ARIT-CHQ-RA-0021-2011 Se confirma Resolución Sancionatoria en contra del Consejo de la Magistratura por no cumplir con el deber de informar sobre venta de valores notariales a notarios. El contribuyente siendo en este caso el Consejo de la Magistratura, alega que la Resolución Normativa de Directorio que genera en este caso el incumplimiento a los deberes formales es nula, porque fue suscrita por el Presidente Ejecutivo de la Administración Tributaria, y no por el Directorio en pleno. Asimismo alega que la mencionada Resolución Administrativa no tiene carácter retroactivo para sancionar.

ARIT-CHQ-RA-0021-2011

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0021/2011  

RECURRENTE: CONSEJO DE LA JUDICATURA, representada legalmente  por JORGE ISAAC VON BORRIES MENDEZ.  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SIN,  representada legalmente por MARÍA GUTIERREZ ALCON.  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0008/2011.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 17 de mayo de 2011.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Contribuyente: CONSEJO DE LA JUDICATURA,  contra las Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-11 de fecha 18 de enero de 2011, emitida  por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN. Recurso que es admitido mediante auto de  fecha 28 de febrero de 2011, debidamente notificado al titular de la Administración  Tributaria, para que la Autoridad recurrida remita todos los antecedentes sobre la  Resolución impugnada. Las pruebas literales y documentales presentadas y producida por  las partes, autos y decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, Informe  Técnico – Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0021/2011 y todo cuanto ver convino y se tuvo  presente.

CONSIDERANDO  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso,  Resolución Nº 18-0009-11, de fecha 18 de enero de 2011, trámite procesal y análisis de los  mismos así como los fundamentos de las resoluciones impugnadas, se tiene lo siguiente:

  1. DATOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la  Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-2011, de 18 de enero de 2011, notificada al  contribuyente mediante cédula el día 25 de enero de 2011, mediante la cual se  sanciona al Consejo de la Judicatura, con una multa de 5.000 UFV´s (CINCO MIL  UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), por la contravención tributaria de  incumplimiento en la obligación de presentación de detalle de valores notariales  vendidos a los Notarios de Fe Publica, correspondiente al trimestre comprendido por los  meses de abril, mayo y junio de 2010, información que debió ser presentada en fecha  20 de julio de 2010. Conducta u omisión que se encuentra tipificada como  contravención por los arts. 71, 160 numeral 5 y 162 parágrafo I de la Ley Nº 2492,  concordante con el art. 40 del Decreto Supremo Nº 27310 y, de acuerdo a lo  establecido por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 artículo 4  Anexo A) numeral 4.3, concediéndole el plazo de (20) días calendario computables  a partir de su legal notificación con la resolución sancionatoria, para que haga  efectivo o cancele la multa impuesta en su contra bajo alternativa de procederse al

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cobro de la multa adoptando las medidas coactivas establecidas en el artículo 110  de la Ley Nº 2492 para la ejecución tributaria, en caso de incumplimiento.  II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE ALZADA. 

El Recurso de Alzada planteado por Jorge Isaac Von Borries Méndez, en  representación legal del Consejo de la Judicatura, tiene como base los siguientes  fundamentos:

El recurrente señala que de conformidad al inciso 2 del artículo 143 de la Ley Nº  2492, Código Tributario, Ley 3092 y Decreto Supremo Nº 27350, interpone el  recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0009 11, emitida por la  Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, notificada  en fecha 25 de enero de 2011.

Señala, que en fecha 4 de octubre de 2010 el Consejo de la Judicatura, fue  notificado con el auto inicial de Sumario Contravencional iniciado por el Servicio de  Impuestos Nacionales, por el presunto incumplimiento a la RESOLUCION  NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0014.10 de 2 de julio de 2010, que  establece la obligación de presentar el detalle de los valores notariales vendidos a  los Notarios de Fe Publica, correspondiente al trimestre comprendido por los  meses abril, mayo y junio de 2010, situación que a criterio de la Administración  Tributaria, implicaría un incumplimiento a deberes formales, conforme a los  artículos 71 y 162 de la Ley 2492 del Código Tributario, instruyó un sumario  contravencional, sujetando a una sanción de 5.000 UFV, razón por la cual el  Consejo de la Judicatura, presento sus descargos, que no fueron considerados  como validos, habiéndose emitido la Resolución Sancionatoria Nº 18-009 11 de 18  de enero de 2011.

Menciona que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10 de 2 de julio de  2010, fue suscrita por el Presidente Ejecutivo interino del Servicio de Impuestos  Nacionales, y que esa actuación excedería de sus atribuciones, puesto que las  resoluciones de Directorio únicamente pueden ser suscritas por el Presidente  Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, y que en caso de urgencia,  conforme dispone el inciso p) del articulo 19 del Decreto Supremo Nº 26432, de 22  de diciembre de 2001, que señala: “Excepcionalmente y cuando las circunstancias  lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales puede  ejecutar acciones que son de competencia del Directorio”.

Indica que, analizadas las circunstancias del caso se establece que no existe  ninguna justificación que demuestre la existencia de una urgencia para que el  Presidente Ejecutivo haya suscrito la Resolución Normativa de Directorio Nº  10.0014.10, de 2 de julio de 2010, pues únicamente se trataba de designar como  Agente de Información al Consejo de la Judicatura, lo que no constituye un acto de  emergencia, sino, un acto regular por lo que la resolución debió ser firmada por el  Directorio en pleno del Servicio de Impuestos Nacionales. Citando el artículo 122  de la CPE, que dispone que son nulos los actos de las personas que usurpen  funciones que no le competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o  potestad que no emane de la Ley, señala que al ser nula de pleno derecho la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10, de 2 de julio de 2010, no puede  subsistir el auto Inicial del Sumario Contravencional, y que sin embargo esos  argumentos no fueros considerados por el Servicio de Impuestos Nacionales en su  Resolución Sancionatoria Nº 18-0009 11, de 18 de enero de 2011, asimismo

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argumenta que desde la gestión 2005 no cuenta con Directorio y que el Presidente  Ejecutivo de la Institución tuvo que asumir funciones normativas. Menciona que  esa situación es indebida, puesto que la falta de los miembros del Directorio, de  hecho no le faculta arrogarse atribuciones, porque inexistencia de norma alguna  que disponga la ampliación de funciones o competencias, por lo tanto, ratifica la  posición de que el Presidente del Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales  usurpó funciones que no le competen siendo por consecuencia, nula de pleno  derecho la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10.

Mas adelante, señala que la referida Resolución Normativa de Directorio Nº  10.0014.10, fue suscrita por una autoridad sin competencia, esta contiene  obligaciones indebidas, inaplicables e imposibles de ser cumplidas por el Consejo  de la Judicatura.

Menciona, que el Concejo de la Judicatura no observó la obligación que tiene para  constituirse en un Agente de Información, porque así lo establece el articulo 71 de  la Ley Nº 2492 Código Tributario, y objeta que el Servicio de Impuestos  Nacionales, por medio de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10,  pretenda imponer la forma y condiciones en la que debe brindarse la información, o  que el Consejo de la Judicatura sea agente de información de otro sujeto pasivo de  la obligación tributaria, como son los Notarios de Fe Pública; tampoco considera la  naturaleza de las operaciones sujetas a la obligación de informar y las limitaciones  legales de los sujetos pasivos (Notarios), que no permiten otorgar esa información,  como cualquier otro sujeto pasivo, tal es así, que se exige información sobre las  escrituras notariales que otorgan los Notarios de Fe Publica y los valores notariales  que les venden a los Notarios de Fe Publica, en formatos digitales.

Indica, que el articulo 34 de la Ley del Notario, dispone que los Notarios no podrán  sin mandato judicial, dar testimonios de las escrituras, ni conocimiento de ellas, si  no, es a las partes interesadas, o que tengan derecho; pena de pagar los daños y  perjuicios, de abonar una multa de veinte cinco pesos y de suspensión en sus  funciones por tres meses, caso de reincidencia; salvo las leyes y reglamentos  sobre el derecho de registros, y que por tanto debe considerarse que muchos de  los datos que exige el Servicio de Impuestos Nacionales, tienen carácter de  reserva y no es posible exigir sin limitación alguna que los Notarios informen al  Consejo de la Judicatura, por lo cual, el formato de reporte de información debió  ser diseñado en función al principio de reserva, para no incurrir en trasgresiones a  la Ley del Notariado.

Por otro lado menciona, que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10,  en la forma que se encuentra redactada, no es aplicable al Consejo de la  Judicatura en su integridad, porque sobre las Notarias de Fe Pública, solo se  ejerce control administrativo y disciplinario, conforme dispone el articulo 17, párrafo  II de la Ley Nº 1817 y disposición séptima de la Ley 025 del Órgano Judicial, es  decir no se tiene relaciones económicas con los Notarios, tampoco profesionales ni  financiera, señala que los Notarios de Fe Publica no trabajan para el Consejo, sino,  en forma independiente, como detentadores de la fe pública delegada por el  Estado que por ello, el Servicio de Impuestos Nacionales debería pedir  directamente la información a los Notarios de Fe Pública y designarles como  agentes de información a ellos, porque se constituyen en Unidades Económicas  autónomas, al prestar un servicio sujeto a obligaciones tributarias independientes,  y que está claro que cada Notario tiene un Registro Tributario a través del NIT, por

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ello, conforme dispone el articulo 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria  tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, sobre  los Notarios de Fe Publica, y que no puede imponer obligaciones que no lo  corresponden al Consejo de la Judicatura, ni como sujeto pasivo, ni como tercero  responsable.

Por otra parte señala que la información requerida de los Notarios de Fe Publica,  no la genera el Consejo de la Judicatura, por eso en el mejor de los casos, tendrían  que ser creadas por los Notarios de Fe Publica, bajo su responsabilidad toda vez  que no son funcionarios dependientes laboralmente del Consejo de la Judicatura,  razón por la cual, lo único que podría hacer la Entidad es implementar algún  Sistema Informático para que los Notarios carguen la información requerida,  incluso la implementación del Sistema implica la erogación de recursos  económicos y humanos que no tienen a disposición, pues, es una labor adicional  que implica recopilar información de mas de 700 Notarios que existe en el país,  consolidarla y emitirla anualmente, lo que requiere desarrollo técnico y laboral  adicional del personal del Consejo, es mas, en el caso de los Notarios de Fe  Publica, tendrían que ser obligados a instalar en sus oficinas Internet con software  y hardware compatibles a los del Consejo de la Judicatura, lo que definitivamente  no puede la entidad tomar medidas coercitivas, señala como ejemplo que los  Notarios de Segunda y Tercera clase, con asiento en provincias y localidades  intermedias, no tienen acceso a la tecnología informática, por eso, no se podría  obligar a situaciones imposibles. Al respecto hace mención al articulo 14 parágrafo  IV de la CPE que dispone: “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a  hacer lo que la Constitución y las Leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas  no prohíban”.  

Respecto a la Información Trimestral requerida por la Resolución Normativa de  Directorio Nº 10.0014.10, sobre la venta de valores notariales, señala que tampoco  es posible otorgarla, debido a que tendría que desarrollarse una aplicación  informática que consolide los registros de las ventas, que se efectúan en Cajas,  tomando en cuenta que son alrededor de 50 en todo el país y en cada una de ellas  se lleva registros independientes, algunos manuales, otros en Excel, etc.

Indica que el articulo 71 de la Ley Nº 2642 (Código Tributario) establece la  obligación de otorgar información sobre datos, informes o antecedentes con  efectos Tributarios, pero, de aquellos hechos o datos que se tengan, no que deban  ser producidos o fabricados para satisfacer las necesidades de la Administración  Tributaria, toda vez que cada entidad tiene sus propios objetivos y que no se puede  delegar obligaciones de una Entidad a otra, y que en consecuencia, considera que  nunca nació el hecho generador de la obligación tributaria, conforme regulan los  artículos 16 y 17 de la Ley Nº 2642, que dice: ”Hecho generador o imponible es el  presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecida por Ley  para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la  obligación tributaria”.  

“Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 1. En las  situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado  las circunstancias materiales previstas por Ley. 2. En las situaciones de derecho,  desde el momento en que están definitivamente constituidas de conformidad con  la norma legal aplicable”. 

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Refiriere que todos esos aspectos se hicieron conocer al Servicio de Impuestos  Nacionales al momento de presentar los descargos al Sumario Contravencional,  que sin embargo no fueron considerados validos, con el simple argumento de que  en fecha 05/04/10 se efectuaron consultas verbales en el Consejo de la Judicatura  de La Paz, a fin de efectuar relevamiento de información estableciéndose que el  Consejo de la Judicatura tiene una serie de información que puede otorgarla.

Señala, que al respecto debe quedar claro que no es posible que se hubiera  emitido una Resolución Normativa de Directorio en base a informes verbales y solo  de una repartición del Concejo de la Judicatura, cuando por Ley, esa institución  tiene una administración central en la ciudad de Sucre, con delegación de algunas  funciones a las representaciones Distritales en cada Departamento además, en  ningún momento el Consejo de la Judicatura acepto o se comprometió remitir esa  información, por la sencilla razón que no la tiene. Menciona que el servicio de  Impuestos Nacionales, debió consultar o consensuar formalmente sobre la  posibilidad real y material de brindar la información. Si bien, se realizaron  reuniones con autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales, solo fueron de  coordinación, pero no se definieron formalmente derechos y obligaciones, pues, no  existe acta, convenio u otro documento, donde el Consejo de la Judicatura, se  comprometa a cumplir con dicha obligación, solamente consta una reunión de  información de fechas 21 de abril de 2010 y 14 de mayo de 2010 donde se explicó  detalladamente las limitaciones que tiene el Consejo de la Judicatura para brindar  la información en la forma y rapidez requerida, por tanto, los argumentos expuestos  sobre el punto en la Resolución Sancionatoria Nº 18-0009 11 de 18 de enero de  2011, no son consistentes ni legales, correspondiendo su revocación.

 

Haciendo relación a períodos de información rectroactiva, Indica que no puede  contener una Resolución Normativa, como la emitida por el Servicio de Impuestos  Nacionales, que haya dispuesto obligaciones tributarias con carácter retroactivo,  puesto que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10 fue emitida en  fecha 2 de julio de 2010, sin embargo en su articulo 7 se establecen plazos de  periodos anteriores a su emisión, hasta 20 de abril, la información de enero,  febrero y marzo, hasta el 20 de julio la información de abril, mayo y junio y hasta el  20 de enero la información de octubre, noviembre y diciembre de la gestión  anterior.

Menciona que esa situación ha dado lugar a que aparentemente el Consejo de la  Judicatura haya incumplido deberes formales al no presentar información, tal como  se menciona en el Auto Inicial de fecha 30 de septiembre de 2010 y la Resolución  Sancionatoria 18-0009 11, retroactivamente y sin considerar si técnicamente esta  el sujeto pasivo, en condiciones de brindar la información requerida o no.

Indica que el pretender aplicar una norma o Resolución con carácter retroactivo, es  vulnerar el principio de irretroactividad de las leyes, establecido en el articulo 123  de la CPE que dispone: “La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto  retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor  de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la  imputada o al imputado; en materia de corrupción para investigar, procesar y  sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del  Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”.

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Refiriere, que todos esos aspectos fueron reclamados y presentados como  descargo ante el Servicio de Impuestos Nacionales, sin embargo, no se consideró  con el argumento confuso de que el plazo de vigencia establecido por el articulo 9  de la citada RND dispone la entrega de información de venta de valores notariales  a partir del segundo trimestre de 2010, cuyo vencimiento se produjo el 20 de julio  de 2010, sobre la información de abril, mayo y junio. Señala, que esos argumentos  no tienen nada que ver con el reclamo de la retroactividad y que solo se ha  pretendido confundir y recubrir un error grave cometido por las autoridades del  Servicio de Impuestos Nacionales, al pretender aplicar una norma  retroactivamente, situación muy preocupante, puesto que las instituciones del  Estado, a través de sus autoridades, están obligadas a responder las peticiones de  los administrados con fundamentos de hecho y derecho, claros y precisos, tal  como disponen los artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento  Administrativo.

Que, por lo mencionado, interpone el presente Recurso de Alzada, solicitando que  luego de los trámites de rigor, se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria  Nº 18.0009.11, y todos los actuados del Sumario Contravencional.

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.  

Mediante Auto de 15 de febrero de 2011, cursante a fojas 10, de obrados es  observado el Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Isaac Von Borries Méndez,  en representación legal del Consejo de la Judicatura, Impugnando la Resolución  Sancionatoria Nº 18-0009-11, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales  Regional Chuquisaca, por no cumplir con el Art. 198 inc. b), c) y e) de la ley 2492  (CTB).

Posteriormente, en fecha 23 de febrero de 2011, por memorial cursante a fojas 16  de obrados, fue subsanado el recurso presentado por Jorge Isaac Von Borries  Méndez, en representación legal del Consejo de la Judicatura.

Mediante Auto de 28 de febrero de 2011, cursante a fojas 17, se ADMITE el  Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Isaac Von Borries Méndez, en  representación legal del Consejo de la Judicatura, contra la Resolución  Sancionatoria Nº 18-0009-11 de fecha 18 de enero de 2011, emitida por el Servicio  de Impuestos Nacionales Regional Chuquisaca, disponiéndose que en el plazo de  quince (15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita  todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios  relacionados con la Resolución Impugnada, en aplicación de lo señalado por el art.  218 inciso b) de la Ley Nº 3092, habiendo sido legalmente notificada la  Administración Tributaria con el citado auto, el 10 de marzo de 2011, conforme  consta en el expediente a fojas 23.

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.  

En el término legal de quince días, computables a partir de su notificación, el  Servicio de Impuestos Nacionales Regional Chuquisaca, de fojas 26 a 28 de  obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto. Para el efecto, se apersona  la Lic. Maria Gutiérrez Alcón, quien acredita su personería en su condición de  Gerente Distrital a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales Chuquisaca (SIN), con

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la copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-0102-10, de fecha 24 de  febrero de 2010 y solicita se acepte su representación legal, haciéndosele conocer  las providencias que se dicten en el Recurso de Alzada.

La Administración Tributaria señala, que fue notificada con el Recurso de Alzada  interpuesto por Jorge Isaac Von Borries Méndez, en representación legal del  CONSEJO DE LA JUDICATURA y que dentro del plazo establecido por el art. 218º  de la Ley Nº 2492, contesta el recurso en forma negativa amparada para ello, en  los siguientes fundamentos:

Menciona, que el Servicio de Impuestos Nacionales, en su calidad de  Administración Tributaria en uso de las facultades franqueadas por ley, emitió la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10 de fecha 02 de julio de 2010, a  través del cual designó al CONSEJO DE LA JUDICATURA, como Agente de  Información estableciendo la naturaleza y forma de la información a ser enviada a  la Administración Tributaria.

Señala, que en la referida Resolución Normativa de Directorio, se establece que el  Consejo de la Judicatura, en calidad de agente de información debe remitir al  Servicio de Impuestos Nacionales, información relativa a la venta de valores  judiciales de manera trimestral, tomando en cuenta las siguientes fechas de  vencimiento: 1) para el primer trimestre del año (enero, febrero y marzo) hasta el  20 de abril del respectivo año; 2) para el segundo trimestre (abril, mayo y junio)  hasta el 20 de julio; 3) para el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) hasta el  20 de octubre y 4) para el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) hasta  el 20 de enero del año siguiente.

Indica, que de acuerdo al art. 9º de la Resolución Normativa de Directorio Nº  10.0014.10, la información correspondiente al trimestre abril, mayo y junio de 2010,  debió ser presentada hasta el 20 de julio del referido año. Menciona que el Consejo  de la Judicatura, titular del NIT 1000761025, incumplió con la obligación  establecida, no enviando la respectiva información. Por este motivo, el Servicio de  Impuestos Nacionales emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  0010592004, disponiendo con este acto el inicio del procedimiento sancionador,  apoyándose para el efecto, en las siguientes bases legales: art. 71 y 162 del  Código Tributario, Ley Nº 2492, art. 40 del DS 27310, Punto 4.3 del numeral 4 del  Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.

Refiriere que en plazo previsto por ley, el recurrente presento sus descargos, los  cuales una vez valorados fueron considerados como no válidos por la  Administración Tributaria, en consecuencia se emitió la Resolución Sancionatoria  Nº 18-0009 11 de fecha 18 de enero de 2011, acto administrativo que impuso la  sanción de UFV`s 5.000.- (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda).

Contestando en forma negativa al recurso, señala, que de acuerdo al contenido y  argumentos ambiguos del memorial del recurso, no saben con certeza si el  recurrente impugna la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10 de fecha  02 de julio de 2010 o si impugna la Resolución Sancionatoria Nº 18-0009 11, de 18  de enero de 2011. Esa situación les obliga a señalar que el recurso de alzada no  es la vía legal, prevista para impugnar una resolución normativa de directorio,  indica que si el recurrente pretende dejar sin efecto esa normativa debe iniciar la

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acción legal que en derecho corresponda, pero reiteran que un recurso de alzada  no tiene ese objeto.

Mas adelante menciona que en cuanto a la facultad del Presidente Ejecutivo del  Servicio de Impuestos Nacionales para emitir Resoluciones Normativas de  Directorio, el Inc. p) del Art. 19º del Decreto Supremo Nº 26462 claramente  establece que en caso de emergencia, este puede tomar acciones de competencia  del directorio cuando la circunstancias lo justifiquen. Indica que actualmente el  Servicio de Impuestos Nacionales no cuenta con un directorio en ejercicio, y que  esa situación se viene arrastrando desde la gestión 2005. Asimismo, señala que es  perfectamente comprensible que ante esa ausencia (de directorio) el Servicio de  Impuestos Nacionales, en su condición de Administración Tributaria no puede dejar  de ejercer sus amplias facultades de control y fiscalización, caso contrario esa  situación ocasionaría un grave e irreparable perjuicio al Estado, toda vez que se  dejaría en estado de cesación de actividades a esa entidad, que cumple una  función trascendental para los intereses estatales como lo es la fiscalización y  control del pago de impuestos en el territorio nacional. Refiere, que la parte  recurrente debe apreciar que esa institución no cumple sus funciones de control y  fiscalización por intransigencia, sino porque es un mandato constitucional, que  tiene que ver directamente con el sostenimiento del aparato estatal. Señala que es  justamente en ese punto que recae la imperante necesidad de cumplirse con esas  funciones, es decir que al no existir directorio no poderse paralizar el ejercicio de  las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo ante la  situación plenamente justificable, toma acciones de competencia del directorio.  Indica que para finalizar ese punto, hacen notar que la solicitud efectuada por el  recurrente en sentido de que se revoque la Resolución Normativa de Directorio Nº  10.0014.10 de fecha 02 de julio de 2010 carece de todo fundamento legal, ya que  como lo indican este tipo de Resolución no puede ser impugnada mediante recurso  de alzada y consiguientemente la autoridad que resuelve este recurso no esta  facultada para revocar una resolución de esa naturaleza.

Señala, que otro aspecto que se debe tener en cuenta en la Resolución del  presente recurso, está referido a que el recurrente en el memorial del recurso,  afirma expresamente que: “no observa la obligación que tiene para constituirse en  un agente de información, porque así lo establece el articulo 71º de la Ley Nº 2492  Código Tributario”. Que en ese comprendido, el elemento a subrayar tiene que ver  con el hecho de que inicialmente el recurrente reconoce que la Administración  Tributaria tiene la facultad de designarle como agente de Información, que sin  embargo contradictoriamente a esa confesión, objeta que Impuestos Nacionales,  establezca la forma y plazo de cumplimiento cuando la norma citada por el mismo  (art. 71 del Código Tributario), dice en su parágrafo II que: “Las obligaciones a que  se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por los agentes de  información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida  reglamentariamente“. 

Sobre la imposibilidad alegada por el recurrente, menciona que en ningún  momento se solicito que el Consejo de la Judicatura requiera a los notarios de fe  publica, den testimonio de las escritura publicas ni nada por el estilo, por lo que no  es aplicable el art. 34º de la Ley de Notario, sino que únicamente les pidió  información relativa a la venta de valores notariales, y toda vez que el recurrente  quien efectúa las ventas correspondientes no constituye de ninguna manera, esa  obligación de imposible cumplimiento.

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En relación al criterio del recurrente en sentido que hubiera correspondido designar  directamente a los notarios de fe pública como agentes de información, señala, que  el espíritu del art. 71 del Código Tributario, busca que la Administración Tributaria  pueda llevar un control cruzado para fiscalizar el pago de tributos de los  contribuyentes, en este caso los notarios de fe pública, que a través de la  información proporcionada por terceros, (caso del Consejo de la Judicatura), se  llegue a establecer hechos generadores de tributos, que constituye una efectiva  tarea de fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales. De esta manera no  tendría ningún sentido designar al mismo contribuyente como agente de  información ya que el objetivo fundamental de este articulo es realizar un control  cruzado a través de terceras personas. La designación directa al contribuyente  como agente de información desnaturalizaría completamente el control cruzado de  la Administración Tributaria.

Por otro lado manifiesta que la venta de valores notariales se encuentra  establecida en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10, y no  representa mayor complejidad en su elaboración, tomando en cuenta que es el  Consejo de la Judicatura el encargado de efectuar la venta de tales valores y  cuenta con toda la información pertinente como se habría señalado en informe  CITE: SIN /GNF/DNIF/INF/428/2010 (fojas 16 del expediente sancionatorio) en el  que se evaluaron los descargos que en su momento fueron presentados por el  recurrente.

En cuanto a la mención, de que nunca nació el hecho generador de la obligación  tributaria, señala que mediante la Resolución Sancionatoria Nº 18-009-11,  Impuestos Nacionales no pretende cobrar ningún tributo al Consejo de la  Judicatura, sino que mediante acto administrativo se impuso una sanción tributaria,  ya que habiendo sido designado como agente de información con toda la fuerza  legal del caso, éste incumplió con la obligación de remitir información adecuado su  omisión, a la contravención establecida.

Por ultimo señala, sobre la supuesta aplicación retroactiva de la Resolución  Normativa de Directorio Nº 10.0014.10, que en ningún momento existió tal  situación. Indica que el art. 9º de la resolución normativa, establece que el agente  de información debe presentar la información correspondiente al segundo trimestre  del 2010 (es decir de abril, mayo y junio de 2010), hasta el 20 de julio de 2010. Es  decir, establece una obligación para lo venidero tal y como lo exige la normativa  legal citada por el mismo recurrente (art. 123 de la Constitución Política del  Estado). Que, en ningún momento se establece la obligación para hechos  ocurridos en el pasado, sino como lo hicieron notar, lo hace para un momento  posterior que fue el 20 de julio de 2010. Señala, que la contravención en la que  incurrió el Consejo de la Judicatura, se perfeccionó el día 21 de julio de 2010  cuando omitió en definitiva presentar información, menciona que en tal fecha la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0014.10 se encontraba plenamente  vigente, por lo cual en un cabal ejercicio de la lógica, jamás existió una aplicación  retroactiva de dicha normativa.

Señala, que el memorial de recurso estuvo dirigido a impugnar la Resolución  Normativa de Directorio Nº 10.0014.10 de fecha 02 de julio de 2010, en atención a  las facultades conferidas a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria y en  consideración a no haberse efectuado reclamo valedero contra la Resolución

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Sancionatoria Nº 18-0009 11, solicita el RECHAZO DEL RECURSO DE ALZADA  interpuesto, pidiendo que previos los tramites procesales establecidos para el  efecto, se digne dictar Resolución, en aplicación del art. 212 inc. b) del Código  Tributario, CONFIRMANDO la citada resolución sancionatoria.

  1. FASE PROBATORIA. 

Mediante auto de apertura de plazo probatorio, de 24 de marzo de 2011, cursante a  fojas 29 del expediente, se sujeta el proceso a un plazo probatorio de veinte (20) días  comunes y perentorios, notificándose el mismo día tanto al recurrente como a la  Administración Tributaria, conforme consta en las diligencias cursantes a fojas 30 y 31  de obrados.

Durante la vigencia del plazo probatorio la Administración Tributaria presentó memorial  en fecha 13 de abril de 2011 indicando que se tenga por ratificada toda la prueba  documental presentada en fecha 24 de marzo de 2011, a tiempo de responderse el  recurso de alzada. Por otro lado, la parte recurrente no ofreció prueba alguna.

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaria de Cámara  de la ARIT-CHQ, que cursa de fojas 36 a 37 de obrados, se conoce que el plazo para la  emisión de la resolución de Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210  parágrafo III de la Ley Nº 2492 fenece el 30 de mayo de 2011, por lo que la presente  Resolución es emitida dentro del plazo.

Dentro del plazo previsto por el artículo 210 parágrafo II de la Ley 2492, se advierte  que la Administración Tributaria presenta alegatos escritos en la que reitera su  solicitud en sentido de que se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-11,  de 18 de enero de 2011, por ajustarse este acto administrativo a las disposiciones  legales vigentes que rige la materia. Por su lado el recurrente no formuló alegatos  orales ni escritos.

  1. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACION  TRIBUTARIA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, a mérito de lo  dispuesto en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1º  de abril de 2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente  Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la  Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido  a que el procedimiento de impugnación contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-

11, se inicio en fecha 14 de febrero de 2011, conforme consta por el cargo de recepción  cursante a fojas 6 del expediente.

En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o  material corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento  administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492 en base al  principio “tempus regis actum”, y demás normas reglamentarias conexas a la vigencia  del hecho.

VII. RELACION DE HECHOS. 

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Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de  hechos:

En fecha 30 de septiembre de 2010, tal como consta a fojas 1 del Cuadernillo de  Antecedentes Nº 3 (SIN-Chuquisaca), se dispone el inicio del Sumario Contravencional  en contra del contribuyente Consejo de la Judicatura, con NIT 1000761025, por que  incumplió con la presentación del detalle de los valores notariales vendidos a los  notarios de fe publica, correspondiente al trimestre comprendido por los meses de abril,  mayo y junio de 2010, que dicha información debió ser presentada en medio magnético  a la Administración Tributaria en fecha 20 de julio de 2010, en cumplimiento al art. 9 de  la RND Nº 10-0014-10 de fecha 02 de julio de 2010, que dicho acto constituye  incumplimiento al deber formal relacionado con el deber de información, contraviniendo  de esta manera lo dispuesto por los artículos 71 y 162 de la Ley Nº 2492 CTB,  concordante con el artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 y sujeto a la sanción  (Título IV de la Ley Nº 2492 CTB), prevista en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo A  de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14/12/2007, sancionado  posteriormente, con una multa de 5.000 UFV´s, concediéndole el plazo de 20 días  según el art. 168 de la Ley 2492 del CTB, para la presentación de sus descargo,  notificado –el contribuyente- mediante cédula en fecha 04 de octubre de 2010 (foas 10  del Cuadernillo de Antecedentes), firmando en señal de haber recibido el Auto Inicial de  Sumario Contravencional, el Abog. Hernán C. Montes Castro, Secretario Jurídico  Plenario del Consejo de la Judicatura.

En fecha 25 de octubre de 2010, el contribuyente Consejo de la Judicatura,  representado legalmente por Rodolfo Mérida Rendón, presenta memorial señalando  que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-10, pretende aplicar plazos con  carácter retroactivo, y el Auto Inicial de Sumario Contravencional, intenta establecer  responsabilidades y sanciones en contra del Consejo de la Judicatura, por periodos  retroactivos (abril, mayo y junio de 2010), aspecto que no corresponde y deben ser  dejados sin efecto, por mandato expreso de la Ley, menciona que no existe  fundamento legal para haber iniciado un Sumario Contravencional en contra del  Consejo de la Judicatura, porque la base de ese Sumario es la Resolución Normativa  de Directorio Nº 10-0014-10, que fue suscrita por una autoridad que no tiene  competencia para ello, indicando que excepcionalmente y en caso de urgencia pueden  ser firmadas por el Presidente, caso que no es el analizado y que por otro lado en el  fondo de la Resolución se establecen obligaciones indebidas e imposibles de cumplir,  que no pueden ser exigidas a ninguna persona natural o jurídica y que además se  incluyen obligaciones con carácter retroactivo, lo que contraviene, no solo el carácter  jurídico administrativo sino fundamentalmente la Constitución Política del Estado (fojas  11 y 12 del Cuadernillo de Antecedentes).

Cursa a fojas 14 a 15 del Cuadernillo de Antecedentes, se encuentra la respuesta  recibida el 21 de diciembre de 2010, referida a consulta jurídica sobre la validez de la  RND Nº 10-0014-10 y el mismo señala que no se trata de una norma con efectos  retroactivos que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-10, de fecha 02 de  julio 2010, es respetuosa de los principios de legalidad, seguridad jurídica y de  irretroactividad por dispones obligaciones a futuro. Recalcando la validez y legalidad del  art. 9 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-10, de fecha 02 de julio de  2010, conforme los argumentos jurídicos señalados precedentemente, indicando que  no tiene asidero jurídico los argumentos presentados en el memorial de descargo del  Consejo de la Judicatura.

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A fojas 16 del Cuadernillo de Antecedentes, cursa el Informe CITE:  SIN/GNF/DNIF/INF/428/2010 de 28 de diciembre de 2010, en el que la Administración  Tributaria en su punto II Conclusiones y Recomendaciones recalca la validez y  legalidad del artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-10 de  fecha 2 de julio de 2010, conforme a los argumentos jurídicos señalados, no teniendo  ningún asidero jurídico los argumentos presentados en el memorial de descargo del  Consejo de la Judicatura, y al no haberse hecho el pago del AISC y no haber  presentado los descargos válidos que desvirtúe la contravención dentro del plazo  establecido, la AISC fue remitido al Departamento Técnico Jurídico y Cobranza  Coactiva de la Gerencia Distrital Sucre.

En fecha 18 de enero de 2011, la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos  Nacionales Regional Chuquisaca (fojas 19 del Cuadernillo de Antecedentes), emitió la  Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-11, que resuelve sancionar al contribuyente  Consejo de la Judicatura, con NIT 1000761025 con una multa de 5.000 UFV´s (CINCO  MIL UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), y que dentro de los (20) veinte días  de su legal notificación el contribuyente podrá impugnar la misma en la vía  administrativa ante la ARIT y por la vía jurisdiccional ante el Juzgado de Partido  Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la Capital en el plazo de 15 días, caso  contrario, deberá proceder a la cancelación de la multa en cualquier banco autorizado.

Con la citada Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-11, de fecha 18 de enero de 2011,  el Consejo de la Judicatura, representado legalmente por Ortiz Linares Julio, fue  notificado mediante cédula en fecha 25 de enero de 2011 (fojas 25 del Cuadernillo de  Antecedentes), habiendo optado por interponer dentro del plazo legal de los veinte (20)  días el presente Recurso de Alzada, que es objeto de análisis.

VIII. MARCO LEGAL.  

Ley Nº 2492 – Código Tributario 

Artículo 65.- (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria  por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa  declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente  conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.

Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las  siguientes facultades específicas:

  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;
  2. Determinación de tributos;
  3. Recaudación;
  4. Cálculo de la deuda tributaria;
  5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente  establecida en este Código;
  6. Ejecución tributaria;
  7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago;
  8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el  Artículo 145° del presente Código;

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  1. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;

Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones  tributarias del sujeto pasivo:

  1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios,  plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos  previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.  2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los  datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación  tributaria.
  2. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se  considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo.  4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros  generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o  instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas  respectivas.
  3. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le  correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin  embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas  tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.
  4. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,  fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria,  observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y  demás disposiciones.

Artículo 71.- (Obligación de Informar).

  1. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está  obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o  antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas,  profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente  por la Administración Tributaria.
  2. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por  los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será  establecida reglamentariamente.

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en:  disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de  funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.

  1. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la  comprobación de su propia situación tributaria.

Artículo 73.- (Obligaciones de los Servidores Públicos). Las autoridades de todos los  niveles de la organización del Estado cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en  general ejerzan funciones públicas, están obligados a suministrar a la Administración  Tributaria cuantos datos y antecedentes con efectos tributarios requiera, mediante  disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos y a prestarle  a ella y a sus funcionarios apoyo, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.

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Para proporcionar la información, los documentos y otros antecedentes, bastará la  petición de la Administración Tributaria sin necesidad de orden judicial. Asimismo,  deberán denunciar ante la Administración Tributaria correspondiente la comisión de  ilícitos tributarios que lleguen a su conocimiento en cumplimiento de sus funciones.

A requerimiento de la Administración Tributaria, los juzgados y tribunales deberán  facilitarle cuantos datos con efectos tributarios se desprendan de las actuaciones  judiciales que conozcan, o el acceso a los expedientes o cuadernos en los que cursan  estos datos. El suministro de aquellos datos de carácter personal contenidos en  registros públicos u oficiales, no requerirá del consentimiento de los afectados.

ARTÍCULO 76°.- (Carga de la Prueba).

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer  valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende  por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando  estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración  Tributaria.

En consecuencia respecto de la ausencia de estas pruebas, Los actos de la  Administración Tributaria Aduanera por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos  y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los  procesos que este Código establece.

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente  conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.

Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá  indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e  investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

  1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como  cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales,  aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y  programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se  utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida  en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o  la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II.  3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos,  explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio  inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios  tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas  francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así  como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías,  incluso durante su transporte o tránsito.
  2. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la  función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a  operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos  elaborados por profesionales especializados en la materia.
  3. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones  tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.

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Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

Numeral 5. Incumplimiento de otros deberes formales;

Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales).

  1. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el  presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones  normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta  Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a Cinco Mil Unidades de  Fomento de la Vivienda (5.000 UFV’s). La sanción para cada una de las conductas  contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

LEY Nº 2341 de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 5.- (Competencia).- I. Los órganos administrativos tendrán competencia para  conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte  expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones  reglamentarias.

  1. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable,  inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o  avocada conforme a lo previsto en la presente Ley.

DECRETO SUPREMO Nº 27310. 

Artículo 40.- (Incumplimiento a Deberes Formales)  

  1. Conforme lo establecido por el parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley Nº 2492, las  Administraciones Tributarias dictaran las resoluciones administrativas que contemplen  el detalle de las sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas  como incumplimiento a los deberes formales.

LEY Nº 2166 

  

Artículo 6.- (Conformación). El Directorio es la máxima autoridad normativa del  Servicio de Impuestos Nacionales, responsable de definir sus políticas, estrategias,  planes y programas administrativos y operativos, así como el seguimiento y supervisión  de su ejecución de acuerdo con lo establecido en al presente Ley. El Directorio estará  conformado por el Presidente Ejecutivo y cinco directores.

Artículo 9.- (Atribuciones). El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales tendrá  las siguientes atribuciones:

  1. i) Dictar resoluciones de Directorio para facilitar y operativizar las actuaciones  tributarias, estableciendo los procedimientos que se requieren para el efecto.

Artículo 14.- (Atribuciones). Son atribuciones del Presidente Ejecutivo las siguientes:   m) De manera general ejercer todas las facultades que el Código Tributario y las  disposiciones legales le asignen.

 

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DECRETO SUPREMO Nº 26462  

  

Artículo 10.- (Atribuciones). En el marco establecido en el Artículo 9 de la Ley Nº  2166, el Directorio del SIN podrá: Dictar

  1. i) Resoluciones Normativas de Directorio.- Se dictarán, cuando se trate de decisiones  aprobando normas administrativas reglamentarias de carácter general a los efectos de  la aplicación de las leyes y demás disposiciones en materia tributaria y entrarán en  vigencia a partir de su publicación.

 

Artículo 19.- (Presidente Ejecutivo Atribuciones). El Presidente Ejecutivo, como  máxima autoridad ejecutiva del SIN y en el marco de sus atribuciones establecidas en  el Artículo 14 de la Ley Nº 2166 deberá:

  1. a) Ejercer las funciones de Presidente del Directorio del SIN
  2. p) Tomar acciones inmediatas de carácter excepcional en casos de emergencia, cuya  competencia corresponda al Directorio, cuando las circunstancias los justifiquen, bajo  aprobación posterior de éste:

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0037-07.   

  1. A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL.  
  2. Deberes Formales Relacionados Con El Deber de Información

4.3 Entrega de toda la información veraz en los plazos, formas medios y lugares  establecidos en normas específicas para los agentes de información. Sanción por  incumplimiento a deber formal persona natural o jurídica 5.000 UFV´s.

LEY Nº 3092 – TITULO V DEL CODIGO TRIBUTARIO. 

Artículo 212.- (Clases de Resolución). 

  1. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser:
  2. a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido.
  3. b) Confirmatorias; o
  4. c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo.
  5. FUNDAMENTOS TECNICOS JURIDICOS.  

  

 La parte recurrente CONSEJO DE LA JUDICATURA por intermedio de su presidente  Jorge Isaac Von Borries Méndez, impugna la Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-11,  de fecha 18 de enero de 2011, en base a los argumentos descritos en su memorial de  Recurso de Alzada. Por su parte la Administración Tributaria responde en forma  negativa a las pretensiones del recurrente, rechazando los argumentos esgrimidos en  el Recurso de Alzada.

En consecuencia con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde pronunciarse  sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de  rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se  establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en  base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos durante la  tramitación del presente Recurso de Alzada.

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En principio el recurrente, Consejo de la Judicatura, representado legalmente por Jorge  Isaac Von Borries Méndez, señala que fue notificado en fecha 04 de octubre de 2010,  con el Auto Inicial de Sumario Contravencional por el presunto incumplimiento a la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-10, que establece la obligación de  presentar el detalle de los valores notariales vendidos a los Notarios de Fe Publica,  correspondiente al segundo trimestre abril, mayo y junio de 2010, implicando un  incumplimiento a deberes formales, conforme a los Artículos 71 y 162 de la Ley Nº  2492, derivando en una sanción de 5.000 UFV´s, y que ante este acto administrativo, el  Consejo de la Judicatura, presentó descargos que no fueron considerados como  válidos. Posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-11, notificada  mediante cédula.

9.1. Con relación a la Nulidad de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-10,  a consecuencia de la presunta incompetencia por parte del Presidente Ejecutivo  del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

El sujeto pasivo, cuestiona el exceso de atribuciones por parte del Presidente  Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, al haber suscrito la Resolución  Normativa de Directorio Nº 10-0014-10, ya que de acuerdo al inciso p) del Artículo  19 del Decreto Supremo Nº 26462, debe existir justificación que demuestre una  urgencia para que el Presidente Ejecutivo suscriba dicha resolución y en el  presente caso solo se trataba de designar como Agente de Información al Consejo  de la Judicatura y que dicho suceso no se constituye en un acto de emergencia,  sino un acto regular y que al no haber sido firmado por el Directorio en pleno del  Servicio de Impuestos Nacionales se evidencia usurpación de funciones por parte  del Presidente Ejecutivo del SIN, porque no existe norma alguna que disponga la  ampliación de funciones o competencias siendo en consecuencia nula la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-10, reclamo que se fundamenta en  aplicación del artículo 122 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Entrando al análisis de este reclamo, conviene hacer referencia a la Ley Nº 2166  que en su artículo 6 señala que el Directorio es la máxima autoridad normativa del  Servicio de Impuestos Nacionales y que estará conformado por el Presidente  Ejecutivo y cinco directores. Por otra parte el inciso i) del Artículo 9 de la misma  Ley, le otorga la atribución de dictar resoluciones de Directorio para facilitar y  operativizar las actuaciones tributarias, estableciendo los procedimientos que se  requieren para el efecto.

En la sección II de la Ley Nº 2166, referida al Presidente Ejecutivo, propiamente en  el Artículo 14 (Atribuciones), el inciso i) indica que una de sus atribuciones, es dictar  resoluciones administrativas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el  Código Tributario; así también, el inciso m) le otorga ejercer de manera general  todas las facultades que el Código Tributario y las disposiciones legales le asignen.

Complementando este marco normativo, se tiene el Decreto Supremo Nº 26462  que en su artículo 9 hace referencia a la Composición del Directorio del SIN,  que consiste en Un Presidente, Un Vicepresidente y Cuatro Directores. El  Artículo 10 del referido Decreto Supremo indica las atribuciones del Directorio  entre las principales aplicadas al presente caso son: a) Dictar Resoluciones de  Directorio, así como normas de uso interno que no sean de observancia  obligatoria para los contribuyentes, en la forma establecida en su Reglamento y  de acuerdo a lo siguiente: (i) Resoluciones Normativas de Directorio.- Se

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dictarán, cuando se trate de decisiones aprobando normas administrativas  reglamentarias de carácter general a los efectos de la aplicación de las leyes y  demás disposiciones en materia tributaria y entrarán en vigencia a partir de su  publicación. De la misma forma el artículo 19 del referido Decreto Supremo  hace referencia a las atribuciones del Presidente Ejecutivo y entre ellas está el  inciso a) Ejercer las funciones de Presidente del Directorio del SIN y p) Tomar  acciones inmediatas de carácter excepcional en casos de emergencia, cuya  competencia corresponda al Directorio, cuando las circunstancias los  justifiquen, bajo aprobación posterior de éste.

En base a este marco normativo referido, se evidencia la competencia plena  del Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, para emitir la  normativa cuestionada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-10 emitida en fecha 2 de julio de 2010, cumpliendo lo establecido en el artículo 5  de la Ley Nº 2341 (LPA), en consecuencia esta Instancia Administrativa no  evidencia usurpación de funciones y que además existen antecedentes como  ser el inciso a) del numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio Nº  09-0011-02, que faculta al Presidente Ejecutivo a suscribir Resoluciones  Normativas de Directorio, con el antecedente de que el Servicio de Impuestos  Nacionales no cuenta en la actualidad con un Directorio que asuma funciones  normativas; es el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales  quien asume esa responsabilidad.

Que, estando aclarada y establecida las facultades del Presidente Ejecutivo del  Servicio de Impuestos Nacionales para emitir Resoluciones Normativas de  Directorio se desvirtúa la nulidad alegada por la parte recurrente  estableciéndose legalidad, legitimidad y aplicación plena de la Resolución  Normativa de Directorio Nº 10-0014-10 de fecha 02 de julio de 2010.

 

9.2. Con relación a la inaplicabilidad de la Resolución Normativa de Directorio Nº  10-0014-10, al Consejo de la Judicatura.  

El recurrente afirma que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-10,  contiene obligaciones indebidas, inaplicables e imposibles de ser cumplidas por el  Consejo de la Judicatura, por otra parte manifiesta, que no observa la obligación  para constituirse en un Agente de información como dispone al Artículo 71 de la  Ley Nº 2492, sino lo que observa es que la referida resolución impone al Consejo  de la Judicatura, ser agente de información de otro sujeto pasivo de la obligación  tributaria, sin considerar las limitaciones legales de los sujetos pasivos (Notarios),  que exige información sobre las escrituras y valores notariales que venden a los  Notarios de Fe Pública en formatos digitales, información que no puede ser  accedida en virtud al Artículo 34 de la Ley del Notariado y que el formato de dicha  información debió ser diseñado en función al principio de reserva.

Otro aspecto que señala es que el Consejo de la Judicatura no tiene relaciones  económicas ni financieras con los Notarios, solo ejerce control administrativo y  disciplinario, que por ese motivo la Administración Tributaria debería pedir  directamente la información a los Notarios de Fe Publica y designarles como  agentes de información y no imponer obligaciones que no le corresponden al  Consejo de la Judicatura, ni como sujeto pasivo ni como tercero responsable,  argumento que respalda en el parágrafo IV de artículo 14 de la Constitución Política  del Estado Plurinacional.

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Indica que la Información Trimestral sobre la venta de valores notariales tampoco  es posible otorgarla debido a que no tienen una aplicación informática que  consolide todos los registros de las ventas que se efectúan en Cajas. Señala que el  artículo 71 de la Ley Nº 2492 establece la obligación de informar sobre datos,  informes o antecedentes con efectos tributarios, pero de aquellos hechos o datos  que se tenga, no que deban ser producidos o fabricados para satisfacer las  necesidades de la Administración Tributaria, considera que nunca nació el hecho  generador de la obligación tributaria conforme a los artículos 16 y 17 de la referida  Ley Nº 2492, cuando erradamente indica la Ley Nº 2642. Sostiene que en ningún  momento el Consejo de la Judicatura aceptó o se comprometió remitir información  porque no la tiene, y que la Administración Tributaria, debió consultar o consensuar  formalmente sobre la posibilidad real y material de brindar información.

Admite que las reuniones que se realizaron con la Administración Tributaria, solo  fueron de coordinación y que no se definieron formalmente derechos y obligaciones  al Consejo de la Judicatura y que los argumentos expuestos sobre el punto de la  Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-11, no son consistentes ni legales.

 

En el presente reclamo la parte recurrente contradictoriamente afirma que no  observa la obligación que tiene para constituirse en un Agente de Información,  haciendo referencia al artículo 71 de la Ley Nº 2492, afirmación que contradice lo  sustancial de su reclamo, ya que admite que puede constituirse en Agente de  Información en virtud a la normativa a la que hace referencia, pero por otro lado  objeta la Resolución Normativa de Directorio indicando que ésta contiene  obligaciones indebidas, inaplicables e imposibles de ser cumplidas por el Consejo  de la Judicatura. Al respecto de antecedentes del Cuadernillo Nº 1 (SIN), a fojas 16  se encuentra el Informe CITE: SIN/GNF/DNIF/INF/428/2010, de fecha 28 de  diciembre de 2010, mediante este acto administrativo se da cuenta que el Consejo  de la Judicatura tuvo conocimiento anticipado de que la Administración Tributaria  iba a designarle como Agente de Información ya que de acuerdo a este Informe en  fecha 05/04/10, se efectuaron consultas verbales en el Consejo de la Judicatura de  la ciudad de La Paz, a fin de efectuar el Relevamiento de información, sobre las  operaciones que realizan los Notarios de Fé Pública, que consisten en índices  sinópticos impresos en medio magnético que presentan anualmente a la Corte de  Distrito y que son remitidos a Sucre, a la Gerencia de Servicios Judiciales, índices  sinópticos que son usados por el Consejo de la Judicatura para realizar  estadísticas. También se determinó que los valores notariales son vendidos a los  notarios a nivel nacional a través del Departamento Financiero del Consejo de la  Judicatura, emitiendo por cada venta de formularios y carátulas un recibo y que  estos valores notariales cuentan con un número impreso correlativo único que sirve  de control para identificar que números de valores fueron vendidos a determinado  Notario de Fe Publica y que para intervenir en esta labor cuentan con un sistema  informático, es en base a estos elementos que se evidencia que el Consejo de la  Judicatura, cuenta con información referida a la venta de valores notariales y así  también la parte recurrente admite tener conocimiento de los mismos cuando  afirma en su memorial de alzada que, existió reuniones de coordinación con  Autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales, en fechas 21 de abril y 14 de  mayo de 2010, constituyéndose en antecedentes que desvirtúan los reclamos de la  parte recurrente con relación a la imposibilidad de asumir responsabilidades como  agente de información.

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Por otra parte, entrando al análisis de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10- 0014-10, no señala en ninguno de sus artículos que el Consejo de la Judicatura  sea agente de información de otro sujeto pasivo de la obligación tributaria, es  evidente que en sus Artículos 4 y 5 el agente de información designado debe  utilizar formatos para informar el detalle de las escrituras notariales y la venta de  valores notariales a los Notarios de Fe Pública, por otra parte se debe tener  presente que de los antecedentes que cursan en obrados se establece con claridad  que la parte recurrente impugna la Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-11, y de la  lectura y contenido de este acto administrativo se evidencia que específicamente  sanciona un incumplimiento a deber formal relacionado con el deber de información  de la venta de valores notariales a Notarios de Fe Pública, y que dicho  incumplimiento generó una Contravención Tributaria por parte del Consejo de la  Judicatura, siendo sancionada con una multa de 5.000 UFV´s (CINCO MIL 00/100  UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) de acuerdo a lo establecido por la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037- 07 Artículo 4 Anexo A) numeral  4.3.

Al respecto para establecer con claridad en que consiste un incumplimiento de  deberes formales, cabe anotar que el tratadista Dino Jarach, en su texto Finanzas  Públicas y Derecho Tributario, p. 424, explica que: “Se denominan deberes  formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las  autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley  impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la  administración en el desempeño de sus cometidos.

En ese entendido, el incumplimiento de deberes formales, como las infracciones  predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación de la norma  formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió  intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no  obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad  material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese  prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo, tal  como enseña Héctor Villegas, en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero  y Tributario” 9° Edición, p. 548.

Nuestro Ordenamiento Jurídico Tributario boliviano clasifica los ilícitos tributarios en  2 grupos, en Contravenciones Tributarias y Delitos Tributarios, las contravenciones  tributarias consisten en infracciones de carácter formal o material que por su menor  gravedad reciben sanciones únicamente de carácter patrimonial y administrativo. El  Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492 regula y clasifica las contravenciones  tributarias. Dichas contravenciones se advierten en el artículo 160 del Código  Tributario, en aplicación al caso presente tipificadas en el num. 6) del referido  cuerpo normativo, también el parágrafo I. del artículo 162, hace referencia a la  cuantificación ó parámetro de las sanciones para el incumplimiento de los deberes  formales que irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (50.- UFV`s)  a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda (5.000.-).

Por los antecedentes mencionados se establece con claridad que lo único que  sanciona la resolución impugnada es el incumplimiento de información de la venta  de valores notariales a Notarios de Fe Pública, aspecto que desvirtúa totalmente  varios puntos de reclamo con carácter subjetivo realizados por la parte recurrente.

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Entrando al fondo del reclamo en el presente proceso administrativo sancionador,  cabe establecer que la Ley Nº 2492 en sus artículos 66 y 100 le otorgan amplias  facultades a la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e  investigar entre ellas exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información  necesaria así como cualquier libro, documentos con efectos tributarios, también el  mismo ordenamiento jurídico tributario hace referencia a los Agentes de  Información en el artículo 71 que señala: “(Obligación de Informar) I. Toda persona  natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a  proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o  antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas,  profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido  expresamente por la Administración Tributaria. II. Las obligaciones a que se refiere  el parágrafo anterior, también serán cumplidas por los agentes de información cuya  designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida reglamentariamente.

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en:  disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de  funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.

El artículo 73 del mismo cuerpo legal, Ley Nº 2492, tipifica también las Obligaciones  de los Servidores Públicos y señala que: “Las autoridades de todos los niveles de la  organización del Estado cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en general  ejerzan funciones públicas, están obligados a suministrar a la Administración  Tributaria cuantos datos y antecedentes con efectos tributarios requiera, mediante  disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos y a  prestarle a ella y a sus funcionarios apoyo, auxilio y protección para el ejercicio de  sus funciones. Para proporcionar la información, los documentos y otros  antecedentes, bastará la petición de la Administración Tributaria sin necesidad de  orden judicial. Asimismo, deberán denunciar ante la Administración Tributaria  correspondiente la comisión de ilícitos tributarios que lleguen a su conocimiento en  cumplimiento de sus funciones. A requerimiento de la Administración Tributaria, los  juzgados y tribunales deberán facilitarle cuantos datos con efectos tributarios se  desprendan de las actuaciones judiciales que conozcan, o el acceso a los  expedientes o cuadernos en los que cursan estos datos. El suministro de aquellos  datos de carácter personal contenidos en registros públicos u oficiales, no requerirá  del consentimiento de los afectados.

 

Bajo el marco normativo citado se establece con bastante claridad la obligación que  tienen los agentes de información, en consecuencia el Consejo de la Judicatura  está en la obligación de presentar información a la Administración Tributaria por la  Venta de valores notariales a Notarios de Fe Pública, así lo establece  principalmente la normativa especial en su artículo 3 de la Resolución Normativa de  Directorio Nº 10-0014-10.

En síntesis, esta Instancia Administrativa de acuerdo a los antecedentes y  documentos presentados por la Administración Tributaria evidencia que el Agente  de Información Consejo de la Judicatura no ha dado cumplimiento al deber de  informar a la Administración Tributaria, sobre la venta de valores notariales a  Notarios de Fe Pública, originando esta falta una contravención tributaria tipificada  como incumplimiento a deberes formales relacionados con el deber de información,  tipificado en el subnumeral 4.3 del numeral 4 del Anexo A) de la Resolución  Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, que establece una sanción por

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incumplimiento al deber formal, en el presente caso al tratarse de persona jurídica  con una multa de 5.000 UFV`s (CINCO MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A  LA VIVIENDA).

9.3. Con relación a períodos de Información Retroactiva en la Resolución  Normativa de Directorio Nº 10-0014-10.  

La parte recurrente afirma que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014- 10, emitida por la Administración Tributaria, dispone obligaciones tributarias con  carácter retroactivo, porque la referida resolución fue emitida en fecha 2 de julio de  2010, y que en su artículo 7 establecen plazos de períodos anteriores a su emisión,  en lo que concierne al presente proceso administrativo sancionador, indica que se  solicitó la presentación de información hasta el 20 de julio de 2010, por el trimestre  de abril, mayo y junio de 2010, sin haber considerado si técnicamente el sujeto  pasivo se encuentra en condiciones de brindar la información requerida, situación  que según el recurrente vulnera el principio de irretroactividad establecido en el  artículo 123 de la Constitución Política del Estado. Por otra parte también afirma  que los descargos presentados no fueron considerados por la Administración  Tributaria, y que las instituciones del Estado, a través de sus autoridades están  obligadas a responder las peticiones de los administrados con fundamentos de  hecho y de derecho como disponen los artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2341.

Con relación a este reclamo y a modo de ilustración cabe hacer referencia que la  retroactividad tiene sus bases en el Código Civil, básicamente significa aplicar  una ley nueva a los actos del pasado, el profesor Héctor Villegas al respecto  indica que “en derecho se entiende que existe retroactividad de una ley cuando su  acción o poder regulador se extiende a hechos o circunstancias acaecidos con  anterioridad al inicio de su entrada en vigor”. La aplicación retroactiva de la norma  es aquella que se da a los hechos, relaciones y situaciones que tuvieran lugar  antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación  inmediata. Esta modalidad se basa en un principio jurídico en cuya virtud las  normas se proyectan hacia el pasado cuando señalan condiciones más favorables  o benignas para el sujeto. Se trata de una excepción, ya que la nueva ley se aplica  para atrás. Esto significa que la nueva ley se aplica a los hechos ya ocurridos, mas  exactamente se modifican las consecuencias ya generadas por dichos hechos.

Ahora bien, en el presente caso de la revisión de la Resolución Normativa de  Directorio Nº 10-0014-10, se evidencia que la fecha de su emisión es 2 de julio de  2010, y la vigencia de la misma referida a la información de valores notariales es a  partir del segundo trimestre del 2010, y cuyo vencimiento se produce el 20 de julio  de 2010, de acuerdo a los datos de la fecha de emisión de la referida resolución  con la fecha de plazo de entrega de la información se evidencia que la parte  recurrente tuvo el plazo necesario y prudente para cumplir su obligación de informar  lo solicitado por la Administración Tributaria, de estos antecedentes se establece  que no existe ninguna vulneración al principio de retroactividad sino mas bien el  cumplimiento cabal del artículo 123 de la Constitución Política de Estado.

 

En consecuencia el presente reclamo de la parte recurrente carece de veracidad,  además la mala interpretación que hace a las normas tributarias utilizadas como  fundamento son prueba contundente de que no ha cumplido con la carga de la  prueba como establece el ordenamiento jurídico tributario en su artículo 76 de la  Ley Nº 2492, en consecuencia se establece la total licitud de los actos de la

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Administración Tributaria en el presente proceso contravencional, de acuerdo a lo  que determina el artículo 65 de la Ley Nº 2492.

Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde a esta  instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia eminentemente tributaria y  revisando en sede administrativa, se concluye que la parte recurrida en el procedimiento  administrativo sancionador, ha observado adecuadamente la normativa tributaria vigente.

POR TANTO  

El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de Impugnación  Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 de 11 de mayo de  2009 y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de  la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894.

RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 18-0009-11, de fecha 18 de enero  de 2011, emitida por la Abog. María Gutiérrez Alcón, en su condición de Gerente Distrital  Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en base a la explicación jurídica  realizada en la parte considerativa. Todo de conformidad con lo previsto por el artículo 212  inciso b) del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092).

 

Segundo.- DISPONER la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución a  conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario  Boliviano.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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