ARIT-CHQ-RA-0126-2012 Resolución Determinativa confirmada al no objetar sobre la depuración de facturas, ni cuestionar su conducta como omisión de pago, ni la aplicación de multas IDF

ARIT-CHQ-RA-0126-2012

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0126/2012  

RECURRENTE: INPROCON LTDA., representada por JOSE LUIS MURILLO  TORREJON.  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE  IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por  

ZENOBIO VILAMANI ATANACIO.  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0030/2012.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 2 de julio de 2012.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eddy Julio Murillo Torrejón, en representación de  INPROCON Ltda., contra la Resolución Determinativa Nº 17-00000002-12 de 13 de enero  de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales;  Auto de admisión de 9 de marzo de 2012; notificación a la Administración Tributaria,  para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los  antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes;  autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico  Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0126/2012 y todo cuanto ver convino y se tuvo  presente.  

CONSIDERANDO:  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado,  trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada,  se tiene lo siguiente:  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES.  

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN Potosí), por  Resolución Determinativa Nº 17-00000002-12 de 13 de enero de 2012, determinó de oficio  y sobre la base cierta las obligaciones tributarias de INPROCON Ltda., con NIT Nº  1023825021, estableciendo una deuda tributaria de UFV 62.390, por Tributo Omitido e  Intereses del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos fiscales de enero, febrero y  agosto de la gestión 2008; sancionando su conducta por Omisión de Pago con una multa  igual al 100% del tributo omitido cuyo importe es de UFV’s 48.010 y aplicando la multa de  UFV 150 por cada una de las Actas de Contravenciones Tributarias Nros. 13304, 13305,  13306, 13307 y 13308 por Incumplimiento a Deberes Formales, labradas durante el  procedimiento de verificación.  

La Resolución Determinativa Nº 17-00000002-12, fue notificada mediante cédula, el 31 de  enero de 2012 e impugnada el 22 de febrero de 2012 por José Luís Murillo Torrejón 

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apoderado de INPROCON Ltda., mediante Recurso de Alzada presentado en el plazo  previsto en el art. 143 del CTB.  

  1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

  

INPROCON Ltda mediante su apoderado José Luís Murillo Torrejón (recurrente) manifestó  que la Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación Nº 0011OVI02813, con  alcance de verificación del IVA de los periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio,  agosto y septiembre 2008; trabajo que concluyó con la emisión de la Resolución  Determinativa Nº 17-00000002-12 que determinó una deuda tributaria por los períodos  enero, febrero y agosto de 2008, por montos excesivos e ilegales que alcanzan a  Bs.191.511 pretensión sobre la cual formula su impugnación, aclarando que la impugnación  excluye el periodo agosto 2008 sobre el que reconoció la deuda tributaria determinada;  asimismo, aceptó las actas labradas por incumplimientos a deber formal, reconociendo que  existió error en el envió de datos por el sistema Da Vinci.  

Respecto a los conceptos objeto de su impugnación, manifestó que la Administración  Tributaria nunca buscó, indagó o realizó acto alguno para encontrar la verdad material de  los hechos contraviniendo el principio de verdad material dispuesto en art. 4 de la Ley 2341.  Agregó que la Administración Tributaria, no utilizó las facultades establecidas en el art.  100 del CTB para averiguar la verdad material de los hechos y tampoco aplicó el art.76  referido a la carga de prueba que también le corresponde al ente administrativo, lo que  no ocurrió en su caso por cuanto una vez emitida la Vista de Cargo, la Administración  Tributaria sólo admitió descargos escritos, esperando que el contribuyente se defienda  y señalando en reiteradas oportunidades que no les correspondía realizar la operación  de corroborar la emisión de cada factura .  

En cuanto al agravio sufrido, calificó de arbitraria la depuración de facturas de enero de  2008 Nros. 974, 975, 981, 983, 991, 994, 998 y 1000 y febrero de 2008 Nros. 1115, 1118,  1123, 1129, 1136, 1142, 1148 y 1149 -todas por compras a “Ferretería Riveros” de la  ciudad de La Paz, con NIT 2719629015, empresa con la que mantuvo relación comercial no  solo respecto a las transacciones de las facturas observadas, ya que sólo tomó en cuenta la  información reportada por su sistema informático, argumentando que no fueron dosificadas  por el proveedor y no serían válidas para crédito fiscal, sin considerar que dichas facturas  cumplen con lo previsto en el art. 8 de Ley Nº 843 y art. 8 del DS Nº 21530 y que reúnen los  requisitos esenciales para la validez del crédito fiscal desarrollados en las resoluciones de la  Autoridad General de Impugnación Tributaria como ser: 1) existencia de la factura 2) que la  compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del  gravamen 3) que la transacción haya sido efectivamente realizada.  

Adicionalmente reiteró que demostró que las facturas depuradas fueron por compras  efectivamente realizadas. Al respecto, cuestiona si la responsabilidad de la dosificación de  facturas es del que entrega o de quien recibe la factura, citando al efecto las Resoluciones  Jerárquicas AGIT-RJ 0148/2011, AGIT-RJ 0138/2011, AGIT-RJ 0522/2011 y AGIT-RJ  0196/2011.  

  

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 del CTB;  subsanadas las observaciones, se emitió Auto de Admisión de 9 de marzo de 2012,  notificándose a la Administración Tributaria para que en el plazo legal de 15 días,  computables a partir de su notificación, conteste y remita todos los antecedentes 

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administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la Resolución  Impugnada, todo en aplicación del artículo 218 inciso c) del Código Tributario.  

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA.  

Dentro del término establecido por Ley, el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio en representación  de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, respondió en forma  negativa al recurso interpuesto, expresando que como resultado del procedimiento de  verificación interna al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero,  febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2008, se estableció en  contra de la empresa recurrente una deuda tributaria de UFVs 111.150 equivalente a  Bs.191.511.  

Señaló que en el proceso de verificación se realizó la compulsa de antecedentes y los  documentos presentados por el contribuyente fueron confrontado con datos insertos en la  base de información SIRAT y GAUSS; asimismo por información proporcionada de  proveedores a través de reportes LCV Da Vinci, se constató que el contribuyente no  determinó el crédito fiscal del IVA conforme a Ley, en los periodos fiscales enero, febrero,  marzo, mayo y agosto 2008, ya que respaldó su crédito fiscal IVA con facturas que no son  válidas, porque las mismas se encontraron fuera de rango autorizado, emitidas a otro  nombre y NIT diferente, como también importes superiores al consignado en la nota fiscal,  con el siguiente detalle de facturas depuradas:  

  • Facturas Nros. 974, 975, 981, 983, 991, 994, 998, 1000, 1115, 1118, 1123, 1129,  1136, 1142, 1148 y 1149 (Ferretería Riveros), 209 (INSUVIAL), 15713 y 15731  (YPFB), no se encuentran en el rango o datos de dosificación autorizados por la  Administración Tributaria.  
  • Facturas Nros. 23459 (La Económica), 24181 (YPFB) y 1945 (Cooperativa De  Telecomunicaciones Potosí) registradas en Libro de Ventas del proveedor a  nombre de otros contribuyentes.  
  • Factura Nº 849 (FANCESA) registrada en Libro de Compras del contribuyente  por importe superior al facturado.  

El importe de crédito fiscal indebidamente utilizado asciende a Bs.64.574 sobre el que se  procedió al cálculo de la deuda tributaria y emisión de la Vista de Cargo, actuación donde  se incluyó cinco Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de  Determinación Nros. 13304, 13305, 13306, 13307 y 13308, labradas durante la verificación  por incumplimientos sancionados con UFV´s 500 que no fueron cancelados por el  contribuyente; además de calificarse preliminarmente la conducta del contribuyente como  omisión de pago; otorgándole el plazo para que presente descargos.  

En relación a la validez de las facturas señaló que según Resolución Normativa de  Directorio Nº 10-0016-07 num. 2 del parágrafo I del art. 41 (validez de las facturas o notas  fiscales), las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generan crédito fiscal para  los sujetos pasivos del IVA, siempre que hubieren sido debidamente dosificadas por la  Administración Tributaria, consignando el Numero de Identificación Tributaria del sujeto  pasivo emisor, el numero de factura y el número de autorización. Sobre el tema –acotó- que  si bien el contribuyente presentó facturas, estas no cuentan con el respaldo legal que  establezca su autenticidad y fe probatoria. Respecto a que la transacción se haya  realizado, de la revisión de antecedentes las facturas Nros. 23459, 24181 y 1945 en Libros  de Ventas del proveedor detallan como comprador a otro contribuyente, no así a  INPROCON Ltda. En cuanto a que las compras se encuentren vinculadas a la actividad de 

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INPROCON Ltda., las facturas observadas se encuentran vinculadas con la actividad del  recurrente, sin embargo no cumplieron con requisitos de autorización en el sistema GAUSS  y no establecen con claridad el domicilio del proveedor.  

En cuanto al agravio alegado por el recurrente, referido a facturas observadas al proveedor  Ferretería Riveros, estas fueron depuradas resultado de la compulsa de los mismos con los  medios informáticos GAUSS y SIRAT, habiéndose cumplido lo dispuesto –de esa manera por el art. 76 de CTB, demostrando que INPROCON Ltda., no determinó y declaró el crédito  fiscal IVA conforme a Ley en los periodos fiscales enero, febrero y agosto de 2008.  

En cuanto a la verdad material, manifestó que el trabajo desarrollado se sustentó  legalmente y cuenta con medios fehacientes de prueba, que respaldan los reparos  establecidos en la Vista de Cargo y posterior Resolución Determinativa, sin que exista  vulneración de derechos y principios como denuncia el recurrente  

Por todo lo expuesto, solicitó se resuelva confirmando la Resolución Determinativa Nº 17- 00000002-12 de 13 de enero de 2012, oportunidad en la que adjuntó una carpeta que  contiene los antecedentes del proceso con 393 fojas  

  

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 5 de  abril de 2012, que cursa a fojas 60 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio  común y perentorio a las partes de 20 días. En esta fase la entidad recurrida mediante  memorial de 11 de abril de 2012, se ratificó en toda la prueba presentada junto al memorial  de respuesta al recurso de alzada. Por su parte el recurrente, mediante memorial de 2 de  mayo de 2012, se ratificó en la prueba que cursa en antecedentes y ofreció como prueba  de reciente obtención la documentación que se encuentra detallada en el Acta de  Juramento que cursa a fojas 79 del expediente.  

Siguiendo la secuencia procesal, el 9 de mayo de 2012 se emitió el decreto de conclusión  de término probatorio y posteriormente el expediente fue remitido a la ARIT-CHQ para ser  radicado el 14 de mayo de 2012.  

  

  1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el artículo  141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y  competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del  marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el  procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa Nº 17- 

00000002-12 de 13 de enero de 2012, fue iniciado el 22 de febrero de 2012, conforme  consta por el cargo de notificación por cedula cursante a fojas 24 de obrados.  

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fojas 92 a 93 de obrados, se tiene que el plazo de  los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme  dispone el art. 210 III del CTB, venció el 11 de junio de 2012; empero por Auto de 11 de  junio de 2012, el plazo fue ampliado, conforme previsión de la citada disposición legal.  

Por memorial de 21 de mayo de 2012, la Administración Tributaria formuló alegato escrito  en conclusiones, reiterando que las facturas presentadas por el recurrente en el 

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procedimiento de verificación, incumplen lo dispuesto en el art. 8 de la Ley Nº 843 y DS Nº  21530, por lo que fueron depuradas. Respecto a los requisitos para la validez de las  facturas, señaló que el recurrente nunca demostró el cumplimiento de los tres requisitos  para beneficiarse con el crédito fiscal del IVA, lo que hizo inviable su reconocimiento.  Finalmente, sobre los agravios aludidos por el recurrente, señaló que se demostró  fehacientemente que las conductas descritas constituyen ilícitos tipificados como  contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales de conformidad con lo  señalado en los arts. 160. 5 y 162 ambos del CTB. En base a ello, reiteró su petitorio de  confirmar la resolución que se impugna.  

Por su parte, el recurrente el 22 de mayo de 2012, formuló alegatos escritos en  conclusiones, precisando que anteriormente la Administración Tributaria aceptó los  descargos presentados respecto a las facturas de YPFB, La Económica, Cooperativa de  Telecomunicaciones e Insuvial. Asimismo, aclaró que no discrepa en los alcances del art. 8  de la Ley 843 y el DS Nº 21530, respecto a la validez de las facturas y apropiación del  crédito fiscal, sin embargo discrepa en la aplicación del numeral 2 parágrafo I del art. 41 de  la RND 10-0016-07 por ser norma de inferior rango. Por otra parte, cuestionó el “escaso”  trabajo de fiscalización efectuado por el SIN que evidenció supuestamente facturas sin  dosificación, que fueron entregadas y recibidas de buena fe.  

VII. RELACIÓN DE HECHOS.  

  

Efectuada la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 y Nº 2(SIN) y el Cuadernillo de  Antecedentes Nº 1(Recurrente) se establece la siguiente relación de hechos:  

El 22 de febrero de 2011, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, emitió la Orden de  Verificación Nº 0011OVI 02813, notificada por cédula el 1 de marzo a INPROCON Ltda.,  a objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias,  correspondiente al IVA, específicamente para la verificación del crédito fiscal contenido  en facturas declaradas por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo, junio,  julio, agosto y septiembre 2008; oportunidad en que adjuntó en anexo, las diferencias  detectadas mediante sistema; requiriendo la presentación de Declaraciones Juradas,  Libro de Compras y Ventas, facturas de compras originales, medios de pago de  facturas observadas, así como otra documentación (fojas 2 a 10 del Cuadernillo de  Antecedentes 1(SIN)).  

El 20 de julio de 2011, se labraron las Actas por Contravenciones Tributarias  Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 013304; 013305, 013306, 013307  y 013308, por incumplimiento al deber formal de registro en libro de compras IVA – presentado en módulo Da Vinci- con errores en facturas Nos. 76, 234, 244, 616, 63824,  64090, 368, 411, 433, 73530, 632, 11206; y por no presentar los formatos establecidos  en los periodos enero, marzo, julio, agosto y septiembre 2008, según el parágrafo I y  II, numeral 2 del art. 47 de la RND No. 10.0016.07; sancionadas con UFVs 500 por  cada acta en aplicación de sub numeral 4.2. numeral 4 del Anexo A de la RND  10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 (fojas 11 a 15 del Cuadernillo de Antecedentes  1(SIN).  

El 10 de marzo de 2011, la Administración Tributaria mediante Acta de  Recepción/Devolución, recibió documentos requerido mediante la Orden de  Verificación Nº 0011OVI 02813, consistentes en: 1. Form. 200 Declaraciones Juradas  IVA enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2008 original; 2.  Libro de compras y ventas del periodo observado 2008 (2 libros empastados original); 

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  1. Medio de pago de facturas observadas o comprobantes de diario de los meses  observados 2008 (de páginas 25 a 94); 4. Facturas originales de los periodos  observados (36 facturas) (fojas 16 del Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN)).  Posteriormente devueltas mediante Acta de Recepción/Devolución de documentación  de fecha 17 de octubre de 2011 (fojas 232 del Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN)).  

El 5 de octubre de 2011, la Gerencia Distrital Potosí, emitió la Vista de Cargo Nº  089/2011, notificada mediante cédula el 14 de octubre de 2011, estableciendo que el  contribuyente no declaró correctamente el impuesto IVA en los periodos enero, febrero,  marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2008, determinando obligaciones  impositivas por el siguiente concepto: depuración de facturas no válidas para crédito  fiscal por no estar dosificadas o autorizadas por la Administración Tributaria, haber sido  emitidas a otro nombre y NIT por el proveedor y declarada por un importe superior al  consignado en nota fiscal, por un importe total de UFVs 56.760; adicionalmente  estableció incumplimientos a Deberes formales de UFVs 2.500 de los periodos enero,  marzo, julio, agosto y septiembre 2008 y calificación preliminar de la conducta Omisión  de Pago en aplicación del art. 165 del CTB (fojas 233 a 246 del Cuadernillo de  Antecedentes Nº 2(SIN).  

El 15 de noviembre de 2011, la recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo  adjuntando notas fiscales originales, detalle de retiros bancarios, comprobantes de  contabilidad, cotizaciones, recibos de pago y de transporte; asimismo, indicó que las  facturas observadas por haber sido emitidas a otro nombre y NIT son correctas y  aceptó el cargo formulado por la factura 849 de FANCESA (fojas 253 a 258 y 262 a  366).  

El 28 de diciembre de 2011, se emitió Informe Complementario CITE:  SIN/GDPT/DF/VI/INF/1016/2011 aceptando parcialmente los descargos presentados  respecto a las facturas No. 23459 de Facundo Mamani; Nos. 15713, 15731, 24181 de  YPFB; No.1945 de INSUVIAL SRL; No. 209 Nuevatel PCS Bolivia, de igual manera las  multas por incumplimiento a deberes formales fueron actualizadas a UFV 150 por cada  una en aplicación de art. 1.II de la RND 10.0030.11, parágrafo II de la Disposición  Transitoria Primera de la RND 10.0037.07 y art. 150 del CTB. (fojas 367 a 372).  

Finalmente el 13 de enero de 2012, la Administración Tributaria, emitió la Resolución  Determinativa Nº 17-00000002-12, notificada mediante cédula el 31 de enero de 2012,  que determinó de oficio y sobre base cierta obligaciones tributarias respecto al impuesto  IVA en los periodos enero, febrero y agosto de 2008, por depuración del crédito fiscal de  facturas no dosificadas o autorizadas y declarada por un importe superior al consignado  en nota fiscal, por un importe total de UFVs 62.390; adicionalmente incumplimientos a  Deberes formales por UFVs 750 y sanción del 100% del Tributo Omitido UFV 48.010  por Omisión de Pago en aplicación del art. 165 del CTB (fojas 384 a 393).  

VIII. MARCO LEGAL.  

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.  

Artículo 115.- (Garantías Jurisdiccionales). II. El Estado Garantiza el derecho al  debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,  transparente y sin dilaciones. 

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CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

Artículo 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación  normativa:  

  1. La Constitución Política del Estado.  
  2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  3. El presente Código Tributario.  
  3. Las Leyes  
  4. Los Decretos Supremos.  
  5. Resoluciones Supremas.  
  6. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos  administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de  formulación establecidos en este Código.  

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de  tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su  jurisdicción y competencia.  

  1. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los  principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas  que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

Artículo 43.- (Métodos de Determinación de la Base Imponible). Podrá  determinarse por los siguientes métodos:  

Sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan  conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.  

Artículo 47.- (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el  monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el  cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las  Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda  (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  

DT = TO x (1 + r/360)n +M  

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es  el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de  Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La  Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada  oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para  operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco  Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.  

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la  fecha de pago de la obligación tributaria.  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda  (UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación  tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación  descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

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La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable,  surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.  El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV’s,  la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento  de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago.  

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente  devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la  Vivienda (UFV).  

Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las  siguientes facultades específicas:  

  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  2. Determinación de tributos;  
  2. Cálculo de la deuda tributaria  
  3. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones  tributarias del sujeto pasivo:  

  1. 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios,  plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos  previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.  4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros  generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o  instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas  respectivas  

Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y  jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el  sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señales expresamente que se  encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

Artículo 79° (Medios e Instrumentos Tecnológicos).  

  1. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información  de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros,  registros y anotaciones contables así como la documentación de las obligaciones  tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados por  la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así como las  comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán efectuarse  por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa  aplicable a la materia.  

Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra  tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la  verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal  que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir  los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y  exclusivo control.  

Artículo 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se  apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 

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cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las  siguientes:  

  1. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso  de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa  constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión  de la Resolución Determinativa.  

Artículo 92.- (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la  Administración Tributaria, declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su  inexistencia.  

Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que  fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto  pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la  Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación,  fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o  sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo  adeudado.  

Artículo 99.- (Resolución Determinativa).  

Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior , se  dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro del plazo de sesenta (60) días y  para Contrabando dentro del plazo de (10) días hábiles administrativos, aun cuando el  sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la  deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera  excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración  Tributaria.  

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro  del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día  en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.  

La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como  requisitos mínimos; lugar y fecha , nombre o razón social del sujeto pasivo,  especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos sobre hecho y derecho, la  calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la  firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los  requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la  reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la  obligación tributaria.  

Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá  indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e  investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

  1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como  cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

  1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  
  2. Omisión de pago; 

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Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales).  

  1. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el  presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas  reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de  Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda  (5.000 UFV‘s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se  establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.  

Artículo 165.- (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de  menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que esta obligado u obtenga  indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento  (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.  

Artículo 200.- (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los  principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341,  de 23 e abril de 2002, a los siguientes:  

  1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos  administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma  de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del  Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus  obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario (…).  

LEY Nº 843, TEXTO ORDENANDO EN VIGENCIA.  

Artículo 8.- (Crédito Fiscal). Del impuesto determinado por la aplicación de lo  dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: a) El importe que resulte de  aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras,  importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios,  o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen  facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se  liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras,  adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra  prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las  operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto  resulta responsable del gravamen.  

 Artículo 13.- El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de  emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que  deberán llevar los responsables.  

DS Nº 21530, REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.  

Artículo 8.- El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la ley  843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones  definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.  

DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  

Artículo 7.- (Medios e Instrumentos Tecnológicos). Las operaciones electrónicas  realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por un 

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usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada, recibida,  almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios electrónicos,  por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro electrónico, tiene  validez probatoria.  

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en el  sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A  efectos del ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21 de la Ley 2492, la  Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información  actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de  contar con información objetiva.  

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los  sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre  que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren  dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los registros  electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios  tecnológicos de respaldo o duplicación.  

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la  Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas  informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas.  Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y  procedimentales para la aplicación del presente Artículo,  

Artículo 29.- (Determinación de la deuda por parte de la administración). La  determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará  mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados  por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos,  períodos y hechos, se clasifican en:  

  1. c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y  circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por  pagar.  

RND Nº 10-0016-07, NUEVO SISTEMA DE FACTURACION NSF-07.  

Artículo 41.- (Validez de las facturas o Notas Fiscales). I. Las facturas, notas  fiscales o documentos equivalentes generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos  del IVA, RCIVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales  liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843) (Texto Ordenado  Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los  siguientes requisitos:  

1) Sea el original del documento.  

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el  Numero de Identificación tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de la factura y el  número de autorización.  

RND Nº 10-0030-11, MODIFICACIONES ADICIONALES AL ANEXO A  CONSOLIDADO DE LA RND Nº 10.0037.07.  

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO  4. Deberes Formales Relacionados con el deber de información 

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4.2.1) Presentación de Libros de Compra y Venta IVA a través del modulo Da Vinci –  LCV sin errores por periodo fiscal.  

Sanción por incumplimiento: de 1 a 20 errores Personas jurídicas 150 UFV.  De 21 a 50 errores Personas jurídicas 300 UFV de 51 o más errores Personas jurídicas  600 UFV.  

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

Artículo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad  administrativa se regirá por los siguientes principios:  

  1. d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad  material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;  e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración  Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad  en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el  procedimiento administrativo;  
  2. f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del  interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los  administrados;  
  3. h) Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación administrativa y,  particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley, observarán la  jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes  
  4. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS.  

9.1. Depuración de facturas no dosificadas o autorizadas por la Administración Tributaria.    

 La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, como resultado del  procedimiento de verificación interna 0011OVI02813, realizado sobre el respaldo de crédito  fiscal IVA declarado por INPROCON Ltda. en los periodos enero, febrero, marzo, mayo y  agosto 2008, emitió la Vista de Cargo 089/2011, en la que inicialmente estableció una  deuda tributaria por IVA por un importe de UFV 56.760, emergente de la depuración de  facturas por no estar autorizadas o dosificadas, haber sido emitidas a otro nombre y NIT  por el proveedor y declaradas por un importe superior; calificando preliminarmente la  conducta del contribuyente como omisión de pago y consignando las actas de infracción  013304; 013305, 013306, 013307 y 013308 labradas durante la verificación por  incumplimiento de deberes formales.  

  

 En conocimiento de la Vista de Cargo, el contribuyente presentó descargos que dieron lugar  a la modificación del cargo inicialmente determinado; manteniéndose la observación de las  facturas emitidas por Paulina Riveros Quisbert con NIT 2719629015 Nros. 974, 975,  981, 983, 991, 994, 998 que consignan como número de autorización 20010076350 y  1000, 1115, 1118, 1123, 1129, 1136, 1142, 1148, 1149 con autorización 20010075760,  correspondientes a los periodos enero y febrero 2008, porque no fueron dosificadas o  autorizadas por la Administración Tributaria; también se mantuvo la observación de la  factura Nº 849 autorización 19040012524 emitida por FANCESA con NIT 1016259020  en el periodo agosto 2008, declarada por un importe superior al consignado en la nota  fiscal; observaciones que dieron lugar a la depuración del crédito fiscal en aplicación de  los arts. 8 de la Ley 843; 8 y 13 del DS Nº 21530; numeral 2, parágrafo I del art. 41 de  la RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007.  

 

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 Finalmente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 17- 00000002-12, consignando en contra de INPROCON Ltda. una deuda tributaria por  IVA de UFVs 62.390 por depuración de crédito fiscal IVA en los periodos enero, febrero  y agosto de 2008; imponiendo la multa del 100% sobre el Tributo Omitido por Omisión  de Pago de UFVs 48.010 y un importe total de UFVs 750 por multas de incumplimiento  de deberes formales.  

  

 El recurrente en su Recurso de Alzada, calificó de injusta la depuración del crédito fiscal  correspondiente a las facturas emitidas por Paulina Riveros Quisbert, argumentando que si  bien no fueron dosificadas o autorizadas por la Administración Tributaria; empero  corresponden a compras efectivamente realizadas de buena fe en el mercado nacional de  la “Ferretería Riveros” por las que se realizaron pagos mediante transacciones bancarias,  facturas que cumplen con las disposiciones legales; adicionalmente cuestionó que la  Administración Tributaria únicamente haya basado su observación en la información  registrada en su sistema informático, sin realizar otra indagación para establecer la validez  de las facturas depuradas.  

En el análisis del caso, en necesario considerar las disposiciones del Título I de la Ley 843  (Texto Ordenado) donde se crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable sobre la  venta de bienes muebles, prestaciones de servicio de toda naturaleza e importaciones  definitivas; el cual es un impuesto al consumo, plurifásico no acumulativo, cuya estructura  considera la técnica “impuesto contra impuesto” porque el crédito fiscal contenido en las  facturas, notas fiscales o documentos equivalentes por compras o adquisiciones  relacionadas con la actividad gravada, se deduce a momento de la determinación del  impuesto. Consecuentemente, en la estructura técnico formal de este impuesto indirecto al  consumo, la factura, nota fiscal u otros documento equivalente, cobra una trascendencia  fundamental, por cuanto constituye el instrumento de control del pago del IVA por las  operaciones de compra y venta de los bienes y servicios alcanzados por este impuesto; y  adicionalmente constituye documento de respaldo y control de correcto cumplimiento de las  obligaciones impositivas gravadas con otros impuestos tales como el ICE, IT, IUE, RC-IVA,  IEHD.  

Así el art. 4 de la Ley 843 (Texto Ordenado), al precisar el momento de la realización  del hecho generador en los casos de venta de bienes, prestaciones de servicios y  contratos de obras, establece la obligación de la emisión de la factura, nota fiscal o  documento equivalente.  

El art. 8 inc. a) de la misma Ley señala que del impuesto determinado, los  responsables restarán: “El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el  artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes,  contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo  alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante  documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al  cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones  definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier  naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir,  aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del  gravamen”.  

Por su parte, el art. 13 de la citada Ley 843, prevé que: “El reglamento dispondrá las  normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o  documentos equivalentes, así como los registros que deberán llevar los responsables”. 

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También el art. 13 del Decreto Supremo 21530, prevé que las normas a que se debe  ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como  los registros que deberá llevar el contribuyente, serán las contenidas en la norma  administrativa que dicte la Dirección General de Impuestos Internos, ahora Servicio de  Impuestos Nacionales. 

Así el Servicio de Impuestos Nacionales en el inciso 2) del art. 41.I de la RND Nº 10- 0016-07 aclaró que las facturas generaran crédito fiscal siempre que cumplan con los  siguientes requisitos: “Sea el original del documento y haya sido debidamente  dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación  Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de la factura y el número de  autorización”.  

  

Por tanto, la eficacia probatoria de la factura o nota fiscal en relación a las operaciones  gravadas por el IVA, depende del cumplimiento de los requisitos de validez y  autenticidad que reglamentariamente hayan sido previstas al efecto; en ese sentido y  conforme las disposiciones legales y reglamentarias antes glosadas, se establece que  en el sistema impositivo boliviano, la factura o nota fiscal como documento de control  de las operaciones gravadas, para su validez como documento que contenga crédito  fiscal, requiere ser autorizada por la Administración Tributaria.  

En el presente caso, las facturas Nros. 974, 975, 981, 983, 991, 994, 998, 1000, 1115,  1118, 1123, 1129, 1136, 1142, 1148, 1149, todas emitidas por “Ferretería Riveros”  Paulina Riveros Quisbert con NIT 2719629015 y que fueron declaradas por el  recurrente como compras de los periodos enero y febrero 2008 por importe total de  Bs.479.341, no fueron dosificadas por la Administración Tributaria, es decir que los  números de “autorización” impresos – 20010076350 y 20010075760- no fueron  efectivamente autorizados por la autoridad competente: el Servicio de Impuestos  Nacionales; consecuentemente carecen de eficacia tributaria y no son válidas para  generar crédito fiscal, porque no reúnen el requisito establecido en el inciso 2) del art.  41.I de la RND Nº 10-0016-07.  

En cuanto a lo argumentado por el recurrente en sentido que las facturas depuradas de  “Ferretería Riveros”, cumplen las condiciones señaladas en reiteradas resoluciones  emitidas por la Autoridad de Impugnación Tributaria –entre ellas las Resoluciones  Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007- en  aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado), art. 8 del DS 21530, es  cierto que precisan tres requisitos a ser cumplidos por el contribuyente para  beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que  declara: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la  actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente.  

Empero en el presente caso, respecto al primer requisito, si bien el recurrente presentó  facturas originales; empero, debe tener en cuenta que para que estas “facturas  originales” tengan eficacia tributaria, es decir, puedan generar crédito fiscal,  necesariamente se debe cumplir el presupuesto de su habilitación, dosificación o  autorización por el Servicio de Impuestos Nacionales, condición intrínseca o  consustancial a la existencia de una factura original que genere crédito fiscal válido  para la liquidación del IVA. Al respecto, es pertinente anotar el precedente establecido en  la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0184/2008 de 18 de marzo de 2008 que  señala: “De aceptar que se presenten facturas falsas y sin valor legal tributario, se  abriría peligrosamente las puertas para que bajo el principio de buena fe los contribuyentes 

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presenten toda clase de facturas y documentos equivalentes sin valor legal para  beneficiarse de un crédito fiscal inexistente contablemente, lo que en un Estado de  Derecho, que se rige por normas jurídicas tributarias generales y obligatorias es  inaceptable. Además, cabe dejar establecido que de aceptarse esta situación, el Estado  perdería ingresos por doble partida; por lo tanto, no corresponde que se le otorgue validez a  documentos sin valor legal”.  

Por otra parte, de acuerdo a la revisión de las pruebas aportadas por el recurrente para  demostrar la efectividad de las transacciones que originaron la emisión de las facturas  observadas, se tiene que los cheques presentados como prueba de medio de pago no  están emitidos a nombre de Paulina Riveros Quisbert; adicionalmente, el retiro de efectivo  de las cuentas corrientes según extractos bancarios y certificaciones bancarias no coincide  con el importe de las compras reflejado en las facturas.  

En relación a la reclamación del recurrente de que la Administración Tributaria sólo se  basó en la información de su sistema informático para realizar la depuración de sus  facturas; el art.76 del CTB, en cuanto a la carga de la prueba, dispone que en los  procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer  sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. En el presente  caso, la depuración de las facturas de compras declaradas por el recurrente se  fundamentó en la falta de autorización de la Administración Tributaria, control que  precisamente es de naturaleza informática, por cuanto la fuente de información y  prueba respecto a la eficacia tributaria de las referidas facturas es el Sistema de  Facturación (GAUSS y SIRAT) implantado en la Administración Tributaria, en el que se  registran las habilitaciones, rango de dosificación facturas, notas fiscales o documentos  equivalentes y formas de facturación autorizadas para cada contribuyente según los  requerimientos de éste y naturaleza de la actividad gravada. Prueba que pudo ser  desvirtuada por el recurrente mediante la presentación de la documentación  acreditativa de la autorización extrañada, recabada de su proveedora, máxime – como  refiere en su recurso de alzada- su relación comercial con dicha proveedora fue regular  y no accidental o esporádica; pero no lo hizo.  

Finalmente, el recurrente no formuló observación en relación a la depuración de otras  facturas y tampoco cuestionó la calificación de su conducta como omisión de pago ni la  aplicación de multas por incumplimientos de deberes formales, por lo que no corresponde  realizar análisis alguno al respecto.  

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece que la  Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, en el presente procedimiento  de determinación de oficio, observó adecuadamente el procedimiento previsto en la  normativa tributaria en vigencia.  

POR TANTO  

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto  Supremo Nº 29894,  

 

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RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa Nº 17-00000002-12 de 13 de enero de  2012, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio Impuestos Nacionales. Todo de  conformidad a la fundamentación técnico jurídico realizada y con lo previsto por el artículo 212-I  inciso b) del Código Tributario Boliviano.  

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente  Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario  Boliviano.  

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

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