez que en ningún momento fueron declaradas inconstitucionales. 

Respecto a la Cita de la Sentencia N° 39/2019 (correcto 39/2016), emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, indicó que la misma no tiene validez legal al haber sido declarado sin efecto por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Sentencia N° 0231/2017-S3 de 24 de marzo de 2017. 

Por otra parte, señaló que se le entregó la documentación solicitada, prueba de ello es el Acta de entrega firmada por su persona, dando su conformidad, por lo que no corresponde la alusión del arto 68 del CTB, puesto que en el transcurso de la verificación tuvo acceso a toda la documentación a efectos de conocer el estado de la tramitación del proceso. 

Finalmente, aclaró que se depuraron facturas por no haber presentado los originales, conforme lo previsto en el arto4 de la Ley N° 843 yart. 41.1numeral 1) de la RND N° 10.0016.07, Y para tener más elementos y sustento en la determinación, realizó cruces de información en base a los libros de ventas reportado por los proveedores, evidenciando notas fiscales emitidas a otros beneficiarios; asimismo de la consulta al sistema GAUSS, se verificó la existencia de facturas no dosificadas por la Administración Tributaria y otras fuera de rango de dosificación. Aclaró que la información extractada del sistema informático del SIN, cuenta con el respectivo valor probatorio conforme lo establece el arto7 del DS N° 27310; en ese entendido, señaló que existe la debida fundamentación y sustento legal con suficiente documentación de respaldo en la que se basa la Administración Tributaria para determinar que el 

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contribuyente se benefició indebidamente del crédito fiscal que no le corresponde.

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4urORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACiÓN TRIBUTARI

Estado Plurinacional dO.Bolivia

En base a lo señalado, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171710000515de 14 de septiembre de 2017. Para dicho efecto adjunlos Cuadernillos de AntecedentesNros. 1 y 2 (SIN) con 282 fojas y un CD

11.4. Apertura de término probatorio. 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 24 de enero de 2018, que cursa a fs. 47 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentoria a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación la misma fecha, conforme consta por la diligencia de fs. 48 de obrados; consiguientemente, el señalado plazo concluyó el14 de febrero de 2018 (considerando el feriado nacional de 13 de febrero de 2018 por carnavales). 

En esta fase, por memorial presentado el 14 de febrero de 2018, la Administración Tributaria ratificó la prueba documental adjuntada a la respuesta al Recurso de Alzada; también señaló, que dicha prueba demuestra que el recurrente incumplió con sus obligaciones tributarias; y que la Administración Tributaria enmarcó sus actos en la normativa Vigente. respetando en todo momento los derechos del ahora recurrente. Por su parte, el recurrente no presentó prueba en esta etapa. 

Alegatos. 

Conforme establece el arto 210.11del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en conclusiones en los veinte días sfguientes a la conclusión del término probatorio; es decir, hasta el 6 de marzo de 2018; sin embargo, no hicieron uso de este derecho en el plazo otorgado por ley

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

revisión de los Cuadernillos de Antecedentes Nros. 1 y 2 (SIN) se tiene la 

siguiente relación de hechos: 

I.. 

3 de abril de 2014, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió la Orden de 

Veríñcaclón Interna N° 00140VI00142 (Form. 7520), contra Jaime Simón Cruz Castro,

objeto de verificar los hechos y elementos relacionados al Impuesto al Valor Agregado

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Justlda tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Kw.ua) Mburuvisa tendodegua mbaetl oñomita mbaerepl Vae (Guara!) 

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(IVA) específicamente del crédito fiscal contenido en las facturas detalladas en Form 7520, declaradas en los periodos fiscales enero y marzo a diciembre de 2011, requiriendo para e[ efecto la presentación de la siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas Forms. 200; 2. Libro de Compras de los periodos observados; 3. Facturas de compras “originales detalladas en anexo; 4. Documento que respalde el pago realizado, así como otra documentación a ser solicitada durante el proceso, para verificar las transacciones de respaldo a las facturas observadas. Orden de VerificaCión notificada personalmente el 12 de mayo de 2014 (fs. 6 a 8 CA N° 1 del SIN). 

El 21 de mayo de 2014, [a Administración Tributaria mediante Proveído N° 1014TA00105, aceptó ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta el 22 de mayo de 2014, solicitada por el contribuyente según nota de 19 de mayo 

de 2014 (fs. 51 a 53 CA N° 1 del SIN). 

El 23 de mayo de 2014, la Administración Tributaria elaboró el Acta de Inexistencia de Elementos, al no haber presentado el contribuyente la documentación solicitada en la Orden de Verificación InternaN° 00140VI00142 (fs. 54 a 55 CA NC? 1 SIN). 

El 11 de mayo de 2015, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 123371, por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, incumplimiento previsto en el arto 70 numeral 8 del CTB y sancionado con una multa de 1.500 UFV’s de acuerdo al arto4 numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo A) de la RND 10.0037.07 (fs. 56 CA N° 1 del SIN). 

El 11 de mayo de 2015, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/00140VI00142NC/66/2015, que liquidó preliminarmente una deuda , 

tributaria de 26.587 UFVs (Veintiséis míl qUinientas ochenta y siete Unidades. de Fomento a la Vivienda) correspondienteallVA de los periodosenero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,octubre, noviembrey diciembrede 2011, monto que incluye el tributo omitido, intereses y multa por Incumplimiento a Deberes Formales; adicionalmente, calificó preliminarmente la conducta como omisión de pago 

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Estado Plurinacional de Bolivia 

correspondiendo una sanción de 18.060 UFVs (Dieciocho mil sesenta Unidades de Fomento a la Vivienda);otorgandoal contribuyenteel plazode 30 días para la presentación de descargos, conforme al arto98 del CTB. Vista de Cargo notificada personalmente a Jaime Simón Cruz Castro, el 01 de septiembre de 2015 (fs. 231 238 CA N° 2 del SIN)

El 14 de septiembre de 2017, la Gerencia Dlstrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Determinativa N° 171710000515,determinó de oficio sobre base cierta deuda tributaria por 25.109 UFVs (Veinticinco ,mil ciento nueve Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto del IVA correspondiente a los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, contra el contribuyente Jaime Simón Cruz Castro; monto que comprende tributo omitido, interés y multa por incumplimiento a deberes formales; adicionalmente, calificó la conducta como Omisión de Pago. imponiendo la multa equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a 18.060 UFVs (Dieciocho mil sesenta Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del arto 165 del CTB. Resolución notificada por cédula el 6 de diciembre de 2017 (fs. 255 a 263 y 273 a 275 del CA N° 2 del SIN). 

El 7 de diciembre de 2017, Jaime Simón Cruz Castro, por nota sIn, solicitó a la Administración Tributarla fotocopias legalizadas del expediente completo del presente proceso de verificación. Solicitud atendida el 20 de diciembre de 2017, conforme se evidencia del Acta de Entrega de Documentos Solicitados (f5.277 y 279 del CA N° 2 del SIN). 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURíDICA. 

Contra la Resolución Determinativa N° 171710000515, el recurrente presentó Recurso de Alzada exponiendo como agravios los siguientes puntos: 1. Incumplimientode plazo 

y por no entrega de documentación solicitada; 4. Observaciones respecto a fundamentación de la Vista de Cargo; y 5. Prescripción de [a facultad de la .~ Administración Tributaria para determinar deuda tributaria

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Por lo que, a continuación esta instancia recursivapreviamenteprocederáa la revisión y verificación de la existencia de los vicios de forma denunciados; y, sólo en caso que no sean evidentes, se procederá a la revisión y alisis del argumento de fondo consistente en prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria, esto con la finalidad de evitar nulidades posteriores. 

IV.1. Incumplimiento de plazo para la emisión de la Vista de Cargo. 

El recurrente, manifestó que la Administración Tributaria demoró 475 as para la notificación de la Vista de Cargo.N° CITE: SIN/GDCH/DF/00140VI00142NC/66/2015 

sin que exista ampliación de plazo, por tanto, haba transgredido el plazo de 12 .‘ 

meses previsto por el arto 104.V del CTB. En este entendido, el incumplimiento de plazo habría ocasionado la pérdida de competencia del SIN, de acuerdo a lo establecido por el arto17.11y 111de la Ley N° 2341 y arto5.11 del CTB

La Administración Tributaria, que conforme el arto 104 parágrafo V del CTB, desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de 12 meses, prorrogables por 6 meses previa solicitud fundada. En el presente caso, la Vista de Cargo fue emitida el 11 de mayo de 2015, dentro de plazo conforme establece la norma, ya que la Orden de Verificación fue notificada el 12 de mayo de 2014:

Al respecto es necesario indicar, que el arto104.V del CTS, citado por el recurrente, a la letra dispone: Desde ei inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán trenscuair.más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria pOdrá autorizar una prórroga hasta por seis meses más. Nótese, que dicha disposición legal hace expresa referencia un procedimiento de ñscaltzacíóny no así a una verificación, por tanto, dicha disposicn legal no es aplicable al caso que se analiza pues se trata de un procedimiento de verificación con

una naturaleza distinta a la de una fiscalización

Ahora bien, con relación al arto17 de la Ley N° 2341, el cual dispone: “El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto establecido conforme a reglamentación especia

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IMPUGNACN TRIBUTARI

Estado Plurinacional do Bolivia 

para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 20 de la presente Ley“, según su contenido establece un plazo para la emisión del acto definitivo dentro de un proceso administrativo determinado; en tanto que, en el caso que se analiza, la Vista de Cargo no constituye un acto definitivo sino en todo caso en un acto preliminar, el cual, se encuentra sujeto a la presentación de descargos. Por tanto, tampoco esta normativa es aplicable al caso concreto. 

Por lo manifestado, al no existir un plazo establecido por normativa para la emisión de la Vista de Cargo en el caso específico de un procedimiento de verificación, la Administración Tributaria no incurrió en una emisión extemporánea de su acto Iiquidatorio de deuda, en tal circunstancia, menos aún podría hablarse de la existencia de una causal de nulidad o pérdida de competencia, ya que, la jurisprudencia es uniforme al considerar que los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos “No hay nulidad, sin ley específica que la establezca(SC 0731/2010R de 26 de julio de 2010). 

IV.2. Incumplimiento de plazo para la emisión de la Resolución Determinativa. 

~~”._ 

El recurrente, señaló que el 1 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/00140VI00142NC/66/2015 y posteriormente el 6 de diciembre de 2015, notificó la Resolución Determinativa N° 171710000515; por tanto, incumplió el plazo de 60 días, previsto en el numo I (aunque el recurrente no lo señala, se entiende del arto99) del CTB

I.

Por su parte, la Administración Tributaria reconoció que la Resolución Determinativa ahora impugnada fue emitida después de los 60 días que establece el arto 99.1 del CTB; sin embargo, el contribuyente no fundamentó de qué manera este hecho le afectaa. Así también, señaló que la norma citada no establece de forma expresa que 

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la emisión y notificación fuera de plazo de la Resolución Determinativa, pueda ser sancionado con la nulidad del mismo. En consecuencia se evidencia la inexistencia de normativa que disponga que el plazo para la notificación del Acto Administrativo, sea perentorio o de lugar a la caducidad de un derecho, asl como no implica la pérdida de competencia o preclusión del derecho de la Administración Tributaria. 

Al respecto, el arto 98 del CTB, señala que una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasívo o tercero responsable, tiene un plazo perentorio de 30 días para formular y presentar los descargos que estime convenientes; asimismo, el arto 99 del mismo cuerpo legal dispone que vencido el plazo previsto en el artículo 98, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro del plazo de 60 dfas, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional. En caso de que la Resolución Determinativa no sea dictada en el plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

En el presente caso, la Vista de Cargo fue emitida el11 de mayo de 2015 ya partir del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación, ocurrida el 1 de septiembre de 2015, el contribuyente tenía un plazo de treinta (30) días para presentar descargos, que se cumplió el 1 de octubre de 2015; a partir de entonces, se computa el plazo de [os sesenta (60) días para que la Administración Tributaria dicte la Resolución correspondiente: en este entendido, la Resólución, debió ser emitida y notificada 

hasta el 30 de noviembre de 2015, sin embargo, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Determinativo el 14 de septiembre de 2017, que fue notificada el 6 de diciembre de 2017, es decir después del plazo establecido, empero tal situación no da lugar a la caducidad del procedimiento o la nulidad del acto, pues según prevé el arto 

99 del CTB, en caso de que la Administración Tributaria emita la Resolución Determinativa fuera del plazo previsto, sólo da lugar a la no aplicación de intereses del tributo desde el día que debió dictarse la Resolución Determinativa, hasta el día .de la notificación con dicha resolución, aspecto que debe ser considerado por la Administración Tributaria a momento de actualizar la deuda tributaria determinada. 

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IV.3. Afectación del derecho a la defensa por notificación defectuosa y no entrega de docurnentaclón solicitada. 

El recurrente, manifestó que se le puso en completo estado de indefensión debido a la incoherencia en las fechas de notificación de la Resolución Determinativa, puesto que el 4 de diciembre de 2017 a hrs. 10:30, se procedió a dejar el primer aviso de visita comunicando que el día siguiente a la misma hora sería buscado nuevamente, sin embargo, el funcionario actuante no regresó al día siguiente hábil, procediendo a realizar directamente la representación jurada para la notificación por cédula, la cual de forma incoherente, habría sido realizada el 6 de noviembre de 2017, es decir, de forma anterior al primer aviso, lo que habría afectado su derecho de impugnación. Así también, indicó que el 7 de diciembre de 2017, con el objeto de realizar sus observaciones, solicitó a la Administración Tributaria el expediente completo; sin embargo, dicha entidad sólo proporcionó el expediente de forma parcial, motivo por el cual también se le dejó en completa indefensión. 

La Administración ‘Tributaria respondió que se dejó el Primer Aviso de Visita, estableciendo que el sujeto pasivo sería nuevamente buscado al día siguiente y el 6 de diciembre de 2017, se realizó la Representación Jurada, autorizándose la notificación por cédula. Agregó que, en caso de existir error en la fecha de la notificación cedularia, no es causal de anulabilidad del Acto Administrativo, puesto que el contribuyente tuvo conocimiento del primer aviso de visita que fue dejado a Beatriz rate en calidad de trabajadora del hogar, más aún cuando el contribuyente presentó a la Administración Tributaria, nota de solicitud de fotocopias legalizadas del expediente administrativo, admitiendo de esta forma que fuenotificado conla Resolución Determinativa ahora impugnada el 6 de diciembre de 2017. Respecto a la documentación solicitada, indicó que se entregó la misma al sujeto pasivo y prueba de ello es el Acta de entrega firmada por su persona. dando su conformidad, por lo que no corresponde la alusión del arto68 del CTB, puesto que en el transcurso de la verificación tuvo acceso a toda la documentación a efectos de conocer el estado de la tramitación del proceso.

Inicialmente, respecto a la notificación por cédula, corresponde manifestar que el arto 85 del CTB establece: “(…) l. Cuando el interesado o su represemente no fuera ‘Rk’ft””— 

encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en s

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defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. 11.Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 111.La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicílio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia (…)”. 

Al respecto, es necesario precisar que la notificación es: “la acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es tambíén constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución deljuez u otro acto del procedimiento” (OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Politicas y Sociales. Editorial Heliasta SRL. Buenos Aires Argentina. Pág. 489). 

Sobre el particular corresponde citar la línea jurisprudencial, generada’ por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia SC 1262/2004-R de 10/08/04, establece que: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo al derecho al debido proceso sólo (…)cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (…) pues no tendría sentiefo jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los ouey« se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales (…r. De igual manera, se ha establecido dicho lineamento en las Sentencias Constitucionales SC 1786/2004-R de 12/08/04, SC 228/2006-R DE 13/03/2006 Y en la Resolución Administrativa STG-RJ/0018/2006 de 25/01/2006 de la Superintendencia Tributaria General. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que 4 de diciembre de 2017, la funcionariaactuante se constituyóen el domiciliofiscal del contribuyenteJaime Simón Cruz Castro, ubicado en Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz Nro. 350, a objeto de notificar al 

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mencionado contribuyente, con la Resolución Determinativa N° 171710000515, ocasión en la que al no encontrar al contribuyente dejó el Aviso de Visita. en el que le comunica que sera buscado nuevamente el 5 de diciembre de 2017, es decir al día siguiente, aviso que fue dejado a Beatriz Zárate como trabajadora del hogar, quién se rehusó a firmar, en constancia de los hechos, juntamente con la funcionaria actuante del SIN, firmó el testigo de actuación Javier Barrón. posteriormente, se advierte que el 6 de diciembre de 2017, la funcionaria de la Administración Tributaria, Carla Valeria Ortuño Taboada, realila representación correspondiente, para la notificación por Cédula, en la cual se menciona que habiéndose dejado el aviso de visita, la funcionaria actuante se constituyó nuevamente en el domicilio fiscal y tampoco encontró al sujeto pasivo; es así que en la misma fecha, se procedió a la notificación por cédula, fijandose la misma en la puerta del do”micilio y ñrmó como testigo de actuación Roxana Guerra con el 7486668 Ch. 

En función a lo anteriormente descrito, se observa que la representación jurada, claramente establece que la funcionaria actuante se constituyó nuevamente en el domicilio fiscal en la fecha y hora determlnada, sin embargo, el contribuyente tampoco pudo ser encontrado, razón por la cual se procedió a la notificacn cedularia, aspecto que no fue desvirtuado por el recurrente a través de prueba idónea, por Jo que no resulta evidente lo manifestado en sentido que la funcionaria actuante no se constituyó por segunda vez en el domicilió fiscal. Al respecto, corresponde hacer hincapen que el procedimiento descrito en el arto 85 del CT,B, no prevé la elaboración de un segundo avisto de visita, por lo que la funcionaria actuante, al haber realizado directamente la representación jurada, no incumplió con ninguna formalidad en la notificación cedularia. 

Con relación, a lo manifestado por el recurrente en sentido que la fecha consignada en la dula es incoherente al ser anterior al primer aviso, conviene puntualizar que la diligencia de notificación por cédula, cursante a fs. 275 del Cuadernillo de Antecedentes N° 2, si bien consigna 6 de noviembre de 2017, no es menos evidente que la mención al mes de noviembre” se encuentra entre paréntesis dando a entender que se trata de un error material, ya que en la parte superior se consigna el mes de diciembre como dato correcto. En tal sentido, se entiende que la fecha correcta de notificación corresponde a 6 de 

embre de 2017. Asimismo se debe hacer notar, que en el presente caso río existió indefensión, ya que la impugnación fue presentada el 22 de diciembre de 2017, es decir, dentro del plazo legal, lo cual demuestra que el sujeto pasivo ejercplenamente s

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derecho a la defensa, por lo que se concluye no es evidente el agravio denunciado por el recurrente.

Respecto al reclamo del recurrente en sentido que la Administración Tributaria no entregó parte de la documentación solicitada mediante nota de 7 de diciembre de 2017, corresponde indicar, que cursa a fs. 279 del Cuadernillo de Antecedentes N° 2, el Acta de Entrega de Documentos Solicitados, documento en el cual se advierte que al pie del mismo, firma en constancia y conformidad de recepción el ahora recurrente Jaime Simón Cruz Castro, no existiendo en el Acta, observación alguna respecto a los documentos recibidos 

en sentido que su entrega sea incompleta,motivopor el cual se concluye que el argumento esgrimido por el recurrente no cuenta con sustento válido, por tanto, no se evidencia en este punto, vulneraciónal derechoa la defensa,máximesi ni siquierase indicó cual sería la documentaciónfaltante. 

IV.4. Observaciones respecto a la fundamentación de la Vista de Cargó. 

El recurrente, afirmó que el SIN Chuquisaca [egeneró indefensión toda vez que, no le dio oportunidad de presentar descargos de forma precisa respecto al Cuadro de Fundamentos Legales de los Cargos que solo se encuentra expuesto en la Resolución Determinativa y no así en la Vista de Cargo, la cual únicamente hace referencia a la obser,vación: “notas no válidas para crédito fiscal, por no presentación de la documentación original” y no así a las otras dos observaciones del mencionado cuadro, es decir, “notas fiscales no válidas por estar fuera de rango de dosificación autorizada por la Administración Tributeria” y “notas fiscales no válidas por estar emitidas a otro nombre, fecha e importen. 

La Administración Aduanera· respondió que se depuraron facturas por no haber presentado los originales, conforme lo previsto en el arto 4 de la Ley 843 y arto 41.1 numeral 1 de la RND N° 10.0016.07, Y para tener más elementos y sustento en la determinación, realizó cruces de información en base a los libros de ventas reportado por los proveedores, evidenciando notas ñscsles emitidas a otros beneficiarios; asimismo de la consulta al sistema GAUSS, se verificó la existencia de facturas no dosificadas por la Administración Tributaria y otras fuera de rango de dosificación . Aclaró que la información extractada del sistema informático del SIN, cuenta con el respectivo valor probatorio conforme lo establece e[ arto 7 del OS N° 27310; en ese 

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entendido, señaló que existe la debida fundamentación y sustento legal con suficiente documentación de respaldo en la que se basa la Administración Tributaria para determinar que el contribuyente se benefició indebidamente del crédito fiscal que no le corresponde

Al respecto es importante señalar que la SC 0788/2010R de 2 de agosto, estableció que: “(...) ... el debido proceso, es entendido como el derecho de lada persona a unproceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escucnedo, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse 

adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garana no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino tambn administrativo

El debido proceso involucra además, el derecho de defensa, entendido éste como la garantía que permite que aquella: persona que se encuentre sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusn derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses(YACOLCA ESTARES, Daniel. Tratado de Derecho Procesal Tributario – Volumen 11. 1ra. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012. Pág. 1123)

En cuanto a la motivación o fundamentación de los actos administrativos, corresponde señalar que de acuerdo a la SentencIa Constitucional (SC) 1365/2005R, de 31 de octubre: (...) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que signffica, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer Jos motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará plen

..tI”‘lnt’-—tlit:1nvencimientoa las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que tambn la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, e/imintmdose cualquier inte

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yparcialidad, dando al administradoel pleno convencimientode que no había otra forma de resolverlos hechosjuzgados sino de la forma en que se decidió’: 

En materia tributaria, dentro del proceso de determinación de la deuda tributaria, el Código Tributario Boliviano en su arto96, dispone que la Vista de Cargo debe contener los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable.de Joselementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; asimismo debe fijar la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; añade que, la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento la viciará de nulidad. En este entendido, al exigir la norma que la Vista de Cargo cuente con los hechos, actos, datos, elementos

valoraciones que fundamenten a la Resolución Determinativa.establece la condición que • 

ésta sirva de base para la elaboración de la ResoluciónDeterminativa. 

Por otra parte, la doctrina administrativa considera que el instituto jurídico de los actos anulables, indica que: “los actos administrativosson y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o revocados; para lo cual, es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, sean denul1ciadospor el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables,por lo general los vicios de Joscuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho (GORDILLO Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo” – Tomo 111,Octava edición, Fundación de Derecho Administrativo, BuenosAires -Argentina, 2004, Pág.XI-33). 

Asimismo, el arto36 de la Ley de ProcedimientoAdministrativo (LPA) establece: “l. Serán anulables Jos actos administrativosque incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 11.No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados”. 

Así planteada la problemáticadel presente recurso, corresponde a esta instancia verificar si el vicio procesal denunciado es evidente. 

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Ingresandoal análisisdel caso, correspondemanifestarque de la revisión del contenidode la Vista de Cargo CITE: SIN/GDCHIDF/00140VI00142NC/66/2015 de 11 de mayo de 2015, específicamenteen sus ‘páginas 2 al 4 se evidenciaque la AdministraciónTributaria expone un Detalle de Facturas Observadas y un Cuadro de ImpuestofTributoOmitido y Fundamentos legales del cargo. En el primer caso, en la columna de Observaciones, consigna el concepto por el cual se depuró la nota fiscal respectiva, el cual incluye la referenciación(1), que indica la base legal de la depuraciónconsistenteen el arto41.1 de la RND 10·00016-07. En el segundo caso, no se consignan las observaciones a las notas fiscalesdepuradas. 

Ahora bien, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 171710000515 de 14 de septiembre de 2017 (fs. 259 del Cuadernillo de Antecedentes N° 2), respecto a las observacionesa las notasfiscalesdel créditofiscal declarado,se constataque se incluye un “Cuadro de Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos”, el cual, consigna adicionalmente dos conceptos de depuración con su correspondiente respaldo legal, es decir: NN.FF no validas por estar fuera de rango de dosificación autorizada por la AdministraciónAduanera segúh arto41.1.2de la RND N° 10.00016.07Y NN.FF emitidas a otro nombre con distintafecha e importe según arts. 3.g) y 7.1.4de la RND N° 10.0016.07Y art.7.1.4. 

Como se puede advertir, la AdministraciónTributaria,en la Vista de Cargo omitió consignar las dos observaciones al crédito fiscal del contribuyente, que posteriormente fueron incluidas de forma extemporánea en la Resolución Determinativa, lo cual representa, efectivamente, una vulneración al debido proceso en su componente, el derecho a la defensa pues el sujeto pasivono tuvo la oportunidadde presentardescargos respectoestas dos observaciones,ya que como se manifestó no fueron expuestas en la Vista de Cargo, que constituye,conforme a procedimientoel acto preliminarde liquidaciónde deuda, en el que se hacen conocer al contribuyente los resultados del trabajo de verificación, con el objeto que éste pueda ejercersu derecho a la defensayen función a ello posteriormenteen la Resolución Determinativa, que constituye el acto definitivo, se confirme o no las imputacionespreliminaresrealizadas. 

Si bien el contribuyente durante el término probatorio no presentó las facturas originales observadas,ni documentaciónque demuestreque las mismas están dosificadasy emitidas

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a su noml;>re,de cualquiermanera,tal situación no exime a la AdministraciónTributaria su obligaciónde dar a conocertodas las observacionesrespectoa las facturasdepuradas. 

En consecuencia, al constatarse la existencia del vicio procesal identificado en el procedimiento de verificación, conforme al análisis precedente, corresponde la anulación de obrados conforme establece el arto 36.11 de la LPA -aplicable supletoriamente de acuerdo al arto 201 del CTB-, a fin de que la Administración Tributaria exponga en una nueva Vista de Cargo la totalidad de las observaciones respecto al crédito fiscal del sujeto pasivo, en estas circunstancias, esta instancia se encuentra impedida de emitir pronunciamiento en relación al argumento de fondo del Recurso de Alzada, relativo a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda, conclusión concordante con..el criterio asumido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en las Resoluc.iones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1533/2015 de 28 de agosto de 2015 y AGIT-RJ 0227/2015 de 13/02/2015, entre otras. 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.L de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los articulos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y arto141 del DS N° 29894 de 7 de febrerode 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR, la Resolución Determinativa N° 171710000515 de 14 de septiembre de 2017: con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/00140VI00142NC/66/2015 de 11 de mayo de 2015, inclusive, para que se emita una nueva Vista de Cargo conforme los criterios de legitimidad expuestos en la fundamentación de la presente Resolución, en resguardo del derecho a la defensa y debido proceso. Todo, conforme establece el arto 

212.l.c) del referido Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

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conforme establece el artículo.199 de la Ley N° 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administracn Tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO.-Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al arto 140. Inciso e) de la Ley N° 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO.Conforme prevé el arto144 de la Ley N° 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computables a partir de su notificación

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