ARIT-CHQ-RA-0080-2010 Resolucion Administrativa CEDEIM por devoluciones impositivas y determinacion de montos no sujetos a devolucion

ARIT-CHQ-RA-0080-2010

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0080/2010  

RECURRENTE: Empresa Minera Manquiri S.A., representado  legalmente por Lourdes Isabel Flores Anze.  

RECURRIDO: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos  Nacionales (SIN)  

EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0014/2010  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 5 de julio de 2010.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera Manquiri S.A., constituida  legalmente conforme se acredita por el Registro de Comercio de Bolivia a través del  certificado de actualización de matricula de comercio, donde consta que el  representante legal de la misma es Humberto Rada Gómez, quién mediante  Testimonio de Poder Nº 0641/2008 otorgó representación al señor José Luís Sánchez  Marín, quién a su vez mediante Testimonio de Poder Nº 62/2010 extendido por ante  Notaria de Fe Pública Dra. Patricia Rivera Sempertegui del Distrito Judicial de La Paz,  extendió Poder de representación a la Sra. Lourdes Isabel Flores Anze, en cuya  condición interpuso recurso de alzada contra la Resolución Administrativa CEDEIM  PREVIA Nº 23-00000055-10 de fecha 18 de enero de 2010, emitido por la Gerencia  Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Trámite del recurso  conforme a Ley, pruebas producidas e Informe Técnico – Jurídico  ARIT/CHQ/STJR/SDT Nº 080/2010 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

CONSIDERANDO  

Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso,  Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000055-10 de fecha 18 de enero  de 2010, trámite procesal, análisis del recurso, la Autoridad Regional de Impugnación  Tributaria conforme las facultades legales señaladas en el artículo 141 del Decreto  Supremo Nº 29894 considera lo siguiente:  

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

La Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000055-10 de fecha 18 de  enero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos  Nacionales (SIN) establece como importe a devolver vía Certificados de Devolución  Impositiva al contribuyente Empresa Minera Manquiri S.A., la suma de Bs. 0,00  correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el periodo fiscal septiembre  de 2008. 

También determina como monto no sujeto a devolución las sumas de Bs.-  3.151.277,00 (TRES MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS  SETENTA Y SIETE 00/100 BOLIVIANOS) por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

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correspondiente a la solicitud de devolución impositiva del periodo septiembre de la  gestión 2008.  

Luego se procedió a notificar mediante cédula a Humberto Rada Gomez, en su  condición de apoderado legal de la empresa Minera Manquiri S.A., en fecha  veintinueve (29) de enero de 2010, conforme consta por la diligencia de notificación,  cursante a fojas 54 de obrados.  

En fecha 17 de febrero de 2010, la empresa Minera Manquiri S.A., a través de su  apoderada legal señora Lourdes Isabel Flores Anze, acreditando su personería y  capacidad legal de representación, interpone Recurso de Alzada contra la Resolución  Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000055-10 de fecha 18 de enero de 2010,  advirtiendo haberse presentado el citado Recurso de Alzada dentro del plazo legal  establecido por el artículo 143 del Código Tributario.  

  1. CONTENIDO DEL RECURSO.  

El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos:  

2.1. El recurrente argumenta que en fecha 19 de febrero de 2009, EMMSA presentó  Solicitud de Devolución Impositiva a la Administración Tributaria (SIN) Potosí  por el periodo fiscal septiembre de la gestión 2008, dentro de plazo establecido  en el Art. 14 del D.S. Nº 25465, habiendo sido admitido mediante Form. 1137  (Declaración Única de Devolución Impositiva- DUDIE) con número de Orden  5032345064 por un monto de Bs. 3.151.277,00 con relación al Impuesto al  Valor Agregado. Indica que antes de la fecha de solicitud la Administración  Tributaria realizó observaciones como ser “Errores de Información“, es decir  antes de admitirse la solicitud, indica también que no le hicieron conocer  observación alguna dentro del plazo de 15 días establecido en el artículo 15 del  D.S. Nº 25465, y que de acuerdo a dicha disposición el recurrente deduce que  con tal acto administrativo inicial se le estaba otorgando no sólo la aceptación  del trámite, sino que su razonamiento implicaba la aprobación de la  documentación presentada para la devolución impositiva, y que después de  haber transcurrido once meses desde su solicitud, la autoridad tributaria no le  dio a conocer los argumentos de rechazo, y que en caso de ser válidas  debieron ser comunicadas dentro del plazo de 15 días antes de admitir la  solicitud ya que las observaciones refieren a cuestiones de forma y no así a la  determinación de la base de cálculo del monto a devolver.  

Que habiendo quedado su Registro de Solicitud de Devolución Impositiva sujeto  a una fiscalización previa, recién en fecha 18/06/2009 le notifican con la Orden  de Verificación – CEDEIM Nº 000OVE00131.  

Indica que la Resolución Administrativa Impugnada hace referencia a los  artículos 100 y 104 del Código Tributario, al respecto observa que si es el  artículo 104 del CTB el que respalda esta actuación, porque se emite una  Orden de Verificación y no una de Fiscalización, aspecto que pone en duda la  validez legal de dicha actuación, también observa el Informe de Actuación  SIN/GDPT/DF/VE/INF/124/2009, indicando que tiene observaciones transcritas  a partir del tercer párrafo del primer Considerando de la Resolución  Administrativa impugnada, aclara que van sus reclamos sin perjuicio de la  acusación anterior realizada a ésta última de extemporánea e invalida, de esta  forma se ingresa a la consistencia puntual de cada uno de los reclamos. 

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2.2. Respecto al primer contenido argumenta que los valores FOB consignados en sus Facturas 003 y 005 con sus respectivas DUES, son neutrales a los  fines de la devolución impositiva solicitada, en atención a la fórmula de cálculo  previsto en el Art. 10 del Decreto Supremo Nº 25465. Añade que dichos  valores de sus facturas, tan sólo tienen un propósito explicativo para sus  clientes, para quienes es importante conocer el valor del mineral, así como sus  costos de realización que incluyen seguro, flete y otros. Que EMMSA para este  propósito parte de un valor al cual denomina CIF que como puede verse  objetivamente en sus facturas, se deducen los conceptos anotados y se llega  al valor denominado FOB. En el fondo reitera que estas diferencias son  neutrales a los fines de la devolución impositiva solicitada, por lo que no sólo  resulta falso que se haya incumplido el Art. 3 del Decreto Supremo Nº 25465,  sino que éste precepto no es aplicable a su sector, toda vez que la base para  el cálculo está prevista en el Art. 10 del Decreto Supremo Nº 25465, remarca  que está dada por “la alícuota vigente del IVA aplicada a la diferencia entre el  valor oficial de cotización del mineral y los gastos de realización” que ésta es la  fórmula de cálculo que se ha utilizado en su solicitud pero que no ha sido  considerada en la Resolución Administrativa y tampoco objetada por la  autoridad fiscal, agrega que también fue deducido el valor de reexportación  (RITEX) conforme a las disposiciones vigentes.  

Otra diferencia relacionada con el primer contenido, señala que la Resolución  Administrativa impugnada cita la RND de la ANB 01-014-06 que refiere cómo  deben llenarse las casillas 20 y 22 de una DUE, aspecto que resulta ajeno,  según la parte recurrente, al objeto de la propia Resolución Administrativa, toda  vez que han llenado esas casillas y de manera correcta.  

También refiere que es innecesario e irrelevante en el contenido de la  Resolución Administrativa impugnada, la previsión del Art. 13 del Decreto  Supremo 25465, toda vez que ha cumplido con los documentos requeridos,  además porque dicho artículo ha sido modificado por el Decreto Supremo Nº  26630 de 20/05/2002 y que le queda agregar que la cita de la norma es  innecesaria, que respecto a éste punto ha cumplido plenamente, que no tiene  asidero la objeción de la Administración tributaria.  

Extiende su argumento, indicando que la observancia de coherencia exigida en la Resolución Administrativa impugnada, que se funda en la cita del Art. 15 del Decreto Supremo Nº 25465, no es real, cuando se refiere a la información  consignada en la solicitud con relación a los documentos requeridos, toda vez  que con dicha exigencia está de acuerdo, pero no cuando se trata de una cita  legal falsa y que en todo caso tal verificación se pasó en el tiempo a once  meses después de haber presentado la solicitud de devolución impositiva.  

Concluye éste primer contenido de la Resolución Administrativa impugnada que  ha venido disgregando la parte recurrente, al señalar la misma que el valor FOB  consignado en sus DUES cumple la normativa aduanera, que la invocación de  la RND 10-0032-07 no aporta fundamento alguno al acto administrativo ahora  impugnando, que se trata de una cita ociosa, innecesaria e incoherente, toda  vez que nada tiene que ver con su parte resolutiva. Que la verificación del  llenado correcto de una DUE es atribución del la Aduana Nacional, que ésta no 

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ha observado las DUEs suyas, mal puede pronunciarse el SIN Potosí al  respecto. Que las citas legales y reglamentarias, además de los comentarios  operativos que menciona, no tienen relación, ni con la observación misma, ni  mucho menos con lo que en definitiva resuelve, es destacable la falta de  coherencia.  

2.3. Respecto al segundo contenido, con relación al importe de los gastos  realizados, que ha decir del SIN Potosí, éstos no van acorde a lo establecido en  el Art. 10 del D.S. 25465, la parte recurrente señala que la presunción del 45%  para determinar los gastos de realización del sector minero es aplicable  solamente cuando dichos gastos no han sido explícitamente consignados, que  no es el caso de EMMSA ya que ha cumplido, pero con relación a su Factura  Comercial según ya tiene explicado. Que no es posible hacerlo en una DUE  como reza el Art. 10 del D.S. 25465 toda vez que los formularios de la DUE  vigentes no tienen casilla para tal efecto y la norma se torna de imposible  cumplimiento, que sin embargo están en el derecho de detallar dichos costos,  así sea en su Factura Comercial. Que no puede imponerse la presunción del  45% solamente porque la administración aduanera no tiene prevista la casilla  respectiva en sus formularios.  

  

El SIN Potosí observa el contrato de la parte recurrente en fotocopia simple y  en idioma inglés, sobre dichos aspectos refiere que están previstos en el  Decreto Supremo ya mencionado Nº 25465 como también en el Art. 5 de la  RND 10-004-03 del propio SIN; respecto de ésta observación, la parte  recurrente considera que se trata de citas de normativas incoherentes, nada  especificas, que habiendo EMMSA presentado documentación contractual en el  idioma que ha sido suscrito, eso es suficiente para dar cumplimiento a los  requisitos establecidos, que las preferencias idiomáticas no constituyen  fundamento legal para la Resolución Administrativa impugnada, que el SIN  debía revisar su Formulario de “Errores de Información” el cual consigna lugar y  fecha fusionando el idioma inglés con el idioma español, pues dice “POTOSÍ, 17  FEBRUARY de 2009”  

  

Concluye aseverando que la Aduana Nacional, hace imposible el cumplimiento  de la consignación de los gastos de realización en una DUE, que por culpa  ajena no se puede castigar al sector minero y obligarlo a aplicar la presunción  del 45% o hacerle cumplir formalidades que no pueden realizarse, todo por que  los gastos de realización detallados en las facturas de exportación Nº 003 y Nº  005 no se hayan consignado en la declaración de exportación (DUE),  imposibilidad manifiesta que hace ilegal la Resolución Administrativa  impugnada.  

2.4. Respecto al tercer contenido, ha decir del SIN Potosí, en alusión a la errada  forma de cálculo del valor RITEX y valor agregado neto que le endilga a la parte  recurrente, manifiesta ésta que es de suponer, que tal observación se ampara  en el Art. 3 del D.S. 25465, pero que conforme ha dejado en claro, esta  disposición al sector minero no le es aplicable y reitera que a su sector le es  aplicable el Art. 10 del D.S. 25465, que según éste precepto no es el valor  FOB el que se toma en cuenta para calcular el monto cuya devolución se  solicita. Que ésta observación no sólo carece de sentido, sino que la 

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Administración Tributaria no demuestra cuanto es la diferencia provocada por  los supuestos incumplimientos.  

Continúa refiriendo que en cuanto a los gastos de realización consignados en  la Factura 003 y 005, corresponderían supuestamente a los gastos  reexportados RITEX, por lo que aclara que en dicha factura se indica qué  conceptos están siendo consignados como gastos de realización: transporte,  refinación, seguro y laboratorios, siendo así, considera inconcebible tal  exabrupto, el haber llegado a semejante conclusión, dice que nada tiene que  ver con el rechazo de la solicitud, agrega que la Resolución Administrativa  adolece de tal incoherencia en franca violación del Art. 28 inc. b) y e) de la Ley  Nº 2341. Menciona que recuerda que el valor reexportado RITEX se aplica, a  los fines fiscales, en formularios aprobados por la Aduana Nacional y no en  Facturas Comerciales de los exportadores.  

2.5. Con relación al cuarto contenido, plantea tres observaciones: 1) Los trámites  de exportación correspondiente a las DUE´s 2008311C3333 y 2008311C3378  el certificado, el manifiesto de carga vía aérea (Air Waybill) no cuenta con sellos  de los funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia, al respecto rechaza estas  afirmaciones y solicita se constate las DUE´s, Certificados de Salida y  Manifiestos de Carga Aérea, documentos en los que consta y cursa la firma y  sello del funcionario aduanero; en apego al contenido en los puntos 12 y 14 del  Inc. b del Título V de la R.N.D. Nº 01-014-06, independientemente de la  responsabilidad de exponer falsos argumentos, pide se tome en cuenta a fin de  dejar sin efecto la Resolución Administrativa impugnada. 2) Que en el trámite  de Exportación DUE 2008311C3333 se señala como fecha de elaboración el  17/09/2008 y como fecha de validación el 14/10/2008, pero la fecha efectiva de  salida fue en 22/10/2008, contraviniendo lo señalado en el numeral 12 del punto  B del Título V de la R.N.D. Nº 01-014-06, aclara que esa observación carece de  sustento legal porque no hace referencia a las fechas consignadas en los  documentos aduaneros, se trate de una DUE o de cualquier otro, al tratarse de  una cita legal ajena carece de toda eficacia argumental. Aclara que las fechas  referidas de exportación son el 17/09/08 siendo la fecha correcta que debe  tomarse en cuenta. 3) Que en la declaración jurada F-210 del período  septiembre 2008 el contribuyente consigna el valor de tres exportaciones  (casilla 055), sin embargo en el período solo se realizaron dos exportaciones,  aspecto que no coincide con el valor FOB declarado en el Formulario 1137  (casilla 417) DUDIE definitiva. Aclara que la tercera operación de exportación  fue embarcada en fecha 30/09/2008, fecha en que también se emitió la  correspondiente factura de exportación y sin embargo en transporte aéreo de  salida del país se completó en los primeros días de octubre de 2008, motivo por  el que el certificado de salida lleva fecha de este último mes, y que a los efectos  del IVA la operación fue registrada como parte del mes de septiembre de 2008.  

2.6. Con relación al quinto contenido, la diferencia consignada en cuanto a la  partida arancelaria, la diferencia calificada como un error administrativo, en  nada influye en la verificación a su derecho de devolución ni al cálculo del  monto sujeto a devolución, fue la autoridad aduanera la que validó la partida  consignada en la DUE siendo atribución de ella y no del SIN, y que en la  Resolución Administrativa no hay disposición legal relativa a la devolución  impositiva que se pudiera haber vulnerado. 

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En cuanto a la Regalía Minera manifiesta que tratándose de un documento para  fines estrictamente estadísticos erróneamente la Resolución Administrativa  considera el formulario de liquidación F-3007 y que no es evidente que el Art.  13 del D.S. 25465 y el Art. 5 de la RND 10-0004-3 dispongan que dicho  documento deba utilizarse para respaldar una solicitud de devolución  impositiva, que ésta última no se basa en el tipo de producto exportado sino en  el valor exportado. Aún así refiere, que la diferencia por error administrativo en  partidas arancelarias registradas, no es asunto vinculado a la devolución  impositiva; ninguna norma de la materia hace referencia a esta cuestión. El  valor exportado y el producto exportado han sido verificados oportunamente  por la aduana nacional y no corresponde legalmente al SIN formular  observaciones al respecto, menos utilizar este aspecto como argumento para  rechazar la solicitud de devolución impositiva.  

  

2.7. Con relación al sexto contenido, “El certificado de salida de la DUE 2008- 311- C -3378 no tiene firma del gestor de recinto”. Que de acuerdo a la Resolución  de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia Nº 01-014-06 en las  exportaciones por vía aérea, el Certificado de Salida goza de plena validez con  la fecha efectiva de salida y la firma del funcionario aduanero que verificó la  operación de exportación, por lo que se trata de otro argumento de la  Administración Tributaria para rechazar la devolución impositiva solicitada, que  si se toma en cuenta sea para declarar revocada totalmente la Resolución  Administrativa impugnada.  

2.8. El recurrente concluye esta parte de las observaciones citadas alegando que  fueron de su conocimiento las mismas mediante nota CITE:  SIN/GDP/DGRESC/UV/NOT/072/2009 de 2 de febrero de 2009 y retorna a la  pregunta, si desde aquel entonces habían observaciones comunicadas  pendientes de resolver, cómo es que su solicitud de devolución impositiva fue  aceptada mediante Formulario 1137 (Declaración Única de Devolución  Impositiva – DUDIE) con Número de Orden 5032345064 de 19 de febrero de  2009. Indica que entiende de conformidad a las disposiciones vigentes,  particularmente del Art. 15 del Decreto Supremo Nº 25465, que si se ha  emitido la DUDIE es por que la Administración Tributaria no tenía más  observaciones a su solicitud por lo que a su juicio la Resolución Administrativa  impugnada carece de sentido jurídico.  

2.9. La parte recurrente respecto al segundo y último considerando de la  Resolución Administrativa impugnada, también adopta por conveniente  disgregar las demás observaciones detectadas por el SIN Potosí para formular  sus reclamos tal como se insertan a continuación: 

Respecto al primero y segundo párrafos, reclama que se trata de una cita  genérica de ciertas disposiciones legales y reglamentarias que carecen de  relación y concordancia con lo que finalmente resuelve, aspecto que según la  parte recurrente, viola nuevamente la Ley 2341 en su Art. 28 inc. b) y e), lo que  hace nula la Resolución Administrativa.  

Respecto al tercer párrafo, manifiesta que definitivamente dicho texto es  contradictorio con la parte resolutiva, violándose nuevamente la Ley 2341 en su  Art. 28 inc. b) y e), lo que hace nula la Resolución Administrativa. 

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En su último párrafo, la Resolución Administrativa dice amparar su dictado en  el Art. 125 del Código Tributario y el Art. 16 del Decreto Supremo Nº 25465, al  respecto hace notar la parte recurrente que el Art. 125 del Código Tributario  solamente contiene un “concepto” de “Devolución Tributaria” y por tanto no  puede acaparar el dictado de Resolución alguna, menos si ese concepto hace  referencia a requisitos y plazos establecidos en la ley que dispone la  devolución, mientras que la Resolución Administrativa, indica como se ha  evidenciado, está buscando ampararse en disposiciones de rango inferior,  impertinente y erróneamente citadas.  

Por su parte el Art. 16 del Decreto Supremo Nº 25465 regula la “Emisión y  entrega del CEDEIM”, mientras que tal emisión y entrega no es negada por la  propia Resolución Administrativa que dice ampararse en ésta disposición.  Aspecto que para la parte recurrente es tremenda contradicción que vicia de  nulidad de conformidad al Art. 28 inc. b) y e) de la Ley 2341 (LPA).  

2.10. Con relación a la parte resolutiva de la Resolución Administrativa impugnada,  manifiesta la parte recurrente que en su disposición primera, establece una  devolución impositiva igual a cero, lo que para ella significa que la  Administración Tributaria no le está negando el derecho a la devolución  impositiva solicitada, además que ya no existirían observaciones para su  cumplimiento, menos requisitos aplicables, indica que de otro modo el rechazo  debiera ser expreso. Continúa su reclamo manifestando, entonces, que razón  tenían o tienen las observaciones citadas a lo largo del primer considerando de  la Resolución Administrativa. Que es evidente la total y profunda contradicción  entre lo que se observa y considera y lo que finalmente se resuelve.  

Habiéndose dispuesto en la Resolución Administrativa impugnada una  devolución de importe igual a cero, infiere la parte recurrente que esto obedece  al hecho efectivo de que no tenían crédito fiscal para recuperarlo, por lo que  al respecto se pregunta: En qué parte de la Resolución Administrativa se  cuestiona su crédito fiscal? En qué considerando se observa, o se menciona o  se insinúa siquiera que su crédito fiscal adolece de inhibición alguna? Para la  parte recurrente la Resolución Administrativa no explica como ha  determinado el importe sujeto a devolución igual a cero, menos indica cuando  y como es que se perdió su crédito fiscal, indica que no cita la disposición legal  en cuya virtud y aplicación ocurrió tal pérdida.  

Luego observa que la Resolución Administrativa impugnada en su disposición  segunda establece como monto no sujeto a devolución precisamente el  monto que había solicitado, reclama que nuevamente no se menciona que ha  pasado con su crédito fiscal, considera que sigue extraviado ya que la  resolución administrativa nada dice sobre el particular, agrega que ni siquiera  ha sugerido observación alguna al importe y legitimidad de su crédito, ni al  cálculo del importe solicitado como devolución impositiva, por lo que impugna  este aspecto objetando la carencia de fundamento, advirtiendo franca  contradicción con su propio contenido considerativo.  

2.11. Por lo expuesto, solicita la REVOCATORIA total de la Resolución  Administrativa CEDEIM Nº 23-00000055-10 de fecha 18 de enero de 2010

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declarando la aprobación y aceptación de su derecho a la devolución impositiva  solicitada.  

III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO.  

El citado recurso de alzada en principio fue observado por falta de nombre o razón  social, señalamiento de domicilio del recurrente, indicación de la autoridad que dictó el  auto contra quién se recurre y detalle de los montos impugnados conforme exige el  artículo 198 incisos b), c) y d) de la Ley Nº 3092, conforme consta a fojas 65 del  expediente. La parte recurrente mediante memorial de fecha 26 de febrero de 2010,  subsana la observado, así consta a fojas 77 del expediente, por cuya razón se  procedió a la emisión del auto de admisión del recurso de alzada, conforme consta a  fojas 79 de obrados, disponiéndose correr a conocimiento de la Administración  Tributaria para que en plazo legal de quince (15) días, computables a partir de su legal  notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los  elementos probatorios relacionados con la Resolución Impugnada, en aplicación de lo  señalado por el Art. 218 inciso b) y c) del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092),  habiendo sido notificada legalmente la entidad recurrida en fecha diez (10) de marzo  de 2010, conforme fluye de la diligencia de notificación cursante a fojas 82 del  expediente.  

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE  ALZADA.  

Que dentro de término legal de los quince (15) días previstos por Ley, la Administración  Tributaria, mediante memorial presentado ante la Responsable de Recursos de Alzada  de Potosí, en fecha 25 de marzo de 2010 responde al Recurso de Alzada interpuesto,  apersonándose el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, quien acredita su personería en su  condición de Gerente Distrital interino de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales,  solicitando se acepte su representación legal y se le haga conocer las providencias que  se dicten en recurso de alzada, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución  Administrativa Nº 03-355-06 de fecha 30 de agosto de 2006, por la que evidencia  haber sido designado Gerente Distrital interino, dependiente de la Gerencia Distrital  Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

Que dicho personero legal de la Gerencia Distrital de Potosí en su memorial de  respuesta, rechaza los fundamentos del recurso de alzada y contesta en forma  contradictoria señalando lo siguiente:  

4.1. Con rótulo de relación de antecedentes, responde en cuanto al plazo de 15  días establecido en el Art. 15 del D.S. Nº 25465: Señala que de conformidad  a lo dispuesto en el Art. 13 del D.S. Nº 25465 de 23 de julio de 1999, la solicitud  de devolución de impuestos, debe ser presentada en el formulario autorizado  para el efecto, ya que tiene carácter de declaración jurada, acompañando los  siguientes documentos: a) Declaración de exportación (copia exportador); b) 

Factura comercial del exportador y c) Certificado de salida emitido por el  concesionario del depósito aduanero, además de Póliza de Importación  (Adjunto Boleta de Pago); Formulario de Declaración Jurada del Impuesto al  Valor Agregado (143-1); debiendo en el sector minero respaldar sus gastos de 

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realización mediante la presentación del o los documentos aclaratorios de las  condiciones estipuladas por el comprador del mineral o metal (DS 25465 Art.  10), de conformidad a lo dispuesto en el Art. 5 de la Resolución Normativa de  Directorio Nº 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003.  

Indica sobre el procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 del D.S.  Nº 25465, explicando que la oficina que hubiese recibido la SDI verificará la  información contenida en la misma, en base a la documentación que se  acompañe, debiendo rechazar las solicitudes que no estén respaldadas por  todos los documentos a que se refiere el Art. 13 del presente Decreto Supremo,  o cuando dichos documentos presenten incoherencias o alteraciones. La SDI se  considerará aceptada cuando la indicada oficina no formulare observaciones  por escrito, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su  presentación, disposición concordante con lo establecido en el Art. 11 de la  RND 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003.  

Aclara enfáticamente la administración tributaria que el plazo de los 15 días antes referidos, está destinado a verificar únicamente el cumplimiento de las  formalidades requeridas para la tramitación de la SDI, comparando a este  efecto la información contenida en el medio magnético presentado por el propio  solicitante con la documentación física adjunta a la solicitud, para su posterior  validación por el SIRAT (Sistema Integrado de Recaudación para la  Administración Tributaria), para que en caso de que exista errores o  incongruencias, el solicitante asuma el derecho que tiene para subsanar en su  caso las mismas; una vez aclaradas las observaciones, se procede con la  generación de la respectiva DUDIE (Declaración Única de Devolución  Impositiva a las Exportaciones) que implica la aceptación de la solicitud para la  consiguiente devolución del importe solicitado; en tal virtud no corresponde en  esta etapa la verificación en el fondo del contenido de toda la documentación  que sustenta la solicitud, por cuanto ni es el momento ni la instancia  administrativa competente para efectuar este trabajo, aspecto que está previsto  de conformidad al Art. 69 del Código Tributario concordante con el inc. e) de la  Ley Nº 2341. 

Continúa explicando que el trámite de revisión de correlación o correspondencia  a los documentos presentados por el solicitante, no implica que la  Administración Tributaria desarrolle todo un trabajo de fiscalización en 15 días,  o que pasados estos, se haya ha perdido el derecho a ejercer las facultades y  atribuciones conferidas por la Ley Nº 2492, que de conformidad al Art. 59 del  mismo cuerpo legal, éstas prescriben a los cuatro años, el plazo de quince días  es aplicable simplemente para la revisión de la presentación formal de la  documentación exigida para las solicitudes de devolución impositiva.  

Aclara que el hecho que se haya tramitado las solicitud de devolución impositiva  del recurrente, no significa que se proceda a la emisión de valores sin la  fiscalización previa que debe existir para este hecho, ya que se debe tomar en  cuenta que la solicitud presentada se encuentra bajo la modalidad “CEDEIM  Previa” y de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo II del Art. 126 de la Ley Nº  2492

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Precisamente, indica que en ejercicio de la facultad precedentemente descrita  la Administración Tributaria ha procedido a revisar y evaluar los documentos  pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria de Minera  Manquiri S.A., en forma previa a la emisión de valores, hecho que no debe  provocar extrañeza y/o susceptibilidad en el recurrente en virtud a que la  Administración Tributaria ha actuado dentro del marco normativo establecido en  la Ley Nº 2492 y demás normativa tributaria vigente.  

 La Administración Tributaria deja en claro que el plazo de 15 días al cual hace  mención el recurrente, es para que el Departamento de Recaudaciones,  proceda a revisar la parte meramente formal de la solicitud de devolución  impositiva en cuanto a la correspondencia entre la información presentada en  medio magnético y la adjuntada en forma física a la solicitud, subraya que ese  trabajo de verificación de documentación de respaldo a la solicitud estaba  enteramente a cargo del Departamento de Fiscalización de la Administración  Tributaria, precisamente por que se trata de una Solicitud de Devolución  Impositiva “Previa” Fiscalización, justamente si vale reiterar para verificar la  correspondencia de la documentación que respalda la solicitud y del crédito  fiscal.  

4.2. En cuanto a los resultados de trabajo de verificación ejecutados por la  Administración Tributaria, indica que de acuerdo al Informe  SIN/GDPT/DF/VE/INF/124/2009; SIF Nº 355864, se han identificado las  siguientes observaciones:  

Según las facturas comerciales Nº 003 y 005 y sus Declaraciones Únicas de  Importación 2008311C3333 y 2008311C3378, el valor FOB consignado,  corresponde al valor CIF de la factura comercial es superior contraviniendo de  esta forma lo dispuesto en el artículo 3 del D.S. Nº 25465 aplicable para el  cálculo de la devolución. Por su parte la R.D 01-014-06 señala en su anexo 2  del procedimiento para despacho aduanero que en la casilla 22 de la DUE  deberá consignarse el valor FOB de exportación y en la casilla 20 las  condiciones de entrega INCOTERM. Asimismo aclara que el artículo 13 del  D.S. 25465 señala como documentos imprescindibles a ser presentados para la  tramitación del certificado de devolución impositiva los siguientes: Declaración  de Exportación, Factura Comercial del Exportador y Certificado de Salida,  debiendo existir coherencia entre la información consignada en la solicitud y los  documentos referidos, tal como señala el artículo 15 del citado Decreto  Supremo.  

  

 El numeral 16 del artículo 1 de la R.N.D. Nº 10-0032-07 establece la  información mínima a consignar en la factura comercial de exportación, la cual  incluye el valor FOB frontera de acuerdo a lo establecido en la normativa  aduanera vigente. Estas aclaraciones se las realiza en vista de que el  contribuyente, a través de su apoderado Hernán Pereira, señala que solo debe  tomarse en cuenta la información contenida en la DUE en carácter de  declaración jurada, debiendo obviarse los detalles y cantidades de la factura  comercial.  

 El importe de los gastos de realización no están acordes a lo establecido en el  artículo 10 de ya citado Decreto Supremo, ya que el dato que el exportador  declara en su factura comercial asciende únicamente al 3.13% y, además, el  contribuyente a efectos de respaldar dicho dato presentó su contrato de venta 

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en fotocopia simple y en idioma inglés, incumpliendo lo señalado en el Decreto  Supremo ya mencionado y artículo 5 de la R.N.D. Nº 10-004-03 (SIN) por tanto  no se toma en cuenta los gastos de realización detallados en las facturas  comerciales de exportación Nº 003 y 005, en vista de que los mismos no se  encuentran explícitamente consignados en la declaración de exportación (DUE)  y las condiciones contratadas presentadas no cumplen formalidades. Al  respecto el contribuyente señala que la presentación de las condiciones  contratadas indicadas en la Norma Legal Boliviana (Aduanera y Tributaria) no  señala el idioma del mismo.  

 Respecto a los trámites de exportación correspondientes a las facturas  comerciales Nº 003 y 005, para el cálculo del valor RITEX y valor agregado  neto, el contribuyente toma en cuenta el valor CIF (FOB de la DUE) y no así el  valor FOB detallado en su factura, tal como lo dispone el artículo 3 del D.S. Nº  25465, lo cual genera diferencias en el cálculo máximo a devolver, además que  permite establecer que los gastos de realización consignados en la factura  comercial corresponden a los gastos reexportados RITEX.  

Los trámites de exportación correspondiente a las DUE’s 2008311C3333 y  2008311C3378 el certificado de salida, el manifiesto de carga vía aérea (Air  Waybill) no cuentan con sellos de los funcionarios de la Aduana Nacional de  Bolivia, además en el trámite de exportación DUE 2008311C3333 se señala  como fecha de elaboración el 17/09/2008 y como fecha de validación el  14/10/2008, pero la fecha efectiva de salida fue el 22/10/2008, contraviniendo lo  señalado en el numeral 12 del punto B del título V del Procedimiento para el  Despacho Aduanero de Exportación aprobado mediante Resolución de  Directorio 01-014-06 de 03/08/2006. Asimismo, se verificó que en la declaración  jurada F-210 del periodo septiembre de 2008 el contribuyente consigna el valor  de tres exportaciones (casilla 055), sin embargo en el periodo solo se realizaron  dos exportaciones, aspecto que no coincide con el valor FOB declarado en el  formulario 1137 (casilla 417) DUDIE definitiva.  

También se destacaron incoherencias en la consignación de la partida  arancelaria del producto exportado según DUE’s relacionadas a las facturas  comerciales N° 003 y 005, ya que en las facturas y DUE’s se consigna la  partida arancelaria 2616100000 y en la liquidación de la Regalía Minera se  consigna la partida 7106912000.  

En este sentido, corresponde señalar que de acuerdo al art. 13 del Decreto  Supremo N° 25465 y art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10- 0004-03 la factura comercial y la DUE son considerados como documentos  imprescindibles para la solicitud de devolución de impuestos, como también el  formulario de liquidación de regalía minera, aprobado para su utilización oficial  mediante el art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10- 0043-07 y  art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-08 para su uso  obligatorio y requisito para el despacho de exportación, tal como prevé el  numeral 15 del titulo V del procedimiento para el despacho aduanero de  exportación, emitido mediante Resolución de Directorio N° 01- 014-06, lo cual  permite determinar el pago en boleta formulario 3007 para el producto  exportado. 

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Esta observación permite establecer que el producto exportado es: “Minerales  de Plata y sus concentrados”, según las facturas comerciales y las DUE’s, pero  la solicitud de devolución impositiva DUDIE 5032345064 que está acompañada  de dos DUE’s 2008311C3333 y 2008311C3378 con el respectivo pago de  regalía de otro mineral exportado “Plata semilabrada”, aspecto que no permite  determinar con exactitud sobre que producto exportado el contribuyente realiza  su solicitud de devolución impositiva ya que la documentación es incoherente.  

Asimismo, cabe aclarar que la Comunidad Andina, donde Bolivia es miembro  activo de acuerdo a convenios internacionales, establece dentro de su sistema  aduanero una nomenclatura común denominada: Nomenclatura NANDINA, la  cual detalla partidas y subpartidas, basado en el sistema Armonizado (SA) de  utilización mundial, para codificar, designar y clasificar productos para su  respectiva comercialización dentro del comercio exterior.  

  

También se detectaron incoherencias en la consignación de la partida  arancelaria del producto exportado según DUE de la factura comercial N° 003,  ya que en la factura se consigna la partida arancelaria 2616100000 y en la DUE  y en la liquidación de la Regalía Minera se consigna la partida 7106912000.  

En este sentido, señala que de acuerdo al artículo 13 del Decreto Supremo N°  25465 y art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-03 la  factura comercial y la DUE son considerados como documentos imprescindibles  para la solicitud de devolución de impuestos, como también el formulario de  liquidación de regalía minera, aprobado para su utilización oficial mediante el  art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0043-07 y art. 5  Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-08 para su uso obligatorio y  requisito para el despacho de exportación, tal como prevé el numeral 15 del  título V del procedimiento para el despacho aduanero de exportación, emitido  mediante Resolución de Directorio N° 01-014-06, lo cual permite determinar el  pago en boleta F-3007 para el producto exportado.  

  

Esta observación señala que el producto exportado es: “Minerales de Plata y  sus concentrados”, según factura comercial, pero la solicitud de devolución  impositiva DUDIES 2008311C-3333 y 2008311C-3378 y adjunta una  declaración de exportación DUE 2008-211-C-31575 y pago de regalía minera  de otro producto “Plata semilabrada”, lo cual no permite determinar sobre que  producto exportado el contribuyente, realiza su solicitud de devolución  impositiva ya que la documentación no corresponde. Asimismo, cabe aclarar  que la Comunidad Andina, donde Bolivia es miembro activo de acuerdo a  convenios internacionales, establece dentro de su sistema aduanero una  nomenclatura común denominada: Nomenclatura NANDINA, la cual detalla  partidas y subpartidas, basado en el Sistema Armonizado (SA) de utilización  mundial, para codificar, designar y clasificar productos para su respectiva  comercialización dentro del comercio exterior.  

El certificado de salida de la DUE 2008-311-C-3378 no tiene firma del gestor de  recinto.  

4.3. En cuanto a los argumentos empleados por la parte recurrente: Manifiesta el  SIN, que como consta en antecedentes, la normativa aplicada para la  elaboración tanto del Informe de Fiscalización como de la Resolución  Administrativa ahora impugnada, se encuentra en directa relación y aplicación 

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del trabajo ejecutado para la verificación de la documentación de respaldo a la  solicitud de devolución impositiva presentada, que con tal enfoque se considera  que la observación realizada a las facturas Nº 003 y Nº 005 es correcta a los  términos de la disposición contenida en el Art. 3 del Decreto Supremo Nº  25465, ya que no puede admitirse el argumento del recurrente referido a que  las diferencias entre los valores FOB consignados en las facturas observadas y  sus respectivas DUE’s en realidad son neutrales a los fines de devolución  impositiva y que los valores FOB consignados en sus facturas citadas tiene  solamente un propósito explicativo para sus clientes, cuando se han identificado  que el valor FOB consignado en las facturas 003 y 005 corresponde al valor  CIF de la factura comercial que es superior, hecho que no podía ser pasado por  alto a efectos de la verificación realizada. 

Por otra parte indica que, el Art. 15 del D. S. Nº 25465, claramente establece  que la oficina que haya recibido la SDI verificará la información contenida en la  solicitud en base a la documentación que se acompañe, debiendo rechazar las  solicitudes que no estén respaldadas por todos los documentos a que se refiere  el Art.13 del referido D.S., o cuando dichos documentos presenten  incoherencias o alteraciones.  

Indica que se debe tomar en cuenta, que a efectos de respaldar la solicitud de  devolución impositiva, el sujeto pasivo solicitante debe respaldar dicha solicitud  con toda la documentación necesaria, la misma que por lógica consecuencia  debe encontrarse en idioma español, en el presente caso el recurrente ha  presentado un contrato de venta en fotocopia simple y en idioma inglés, hecho  que hace virtualmente imposible de considerar a efectos de una correcta y  precisa traducción al idioma español, cosa que debió considerar la parte  recurrente y en su caso adjuntar la traducción de dicho documento para su  valoración.  

  

Ahora bien, señala, el Art. 10 deI D.S. Nº 25465, claramente establece que: “La  devolución o reintegro del crédito fiscal a los exportadores del sector minero  metalúrgico se efectuará, conforme a los criterios señalados en el Art. 3 del  referido Decreto Supremo, excepto en lo referente al monto máximo de  devolución, que en este caso será equivalente a la alícuota vigente del IVA  aplicada a la diferencia entre el valor oficial de cotización del mineral y los  gastos de realización, De no estar éstos explícitamente consignados en la  declaración de exportación, se presume que los gastos de realización son el  (45%) del valor oficial de cotización. Los gastos de realización consignados en  la declaración de exportación deben ser respaldados por las condiciones  contratadas por el comprador del mineral o metal” en este sentido pretender  alegar que no se consignó este porcentaje determinado de 45%, sólo porque el  formulario expedido por la Aduana Nacional no consigna esta casilla, resulta  incoherente y alejado de la normativa legal, tomando en cuenta que la  disposición antes señalada es clara al respecto, disposición que el recurrente  no ha tomado en cuenta, por ende no se trata de aplicar un “castigo” al sector  minero, ya que al haberse detectado una diferencia faltante entre el 3.13%  consignado y el 45% que señala la normativa tributaria, se ha procedido a  determinar la observación respectiva a las facturas de exportación 003 y 005.  

Agrega que se estableció en el trámite de exportación correspondiente las  DUE´s 2008311C 3333 y 2008311C3378 el certificado de salida, el manifiesto 

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de carga vía aérea (Air Waybill) no cuentan con sellos de los funcionarios de la  Aduana Nacional de Bolivia, además en trámite de exportación DUE  2008311C3333 señala como fecha de elaboración el 17 de septiembre de 2008  y fecha de validación el 14 de octubre de 2008, pero la fecha efectiva de salida  fue el 22/10/2008, contraviniendo lo señalado en el numeral 12 del punto B del  Título V del procedimiento para el Despacho Aduanero de Exportación  aprobado mediante R.D. Nº 01-014-06 y el parágrafo I. del artículo 43 de la  R.N.D. Nº 10-00016-07 que dispone: “Conforme lo previsto por la Ley Tributaria  y como regla general, los créditos fiscales contenidos en las facturas, notas  fiscales o documentos equivalentes serán imputados al período fiscal que  corresponda la fecha de emisión del documento”, por lo tanto la disposición  transcrita resulta ser atinadamente citada a efectos de fundamentar la  observación realizada por el Departamento de Fiscalización, que mas allá que  no sea del agrado del recurrente tiene su fundamento, mas cuando es mas  evidente que el recurrente ha contemplado una operación para un período fiscal  al que no le correspondía.  

Manifiesta que producto de todo el trabajo de verificación, se determina que la  documentación de respaldo a la solicitud de devolución impositiva presentada  por el ahora recurrente, no cumple con los requisitos legales descritos en los  actuados remitidos a su conocimiento, en este sentido se determina que no  existe monto a devolver al solicitante en virtud a las observaciones detectadas  por dicha Gerencia Distrital, por lo tanto no correspondía determinar el rechazo  de la solicitud presentada ya que esa determinación bien se pudo asumir en la  primera etapa de revisión de la solicitud presentada y la documentación  adjuntada, cuando esta no guarda relación alguna entre sí y no pueda  subsanarse de forma alguna, o cuando la solicitud ha sido presentada fuera del  plazo de 180 señalados para el término de la presentación de la solicitud de  devolución impositiva, por lo tanto la resolución administrativa impugnada  simplemente resuelve determinar el monto a devolver producto del proceso de  verificación o como en el presente caso resuelve que no existe monto alguno  sujeto a devolución por existir incongruencias en la documentación de respaldo  a la solicitud.  

4.3. Específicamente en cuanto a la resolución administrativa impugnada: El  recurrente alega que la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-00055- 10 de 18 de enero de 2010, contiene contradicciones en su redacción que  viciarían de nulidad a la misma, en este entendido cabe manifestar que de una  revisión a la resolución impugnada, se puede advertir que la misma ha sido  elaborada conforme lo dispuesto en la normativa tributaria y administrativa  vigente, de esta manera se tiene que de forma amplia pero precisa, se hace  referencia a los antecedentes relativos al proceso de verificación ejecutado por  esta Gerencia Distrital, considerando todos los elementos que fundamentan y  respaldan la disposición asumida por la Administración Tributaria.  

El parágrafo II del Art. 99 de la Ley Nº 2492, aplicable por equiparación de  actuados, establece que: “La Resolución Determinativa que dicte la  Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha,  nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda  tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y  la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de  la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

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esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la  reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución  Determinativa”.  

Por su parte el Art. 52 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo,  establece:  

“I. Los procedimientos administrativos, deberán necesariamente concluir con la  emisión de una resolución administrativa que declare la aceptación o rechazo  total o parcial de la pretensión del administrado, sin perjuicio del administrado,  sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo III. del Art. 17 de la presente Ley”.  

De una revisión a la resolución administrativa impugnada, indica que se puede  advertir con toda claridad que la misma ha sido emitida cumpliendo los  requisitos legales previamente descritos, no existiendo resquicio alguno que  pueda interpretarse como una supuesta nulidad como manifiesta el recurrente,  por ende pretender alegar la nulidad de la misma, resulta ser inadecuada y sin  fundamento legal alguno, las disposiciones legales citadas en la referida  resolución, hacen al fundamento jurídico de la misma, que mas halla de no ser  de gusto del recurrente, corresponde al análisis y valoración de los actuados  ejecutados por esta Administración Tributaria.  

Con relación a la nulidad de la resolución administrativa impugnada que alega  el recurrente, el SIN manifiesta, que de conformidad a lo dispuesto en el Art.  35 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo: “1. Son nulos de pleno  derecho los actos administrativos en los casos siguientes; a) Los que hubiesen  sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la  materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o  imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y  absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean  contrarios a la Constitución Política del Estado, y e) Cualquier otro establecido  expresamente por Ley”. Como se puede advertir, menciona que, ninguno de  estos elementos se han configurado en la elaboración de la Resolución  Administrativa impugnada, por lo tanto no existe fundamento legal alguno para  invocar la nulidad de la resolución impugnada al no configurarse ninguno de  los elementos previamente descritos.  

Refiere que de conformidad con los antecedentes remitidos en grado de alzada  y a la normativa previamente citada, a efectos de respaldar la Solicitud de  Devolución Impositiva, el contribuyente solicitante debe respaldar de forma  adecuada su solicitud, presentando ante la Administración Tributaria toda la  documentación que acredite fehacientemente el cumplimiento de la normativa  que regula la devolución impositiva, en virtud a que se trata de la devolución de  recursos del Estado a los contribuyentes, por ende debe cumplirse  estrictamente con las exigencias establecidas por normativa tributaria, hecho  que en el presente caso no ha ocurrido, ya que se han identificado  observaciones a la documentación presentada por el sujeto pasivo Manquiri  S.A. que afectan la documentación de respaldo a la Solicitud de Devolución  Impositiva. 

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Indica, que ante la evidencia de la existencia de observaciones a la  documentación presentada por el recurrente dentro del proceso de fiscalización,  no se podía ignorar las mismas bajo el principio de responsabilidad funcionaria  que rige los actos de los funcionarios de la Administración Tributaria, las  mismas que no han sido efectuadas por el simple de hecho de nombrarlas o  perjudicar al contribuyente, sino porque se trata de validar el derecho del  solicitante para constituirse en acreedor de crédito fiscal.  

Concluye que debe tomarse en cuenta que las devoluciones impositivas  constituyen erogaciones que realiza el Estado a favor de un particular  exportador; es decir, son beneficios reconocidos a los exportadores a través de  la devolución de impuestos para fomentar el aparato productivo e incentivar de  esta manera las exportaciones, con el fin de cumplir con el principio de  neutralidad impositiva establecido en la normativa tributaria vigente. En este  sentido, procede la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  efectivamente pagado, por los insumos de cualquier naturaleza incorporados en  los productos de exportación, siempre y cuando se hubiere realizado  efectivamente la exportación cumpliendo las formalidades establecidas en la  normativa citada a lo largo de su memorial de respuesta.  

  

 Por los argumentos expuestos y al amparo de las disposiciones precitadas  responde en forma negativa a los argumentos del Recurso de Alzada  interpuesto, solicitando que previos los trámites procesales establecidos para el  efecto, se dicte Resolución CONFIRMANDO la de la Resolución  Administrativa CEDEIM Nº 23-00055-2010 de fecha 18 de enero de 2010  emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Potosí.  

  1. FASE PROBATORIA.  

Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título  V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 25 de marzo de 2010, se dispuso la apertura  del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a  su respectiva notificación, conforme consta por la diligencia de notificación de fojas 93  y 94 del expediente.  

En esta fase, la parte recurrente mediante memorial de fecha 12 de abril de 2010 se  ratifica en la prueba documental presentada a tiempo de interponer el recurso de  alzada. A su vez la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de fecha 15  de abril de 20101 que cursa a fojas 101 del expediente, también se ratifica en la prueba  documental presentada a tiempo de responder al recurso de alzada. Por consiguiente  las referidas pruebas documentales serán apreciadas y valoradas conforme la  exigencia prevista en el artículo 217 inciso a) del Título V del Código Tributario (Ley Nº  3092).  

En fecha 21 de abril de 2010, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada  de Potosí, mediante decreto cursante a fojas 105 de obrados, declaró por concluido el  término probatorio de los veinte días y remitió el expediente a través de nota recibida  en Secretaria de esta instancia administrativa en fecha 23 de abril de 2010. En  cumplimiento del artículo 218 inciso e) de la Ley Nº 3092, se dispuso la Radicatoria del  recurso, conforme fluye a fojas 108 de obrados. 

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  1. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE  IMPUGNACION TRIBUTARIA CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de la facultad  legal prevista en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del  1 de abril de 2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente  recurso de alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la  Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido  a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución  Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000055-10 de fecha 18 de enero de 2010, se  inició en fecha 17 de febrero de 2010 conforme fluye del cargo de recepción cursante a  fojas 55 del expediente.  

En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o  material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento  administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al  principio tempos regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del  hecho.  

Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de  Cámara de esta instancia administrativa cursante de fojas 109 a 110 de obrados, se  conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del  Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley Nº 3092,  vencía en fecha 31 de mayo de 2010. Sin embargo por auto cursante a fojas 127 de  obrados, se dispuso la ampliación de plazo para emitir resolución por cuarenta (40)  días adicionales, conforme la facultad prevista en el artículo 210-III del Código  Tributario (Título V-Ley Nº 3092), por lo que la presente Resolución es dictada dentro  del plazo legal establecido.  

La Administración Tributaria presentó sus alegatos escritos en conclusiones, conforme  consta de fojas 114 a 116 del expediente, el cuál fue aceptado mediante proveído  respectivo. La parte recurrente también presentó sus alegatos escritos, y cursan de  fojas 121 a 122 del expediente, habiendo sido rechazado por haberse presentada fuera  de plazo, conforme consta por el proveído cursante a fojas 123 del expediente.  

VII. RELACION DE HECHOS.  

Efectuada la revisión del proceso administrativo (Cuadernillos de Antecedentes  Administrativos que van del Nº 2 (SIN) al Nº 3 (SIN) presentados por el Servicio de  Impuestos Nacionales, Gerencia Distrital Potosí, se establece la siguiente relación de  hechos:  

En fecha 18 de junio de 2009, se notificó mediante cédula al Sr. Humberto Rada  Gómez en calidad de representante legal del contribuyente EMPRESA MINERA  MANQUIRI S.A., con la Orden de Verificación Externa F-7531 Nº 0009OVE00131,  Requerimiento de Documentación F-4003 Nº 0102535 y su Anexo respectivo,  otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación, para la  entrega de la información requerida (fs. 7 Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 SIN).  

En fecha 25 de junio de 2009, el representante legal Humberto Rada, solicitó  ampliación de plazo por diez (10) días, en razón de que la documentación requerida  era ampulosa y contemplaba varios requerimientos, por lo cual, la solicitud fue 

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analizada y aceptada según procedimientos, en fecha 26 de junio se le otorgó el plazo  improrrogable hasta el 2 de julio de 2009 para la presentación solicitada.  

De fojas 18 a fojas 90 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 (SIN) se encuentran  papeles de trabajo de acuerdo a Planificación de Verificación y Programa de Auditoria  consistentes en: Formularios 210, 1137, 1133, 3007; Ordenes de Pagos; DUE´s;  Facturas Comerciales de Exportación; Certificados de Salida; Facturas de Transporte  Aéreo Air Waybill; Formularios de Liquidación de Regalía Minera; Ordenes de Pago  BCP; RITEX; Reportes de Exportaciones; Fotocopia de Documento transcrito en  Inglés.  

Cursa a fojas 92 notificación por cédula al representante legal de Empresa Manquiri  señor Humberto Rada Gómez con la Finalización de Verificación Externa O.V.E. Nº  0009OVE0131, mediante la referida verificación externa de fecha 18/11/2009, la  Administración Tributaria indica que podrá solicitar eventualmente información  aclaratoria o complementaria en relación con los hechos motivo de la verificación  llevada a cabo a objeto de determinar las obligaciones tributarias.  

En fecha 2/02/2009 la Administración Tributaria mediante CITE:  SIN/GDP/DGRESC/UV/NOT/072/2009 comunica las observaciones a la  documentación de los trámites de Solicitud de Devolución Impositiva-SDI  correspondientes a los períodos agosto y septiembre de 2008 y procede a la  devolución de la documentación presentada. En fecha 3/02/2009 el señor Hernán  Pereira hace conocer sus argumentos a las observaciones realizadas por la  Administración Tributaria indicando que su solicitud de devolución impositiva se  circunscribe al Impuesto al Valor Agregado, y que no es aplicable los artículos 17, 20,  24 y 26 de la R.N.D. Nº 10.0004.03, y que se cumplió con el requerimiento Nº 091074  del SIN, así como la presentación de documentos de descargo.  

De fojas 103 a fojas 111 se encuentran Consultas y Respuesta sobre observaciones en  documentos de soporte a exportaciones.  

El fecha 16 de diciembre de 2009 el Departamento de Fiscalización del SIN Potosí,  emite el Informe de Actuación SIN/GDPT/DF/VE/INF/124/2009 – SIF Nº 355864  (cursante de fojas 115 a fojas 124 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 SIN), el  referido Informe de Actuación en su parte conclusiva indica que: el trabajo de  verificación se sujetó a los procedimientos y normativa legal vigente, habiéndose  efectuado consultas a la Gerencia Nacional de Recaudaciones y Empadronamiento  como también al Departamento Jurídico, que en cumplimiento al artículo 125 y 126 de  la Ley Nº 2492, se efectuó el análisis, revisión y valoración de la documentación  presentada por el contribuyente Empresa Minera Manquiri S.A., estableciéndose un  importe observado no sujeto a devolución impositiva de Bs. 3.151.277.- (TRES  MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  00/100 BOLIVIANOS) que corresponde a la totalidad de su solicitud con DUDIE Nº  5032345064. Que de acuerdo a la verificación, se determinó lo siguiente: Productos  exportados distintos a los productos sobre los cuales se solicita su devolución  impositiva con DUDIE Nº 5032345064; Productos exportados “Minerales de Plata y sus  concentrados” no presenta pago de regalía minera o el pago de la regalía minera  corresponde a otro producto sobre el cual se solicita la devolución Impositiva;  Determinación de gastos de realización del 3.13% aproximadamente, sin documento  de condiciones contratadas; Valor FOB de las DUE´s Nº 2008-311-C-3333 y 2008- 311-C-3378 no corresponden a las facturas comerciales de exportación Nº 003 y 005; 

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La DUE 2008-311-C-3333 tiene fecha de valides de 14/10 /2008 y en su certificado de  salida el sello de la Aduana Nacional es de fecha 22/10/2008.  

  

Finalmente la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  emite la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000055-10, de 18 de  enero de 2010, dicha Resolución Administrativa resuelve devolver mediante  Certificados de Devolución Impositiva al contribuyente Empresa Minera Manquiri S.A.  conforme señala el Informe de Actuación CITE: SIN/GDPT/DF/VE/INF/124/2009 de  16/12/2009, el monto de Bs. 0,00 (CERO 00/100 BOLIVIANOS), correspondiente al  Impuesto al Valor Agregado, por el período fiscal septiembre de la gestión 2008;  asimismo determina como monto no sujeto a devolución la suma de Bs. 3.151.277,00  (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y  SIETE 00/100 BOLIVIANOS) por el Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a la  solicitud de devolución impositiva del período fiscal septiembre de la gestión 2008, del  contribuyente Empresa Minera Manquiri S.A.  

Con la citada Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000055-10 de fecha  18 de enero de 2010, la Administración Tributaria procedió a notificar mediante cédula  en fecha 29 de enero de 2010 al señor Humberto Rada Gómez en calidad de  representante legal, junto con el Informe de Actuación Nº  SIN/GDPT/DF/VE/INF/124/2009 de 16 de diciembre de 2009.  

VIII. MARCO DE REFERENCIA LEGAL.  

LEY Nº 2492 

Artículo 17.- (Perfeccionamiento).  

Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados:    

  1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o  realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.  
  2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente  constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.  

Artículo 59.- (Prescripción).  

  1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:  
  2. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.  
  3. Determinar la deuda tributaria.  
  4. Imponer sanciones administrativas.  
  5. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  
  6. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero  responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o  se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a  los dos (2) años.  

Artículo 66.- (Facultades Específicas)  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: Pág.19 de 37  

  

  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación.  

Artículo 69.- (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).  

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo  y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han  observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de  determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo  contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y  Disposiciones Reglamentarias.  

  

Artículo 70º (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  

  1. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros  generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o  instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas  respectivas.  
  2. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le  correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin  embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas  tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

Artículo 76º.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos  y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el  sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se  encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

Artículo 95º.- (Control, Verificación, fiscalización e Investigación).  

  1. Para dictar Resolución Determinativa la administración Tributaria debe controlar,  verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y  demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el  sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras  disposiciones legales tributarias.  
  2. Asimismo podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no  declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.  

Artículo 99.- (Resolución Determinativa).  

  1. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como  requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,  especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho,  la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así  como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de  cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente  desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la  Resolución Determinativa.  

  

Artículo. 100º.- (Ejercicio de la Facultad). 

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La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de  control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, es especial,  podrá:  

  

  1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como  cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

Artículo 104º (Procedimiento de Fiscalización).  

  1. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control,  verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se  iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la  Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser  fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los  funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a ese  efecto se emitan.  

Artículo 125º (Concepto). La devolución es el acto en virtud del cual el Estado por  mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados  a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones  establecidas en la Ley que dispone la devolución, la cual establecerá su forma,  requisitos y plazos.  

Artículo 126º (Procedimiento).  

  1. La Administración Tributaria competente deberá revisar y evaluar los documentos  pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. Dicha revisión no es  excluyente de las facultades que asisten a la Administración Tributaria para controlar,  verificar, fiscalizar e investigar el comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero  responsable, según las previsiones y plazos establecidos en el presente Código.  

  

Artículo 143º (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra  los siguientes actos definitivos:  

  

  1. Las resoluciones Determinativas.  
  2. Las resoluciones Sancionatorias.  
  3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición  o devolución de impuestos.  
  4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de  devoluciones impositivas.  
  5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de  obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

LEY Nº 2341  

Artículo 4º (Principios Generales de la Actividad Administrativa).  La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

  1. d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad  material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;  

Artículo 35.- (Nulidad del Acto). 

  1. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: Pág.21 de 37  
  2. a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por  razón de la materia o del territorio;  
  3. b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  
  4. c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del  procedimiento legalmente establecido;  
  5. d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  
  6. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los  recursos administrativos previstos en la presente ley.  

Artículo 52º.- (Contenido de la Resolución).  

  1. Los procedimientos administrativos, deberán necesariamente concluir con la emisión  de una resolución administrativa que declare la aceptación o rechazo total o parcial de  la pretensión del administrado, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo III del Artículo  17º de la presente ley.  
  2. La Administración Pública no podrá dejar de resolver el asunto sometido a su  conocimiento aduciendo falta, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales  aplicables.  

III. La aceptación de informes o dictámenes servirá de fundamentación a la resolución  cuando se incorporen al texto de ella.  

  

Decreto Supremo Nº 25465. 

Articulo 3.- (Impuesto al Valor Agregado).-  

El crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por concepto de  importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado interno, incluyendo  bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de servicios, vinculados  a la actividad exportadora, será reintegrado conforme a las normas del artículo 11 de la  ley 843 (texto ordenado vigente).  

No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo precedente,  la sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el pago total que  se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno.  

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones, se realizará bajo las mismas  normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado  interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 843 (texto ordenado vigente).  Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por  operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de  crédito que resultare, en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto  máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación.  

Articulo 10.- (Impuesto al Valor Agregado).  

La devolución o reintegro del crédito fiscal a los exportadores del sector minero  metalúrgico se efectuará, conforme a los criterios señalados en el artículo 3 del  presente decreto supremo, excepto en lo referente al monto máximo de devolución,  que en este caso será equivalente a la alícuota vigente del IVA aplicada a la diferencia  entre el valor oficial de cotización del mineral y los gastos de realización. De no estar  estos últimos explícitamente consignados en la declaración de exportación, se  presume que los gastos de realización son el cuarenta y cinco por ciento (45%) del  valor oficial de cotización. Los gastos de realización consignados en la declaración de 

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exportación deben estar respaldados por las condiciones contratadas por el comprador  del mineral o metal.  

Articulo 13.- (Solicitud de Devolución de Impuestos).  

A objeto de obtener la devolución de impuestos internos y del GAC, los exportadores  presentarán al Sistema de Ventanilla Única de Exportación SIVEX o a las oficinas del  SNII, donde no existan oficinas del SIVEX, una solicitud de devolución impositiva (SDI)  en formulario gratuito, que tendrá carácter de declaración jurada. La SDI para  considerarse como presentada, debe estar acompañada por los siguientes  documentos:  

  1. a) Declaración de exportación (copia exportador).  
  2. b) Factura comercial del exportador.  
  3. c) Certificado de salida emitido por el concesionario del depósito aduanero.  

En el caso de exportaciones sujetas al Régimen de Internación Temporal para  Exportación (RITEX), debe acompañarse a la SDI, además de los documentos citados  en los incisos a, b y c del presente artículo, la fotocopia de la póliza o declaración de  internación temporal correspondiente a las mercancías objeto del proceso productivo.  Debe presentarse, asimismo y únicamente en la primera solicitud, fotocopia legalizada  de la resolución emitida por autoridad competente, que autorice la incorporación de la  empresa exportadora al RITEX.  

En el caso de exportaciones a zonas francas, debe acompañarse a la SDI los  documentos citados en los incisos a y b del presente artículo, y la declaración de  exportación deberá contar con el sello de ingreso al recinto de zona franca, estampado  por la Administración de Aduana.  

Artículo 15.- (Verificación y Aceptación de la SDI)  

La oficina que haya recibido la SDI verificará la información contenida en la solicitud,  en base a la documentación que se acompañe, debiendo rechazar las solicitudes que  no estén respaldadas por todos los documentos a que se refiere el artículo 13 del  presente decreto supremo, o cuando dichos documentos presenten incoherencias o  alteraciones.  

La SDI se considerará aceptada cuando la indicada oficina no formulare observaciones  por escrito, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación.  

Una vez que se hubiere emitido el correspondiente CEDEIM, las SDI no podrán ser  objeto de rectificación.  

Articulo 2.- (Sustitución del Art. 15 del Decreto Supremo Nº 25465).  Se sustituye el artículo 15° del Decreto Supremo Nº 25465 de 23 de julio de 1999, en la  forma que a continuación se indica:  

“Articulo 15. (Verificación y Aceptación de la SDI)  

La oficina que haya recibido la SDI verificará la información contenida en la solicitud,  con base a la documentación que se acompañe, debiendo rechazar las solicitudes que 

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no estén respaldadas por todos los documentos a que se refiere el artículo 13° del  presente Decreto Supremo, o cuando dichos documentos presenten diferencias o  alteraciones.  

La SDI se considerará aceptada cuando la indicada oficina no formulare observaciones  por escrito, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación.  

La SDI que hubiera sido rechazada y respecto de la cual no se pudiera efectuar una  nueva presentación por vencimiento del plazo de ciento ochenta (180) días a que se  refiere el artículo precedente, podrán ser objeto de reproceso cuando las causas del  rechazo hubieren sido no imputables al exportador. El indicado reproceso deberá ser  solicitado por el exportador y la Administración Tributaria atenderá dicha solicitud  dentro de los siguientes treinta (30) días.  

La SDI no rechazada podrá ser objeto de rectificación únicamente cuando no se  hubiera emitido el correspondiente CEDEIM. La rectificación deberá ser explícitamente  justificada y respaldada en forma técnica y documental. La rectificación solo sustituirá a  la original en su contenido.”  

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-004-03 

Artículo 5°.- (Documentos Obligatorios)  

Para solicitar la devolución de impuestos, es obligatoria la presentación de los  siguientes documentos:  

– Declaración de Exportación (copia exportador)  

– Factura comercial del exportador  

– Certificado de salida emitido por el concesionario del depósito aduanero  – Pólizas de Importación (Adjunto Boleta de Pago)  

– Formulario de Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (143-1)  – Para el Sector Exportador de Hidrocarburos, los requisitos establecidos en la  Resolución Administrativa Nº 05-029-01.  

– El Sector Minero debe respaldar sus gastos de realización mediante la presentación  del o los Documentos de las condiciones contratadas por el comprador del mineral o  metal (DS 25465 art. 10).  

La documentación detallada precedentemente deberá ser presentada en tres juegos,  uno en originales y dos en fotocopias.  

Complementarios:  

– Libro de Compras IVA (a requerimiento de la Administración)  

MEDIO MAGNÉTICO  

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0043-07 

APROBACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL PAGO DE REGALÍAS  MINERAS. 

Artículo 5.- (Disposiciones Finales).  

  1. Se modifica la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0007.02 de fecha 24 de julio  de 2002, que en su artículo único resuelve aprobar el formulario que lleva como título 

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“Impuesto Complementario de la Minería” y que a partir de la publicación de la  presente resolución llevará el título “De la Regalía Minera”.  

  1. El formulario 525 y la Boleta de Pago 3007, únicamente estarán disponibles para  aquellos contribuyentes usuarios del Portal Tributario (Newton), en caso de requerir la  presentación de los mismos un contribuyente que no es usuario de este Portal, deberá  solicitar su incorporación a éste universo, aplicando para el efecto lo establecido en la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-07 de 31 de octubre de 2007.  

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-08. 

Artículo 5.- (Formulario de Liquidación RM en exportaciones).  I. Se aprueban las modificaciones del Formulario de Liquidación “Regalía Minera”, al  que se accederá a través de la Página Web “http//www.ine.gov.bo/formulario  regalía”, cuyo formato en Anexo, forma parte de la presente Resolución.  

  1. Quienes realicen las actividades de fundición y refinación de minerales y metales  que no incluyan en su proceso productivo actividades de explotación minera propia,  deberán presentar el Formulario de Liquidación “Regalía Minera” y fotocopia simple de  la Resolución Administrativa emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, a  momento de la exportación.  

  

LEY Nº 3092 (TITULO V- CODIGO TRIBUTARIO). 

Artículo 212.- (Clases de Resolución)  

  1. Las resoluciones que resuelvan recursos de Alzada y Jerárquicos podrán ser:  
  2. a) Revocatorias Totales o Parciales del acto recurrido.  
  3. b) Confirmatorias.  
  4. c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio mas antiguo.  
  5. FUNDAMENTOS TECNICO – JURIDICOS.  

9.1. La parte recurrente Empresa Minera Manquiri S.A., impugna la Resolución  Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000055-10 de fecha 18 de enero de  2010, en base a los argumentos señalados en su memorial de Recurso de  Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del Recurso) del  primer considerando de la presente resolución.  

Con la pertinencia legal respectiva, corresponde pronunciarse sobre los puntos  reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo  expuestos por la Administración Tributaria recurrida y con la Resolución  Administrativa impugnada, de modo tal que se establezca y determine conforme  a ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a sus argumentos de  hecho y de derecho que fueron expuestos durante la tramitación del presente  Recurso de Alzada.  

  

9.2. Sobre la aplicación del Art. 15 del Decreto Supremo Nº 25465.Pág.25 de 37  

La parte recurrente reclama que dentro del plazo de 15 días establecido por el  Art. 15 del Decreto Supremo Nº 25465, el SIN no le hizo conocer las  observaciones a la documentación presentada con la SDI, que en aplicación del  citado precepto, señala que su solicitud debe entenderse como aceptada,  porque no es coherente que después de haber transcurrido once meses desde  la admisión, haya resuelto la Administración Tributaria por el rechazo con  argumentos relativos a cuestiones que en el caso de haber sido válidas  debieron haber sido comunicadas en el plazo de 15 días, incluso antes de  admitir su solicitud, toda vez que se refieren a cuestiones de forma y no así a la  determinación de la base de cálculo del monto a devolver o a la veracidad de  las operaciones de exportación invocadas, ni a la legitimidad de su crédito fiscal  que asume tendría que verificarse en la actuación fiscalizadora, de otro modo la  previsión del plazo de los 15 días para formular observaciones carecería de  sentido.  

 También manifiesta que su trámite quedó sujeto a fiscalización previa y recién  en fecha 18 de mayo de 2009 fueron notificados con la Orden de Verificación  CEDEIM Nº 000OVE0131, con el objetivo de revisar los documentos  presentados por EMMSA para respaldar su solicitud de devolución impositiva,  con base según la Resolución Administrativa impugnada en los artículos 100 y  104 del Código Tributario, cuestionando de ese modo la aplicación del artículo  104 del CTB, por haberse emitido una orden de verificación y no de  fiscalización.  

  

En efecto el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 25465 que Reglamenta la  Devolución de Impuestos a las Exportaciones, señala que la Administración  Tributaria una vez que haya recibido la SDI debe verificar la información  contenida en la solicitud, en base a la documentación que se acompañe,  debiendo rechazar las solicitudes que no estén respaldadas por todos los  documentos a que se refiere el artículo 13 del referido Decreto Supremo, como  son 1) La Declaración de Exportación (copia exportador); 2) Factura Comercial  del exportador y 3) Certificado de salida emitido por el concesionario del  deposito aduanero, o cuando dichos documentos presenten incoherencias o  alteraciones.  

  

La SDI del exportador se considera aceptada cuando la indicada oficina no  formula observaciones por escrito, dentro de los quince (15) días siguientes a la  fecha de su presentación. Y una vez que se hubiere emitido el correspondiente  CEDEIM, las SDI no podrán ser objeto de rectificación.  

Sin embargo el indicado trámite de revisión de correlación o correspondencia de  los documentos presentados por el solicitante referidos en la citada norma, no  implica que la Administración Tributaria desarrolle todo un trabajo de  fiscalización en 15 días, o que pasados estos, se haya perdido el derecho a  ejercer las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 126-II de la Ley Nº  2492, referida a su competencia de revisar y evaluar los documentos  pertinentes que sustentan la solicitud de devolución impositiva. Además que  dicha revisión no es excluyente de las facultades que asisten a la  Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar el  comportamiento del sujeto pasivo, conforme se evidencia haberse realizado vía  Orden de Verificación Nº 0009OVE00131 cursante a fojas 2 del Cuadernillo de  Antecedentes Nº 2 (SIN). 

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Por otro lado, de conformidad con el artículo 59 del Código Tributario, la  facultad que tiene la Administración Tributaria de controlar, investigar, verificar,  comprobar y fiscalizar tributos prescriben a los cuatro años y el plazo de los  quince días solamente es aplicable para la revisión de la presentación formal de  la documentación exigida para las solicitudes de devolución impositiva.  

  

Con relación al reclamo de la aplicación de los artículos 100 y 104 del Código  Tributario en la Resolución Administrativa impugnada, cuestionando la  contradicción entre verificación o fiscalización, se concluye luego de una  revisión minuciosa de la misma no ser evidente, debido a que el acto  administrativo impugnado se refiere como fundamentos de derecho en su último  considerando a los artículos 12 de la Ley Nº 1489 modificada por la Ley Nº  1963; artículo 13 de la Ley N 1963; artículo 11 de la Ley Nº 843; artículo 3 del  Decreto Supremo Nº 25465 y artículo 125 del Código Tributario.  

Además debe tenerse presente que la Orden de Verificación – CEDEIM Nº  0009OVE00131 se refiere al contribuyente citando los artículos 66, 100 y 101  de la Ley Nº 2492 y artículos 29 y 32 del Decreto Supremo N º 27310 (RCTB) y  comunicando que será objeto de un proceso de verificación sobre créditos y  devoluciones de impuestos de acuerdo con la modalidad de Verificación Previa  CEDEIM y el alcance establecido en la verificación de los hechos, elementos e  impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido en el periodo. Por  consiguiente no cabe duda que la Administración Tributaria llevó adelante un  proceso de verificación que era de pleno conocimiento del sujeto pasivo, por la  notificación realizada en fecha 18 de junio de 2009.  

9.3. Sobre el valor FOB consignado en las DUES.  

La parte recurrente haciendo referencia textual al primer punto del Primer  Considerando de la Resolución Administrativa impugnada, alega que las  diferencias entre los valores FOB consignados en las facturas Nº 003 y 005 y  sus respectivas DUES en realidad son neutrales a los fines de la devolución  impositiva solicitada, en atención a la fórmula de cálculo establecida en el  artículo 10 del D.S. Nº 25465 y que los citados valores FOB tienen un simple  propósito explicativo para sus clientes, señalando que es mas importante para  ellos conocer el valor del mineral, costos de realización, que incluyen seguro,  flete y otros que refleja el valor CIF el cuál objetivamente se ve en las facturas  comerciales y que son deducidos los conceptos mencionados para llegar al  valor FOB.  

Agrega que en cuanto a la observación de fondo las diferencias del valor FOB y  CIF encontradas por la Administración Tributaria son neutrales a los fines de la  devolución impositiva, señalando no ser evidente la afirmación de la Resolución  Administrativa en sentido de haberse supuestamente incumplido el artículo 3  del D.S. Nº 25465 por no ser aplicable legalmente a su sector, y que la base de  cálculo para la devolución impositiva del IVA esta previsto en el artículo 10 del  D.S. Nº 25465, cuya fórmula de cálculo habría sido utilizada en su solicitud,  pero no considerada, ni objetada por la Administración Tributaria. Además  señala haber deducido el valor de reexportación RITEX conforme a Ley. Alude  haber procedido al llenado de las casillas 20 y 22 de las DUEs de manera  correcta, siendo innecesaria la referencia de la Resolución de Directorio de  Aduana 01-014-06. Añade haber cumplido con el artículo 13 del Decreto  Supremo Nº 25464, informando haber sido modificado por el Decreto Supremo  Nº 26630 y que la falta de coherencia que se atribuye en la Resolución 

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Administrativa al artículo 15 del D.S. 25465 no existe. Reclama al contrario  necesidad de coherencia y concordancia en los actos de la Administración  Tributaria, pero rechaza la cita falta de normas y requisitos.  

Concluye que el valor FOB consignado en sus DUEs cumple la normativa  aduanera y la invocación de la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-07  no aporta fundamento alguno al acto administrativo impugnado, y no tiene nada  que ver con su parte resolutiva. Y el llenado correcto de la DUE es atribución de  la aduana nacional, entidad que no observó las DUEs, por lo que el SIN no  puede pronunciarse sobre el particular.  

El artículo 3 del Decreto Supremo Nº 25465 refiere que la determinación del  crédito fiscal para las exportaciones debe realizarse bajo las mismas normas  que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado  interno, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo, inc. a) del art. 8  de la Ley 843 y como los exportadores no generan -o generan parcialmente 

débito fiscal por operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal  contra operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente,  es devuelto al exportador hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA  aplicado sobre el Valor FOB de la exportación.  

Sin embargo la devolución o reintegro del crédito fiscal IVA a los exportadores  del sector minero metalúrgico, conforme dispone el art. 10 del DS 25465, se  efectúa de acuerdo a los arts. 8 y 11 de la Ley 843, considerando, el monto  máximo de la alícuota del IVA aplicada a la diferencia entre el valor oficial de  cotización del mineral y los gastos de realización. De no estar estos últimos  explícitamente consignados en la Declaración de Exportación, se presume que  dichos gastos de realización son el cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor  oficial de cotización. Los gastos de realización consignados en la  Declaración de Exportación deben estar respaldados por las condiciones  contratadas por el comprador del mineral o metal.  

  

Los gastos de realización incluyen los gastos de comercialización realizados  desde la frontera o punto de embarque hasta el lugar de entrega al comprador,  de acuerdo a contrato, es decir que comprende los gastos de transporte  internacional, terrestre, fletes marítimo o aéreo, gastos financieros, gastos de  supervisión, pesaje, muestreo, análisis de laboratorio, gastos en puerto de  embarque y destino, comisión agencias y otros.  

En este sentido, los gastos de realización se constituyen en un factor de  descuento sobre el valor oficial, siempre que los mismos estén consignados  en la Declaración de Exportación, caso contrario se presume que los  mismos alcanzan al 45% del valor oficial de cotización, sobre la diferencia  entre el Valor Bruto del Mineral menos los Gastos de Realización, se aplica la  alícuota del 13% del IVA, importe que corresponde ser devuelto al exportador  mediante CEDEIMs. Una vez entregado el CEDEIM, el exportador debe  disminuir en la casilla 635 ”Saldo a favor del contribuyente periodo anterior” del  formulario 143-1 del IVA en el periodo que recibió el valor.  

A partir del periodo marzo/2003, entró en vigencia la RND 10-0004-03, que en  el art. 30 establece que el exportador a objeto de efectuar la solicitud impositiva  debe proceder a comprometer el crédito fiscal por el monto sujeto a devolución, 

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en el formulario 143-1 y una vez comprometido no puede ser utilizado para su  compensación con débitos fiscales correspondientes a períodos posteriores al  solicitado, formulario que sin embargo no consta en antecedentes en calidad de  prueba.  

En el caso presente, es necesario establecer los alcances de lo que comprende  el valor FOB y CIF. Conforme el artículo 853 del Código de Comercio en la  venta “libre a bordo” (FOB), el vendedor esta obligado a poner la cosa a bordo  del barco o medio de transporte indicado, efectuando por su cuenta los gastos,  impuestos, derechos y otros que se causen hasta el momento de la entrega al  transportador y a obtener los documentos inherentes para entregarlos al  comprador o a su representante. El comprador en este caso esta obligado,  además de pagar el precio, a correr con el flete, seguro y demás gastos desde  el momento de su embarque. Con relación al valor CIF, el artículo 856 del  Código de Comercio la venta CIF comprende el “costo, seguro y fletes”  incluyendo el seguro a cargo del vendedor.  

  

Se conoce que EMMSA expidió las facturas comerciales Nº 003 y 005 de  exportación sin derecho a crédito fiscal, de acuerdo al siguiente detalle: Factura  Nº 003 a favor de de Jhonson Matthey por concepto de venta de oro (Gold  Nandina 7108120000) con peso neto de 5.22 Grs., y total contenido de 017 OZ  y plata (Silver Nandina 2616100000) 4.132.616 Grs., con total contenido de  132.866,60 OZ, estableciendo como precio total contenido de $us.-  1.784.537,43 CIF UTAH significando que el citado precio obedece al valor de la  mercadería de los minerales, más los costos del seguro y flete del transporte  realizado hasta el sitio señalado, en este caso la ciudad de Utah USA.  

Por otro lado también se conoce que la referida factura Nº 003 consigna como precio FOB la suma de USD 1.715.101,14 lo que implica que corresponde al  valor de la mercadería del mineral, más los gastos de transporte hasta el medio  de transporte indicado, en este caso Aeropuerto Cochabamba-Bolivia, más los  gastos de impuestos, derechos y otros que se hayan generado para la  realización de la entrega de la mercadería al transportador.  

En ese orden, de la revisión de la DUE C3333 en la casilla 22 referida a la  divisa y valor FOB Total, EMMA ha consignado la suma de USD 1.784.537,43  cifra que responde al valor CIF UTAH, por lo que no es evidente que la empresa  recurrente haya procedido con el correcto llenado de las casillas 20 y 22 de la  citada DUE.  

Con relación a la Factura Nº 005 a favor de MET MEX PEÑOLES S.A., DE C.V.,  por concepto de venta de oro (Gold Nandina 7108120000) con peso neto de  9,99 Grs., y total contenido de 0.32 OZ y plata (Silver Nandina 2616100000)  4.779.394 Grs., con total contenido de 153.660,98 OZ, estableciendo como  precio total contenido de $us.- 1.862.371,08 CIF PEÑOLES significando que  el citado precio obedece al valor de la mercadería de los minerales, más los  costos del seguro y flete del transporte realizado hasta el sitio señalado, en este  caso hasta la Dirección de la Empresa MET MEX PEÑOLES S.A., ubicado en  Boulevart Lagunas 3200 Poniente, Colonia Metalúrgica, Torreon Coahuila,  México. 

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También se conoce que la referida factura Nº 005 consigna como precio FOB  la suma de USD 1.777.371,06 lo que implica que corresponde al valor de la  mercadería del mineral, más los gastos de transporte hasta el medio de  transporte indicado, en este caso Aeropuerto Cochabamba-Bolivia, más los  gastos de impuestos, derechos y otros que se hayan generado para la  realización de la entrega de la mercadería al transportador.  

En ese orden, de la revisión de la DUE C3378 en la casilla 22 referida a la  divisa y valor FOB Total, EMMA ha consignado la suma de USD 1.862.624,05  cifra que responde al valor CIF PEÑOLES, por lo que no es evidente que la  empresa recurrente haya procedido con el correcto llenado de las casillas 20 y  22 de la citada DUE.  

Por otro lado, no se considera innecesaria la referencia de la Resolución de  Directorio de Aduana 01-014-06 realizada por la Administración Tributaria,  porque se refiere al Procedimiento para Despacho Aduanero de Exportación,  cuyo campo 22 (Divisa y Valor FOB Total) señala que debe consignarse lo que  se entiende por valor FOB-Frontera de salida, correspondiente a la sumatoria  del valor de todas las mercancías declaradas en DUE. Además aclara que el  valor FOB Frontera esta constituido por la sumatoria del valor en fábrica de la  mercancía, despachada de Aduana para la Exportación, más el flete de  transporte interno (lugar de exportación-frontera de salida).  

Por consiguiente los valores FOB consignados en las DUEs C3333 y C3378 no  cumplen con la normativa aduanera señalada, y tampoco con el artículo 1 de la  Resolución Normativa de Directorio 10-0032-07 que obliga a consignar en la  factura como dato el valor FOB Frontera, aspectos que han sido observados por  la Administración Tributaria en el acto administrativo impugnado.  

9.4. Sobre la falta de consignación de los gastos de realización en las DUEs.  La parte recurrente señala que el importe de los gastos realizados, que ha decir  del SIN Potosí, no van acorde a lo establecido en el Art. 10 del D.S. 25465,  debido a que la presunción del 45% para determinar los gastos de realización  del sector minero es aplicable solamente cuando dichos gastos no han sido  explícitamente consignados, que no es el caso de EMMSA ya que ha cumplido,  pero con relación a su Factura Comercial según ya tiene explicado. Que no es  posible hacerlo en una DUE como reza el Art. 10 del D.S. 25465 toda vez que  los formularios de la DUE vigentes no tienen casilla para tal efecto y la norma  se torna de imposible cumplimiento, que sin embargo están en el derecho de  detallar dichos costos, así sea en su Factura Comercial. Que no puede  imponerse la presunción del 45% solamente porque la administración aduanera  no tiene prevista la casilla respectiva en sus formularios.  

A fojas 40 y 46 del Cuadernillo de Antecedentes Administrativos Nº 2 (SIN) se  evidencia que el exportador declara en sus facturas comerciales únicamente el  3.13% y, además, el contribuyente a efectos de respaldar dicho dato presentó  su contrato de venta evidentemente en fotocopia simple y en idioma inglés, así  consta de fojas 66 a 90 del mencionado Cuadernillo, incumpliendo lo señalado  en el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 25465 y Art. 5 de la Resolución  Normativa de Directorio 10-004-03. Además la documentación de referencia no  puede ser valorada en esta instancia administrativa, debido a que no cumple 

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con lo previsto en el artículo 217 inciso a) del Título V del Código Tributario (Ley  Nº 3092), que bien podía haberse presentado debidamente legalizado en la  fase probatoria de alzada o en forma posterior con juramento de reciente  obtención.  

9.5. Sobre la errada forma de cálculo del valor RITEX y valor agregado neto  que le endilga a la parte recurrente.  

Manifiesta el recurrente que es de suponer, que tal observación se ampara en  el Art. 3 del D.S. 25465, pero que conforme ha dejado en claro, al sector  minero esta disposición no le es aplicable y reitera que a su sector le es  aplicable el Art. 10 del D.S. 25465, que según éste precepto no es el valor FOB  el que se toma en cuenta para calcular el monto cuya devolución se solicita.  Que ésta observación no sólo carece de sentido, sino que la Administración  Tributaria no demuestra cuanto es la diferencia provocada por los supuestos  incumplimientos.  

  

Continúa sobre el particular refiriendo que en cuanto a los gastos de realización  consignados en las Facturas 003 y 005, corresponderían supuestamente a los  gastos reexportados RITEX, por lo que aclara que en dicha factura se indica  que conceptos están siendo consignados como gastos de realización:  transporte, refinación, seguro y laboratorios, siendo así, considera inconcebible  tal exabrupto, el haber llegado a semejante conclusión, dice que nada tiene que  ver con el rechazo de la solicitud, agrega que la Resolución Administrativa  adolece de tal incoherencia en franca violación del Art. 28-b)-e) de la Ley Nº  2341. Menciona que recuerda que el valor reexportado RITEX se aplica, a los  fines fiscales, en formularios aprobados por la Aduana Nacional y no en  Facturas Comerciales de los exportadores.  

En cuanto al análisis técnico, se encuentra de fojas 40 a 46 del Cuadernillo de  Antecedentes Administrativos Nº 1 (SIN) fotocopias de las Facturas 00003 y  00005 de fechas 10 y 22 de septiembre de 2008 respectivamente; a fojas 038 y  42 del mismo Cuadernillo: Declaración Única de Exportación (DUE) C-3333 y  C3378 que evidentemente en el trámite de exportación correspondiente a las  facturas comerciales Nº 003 y 005, para el cálculo del valor RITEX y valor  agregado neto, el contribuyente toma en cuenta el valor CIF (FOB de la DUE) y  no así el valor FOB detallado en su factura, lo cual genera diferencias en el  cálculo del importe máximo a devolver, además de que permite establecer que  los gastos de realización consignados en la factura comercial corresponden a  los gastos reexportados RITEX.  

9.6. Sobre las observaciones formales a las DUEs.  

9.6.1. EMMSA con relación a la observación de que el certificado de salida de  las DUEs C-3333 y C3378 y el manifiesto de carga vía aérea (Air Waybill) no  cuentan con sellos de los funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia, indica  que esas afirmaciones son alejadas de la verdad, por que consta la firma y sello  del funcionario aduanero.  

De la revisión de los citados documentos, se evidencia que constan las firmas y  sellos de los responsables encargados, no siendo evidente lo manifestado por  la Administración Tributaria en este punto. 

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9.6.2. EMMSA con relación a que en el trámite de observación de la DUE  2008311 C3333 señala como fecha de elaboración el 17 de septiembre de 2008  y como fecha de validación el 14 de octubre de 2008, pero la fecha efectiva de  salida fue el 22 de octubre de 2008 aclara que la citada observación carece de  sustento legal, porque la norma citada como argumento Resolución de  Directorio 01-014-06 en nada hace referencia a las fechas consignadas en los  documentos aduaneros. Aclara que la fecha efectiva de exportación es el 17 de  septiembre de 2008 la que debe tomarse en cuenta, y que por razones de  defecto en la confección original del Certificado de Salida se gestionó un nuevo  documento que fue emitido de manera correcta con fecha y sello de 22 de  octubre de 2008 que no se refiere a la fecha efectiva de salida, sino a la fecha  en que fue efectivamente elaborado ese documento.  

Por su parte el art. 8 de la Ley General de Aduanas dispone que entre los  hechos generadores de la obligación tributaria aduanera está la exportación de  mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley, y que el hecho  generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento en que  se produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías,  aspecto que de acuerdo con la DUE C3333 se habría procedido con su llenado  en fecha 17 de septiembre de 2008 y la fecha de exportación sería el 14 de  octubre de 2008 (ver fojas 38 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 SIN).  Materializándose como fecha de aceptación de la DUE C3333 el 14 de octubre  de 2008, por lo que EMMSA debió declarar el crédito fiscal originado en las  pólizas observadas en el periodo octubre de 2008 y no así en septiembre de  2008 por no corresponder en derecho. Sin embargo el argumento de EMMSA  en sentido de que la Aduana confeccionó un nuevo documento por existencia  de error en el original del certificado de salida no ha sido demostrado  documentalmente en esta instancia, incumpliendo con la carga de la prueba a  que se encontraba sometido, conforme el artículo 76 del Código Tributario.  

9.7. Sobre las incoherencias en la consignación de la partida arancelaria entre las  DUE´s, facturas comerciales con la liquidación de la Regalía Minera.  La parte recurrente con relación a la consignación de datos diferentes en cuanto a  la partida arancelaria indica que no influye en la verificación de su derecho a la  devolución ni al cálculo del monto sujeto a devolución, siendo que la validación de  la partida es atribución de la Aduana Nacional y no del SIN. Hace notar que en la  Resolución Administrativa no hay cita legal a la devolución impositiva que se habría  vulnerado. Indica que la autoridad recurrida toma en cuenta un documento que se  utiliza para fines estrictamente estadísticos y no como dice erróneamente la  Resolución Administrativa que hace referencia al formulario de liquidación de la  Regalía Minera F-3007.  

  

Afirma que ni el artículo 13 del D.S. Nº 25465 ni el artículo 5 de la R.N.D. Nº 10- 0004-03 tienen dispuesto que uno u otro documento deba utilizarse para respaldar  una solicitud de devolución impositiva, por lo que la cita de la Resolución  Administrativa no respalda la observación de la autoridad tributaria por carecer de  respaldo legal. Hace notar que la devolución impositiva no se basa en el tipo de  producto exportado sino en el valor exportado, y que la diferencia por error  administrativo, en las partidas arancelarias registradas, no es un asunto vinculado  a la devolución impositiva. 

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Señala que el valor exportado y el producto exportado han sido verificados  oportunamente por la Aduana Nacional y no corresponde legalmente al SIN  formular observaciones y emplearlas como argumento para rechazar una solicitud  de devolución impositiva. Reitera que el formulario de información estadística para  el INE no es el formulario de liquidación de la Regalía Minera sino el F-3007, en el  cual no se consigna ninguna partida arancelaria. Subraya que se debe considerar  el producto citado por el solicitante y no pretender “determinar” sobre que producto  exportado el contribuyente realiza su solicitud de devolución impositiva, por lo que  la Administración Tributaria no puede realizar cometarios sobre las partidas  arancelarias como argumento para rechazar una solicitud de devolución impositiva  y que no existe marco legal que respalde dicha resolución.  

De la revisión de la liquidación de la regalía minera cursante a fojas 28 del  Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Recurrente) se consigna la partida  arancelaria 7106912000 por el mineral plata metálico y en las Facturas  Comerciales Nº 003 y 005 consignan las partidas arancelarias 2616100000,  como también en las DUEs C3333 y C3378, evidenciando inconsistencias, que  fueron observadas por la Administración Tributaria.  

No se ingresa a resolver el derecho a devolución solicitado por EMMSA, porque  primero para acceder aquel debe cumplir con la presentación de los  documentos previstos en el artículo el art. 1 del DS 26630, que modifica el art.  13 del DS 25465, estableciendo que la SDI presentada por el exportador debe  acompañar los siguientes documentos: Original de la Declaración Única de  Exportación (DUE), Factura Comercial del Exportador, y Original del Certificado  de Salida. Asimismo, el art. 2 del DS 26630 que sustituye el art. 15 del DS  25465, establece que la oficina que reciba la SDI verificará la información  contenida en la solicitud, con base en la documentación que se acompañe,  debiendo rechazar las solicitudes que no estén respaldadas por todos los  documentos detallados en el art. 13 citado, o cuando dichos documentos  presenten diferencias o alteraciones, como se advierte en el presente caso.  

También corresponde señalar que de acuerdo al Art. 13 del Decreto Supremo  Nº 25465 y Art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-03 la  factura comercial y la DUE son considerados como documentos imprescindibles  para la solicitud de devolución de impuestos, como también el formulario de  liquidación de regalía minera, aprobado para su utilización oficial mediante el  Art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0043-07 y Art. 5 de la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-08 para su uso obligatorio y  requisito para el despacho de exportación, tal como prevé el numeral 15 del  título y del procedimiento para el despacho aduanero de exportación, emitido  mediante Resolución de Directorio Nº 01- 014-06, lo cual permite determinar el  pago en boleta F-3007 para el producto exportado.  

  

Esta observación permite establecer que el producto exportado se trata de:  “Minerales de Plata y sus concentrados”, según factura comercial, pero la  solicitud de devolución impositiva adjunta una declaración de exportación DUEs  C3333; 3378 pago de regalía minera de otro producto “Plata semilabrada”, lo  cual en efecto no permitiría determinar sobre que producto exportado el  contribuyente, realiza su solicitud de devolución impositiva ya que la  documentación no corresponde. Asimismo, cabe aclarar que la Comunidad 

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Andina, donde Bolivia es miembro activo de acuerdo a convenios  internacionales, establece dentro de su sistema aduanero una nomenclatura  común denominada: Nomenclatura NANDINA, la cual detalla partidas y sub  partidas, basado en el Sistema Armonizado (SA) de utilización mundial, para  codificar, designar y clasificar productos para su respectiva comercialización  dentro del comercio exterior.  

  

9.8. Con relación a la falta de firma del gestor de recinto en el Certificado de  Salida de la DUE 2008-311-C-3378.  

Indica la parte recurrente que conforme a normativa aduanera vigente los  documentos gozan de respaldo legal necesario de acuerdo al contenido en el  punto 14 del inciso B del Título V. del Procedimiento para el Despacho  Aduanero de Exportación Nº 01-014-06, que en las exportaciones por vía aérea,  el Certificado de Salida goza de plena validez con la fecha efectiva de salida y  la firma del funcionario aduanero que verificó la operación de exportación y de  nadie mas. Sostiene que es otro argumento de la autoridad recurrida para  rechazar su derecho a la devolución impositiva solicitada que de ser tomada en  cuenta sea para revocar totalmente la Resolución Administrativa impugnada.  

  

De la revisión del citado Certificado de Salida, cursante a fojas 31 del  Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Recurrente), en efecto no consta la firma del  Gestor de Recinto, pero conforme el citado punto 14 inciso B del Título V. del  Procedimiento para el Despacho Aduanero de Exportación Nº 01-014-06, no es  necesaria dicha observación, siendo suficiente la firma y sello personal del  funcionario de aduana.  

9.9. Con relación a las observaciones por el Departamento de Gestión de  Recaudación y Empadronamiento mediante CITE:  SIN/GDP/DGRESC/UV/NOT/072/2009.  

El contenido de la Resolución impugnada señala que el contribuyente presentó  una carta de aclaración a las observaciones sin adjuntar ninguna  documentación o certificación que desvirtúe lo observado, habiendo sido  analizada y evaluada sin que hubiese desvirtuado las observaciones. A este  contenido la parte recurrente cuestiona que de haber existido observaciones  comunicadas en fecha 02/02/2009, como es que la solicitud de devolución  impositiva fue aceptada posteriormente mediante Form.1137 DUDIE con Nº de  Orden 5032345064. Hace referencia al artículo 15 de D.S. Nº 25465 en el  sentido de que al haberse emitido la DUDIE era porque la Administración  Tributaria no tenía más observaciones a su solicitud, careciendo se sentido  jurídico la citada observación.  

  

Se debe tener presente que si la Administración Tributaria no se pronunció de  manera expresa sobre las aclaraciones a las observaciones presentadas por  EMMSA, correspondía la aplicación del artículo 17-III de la Ley de  Procedimiento Administrativo, al margen de la responsabilidad funcionaria que  conlleva esa omisión a los responsables de la Administración Tributaria,  conforme la Ley Nº 1178, es decir debió considerarla como rechazado su  solicitud de Devolución Impositiva e interponer los recursos que le franquea la  Ley.  

9.10. Sobre los argumentos de nulidad formulados por el recurrente. Pág.34 de 37  

La parte recurrente respecto al segundo y último considerando de la Resolución  Administrativa impugnada, adopta por conveniente disgregar ciertas  observaciones de nulidad tal como se insertan a continuación:  

  

10.1.1. Respecto al primero y segundo párrafos, reclama que se trata de una  cita genérica de ciertas disposiciones legales y reglamentarias que carecen de  relación y concordancia con lo que finalmente resuelve, aspecto que viola según la parte recurrente nuevamente la Ley 2341 en su Art. 28-b)-e), lo que  hace nula la Resolución Administrativa.  

Respecto al tercer párrafo, manifiesta que definitivamente dicho texto es  contradictorio con la parte resolutiva, violándose nuevamente la Ley 2341  en su Art. 28-b)-e), lo que hace nula la Resolución Administrativa.  En su último párrafo, la Resolución Administrativa dice amparar su dictado en  el Art. 125 del Código Tributario y el Art. 16 del Decreto Supremo Nº 25465, al  respecto hace notar la parte recurrente que el Art. 125 del Código Tributario  solamente contiene un “concepto” de “Devolución Tributaria” y por tanto no  puede acaparar el dictado de Resolución alguna, menos si ese concepto  hace referencia a requisitos y plazos establecidos en la ley que dispone la  devolución, mientras que la Resolución Administrativa, indica como ha  demostrado, busca amparo en disposiciones de rango inferior, impertinente y  erróneamente citadas.  

Por su parte el Art. 16 del Decreto Supremo Nº 25465 regula la “Emisión y  entrega del CEDEIM”, mientras que tal emisión y entrega no es negada por la  propia Resolución Administrativa que dice ampararse en ésta disposición.  Aspecto que para la parte recurrente es tremenda contradicción que vicia de  nulidad de conformidad al Art. 28-b)-e) de la Ley 2341 de Procedimiento  Administrativo.  

Sobre el particular, de la revisión de la Resolución Administrativa CEDEIM  Previa Nº 23-00000055-10 de fecha 18 de enero de 2010, se evidencia que se  hace referencia a los antecedentes relativos al proceso de verificación  ejecutado por la Gerencia Distrital del SIN Potosí y considera de manera  genérica todos los elementos que fundamentan y respaldan la disposición  asumida por la Administración Tributaria.  

  

En ese orden, el parágrafo II del Art. 99 de la Ley Nº 2492, aplicable por  equiparación de actuados, establece que: “La Resolución Determinativa que  dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y  fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda  tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y  la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de  la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos  esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la  reglamentación que al efecto se emita, y dará de nulidad la Resolución  Determinativa”. 

  

Por su parte el Art. 52 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo,  establece: 1. Los procedimientos administrativos, deberán necesariamente  concluir con la emisión de una resolución administrativa que declare la 

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aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión del administrado, sin  perjuicio del administrado, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo III del Art.  77 de la presente Ley.  

  

De la revisión a la resolución administrativa impugnada, se puede advertir que  la misma ha sido emitida observando los requisitos legales previamente  descritos. Con relación a la nulidad de la resolución administrativa impugnada  alegada por el recurrente, cabe manifestar que de conformidad a lo dispuesto  en el Art. 35 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo: “1. Son nulos  de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes; a) Los que  hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón  de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea  ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y  absolutamente del procedimiento legalmente establecidos; d) Los que sean  contrarios a la Constitución Política del Estado, y e) Cualquier otro establecido  expresamente por Ley.  

Se advierte, que ninguno de los elementos descritos, se han configurado en la  elaboración de la resolución administrativa impugnada, por lo que no existe  causal de nulidad que vicie el procedimiento legal establecido.  

9.11. Sobre la carencia de fundamento en la resolución administrativa  impugnada.  

Manifiesta la parte recurrente que en su disposición primera, establece una  devolución impositiva igual a cero, lo que para ella significa que la  Administración Tributaria no le está negando el derecho a la devolución  impositiva solicitada, además que ya no existirían observaciones para su  cumplimiento, menos requisitos aplicables, indica que de otro modo el rechazo  debiera ser expreso. Continúa su reclamo manifestando, entonces, que razón  tenían o tienen las observaciones citadas a lo largo del primer considerando de  la Resolución Administrativa. Que es evidente la total y profunda contradicción  entre lo que se observa y considera y lo que finalmente se resuelve.  

  

Añade que la Resolución Administrativa impugnada establece una devolución  de importe igual a cero, e infiere que esto obedece al hecho efectivo de que no  tenían crédito fiscal para recuperarlo, por lo que al respecto se pregunta: En  qué parte de la Resolución Administrativa se cuestiona su crédito fiscal? En qué  considerando se observa, o se menciona o se insinúa siquiera que su crédito  fiscal adolece de inhibición alguna? Para la parte recurrente la Resolución  Administrativa no explica como ha determinado el importe sujeto a devolución  igual a cero, menos indica cuando y como es que se perdió su crédito fiscal,  indica que no cita la disposición legal en cuya virtud y aplicación ocurrió tal  pérdida.  

  

Luego observa que la Resolución Administrativa impugnada en su disposición  segunda establece como monto no sujeto a devolución precisamente el monto  que había solicitado, reclama que nuevamente no se menciona que ha pasado  con su crédito fiscal, considera que sigue extraviado ya que la resolución  administrativa nada dice sobre el particular, agrega que ni siquiera ha sugerido  observación alguna al importe y legitimidad de su crédito, ni al cálculo del  importe solicitado como devolución impositiva, por lo que impugna este aspecto 

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objetando la carencia de fundamento, advirtiendo franca contradicción con su  propio contenido considerativo.  

  

Sobre el particular, se reconoce que a EMMSA no se le esta negando su  derecho a solicitar su crédito fiscal pretendido, así fluye del artículo Segundo de  la parte Resolutiva de la Resolución Administrativa Previa Nº 23-00000055-10,  por cuanto se le faculta a presentar declaraciones juradas rectificatorias por el o  los periodos posteriores afectados, debiendo cumplir para ello con la  presentación de los documentos señalados en el artículo 13 del Decreto  Supremo Nº 25465 y en caso de advertirse incoherencias o alteraciones de  datos en los documentos presentados a la SDI, se estaría sujeto a la aplicación  del artículo 15 del citado D.S. Nº 25465 respecto al rechazo de la solicitud.  

Por consiguiente, en base a los fundamentos técnicos legales expresados  precedentemente, ésta instancia administrativa aplicando todo en cuanto a  derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia  eminentemente tributaria, concluye que la Gerencia Distrital Potosí del SIN ha  observado adecuadamente la normativa tributaria al emitir la resolución  administrativa previa CEDEIM impugnada.  

POR TANTO  

El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de  Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena  que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario  Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto  Supremo Nº 29894.  

RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000055- 10 de fecha 18 de enero de 2010, conforme los fundamentos técnico jurídicos  expuestos, de conformidad con el artículo 212 inciso b) del Título V del Código  Tributario (Ley Nº 3092).  

Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución  a conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código  Tributario Boliviano y 141 del Decreto Supremo Nº 29894.  

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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