ARIT-CHQ-RA-0084-2010 Resolucion Determinativa por depuracion de credito fiscal IVA indebidamente utilizado por el sujeto pasivo

ARIT-CHQ-RA-0084-2010

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0084/2010  

RECURRENTE: Ronald Gantier Lemoine.  

RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca, del Servicio de  Impuestos Nacionales (SIN).  

EXPEDIENTE:ARIT-CHQ-0036/2010  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 22 de julio de 2010.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el sujeto pasivo: Ronald Gantier Lemoine, con  Número de Cédula de Identidad 1044570, contra la Resolución Determinativa N° 17-0015- 10 de fecha 17 de febrero de 2010, emitido por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio  de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso que es admitido por Auto de fecha 25 de marzo de  2010, disponiendo la notificación al Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales (SIN), para que la Autoridad recurrida remita todos los antecedentes sobre la  Resolución Administrativa impugnada; se acepto la prueba literal y documental presentada  y producida por las partes, Autos y Decretos dictados en la tramitación del presente  Recurso, las pruebas producidas por las partes, Informe Técnico – Jurídico  ARIT/CHQ/STJR/SDT/ Nº 084/2010 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

  1. ANTECEDENTES  

La Resolución Determinativa N° 17-0015-10 de fecha 17 de febrero de 2010, emitida por el  Gerente Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) resolvió  determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones  impositivas del sujeto pasivo Ronald Gantier Lemoine respecto al RC-IVA Dependientes  de los periodos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión  2006; enero, febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2007,  por depuración de crédito fiscal indebidamente utilizado, proveniente de notas fiscales no  emitidas por el proveedor, no consignación del número de la cédula de identidad del  dependiente; facturas de servicios con otra dirección a la declarada por el dependiente,  facturas con errores de transcripción (Importes sobreestimados) en formularios 87 y 110,  reparos que ascienden a Bs.- 11.540,00 (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100  BOLIVIANOS) equivalente a 7.503,00 UFV´s (SIETE MIL QUINIENTOS TRES 00/100  UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), en aplicación de los artículos 19 inciso d);  25, 26, 28, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 843; artículos 5, 6 y 8 inciso c) del D.S. 21531, artículo 3  inciso g) y artículo 42 numeral 4 de la R.N.D. 10.0016.07; artículo 22 inciso c) y numerales  15 y 72 de la R.A. Nº 05-0043-99; RND 10-0048-05 artículo 1 inciso c).  

También se procedió a calificar la conducta del dependiente, como Omisión de Pago por  adecuarse a lo previsto en el art. 165 del Código Tributario, sancionando con un importe de  Bs.- 7.966,00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS) equivalente a UFV´s 5.178,00 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00/100  UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA)

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En fecha 23 de febrero de 2010, se evidencia haberse procedido a notificar en forma  personal al señor Ronald Gantier Lemoine con la Resolución Determinativa Nº 17-0015-10,  conforme consta a fojas 12 del expediente.  

En fecha 15 de marzo de 2010 el señor Ronald Gantier Lemoine, interpone Recurso de  Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0015-10, advirtiendo haberse presentado  el citado Recurso de Alzada dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del Código  Tributario.  

  1. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO.  

El memorial de Recurso de Alzada, en principio fue objeto de observación por  incumplimiento de los incisos a) y c) del artículo 198 del Título V del Código Tributario (Ley  Nº 3092) conforme fluye del auto de observación de fecha 17 de marzo de 2010 cursante a  fojas 32 del expediente. Luego dentro del plazo legal, la parte recurrente mediante memorial  que cursa a fojas 35 de obrados, subsana las observaciones realizadas, por cuya razón  mediante auto Interlocutorio de fecha 25 de marzo de 2010, que cursa a fojas 36 de  Cuaderno Procesal, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, corriendo a  conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en el plazo de quince (15)  días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos los antecedentes  administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la Resolución  Impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 inciso b) de la Ley Nº 3092.  

III. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

Que dentro de término legal, la Administración Tributaria Gerencia Distrital Chuquisaca del  Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante memorial que cursa de fojas 41 a 43 de  obrados, responde al Recurso de Alzada, apersonándose la Lic. María Gutiérrez Alcón,  quien acredita su personería en su condición de Gerente Distrital interino de Chuquisaca del  Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se acepte su representación legal y se le  haga conocer las providencias que se dicten en recurso de alzada, a cuyo efecto adjunta  copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-0102-10 de fecha 24 de febrero de  2010, por la que evidencia haber sido designada Gerente Distrital interina, dependiente de  la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

Que dicha personera legal de la Gerencia Distrital de Chuquisaca en su memorial de  respuesta al Recurso de Alzada, contesta en forma negativa a los reclamos de la parte  recurrente, pidiendo el rechazo del recurso de alzada y luego la confirmación de la  Resolución Determinativa impugnada.  

  1. FASE PROBATORIA.  

Mediante auto de fecha 14 de abril de 2010 que cursa a fojas 44 del Cuaderno Procesal, en  observancia de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Título V del Código Tributario (Ley  Nº 3092) se sometió el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y  perentorios, notificándose con el citado auto a ambas partes en fecha 14 de abril de 2010,  conforme consta por las diligencias de notificación, cursantes de fojas 45 y 46 de obrados.  

Dentro del plazo probatorio la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial que  cursa a fojas 47 de obrados, se ratifica en la prueba documental presentada, como en los  fundamentos expuestos a tiempo de presentar su respuesta al Recurso de Alzada. 

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La parte recurrente mediante memorial que cursa a fojas 52 y 53 de obrados propone y  presenta prueba, consistente en lo siguiente: Propone que se entreguen documentos de  informes estadísticos de la Administración Tributaria como a) Registro total de los  contribuyentes RC-IVA correspondiente al sector funcionarios públicos; b) Registro del Total  de los contribuyentes, correspondientes al sector de funcionarios públicos de Chuquisaca  sujetos al RC-IVA que fueron sometidos a fiscalización y revisión de facturas de los  periodos que corresponden al recurrente; c) Documentación completa del Proyecto  Eventuales del RC-IVA; d) Informe de relación porcentual Estadística entre los  Contribuyentes RC-IVA de Chuquisaca que cubren este impuesto sobre un salario básico  de Bs.- 5.000,00 solicitud que esta dirigida a demostrar la actitud parcializada de la  Administración Tributaria al escoger al sujeto pasivo para comprobar su correcta aplicación  de sus obligaciones tributarias. Adjunta 77 facturas, correspondientes a los periodos  consignados en la fiscalización y revisión que dio lugar a la Resolución Determinativa  impugnada. También presenta en fecha 5 de mayo de 2010 mas prueba documental  consistente en 236 formularios y facturas RC-IVA de diversos periodos de la gestión 2006;  veinte documentos consistente en recibos bancarios por pagos RC-IVA, boleta bancaria,  contrato de fianza, plan de pagos, fiscalización del trabajo de campo, determinación de  reparos, resumen de adeudos tributarios, orden de verificación y detalle de diferencias,  como la proposición pericial, pruebas que fueron rechazadas por haberse presentado fuera  del plazo probatorio.  

  1. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACION TRIBUTARIA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto en  el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 2009,  tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de alzada, el  cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda  de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo  de impugnación contra la Resolución Determinativa Nº 17-0015-10, se inició en fecha 15  de marzo de 2010 conforme consta por el cargo de recepción cursante a fojas 28 del  expediente.  

En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o  material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento  administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al  principio tempus regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del hecho.  

Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de  Cámara que cursa de fojas 59 a 60 de obrados, se conoce que el plazo para la emisión de  la resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley  Nº 3092, vencía el día lunes 14 de junio de 2010. Sin embargo ante solicitud expresa de  la Secretaría Técnico Jurídico Regional, se dispuso la ampliación por cuarenta (40) días  adicionales a través del auto interlocutorio de fecha 14 de junio de 2010 que cursa a fojas  80 del expediente, por cuya razón la presente resolución es dictada dentro de plazo  establecido por Ley.  

Que dentro del término previsto por el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, se  advierte que la parte recurrente presenta alegatos orales, cuya acta consta de fojas 74 a 75  de obrados. De manera escrita la Administración Tributaria recurrida presenta sus alegatos,  cuyo memorial cursa a fojas 73 del expediente. En ambas casos se dispuso considerar los  mismos en resolución final. 

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El recurrente además presentó más prueba de descargo como de reciente obtención, cuyo  acta de juramento conforme a Ley, cursa a fojas 67 de obrados. Asimismo ratificó la  propuesta pericial, la misma que fue rechazada por proveído de fecha 7 de mayo cursante a  fojas 62 del expediente por haber concluido el periodo de prueba.  

  1. MARCO LEGAL.  

  

Ley Nº 2492 (Código Tributario)  

Artículo 47.- (Componentes de la Deuda Tributaria).  

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de  vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el  Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de  Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  

DT = TO x (1 + r/360)n +M  

  

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es el  resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento de la  Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de Fomento de  la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente por el Banco  Central de Bolivia.  

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para  operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central  de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.  

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la fecha  de pago de la obligación tributaria.  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV),  serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria,  utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación descrita  anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.  

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, surge  sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.  

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV’‘‘‘s, la  misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento de la  Vivienda (UFV) de la fecha de pago.  

  

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente devueltos  por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV).  

Artículo 65.- (Presunción de Legitimidad).  

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen  legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de  los procesos que este Código establece.  

Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

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  1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios,  plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos  previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.  
  2. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y  especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos,  conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas.  

Artículo 76° (Carga de la Prueba).  

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda  hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se  entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable  cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración  Tributaria.  

Artículo 84.- (Notificación Personal).  

  1. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida  por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos  que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la  acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo,  tercero responsable, o a su representante legal.  
  2. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante  legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su  conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de  la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera  practicado.  

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará  constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente  identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.  

Artículo 92.- (Definición).  

La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria  declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia.  

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).  I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar,  verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás  circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto  pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales  tributarias.  

  1. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no  declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.  

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

  1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que  fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo  o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria  o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según  corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

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III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el  reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según  corresponda.  

Artículo 98. (Descargos).  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo  perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que  estime convenientes.  

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado  presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles  administrativos.  

Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad).  

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control,  verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

  1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier  libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

Artículo 148.- (Definición y Clasificación).  

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias  materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás  disposiciones normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

Artículo 160.- (Clasificación).  

Son contravenciones tributarias:  

Numeral 3. Omisión de pago;  

Numeral 6. Las establecidas en leyes especiales;  

Artículo 161.- (Clases de Sanciones).  

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según  corresponda con:  

Numeral 1. Multa; 

  

Artículo 165.- (Omisión de Pago).  

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las  retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será  sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.  

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 

Numeral 72. La utilización de las facturas que hubieran sido declaradas extraviadas  conforme lo señalado en la presente resolución, así como el uso de facturas  falsificadas o alteradas en la obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y  compensaciones, darán lugar a la perdida de estos beneficios por el período en  que estas facturas hayan sido incluidas, sin perjuicio de la instauración de procesos  penales por delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado,  según corresponda, previstos y sancionados en el Código Penal. 

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Resolución Administrativa 05-0043-99 

Numeral 2.  

Las facturas, Notas Fiscales, Tickets de máquinas registradoras y/o documentos  equivalentes, emitidas por sistemas manuales, mecánicos o computarizados de empresas  públicas, privadas, cooperativas o sociedades de hecho, sean estas comerciales,  industriales o de servicios, entidades del sistema financiero nacional, empresas de  transporte, espectáculos públicos y servicio de comunicaciones, deberán ser previamente  habilitadas mediante dosificación por la Administración Tributaria. 

Numeral 22.  

Al extender las Notas Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los siguientes datos:  g) Las facturas emitidas que presenten enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones  no generarán crédito fiscal.  

Numeral 72.  

La utilización de las facturas que hubieran sido declaradas extraviadas conforme lo  señalado en la presente resolución, así como el uso de facturas falsificadas o alteradas en  la obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y compensaciones, darán lugar a la  perdida de estos beneficios por el período en que estas facturas hayan sido incluidas, sin  perjuicio de la instauración de procesos penales por delitos de falsedad material e  ideológica y uso de instrumento falsificado, según corresponda, previstos y sancionados en  el Código Penal.  

DS N° 21531(Reglamento del RC-IVA). 

Art. 1. Constituyen ingresos gravados por el régimen complementario al impuesto al valor  agregado los señalados en el artículo 19 de la ley 843 de 20 de mayo de 1986.  

Art. 8. Todos los empleadores del sector público o privado, que a partir del 1 de enero de  1995 y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus dependientes  por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del artículo 19 de la ley 843 y en  concordancia con lo indicado en el artículo 1º del presente decreto supremo, deberán  proceder según se indica a continuación.  

  1. a) Se deducirá del total de pagos o acreditaciones mensuales los importes  correspondientes a los conceptos indicados en el artículo 5 del presente decreto  supremo y, como mínimo no imponible, un monto equivalente a dos salarios mínimos  nacionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 843.  
  2. b) La diferencia entre los ingresos y las deducciones señaladas en el inciso anterior,  constituye la base sobre la cual se aplicará la alícuota establecida en el artículo 30 de la  ley 843 (Texto Ordenado en 1995). Si las deducciones superaran a los ingresos, para el  cálculo del gravamen se considerará que la base es cero.  
  3. c) Contra el impuesto así determinado, se imputará como pagos a cuenta los siguientes  conceptos:  

1) La alícuota correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) contenido en las notas  fiscales originales presentadas por el dependiente en el mes, quien deberá entregar las  mismas a su empleador hasta el día veinte (20) de dicho mes, acompañadas de un  resumen que contenga los siguientes datos; fecha e importe de la nota fiscal, excluido el  impuesto a los consumos específicos, cuando corresponda, suma total y cálculo del importe  resultante de aplicar la alícuota establecida para el impuesto al valor agregado sobre dicha 

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suma. Las facturas o notas fiscales serán válidas siempre que sus fechas de emisión no  sean mayor de ciento veinte (120) días calendario anteriores al día de su presentación al  empleador, debiendo estar necesariamente a nombre de dependiente que las presenta, con  las excepciones que al efecto reconozca con carácter general la administración Tributaria  mediante norma reglamentaria y firmadas por éste.  

2) El equivalente a la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado  sobre el monto de dos (2) Salarios Mínimos Nacionales, en compensación al Impuesto al  Valor Agregado que se presume, sin admitir prueba en contrario, corresponde a las  compras que el contribuyente hubiera efectuado en el periodo a sujetos pasivos de los  Regimenes Tributario Especiales vigentes prohibidos de emitir facturas, notas fiscales o  documentos equivalentes.  

  1. d) Si de las imputaciones señaladas en el inciso anterior resultare un saldo a favor del fisco,  se imputará contra el mismo, saldos actualizados que por este impuesto hubieran quedado  a favor del contribuyente al fin del periodo anterior, tomando en cuenta, inclusive, los saldos  que en su favor hubieran quedado al 31 de marzo de 1987 por aplicación del decreto  supremo 21457 de 28 de noviembre de 1986. Si aún quedase un saldo de impuesto a favor  del fisco, el mismo deberá ser retenido por el empleador quien lo depositará hasta el día 15  del mes siguiente. Si el saldo resultare a favor del contribuyente, el mismo quedará en su  favor, con mantenimiento de valor, para compensar en el mes siguiente.  

Las liquidaciones que se efectúen por el régimen establecido en este artículo se realizarán  por cada dependiente, no pudiéndose compensar los saldos a favor que surgiesen en cada  caso con los saldos a favor del fisco de otros dependientes.  

Ley 843. 

Art. 19.- Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, créase  un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas,  provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos  factores.  

Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago:  

  1. d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre-sueldos, horas extras, categorizaciones,  participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier  clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones,  compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler,  vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución  ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo.  

LEY Nº 3092 (TITULO V DEL CODIGO TRIBUTARIO). 

Artículo 212.- (Clases de Resolución).  

  1. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser:  
  2. a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido.  
  3. b) Confirmatorias; o  
  4. c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

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VII. FUNDAMENTOS TECNICO – JURIDICOS DE LA RESOLUCION.  

7.1. La parte recurrente impugna la Resolución Determinativa N° 17-0015-10 de fecha  17 de febrero de 2010 en base a los argumentos señalados en su memorial de  Recurso de Alzada. Por su parte la Administración Tributaria responde en forma  negativa a las pretensiones del recurrente, rechazando los argumentos esgrimidos  en el Recurso de Alzada.  

  

En consecuencia con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde pronunciarse  sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de  rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se  establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón  en base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos durante la  tramitación del presente Recurso de Alzada.  

  

7.2. Que en ese orden cabe referirse primero, sobre los reclamos formulados como  Fundamentos de Hecho. Expresa que no se le ha permitido la oportunidad de  acceso, ni de contraste de los datos cruzados de las facturas de las gestiones  señaladas que dieron origen a la Omisión de Pago respecto de sus obligaciones  impositivas como dependiente RC-IVA, tal como lo hicieron en anterior oportunidad  cuando también fue objeto de verificación. Reclama que no se le ha posibilitado  materialmente el uso del derecho a la defensa, de sus derechos salariales, de su  economía familiar, por la imposibilidad de no poder proponer la corrección,  aclaración o conciliación de datos auténticos respecto de las facturas RC-IVA  anulables o anuladas por efecto del control automatizado del sistema cruzado.  

  

 La Administración Tributaria contesta en este punto, señalando que durante el  proceso de verificación, el conjunto de actuaciones y los papeles de trabajo  estuvieron plenamente disponibles para el contribuyente a efectos de su revisión,  quién no se hizo presente en la oficina de Fiscalización, sino hasta después de  notificado con la vista de cargo, teniendo acceso al expediente, donde además  señala haber tomado varios datos del proceso y se le sugirió que podía solicitar  fotocopias legalizadas del expediente, rechazando el argumento de haberse negado  al acceso de información.  

Sobre el particular, de la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) fojas 2  a 6, se evidencia que el sujeto pasivo fue notificado con la Orden de Verificación el  31 de julio de 2009 conforme lo previsto en el artículo 84-III del Código Tributario,  donde se le comunica que sería objeto de un proceso de determinación de acuerdo  al alcance establecido, referido a la verificación del crédito fiscal contenido en las  facturas presentadas por el Dependiente como pago a cuenta del RC-IVA mediante  formulario 87 o 110, adjuntando detalle de las facturas observadas a través de cruce  de información. También se le indica al sujeto pasivo apersonarse dentro los cinco  días hábiles posteriores a su notificación a oficinas del SIN, a objeto de que aclare  las observaciones expuestas, se le oriente sobre la forma de pago o presentación  de descargos correspondientes. No consta en obrados que el recurrente Ronald  Gantier se haya apersonado ante las oficinas de la Gerencia Distrital Chuquisaca  del SIN, para el fin señalado.  

Tampoco consta que el sujeto pasivo haya hecho uso de su derecho a solicitar  información prevista en el artículo 68 num. 1) del Código Tributario, ni cursa en el  expediente alguna solicitud escrita ante la Administración Tributaria donde pida 

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acceso al expediente para cruzar los datos de las facturas depuradas que ahora  reclama. En la fase probatoria de esta instancia administrativa, tampoco ha  desvirtuado por los medios de prueba que le franquea la ley, la aseveración de la  Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, en sentido de que se apersonó luego de la  notificación con la Vista de Cargo ante sus dependencias, tuviendo acceso irrestricto  al expediente, donde además tomó datos del mismo.  

  

Por consiguiente se advierte objetivamente que el recurrente no ha cumplido con la  carga de la prueba, respecto a la probanza de su pretensión de restricción a la  información de su caso al cuál se le reconoce el derecho pleno, situación que no ha  permitido evaluar la existencia de vulneración de su derecho a la defensa reclamado  en este punto, incumpliendo el alcance previsto en el artículo 76 del Código  Tributario.  

Por otro lado, de las referencias de orden procedimental administrativo realizado  respecto al proceso de verificación de las obligaciones tributarias del recurrente, no  se advierte que haya sido privado de su derecho a ejercer su defensa, debido a que  fue notificado conforme a la normativa establecida para el efecto, habiendo tenido  los plazos previstos por Ley, para presentar sus descargos respectivos.  

  

7.3. Con relación a la denuncia que formula, respecto a que es víctima por segunda vez  de abuso de desigualdad tributaria o trato desigual, señala que ha sido seleccionado  para el cobro coactivo frente a muchos ciudadanos que perciben similares o  mayores montos salariales, en franco quebrantamiento de los principios  constitucionales de la igualdad ante la Ley, del principio de universalidad,  interdependencia e indivisibilidad y generalidad de las leyes y con mayor grado el  principio de la no discriminación en relación al tipo de ocupación y condición  económica como funcionario de nivel 3 de la UMRPSXCH, quebrantando el articulo  14-II y III de la CPE. Observa que si bien el SIN Chuquisaca ha emitido resoluciones  determinativas contra algunos contribuyentes de ingresos mas bajos o inferiores al  salario del impugnante, proporcionalmente indica que esas resoluciones han sido la  excepción y no la generalidad o universalidad en aplicación de la ley tributaria  referente al impuesto RC-IVA. Cuestiona como materialmente imposible para el SIN  Chuquisaca demostrar lo contrario, porque indica que tendría que exhibir el total de  los miles de resoluciones determinativas que nunca emitió, ni menos con la  repetición y secuencia casi inmediatas con que se hizo en su contra.  

La respuesta de la Administración Tributaria sobre el presente reclamo, indica que  para llegar a puerto mínimamente se tendría que precisar cuál es el derecho o  derechos que se consideran vulnerados, y no solo hacer mención  descontextualizada y genérica del art. 13 de la CPE, no ameritando mayor atención  por no ser un reclamo concreto. Reafirman haber actuado conforme las facultades  previstas en el artículo 66 del Código Tributario, cuyo ejercicio indica no puede ser  entendido como un trato desigual, por no ser el único contribuyente sometido al  proceso de verificación tributaria en torno al RC-IVA, y cualquier alusión en contrario  manifiesta ser un comentario ligero.  

Sobre el reclamo, es necesario que se tenga presente que la Administración  Tributaria tiene amplias y plenas facultades para realizar procesos de control,  comprobación, verificación, fiscalización e investigación de las obligaciones  tributarias de los sujetos pasivos, sin importar si fiscaliza o verifica varias veces a  una sola persona, pero debe referirse a periodos y gestiones distintas, para no  incurrir en doble fiscalización que implicaría doble juicio, reñido y prohibido por Ley 

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(non bis in idem = no dos veces por lo mismo) . Sin embargo en el presente caso, se  conoce que el SIN-Chuquisaca realizó verificaciones en contra de Ronald Gantier  Lemoine de periodos y gestiones distintos, por lo que no ha incurrido en la referida  prohibición legal.  

Por otro lado es obligación del Estado munido de su poder fiscal, en este caso  mediante la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, verificar el fiel cumplimiento de  las obligaciones tributarias del universo de los sujetos pasivos, teniendo la  Administración Tributaria la facultad de realizar el seguimiento de las personas que  considera necesarias para la verificación de sus declaraciones impositivas,  asumiendo la responsabilidad de perseguir con mayor frecuencia algunos sujetos  pasivos frente a otros. Pero de ningún modo la referida facultad de realizar  verificaciones impositivas de manera continúa contra un sujeto pasivo, constituye  persecución o trato desigual, que vulnere los principios de igualdad, universalidad e  interdependencia a las que se refiere el recurrente. Sobre el particular, existe  imposibilidad objetiva de ingresar en mayor consideración y análisis jurídico, debido  a las simples referencias de vulneración de los citados principios, sin que el sujeto  pasivo haya cumplido con su obligación de establecer una relación causal entre el o  los principios denunciados, los derechos lesionados y la falta puntual cometida por  la Administración Tributaria, con la respectiva explicación concreta de los mismos.  

No obstante, es necesario que se tenga presente que el acto de determinación  efectuada por la autoridad fiscal, “es un acto administrativo fiscal, ya que por su  naturaleza responde a la actividad espontánea de ella en sus funciones de poder  público y que la ley establece en forma objetiva y general, las circunstancias o  presupuestos de hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo. Por ese su  mandato indeterminado tiene su secuencia en su operación posterior, mediante la  cuál la norma de la ley se particulariza, se adapta a la situación de cada persona  que pueda hallarse incluida en los presupuestos fácticos previstos; dicho de otra  manera la situación objetiva contemplada por la ley se concreta y exterioriza en  cada caso particular. En materia tributaria, esta operación se llama determinación de  la obligación.” (Derecho Financiero, Carlos M. Giuliani Fonrouge, Determinación de  la obligación tributaria, Tomo I, pág. 427).  

A su vez el artículo 100 del Código Tributario, otorga amplias facultades a la  Administración Tributaria para realizar control, verificación, fiscalización e  investigación, a través de los cuales puede exigir al sujeto pasivo o tercero  responsable, información necesaria, así como cualquier libro, documento o  correspondencia con efectos tributarios; inspeccionar, secuestrar o incautar registros  contables y otras facultades legales previstas en el citado artículo. Las referidas  facultades de control, verificación, fiscalización e investigación son funciones  administrativas inherentes a la Administración Tributaria de carácter prejudicial y no  constituye persecución penal.  

Por consiguiente, la verificación fiscal realizada en contra del sujeto pasivo del RC IVA dependiente Ronald Gantier Lemoine, en dos oportunidades respecto de  periodos y gestiones distintas, no constituye quebrantamiento de los principios  constitucionales que menciona el recurrente, debido a que esta sometido a la  facultad legal que tiene la Administración Tributaria de verificar si es posible todos  los periodos y gestiones donde ha declarado tener crédito fiscal RC-IVA, a través de  la presentación de facturas o notas fiscales en los formularios 87 o 110. El objetivo  de toda verificación de estos casos, es conocer si el crédito fiscal apropiado y  declarado por el sujeto pasivo es el correcto, a cuyo efecto la Administración realiza 

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el control cruzado recabando información sobre la validez y eficacia de las notas  fiscales (facturas) presentados por el sujeto pasivo como gasto efectivo.  

La posibilidad de haber sido seleccionado dos o más veces, para ser sometido a  control de verificación de facturas de su crédito fiscal RC-IVA, como funcionario  dependiente, no constituye abuso o trato desigual en el ámbito jurídico, debido a  que todos los contribuyentes que presentan declaraciones juradas señalando tener  crédito fiscal RC-IVA con la presentación de facturas, están sometidos al poder  fiscal del Estado y ser objetos de procesos de verificación constante, a los fines de  conocer si procedieron a la declaración correcta de sus obligaciones impositivas, sin  apropiarse de un crédito fiscal que no les corresponde y de esta forma evitar causar  daño económico al Estado.  

7.4. Como fundamentos de derecho, el recurrente declara su inocencia con el cargo de  uso indebido de crédito fiscal, indicando que es un requisito imprescindible de toda  sanción legal el reconocimiento y calificación de algún grado de culpa en el agente  sujeto a castigos o multas por dicho supuesto indebido de crédito fiscal,  determinado en su caso de manera arbitraria y abusiva sin darle la opción a la  demostración de prueba en contrario. Reclama no haber existido el debido proceso  previsto en el artículo 116-II de la CPE y pide se determine la conducta dolosa,  culposa o negligente de su persona, señalando no haber incurrido en las mismas  por haber presentado sus declaraciones juradas de buena fe. Alega que en el caso  de existir facturas falsas, no puede recargarse únicamente la responsabilidad al  contribuyente engañado por el proveedor de la factura, sugiere además que para  cumplir el funcionario o empleado público oportunamente sus obligaciones  tributarias, la necesidad de contratar un auditor particular que se encargue de  representarle ante la Administración Tributaria, verifique con ellos la autenticidad y  validez legal de cada factura comercial extendida como crédito fiscal a favor de su  cliente, cuestionando la discrecionalidad con la que actúa Impuestos Nacionales.  Impugna también el cálculo de multas, intereses y sanciones que en conjunto  configurarían formas de anatosismo y exceso de cobros.  

Para contextualizar, es preciso tener presente que el Impuesto del RC-IVA es de  naturaleza indirecta, por cuanto permite al sujeto pasivo, descargarse el 13% del  IVA con facturas o notas fiscales emergente de las compras que realiza. Sin  embargo la Administración Tributaria tiene plenas facultades legales para verificar si  el sujeto pasivo del RC-IVA ha procedido a declarar la existencia de su crédito fiscal  de manera correcta y con notas fiscales válidas. Su incumplimiento como es lógico  acarrea ajuste por parte del Estado a través del proceso de determinación, en su  caso imponiendo la sanción adicional por Omisión de Pago, con la finalidad de evitar  que sujetos pasivos se beneficien con la declaración de un crédito fiscal incorrecto.  

Por otra parte, el Art. 78 del Código Tributario (CTB) señala “Las declaraciones  juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la  Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las  reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y  comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben en los términos  señalados por este Código”.  

  

Las declaraciones juradas presentadas por el recurrente, según el proceso de  verificación realizado por la Administración Tributaria con cruce de información  respectiva, advierten la existencia de facturas emitidas por proveedores a otros  nombres, fechas, importes, falta de consignación de la cédula de identidad del 

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dependiente, transcripción de errores de los importes de las facturas a los  formularios 87 y 110 y facturas de servicios con otra dirección, incumpliendo con las  exigencias legales para ser consideradas válidas y sujetas a crédito fiscal,  inobservancias que constituyen responsabilidad directa del dependiente Ronald  Gantier Lemoine al registrar sus facturas en sus declaraciones juradas de los  Formularios 87 y 110, dando fe de la veracidad de los mismos con su respectiva  firma, cuando en rigor no eran facturas válidas para generar crédito fiscal.  

Sobre la apropiación del crédito fiscal indebido, no es necesario establecer la  existencia de dolo, negligencia o culpa en la conducta tributaria del sujeto pasivo  como reclama el recurrente, debido a la facultad legal que tiene la Administración  Tributaria de establecer a través de un debido procedimiento administrativo de  verificación del crédito fiscal contenido en las facturas presentadas como pago a  cuenta del RC-IVA. Se trata de establecer si las facturas presentadas por el sujeto  pasivo de RC-IVA son válidas para crédito fiscal y en caso no de ser válidas por  inobservancia de los requisitos legales descritos en la Resolución Determinativa  impugnada, corresponde depurar el crédito fiscal de las facturas presentadas en sus  declaraciones juradas respectivas, a los fines de que el Estado pueda recuperar del  sujeto pasivo ese crédito fiscal indebidamente apropiado. Con relación a la  obtención de buena fe de las facturas presentadas en sus declaraciones juradas,  producto de sus transacciones de compra de bienes, pidiendo corresponsabilidad  con el emisor de las facturas, se reconoce el derecho del sujeto pasivo de acudir a  la vía legal pertinente, a los fines de la reparación del daño que se le hubiese  ocasionado. Por otro lado, es facultad inherente a la Administración Tributaria,  proceder con otros procesos de verificación a los emisores de las facturas sobre el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cuyos funcionarios del SIN Chuquisaca se encuentran sujetos al grado de responsabilidad funcionaria prevista  en la Ley Nº 1178 y Reglamentaciones conexas.  

Con relación a la sugerencia de tener que contratar un auditor particular para  representarle ante la Administración Tributaria, a los fines de verificar la autenticidad  y validez de las facturas depuradas, de acuerdo con el procedimiento administrativo  de verificación del crédito fiscal RC-IVA declarado por Ronald Gantier Lemoine, el  citado sujeto pasivo tenía la posibilidad legal de observar la depuración de las  facturas, dentro del plazo de veinte días a la notificación con la Vista de Cargo,  como también en el plazo probatorio abierto por esta instancia administrativa con la  proposición de un perito. Sin embargo de la revisión del contenido de su recurso de  alzada, se evidencia no haber observado los resultados e importes de la  determinación tributaria realizada por el SIN-Chuquisaca, por lo que no corresponde  ingresar en mayor análisis sobre el particular.  

Con relación a la imposición de la sanción por Omisión de Pago, previsto en el  artículo 165 del Código Tributario, dicha normativa señala que “El que por acción u  omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones  a que se ésta obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será  sancionado con el cien por ciento (100% del monto calculado para la deuda  tributaria.”  

Por esa razón, la Administración Tributaria entendiendo y demostrando que el sujeto  pasivo obtuvo beneficios indebidos como el crédito fiscal en base a facturas no  válidas, impuso la sanción del 100% del monto calculado para la deuda tributaria.  Con relación a los intereses y mantenimiento de valor, el artículo 47 del Código  Tributario establece los Componentes de la Deuda Tributaria, conformada por el 

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Tributo Omitido y las multas según fórmula establecida en el citado artículo y artículo  8 del Decreto Supremo Nº 27310.  

Por otro lado, la sanción de Omisión de Pago constituye una contravención tributaria  conforme dimana del artículo 160 numeral 3) del Código Tributario, y de acuerdo  con la doctrina tributaria, cuando se establece que: el incumplimiento de deberes  formales es una contravención de carácter objetiva, por lo que la sola vulneración  de la norma formal constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor  omitió intencional o negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se  prueba alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho  o de derecho, la contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo  objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo. (VILLEGAS,  Héctor Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario).  

Por otra parte, nuevamente la parte recurrente se limita a mencionar la existencia de  vulneración al debido proceso, pero no explica en que consiste tal violación, como le  generó indefensión o que aplicaciones erróneas se produjo en el procedimiento  administrativo, incumpliendo en explicar el nexo causal entre el hecho denunciado y  el derecho vulnerado que es necesario para realizar análisis sobre el particular,  conforme tiene sentado criterio uniforme el Tribunal Constitucional en varias de sus  Sentencias. (v.gr. SC. 0365/2005-R; Auto Constitucional Nº 283/2006-RCA)  

El debido proceso está consagrado como una garantía constitucional en el artículo  115 parágrafo II y artículo 117 de la Nueva Constitución Política del Estado, norma  que establece que “Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y  juzgado previamente en proceso legal.” En los Pactos internacionales sobre  derechos humanos, el debido proceso es considerado como derecho humano, y se  encuentra detallado en forma pormenorizada.  

En el ámbito tributario el debido proceso, se entiende “como garantía defensiva de  los sujetos pasivos tributarios, se estima que ellos pueden invocar el principio de  legalidad en protección de sus derechos, cuando se configure alguna de las  siguientes circunstancias: …f) Cuando se perjudique al contribuyente actuando  discrecionalmente en el procedimiento de determinación tributaria, que debe ser  íntegramente reglado”. (Héctor Villegas en el Curso de Finanzas, Derecho  Financiero y Tributario, p. 195).  

De acuerdo con lo descrito, se destaca que el debido proceso tiene por objeto el  cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente  en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir el  derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus  derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales  aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.  

Consecuentemente, la vulneración de la seguridad jurídica se produce cuando el  sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el poder, ya  que las decisiones de éste no se hallan amparadas en la Ley, sino en su voluntad  omnímoda.  

  

En el presente caso, se evidencia que el contribuyente ha sido sometido a un  procedimiento administrativo de verificación del crédito fiscal contenido en las  facturas presentadas en sus declaraciones juradas en los formularios 87 y 110, 

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reglado por la normativa tributaria, sin que en el transcurso del procedimiento citado  se haya vulnerado el Debido Proceso.  

  

De otro lado, se conoce que la parte recurrente tuvo conocimiento vía notificación  con la Orden de Verificación del proceso de revisión de sus facturas presentadas y  luego con la notificación de la Vista de Cargo conocía del resultado de la verificación  realizada donde la Administración Tributaria le hizo conocer que tenía una deuda  tributaria de 7.464 UFV´s (ver 160 a 165 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN),  en cuyo acto administrativo se describe la base legal con que actuó la  Administración Tributaria, no encontrando arbitrariedad omnímoda en la conducta  de la entidad recurrida que afecte el reclamo al debido proceso.  

También se evidencia que cuando fue sometido al procedimiento de verificación, se  le concedió el plazo de treinta (30) días para que formule por escrito sus  descargos y ofrezca todas las pruebas en defensa de sus derechos, sin que en  dicho periodo haya presentado algún descargo, resultando ser un simple enunciado  su reclamo sobre este punto.  

  

7.5. Sobre las pruebas documentales presentadas como de reciente obtención, se  conoce que haber presentado 77 facturas dentro de la etapa de prueba del recurso  de alzada, cuyas notas fiscales no corresponden a los periodos observados en el  proceso que nos ocupa. También ha presentado documento de prueba como de  reciente obtención bajo el juramento respectivo, consistente en declaraciones  juradas de formularios 87 con facturas originales de respaldo, agrupadas dentro de  un sobre Manila conformando el Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 (recurrente). Sin  embargo de la revisión de los citados documentos se advierten que no  corresponden a los periodos observados dentro del proceso de verificación  realizado por la Administración Tributaria.  

Por otro lado, se evidencia haber presentado recibos bancarios por pagos RC IVA,  boleta bancaria, contrato de fianza, plan de pagos, signo de que aceptó la deuda  tributaria determinada en la Resolución Nº 117-0015-10, más aún cuando se  observa que la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa Nº  28/2010 de fecha 3 de marzo de 2010 que resuelve aceptar la solicitud de Ronald  Gantier Lemoine de Facilidades de Pago, de la deuda de la obligación tributaria  contenida en el formulario 8009, situación que permite concluir que el recurrente  asumió como eficaces jurídicamente los alcances de la Resolución Determinativa  que ahora impugna, no correspondiendo ninguna observación o rechazo al acto  administrativa impugnado por haberlo aceptado íntegramente con el plan de pagos  y pago parcial realizado.  

Por las consideraciones señaladas en el presente acápite, se concluye que la  Administración Tributaria en el proceso de verificación del crédito fiscal contenido en  las facturas presentadas por Ronald Gantier Lemoine como pago a cuenta del RC IVA respecto de los periodos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y  diciembre de la gestión 2006 y enero, febrero, marzo, abril, junio, agosto,  septiembre y octubre de la gestión 2007, ha observado de manera correcta la  normativa tributaria para el efecto, sin incurrir en ninguna vulneración del debido  proceso, ni restricción al derecho de defensa del sujeto pasivo. 

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7.6. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados en los puntos  anteriores, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su  competencia eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa, sobre el  petitorio del Recurso de Alzada.  

POR TANTO  

El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de Impugnación  Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por  mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193,  numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894.  

RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 17-0015-10 de fecha 17 de  febrero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales (SIN), en base a la explicación realizada en la parte considerativa. Todo de  conformidad con lo previsto en el Art. 212 inciso b) del Título V del Código Tributario (Ley  Nº 3092).  

Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución a  conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario  Boliviano.  

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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