ARIT-CHQ-RA-0019-2012 Acto Administrativo confirmado por no evidenciar memoriales, en las pruebas de descargo, que ocasionen la indefensión y/o lesión al derecho al debido proceso

ARIT-CHQ-RA-0019-2012

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0019/2012  

RECURRENTE: JOSE ANTONIO CALDERON PAREDES.  

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SIN,  representada legalmente por MARÍA GUTIERREZ ALCON.  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0035/2011.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 13 de febrero de 2012.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Contribuyente: José Antonio Calderón Paredes,  contra el CITE: SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/00671/2011, de 31 de agosto de 2011, emitida  por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN; recurso que es admitido mediante auto de 6  de octubre de 2011, debidamente notificado a la titular de la Administración Tributaria, para  que la Autoridad recurrida, remita todos los antecedentes sobre la Resolución impugnada;  las pruebas literales y documentales presentadas y producida por las partes, autos y  decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, Informe Técnico – Jurídico  ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0019/2012 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente,

CONSIDERANDO  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, acto que  se impugna, trámite procesal y análisis del mismo así como los fundamentos, se tiene lo  siguiente:

  1. DATOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.  

De la lectura del acto administrativo que se impugna, el CITE:  SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/00671/2011, de 31 de agosto de 2011, se colige que es la  respuesta a memoriales que habría presentado la parte recurrente, referidos a expedientes  de la Gestión 2009 Nros. 95, 197, 217, 218, 219, 220, 221, 224 así como de la Gestión  2010, Nros. 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258 y 315, todos  correspondientes a Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria. Ante los mismos, la  Administración Tributaria unifica respuesta y señala que, rige su accionar conforme a la Ley  Nº 2492, en el que no se vulnera ni restringe derecho ni garantía constitucional alguna,  establece que, al ser perentorios los plazos y términos en materia tributaria y al haberse  vencido los mismos y no haberse presentado a la Administración Tributaria en tiempo y  oportunidad los descargos, o haberse interpuesto los recursos pertinentes ante la Autoridad  competente en vía administrativa o jurisdiccional, señala que, no corresponde efectuar el  tratamiento solicitado y que los actos de la Administración Tributaria, por estar sometidos a  la Ley, se presumen legítimos.

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También señala que, no se puede aducir desconocimiento de la deuda tributaria, indefensión  o que recientemente se tomó conocimiento del mismo, porque en fechas anteriores el sujeto  pasivo se apersonó a la Administración Tributaria, a fin de conocer la actualización de su  adeudo tributario y haber efectuado el pago de deudas tributarias correspondientes a  expedientes que fueron notificados en forma conjunta con los que señala no tener  conocimiento y solicitudes de obtención de fotocopias en las que especifica detalladamente  los números de expedientes que dice desconocer. Dicho acto Administrativo es notificado de  acuerdo al artículo 90 de la Ley Nº 2492, tal como consta a fojas 6 del expediente.

  1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos:

Que, la nota CITE: GDCH/DJCC/COA/NOT/000671/2011, de 31 de agosto de 2011, no  cumple con la exigencia prevista en el art. 28 inciso e) y art. 30 inicio a) de la Ley de  Procedimiento Administrativo, porque no tiene fundamento correcto sobre las razones que  indujeron a emitir el acto, incurre en meras generalizaciones, tales como indicar que no  vulnera ni restringe derecho ni garantía constitucional pero, no explica, menos indica porque  considera que no se vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa ampliamente  explicadas en los Recursos Administrativos de Incidentes de nulidad, interpuestos ante la  Gerencia del SIN – Chuquisaca. De la misma forma señala que, no existe una debida  notificación. Con referencia a los hechos y fundamentos de derecho expuesto por el  recurrente mediante memoriales ante SIN – Chuquisaca, que únicamente se reduce a  señalar que al ser perentorios los plazos y términos en materia tributaria y al haberse vencido  los mismos en el presente caso, y no haberse presentado a la Administración Tributaria, en  tiempo y oportunidad los descargos y o interponer los recursos pertinentes señalados en el  Código Tributario, no corresponde efectuar el tratamiento solicitado. Señala también que, los  actos de la Administración Tributaria, por estar sometidos a la ley, se presumen legítimos, sin  considerar que el art. 65 del Código Tributario, realiza esa presunción iuris tantum que  admite prueba en contrario – cuando en Debido Proceso como el que ahora activa, indica  demostrar tremendas irregularidades en las que incurrieron los funcionarios del SIN – CHQ,  vulnerando su derecho a la defensa.

Que, para que la ARIT – CHQ, tenga pleno conocimiento, se llevó adelante en contra de José  Antonio Calderón Paredes, procesos administrativos de determinación tributaria y  contravencionales, en completo desconocimiento de su persona causándole indefensión y  faltas al debido proceso, incurriendo en nulidad de las notificaciones realizadas por no  ajustarse a las normas previstas por ley.

Señala que, en los casos Nº 197, 217, 218, 219, 220, 221 y 224 se indica haberse procedido  a notificar en forma personal al sujeto pasivo, quien se habría rehusado a firmar, aspecto que  es falso debido a que el recurrente se encontraba fuera de la ciudad la fecha de notificación,  que por ello no conoció de manera legal y conforme a procedimiento administrativo tributario  los alcances de los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria, ocasionando indefensión y  lesionando su derecho al debido proceso, conforme a los artículos 115.II y 117.I de la  Constitución Política de Estado y los artículos 68 numerales 6 y 10 del Código Tributario,  correspondiendo la anulación de obrados.

En el Caso 95 indica que, se procedió a notificarle por Cédula sin cumplir con los  requisitos legales exigidos por el art. 85 del Código Tributario. Señala que, en el Primer y  Segundo Aviso de Visita, se hace constar la participación de una supuesta persona Flora  Chucamani, sin que porte Cédula de Identidad, cuestiona la existencia de esta persona,

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duda de dicha actuación, tomando en cuenta que no portaba cédula y tampoco se  establece la edad de la supuesta testigo. En la notificación por cédula, se le hace  participar a Celso Paco, quién es funcionario del SIN – CHQ, aspecto que resta completa  credibilidad su participación. Además se debe considerar que, en este caso, ya se  realizó el pago de Bs. 3.500 conforme se demostrará en fase probatoria, pero que no fue  tomada en cuenta por el SIN – CHQ, advirtiendo su total desconocimiento sobre estos  casos, debido a que se le cobra, dos o tres veces sobre lo mismo.

En el Caso Nº 244 con el Auto de Sumario Contravencional, por omisión de pago Nº 25- 000479, se indica haberse procedido a notificarle en forma personal en fecha 8 de  diciembre de 2009, cuando -el recurrente- no se encontraba en Sucre, por haber dejado  de vivir en ésta ciudad hace mucho tiempo, por lo cual se falta a la verdad. Se realiza  una notificación ilegal, ya que si no se encontraba en su domicilio, lo que correspondía  era una notificación por Cédula. Luego, con la Resolución Nº 18-0015-10, se notifica por  Cédula, previos dos Avisos de Visita, con la supuesta presencia del Testigo de  Actuación, Elsa Arancibia de Calderón, quien se habría rehusado a firmar, incumpliendo  lo previsto por el art. 85.l del Código Tributario, pero en la notificación cedularía se hace  participar como testigo de actuación a Lizeth Ressini, quién es funcionaria del SIN –  CHQ.

En los Casos Nº 245; 246; 247; 249; 250; 251; 252; 253; 254 se procedió a notificarle  con los Autos iniciales de Sumarios Contravencionales por Omisión de Pago Nº 25- 0323-09; 25-0324-09; 25-0300-09; 25-0328-09; 25-000325-09; 25-0321-09; 25-0322-09;  y 25-0330-09 en fecha 6 de noviembre de 2009, cuando el sujeto-pasivo no se  encontraba en Sucre, bajo el argumento falso de haberse rehusado a firmar aspecto a  ser demostrado en el proceso. Por su parte las Notificaciones por cédula de las  resoluciones 18-0084-10; 18-0085-10; 18:0086-10; 18-0088-10; 18-0090-10; 18-0091- 10; 18-0092-10; 18-0070-10 también fuera de lo previsto por Ley, debido a que se hace  participar como testigo de actuación en los primeros y segundos avisos de visita a Elsa  Arancibia de Calderón, quien además se rehusó a firmar, por lo cual no existe  constancia real de esa diligencia. Y en la notificación por cédula, se hace participar como  Testigo de Actuación, a la funcionaria del SIN – CHQ, Lisbeth Ressini.

En el Caso Nº 257 indica con total desconocimiento del recurrente, se realizó un proceso  de Verificación lnterna, bajo la orden de Verificación Nº 1009OVI00025, procediéndose a  notificarlo mediante cédula de la siguiente forma: Primer y Segundo Aviso de Visita se  consignan datos falsos, señalando que, Elsa Calderón Arancibia, se habría rehusado a  firmar, no existe constancia de aquello, tomando en cuenta que participa de manera  oficiosa un Testigo de Actuación, como es Roberto Soreta, funcionario del SIN – CHQ.  Que, dicha notificación por Cédula con la OVl, se hace nuevamente participar a Roberto  Soreta, como Testigo de Actuación, contaminando esa diligencia, restándole validez,  credibilidad y transparencia, tomando en cuenta que dichos funcionarios se convierten  en juez y parte, y se encuentran interesados en que la diligencia así con los errores  descritos, sean considerados válidos, sin tomar en cuenta que aquello causa indefensión  al sujeto pasivo.

También de manera irregular, se procedió a notificar con la Vista de Cargo Nº 012/2010,  porque el Primer, como el Segundo Aviso de Visita, supuestamente fueron entregadas a  Elsa de Calderón, quien se habría rehusado a firmar, hace la interrogante ¿si hubiera  recibido la copia de Ley, porque tendría que rehusarse a firmar? No tiene sentido. Y  únicamente tendrá sentido, cuando se tome en cuenta que los funcionarios del SIN –  CHQ, no realizaron ese trabajo como manda la Ley, no existe datos de la persona a la

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que supuestamente entregaron. Por último, en base a Avisos de Visitas viciados de  nulidad, se notifica por cédula, con la presencia del Testigo de Actuación Rolando Valda  C., también funcionario de planta del SIN – CHQ.

La notificación por cédula de la Resolución Determinativa Nº 17-0125-10, también  evidencia los mismos errores, en particular la presencia nueva del señor Celso Paco,  Chofer, funcionario de planta del SIN – CHQ. Tampoco existe notificación con el Acta  por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº

007383, sin embargo se agrega a su supuesta deuda tributaria, que no niega que pueda  existir, pero requiere que se realice en un debido proceso, estableciendo los pagos que  correspondan, asumiendo plena defensa respecto de sus intereses.

En el Caso Nº 258. Con la Orden de Verificación Nº 1009OV100026, se procedió a  notificarle mediante cédula de la siguiente forma: En fechas 22 y 23 de diciembre de  2009 se realizaron el Primer y Segundo Aviso de Visita, comunicando supuestamente a  Elsa Calderón Arancibia, de ese actuado. Esa afirmación es falsa, porque la familia  Calderón se encontraba de viaje, fuera de la ciudad de Sucre. Por otro lado, cuando se  notifica por cédula con la OVI de referencia, se hace constar la presencia del Testigo de  Actuación, a Roberto Soreta, funcionario del SIN – CHQ.

Por otro lado, con total desconocimiento sobre los alcances y requerimiento descritas en  la Orden de Verificación lnterna Nº 1009OV100026, se emite Acta de Contravenciones  Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 007388, disponiendo una  sanción 1.500 UFV’s, sin que conste en el expediente algún tipo de notificación al sujeto  pasivo.

De igual forma, con la Vista de Cargo Nº 01312010, previo dos Avisos de Visitas  totalmente irregulares, se procede a notificar por cédula, señalando haberse entregado  la copia de la diligencia a Elsa de Calderón, quién no habría proporcionado su Cédula de  identidad y señalando haberse rehusado a firmar. Es decir, no se cumplió con lo que  prevé el art. 85.lll del Código Tributario, por lo que corresponde declarar su nulidad.  Además se hizo participar como Testigo de Actuación a Rolando Valda C., Funcionario  del SIN – CHQ.

En la misma línea de observación, se incurre con la notificación con la Resolución  Determinativa Nº 17-0126-10, donde se hace participar a Celso Paco, chofer del SIN – CHQ,  como Testigo de Actuación, por lo expuesto se pide disponer la anulación de obrados hasta  el vicio más antiguo, por deficiencias en la notificación que, vulnera el derecho a la defensa y  el debido proceso.

En el Caso N° 315, supuestamente se notificó al sujeto pasivo por cédula con la Orden de  Verificación N° 1009OVI02222, cuyo Primer Aviso de Visita consigna datos falsos, como que  Rotilde Aguilar, sin tener documentación de respaldo se abría rehusado a firmar como  constancia de los avisos de visita, no se sabe si de verdad existe esta persona o es producto  del invento de los funcionarios del SIN – CHQ, quienes para cumplir con sus funciones,  inventaron un nombre porque desconocen su identificación. Además hacen participar a Celso  Paco y Nadir Bueno, ambos funcionarios del SIN – CHQ, en ambos avisos de visita,  intentando hacer ver que se trata de personas ajenas a la Administración Tributaria.

Indica que, de la revisión de obrados, se constata que no existe notificación por cedula, por lo  que al no haberse notificado conforme a la ley, todo el procedimiento se encuentra viciado de  nulidad, debiendo disponerse su anulación hasta que se cumpla con ese actuado necesario y

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evitar incurrir en indefensión. También se le sanciono con 550 UFV’s mediante Acta por  Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 007453, por  incumplimiento al Deber Formal de no habilitación de Libro de Compras IVA y con otras 500  UFV’s por incumplimiento al Deber Formal de Registro en el Libro de Compras IVA. Sin  embargo, tampoco existe constancia de alguna notificación legal al señor Calderón, aspecto  que también determina disponer la anulación de obrados.

A su vez, la notificación con la vista de Cargo N° 020/2010, advierte las mismas falencias  descritas en la notificación con la Orden de Verificación. Porque en el primer Aviso de Visita  se hace constar la entrega a Julio Donaire, en su condición de inquilino, quien se habría  rehusado a firmar, sin dar datos de su identificación o numero de cédula de identidad. En el  Segundo Aviso de Visita, se hace constar la entrega a Elsa de Calderón, sin pedir su  identificación quien se habría rehusado a firmar. Afirma que ninguna de las personas que  indican haber recibido la copia, la recibieron por no haber estado presente ese día en la  diligencia respectiva.

La notificación por Cedula con la Vista de Cargo N° 020/2010, también es anómala y por ello  debe ser anulada, por que se indica que se entrego copia a Elsa de Calderón, aseveración  falsa por que esa persona no se encontraba en la ciudad en fecha 28 de junio de 2010,  aspecto que también será demostrado.

Por último, la notificación por cedula de la Resolución Determinativa N° 17-0342-10, también  evidencia errores, en particular la presencia de Roberto Soreta, funcionario del Departamento  Jurídico del SIN – Chuquisaca, como Testigo de Actuación. Por lo expuesto corresponde la  anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo y en debido proceso recién hacer conocer  conforme a la Ley, lo que corresponda.

Afirma que, en todos los casos descritos la Administración Tributaria, llevó un Procedimiento  Anómalo, evitando que el sujeto pasivo conozca de los actuados emitidos por el SIN – CHQ,  generándose vulneración al debido proceso. Para todos los casos que son objeto de Recurso  de Alzada, solicita se tome en cuenta lo establecido por Resolución de Recurso Jerárquico  STG/RJ- N° 370/2066, por tratarse de un caso similar.

Por lo expuesto, en base a las argumentaciones de hecho y de derecho en los casos 95; 197;  217; 218; 219; 220; 221; 224 de la gestión 2009 y Casos 244; 245; 246; 247; 250; 251; 252;  253; 254; 257; 258; y 315 de la gestión 2010, Interpone Recurso de Alzada contra la  resolución definitiva del SIN – CHQ, en aplicación de lo previsto en el art. 4 numeral 4) de la  Ley N° 3092 y pide se disponga la Anulación de Obrados hasta el vicio mas antiguo, por  inobservancia al debido proceso y al derecho a la defensa.

Aclara que la afirmación de la Administración Tributaria en sentido de que al haber pedido  fotocopias de los expedientes, habría tenido conocimiento de los proceso sustanciados en su  contra, señala que no es cierto, por cuanto en fecha 20 de abril del 2011, pidió mediante  memorial fotocopias legalizadas, y recién se pudo conocer que se había llevado varios  procesos administrativos en su contra bajo su completo desconocimiento, situación que ha  obligado primero a pedir la nulidad de obrados ante el SIN – CHQ, esperando buena fe y  completo sometimiento a la Ley, y ante su negativa, acudir a la ARIT-CHQ, para que en  justicia se repare ese daño a su persona.

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III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO.  

El memorial de Recurso de Alzada, en principio fue objeto de observación por  incumplimiento del inciso e) del artículo 198 del Código Tributario, conforme al auto de  observación de fecha 28 de septiembre de 2011, cursante a fojas 12 del expediente.  Subsanada la observación, mediante auto Interlocutorio de fecha 06 de octubre de 2011 y  en observancia de lo previsto en el artículo 198.II del Código Tributario, conforme consta a  fojas 16 de obrados, se admite el recurso y se dispone correr a conocimiento de la  Administración Tributaria, para que en plazo legal de quince (15) días, computables a partir  de su notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los  elementos probatorios relacionados con la Resolución Impugnada, todo en aplicación de lo  señalado por el art. 218 inciso c) del Código Tributario, habiéndose notificado legalmente a  la entidad recurrida el 13 de octubre de 2011, conforme a la diligencia de notificación  cursante a fojas 18 del expediente.

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA.  

En fecha 28 de octubre de 2011, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, mediante memorial que cursa de fojas 25 a 26 vuelta de obrados, responde al  Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose María Gutiérrez Alcón, acreditando su  personería en su condición de Gerente Distrital designada, mediante Resolución  Administrativa de Presidencia Nº 03-0102-10.

Como antecedentes señala que, en fecha 13 de octubre la Administración Tributaria, fue  notificada con el Auto de Admisión que corresponde al expediente ARIT/CHQ-0035/2011,  afirma que dicha admisión resulta totalmente ajena y contraria a las disposiciones legales que  rigen la materia por los siguientes motivos: Que, los casos referidos por el contribuyente Nros.  95, 197, 217, 218, 219, 220, 221, 224, así como de la Gestión 2010 Nros. 244, 245, 246, 247,  249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258 y 315 se encuentran actualmente en plena ejecución  coactiva y son irrevisables e inmodificables encontrándose firmes y ejecutoriados de tal  manera que, no es factible la suspensión de la ejecución, señalando como respaldo legal el  artículo 109 del Código Tributario.

Afirma que, el recurso de Alzada presentado por el contribuyente, en ningún momento debió  ser admitido, no pudiéndose tomar como acto definitivo la respuesta que esa Gerencia dio al  contribuyente mediante nota Cite: SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/000671/2011, ya que, la  solicitud de nulidad en la que se ampara el contribuyente, no constituye de ninguna manera  un procedimiento tributario reconocido por la normativa tributaria y simplemente constituye un  artificio ideado para pretender la admisión de este recurso, porque no tiene un fundamento  legal válido, solo hace mención a los artículos 143 y 198 del Código Tributario y artículo 4.4  de la Ley 3092 y que dicha normativa en ningún momento permite la interposición de  recursos de alzada en la fase de ejecución tributaria, aclara que, la referida normativa  menciona que se presentará recurso de alzada contra actos definitivos que pongan fin a un  procedimiento tributario siendo ese el motivo de la respuesta al contribuyente porque no  constituye un procedimiento tributario abierto en contra del contribuyente.

Con relación a los aspectos de forma y no de fondo, dicha figura no se encuentra reconocida  por la ley, siendo que solo existen dos posibilidades o se admite o se rechaza un recurso de  alzada, pero de ninguna manera corresponde admitir recursos bajo modalidades que  definitivamente no estén previstas por la normativa vigente, solicita que sea reconsiderada la  admisión señalada y que de oficio se disponga el rechazo del recurso, en caso de  mantenerse la admisión del mencionado recurso afectaría enormemente los intereses del

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Fisco, toda vez que los contribuyentes habrían encontrado el mecanismo extralegal de  presentar recursos cuando los actos administrativos correspondientes se encuentren  ejecutoriados, reitera que, el Auto de Admisión no hace referencia a ninguna base legal que  faculte la admisión en esta modalidad.

Niega los reclamos efectuados por el recurrente y afirma que, las notificaciones fueron  efectuadas en estricto apego al Código Tributario, tomando en cuenta el domicilio fiscal fijado  por el mismo contribuyente, sostiene que, la Autoridad de Impugnación Tributaria, carece de  competencia para revisar aspectos observados por el contribuyente. Hace notar que, es  inconcebible que el contribuyente efectúe reclamos sobre anulación de notificaciones  manifestando que no se encontraba en la ciudad, sin embargo reconoce en su memorial  haber cancelado parte de su deuda tributaria.

Haciendo referencia al acto administrativo impugnado, reitera que el contribuyente se  apersonó a oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, a fin de conocer las respectivas  actualizaciones de sus adeudos tributarios, para pagar parte de sus adeudos tributarios e  inclusive solicitar la obtención de fotocopias de expedientes especificando los mismos, lo cual  apunta inequívocamente a que el contribuyente tenía conocimiento pleno de los actos  administrativos, de acuerdo a lo señalado afirma que, los reclamos efectuados por el  contribuyente carecen de todo fundamento legal y en algunos casos, faltan a la verdad.

 

Con relación a que un funcionario del SIN, no debe ser testigo de actuación en notificaciones  hace referencia al artículo 14.IV de la CPE y al artículo 85 del Código Tributario, para afirmar  que la norma suprema y tributaria no prohíbe que un funcionario de la Administración  Tributaria, pueda actuar como Testigo de Actuación, en procedimientos de notificación y que  las afirmaciones hechas por la parte recurrente vulneran el artículo 65 del Código Tributario.  Hace referencia a la Sentencia Constitucional 1845/2004-R, para establecer y fundamentar  que el recurrente por sus declaraciones y aseveraciones ha tenido pleno conocimiento de  todos y cada uno de los actos administrativos emitidos en este proceso determinativo, lo cual  descalifica los reclamos efectuados, toda vez que las notificaciones respectivas cumplieron  su finalidad principal, que es el acto a notificar.

Concluye manifestando que esta Instancia Administrativa, carece de competencia para  resolver lo reclamado por el contribuyente, no correspondiendo de ninguna manera la  revisión de actos administrativos firmes, que surten efectos de cosa juzgada, caso contrario  se estaría actuando en franca violación y desacato a las normas legales vigentes en nuestro  país.

Por los argumentos expuestos, manifiesta que, esta instancia administrativa en ningún  momento debió admitir el presente recurso, asimismo las actuaciones de la Administración  Tributaria, estuvieron enmarcadas en las disposiciones legales vigentes, por tal motivo,  rechaza el Recurso de Alzada interpuesto, y pide que previos trámites procesales  establecidos para el efecto, se dicte pronunciamiento revocando la admisión dispuesta en  fecha 6 de octubre de 2011, y consiguientemente se rechace el recurso indebidamente  planteado.

  1. FASE PROBATORIA.  

Que, en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario, mediante  auto de 31 de octubre de 2011, cursante a fojas 27 de obrados, se dispuso la apertura del  término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su

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respectiva notificación, conforme consta por las diligencias cursantes de fojas 28 y 29 de  obrados.

La Administración Tributaria, mediante memorial cursante a fojas 30 del expediente, se  ratificó en la prueba documental presentada en fecha 28 de octubre de 2011, a tiempo de  responder el recurso.

La parte recurrente mediante memorial en fecha 23 de noviembre de 2011, presentó prueba  documental consistente en una certificado de trabajo que cursa a fojas 34 del expediente e  hizo referencia a varios documentos que cursan en los antecedentes administrativos.  Asimismo, ofreció prueba testifical en la persona de la Sra. Grisel Arancibia Gutiérrez y  también solicitó Inspección Ocular, del domicilio fiscal del recurrente.

La autoridad actuante, en el marco de lo establecido en el CTB, fijó las audiencias para la  recepción testifical e inspección ocular que se verificaron el 1ro. de diciembre de 2011, cuyas  actas se encuentran de fojas 42 a 45 de obrados.

  1. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACION  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto en  el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009,  tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de alzada, el cual  se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la  Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de  impugnación contra el CITE: SIN /GDCH/DJCC/COA/NOT/000671/2011, de fecha 31 de  agosto de 2011, se inició el 27 de septiembre de 2011, conforme consta por el cargo de  recepción cursante a fojas 8 del expediente.

En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o  material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo  de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al principio de  irretroactividad y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del hecho.

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fojas 39 a fojas 40 de obrados, se conoce que el  plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada,  conforme dispone el artículo 210.III del CTB, vence el 3 de enero de 2011.

Dentro del plazo previsto en el art. 210.II del CTB, la Administración Tributaria, formuló  alegatos en conclusiones, mediante memorial presentado el 13 de diciembre de 2011, en el  que reitera las observaciones realizadas en su memorial de contestación al recurso de alzada  y señala que los funcionarios actuantes no hicieron mas que ceñirse al artículo 85 del Código  Tributario y num. 2.2 del Instructivo para el Procedimiento de Notificación GNTJC-I-NOT-V01-

05, el cual expresa que podrán ser testigos los funcionarios de la Administración Tributaria.  Asimismo, hace resaltar la prueba testifical aportada por la parte recurrente, en sentido de  que la testigo señala que efectivamente el domicilio del contribuyente se encuentra ubicado  en la Avenida del Maestro Nº 285 de esta ciudad. De la misma forma señala que, la  inspección judicial realizada también afirma la legalidad de las actuaciones de esta  Administración Tributaria, donde se pudo constatar que los receptores de los avisos ocupan  el mismo domicilio que el Sr. Calderón; por lo que, reitera su petitorio de revocarse la  admisión del recurso y consiguientemente se rechace el recurso indebidamente planteado.

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VII. RELACIÓN DE HECHOS. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos:

A fojas 1 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), se encuentra el Acto Administrativo  CITE: SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/000671/2011, de fecha 31 de agosto de 2011, dirigida a  José Antonio Calderón Paredes, en respuesta a memoriales presentados a la Administración  Tributaria por la parte recurrente en los que solicitó nulidad de obrados de los actos de  notificación de todas las resoluciones que se emitieron en el proceso de determinación de la  deuda tributaria de los expedientes correspondientes a los Proveídos de de Inicio de  Ejecución Tributaria Nros. 95, 197, 217, 218, 219, 220, 221, 224 así como de la Gestión 2010  Nros. 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258 y 315. Acto administrativo  que, señala no corresponder efectuar el tratamiento de lo solicitado porque los actos de la  Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y la obligación  tributaria no puede ser afectada. Dicho acto administrativo fue recibido por la parte recurrente  en fecha 20 de septiembre de 2011.

De fojas 4 a fojas 713 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), se encuentran los  siguientes títulos de ejecución tributaria Nros. 254, 247, 253, 221, 246, 244, 250, 95, 258,  257, 219, 218, 217, 315, 224, 197, 251, 245 y 252, de los cuales se observa que los números 254, 247, 253, 246, 244, 250, 252, 245, 251 fueron notificados de forma personal al  contribuyente con los correspondientes Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nros. 25- 0330-09, 25-0300-09, 25-0324-09, 25-000479-09, 25-000325-09, 25-0322-09, 25-0323-09 y  25-0321-09 y que posterior a estas notificaciones los siguientes actos administrativos como  ser las resoluciones sancionatorias Nros. 18-00089-10, 18-00086-10, 18-00070-10, 18- 00085-10, 18-00015-10, 18-00090-10, 18-00092-10, 18-00084-10, 18-00091-10 y los  Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nros. 24-000254-10, 24-000247-10, 24-000253- 10, 24-000246-10, 24-000244-10 y 24-000250-10, todos correspondientes a la gestión 2010  fueron notificados mediante cédula.

A diferencia de las Nros. 95, 197, 224, 217, 218, 219, 221 todas fueron notificadas mediante  cédula con sus respectivos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria correspondientes a la  gestión 2009.

Las Nros. 257, 258 y 315, fueron notificadas con sus respectivas Ordenes de Verificación  Interna Nros. 1009OVI00025, 1009OVI00026, 0009OVI02222; Vistas de Cargo Nros.  012/2010, 013/2010, 020/2010; con las Resoluciones Determinativas Nros. 17-0125-10, 017- 126-10, 17-0342-10 y con sus respectivos títulos de ejecución tributaria, todas notificadas  mediante cédula.

VIII. MARCO LEGAL.  

LEY Nº 2492, DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

Artículo 65.- (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por  estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración  judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.

Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes  facultades específicas:

  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones  tributarias del sujeto pasivo:

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  1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos  y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la  Ley como generadores de una obligación tributaria.
  2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos  que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria.  3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará  subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo.
  3. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y  especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos,  conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas.
  4. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le  correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en  este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que  oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.
  5. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización,  investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las  obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones.  7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en Bancos y  otras instituciones financieras.
  6. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo,  considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma  ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales,  declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información  computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y  poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que  éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la  información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de  computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación  (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos  de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible.
  7. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la  Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que utilizarán, así como  el libre acceso a la información contenida en la base de datos.
  8. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, prenda, hipoteca  u otras, cuando así lo requiera la norma.
  9. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las  que defina la Administración Tributaria con carácter general.

Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y  jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto  pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en  poder de la Administración Tributaria

Artículo 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se  apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que  cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:  1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de  fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su

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existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución  Determinativa.

  1. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación  tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de  reciente obtención.

Artículo 83.- (Medios de Notificación).  

  1. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los  medios siguientes, según corresponda:
  2. Personalmente;
  3. Por Cédula;
  4. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con  excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las  notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de  parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar  días y horas extraordinarios.

Artículo 84.- (Notificación Personal). 

  1. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por  la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos que  impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción  administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero  responsable, o a su representante legal.
  2. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal  de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento,  haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia,  con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar  este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y  se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.

Artículo 85.- (Notificación por Cédula). 

  1. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario  de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años  que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que  será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente.
  2. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad  formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los  cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la  notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo  expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que  debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta  de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia.

Artículo 217. (Prueba Documental).- Se admitirá como prueba documental:  a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre  que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

  1. b) Los documento por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de pagos. Pág.11 de 22
  2. c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados por  los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación específica.  d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será  considerado a efectos tributarios, como instrumento público.

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por  fallo judicial firme.

 

Artículo 212. (Clases de Resolución). 

  1. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser:  a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido.
  2. b) Confirmatorias; o
  3. c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1044/2003-R. 

“…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la  finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras  formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, mas aún cuando, por lo señalado,  no se ha producido la indefensión del recurrente”.  

  

  1. FUNDAMENTO TECNICO JURIDICO.  

  

 El recurrente José Antonio Calderón Paredes, impugna el acto administrativo CITE:  SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/000671/2011, de 31 de agosto de 2011, en base a los  argumentos señalados en su memorial de Recurso de Alzada.

Con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos  reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo expuestos  por la Administración Tributaria recurrida y con el acto impugnado, de modo tal que se  establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en  base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos durante la  tramitación del presente Recurso de Alzada.

La parte recurrente manifiesta que impugna el acto definitivo emitido por el Servicio de  Impuestos Nacionales a través de la nota CITE:  SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/000671/2011, que rechaza la nulidad de obrados no  obstante de haber denunciado la existencia de graves vicios de nulidad que afectan al  debido proceso y al derecho a la defensa, señala que previamente reclama aspectos  formales, sobre la deficiente forma de diligencias de notificación que afectan al debido  proceso y al derecho a la defensa.

De acuerdo a sus fundamentos de hecho y de derecho señala que el acto administrativo  impugnado no cumple con la exigencia prevista en el Artículo 28 inciso e) y Artículo 30  inciso a) de la Ley Nº 2341 porque no tiene fundamento concreto sobre las razones que  indujeron a emitir el acto, e incurre en meras generalizaciones y no existe una debida  motivación con referencia a los hechos y fundamentos de derecho expuestos en sendos  memoriales ante el SIN Chuquisaca, tampoco se considera que el Artículo 65 del Código  Tributario realiza la presunción IURIS TANTUM, que en debido proceso como el que  ahora se activa se demuestren irregularidades en las que incurrieron los funcionarios del  SIN Chuquisaca vulnerando su derecho a la Defensa y al Debido Proceso.

9.1. Con relación a las observaciones del Acto Administrativo impugnado. Pág.12 de 22

La parte recurrente señala que el citado Acto Definitivo no cumple con la exigencia  prevista en el Artículo 28 inciso e) y Artículo 30 inciso a) de la Ley de Procedimiento  Administrativo, porque no tiene fundamento concreto sobre las razones que indujeron a  emitir el acto, tampoco existe motivación con referencia a los hechos y fundamentos de  derecho que fueron expuestos en sus memoriales a la Administración Tributaria.

Con relación al reclamo señalado a fojas 4 de obrados se observa la Nota CITE:  SIN/CDCH/DJCC/COA/NOT/000671/2011 de fecha 31 de agosto de 2011, dirigida al Sr.  José Antonio Calderón Paredes en respuesta a memoriales presentados a la Gerencia  Distrital Chuquisaca en fecha 25 de agosto de 2011, referentes a expedientes de la  gestión 2009 Nros. s 95, 197, 217, 218, 219, 220, 221 y 224, así como de la gestión  2010 Nros. 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 257, 258 y 259 habiendo  solicitado en esa oportunidad la nulidad de obrados de los actos de notificación de todas  las resoluciones que se emitieron en el proceso de determinación de la deuda tributaria.

Para la realización de un correcta compulsa entre el acto administrativo impugnado Nota  CITE: SIN/CDCH/DJCC/COA/NOT/000671/2011 de fecha 31 de agosto de 2011, emitida  por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales respecto a los  memoriales presentados por la parte recurrente mediante los cuáles considera haber  solicitado nulidad de obrados en ciertos actos de notificación se aclara que esta Instancia  Administrativa no evidencia existencia alguna de los mencionados memoriales en el  Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) u obrados; tampoco dentro de los documentos  aparejados al recurso de alzada o al de ofrecimiento de prueba, aspecto que imposibilita  realizar la mencionada compulsa y pronunciamiento respecto a los requisitos de  contenido de los actos administrativos de acuerdo a la Ley Nº 2341. En consecuencia  respecto a este punto la parte recurrente no ha cumplido lo dispuesto en el Artículo 76 de  la Ley Nº 2492 (CTB), no habiendo demostrado ni probado reclamo alguno.

9.2. Con relación a las nulidades de las notificaciones realizadas por incumplimiento de  las formas previstas por Ley.  

La parte recurrente manifiesta que, la Administración Tributaria, llevó adelante procesos  administrativos de determinación tributaria y contravencionales en completo desconocimiento  de su persona, habiéndole causado indefensión y faltas al debido proceso, incurriendo los  funcionarios del SIN – CHQ, en nulidad de las notificaciones realizadas, por no ajustarse a las  formas previstas por ley.

 

Señala que, en los casos Nº 197, 217, 218, 219, 220, 221 y 224, se indica haberse notificado  en forma personal al sujeto pasivo, quien se habría rehusado a firmar aspecto que considera  falso, debido a que él se encontraba fuera de la ciudad a momento de realizarse las  notificaciones; como prueba de ello, en la etapa probatoria presentó prueba consistente en un  Certificado de Trabajo, suscrito por el Ing. Alfredo Calderón P. en calidad de Gerente de la  Empresa “Todo Agua SRL”, en favor de José Antonio Calderón Paredes (recurrente), que,  por ello no conoció de manera legal y conforme a procedimiento administrativo tributario, los  alcances de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, actos administrativos que le  causaron indefensión y lesionaron su derecho al debido proceso, conforme los artículos  115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado y el artículo 68 numerales 6 y 10 del  Código Tributario, correspondiendo la anulación de Obrados.

De acuerdo al Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), a fojas 638 se observa la papeleta de  notificación personal con el Proveído Nº 24-0197-09, a José Antonio Calderón en fecha 6 de

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noviembre de 2009, advirtiéndose que este se rehúso a firmar, en presencia del notificador  Bernardo Roberto Soreta, por lo que estos actos gozan de Presunción de Legitimidad  conforme el art. 65 del Código Tributario; cumpliéndose a cabalidad la notificación personal  de acuerdo al artículo 84 de la Ley Nº 2492.

Con relación a los Proveídos Nros. 24-0217-09, 24-0218-09, 24-0219-09, 24-0220-09, 24- 0221-09 y 24-0224-09 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), se observa que las  papeletas de notificación personal con los referidos Proveídos a José Antonio Calderón, en  su mayoría de fecha 6 de noviembre de 2009 y 8 de diciembre de 2009 la Nº 24-0224-09. En  todas se advierte que se rehúso a firmar, participando como notificador Bernardo Roberto  Soreta por lo que estos actos gozan de Presunción de Legitimidad conforme el art. 65 del  Código Tributario; cumpliéndose a cabalidad la notificación personal de acuerdo al artículo  84 de la Ley Nº 2492.

 

Con relación a la prueba aportada por la parte recurrente, consistente en el Certificado de  Trabajo, otorgado por el Ing. Alfredo Calderón Paredes, Gerente de la Empresa Todo Agua  SRL, a favor de su hermano José Antonio Calderón Paredes, para demostrar que el sujeto  pasivo no se encontraba en la ciudad de Sucre en el mes de febrero de 2009, y que por esta  circunstancia alega que las notificaciones personales realizadas por la Administración  Tributaria son falsas, porque no conoció de manera legal los alcances de los proveídos de  ejecución tributaria, situación que le habría causado indefensión y lesión a su derecho al  debido proceso, conforme los artículos 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado y  los numerales 6 y 10 del artículo 68 del Código Tributario; se establece que la doctrina  entiende por Prueba, el conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su  índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada  una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas  legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador,  pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada  por el juez con arreglo a su libre apreciación. (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y  Sociales de Manuel Osorio, Nueva Edición 2007, Editorial Heliasta, Pág. 787).

De acuerdo al análisis y valoración de dicha prueba, que se encuentra a fojas 334 de  obrados, en ella se advierte que el Ing. Alfredo Calderón Paredes, otorga un Certificado de  Trabajo indicando que, José Antonio Calderón -cuya profesión es Piloto Civil- trabaja en dicha  empresa como Supervisor de Obras Sanitarias, desde el mes de Febrero del año 2009, pero  no especifica hasta que fecha, si es que aún continua trabajando. Dicho documento solo  ofrece una referencia y en aplicación del principio de la verdad material de los hechos, para  que dicha prueba pueda tener validez y respaldo legal, debió ser avalada por un contrato de  trabajo especificando el tiempo de servicios que prestará el empleado, acompañado con un  extracto de la AFP, donde esté registrado el nombre del recurrente como empleado de la  Empresa “Todo Agua” y, en su defecto dicho documento debería estar avalado por la  Dirección Distrital del Trabajo, de ese Departamento. En consecuencia la referida prueba no  ofrece ninguna seguridad de que el recurrente es o sea trabajador regular de dicha Empresa.  Por lo que esta prueba ofrecida por la parte recurrente carece de suficiencia sustancial y no  cumple lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nº 2492.

En el Caso 95 indica que se procedió a notificarse por Cédula sin cumplir con los  requisitos legales exigidos por el art. 85 del Código Tributario. Señala que en el Primer y  Segundo Aviso de Visita, se hace constar la participación de una supuesta persona Flora  Chucamani, sin que porte Cédula de Identidad, cuestiona la existencia de esta persona,  dados los antecedentes de los funcionarios del SIN – CHQ, de llevar adelante procesos  en total desconocimiento del sujeto pasivo, llamando a la duda dicha actuación, tomando  en cuenta que no portaba cédula y tampoco se establece la edad de la supuesta testigo.

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Que, en la notificación por cédula, se le hace participar a Celso Paco, quién es  funcionario del SIN – CHQ, aspecto que resta credibilidad a su participación. Además, se  debe considerar que, en este caso, ya se realizó el pago de Bs. 3.500, pero que no fue  tomada en cuenta por el SIN – CHQ, advirtiendo su total desconocimiento sobre estos  casos, debido a que cobra, dos o tres veces sobre lo mismo.

Con relación a las observaciones respecto al Primer y Segundo Aviso de Visita con el  Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 0095/2009, se advierte que el receptor de los  referidos avisos no portaba su cédula de identificación personal, situación que según la parte  recurrente le resta credibilidad y seguridad jurídica a la diligencia. Al respecto conviene  remitimos al artículo 85 de la Ley Nº 2492, que dispone lo siguiente: (Notificación por  Cédula).I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el  funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de  dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo  apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente  .II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad  formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los  cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la  notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada  por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en  el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años,  o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también  firmará la diligencia.  

Del referido artículo se puede observar que no es condición sine qua non que, el receptor del  aviso de visita tenga necesariamente que firmar y portar la cédula de identidad para el  cometido, aspecto que ni alcanza a ser considerado en el Capítulo VI del Código de  Procedimiento Civil, lo que si condiciona la norma tributaria con respecto a la notificación por  cédula es que, esta debe estar respaldada por un Testigo de Actuación, condición que fue  cumplida en estos avisos de visita.

Con relación a la supuesta parcialidad del Testigo de Actuación, por ser funcionario de la  Administración Tributaria, no puede ser considerado como indicio de nulidad como manifiesta  la parte recurrente ya que, el Código Tributario, en ninguno de sus artículos referidos a  Formas y Medios de Notificación, señala que, el Testigo de Actuación, debe ser imparcial  como tampoco señala que el Testigo de Actuación, no debe pertenecer a la Administración  Tributaria. Del contenido de la norma citada, aplicada a la descripción de la notificación por  cédula, se evidencia que dicho acto administrativo, cumplió todos los requisitos exigidos por  el artículo 85 del Código Tributario, quedando desvirtuada la observación por la parte  recurrente.

Con relación al pago de Bs. 3.500 que no fue tomado en cuenta por el SIN – CHQ y que, por  desconocimiento, se le cobra dos o tres veces sobre lo mismo. A fojas 190 del Cuadernillo de  Antecedentes Nº 1(SIN), se encuentra la Boleta de Pago 1000 con Nº de Orden 01761835,  por el período diciembre 2006, por un importe de Bs. 3.500, cancelado en fecha 30 de junio  de 2009, quien firma la declaración es la Sra. Elsa de Calderón. Cotejando el referido pago  con el Formulario 500 (fs.180 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN)), se evidencia que  en el cuadro C), de dicho formulario que corresponde a la Determinación del Saldo Definitivo  a Favor del Fisco, se advierte en su literal r), un importe de Saldo Definitivo a Favor de Fisco  de Bs. 5.570. Evidenciándose que, el pago realizado por la parte recurrente, fue un pago  parcial, no advirtiéndose otros pagos realizados por el recurrente, quedando desvirtuados los  reclamos referidos.

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En el Caso Nº 244, con el Auto de Sumario Contravencional por omisión de pago Nº 25- 000479, se indica haberse procedido a notificarle en forma personal, en fecha 8 de  diciembre de 2009, cuando no se encontraba en Sucre, por haber dejado de vivir en  ésta, hace mucho tiempo, por lo cual faltando a la verdad, se realizó una notificación  ilegal, ya que si no se me encontró en su domicilio, lo que correspondía era una  notificación por Cédula. Luego con la Resolución Nº 18-0015-10, se notifica por Cédula,  previos dos Avisos de Visita, con la supuesta presencia del Testigo de Actuación, Elsa  Arancibia de Calderón, quien se habría rehusado a firmar, incumpliendo lo previsto por el  art. 85.l del Código Tributario, pero en la notificación cedularía se hace participar como  testigo de actuación a Lizeth Ressini, quién es funcionaria del SIN – CHQ.

Al respecto, a fojas 131 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), se encuentra la  papeleta de notificación personal con el Auto Nº 25-000479-09, a José Antonio Calderón  Paredes, quien se rehúsa a firmar, evidenciándose la identificación tanto del notificador  como del testigo de actuación, advirtiendo que dicho documento cumple lo dispuesto en  el artículo 85 del Código Tributario Boliviano. Con relación al argumento de la ausencia  del recurrente en la ciudad de Sucre ya se señaló que la prueba de descargo consistente  en el Certificado otorgado por la Empresa “Todo Agua SRL“, carece de suficiencia  probatoria, por no ofrecer ninguna seguridad de que el recurrente Piloto Comercial, es o sea  trabajador regular de dicha Empresa, desempeñando el cargo de Supervisor de Obras  Sanitarias, consecuentemente, esta prueba no cumple lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley  Nº 2492.

Con relación a la notificación por cédula con el acto administrativo Resolución Nº 18-0015- 10, se tiene que, de fojas 137 a 140 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), se  encuentran el Primer y Segundo Aviso de Visita, en la que el receptor Elsa Arancibia de  Calderón, se rehúsa a firmar los respectivos avisos, teniendo constancia del testigo de  actuación de nombre Lizbeth Ressini, posteriormente dicho acto administrativo es notificado  mediante cédula, evidenciándose que dichos actos cumplieron lo establecido en el artículo 85  de la Ley Nº 2492.

 

En los Casos Nº 245; 246; 247; 249; 250; 251; 252; 253; 254, -señala el recurrente- que  se procedió a notificarle con los Autos iniciales de Sumarios Contravencionales por  Omisión de Pago Nº 25-0323-09; 25-0324-09; 25-0300-09; 25-0328-09; 25-000325-09;  25-0321-09; 25-0322-09; y 25-0330-09; en fecha 6 de noviembre de 2009, cuando el no  se encontraba en Sucre, bajo el argumento falso de haberse rehusado a firmar. Por su  parte las Notificaciones por cédula de las Resoluciones 18-0084-10; 18-0085-10;  18:0086-10; 18-0088-10; 18-0090-10; 18-0091-10; 18-0092-10; 18-0070-10, también  fuera de lo previsto por Ley, debido a que se hace participar como testigo de actuación  en los primeros y segundos avisos de visita a Elsa Arancibia de Calderón, quien además  se rehusó a firmar, por lo cual no existe constancia real de esa diligencia. Y en la  notificación por cédula se hace participar como Testigo de Actuación a la funcionaria del  SIN – CHQ, Lizbeth Ressini.

Con relación a este argumento. De la revisión y compulsa de los casos 251, 252 y 253  se tiene que a fojas 78, 646, 695 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), se  encuentran notificaciones personales con los Autos de Sumario Contravencional Nros.  25-300-09, 25-0321-09, 25-0322-09, dirigidas a José Antonio Calderón Paredes, por lo  que estos actos gozan de Presunción de Legitimidad conforme el art. 65 del Código

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Tributario; cumpliéndose a cabalidad la notificación personal de acuerdo al artículo 84 de la  Ley Nº 2492.

Con relación a los casos Nros. 245; 246; 247; 249; 250; 254 de la revisión y compulsa de  los mismos se evidencia que las notificaciones realizadas con los Autos iniciales de  Sumarios Contravencionales por Omisión de Pago Nº 25-0323-09; 25-0324-09; 25-0328- 09; 25-000325-09; y 25-0330-09 cumplen lo dispuesto en el parágrafo III del artículo 84  de la Ley Nº 2492. En consecuencia, no se advierte ningún vicio de nulidad en las mismas.

Con relación a la ausencia del recurrente de la ciudad de Sucre, ya nos hemos referido a la  insuficiente calidad del Certificado de Trabajo otorgado por la Empresa “Todo Agua SRL”.

Con relación a las notificaciones por cédula con las Resoluciones 18-0084-10; 18-0085-10;  18-0086-10; 18-0088-10; 18-0090-10; 18-0091-10; 18-0092-10; 18-0070-10; la parte  recurrente afirma que se hace participar como testigo de actuación en los primeros y  segundos avisos de visita a Elsa Arancibia de Calderón, quien se rehúso a firmar y que  no existe constancia real de dichas diligencias, observando además a la testigo de  actuación por ser funcionaria del SIN – CHQ. Al respecto, de la revisión de las referidas  notificaciones con las Resoluciones Nros. 18-0084-10; 18-0085-10; 18:0086-10; 18-

0088-10; 18-0090-10; 18-0091-10; 18-0092-10; 18-0070-10, se aclara que en las  mismas, la Sra. Elsa Arancibia de Calderón, no figura como testigo de actuación como  equivocadamente señala la parte recurrente, sino como receptora de los mismos,  rehusándose a firmar los avisos de visita con las notificaciones de las resoluciones, por  otra parte se evidencia que en los mismos, el testigo de actuación corresponde al  nombre de Lizbeth Ressini.

Nuevamente conviene remitimos al artículo 85 de la Ley Nº 2492, que dispone lo siguiente:  (Notificación por Cédula).I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en  su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona  mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo,  bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil  siguiente .II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo  responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en  mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se  proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a  notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la  Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de  dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de  actuación que también firmará la diligencia.  

Del referido artículo se puede observar que no es condición sine quanon que, el receptor del  aviso de visita tenga necesariamente que firmar y portar la cédula de identidad para el  cometido, aspecto que ni alcanza a ser considerado en el Capítulo VI del Código de  Procedimiento Civil.

 

Con relación a la supuesta parcialidad del testigo de actuación, por ser funcionario de la  Administración Tributaria, no puede ser considerado como indicio de nulidad como manifiesta  la parte recurrente ya que el Código Tributario, en ninguno de sus artículos referidos a  Formas y Medios de Notificación, señala que, el testigo de actuación, debe ser imparcial o  señalar que el testigo de actuación no debe pertenecer a la Administración Tributaria. En el  presente caso se evidencia que dichos actos administrativos, cumplieron con todos los  requisitos exigidos por el Código Tributario, quedando desvirtuada la observación por la parte  recurrente.

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En los Casos Nº 257 y 258, la parte recurrente indica que, se inició procesos de  Verificación lnterna, bajo las ordenes de Verificación Nros. 1009OVI00025 y  1009OVI00026, procediéndose a notificarle mediante cédula de la siguiente forma: en  los Primeros y Segundos Avisos de Visita, se consignan datos falsos, señalando que  toda la familia Calderón se encontraba de viaje, tomando en cuenta que participa de  manera oficiosa un Testigo de Actuación como es Roberto Soreta, funcionario del SIN –  CHQ. Que, dicha notificación por Cédula con la OVl, se hace nuevamente participar a  Roberto Soreta, como Testigo de Actuación, contaminando esa diligencia, restándole  validez, credibilidad y transparencia, tomando en cuenta que dichos funcionarios se  convierten en juez y parte, y se encuentran interesados en que la diligencia así con los  errores descritos, sean considerados válidos, sin tomar en cuenta que aquello causa  indefensión al sujeto pasivo.

Señala que de manera irregular, se procedió a notificar con las Vistas de Cargo Nros.  012/2010 y 013/2010, ya que el Primer y Segundo Aviso de Visita, supuestamente  fueron entregadas a Elsa de Calderón, quien se habría rehusado a firmar. Señala que,  no se cumplió lo que prevé lo dispuesto en el artículo 85.III del Código Tributario,  correspondiendo su nulidad, además que se hace participar a funcionarios de planta del  SIN – CHQ. Por otra parte, las notificaciones por Cédula con las Resoluciones  Determinativas Nros. 17-0125-10 y 17-0126-10, también evidencia los mismos errores,  en particular la presencia nueva del señor Celso Paco, funcionario chofer de planta del  SIN – CHQ, tampoco existe ninguna notificación con el Acta por Contravenciones  Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 007383 y ,007388; sin  embargo, se agrega a su supuesta deuda tributaria, que no niega que pueda existir, pero  requiere que se realice en un debido proceso, estableciendo los pagos que  correspondan, asumiendo plena defensa respecto de sus intereses.

Al respecto, de acuerdo a los antecedentes del Cuadernillo Nº 1(SIN), se evidencia que  las notificaciones con los actos administrativos consistentes en Ordenes de Verificación  Nros. 1009OVI00025; 1009OVI00026; Vistas de Cargo Nºs 012/2010; 013/2010;  Resoluciones Determinativas Nros. 17-0125-10; 17-0126-10 y los Proveídos de Inicio de  Ejecución Tributaria Nros. 24-000257-10; 24-000258-10 todos estos actos  administrativos en sus primeros y segundos avisos de visita como en las notificaciones  cedularias, cumplen estrictamente lo dispuesto en el artículo 85 del Código Tributario.

Respecto a la ausencia de la ciudad de Sucre de la familia Calderón, en obrados solo se  advierte un Certificado de Trabajo, no existiendo prueba alguna que demuestre la  ausencia de la ciudad de Sucre de la Sra. Elsa de Calderón, aspecto que incumple lo  dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario, ya que no se prueba lo afirmado por la  parte recurrente. Con relación a la falta de notificaron con las Actas por Contravenciones  Tributarias, vinculadas al procedimiento de determinación, se debe tener presente que  las mismas por ese carácter vinculatorio señalado, son de conocimiento del  contribuyente junto a la Notificación del Informe Final y Vista de Cargo, ya que, las  acciones u omisiones, consideradas como incumplimiento a Deberes Formales son  procesadas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 169 de la ley Nº 2492 y la  Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07. Por tanto, el plazo y el lugar de  presentación de descargos por este concepto, serán establecidas en la Vista de Cargo.

En el Caso N° 315, la parte recurrente afirma haber sido notificado por cédula con la orden de  Verificación N° 1009OVI02222, cuyo primer aviso de visita consigna datos falsos, como que  Rotilde Aguilar, sin tener documentación de respaldo, habría rehusado a firmar como

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constancia de los avisos de visita, que no se sabe si de verdad existe esta persona o es  producto del invento de los funcionarios del SIN – CHQ, quienes para cumplir con sus  funciones inventaron un nombre porque desconocen su identificación. Además hacen  participar a Celso Paco y Nair Bueno ambos funcionarios del SIN CHQ, en ambos avisos de  visita intentando hacer ver que se trata de personas ajenas a la Administración Tributaria.

Afirma que, no existe Notificación por Cédula, por lo que al no haberse notificado conforme a  la Ley, todo el procedimiento se encuentra viciado de nulidad, debiendo disponer su  anulación hasta que se cumpla con ese actuado necesario y evitar incurrir en indefensión.  También se sanciono con 550 UFV’s al sujeto pasivo mediante Acta por Contravenciones  Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 007453 por incumplimiento al  Deber Formal de no habilitación de Libro de Compras IVA y con otras 500 UFV’s por  incumplimiento al Deber Formal de Registro en el Libro de Compras IVA. Sin embargo  tampoco existe constancia de alguna notificación legal al señor Calderón, aspecto que  también determina disponer la anulación de obrados.

 

La notificación por Cedula por la Vista de Cargo N° 020/2010 también es anómala y por ello  debe ser anulada, por que se indica que se entrego copia a Elsa de Calderón, aseveración  falsa por que esa persona no se encontraba en la ciudad esa fecha 28 de junio de 2010. Por  último señala que, la notificación por Cedula de la Resolución Determinativa N° 17-0342-10,  también evidencia errores, en particular la presencia del señor Roberto Soreta, funcionario  del Departamento Jurídico del SIN – Chuquisaca, como Testigo de Actuación. Por lo  expuesto indica corresponder la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo. Para todos  los casos que son objeto de Recurso de Alzada, solicita tomarse en cuenta lo establecido por  Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ- N° 370/2066, por ser similar el presente caso.

Antes de entrar al análisis del reclamo de la parte recurrente, conviene establecer que el  ordenamiento jurídico boliviano dispone que, la notificación, mas que una clase de acto, es  una condición de eficacia de los actos administrativos, como se deriva del artículo 32 de la  Ley Nº 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable a materia tributaria en virtud del  artículo 74.1 de la Ley Nº 2492, puesto que, sin la notificación, los efectos del acto no se  producen y por lo tanto no afectan positiva ni negativamente los derechos de los sujetos  pasivos y son anulables conforme establece el artículo 36.II de la referida Ley. Por otra parte,  la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Boliviano, establecida en la SC 1044/2003-R,  señala que “…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente  la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras  formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, mas aún cuando, por lo señalado,  no se ha producido la indefensión del recurrente” (las negrillas son nuestras).

De acuerdo al Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN), de fojas 424 a 425, se encuentran las  papeletas del Primer y Segundo Aviso de Visita con la Orden de Verificación Interna Nº  0009OVI02222, las mismas se habrían dejado a la señora Rotilde Aguilar, encargada del  Punto Entel, quien se rehusó a firmar los referidos avisos de visita, también se advierten en  las mismas la participación del notificador y el testigo de actuación, a fojas 417 del referido  cuadernillo se encuentra la Orden de Verificación Nº 0009OVI02222, de 15 de Junio de 2009,  habiendo sido notificada al recurrente en fecha 29 de Junio de 2009, así consta en la parte  inferior de dicho documento, donde se puede evidenciar la firma, nombre y número de cedula  de identidad de Antonio Calderón, situación que explica la inexistencia de la notificación por  cédula.

Con relación a la falta de notificaron con la Acta por Contravención Tributaria, vinculada  al procedimiento de determinación Nº 007453, se debe tener presente que las mismas

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por ese carácter vinculatorio señalado, son de conocimiento del contribuyente junto a la  Notificación del Informe Final y Vista de Cargo ya que las acciones u omisiones,  consideradas como incumplimiento a Deberes Formales son procesadas de acuerdo a lo  estipulado en el Artículo 169 de la ley Nº 2492 y la Resolución Normativa de Directorio  10-0037-07, por tanto el plazo y el lugar de presentación de descargos por este  concepto, serán establecidas en la Vista de Cargo.

Con relación a los primeros y segundos avisos de visita y la notificación por cédula con la  Vista de Cargo Nº 020/2010, se advierte que los receptores de las mismas se rehusaron a  firmar y en constancia de ello firman los notificadotes y los testigos de actuación cumpliendo  lo dispuesto en el artículo 85 del Código Tributario. Respecto a la ausencia de la ciudad de  Sucre de la Sra. Elsa de Calderón en fecha 28 de junio de 2010, no existe en obrados prueba  alguna que demuestre lo aseverado por la parte recurrente habiendo incumplido la carga de  la prueba, exigencia dispuesta en el artículo 76 del Código Tributario.

Con relación a la supuesta parcialidad de los testigos de actuación, por ser funcionarios de la  Administración Tributaria, no puede ser considerado como indicio de nulidad como manifiesta  la parte recurrente ya que el Código Tributario, en ninguno de sus artículos referidos a  Formas y Medios de Notificación, señala que, el testigo de actuación, debe ser imparcial o  señalar que el testigo de actuación no debe pertenecer a la Administración Tributaria. Lo que  sí refiere y exige la Ley para esta modalidad de Notificación, es lo dispuesto en el artículo 85

del Código Tributario que señala: (Notificación por Cédula). I. Cuando el interesado o su  representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará  aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o  en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente  a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido,  el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y  hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración  Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por  copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el  funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier  persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención  de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. Del contenido de la norma  citada, aplicada a la descripción de las notificaciones con los actos administrativos al  recurrente José Antonio Calderón Paredes, se evidencia que los referidos actos  administrativos, cumplieron todos los requisitos exigidos por el Código Tributario, quedando  desvirtuadas las observaciones realizadas por la parte recurrente.

Respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ- Nº 370/2006. De la lectura de la  referida, se advierte que hace referencia al artículo 85.III de la Ley Nº 2492, dando  importancia al testigo de actuación y señala: “por lo que al ser refrendada la notificación de  la Vista de Cargo por dos funcionarios de la propia Administración Tributaria no es válida ni  legal, toda vez que no se evidencia la actuación de un testigo imparcial para que surta  efectos la notificación con la Vista de Cargo”, se debe tener en cuenta que dicha Resolución  es de fecha 1ro. de diciembre de 2006, cuando la Superintendencia Tributaria General  adoptada esa línea en cuanto al testigo de actuación y que posterior a esta resolución  cambia criterio en sus decisiones y considera como aspecto importante lo que dispone la  norma en su artículo 85.III de la Ley Nº 2492, es decir para un caso similar al presente,  considera determinante la existencia del nombre y firma del testigo de actuación sin  considerar u observar si este pertenezca a la Administración Tributaria.

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Al respecto, la doctrina administrativa considera: “los vicios determinan las  consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica  jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o  anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en  casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente”  (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). De lo  precedente se extrae que, si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia  del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo cual se llama  saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación).

En este sentido, para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma  establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36.II de la  Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por imperio del num. 1 del art. 74 de la  Ley 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos  formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los  interesados.

Ahora bien, conforme establece el art. 65 de la Ley Nº 2492, los actos de la  Administración Tributaria se presumen legítimos y ejecutivos, salvo expresa declaración  judicial en contrario; en ese entendido, mientras no exista una Resolución Judicial que  determine la invalidez de la notificación por cédula remitida por el SIN, se tiene como  válidas las diligencias de notificación remitidas por la Administración en los antecedentes  administrativos, en las que las notificaciones se habrían efectuado fijando una copia del  acto a notificarse en el domicilio del contribuyente, procedimiento que cumple con lo  previsto en el art. 85.III de la Ley Nº 2492.

En tal entendido, siendo que la finalidad de la notificación es dar a conocer al  contribuyente los actos de la Administración Tributaria, se evidencia que en el caso que  nos ocupa se cumplió con este objetivo, puesto que el contribuyente José Antonio  Calderón Paredes, fue notificado con todos los actos administrativos en su Domicilio  Fiscal, de Avenida del Maestro Nº 285 de la ciudad de Sucre.

 

En función de lo señalado, se tiene que no se causó indefensión al sujeto pasivo en  ningún momento, toda vez que se ha cumplido el procedimiento previsto en el art. 85 de  la Ley Nº 2492, en los actos administrativos detallados emitidos por la Administración  Tributaria; por lo que no corresponde la nulidad ni la anulabilidad de los mismos, siendo  válidos con todos su efectos legales, puesto que no se configura ninguna de las  causales dispuestas en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable a materia  tributaria en virtud del art. 201 del CTB.

Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde a esta  instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia eminentemente tributaria y  revisando en sede administrativa, concluir que la entidad recurrida, en el procedimiento  administrativo sancionador implementado, cumplió lo dispuesto en la normativa tributaria  vigente.

 

POR TANTO  

El suscrito Director Ejecutivo Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 de 11 de mayo de 2009 y en  virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140

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inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo  141 del Decreto Supremo Nº 29894.

RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, el Acto Administrativo nota CITE: SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/000671/2011 de fecha 31 de agosto de 2011, consecuentemente quedando válidas las notificaciones con los  Proveídos y Autos de Sumario Contravencionales correspondientes a los casos Nros. 95; 197;  217; 218; 219; 220; 221 y 224 de la gestión 2009 y los Nros. 244; 245; 246; 247; 279; 250; 252;  253; 254; 257; 258; y 259 de la gestión 2010, en base a la explicación realizada en la parte  considerativa. Todo de conformidad con lo previsto por el artículo 212 inciso b) del Código  Tributario Boliviano (Ley Nº 2492).

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución a  conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,  en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140.c) del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

 

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