ARIT-CHQ-RA-0115-2018 Ratificación Resolución Determinativa puesto que las facultades de multar y sancionar por parte de la administración tributaria aun no estaban prescritas por los periodos observados, en este caso por tributo omitido e intereses

ARIT-CHQ-RA-0115-2018

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0115/2018 

Recurrente FelipeCabezasPeñaranda

Administración recurrida 

Gerencia DistritalChuquisacadel Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmentepor Jhonny PadillaPalacios

VISTOS: 

Acto impugnado ResoluciónDeterminativaN° 171710000606. Expediente N° ARIT-CHQ-0060/2017. 

FECHA Sucre, 6 de febrerode 2018 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ N° 0115/2018 de 6 de febrero de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria ~egional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Determinativa N° 171710000606de 17 de octubre de 2017, determinó de oficio sobre base cierta deuda tributaria de UFVs 8,369 (Ocho mil trescientas sesenta y nueve Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de RC-IVA (RégimenComplementario al Impuesto al Valor Agregado Dependientes) por los periodos fiscales de marzo a septiembre de 2012, contra Felipe Cabezas Peñaranda, con CI. 1058788Ch.; monto que comprende tributo omitido e interés; adicionalmente. calificó l

conducta como Omisión de Pago, imponiendo la multa equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a UFV‘s 6.678 (Seis mil seiscientos setenta v ocho Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del arto165 del CTB

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Resolución notificada personalmente a Felipe Cabezas Peñaranda, el 25 de octubre de 2017, e impugnada el 14 de noviembre de 2017, dentro del plazo de veinte días establecido en el arto143 del CTB. 

  1. TRAMITACiÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Recurrente. 

Felipe Cabezas Peñaranda (el recurrente), manifestó que de acuerdo a los descargos presentados a la Vista de Cargo N° 291710000136 (CITE: SIN/GDCH/DFNC/00139/2017), solicitó a la Administración Tributaria la extinción de la deuda tributaria de la gestión 2012, por prescripción, toda vez que el cómputo inició el 1 de enero de 2013, y finalizó el 31 de diciembre de 2016, conforme al arto59 del CTB que prevé que prescribirán a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, yart. 60.1del mismo cuerpo legal, que establece que el plazo se computará a partir del primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, aclarando que la notificación de la Orden de Verificación N° 00160V100003, no interrumpe la prescripción, ni mucho menos la suspende; sin embargo, la Administración Tributaria aplicó erradamente las Leyes Nros. 291 y 317 -efectuando un cómputo ilegal y sesgado- que entraron en vigencia posteriormente al momento de ocurrido los hechos generadores y rechazando la . 

solicitud de prescripción a través de la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

También, aseveró que el arto 123 de la CPE establece la garantía jurisdiccional de la irretroactividad de la ley, y en el caso de materia tributaria el arto 150 del CTB, establece que las normas tributarias no tienen efecto retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de alguna manera beneficién al sujeto pasivo o tercero responsable, por lo que las citadas normas no podrán ser aplicadas con carácter retroactivo con respecto al término de la prescripción. 

Finalmente, señaló que el instituto de la prescripción tiene como objeto otorgar seguri.dadjurídica a los sujetos pasivos, entendida como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran; representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de modo tal que los individuos 

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saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones; afirmó que su solicitud se encuentra enmarcada en el principio de informalismo, principio de carácter administrativo y constitucional que es de cumplimiento obligatorio por parte del servidor público, y que su incumplimiento le causó perjuicio y lesionó el principio de legalidad administrativa definido en la SC N° 1464/2004-R de 13 de septiembre y deriva en responsabilidad funcionaria conforme la Ley N° 1178. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa N° 171710000606de 17 de octubre de 2017, y se declare la prescripción planteada

11.2. Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 17 de noviembre de 2017, se admitió el Recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince as, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos .probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación del arto218.c) del CTB. Auto de admisión notificado al representante de laentidad recurrida el 24 de noviembre de 2017, conforme a diligencia de fs. 20 de obrados. 

Respuesta de la Administración Tributaria. 

Dentro del rmino establecido en el arto218.c) del CTB, el 11 de diciembre de 2017, se apersonó Jhonny Padilla Palacios, según copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 031700001535 de 20 de noviembre de 2017, quién respondió negativamente al Recurso planteado, manifestando que respecto a la prescripción correspondía aplicar )05 arts. 59 y 60 del CTB, que fueron modificados por las Leyes Nros. 291,317 que datan de la gestión 2012, quedando el arto59 redactado de la siguiente manera: Las ecciones de la Administración tributaria prescribirán a los 4 os en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años en la gestión 2018~para () 2. Determinar la deuda tributaria‘: por lo que, el ré~imen de prescripción vigente consideraría las gestiones en las que operó la misma

En ese sentido; saló que en el presente caso el cómputo de la prescripción respecto a la facultad de determinar la deuda tributaria de la Administración Tributaria por lo

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periodos de marzo a septiembre de 2012, inició el primer dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria (modificado por la Ley N° 317) y desde esa fecha hasta el 25 de octubre de 2017, no transcurrió el término de la prescripción, toda vez que debió haber transcurrido nueve años en la gestión 2017, por lo que la contravención tributaria por omisión de pago se encontraría vigente. Citó como precedente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1572/2014 de 17 de noviembre de 2014, AGIT-RJ ‘0869/201.7 de 10 de julio de 2017 y AGIT-RJ 0791/2017 de 03 de julio de 2017. 

También manifestó, que la Ley N° 812, establece el término de prescripción de ocho años en general para todos los casos, y aún sí se quisiera aplicar de forma retroactiva a los periodos observados, tampoco operó la prescripción, ya que no transcurrió ni 5 años, de los 8 años que establece la mencionada ley. Por lo que, la facultad de determinación de la Administración Tributaria se encuentra vigente. 

Agregó que en el presente caso, para el cómputo de la prescripción ‘se consideró los ‘alcances de la Ley N° 812, en función al arto150 del CTB concordante con el arto 123 de la CPE, toda vez que la citada ley estaba vigente en el momento en que se notificó la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

En base a lo señalado, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Resolución DeterminativaN° 171710000606 de 17 de octubre de 2017. Para dicho efecto adjuntó el Cuadernillode AntecedentesN° 1 (SIN) con 173fojas y un CD. 

11.4. Apertura de término probatorio. 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 12 de diciembre de 2017, que cursa a fs. 30 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación el 13 de diciembre de 2017, conforme consta por la diligencia de fs. 31 de obrados; consiguientemente, el señalado plazo concluyó el 02 de enero de 2018. 

En esta fase, por memorial presentado el 14 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria ratificó la prueba documental adjuntada a la respuesta al Recurso de Alzada; también señaló, que dicha prueba demuestra que el recurrente incumplió con 

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sus obligaciones tributarias; y que enmarcó sus actos en la normativa vigente, respetando en todo momento los derechos del ahora recurrente. Por su parte, el recurrente no presentó prueba en esta etapa. 

11.5. Alegatos. 

Conforme establece el arto 210.11del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del término probatorio; es decir, hasta el 23 de enero de 2018 (considerando el feriado nacional de 22 de enero de 2018); sin embargo, no hicieron uso de este derecho en el plazo otorgado por ley. . 

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIAADMINISTRATIVA. 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes N° 1 (SIN) se tiene la siguiente relación de hechos: 

El 12 de octubre de 2016, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió la Orden de Verificación Interna N° 00160VI00003 (Form. 7520), contra Felipe Cabezas Peñaranda, con el objetivo de verificar los hechos y elementos relacionados con el Régimen Complementaria al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA – Dependientes) de los periodos marzo a septiembre de 2012, derivado del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas en el Formulario 110, detalladas en el anexo de dicha Orden de Verificación. Acto notificado personalmente a Felipe Cabezas Peñaranda, el 18 de noviembrede 2016 (fs. 8 a 10). 

El 06 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo N° 291710000136 (CITE: SIN/GDCH/DFNC/00139/2017), que liquidó preliminarmente una deuda tributaria de UFV’s 8.323 (Ocho mil trescientas veintitrés Unidades de Fomento a la Vivienda) correspondiente al RC-IVA de los periodos marzo a septiembre de 2012, monto que comprende el Tributo Omitido e interés; calificando su conducta 

preliminarmente como omisión de pago, con una sanción de UFV’s 6.678 (Seis mil u611:a,.:¡¡.~ __ 

seiscientas setenta y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda), otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme al arto 

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98 del CTB. Vista de Cargo notificada personalmente a Felipe Cabezas Peñaranda, el 14 de septiembre de 2017 (fs. 125 a 133). 

El 03 de octubre de 2017, Felipe Cabezas Peñaranda, presentó nota oponiendo prescripción a la deuda liquidada en la Vista de Cargo, aduciendo que los periodos objeto de verificación estarían prescritos, conforme el arto59 del CTB, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 4 años en la gestión 2012, para determinar deuda Tributaria, término que conforme al arto60 del citado Código se computa a partir del primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento. Asimismo, señaló que el arto 123 de la CPE concordante con el arto 150 del CTB. dispone que la Ley se da para lo venidero y no tiene:efecto retroactivo, por lo que en el presente caso se deberá computar para la gestión 2012, los 4 años previstos en el arto59 del CTB (fs. 148). 

El 17 de octubre de 2017, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 171710000606, señalando que el contribuyente no canceló el monto liquidado y que los descargos presentados se consideraban no válidos, determinando de oficio sobre base cierta deuda tributaria de UFV’s 8.369 por concepto de RC-IVA (Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – Dependientes) por los periodos fiscales de marzo a septiembre de 2012, contra el contribuyente Felipe Cabezas Peñaranda; monto que comprende tributo omitido e interés; adicionalmente, calificó la conducta como Omisión de Pago, imponiendo la multa equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a UFV’s 6.678. Resolución notificada personalmente a Felipe Cabezas Peñaranda, el 25 de octubre de 2017 (fs. 160 a 170). 

  1. FUNDAMENTACiÓNTÉCNICAY JURíDICA. 

Se formuló Recurso de Alzada, exponiendo como único argumento la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria: Por lo que, a continuacióncorrespondeefectuarel análisisa dicho punto de reclamo. 

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IV.1. Con relación a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria. 

El recurrente, manifestó que de acuerdo a los descargos presentados a la Vista de Cargo N° 291710000136 (CITE: SIN/GDCH/DFNCJ00139/2017), solicitó a la Administración Tributaria la extinción de la deuda tributaria de la gestión 2012 por prescripción, toda vez que el cómputo inició el 1 de enero de 2013, y finalizó el 31 de diciembre de 2016, conforme al arto59 del CTS que prevé que prescribirán a 105 4 años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, y art

60.1 del mismo cuerpo legal, que establece que el plazo se computará a partir del primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, aclarando que la notificación de la Orden de Verificación N° 00160VI00003, no interrumpe la prescripción, ni mucho menos la suspende; sin embargo, la Administración Tributaria aplicó erradamente .~asLeyes Nros. 291 y 317 -efectuando un-cómputo ilegal y sesgadoque entraron en vigencia posteriormente al momento de ocurrido los hechos generadores y rechazando la solicitud de prescripción. Asimismo, aseveró que el arto 123 de la CPE establece la garana jurisdiccional de la írretroacnvtdad de la ley, que en el caso de materia tributarla el arto 150 del CTB, establece que las normas tributarias no tienen efecto retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de alguna manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, por lo que las citadas normas no podrán ser aplicadas con cacter retroactivo con respecto al término de la prescripción

El recurrente también señaló, que el instituto de la prescripción tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos, entendida como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones, siendo imperativo tener presente que la solicitud planteada se encuentra enmarcada en el principio de informalismo, principio de carácter administrativo y constitucional que es de cumplimiento obligatorio por parte del servidor público, y que su incumplimiento le causó perjuicio y lesionó el .principio de legalidad administrativa definido en la SC N° 1464/2004R de 13 de septiembre y deriva en responsabilidad funcionaria conforme la Ley N° 1178

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Por su parte, la Administración Tributaria respecto a la prescripción, manifestó que correspondía aplicar los arts. 59 y 60 del CTa, que fueron modificados por las Leyes Nros. 291, 317 que datan de la gestión 2012, quedando el arto 59 redactado de la siguiente manera: “Las acciones de la Administración tributaria prescribirán a los 4 años en fa gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en /a gestión 2017 y 10 años en la gestión 2018, para (…) 2. Determinar la deuda tributaria’: por lo que, el régimen de prescripción vigente consideraría las gestiones en las que opera la misma. En ese sentido, señaló que en el presente caso el cómputo de la prescripción respecto a la facultad de determinación de la Administración Tributaria por los periodos de marzo a septiembre de 2012, inició el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria (modificado por la Ley N° 317) Ydesde esa fecha hasta el 25 de octubre de 2017, no transcurrió el término de la prescripción, toda vez que debió haber transcurrido nueve años en la gestión 2017, por lo que la contravención tributaria por omisión de pago se encuentra vigente. Citó como precedente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1572/2014 de 17 de noviembre de 2014, AGIT-RJ 0869/2017 de 10 de julio de 2017 y AGIT-RJ 0791/2017 de 03 de julio de 2017. 

También, manifestó que la Ley N° 812, establece el término de prescripción de ocho años en general para todos los casos, y aún si se quisiera aplicar de forma retroactiva a los periodos observados, tampoco ,operó la prescripción, ya que no transcurrió ni 5 años, de los 8 años que establece la mencionada ley. Por lo que, la facultad de determinación de la Administración Tributaria se encuentra vigente. Agregó que en el presente caso, para el cómputo de la prescripción se consideró los alcances de la Ley N° 812, en función al arto150 del CTa concordante con el arto123 de la CPE, toda yez …. 

que la citada ley estaba vigente en el momento en que se notificó la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

Asi planteada la controversia, corresponde dilucidar si prescribió la facultad para determinar la deuda tributaria, en relación al RC- IVA, de los periodos fiscales marzo a septiembre de 2012. 

En este contexto, cabe señalar que para la doctrina tributaria: “La prescripción es genera/mente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

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institución no extingue /a obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir /a correspondiente eccion del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella“; (MARTíN JoMaria, Derecho Tributario General, 2a edición, pág.189). 

De igual manera, la doctrina, refiere que la prescripción de acciones se entiende como: La caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio; asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, poticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo 1)

Al respecto, es necesario analizar las disposiciones sobre prescripción de la obligación tributaria aplicables al presente caso. Asi el arto59.1de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Posteriormente, la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta, modificóel art. 59 de la Ley N° 2492, estableciendo en el Parágrafo I que: Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 os en la gestión 2012, 5 años en /a gestn 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 os en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas(Negrillas nuestras). En el último párrafo de dicho parágrafo, se prevé expresamente que el periodo de prescripción para cada año, sea respecto a obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año

Ese último párrafo fue derogado mediante la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificó el arto 59 del CTB, quedando el redactado como sigue: Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la 

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gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; .3. Imponer senciones administrativas” (Negrillas nuestras). 

Posteriormente. mediante el arto 2.11de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, se procedió a una nueva modificación del arto59 del CTB, estableciendo el plazo de ocho años para que prescriba la facultad de la Administración Tributaria, para determinar deuda tributaria. Respecto a esta última modificación corresponde señalar que el arto 

150 del CTB, concordante con el arto 123 de la Constitución Política del Estado. establece que: “Las nonnas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de pre_scripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (Negrillas nuestras). 

Ahora bien, para el caso de la facultad de determinación debe tomarse en cuenta que inicialmente el arto 59 del CTB efectivamente establecía que dicha facultad prescribía en el término de cuatro años, empero tomando en cuenta que los periodos en cuestión corresponden a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2012 -conforme establece el arto 60 del CTB- el primer año del cómputo de la prescripción corresponde a 2013, siendo precisamente en la gestión 2012, en la que se efectuaron las señaladas modificaciones al arto59 del CTB, mediante las Leyes Nros. 291 y 317 de 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre de 2012, respectivamente; vale decir, que la prescripción de la facultad de determinar no llegó a perfeccionarse en el término inicialmente previsto en el arto59 de la Ley 2492 (cuatro años) habiéndose _p 

modificado dicha ley estableciéndose nuevos plazos (nueve años). 

Al margen de lo anteriormente estabtecldo, la última modificación del arto 59 del CTB, efectuada mediante el arto 2.11de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, dispone un término de prescripción más favorable para el sujeto pasivo, que el establecido mediante las modificaciones realizadas al señalado artículo por las Leyes Nros. 291 y 317 (nueve años), es decir. ocho años para la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria. Norma vigente, que corresponde aplicar en función al arto123 de la CPE, concordante con el arto150 del CTB. 

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En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad para determinar deuda tributaria por concepto del RC-IVA (Dependientes) de los periodos fiscales marzo a septiembre de 2012, emitiendo la Resolución D~terminativa N° 171710000606, notificada el 25 de octubre de 2017, en vigencia de la Ley N° 812 – que dispone un término de prescripción de 8 años- de acuerdo al arto 60.1 del .CTB, concordante con el arto 154.1del mencionado Código, corresponde establecer que en el caso de los periodos marzo a septiembre de 2012, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2013 y concluiría -el 31 de diciembre de 2020. Consecuentemente, al momento de la notificación con la Resolución impugnada (25 de octubre de 2017) la facullad de determinación de la Administración Tributaria aún no estaba prescrita. Conclusión concordante con el criterio asumido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0656/2016 de 14 de junio de 2016, entre otras. 

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Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que .::,r.~~.~!;.. ‘\ IJ ” 

en el presente caso no operó la prescripción de la facultad de determinación de la v-, “~_, Administración Tributaria, respecto a la deuda tributaria del contribuyente Felipe 

Cabezas Peñaranda. por concepto del RC-IVA (dependientes) de los períodos fiscales marzo a septiembre de 2012; consiguientemente corresponde confirmar la Resolución E>eterminativaN° 171710000606,de 17de octubrede 2017. 

POR TANTO· 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los articulos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) yart. 141 del OS N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 171710000606, de 17 de octubre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales,en contra de Felipe Cabezas Peñaranda, con C.1.1058788,dependiente de la 

perativa de Telecomunicaciones Sucre LTDA, ya que no prescribió la facultad de determinar deuda tributaria por el RC-IVA (Dependientes)de los periodos fiscales marzo. 

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Justicia tributarla para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamanl (Aymara} Mana tasaq kuraq kamachlq (Kechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepl Vae (Gua”,n!) 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2012, quedando subsistente la deuda tributaria -de UFV’s 8.369 y su correspondiente sanción por omisión de pago por un equivalente de UFV’s 6.678. Todo, en sujeción al arto 212. l. b) del Código Tributario Boliviano.

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 11S de la Constitución Politica del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

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\1′ r l). TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad :fM~~l8lGeneral de Impugnación Tributaria, de conformidad al arto 140. Inciso e) de la Ley ~”‘sr~.’¿ 2492 Y sea con nota de atención. 

~ CUARTO.- Conforme prevé el arto 144 de la Ley N’ 2492, el plazo para la interposición … vo B~~!’del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de . ”’.’? .;;~tiO… veinte días computables a partir de su notificación. 

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DireCtora }ecutiva Regicna! ai, 

Dirección Ejecutiva Regional 

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