ARIT-CHQ-RA-0051-2011 Resolución Determinativa revocada parcialmente, quedando sin efecto los artículos segundo y tercero de la parte resolutiva, respecto a la multa por el delito de defraudación, ya que la investigación de este delito es atribución del Ministerio Público, y aún no hay sentencia firme con calidad de cosa juzgada.

ARIT-CHQ-RA-0051-2011

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0051/2011  

RECURRENTE: LENI HAYDEE CARDOZO LEMA DE BERTSCH.  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE  IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por  

ZENOBIO VILAMANI ATANACIO.  

EXPEDIENTE: ITD-PTS-0002/2005.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 8 de diciembre de 2011.  

VISTOS.-  

El recurso de alzada interpuesto por Leni Haydee Cardozo Lema de Bertsch contra la  Resolución Determinativa Nº 001/2005 de 4 de enero de 2005, emitida por la Gerencia  Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales; recurso que es admitido por auto de  14 de septiembre de 2011, cursante a fojas 1225 de obrados, que dispone –al mismo  tiempo- la notificación con el referido auto a la Administración Tributaria, para que en  sujeción al procedimiento establecido en el CTB, conteste y remita a la Responsable  Departamental de Recursos de Alzada de Potosí, los antecedentes administrativos del  acto impugnado; admitida la prueba producida por las partes; autos, decretos y  proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico  ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0051/2011 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución  Determinativa Nº 001/2005 de 4 de enero de 2005, trámite procesal, análisis del recurso de  alzada y fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo siguiente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES.  

La Resolución Determinativa Nº 001/20005 de 4 de enero de 2005, emitida por la Gerencia  Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió “Determinar de oficio y sobre  base cierta las obligaciones impositivas de la contribuyente Haydee Cardozo Lema,  representada legalmente por Fausto Grover Cayo Alí, en la suma de Bs. 310.066.-  (TRESCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS), correspondiente al  tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses del Impuesto al Valor Agregado,  Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, en  aplicación de los arts. 58 y 59 de la Ley Nº 1340 y art. 47 de la Ley Nº 2492 por los periodos  fiscales junio a diciembre del 2003”

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También dispuso: “Segundo.- Sancionar a la contribuyente Haydee Cardozo Lema, por el  delito de defraudación, con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido, cuyo importe  actualizado a la fecha asciende a Bs. 281.958.- (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS), de conformidad al art. 101  del CT (Ley Nº 1340), y art. 177 del CT (Ley Nº 2492)”.

Asimismo señala: “Tercero.- Otorgar al contribuyente Haydee Cardozo Lema, representada  legalmente por Fausto Grover Cayo Alí, el término de veinte(20) días calendario, para que  deposite la suma de Bs. 310.066.- (TRESCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y SEIS 00/100  BOLIVIANOS) por concepto de tributos omitidos, mantenimiento de valor e intereses y la  suma de Bs. 281.958.- ( DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS  CINCUENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS) por concepto de multa del 100% por  defraudación, bajo conminatoria de iniciar la ejecución tributaria en caso de incumplimiento,  conforme establece la Ley 2492 y en caso de no estar de acuerdo con la presente  determinación proceder a su impugnación conforme el artículo 131 y siguientes del  mencionado cuerpo legal.”

Con la citada Resolución Determinativa 001/2005 la Administración Tributaria procedió a  notificar personalmente al Sr. Fausto Grover Cayo Alí, en representación legal de Haydee  Cardozo Lema de Bertsch en fecha 6 de enero de 2005, conforme consta por la diligencia  de notificación cursante a fojas 13 de obrados.

En fecha 28 de enero de 2005 Fausto Grover Cayo Alí, en representación legal de Leni  Haydee Cardozo Lema de Bertsch interpone Recurso de Alzada, contra la referida  Resolución Determinativa 001/2005.

  1. CONTENIDO DEL RECURSO.  

El Recurso de Alzada interpuesto el 28 de enero de 2005, tenía como base los siguientes  fundamentos:

La recurrente en principio, efectuó una relación de los montos impugnados, sobre la  base de cuadros de cálculo de accesorios omitidos y sanción, que constan en el  memorial del recurso.

Asimismo mencionó que, la Resolución Determinativa 001/2005, de 4 de enero de  2005, contiene una sanción injusta, cuyos montos nunca fueron explicados ni  sustentados por la Administración Tributaria, en flagrante contradicción a lo dispuesto  en el art. 68.8 de la Ley N° 2492 que señala: “que es un derecho del sujeto pasivo a  ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización y alcance de la misma, así como  de sus derechos y obligaciones”. A continuación pasó a enumerar lo que consideró  como anormalidades:

Que, la liquidación del impuesto al valor agregado, se liquidó en base a la información  proporcionada por la contribuyente, pero que, en ninguna fase de la fiscalización se  orientó debidamente a la contribuyente, para que presente una declaración jurada  consolidada, tanto de combustible como de GLP, por el contrario, le permitieron que  haga declaraciones juradas posteriores al cierre de la fiscalización, en las que se  incrementó créditos por compras de GLP, existiendo falta de orientación y colaboración  de parte de funcionarios de Impuestos Nacionales ya que, con esa omisión, forzaron a  que la contribuyente presente declaraciones juradas rectificativas posteriormente, para  que luego la Administración, rechace esas declaraciones juradas rectificativas, con

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créditos respaldados con facturas originales de YPFB por compras de GLP, que  originaron la deuda por ingresos inexistentes, ya que, la actividad de la contribuyente  es de Comisionista de YPFB.

Al no tener la debida orientación del porqué ciertos actos, hechos, elementos y  valoraciones procedentes de sus declaraciones y de los elementos de prueba en poder  de la Administración Tributaria; se vulneró su derecho a ser orientado tanto al inicio  como a la conclusión de la fiscalización tributaria, así como de sus derechos y  obligaciones en el curso de las actuaciones juradas a requerimiento de la  Administración tributaria o por iniciativa de su persona, reitera que se permitió que  presente dos declaraciones juradas distintas, una por combustible y otra por GLP.

Que, en aplicación del principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto  pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando  han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso  de determinación de prejudiciales o jurisdiccional, la Administración Tributaria, pruebe  lo contrario (articulo 69 del Código Tributario). En ese sentido, el 29 de septiembre del  2004, presentó memorial a la Administración Tributaria, solicitando se acepte la  rectificación de sus formularios 143 y 80, aclarando que en fecha 13 de septiembre,  efectuó rectificatorias para su actividad de distribución de gas licuando, y el SIN Potosí  manifestó, que no se puede volver a considerar de acuerdo al art. 104.III de la Ley Nº  2492 y Resolución Administrativa N° 05-032-99, y se decidió que las declaraciones  juradas rectificativas presentadas en fecha 29 de septiembre de 2004, no serán  consideradas. Empero –señala la recurrente- en aplicación a lo señalado en el art. 97.II  del Código Tributario, que indica: “Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no  presenten la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación  del tributo, la Administración Tributaria los intimará a su presentación o, a que se  subsanen las ya presentadas”; las rectificatorias no fueron realizadas  consecutivamente al mismo formulario, son dos declaraciones distintas, por tanto  deben hacerlas valer las mismas y los créditos consignados en esos formularios  relacionados con la compra de gas y respaldados por facturas legales otorgadas por  YPFB. Por lo que considera injusto que, no se quieran consignar las mismas, toda ves  que fueron consignadas como ingreso.

Que, la Resolución Determinativa establece que, la contribuyente obró en forma  dolosa, al haber presentado como descargos, por las diferentes actividades que  realiza, facturas carentes de todo valor legal, asignándole al SIRAT, como el único  instrumento idóneo y confiable para determinar la validez de toda nota fiscal. Señala su  desacuerdo por atribuirsele a que un sistema de computadoras, sustituya la prudente y  sana critica, violando lo señalado en el art. 16.I de la CPE, que señala: “Se presume la  inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”, de igual modo el inc.  IV del mismo articulo manifiesta: “Nadie podrá ser condenado a pena alguna sin haber  sido oído y juzgado previamente en proceso legal”. Por lo que, el SIN para manifistar  que son facturas carentes de todo valor, debió iniciar un proceso ante los tribunales  ordinarios, infriengiendose lo señalado en el art. 31 de la CPE, que señala: “Son nulos  los actos de los que usurpen funciones que no les competen. Al respecto, hace uan  referencia a la jurisprudencia contenida en la G.J. N° 1359, ined A.S. N° 14 S.C.

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Por lo señalado –sostuvo la recurrente- el SIN Potosí, vulneró principios  constitucionales y asignarle a una maquina atribuciones todopoderosas, que hace  afirmar en forma injusta que la contribuyente obró en forma dolosa y que  intencionalmente omitió impuestos que le correspondía pagar, llegandosé a determinar  montos injustos.

Por todo lo expuesto, el 28 de enero de 2005, interpuso el Recurso de Alzada, contra la  Resolución Determinativa Nº 001/2005, solicitando la NULIDAD de la resolución.

En el marco de los procedimientos administrativos contemplados en el CTB, se emitió la  resolución que resolvía el recurso interpuesto, recurriéndose posteriormente mediante  Recurso Jerárquico, hasta la emisión de la resolución final. Agotada la vía administrativa, a  instancia de la recurrente, se activó el proceso contencioso administrativo, que concluyó  con la Sentencia Nº 81/2011 (Fojas 1774 a 1180 del expediente), que declara probada la  demanda y anula el proceso administrativo hasta el cargo de presentación del memorial del  recurso de alzada, para que el Intendente Departamental de Potosí, ordene se subsane el  memorial de recurso de alzada.

En el memorial de subsanación, presentado el 8 de septiembre de 2011, la recurrente,  cumple con las observaciones efectuadas por la Autoridad Actuante, y señala que, en  fecha 26 de enero de 2005, su apoderado Fausto Grover Cayo Ali, presentó el Recurso  de Alzada, actuando en su representación en virtud al Poder Notarial Nº 171/2004. Al  presente, dicho Poder, fue revocado mediante Escritura Pública de Revocatoria Total  Poder Nº 0476/2011, otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº 2, a cargo de la Dra.  Roxana Hanel Riós Martinéz, por lo que asume su representación personalmente.

 

Luego de efectuar una relación de todo el trámite adnministrativo y judicial que  concluyó con la Sentencia Nº 81/2011, señala que, las autoridades que conocieron el  proceso administrativo, no se pronunciaron en el fondo del caso, sino, sobre aspectos  de forma. Por lo que, considera necesario ahora, que se retoma la tramitación del  mismo, establecer los puntos concretos de su petición y, considerando que han  trancurrido seís años desde la presentación del Recurso de Alzada, de 26 de enero de  2005, tambien han ocurrido acontecimientos que dan un curso diferente al presente  recurso y menciona los siguientes:

  1. En el momento que se realizó la fiscalización, su perona ni su representante conocián que el Contador Freddy Fernando Surriable Cortéz, que se encontraba a cargo de llevar la contabilidad y de pagar los impuestos, había cometido actos  delictivos a través de la supuesta presentación y pago de los impuestos  correspondientes. Por lo tanto, en su momento impugnó la totalidad del cargo girado a  través de la Resolución Determinativa Nº 001/2005.
  2. Conocidos esos actos delictivos, inició inmediatamente un procoso penal contra el Contador Freddy Fernando Surriable Cortéz, logrando su encarselamiento. Por lo que, comprobó que efectivamente ese señor había presentado facturas falsas, que  afectaron el legal desarrollo de la actividad que realizaba.

Menciona que, durante todo este tiempo que ha durado la demanda contencioso  administrativa, estuvo pagando al SIN, la deuda girada en la Resolución Determinativa  Nº 001/2005 y, hasta la fecha, canceló la suma de Bs. 231.500, que cubrió un  porcentaje del cargo. Por lo tanto, el cargo por concepto de observación al Crédito  Fiscal IVA, fue practicamente pagado.

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Sin embargo de ello, prosigue con el proceso administrativo, por que existen ciertos  aspectos que considera son injustos en la fiscalización, tales como:

  1. La sobrevaloración de los ingresos por concepto de ventas de garrafas. 2. La calificación de la conducta de “defraudación” en su contra.

Respecto al Primer Cargo Observado/Impugnado, referido a los ingresos por concepto  de venta de gas y compra de productos, señala que, ella es consecionaria y  distribuidora minorista de gas licuado y de petróleo, concesión que le fue otorgada por  YPFB, mediante contrato de distribución de Gas Licuado de Petroleo, suscrito el 25 de  mayo de 2001, documento que fue presentado como descargo oportunamente, en la  etapa administrativa. Al ser esta actividad comercial y regulada, no existe un margen  abierto de ganancia para los consecionarios por la venta de garrafas, sino que, el  mismo está establecido mediante la percepción de una comision fija, que constituye un  precio tope de venta establecida por YPFB. En su caso, el precio de ganancia pre  establecido, por la venta de cada garrafa, en el periodo fiscalizado, su distribuidora  recibió una comisión fija del 16%. Este aspecto no ha sido correctamente valorado por  la Administración Tributaria, a momento de realizar la fiscalización ya que se asumió  que la ganancia de la distribuidora era el total del valor a la venta de la garrafa, cuando  en realidad la distribuidora solo ganó el porcentaje del 16% por garrafa, por concepto  de comisión. Esa comisión era ganada por YFPB y la distribuidora emitió las  correspondientes facturas por esos montos recibidos.

Señala que, este aspecto no ha sido correctamente evaluado por el SIN, quien emitió  un cargo por Bs. 236.244 por el IVA e IT, tomando como base el precio de venta de la  garrafa de gas al consumidor final, cuando lo correcto era que considere que, los  verdaderos ingresos de la distribuidora, solo correspondían al 16% por cada garrafa y,  por lo tanto, en ningún momento percibió el cien por ciento del valor del precio de venta  al consumidor final. Aspecto que se puede probar con el:

  • Contrato de distribución con YPFB, donde claramente se establece el cual es el % de comisión recibido por la distribuidora en 16% por la venta de cada garrafa. • El libro de ventas, donde se establece que la distribuidora ha facturado los

montos de las comisiones (16%) percibidas por la venta de garrafas.  • Las Declaraciones Juradas formularios 143 y 156 que demuestra el pago de los  impuestos IVA e IT por las comisiones percibidas.

Indica que, el cargo girado por la Administración Tributaria, a sido sobrevalorado, ya  que incluye montos que nunca han sido percibidos por su distribuidora y por lo tanto su  primera observación/impugnación es que el cargo girado por el IVA e IT, por el  concepto de venta de garrafas se encontraba sobrevalorado y en base a las pruebas  que presentó, solicta que se ajuste dicho cargo, al monto de los ingresos reales y no se  viole principio de la capacidad contributiva.

En cuanto a la segunda observación sostiene que, el SIN no ha hecho valer las  compras de gas y gasolina realizadas a YPFB y a EBR, compras que no han sido  computadas para el crédito fiscal IVA, siendo compras directamente vinculadas a las  ventas realizadas. Esas compras se encuentran debidamente respaldadas con facturas  originales y de acuerdo a los arts. 7 de la Ley Nº 843 y 7 del DS Nº 2153, son  plenamente válidas para descargar el débito fiscal IVA. Menciona que, al no haber  aceptado dichas compras que cumplen con lo establecido con los artículos  mencionados, que están relacionadas a la actividad de la distribuidora y que estan

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respaldadas por documentos originales, le han negado el derecho a computar el  crédito fiscal IVA, elevando el monto a pagar por el débito fiscal IVA.

En base a lo expuesto en el memorial de subsanación, solicita la REVOCATORIA  PARCIAL de la Resolución Determinativa Nº 001/2005.

III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO.  

Admitido el recurso el 31 de enero de 2005, se tramitó el mismo –en sede administrativa hasta la emisión de Recurso Jerárquico. Posteriormente, en vía judicial la recurrente,  mediante proceso contencioso administrativo, impugnó el referido Recurso Jerárquico STG RJ/0079/2005, que concluyó con la Sentencia Nº 81/2011 (Fojas 1774 a 1180 del  expediente), que declara probada la demanda y anula el proceso administrativo hasta el  cargo de presentación del memorial del recurso de alzada, para que el Intendente  Departamental de Potosí (actual Responsable Departamental de Recursos de Alzada  Potosí), ordene se subsane el memorial de recurso de alzada.

En estricto cumplimiento de la referida Sentencia mediante auto de 2 de septiembre de  2011, fue observado el Recurso de Alzada, por incumplimiento de los incisos b) y g) del art.  198 Parágrafo III de la Ley Nº 2492 y subsanadas las mismas por auto de 14 de septiembre  de 2011, conforme cursa a fojas 1225 de obrados, se admite el recurso y se dispone correr  a conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de quince (15)  días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos los antecedentes  administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la Resolución  Impugnada, en aplicación de lo señalado por el art., 218 inc c) del CTB, habiendo sido  notificado legalmente la Administración Tributaria con el citado auto interlocutorio en fecha  15 de septiembre de 2011, conforme consta en la diligencia de fojas 1227 de obrados.

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

Dentro de término legal, la Administración Tributaria, por medio de su Gerente Distrital  Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, pide se confirme la Resolución Determinativa  001/2005, de 4 de enero de 2005, señalando lo siguiente:

Menciona que, es necesario establecer que la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de  Impuestos Nacionales, en ejercicio de sus facultades conferidas por los arts. 66, 100 y  104 todos de la Ley N° 2492, emitió la Orden de Verificación N° 5304000001 y Acta  Inicial de Fiscalización, documentos que han sido notificados al contribuyente en fecha  1 de julio de 2005, es así que el Departamento de Fiscalización procedió a la  fiscalización externa, modalidad parcial, de las obligaciones impositivas de la  contribuyente LENI HAYDEE CARDOZO LEMA, legalmente representada durante todo  el proceso de Fiscalización por FAUSTO GROVER CAYO ALI, con domicilio fiscal sito  en calle 20 de Mayo N° 278, de la ciudad de Villazón y RUC 8293341, con el objeto de  determinar el cumplimiento de sus obligaciones impositivas inherentes al Impuesto al  Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia (IT) e Impuesto a las Utilidades de  las Empresas (IUE), por los periodos Fiscales de Junio a Diciembre de la Gestión  2003, estableciéndose a la finalización de la fiscalización que la contribuyente no ha  determinado los impuestos detallados de manera correcta; existiendo diferencias a  favor de la Administración Tributaria; razón a ello conforme el formulario de  Requerimiento N° 073532, de fecha 07 de agosto de 2004, requiriendose  documentación, que pasa a detallar en el memorial.

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Mas adelante señala que, la información solicitada, correspondiente a la distribución de  gas licuado y alquiler de bienes raíces sea presentada ante los fiscalizadores, en las  oficinas del SIN Regional Villazón, sito en la Av. República Argentina N° 160, hasta el 9  de septiembre de 2004, a horas 11:30. Habiendose establecido que, la falta de  cumplimiento a ese requerimiento, sería considerado como una contravención al art. 70  de Código Tributario. Ante ésa solicitud, Fausto Cayo Ali, apoderado de la  contribuyente Leni Haidee Cardozo Lema, presentó unicamente, la documentación  referida en el memorial.

 

Concluido en parte el proceso de verificación externo, referente a las actividades de la  contribuyente Leni Haydee Cardozo Lema, conforme se establece del Acta de  Comunicación de Resultado, de fecha 27 de septiembre del año 2004 y Notificación de  Finalización de Fiscalización, también de fecha 27 de septiembre de 2004, se informó  del trabajo y los resultados preliminares, resultado de la verificación, estableciéndose  que la contribuyente presente sus aclaraciones hasta fecha 29 de septiembre de 2009,  y que explique en referencia a la documentación observada por los fiscalizadores, o en  su caso, proceda a la objeción de los documentos presentados. Fenecido el plazo  otorgado por la Administración Tributaria, la recurrente, no presentó descargos, menos  procedió a aclarar las observaciones efectuadas.

Por otra parte sostiene que, conforme determina el art. 96 de la Ley N° 2492, en fecha  5 de octubre de 2004, se emitió la vista de Cargo N° 019/2004, notificada de manera  personal a Fausto Grover Cayo Ali, en fecha 11 de octubre de 2005, estableciéndose  en la misma que, el SIN, luego del proceso de verificación, determinó que las  declaraciones juradas presentadas, correspondientes a los períodos fiscales de junio a  diciembre de 2003, no han sido establecidos conforme a ley. En tal virtud, y en estricta  aplicación a lo establecido en los arts. 42, 43, 47 y 100 de la Ley N° 2492, procedió a  liquidar el tributo sobre base cierta, de acuerdo a la información extraída por el SIRAT,  en relación a la documentación presentada por la contribuyente, referente a la compra  de combustible y distrbución de gas licuado, no declarado correctamente,  estableciéndose un saldo a favor del Fisco de UFV’s 553.953.- (QUINIENTOS  CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES UNIDADES DE  FOMENTO A LA VIVIENDA), otorgándosele el plazo de 30 días a partir de su  notificación, para formular descargos.

Por otra parte señala que, se debe establecer que vencido el plazo de 30 días otorgado  en la Vista de Cargo, de conformidad a lo previsto en el art. 99 de la Ley Nº 2492, en  fecha 4 de enero de 2005, se emitió la Resolución Determinativa N° 001/2005,  notificado el 6 de enero de 2005, de forma personal a Fausto Grover Cayo Ali, en su  domicilio fiscal de calle 20 de Mavo N° 278.

Posteriormente, la Administración Tributaria efectúa una relación de los puntos que  motivan el recurso de alzada y luego se refiere al memorial de subsanación de las  observaciones efectuadas y señala que, la recurrente en vista de la conducta delictiva  de su contador Freddy Surriable Cortez, que asume esa obligación resultado de las  acciones delictivas cometidas por su contador; empero no ésta de acuerdo en relación  a los actos de fiscalización concernientes a:

  • Que el cargo por IVA e IT por la venta de garrafas se encuentra sobrevaloradoy debe ajustarse a los ingresos reales percibidos por la distribuidora que ha sido solo del 16% por garrafa vendida.

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  • Solicita la revisión de la observación realizada sobre las compras de gas y gasolina realizadas a YPFB y EBR (Empresa Boliviana de Refinación), que fueron computadas para el crédito fiscal IVA, y que son validas conforme a  normativa y que se le negó el derecho a computar el crédito fiscal IVA,  elevando el debito fiscal IVA y consiguientemente, solicita el ajuste de los  cargos por el IVA e IT.

Al respecto, la Administración Tributaria, se manifiesta señalando lo siguiente:

  1. Los ingresos percibidos por la venta de gas ya estaban predeterminados a través de un contrato suscrito entre la contribuyente y YPFB. Es menester afirmar que, los actuados de la Administración Tributaria, gozan de la presunción de legitimidad, de  buena fe y transparencia a favor del sujeto pasivo. Bajo ese antecedente se debe  entender que entre los documentos presentados por la contribuyente, consistentes en:
  • Declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado de junio a diciembre de 2003.
  • Declaraciones juradas del Impuesto a la Transacción de junio a diciembre de 2003.
  • Libros de compras y ventas IVA
  • Facturas de respaldo al crédito fiscal de junio a diciembre de 2003 • Planillas de Control de Miters
  • Planilla de Sueldos
  • Estados Financieros gestión 2003.
  • Fotocopia de RUC
  • Certificado de dosificación de notas fiscales
  • Libro de compras y ventas rectificado.

No consta la documentación descrita consistente en el contrato que se hace referencia,  suscrito entre el contribuyente y YPFB, bajo tal antecedente, se entiende que el  proceso de fiscalización se ha realizado de manera objetiva Determinándose en forma  correcta las obligaciones impositivas en Bs. 310.066.- por el tributo omitido,  mantenimiento de valor e interés; y la suma de Bs. 281.958 por concepto de multa  establecida equivalente al 100% del tributo omitido.

 

Finalmente, por los fundamentos expuestos la Gerencia Distrital Potosí, contestó al  Recurso de Alzada, interpuesto por Fausto Grover Cayo Ali y ratificada por Leni  Haydee Cardozo Lema de Bertsch, y pide se declare improbado por consiguiente  conforme determina el inc. b) del art. 23 del DS Nº 27350, se confirme la Resolución  Determinativa N° 001/2005, de 4 de enero de 2005.

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el art. 218 inciso d) del Código Tributario Boliviano, mediante  auto de 3 de octubre de 2011, cursante a fojas 1236 de obrados, se dispuso la apertura del  término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su  respectiva notificación, conforme a las diligencias de notificación cursantes de fojas 1237 y  1338 de obrados.

La parte recurrente, mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2011, ofreció  prueba documental que cursa en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Recurrente),

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señalando que las mismas no fueron correctamente valoradas por la Administración  Tributaria y que demuestran la improcedencia parcial del cargo girado en su contra y  respalda los argumentos de su recurso. Asimismo, ratificó prueba documental que se  encuentra en el expediente.

La Administración Tributaria por su parte, mediante memorial cursante a fojas 1243 de  obrados, ratificó toda la prueba documental presentada con anterioridad.

Concluido el término probatorio, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada  Potosí, remitió el expediente a la ARIT-CHQ y se radicó el trámite en esta instancia  administrativa, mediante Decreto de 27 de octubre de 2011.

  1. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACION  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto en  el art. 141 del Decreto Supremo Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene  la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de alzada, el cual se  encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la  Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano.

En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o  material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento  administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al  principio tempus regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del hecho.

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, emitido por Secretaría de Cámara,  cursante de fojas 1254 a 1255 de obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40)  días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 210  párrafo II del CTB, vence el 5 de diciembre de 2011.

Dentro del término previsto por ley, la parte recurrente, presentó sus alegatos en  conclusiones en forma escrita, en el que menciona que por actuaciones dolosas y de mala  fe del señor Freddy Fernando Surriable Cortéz, quien era encargado del pago de impuestos  de la Distribuidora REESE GAS, de su propiedad, existieron omisiones en el cumplimiento  de sus obligaciones tributarias, concretamente en la presentación incorrecta de las  declaraciones juradas de los impuestos, pese de haber existido incumplimientos tributarios,  solicita se analice sus peticiones objetivamente, por que todo lo que se encontraba mal, lo  ha aceptado y se considere el cargo girado por el SIN.

De la misma manera, la Administración Tributaria, presentó sus alegatos en conclusiones  en forma escrita, los que fueron rechazados, por haberse presentado fuera del plazo  previsto en el art. 210.II del CTB.

VII. RELACION DE HECHOS.  

Efectuado la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de  hechos:

A fojas 24 29 y 35, del cuerpo Nº 1 de obrados, en fecha 07 de junio de 2004, la  Administración Tributaria, emitió la Orden de Fiscalización Nº 5304000001, Nº de  Petición O.F. 0004000068, Form. 7504, Modalidad de Fiscalización definida, a nombre

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de la contribuyente Cardozo Lema Haydee, por los Impuestos al Valor Agregado (IVA),  Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresa (IUE), del período fiscal junio  a diciembre de la gestión 2003. De igual manera emitió el requerimiento Nº 073532,  solicitando la presentación de la siguiente documentación: Duplicados de DDJJ del  Impuesto al Valor Agregado (F -143), Duplicados de DDJJ del RC-IVA (F-98, F-94, F

71), Duplicados de DDJJ del Impuesto a la Transacción (F-156, 95), Duplicados de  DDJJ del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (F-80, F-54, F-55, F-56, F-93),  Libro de Ventas IVA, Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de Respaldo Debito Fiscal  IVA (Copias), Notas Fiscales de Respaldo Crédito Fiscal IVA (Originales),Extractos  Bancarios, Planillas de sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales,  Comprobantes de ingresos y Egresos y Respaldos, Formulario de Habilitación de notas  Fiscales F-300, Estados Financieros 2003, Libros de Contabilidad (Diario-Mayor),  Kardex, Inventarios, Otros, la información solicitada correspondiente a la distribución  de gas licuado y al alquiler de bienes raices. y su constancia de notificación por cédula  a la Sra Haydee Cardozo Lema, como represente legal de Estación de Servico  “Antofagasta” con la Orden de Fiscalización y Nº de Petición 000400068.

 

A fojas 36 y 37 del cuerpo Nº 1 del expedienye, cursa el 04 de julio de 2004, el  apoderado de la contribuyente Lenni Aydee Cardozo Lema de Bertsch, con poder  notariado Nº 171/2004, indicando las razones de que su contador, encargado de la  documentación relacionados con el SIN, se hallaba ausente de la ciudad, amparado en  el art. 7 inc., h) de la CPE, solicitó un plazo de 15 días a partir de la suscripción del  presente memorial. De la misma forma se advierte otro memorial de fecha 8 de  septiembre de 2004, haciendo conocer sobre el poder Nº 171/2004 y solicitud de  prorroga sobre la presentación de la documentación por una semana.

De fojas 41 a 42 del primer cuerpo de obrados, se advierte que no existe  documentación que indique la recepción de la documetación solicita por la  Administración tributaria en esta etapa del acto admistrativo, adviertiendose acta de  comunicación de resultados cursantes a fojas 45 a 46 del primer cuerpo de obrados, en  el que refleja el total de tributos omitidos actualizado, por el IVA UFV´s 209.888, por el  IT UFV´s 5.995, por el IUE UFV´s 66.117 y por MIDF UFV´s 1.000, multa mencionada  como fruto de las dos actas de infracción Nros. 098875 y 098876.

De fojas 49 a 50 del primer cuerpo de obrados, en fecha 24 de septiembre de 2004, se  emitió Informe CITE/GDP/DF/FE/026/2004 de actuación sobre Fiscalización Externa Nº  5304000001, Modalidad Fiscalización Parcial, contribuyente Haydee Cardozo Lema, cuyo  resultado en su parte conclusiva establece reparos a favor del Fisco, determinando una  deuda tributaria preliminar a favor del Fisco, de UFV´s. 283.000, monto que incluye  intereses y la sanción por contravenciones.

De fojas 51 a 54 del primer cuerpo de obrados, en fecha 5 de octubre de 2004, se emitió  Informe CITE/GDP/DF/FE/027/2004 de actuación sobre Fiscalización Externa Nº  5304000001, Modalidad Fiscalización Parcial, contribuyente Haydee Cardozo Lema, donde  muestra: antecedentes, alcance del trabajo, trabajo desarrollado, hizo mención al  requerimiento Nº GDP/DF/324/004, donde indica que presentó la documentación en fecha  15 de julio, que posteriormente en fecha 7 de septiembre con requerimiento Nº 073532,  solicitó documentación de sus actividades secundarias de las que fueron presentadas en  fecha 13 de septiembre de 2004, resultado de la fiscalización sobre los impuestos al valor  agregado F-143, impuesto a las Transacciones IT F-156 y sobre las utilidades de las  empresas IUE F-80, actas de infracciones labradas, comunicación de resultados. en la

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parte conclusiva muestra reparos a favor del Fisco, de UFV´s. 553.952, monto que incluye  intereses, sanción por contravenciones, y multa por Omisión de Pago del 100% .  A fojas 55-56 del primer cuerpo de obrados, en fecha 03 de diciembre de 2004, se emitió  Informe en Conclusiones CITE/GDP/DF/FE/032/2004 de respuesta a memorial de Haydee  Cardozo Lema, presentado en fecha 4 de noviembre de 2004 , donde solicita la aceptación  de Declaraciones Juradas Rectificativas y nueva liquidación por los reparos obtenidos en la  vista de Cargo Nº 019/2004, debido a las diferencias a favor del Fisco por el impuesto al  Valor Agregado, Impuestos a las Transacciones e impuesto a la Utilidad de Empresas,  obtenidas durante el proceso de Fiscalización de los periodos de junio a diciembre de 2003,  por las actividades de venta al por menor de combustible y distribución de gas licuado, por  lo que la parte recurrida detalla un informe de los actos administrativos donde le admite la  presentación de rectificativas de sus DD.JJ., dio forma de procedimiento de acuerdo a  normativa vigente, estableciendo finalmente un total de monto a pagar en UFV´s de  559.195.- y se remita el mencionado informe adjuntando toda la documentación del proceso  de Fiscalización al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva para que  proyecte y notifique con la Resolución Determinativa.

De fojas 59 a 60 vuelta, del primer cuerpo de obrados., consta que en fecha 5 de octubre de  2004, se emitió la Vista de Cargo Nº 019/2004, que establece un reparo preliminar  adeudado de UFV´s 553.952 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS  CINCUENTA Y DOS 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), correspondiente  a los reparos obtenidos del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones,  Impuesto sobre las Utilidades de Empresas y los Accesorios de Ley, de los periodos  observados, multa por incumplimiento de deberes formales y que su conducta se halla  tipificada de conformidad al art. 165 del CT y el art. 42 del DS. Nº 27310, correspondiendo  imponer la sanción del 100% del Tributo Omitido, conforme al cuadro descrito a fojas 60.  Dicho acto fue notificado en forma personal al Sr. Fausto Cayo Ali, en representación de la  contribuyente el 5 de octubre de 2004, otorgándole el plazo de treinta días (30) para la  presentación de descargos.

A fojas 785 vuelta del cuarto cuerpo de obrados, el 29 de septiembre de 2004, Fausto Cayo  Ali en representación de la Contribuyente Leni Haydee Cardozo Lema de Bertsch, mediante  memorial formulo descargos, mencionando que fue notificado con la Vista de Cargo Nº  019/2004, de 5 de octubre de 2004, en la que se le hizo conocer que de la liquidación  practicada surge un saldo a favor del fisco de UFV´s 553.952, correspondiente a los reparos  obtenidos del IVA, IT e IUE, de los periodos fiscales de junio a diciembre de 2003, que de  conformidad al art. 98 de la Ley Nº 2492 formulo descargos explicados en los numerales 1,  2, 3, y 4, del indicado memorial.

fojas 787 a 788 del cuarto cuerpo de obrados, de la misma forma en fecha 22 de diciembre  de 2004, se emitió Informe GDP/DF/EF/033/2004, que en su parte de trabajo desarrollado  menciona que se notificó con la Vista de Cargo Nº 019/2004, al representante legal de la  contribuyente manifestando su derecho a presentar descargos dentro de los 30 días  siguientes, que en fecha 04 de noviembre 2004, la contribuyente presentó memorial  solicitando se acepte sus DD.JJ. Rectificatorias presentadas mediante memorial en fecha  29 de septiembre de 2004, obrados que cursan a fojas 782 y 785, que mediante informe de  Conclusiones GDP/DF/EF/032/2004, se dio respuesta a la misma donde rechaza la  solicitud de rectificatoria, por lo que no procede ser anulada la Vista de Cargo; todos los  argumentos se detallan en el informe indicado, sostiene por otro lado que UFV´s 2.000.-  figura en la Vista de Cargo por IDF, el mismo es retirado por no corresponder, por último  muestra la nueva liquidación del total de Tributo Omitido que asciende a UFV´s 559.169.-

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De fojas 789 a 793, del cuarto cuerpo de obrados, consta que en fecha 04 de enero de  2005, se emitió Informe Técnico 001/2005, el mismo menciona que la liquidación fue  realizado tomando en cuenta las hojas de trabajo 45, 386, 628, 630, 632,693 y 694, como  también la Vista de Cargo 019/2004 (foja 38), e informe GDP/DF/FE/033/2004 y las  circulares 08, 0198, 04 de 4 de noviembre de 2004, que a la fecha la contribuyente adeuda  Bs.- 592.024, el mismo que muestra detallado.

A fojas 796-804 del cuarto y quinto cuerpo de obrados, el 4 de enero de 2005, se emitió  Resolución Determinativa 001/2005, que determinó de oficio sobre base cierta las  obligaciones impositivas de la contribuyente Leni Haydee Cardozo Lema, representada  legalmente por Fausto Grover Cayo Ali, en la suma de Bs. 310.066.- (TRESCIENTOS DIEZ  MIL SESENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS), correspondiente al Tributo Omitido,  mantenimiento de valor e intereses del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las  Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de Empresas, en aplicación de los arts. 58 y  59 de la Ley Nº 1340 y art. 47 de la Ley Nº 2492, por los periodos fiscales junio a diciembre  de 2003. Por otra parte determinó sancionarle por el delito de defraudación con una multa  igual al 100% sobre el Tributo Omitido cuyo monto es de Bs.- 281.958.- (DOSCIENTOS  OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS), de  conformidad al art. 101 del CT. (Ley Nº 1340) y art. 177 del CT (Ley 2492), habiendo sido  notificada con la Resolución Determinativa 001/2005 en forma personal a Fausto Grover  Cayo Ali, como representante legal de Leni Haydee Cardozo Lema, en fecha 6 de enero de  2005, impugnada a través del presente Recurso de Alzada.

 

VIII. MARCO LEGAL.  

LEY N° 2492, DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

Articulo 69.- (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de  buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables  han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones  materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de  prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario,  conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones  Reglamentarias.

Articulo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones  tributarias del sujeto pasivo:

  1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios,  plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos  previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.
  2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los  datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación  tributaria.
  3. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros  generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o  instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas  respectivas.
  4. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le  correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin  embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas  tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

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  1. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la  Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que utilizarán, así  como el libre acceso a la información contenida en la base de datos.

Articulo 76.- (Carga de la Prueba). “En los procedimientos tributarios administrativos  y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el  sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se  encuentran en poder de la Administración Tributaria”.

 

Artículo 212.- (Clases de Resolución).  

  1. Las Resoluciones que resuelvan Recurso de Alzada y Jerárquico, podrán ser:  a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido.
  2. b) Confirmatorias; o
  3. c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 05-032-99. 

Artículo 78.- (Declaración Jurada).  

  1. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos  comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares  establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la  verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos  señalados por este Código.
  2. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del  sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el  aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante.  También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación  tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del  saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites,  formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos  mediante Reglamento.

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con  relación a los datos que se rectifican.

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato  brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda  Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que tome  como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación.

Articulo 97.- (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales)  II. “Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o  en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración  Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas”.

Artículo 104.- (Procedimiento de Fiscalización).  

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la  presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de  defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a  condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario  no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se  tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran.

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Artículo 177.- (Defraudación Tributaria). El que dolosamente, en perjuicio del  derecho de la Administración Tributaria a percibir tributos, por acción u omisión  disminuya o no pague la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está  obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, cuya cuantía sea  mayor o igual a UFV’s 10.000 Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), será  sancionado con la pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años y una multa  equivalente al cien por ciento (100%) de la deuda tributaria establecida en el  procedimiento de determinación o de prejudicialidad.

 

Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilitación especial. En el  caso de tributos de carácter municipal y liquidación anual, la cuantía deberá ser mayor  a UFV’s 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda) por cada periodo  impositivo.

A efecto de determinar la cuantía señalada, si se trata de tributos de declaración anual,  el importe de lo defraudado se referirá a cada uno de los doce (12) meses del año  natural (UFV’s 120.000). En otros supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada  uno de los conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

DECRETO SUPREMO Nº 27310, REGLAMENTO DE LA LEY Nº 2492. 

Articulo 28.- (Rectificatoria a favor del contribuyente).  

  1. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las  Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez,  para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El  término se computará a partir de la fecha de venci miento de la obligación  tributaria en cuestión.
  2. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II  del Artículo 78 de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración  Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no  surten efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la  verificación formal y/o la verificación mediante procesos de determinación,  conforme se establezca en la reglamentación que emita la Administración  Tributaria.

Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o en  exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, salvando su  Compendio Normativo derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de  Repetición.

  1. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una  fiscalización las Rectificatorias a favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto  legal.

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 05-0043-99. 

Numeral 1.- Los sujetos pasivos y/o responsables de los Impuestos al Valor Agregado,  a las Utilidades y los que obtengan en forma habitual ingresos gravados por el  Impuesto a las Transacciones, por aplicación de los arts. 12 y 72 de la Ley 843 (Texto  Ordenado Vigente) están obligados a cumplir con los requisitos relativos a facturación,  registro de operaciones y archivo de documentación, así como el cumplimiento de  deberes formales que se establecen en la presente Resolución Administrativa.

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Numeral 2.- Las facturas, Notas Fiscales, emitidas por sistemas manuales, de  empresas públicas, privadas etc. Sean estos comerciales, industriales o de servicio,  deberán ser previamente habilitadas mediante dosificación por la administración  tributaria.

Numeral 3.- La habilitación de las Notas Fiscales, se efectuará mediante la asignación  de un “Número de Factura”, otorgado por la Administración Tributaria, dicho número se  otorgará por cada establecimiento (Casa Matriz, sucursal, agencia, y/o actividad  económica), del Contribuyente y, si correspondiere por cada medio de emisión utilizado  ya sea de forma manual y/o computarizado.

  1. FUNDAMENTOS TECNICOS JURIDICOS.  

Leni Haydee Cardozo Lema de Bertsch, impugna la Resolución Determinativa Nº 001/2005  de 4 de enero de 2005, pidiendo la revocatoria parcial en base a los argumentos señalados  en su memorial de Recurso de Alzada, replanteados en el memorial de subsanación los  que fueron descritos en el punto Contenido del Recurso, por su parte la Administración  Tributaria, respondió en forma negativa a las pretensiones de la recurrente.

Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos reclamados  por la parte recurrente en conexión con los puntos rechazados expuestos por la  Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se establezca y determine conforme a  Ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a la prueba aportada, argumentos  de hecho y de derecho que fueron expresados durante la tramitación del presente Recurso  de Alzada.

9.1. Con relación a la sobrevaloración de los ingresos por concepto de ventas de garrafas,  que habría efectuado la Administración Tributaria.  

Señala la recurrente que, el cargo por IVA e IT por la venta de garrafas se encuentra  sobrevalorado y debe ajustarse a los ingresos reales percibidos por la distribuidora que  ha sido solo en un monto del 16% por garrafa vendida, ya que, la Administración  Tributaria, habría asumido el valor total de ventas de las garrafas como ganancia.

La parte recurrente en su memorial de subsanación sostiene que, es concesionaria y  distribuidora minorista de gas licuado de petroleo, concesión que fue otorgada y  controlada por “YPFB” bajo un contrato de Distribución de Gas Licuado de Petróleo,  suscrito en fecha 25 de mayo de 2001 y que el documento fue presentado como  descargo oportunamente en la etapa administrativa.

Al respecto esta instancia administrativa, revisó la documentación contenida en todos  los cuerpos del expediente, constatándose lo siguiente: Mediante CITE:  GDP/DF/324/2004, y Requerimiento Nº 073532 (cursantes a fojas 34 y 35), la  Administración Tributaria, en sujeción al art. 100 del CTB, efectivamente, solicitó a la  recurrente documentación referida a los períodods junio a diciembre de 2003, en cuya  lista no se especifíca ni consta que se haya solicitado el Contrato de Distribución de  Gas Licuado de Petroleo, suscrito entre YPFB y la recurrente.

Por otra parte, Leni Haydee Cardozo Lema, en su memorial de subsanación al recurso  interpuesto, señala que: “el Contrato de Distribución de Gas Licuado de Petroleo,  suscrito con YPFB, el 25 de mayo de 2001, fué presentado como descargo  oportunamente en la etapa administrativa”. Revisados los antecedentes cursantes en

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los siete cuerpos del expediente, se evidencia lo siguiente: El Contrato de Distribución  de Gas Licuado de Petroleo, suscrito entre YPFB y la recurrente, nunca fué solicitado  por la Administración Tributaria y menos presentada por la recurrente. Efectivamente,  en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Recurrente), consta el Testimonio Nº  636/2001, correspondiente a la protocolización del Contrato de Distribución de Gas  Licuado de Petroleo, suscrito entre YPFB y la recurrente, en simple fotocopia.  Quedando desvirtuados –consiguientemente- las afirmaciones de las partes, referentes  a que la Administración Tributaria, habría solicitado la presentación del Contrato y de la  parte recurrente que habría presentado oportunamente el contrato.

Consiguientemente esta instancia administrativa, concluye señalando que, si bien, la  Administración Tributaria, nunca solicitó la presentación del Contrato; de acuerdo al art.  76 del CTB, que señala: “En los procedimientos tributarios, administrativos y  jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos….”; la contribuyente, tenía la ineludible responsabilidad de  hacer conocer el Contrato suscrito con YPFB a la Administración Tributaria.

Por otra parte, respecto al Contrato suscrito con YPFB, presentado por la recurrente y  que consta en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Recurrente), es simple fotocopia,  que no puede ser valorada por la ARIT-CHQ, por prescripción expresa del art. 217  del CTB, que señala: “Se admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento  presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o  cópia de éste legalizada por autoridad competente”. Bajo el antecedente, se entiende  que el proceso de fiscalización se realizó de manera objetiva, Determinándose en  forma correcta las obligaciones impositivas.

Sin embargo de lo referido, del análisis de la documentación cursante de fojas 409 a 554  del tercer cuerpo del expediente, consistente en papeles de trabajo faccionadas por la  Administración Tributaria, ventas informadas en el Libro de Compras y Ventas  extraidas mediante el SIRAT, fotocopias simples de facturas de Compra de GLP  Distribuidor; se puede establecer que, se tiene como precio unitario de facturación fijo  en la planta por un monto de Bs. 1.67560, asi constan en las facturas de compras, por  cada unidad de kilo de GLP y por la Certificación otorgada por YPFB (que consta a  fojas 8, del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Recurrente).

También se advierte que, la certificación referida, establece el precio de venta al  consumidor que es de Bs. 21 por cada kilo de venta de gas GLP. Esta misma versión  se encuentra refrendada en el contenido de sus compras y ventas detalladas de GLP,  faccionadas por la parte recurrente que versan sobre los mismos precios de Bs.  1.67560 por precio de compra de YPFB y precio de venta de Bs. 21 al consumidor  final, por garrafa de 10 kg. (Fojas 10, 31, 54, 74, 93, 113 y 133 del Cuadernillo de  Antecedentes Nº 1(Recurrente).

Dentro de los papeles de trabajo de la parte recurrida, en la relación de ventas y  compras de productos GLP, se advierte que ha utilizado los mismos precios, y  determinó exactamente las cifras y montos totales tanto en compras como en ventas  en el movimiento de actividades de la concesionaria y distribuidora por los peridos  indicados de junio a diciembre de 2003, cursantes a fojas 409, 430, 453, 473, 493, 513  y 533, del tercer cuerpo del expediente, advirtiéndose que no existe sobrevaloración de  ingresos tal como sostiene la recurrente.

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Es mas, a manera de refrendar lo manifestado respecto a la sobrevaloración. A nuestro  enteder, es darle un precio superior al precio de venta establecido, en el caso presente  no ocurrió lo indicado, puesto que se puede establecer que los precios utilizados por la  administración tributaria son los mismos, es así que incluso en sus libros de ventas que  las registra de acuerdo a información establecida, las realiza mediante sistema por  corresponder a GRACO, en el que mantiene los mismos precios.

Con respecto al Libro de Ventas. La recurrente, en el memorial de subasanación,  señala que la Distribuidora facturó los montos de las comisiones (16%) percibidas por  la venta de garrafas. Esta instancia procedió a revisar lo manifestado, con relación a  las facturas emitidas por la percepción de ingresos respecto al 16% de comisión,  concluyendo que no se advierte la existecia física de las indicadas facturas emitidas  por ventas de garrafa, tal como afirmó la recurrente. En su lugar, se advierte de fojas  610 a 616 ventas detalladas GLP, de los peridos junio a diciembre de 2003, donde  reflejan el total de ventas de gas en cada perido, en los que también constan las  determinaciones de sus comisiones sobre ventas.

Sobre las Declaciones Juradas reclamadas. Se procedio a revisar la Declaración  Jurada periodo por periodo, que cursan de fojas 556 a 568, advieriendose de acuerdo  a su Libro de Ventas, por el concepto señalado, que arroja un monto de Bs. 34.579,48  por el mes de junio de 2003, sin embrargo, en su Declración Jurada, extraida mediante  el SIRAT, declara un monto menor de Bs. 26.777. Ocurre lo mismo, en los demás  peridos, se declara montos menores, demostrando una contradicción en su argumento  de que la Administración Tributaria, habría estimado sus ingresos por ventas de  garrafas de manera sobrevalorada.

Habiendo sido verificado los ingresos declarados por la contribuyente y sus  Declaraciones Juradas, se establece que fue determinado en forma correcta el débito  fiscal y a consecuencia de esa labor, prosiguó con los trabajos de fiscalización hasta la  determinación con el cargo en la Resolución Determinativa Nº 001/2005 por concepto  del IVA e IT por Bs. 236.244.

9.2. Con relación a las facturas de compras no computadas para el crédito fiscal IVA, que  habría efectuado la Administración Tributaria.  

  

La recurrente sostiene que, el Servicio de Impuestos Nacionales, no le hizo valer las  COMPRAS DE GAS Y GASOLINA REALIZADAS A “YPFB” Y A “EBR”, compras  que no habrían sido computadas para el crédito fiscal IVA, siendo las mismas  directamente vinculadas a las ventas realizadas. Esas compras se encuentran  debidamente respaldadas con facturas originales y de acuerdo a los arts. 7 de la Ley  Nº 843 y 7 del DS Nº 21530, son plenamente válidas para descargar el débito fiscal  IVA. Por lo tanto, al no haber sido aceptadas dichas compras, que cumplen con lo  establecido en los artículos mencionados -indica que- están relacionadas a la actividad  de la Distribuidora y que están respaldadas por documentos originales y le han negado  el derecho a computar el crédito fiscal IVA, elevando el monto a pagar por el débito  fiscal IVA. En consecuencia, solicita que se revise ese aspecto y se den por válidas  esas compras, ajustando el cargo de manera que se les de validéz para ajustar el  débito fiscal IVA final a pagar.

 

Sobre el punto y para constatar lo manifestado, esta instancia administrativa ha  efectuado la revisión cuidadosa de cada una de las facturas que ascienden a 183, por  compras de gasolina y diesel provenientes de “EBR” y 133 facturas de compras de gas

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proveniente de “YPFB”, las que, de acuerdo a cotejo y revisión, en base a la  documentación existente en el expediente, se advierte que la Administración Tributaria  tomó en cuenta en el crédito fiscal IVA, a favor de la contribuyente.

Lo anterior fue constatado, en base a la documentación existente en el expediente del  periodo junio a diciembre de 2003, que cursan a fojas 84, 109, 135, 159, 186, 217 y  245, con detalle a la relacion de ventas y compras de GASOLINA y DIESEL, donde se  consigna fecha de compra, cantidad en litros, precio unitario e importe total. Adjuntas a  los detalles mencionados se observa, ventas informadas en Libro de Compras y  Ventas, recabadas mediante el sistema del SIRAT, las cuales fueron verificadas por la  Administración Tributaria, revisadas y tiqueadas comparativamente con las facturas de  compras. Asimismo, se advierte que las indicadas facturas, se encuentran adjuntas a  los detalles mencionados, en fotocopias legalizadas por el Servicio de Impuestos  Nacionales y provenientes de la Empresa Boliviana de Refinación “EBR”, emitidas a  nombre de HAYDE CARDOZO LEMA, que cursan de fojas 86 a 108; 111 a 134; 137 a  158; 161 a 185; 188 a 216; 219 a 244 y 247 a 279 del expediente.

De la misma forma se constató que, a fojas 409, 430, 453, 473, 493, 513 y 533, del  expediente, cursa la relación de ventas y compras detalladas por concepto de GAS,  consignando la fecha de compra, cantidad en litros, precio unitario e importe total,  adjunto a las mismas, se observa ventas informadas en el Libro de Compras y Ventas,  extraidas mediante el sistema del SIRAT, las mismas como en el anterior caso, la  Administración Tributaria las ha verificado y punteado. También cursan adjuntas a los  detalles fotocopias legalizadas de las facturas de compras de GAS emitidas por el  Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre HAYDEE C. DE BERTSCH  “RESSEGAS”, cursantes de fojas 411 a 429; 432 a 452; 455 a 472; 475 a 492; 495 a  512; 515 a 532 y 534 a 554 del expediente.

Sobre las facturas mencionadas precedentemente, esta instancia administrativa ha  constatado que de fojas 337 a 348 y de fojas 596 a 609 del expediente, cursa detalle  centralizado de compras por concepto de Gasolina, Diesel y Gas, de “YPFB” y de  “EBR”. Efectuado el cotejo de las mismas, tanto las de compra de gasolina y diesel,  como de gas GLP, se hace constar que la Administración Tributaria, tomó en cuenta y  consignó a favor de la contribuyente el crédito fiscal IVA. Por lo tanto, el Servicio de  Impuestos Nacionales no le negó el derecho de cómputo para su crédito fiscal, con  relación a la cantidad de facturas con sus respectivos montos totales, constatandose  además, la veracidad de las mismas.

Por otra parte cabe indicar que la parte recurrente, en su memorial de subsanación, en  el que replantea el recurso, solo se refiere a las facturas procedentes de “YPFB” y de  “EBR”, no mencionando otras.

Consiguientemente, no es procedente el argumento de que las compras no habrían  sido computadas para el crédito fiscal IVA.

9.3. Con relación a la calificación de la conducta de Defraudación Tributaria, contra la  recurrente.  

La Administración Tributaria mediante Resolución Determinativa 001/2005 de 4 de enero de  2005, en su artículo segundo dispuso: “Sancionar a la contribuyente Haydee Cardozo  Lema, por el delito de defraudación, con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido,  cuyo importe actualizado a la fecha asciende a Bs. 281.958.- (DOSCIENTOS OCHENTA Y 

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UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS), de conformidad al  art. 101 del CT (Ley Nº 1340), y art. 177 del CT (Ley Nº 2492)”.

Al respecto, en el marco de las normas legales y administrativas sobre materia tributaria, la  línea doctrinal de la Autoridad de Impugnación Tributaria, mediante Resoluciones  Jerárquicas STG-RJ/0408/2006 de 22 de diciembre, STG-RJ/0066/2005 de 27 de junio,  STG-RJ/0001/2007 de 3 de enero y STG-RJ/0608/2007 de 29 de octubre, entre otras, la  Superintendencia Tributaria General (hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria),  estableció que, tratándose de la calificación y sanción del delito de Defraudación Tributaria,  la Administración Tributaria carece de competencia, toda vez que de conformidad al art. 183  de la Ley 2492 (CTB), la acción penal por delitos tributarios es de orden público y será  ejercida por el Ministerio Público; consiguientemente tal cual establece el último párrafo del  punto f), num. 4) del art. 13 de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en caso que la  Administración Tributaria advierta en el procedimiento de determinación indicios de la  comisión del delito, únicamente podrá dejar constancia de ello en la Resolución  Determinativa y comunicar al sujeto pasivo que se realizará la remisión de antecedentes al  Ministerio Público, concluida la etapa de prejudicialidad tributaria, entendida como la fase de  determinación y la de impugnación tributaria establecida en los Títulos II, III y V del Código  Tributario.

En ese sentido, la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0608/2007, de 29 de  octubre de 2007, señala: “Por otra parte cabe señalar que la Resolución Administrativa  Nº GDC/DJ/TTJ/CP/006-07, de 26 de enero de 2007, únicamente se limita a señalar que  existen indicios de defraudación tributaria y no establece ninguna sanción en particular, por  lo que conforme a los arts. 183 y 184 de la Ley 2492 (CTB), aplicable en la parte procesal,  es atribución del Ministerio Público la investigación del mismo y competencia de los órganos  jurisdiccionales su juzgamiento, por lo que no corresponde a esta instancia jerárquica  pronunciarse sobre cuestiones que pertenecen al ámbito penal y que han sido atribuidas  por Ley a la jurisdicción ordinaria penal, una vez concluida la etapa de prejudicialidad”.

Consecuentemente, la Administración Tributaria, en el caso presente, en el acto que se  impugna, debió limitarse a señalar sobre la existencia de indicios de Defraudación  Tributaria, toda ves que es atribución del Ministerio Público la investigación del mismo y  competencia de los órganos jurisdiccionales su juzgamiento y sanción, por lo que no  corresponde a la Administración Tributaria pronunciarse sobre cuestiones que pertenecen  al ámbito penal y que han sido atribuidas por Ley a esa jurisdicción, conforme a los arts. 183  y 184 de la Ley Nº 2492 del CTB.

 

Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde a esta  instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia eminentemente tributaria y  revisando en sede administrativa, se concluye que la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de  Impuestos Nacionales, en el procedimiento administrativo determinativo no ha observado  adecuadamente la normativa tributaria vigente.

POR TANTO  

El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de Impugnación  Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 de 11 de mayo de  2009 y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de  la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894.

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RESUELVE:  

Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 001/2005 de 4 de  enero de 2005, dejando sin efecto el artículo segundo y tercero de la parte resolutiva de la  misma, respecto a la multa por el delito de defraudación; toda vez que es atribución del  Ministerio Público la investigación del mismo y competencia de los órganos jurisdiccionales su  juzgamiento. Por lo que, no corresponde a la Administración Tributaria pronunciarse ni  sancionar anticipadamente sobre cuestiones que pertenecen al ámbito penal, atribuidas por Ley  a esa jurisdicción conforme a los arts. 183 y 184 de la Ley Nº 2492 del CTB, y que aún no  tengan sentencia judicial firme que posea la calidad de cosa juzgada. Todo esto en conformidad  a lo previsto en el art. 212 parágrafo I inciso a) del Código Tributario Boliviano.

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución a  conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,  en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

 

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