ARIT-CHQ-RA-0014-2011 Se confirma Resolución Sancionatoria por registrar incorrectamente notas fiscales en el libro de Ventas IVA. El contribuyente reclama la inexistencia de la contravención tributaria y solicita la anulabilidad del acto administrativo, alegando que no existe fundamentación ni se señala cual es la contravención específica, sino una cita superficial de las normas.

ARIT-CHQ-RA-0014-2011

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0014/2011  

RECURRENTE: FABRICA DE CHOCOLATES TABOADA, representada  por Carlos Enrique Taboada Bejarano.  

RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, representada  legalmente por Maria Gutiérrez Alcón.  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0004/2011.  

LUGAR Y FECHA: Sucre, 4 de abril de 2011.  

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Contribuyente: FABRICA DE CHOCOLATES  TABOADA SRL, representada por Carlos Enrique Taboada Bejarano, contra la  Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, de 21 de diciembre de 2010, emitida por la  Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN. Recurso que es admitido mediante auto de fojas  25 de obrados, de 18 de enero de 2011, debidamente notificado al titular de la  Administración Tributaria, para que en su condición de Autoridad recurrida remita todos  los antecedentes sobre la Resolución Sancionatoria impugnada; las pruebas literales y  documentales presentadas, producidas por las partes, autos y decretos dictados en la  tramitación del presente Recurso, Informe Técnico – Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº  0014/2011 y todo cuanto ver se convino y se tuvo presente:

CONSIDERANDO  

Que, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la  Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, de 21 de diciembre de 2010, que fue  notificada al señor Carlos Enrique Taboada Bejarano, representante legal de FABRICA  DE CHOCOLATES TABOADA SRL, el día 28 de diciembre de 2010; mediante la cual  se resolvió sancionar con una multa de 1.500 UFV`s (UN MIL QUINIENTAS  UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), por el incumplimiento a Deberes  Formales de registro incorrecto de notas fiscales en el Libro de Ventas IVA,  contraviniendo lo señalado en los numerales 86 Inc. B) y 87 de la RA 05-0043-99.  Dicha omisión constatada configura contravención tributaria al tenor de lo normado por  los artículos 160 y 162 del Código Tributario, concordante con el artículo 40 del  Decreto Supremo 27310 y sancionada de acuerdo a lo establecido por la Resolución  Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, artículo 4., Anexo A) numeral 3.2.

  1. DATOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.  

La Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, de fecha 21 de diciembre de 2010,  resuelve sancionar al contribuyente FÁBRICA DE CHOCOLATES TABOADA SRL,  con una multa de 1.500 UFV´s (UN MIL QUINIENTAS UNIDADES DE FOMENTO  A LA VIVIENDA), por la omisión constatada que configura contravención tributaria  al tenor de lo normado por los artículos, 160 y 162 parágrafo I del Código Tributario  vigente (Ley Nº 2492) concordante con el artículo 40 del Decreto Supremo Nº

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27310, siendo sancionada de acuerdo a lo establecido por la RND Nº 10.0021.04  Art. 4 Anexo A) num. 3.2 al tratarse de persona jurídica, vigente a la fecha del  hecho generador.

 

Con la citada Resolución Sancionatoria, la Administración Tributaria, procedió a  notificar personalmente al señor Carlos Enrique Taboada Bejarano, representante  legal de la FÁBRICA DE CHOCOLATES TABOADA SRL, en fecha 28 de  diciembre de 2010, conforme consta a fojas 4 de obrados.

En fecha 17 de enero de 2011, Carlos Enrique Taboada Bejarano, representante  legal de la FÁBRICA DE CHOCOLATES TABOADA SRL, mediante memorial que  cursa de fojas 19 a 24 del expediente, interpone Recurso de Alzada, contra la  referida Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, advirtiendo haberse presentado  el citado Recurso dentro del plazo legal establecido por el artículo 143 del Código  Tributario.

 

  1. CONTENIDO DEL RECURSO  

 El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos:

Como parte de los antecedentes indica que en fecha 22 de noviembre de 2010,  fue notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por supuesto  defecto en el registro de notas fiscales en el Libro de Ventas IVA, aspecto que  habría vulnerado lo señalado en los numerales 86 lit. b) y 87 de la Resolución  Administrativa 05-0043-99. Posteriormente, es notificado con la Resolución  Sancionatoria N° 18-0263-10, de 21 de diciembre de 2010, que sanciona a la  FÁBRICA DE CHOCOLATES TABOADA SRL, con una multa de 1.500 UFV’s,  sin mencionar en la parte resolutiva el tipo de ilícito tributario.

Indica que el argumento de la Administración Tributaria, radica en un supuesto  incumplimiento a deber formal, dado que se habría registrado incorrectamente  notas fiscales en el Libro de Ventas IVA, correspondiente al periodo fiscal de  septiembre 2006, siendo el único dato que se tiene de la supuesta contravención,  y que el auto inicial del sumario como la resolución sancionatoria no establecen  cuáles fueron las faltas para determinar un incorrecto registro de notas fiscales.

 

Vulneración al Principio de Legalidad o Reserva Legal.

Hace referencia al num. 1. parágrafo I) del art. 6 del Código Tributario que  establece el principio de legalidad o reserva legal, y señala que es competencia y  facultad privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, definir el hecho  generador que determine una obligación tributaria, que en el caso de autos,  indica que se trata de una sanción totalmente arbitraria por parte de la  Administración Tributaria, porque no existe Ley alguna que establezca como  hecho generador un supuesto error en la declaración de un número del NIT, error  que no implica daño al imperio recaudador del Estado en lo concerniente a su  capacidad de captar tributos, porque el importe de todas las facturas  correspondientes al periodo fiscal 9/2006 son correctos.

Inexistencia de Contravención Tributaria y el Error de Tipo.

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Señala el art. 60 del Código Tributario y cuestiona la Resolución Sancionatoria  indicando que solo señala el artículo 160 sin especificar cuáles habrían sido las  contravenciones producidas aspecto que vulnera totalmente el derecho a la  defensa y el debido proceso. Por otra parte –sostiene- la resolución también se  ampara en el art. 162 del citado Código Tributario, que se refiere a la sanción por  incumplimiento de deberes formales que están establecidos en el Código  Tributario, Disposiciones Legales Tributarias y demás disposiciones  reglamentarias.

Observa el numeral 86 lit. b) de la Resolución Administrativa 05-0043-99,  señalando que ésta desde ningún punto de vista es aplicable, porque se refiere  específicamente a la omisión de señalamiento del RUC del cliente, y que en su  Libro de Ventas, este deber formal sí ha sido cumplido cabalmente, afirma que  en su Libro de Ventas IVA, no existe ninguna factura declarada que omita este  formalismo. Mas adelante sostiene que la Administración tributaria someramente  señala una norma, pero no especifica cuál es la factura que supuestamente  habría omitido el señalamiento del NIT, y que la supuesta falta no se encuentra  debidamente tipificada, afirma que no existe norma alguna que establezca como  un deber formal introducir correctamente los datos, siendo que el tipo de este  ilícito tributario en No Consignar la Factura.

Señala el artículo 153 del Código Tributario e indica que el error de tipo se da  cuando, la norma no determina específicamente la conducta que debe ser  sancionada; el tipo en ese orden de ideas, implica que la conducta del  contribuyente en este caso, debe adecuarse específicamente a lo preceptuado  por la norma, en caso diverso, es decir que la conducta no se adecue a todos los  elementos del tipo, estamos frente a un error de tipo.

Manifiesta que la Resolución Administrativa 05-0043-99, no establece  taxativamente que consignar el RUC con error constituye una falta, del análisis  de dicha norma, se colige que la falta que se adecua expresamente a la  disposición es No Consignar el Número de RUC, lo cual es completamente  distinto a consignar el RUC pero con un error. Cita al tratadista Benjamín Miguel  Harb y su obra Código Penal Boliviano y al autor Alberto M. Binder en la obra  Introducción al Derecho Penal (pag. 269-270), para respaldar y afirmar la  existencia del error de tipo, que en el presente proceso la conducta habría sido  error en la declaración de una nota fiscal, aspecto que no implica ausencia de  declaración de la nota fiscal en lo concerniente al NIT, y de existir un error en el  número de NIT, no implica omisión del número de NIT, aspecto que determina  que la conducta supuestamente ilícita, no se adecue desde ningún punto de vista  al tipo previsto en la R. A. 05-0043-99, y que la multa debe ser dejada sin efecto  por el evidente error de tipo en el que ha incurrido la Administración Tributaria.

 

Incumplimiento del Artículo 168 de la Ley N° 2492 por parte de la Administración  Tributaria.

Cuestiona la aplicación del art. 168 del Código Tributario, y de acuerdo al análisis  que realiza indica que la parte resolutiva del Auto Inicial de Sumario  Contravencional N° 1010AISC00387 de 10 de noviembre de 2010, se  circunscribe a señalar someramente los arts. 160 y 162 del Código Tributario, sin  detallar claramente cuál es la contravención, tomando en cuenta que el art. 160  tiene seis numerales, aspecto que implica clara contravención a lo preceptuado

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por el art. 168 par. I) de la Ley N° 2492, que obliga taxativamente a la  Administración Tributaria a hacer constar el acto u omisión que se la atribuye; en  el presente caso –señala- que no se sabe con exactitud si la contravención es  una omisión de pago, no emisión de factura, omisión de inscripción,  contrabando, incumplimiento de deberes u otras señaladas por ley formal, es  decir no se precisaría cuál es la contravención acusada aspecto que vulnera el  derecho a la defensa, el debido proceso y el principio de legalidad que a criterio  del Tribunal Constitucional, a través de las Sentencias Constitucionales N°  1077/01-R, de 4 de octubre y 263/02-R, de 13 de marzo, supone “la sumisión de  los actos administrativos y jurisdiccionales concretos a las disposiciones vigentes  de carácter general, principio fundamental que establece un verdadero límite  sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el  desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las  normas…”; en el presente caso señala que Administración Tributaria habría  incumplido la previsión del precitado artículo 168 parágrafo I. del Código  Tributario.

Indefensión y vulneración al debido proceso.

Asevera que, al no establecer cuál es la contravención aludida, se provocó  indefensión a la empresa, aspecto que respalda con las Sentencias  Constitucionales N° 249/05-R de 21 de marzo; 259/05-R de 23 de marzo y  1534/03-R de 30 de octubre, que refiriéndose al derecho a la defensa prescriben  “…es la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentado  las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de  los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del  conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones  con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse  adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del estado que pueda  afectar sus derechos…”; también se refiere a las Sentencias Constitucionales N°  08/06-R, de 1 de febrero (RII); 1670/04-R de 14 de octubre y 1534/03-R de 30 de  octubre, referidas al derecho a la defensa.

Que -prosigue señalando- al margen de haberse vulnerado el Derecho a la  Defensa, se ha violado la garantía constitucional al Debido Proceso, consagrada  en el art. 116 de la Constitución Política del Estado, dado que tanto el Auto Inicial  de Sumario Contravencional, así como la Resolución Sancionatoria no  establecen con claridad cual la contravención acusada, incumpliendo la previsión  contenida en el art. 168 parágrafo I. del Código Tributario. Indica que sobre esta  garantía constitucional, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a través de  las Sentencias Constitucionales N° 418/00-R de 2 de mayo; 1276/01-R de 5 de  diciembre; 1234/00-R de 21 de diciembre; 29/05 de 28 de abril (RRII); 683/05-R  de 20 de junio; 684/05-R de junio; 731/05-R de 29 de junio y 617/05-R de 7 de  junio, que prescriben “Que el sistema constitucional boliviano ha adoptado como  una de las garantías constitucionales de la persona el debido proceso, conforme  ha definido este tribunal en su Sentencia Constitucional N° 418/00-R, consiste en  “el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus  derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales a  todos aquellos que se hallen en una situación similar”. La garantía del debido  proceso comprende “el conjunto de requisitos que deben observarse en las  instancias procesales”, a fin de que “las personas puedan defenderse  adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 

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afectar sus derechosentre ellos el derecho al Juez Natural que consiste en el  derecho de toda persona inculpada o procesada a ser enjuiciada ante un órgano  estatal (Juzgado o Tribunal) competente, independientemente e imparcial”.  Existe una falsa creencia que esta garantía únicamente tiene aplicación en  materia penal o judicial, por lo que las Sentencias Constitucionales N° 269/05-R  de 29 de marzo; 731/00-R de 27 de julio; 1234/00-R de 21 de diciembre y  775/02-R de 2 de julio, señalan claramente que el Debido Proceso es aplicable  también al ámbito administrativo, al precisar “las garantías del debido proceso no  son aplicable únicamente al ámbito judicial, sino que deben efectivizarse en  todas las instancias en las que a las personas se les atribuya aplicando un  procedimiento previsto en la ley la comisión de un acto vulnere la normativa  vigente y es obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces al  garantizar el respeto a esta garantía constitucional”. Por la normativa citada  indica que toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito  jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, el que se  respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso.

Anulabilidad del acto administrativo.

Señala los Artículos 27 y 28 de la Ley N° 2341, y de acuerdo al análisis que  realiza de la Resolución Sancionatoria impugnada, así como el informe de cierre  y el informe en conclusiones, que se constituyen en actos administrativos, se  corrobora que no existe la mínima fundamentación respecto de los motivos que  inducen a los funcionarios públicos que las suscriben, para arribar a las  conclusiones y decisiones adoptadas, más aún tomando en cuenta que el ámbito  de aplicación de la Ley N° 2341 es para el Poder Ejecutivo en su conjunto,  conforme lo establece con meridiana claridad el art. 2 lit. a) de precitada Ley.

Respalda su análisis en las Sentencias Constitucionales N° 12/02-R de 9 de  enero; 1523/04-R de 28 de septiembre y 682/04-R de 6 de mayo, y que las  autoridades recurridas en cumplimiento de lo establecido en el art. 28 lit e) de la  Ley N° 2341 y la uniforme jurisprudencia constitucional que tiene carácter  vinculante conforme lo establece el art.8 de la Ley N° 027, debían  inexcusablemente de haber fundamentado dicha resolución señalando cuál es la  contravención señalada adecuando el tipo de ilícito al caso concreto y no  circunscribirse a una cita superficial de normas; este hecho de conformidad a lo  establecido en el art. 36 par. II) de la Ley 2341 implica la anulación de la  resolución impugnada.

De lo expuesto, amparado en la base legal citada precedentemente y en la prueba  que se aporta, pide que en estricta aplicación a la Ley se admita el presente  Recurso de Alzada, y considerando en el fondo REVOQUE totalmente la  Resolución Sancionatoria N° 18-0263-10 de 21 de diciembre de 2010, dejándola sin  efecto legal alguno por el evidente error del tipo y la vulneración al principio de  legalidad o reserva legal, consiguientemente declare que la FÁBRICA DE  CHOCOLATES TABOADA ha cumplido taxativamente con su obligación tributaria;  por otra parte, habiendo demostrado la inobservancia por parte de la Administración  Tributaria del art. 168 par. I) de la Ley N° 2492, solicita si correspondería  alternativamente ANULAR la Resolución Sancionatoria precitada, reponiendo hasta  el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional y  que señale expresamente cuál es la contravención aludida dentro la tipificación  establecida en el art. 160 de la Ley N° 2492.

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III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO.  

Que, admitido el Recurso de Alzada por auto de fecha 18 de enero de 2011,  cursante a fojas 25 de obrados, se dispuso correr en conocimiento de la  Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de los (15) días, computables  a partir de su legal notificación conteste y remita todos los antecedentes  administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la Resolución  Impugnada, en aplicación de lo señalado por el artículo 218 incisos b) y c) de la Ley  Nº 3092, habiendo sido notificada legalmente la Gerencia Distrital Chuquisaca del  Servicio de Impuestos Nacionales con el citado auto de admisión de Recurso de  Alzada, en fecha 25 de enero de 2011, conforme consta en la diligencia del fojas 27  de obrados.

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE  ALZADA. 

Que, dentro del plazo legal Maria Gutiérrez Alcón, se apersona acreditando su  personería en su condición de Gerente Distrital a.i. del Servicio de Impuestos  Nacionales de Chuquisaca, solicitando se acepte su representación legal y se le  haga conocer las providencias que se dicten en el recurso de alzada, a cuyo efecto  adjunta fotocopias legalizadas de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº  03-0102-10, de fecha 24 de febrero de 2010, emanada de Presidencia Ejecutiva  del Servicio de Impuestos Nacionales.

 

  1. a) Señala como antecedentes que de la verificación efectuada a la contribuyente  María Luisa del Rosario Negrón Hoyos, con la solicitud de libros de Venta IVA  al contribuyente TABOADA S.R.L. de los períodos fiscales de agosto,  septiembre y diciembre de 2006, según el Título IV, Capítulo II., Artículos 160  num.5 y 162 de la Ley Nº 2492, se evidenció que el contribuyente FÁBRICA DE  CHOCOLATES TABOADA SRL, registró incorrectamente el NIT de la nota  fiscal Nº 24052 en su Libro de Ventas IVA del período septiembre de 2006,  motivo por el cual la Administración Tributaria instruyó la emisión del Auto  Inicial de Sumario Contravencional Nº 1010AISC00387, en aplicación al  proceso sancionador en la RND 10.0037.07, Art. 17, Capítulo III. de fecha  14/09/2007 y al tenor de lo normado por los artículos 160 y 162 parágrafo I. del  Código Tributario vigente concordante con el parágrafo I. del Artículo 40 del  D.S. 27310, siendo sancionada dicha conducta de acuerdo a lo establecido por  la RND 10.0037.07, Art. 4 Anexo A) num. 3.2 con 1.500 UFV´s (UN MIL  QUINIENTAS UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), además de  incumplir el inc. b) del num.86 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99.
  2. b) La Administración Tributaria afirma que sí se encuentra especificado el tipo del  Ilícito, y que se hizo referencia que el contribuyente incurrió en un registro  incorrecto en su Libro de Ventas IVA, contraviniendo el numeral 86 inc. b) de la  Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, y en segundo lugar estableció  expresamente que el hecho constituye Incumplimiento a Deberes Formales,  posteriormente indica que la conducta u omisión constatada configura  contravención tributaria al tenor de lo normado por los artículos 160 y 162  parágrafo I. del Código Tributario concordante con el parágrafo I. del Artículo 40

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del DS 27310, siendo sancionado de acuerdo a lo establecido por Artículo 4.  Anexo A) num. 3.2 la RND 10.0021.04, con una multa de 1.500 Unidades de  Fomento a la Vivienda. Aclara que la parte considerativa de la resolución  expone los fundamentos jurídicos como fácticos que sirven como base y  sustento para la parte resolutiva, que van desde los hechos a ser sancionados,  describiendo la normativa y las contravenciones a ser aplicados, siendo la  única finalidad de la parte resolutiva la aplicación o no de la correspondiente  sanción, y que la parte recurrente no tiene base legal para sostener que en la  parte resolutiva tendría que repetirse nuevamente el tipo del ilícito cometido  cuando el mismo ya fue desarrollado ampliamente en la parte considerativa de  la referida resolución. Indica que el recurrente conoce muy bien el tipo de ilícito  atribuido y el hecho sancionable en el que incurrió, indica que no se encontró  en ningún momento privado de conocer los motivos fácticos como las razones  jurídicas.

  1. c) Con relación al punto II.2 del memorial del recurso de alzada, indica que el  recurrente confunde dos aspectos, que la obligación tributaria material esta  referida al cumplimiento del pago de tributos en tanto que las obligaciones  formales están relacionadas al cumplimiento de ciertos deberes establecidos  por normativa con el objeto de facilitar las tareas de control y fiscalización de la  Administración Tributaria, señala que cuando el recurrente cita el num.1 del  parágrafo I. del Artículo 6 del Código Tributario, se refiere a obligaciones  materiales tributarias relacionadas con la creación, modificación y supresión de  tributos, también se refiere al hecho generador establecido por ley para  configurar cada tributo. Por otra parte señala que el recurrente confunde la  noción de hecho generador del tributo con una acción u omisión sancionada  por la normativa Contravencional Tributaria, ya que no existe normativa que  establezca que una contravención constituya un hecho generador de tributo,  porque se trata de conceptos muy distintos, señala que en el caso de Autos lo  que interesa es que el contribuyente incurrió en un incumplimiento a un deber  formal referido a consignar correctamente en su libro de ventas IVA el número  de NIT correspondiente a una factura.

Sostiene que con el cumplimiento de los deberes formales, entre los cuales se  encuentra el correcto llenado de los libros de Ventas IVA, la Administración  Tributaria cuenta con mayores elementos para ejercer sus facultades de control  y fiscalización y es ahí donde justamente radica la esencia y filosofía de la  creación de los deberes formales, que por lo expuesto afirma que es importante  para la Administración Tributaria velar no solo por el pago de tributos sino  también del cumplimiento de los deberes formales, ya que de ello depende la  solidez del sistema tributario. Aclara que en el presente caso nadie está  objetando ni determinando que se haya omitido el pago de tributos y que  tampoco es evidente que el incumplimiento a deber formal atribuido no se  encuentre debidamente tipificado, ya que la resolución sancionatoria hace  referencia entre la base legal aplicable, al Atr. 160, 162 parágrafo I. del Código  Tributario, asimismo el punto 3.2 del Anexo A) de la R.N.D. Nº 10-0037-07, y el  inc. b) del numeral 86 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99. Con las  citas legales referidas señala que el incumplimiento a deber formal se  encuentra debidamente previsto por la normativa tributaria.

  1. d) Afirma que no es evidente la falta de tipicidad y el error de tipo, ya que de  acuerdo a las afirmaciones del recurrente en su memorial de recurso de alzada,

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el contribuyente sabía muy bien la obligación que tenía de llenar con diligencia  los datos correspondientes al NIT de una factura en su libro de ventas IVA,  señala que no se trata de un error invencible, sino que se debió a negligencia  en el llenado del libro de ventas IVA, que determina culpa en su accionar y que  es elemento suficiente para la aplicación de una sanción.

Asevera que en ningún momento se dejó en indefensión al recurrente y que  todas las actuaciones administrativas se encuentran debidamente sustentadas  en la normativa tributaria y que el contribuyente en todo momento conoció los  detalles y particularidades de la contravención atribuida. Hace referencia al  tercer párrafo del subtítulo II.3. del memorial de recurso de alzada, en el que el  recurrente demuestra que fue sancionado por no consignar el NIT correcto de  una factura en su Libro de Ventas IVA, y que también expresa que la sanción  corresponde a error en la “declaración” de una nota fiscal en lo concerniente al  NIT.

Por último hace referencia al inc. b) num. 86 de la Resolución Administrativa  05-0043-09, que en el caso de Autos no se registró el NIT correcto del  contribuyente según se constata a fs. 5 en el cuadro técnico fila 10 del  expediente, que el hecho de no haberse consignado el NIT correcto de la  factura Nº 24052 respecto al período fiscal septiembre 2006 en el libro de  Ventas implicó que la Administración Tributaria no cuente con datos reales en  el ejercicio de sus facultades de control y fiscalización lo cual encuadra a  plenitud la conducta del contribuyente en la contravención atribuida.

 

Por todo lo expuesto manifiesta que las actuaciones en la emisión de la Resolución  Sancionatoria Nº 18-0263-10 de 21/12/2010, estuvieron enmarcadas dentro de las  normas y procedimientos legales, pide se dicte resolución, aplicando el Art. 212  inc. b) del Código Tributario, solicitando se CONFIRME la Resolución  Sancionatoria, quedando firmes y subsistentes todos sus efectos legales.

  1. FASE PROBATORIA.  

Que, en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario  (Título V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 08 de febrero de 2011 cursante a  fojas 33 de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días  comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación,  conforme consta por las diligencias cursantes de fojas 34 y 35 de obrados.

Que, en esta fase, la parte recurrida en fecha 01 de marzo de 2011, presenta  memorial en el cual ofrece Reporte del SIRAT 2 del Libro de Ventas recortado a  través del Módulo Da Vinci y copia legalizada de la factura observada Nº 24052,  también ratifica la prueba documental ofrecida en el memorial de contestación de  Alzada. Por otro lado, la parte recurrente en esta etapa probatoria, mediante  memorial de fecha 25 de febrero de 2011, se adhiere a la prueba presentada por la  Administración Tributaria.

  1. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE  IMPUGNACION TRIBUTARIA CHUQUISACA.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo  dispuesto en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir

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del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el  presente recurso de alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal  establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código  Tributario Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación  contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10 vía recurso de alzada se inició  en fecha 17 de enero de 2011, conforme consta por el cargo de recepción cursante  a fojas 17 del expediente.

En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva  o material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento  administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en  base al principio de irretroactividad y las normas reglamentarias conexas a la  vigencia del hecho.

Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría  de Cámara de esta instancia administrativa cursante de fojas 46 a 47 de obrados,  se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución  del Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley Nº  3092, vence el día lunes 11 de abril de 2011.

Se hace constar que de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente a  fojas 48 mediante memorial la parte recurrida formula alegatos escritos en  conclusiones, afirmando que la Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, cumple  con los requisitos de Ley en lo que se refiere al tipo del Ilícito Tributario, por su  parte el recurrente no presentó ni solicitó alegatos escritos u orales.

VII. RELACIÓN DE HECHOS. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación  de hechos:

 

De acuerdo a los antecedentes del Cuadernillo Nº 1 (SIN-CHQ), a fojas 2 se  encuentra el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1010AISC00387, emitido  en fecha 10 de noviembre de 2010, en contra del contribuyente Fábrica de  Chocolates Taboada S.R.L., con NIT 1000233024, de conformidad a lo establecido  en el artículo 168 de la Ley Nº 2492, concordante con el artículo 17 parágrafo I. de  la Disposición Final Quinta de la R.N.D. Nº 10-0037-07, por encontrarse su  conducta prevista como Incumplimiento a Deber Formal establecido en los  artículos 160 y 162 de la Ley Nº 2492, estando sujeta a sanción establecida en  punto 3.2 para personas jurídicas del Anexo A) Consolidado al Art. 4º de la R.N.D.  Nº 10-0021-04, acto administrativo que fue notificado al contribuyente en fecha 22  de noviembre de 2010, otorgándole el plazo de (20) días improrrogables,  computables a partir de su legal notificación, ante este acto administrativo el  contribuyente no presentó descargo alguno.

A fojas 3 del referido Cuadernillo se encuentra el Informe Final de fecha 20 de  septiembre de 2010, que en su parte conclusiva establece por verificación la  existencia de diferencia a favor del Fisco originada por Crédito Fiscal IVA  indebidamente utilizado de 24 NN.FF. observadas en “Detalle de Diferencias”  Anexo a Form. 7520 períodos agosto, septiembre y diciembre 2006, que a la fecha  de la elaboración del referido Informe la deuda asciende a UFV`s 5.939.- (Cinco

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Mil Novecientas Treinta y Nueve Unidades de Fomento a la Vivienda) incluidos  accesorios de Ley e IDF´s., existiendo sanción del ilícito al 100% que asciende a  UFV´s. 3.339.- (Tres Mil Trescientas Treinta y Nueve Unidades de Fomento a la  Vivienda), que en función al alcance de la verificación y en cumplimiento al Caso 3  del Art. 18º de la R.N.D. 10-0037-07.

De fojas 9 a fojas 15 se encuentran Informes Gerenciales de Verificaciones de  AISCs., documentos de fecha 15/12/2010 y Consultas de Padrón del Contribuyente  Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L.

Finalmente se emite la Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10 de fecha 21 de  octubre de 2010, que resuelve san cionar al contribuyente FÁBRICA DE  CHOCOLATES TABOADA, con una multa de 1.500 UFV´s (UN MIL QUINIENTAS  UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), por la omisión constatada que  configura contravención tributaria al tenor de lo normado por los artículos, 160 y  162 parágrafo I. del Código Tributario vigente (Ley Nº 2492) concordante con el  artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 siendo sancionada, de acuerdo a lo  establecido por la R.N.D. Nº 10.0021.04 Art. 4 Anexo A) mun. 3.2 al tratarse de  persona jurídica de acuerdo a lo establecido por la Resolución Normativa de  Directorio Nº 10-0037-07 en su Anexo A) num. 1.3, vigente a la fecha del hecho  generador.

Con la citada Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, la Administración  Tributaria, procedió a notificar personalmente al señor Carlos Enrique Taboada  representante legal del contribuyente Fábrica de Chocolates Taboada S.R.L. en  fecha 28 de diciembre de 2010, conforme consta a fojas 4 de obrados.

VIII. MARCO LEGAL  

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

Artículo 117. 

  1. Ninguna persona puede ser condenado sin haber sido oída y juzgada  previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido  impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

Sentencia Constitucional Nº 0386/2005-R 

“.. Del Principio de Legalidad, se derivan las garantías “jurisdiccional” y de  “ejecución” mediante las que, respectivamente, se asegura que nadie será  condenado sin haber sido previamente objeto de un procedimiento judicial acorde  con los requerimientos constitucionales y que el cumplimiento de la pena impuesta  se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto por ley”.

Sentencia Constitucional Nº 0287/2003-R, de 11/03/03  

“…la indefensión no se produce si la situación en el que el ciudadano se ha visto  colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue  imputable por falta de la necesaria diligencia …no se encuentra en una situación  de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso 

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y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de  intervenir en él por un acto de su voluntad”.  

  

Ley Nº 2492.- Código Tributario.-  

Artículo 6.- (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

  1. Sólo la Ley puede:
  2. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación  tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la  misma; y designar al sujeto pasivo.
  3. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.

Artículo 65.- (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración  Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos,  salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que  este Código establece.

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente  conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.

Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las  siguientes facultades específicas:

  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;

Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen  obligaciones tributarias del sujeto pasivo:

  1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma,  medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos  los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.
  2. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros  generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o  instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas  respectivas.

ARTÍCULO 76° (Carga de la Prueba).

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda  hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero  responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de  la Administración Tributaria.

En consecuencia respecto de la ausencia de estas pruebas, Los actos de la  Administración Tributaria Aduanera por estar sometidos a la Ley se presumen  legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario  emergente de los procesos que este Código establece.

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente  conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.

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Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá  indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e  investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

  1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como  cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios

Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

Numeral 5. Incumplimiento de otros deberes formales;

Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales).

  1. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el  presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones  normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde  cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV’‘‘‘s) a cinco mil  Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV’‘‘‘s). La sanción para cada  una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante  norma reglamentaria.

Artículo 168. (Sumario Contravencional).

  1. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento  de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las  contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción  dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo  en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al  responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá  disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a  quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la  contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule  por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO 10.0037.07 A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL

3.2 Registros de Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo al o establecido en  norma específica. Personas Jurídicas 1.500 UFV´s .

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 05-0043-99  

Numeral 86. Se establece un libro de Ventas IVA, cuyo formato se aprueba  mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán  cronológicamente y correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas,  “tickets”, y/o documentos equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos  mínimos a consignar, además de la información de cabecera establecida en  formato, será la siguiente:

  1. b) Número del RUC del cliente (Cuando corresponda).

LEY Nº 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).

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Artículo 72.- (Principio de Legalidad).- Las sanciones administrativas solamente  podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa,  conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones  reglamentarias aplicables.

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO 10.0037.07  

Artículo 17.- Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de  determinación.  

  1. Iniciación. 2.1 El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al  presunto contraventor con el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será  elaborado por el departamento que constate la contravención. El Auto Inicial del  Sumario Contravencional contendrá como mínimo, la siguiente información:
  2. c) Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida.

LEY Nº 3092 (TITULO V DEL CODIGO TRIBUTARIO). 

Artículo 212.- (Clases de Resolución). 

  1. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser:
  2. a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido.
  3. b) Confirmatorias; o
  4. c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo.
  5. FUNDAMENTOS TECNICO JURIDICOS.  

  

 El recurrente FÁBRICA DE CHOCOLATES TABOADA SRL, representado  legalmente por Carlos Enrique Taboada Bejarano, impugna la Resolución  Sancionatoria Nº 18-0263-2010 de fecha 21 de diciembre de 2010, en base a los  argumentos descritos en su memorial de Recurso de Alzada. Por su parte la  Administración Tributaria responde en forma negativa a las pretensiones del  recurrente, rechazando los argumentos esgrimidos en la impugnación.

Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos  reclamados por la parte recurrente en conexión con los puntos rechazados  expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se establezca  y determine conforme a Ley cuál de las dos partes tiene fundada razón, en base a  la prueba aportada, argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos  durante la tramitación del Recurso de Alzada.

En principio esta Instancia Administrativa antes de entrar al fondo del reclamo en  el presente recurso, evidencia que los actos administrativos emanados por la  Administración Tributaria como ser, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  1010AISC00387 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, cumplen todos los  requisitos establecidos en los artículos 1, 3, 4, 6, 83 y 99-II. de la Ley Nº 2492.

 

En consecuencia esta instancia de administración de justicia tributaria, no  evidencia causales de anulabilidad en el presente proceso administrativo  sancionador, correspondiendo ingresar al análisis de los puntos de reclamo de la  parte recurrente.

9.1 Con relación a la vulneración al principio de legalidad o reserva legal. Pág.13 de 20

La parte recurrente hace referencia al num. 1. parágrafo. I) del art. 6 del Código  Tributario que establece el principio de legalidad o reserva legal, y señala que es  competencia y facultad privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional definir  el hecho generador que determine una obligación tributaria, que en el caso de  autos, indica que se trata de una sanción totalmente arbitraria por parte de la  Administración Tributaria, porque no existe Ley alguna que establezca como  hecho generador un supuesto error en la declaración de un número del NIT, error  que no implica daño al imperio recaudador del Estado en lo concerniente a su  capacidad de captar tributos, porque el importe de todas las facturas  correspondientes al periodo fiscal 9/2006 son correctos.

En principio antes de entrar al análisis de este reclamo alegado por la parte  recurrente, conviene establecer y aclarar varios aspectos, de los cuales se tiene  que, en efecto el artículo 6 del Código Tributario establece que solo la Ley  puede: 1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la  obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo  de la misma; y designar al sujeto pasivo. 6. Tipificar los ilícitos tributarios y  establecer las respectivas sanciones”. El referido artículo establece y consagra el  principio tributario de la Reserva Legal, que significa, que el Poder Ejecutivo al  ejercer la facultad reglamentaria debe de abstenerse de legislar, es decir no  puede crear normas jurídicas sobre materias que son de exclusiva facultad del  legislador, aspecto que es acorde al artículo referido.

El reclamo principal o tema de fondo de la parte recurrente es la existencia de  una sanción totalmente arbitraria por parte de la Administración Tributaria,  cuando expresa: no existe ley alguna que establezca como hecho generador un  supuesto error en la declaración de un número del NIT”. Al respecto dentro la  lógica tributaria no existe tal norma que establezca que una contravención  constituya un hecho generador de tributo, son conceptos totalmente diferentes,  ya que el hecho generador es la realización del supuesto previsto en la norma  que dará lugar a la obligación tributaria de dar o hacer. Por otro lado el Código  Tributario, clasifica los ilícitos tributarios en 2 grupos: en Contravenciones  Tributarias y Delitos Tributarios. Las contravenciones tributarias consisten en  infracciones de carácter formal o material que por su menor gravedad reciben  sanciones únicamente de carácter patrimonial y administrativo. El Código  Tributario Boliviano, Ley Nº 2492, regula y clasifica las contravenciones  tributarias y dichas contravenciones se encuentran descritas en el artículo 160  del Código Tributario. En el caso presente, las tipificadas en el num. 6) del  referido cuerpo normativo, también el parágrafo I. del Artículo 162, hace  referencia a la cuantificación ó parámetro de las sanciones para el  incumplimiento de los deberes formales que irá desde cincuenta Unidades de  Fomento a la Vivienda (50.- UFV`s) a cinco mil Unidades de Fomento a la  Vivienda (5.000.-). En el caso de autos, de acuerdo a las facultades conferidas a  la Administración Tributaria en los Artículos 66 y 100 del Código Tributario Ley Nº  2492, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1010AISC00387, no solo  hace referencia a la normativa antes señalada, sino que también dicho  documento señala el Punto 3.2 del Anexo Consolidado al Artículo 4 de la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, norma reglamentaria vigente  al momento de la configuración de la Contravención Tributaria.

Dentro de la amplia normativa tributaria referida a contravenciones, conviene  hacer referencia al numeral 86 inc. b) de la Resolución Administrativa Nº 05-

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0043-99, que exige como datos mínimos a consignar el Número del RUC o NIT  del cliente, ahora bien, de acuerdo a las pruebas aportadas por la parte  recurrente a esta Instancia Administrativa se tiene el Cuadernillo de  Antecedentes Nº 1 (Recurrente), que a fojas 26 se encuentra el Libro de Ventas  Detalladas del contribuyente Fábrica de Chocolates “TABOADA”, donde se  observa el registro y datos de Rosario Negrón, con NIT Nº 1084292017; Nº de  factura 24052; de fecha 07/09/2006. Por otro lado de acuerdo a las pruebas  aportadas por la Administración Tributaria, tanto en la contestación al recurso de  alzada y las pruebas ofrecidas en el término probatorio se tiene que a fojas 38 a  40 de obrados, se encuentra el extracto del SIRAT, de las Ventas Reportadas  por el Contribuyente FÁBRICA DE CHOCOLATES TABOADA SRL, en el que se  advierte los mismos errores descritos en la prueba aportada por el recurrente con  relación a los datos comparados con la factura Nº 24052, emitida en fecha  06/09/2006, con Nº de Orden 1030431386 a la Sra. Rosario Negrón, con Nº de  NIT 1054292017. De la valoración de estos antecedentes se evidencia que el  recurrente Fábrica de Chocolates “TABOADA S.R.L.” no ha registrado el NIT  del cliente, en este caso de la Sra. Rosario Negrón, que tiene como Nº de NIT  10541292017, evidenciándose con bastante claridad que no se ha cumplido lo  dispuesto en el numeral 86 inc. b) de la Resolución Administrativa Nº 05-0043- 99, que exige como datos mínimos a consignar el Número del RUC o NIT del  cliente, de acuerdo a estos antecedentes se establece que no existe ninguna  sanción arbitraria como alega la parte recurrente, mas al contrario se evidencia  que la parte recurrente no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 70  numerales 1 y 4 de la Ley Nº 2492. Consiguientemente, queda claramente  demostrado que la anulabilidad del acto administrativo alegado por el recurrente  en el memorial del recurso de alzada no existe.

Con relación a la existencia de Vulneración al Principio de Legalidad, se debe  tener presente que los tributos son única y exclusivamente creados modificados  o suprimidos por una Ley, es decir, los tributos siempre son ex lege (según la  ley), en cumplimiento del principio de legalidad del tributo, cuyo origen es el  aforismo “Nullum poena sine praevia lege” (Ninguna pena sin previa ley). Bajo  ese principio el artículo 117 de nuestra Constitución Política de Estado, consagra  en nuestra legislación el valor del principio de legalidad en el derecho punitorio,  el Principio de Legalidad, es trascendental para el derecho penal y para el  Derecho Administrativo Sancionador ya que obliga a la existencia de una norma  previa que tipifique la infracción o conducta que se pretende sancionar. Esa  norma previa debe además establecer la sanción aplicable, como requisitos sin  los cuales no es posible calificar una conducta como contravención y menos  aplicar una sanción. El Artículo 72 de la Ley Nº 2341 o Ley de Procedimiento  Administrativo boliviano se refiere explícitamente a este principio, anotando que  “las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando estas  hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido  en la presente ley y disposiciones reglamentarias aplicables” . El hecho que las  normas sancionadoras en blanco atentan también al principio de legalidad es que  la reserva de la ley obliga a que una norma de ese rango legislativo tipifique el  delito y establezca la sanción penal. Aunque es bueno precisar sobre este punto  que en Derecho Administrativo es admitido que un reglamento describa una  infracción …”solo cuando el núcleo de aquella se halle contenido en una ley  formal y siempre y cuando no se agraven los tipos ni se haga una regulación  independiente sino subordinada” QUIROZ LOBO, José Mario: Principios de  Derecho Sancionador.

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En nuestro apéndice de Jurisprudencia Constitucional hacemos referencia a la  Sentencia Constitucional Nº 0386/2005-R “.. Del Principio de Legalidad, se  derivan las garantías “jurisdiccional” y de “ejecución” mediante las que,  respectivamente, se asegura que nadie será condenado sin haber sido  previamente objeto de un procedimiento judicial acorde con los requerimientos  constitucionales y que el cumplimiento de la pena impuesta se llevará a cabo con  arreglo a lo dispuesto por ley”.

 

Bajo el marco normativo y Jurisprudencia citada no se observa la existencia de  Vulneración al Principio de Legalidad en el presente proceso administrativo  sancionador.

9.2 Con relación a la inexistencia de contravención tributaria y del error de tipo.  

 El sujeto pasivo señala equívocamente el art. 60 del Código Tributario y  cuestiona la Resolución Sancionatoria indicando que solo señala el artículo 160  sin especificar cuáles habrían sido las contravenciones producidas, aspecto que  vulnera totalmente el derecho a la defensa y el debido proceso. Por otra parte, la  resolución también se ampara en el art. 162 del citado Código Tributario, que se  refiere a la sanción por incumplimiento de deberes formales que están  establecidos en el Código Tributario, Disposiciones Legales Tributarias y demás  disposiciones reglamentarias.

Observa el numeral 86 lit. b) de la Resolución Administrativa 05-0043-99,  señalando que ésta desde ningún punto de vista es aplicable, porque dado que  esta se refiere específicamente a la omisión de señalamiento del RUC del  cliente, y que en su Libro de Ventas, se infiere que este deber formal sí ha sido  cumplido cabalmente, afirma que en su Libro de Ventas IVA, no existe ninguna  factura declarada que omita este formalismo. Sostiene que la Administración  tributaria someramente señala una norma, pero no especifica cuál es la factura  que supuestamente habría omitido el señalamiento del NIT, y que la supuesta  falta no se encuentra debidamente tipificada, y afirma que no existe norma  alguna que establezca como un deber formal introducir correctamente los datos,  siendo que el tipo de este ilícito tributario es No Consignar la Factura.

Indica que de acuerdo al Artículo 153 del Código Tributario referido a las  causales de exclusión de responsabilidad de ilícitos tributarios, existe exclusión  de responsabilidad cuando se da error de tipo o prohibición. El error de tipo se da  cuando, la norma no determina específicamente la conducta que debe ser  sancionada; el tipo en ese orden de ideas, implica que la conducta del  contribuyente en este caso, debe adecuarse específicamente a lo preceptuado  por la norma, en caso diverso, es decir que la conducta no se adecue a todos los  elementos del tipo, estamos frente a un error de tipo.

 

9.3 Con relación al reclamo de inexistencia de Contravención Tributaria esta  Instancia Administrativa resolvió el mismo en el numeral 9.2 del presente  Fundamento Técnico Jurídico. En cuanto al error de tipo que alega el recurrente,  se evidencia que la Administración Tributaria a mérito del citado Incumplimiento  de deber formal, emitió Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº  1010AISC00387 y posteriormente la Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, de  la revisión y análisis de los mismos actos administrativos se evidencia que

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cumplieron todos los requisitos procedimentales de acuerdo a normativa  tributaria vigente.

Al respecto conviene destacar el criterio asumido, respecto a la doctrina  tributaria, cuando se establece que: el incumplimiento de deberes formales es  una contravención de carácter objetiva, por lo que la sola vulneración de la  norma formal constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor  omitió intencional o negligentemente su obligación legal.  

Ello no impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de  imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria  no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente  del elemento subjetivo. (VILLEGAS, Héctor Curso de Finanzas, Derecho  Financiero y Tributario). 

La parte recurrente en esta instancia administrativa, no ha demostrado por  ningún medio las circunstancias excepcionales de error de tipo o de derecho  respecto a las causas de incumplimiento de la Contravención Tributaria  sancionada, incumpliendo el presupuesto legal de la carga de la prueba prevista  en el Código Tributario, por lo que no corresponde en su caso la aplicación del  artículo 153 numeral 2) del Código Tributario como causal de exclusión de  responsabilidad.

En consecuencia, el recurrente no logró desvirtuar la observación efectuada en la  Resolución impugnada, de conformidad a lo previsto en el artículo 76 del Código  Tributario, que determina que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá  probar los hechos constitutivos de los mismos, y que por efecto del referido  artículo, los actos supuestamente observados por la parte recurrente gozan de lo  dispuesto en el artículo 65 de la Ley Nº 2492.

9.4 Con relación a la indefensión y vulneración al debido proceso.  

La parte recurrente asevera que, al no establecer cuál es la contravención  aludida, se provocó indefensión a la empresa, aspecto que respalda con las  Sentencias Constitucionales Nros. 249/05-R de 21 de marzo; 259/05-R de 23 de  marzo y 1534/03-R de 30 de octubre, además, las Sentencias Constitucionales  N° 08/06-R de 1 de febrero (RII); 1670/04-R de 14 de octubre y 1534/03-R de 30  de octubre, referidas al derecho a la Defensa.

También afirma que, al margen de haberse vulnerado el Derecho a la Defensa,  se ha violado la garantía constitucional al Debido Proceso, consagrada en el art.  116 de la Constitución Política del Estado, dado que tanto el Auto Inicial de  Sumario Contravencional, así como la Resolución Sancionatoria no establecen  con claridad cual la contravención acusada, incumpliendo de este modo la  previsión contenida en el art. 168 parágrafo primero del Código Tributario. Sobre  esta garantía Constitucional hace referencia a las Sentencias Constitucionales N°  418/00-R de 2 de mayo; 1276/01-R de 5 de diciembre; 1234/00-R de 21 de  diciembre; 29/05 de 28 de abril (RRII); 683/05-R de 20 de junio; 684/05-R de  junio; 731/05-R de 29 de junio y 617/05-R de 7 de junio y la Sentencia  Constitucional Nº 418/00-R, Afirma que la referida garantía tiene aplicación al  ámbito administrativo y que así lo respaldan las Sentencias Constitucionales N°

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269/05-R de 29 de marzo; 731/00-R de 27 de julio; 1234/00-R de 21 de  diciembre y 775/02-R de 2 de julio.

Asevera que en el caso presente, la Administración Tributaria incumpliendo lo  precitado en el parágrafo I. del Artículo 168 de la Ley Nº 2492, determina  categóricamente vulneración al principio de legalidad.

En principio antes de establecer la existencia de indefensión y vulneración a la  garantía Constitucional del Debido Proceso en perjuicio del recurrente, esta  Instancia Administrativa observa que en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1  (SIN), a fojas 2 se encuentra el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  1010AISC 00387, mediante este documento la Administración Tributaria hace  conocer al contribuyente un Incumplimiento a Deber Formal establecido en los  artículos 160 y 162 de la Ley Nº 2492, y sujeta a una sanción establecida en el  punto 3.2 para personas jurídicas del Anexo A) Consolidado al numeral 4 de la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, con una multa de UFV`s  1.500.- (UN MIL QUINIENTAS UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), se  advierte también que en dicho acto, propiamente en su parte de Vistos y  Considerando explica el motivo de la Contravención que dice: se ha evidenciado  que el contribuyente FABRICA DE CHOCOLATES TABOADA S.R.L. con NIT  1000233024 en el período fiscal 9/2006 ha registrado incorrectamente las notas  fiscales en el Libro de Ventas IVA, contraviniendo con lo señalado en el inc. b)  del num. 86 y 87 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 de 13 de agosto  de 1999. Dicho acto administrativo no solo contempla con claridad la  contravención tipificada sino también cumple lo dispuesto en el Artículo 168  parágrafo I. de la Ley Nº 2492 que dice: I. Siempre que la conducta  contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del  tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará  por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de  la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar  claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la  contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse  reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15)  días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a  quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su  descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

En el presente proceso administrativo sancionador se debe tomar en cuenta que  la conducta no se encuentra vinculada a un procedimiento de determinación, en  consecuencia el referido acto administrativo cuestionado también cumple los  requisitos del Artículo 17 subnumeral 2.1 del numeral 2) de la Resolución  Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, que dispone: “…El Auto Inicial del  Sumario Contravencional contendrá, como mínimo la siguiente información a)  Número de Auto inicial de Sumario Contravencional. b) Lugar y fecha de emisión.  c) Nombre o razón social del presunto contraventor. d) Número de Identificación  Tributaria. e) Acto u omisión que origina la contravención y norma  específica infringida. f) Sanción aplicable, señalando la norma legal o  administrativa donde se encuentre establecida. g) plazo y lugar donde pueden  presentarse descargos. h) Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial  y del Jefe de Departamento que constate la contravención”.

Otro antecedente considerado de mucha importancia es que el referido Auto  Inicial de Sumario Contravencional fue notificado personalmente al contribuyente

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en fecha 22/11/2010, y habiendo tenido el plazo legal de (20) días para presentar  sus descargos, en el referido Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN), no se  advierte descargo alguno que desvirtúe el Auto Inicial de Sumario  Contravencional.

De la misma forma a fojas 18 del referido Cuadernillo de Antecedentes, se  encuentra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, que en su texto también  contempla con claridad la contravención tipificada, se tiene de antecedentes que  ante la notificación de la Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, tampoco se  advierte descargos a este acto administrativo por la parte recurrente.

De la valoración de estos antecedentes se establece que los actos  administrativos emanados por la Administración Tributaria como ser el Auto  Inicial de Sumario Contravencional Nº 1010AISC00387 y la Resolución  Sancionatoria Nº 18-0263-10, establecen con claridad la contravención acusada,  cumpliendo a la ves lo dispuesto en el parágrafo I. del Artículo 168 de la Ley Nº  2492, siendo actos administrativos que gozan de plena legalidad de acuerdo a  normativa tributaria, no estableciéndose que se haya producido indefensión  porque el recurrente tuvo conocimiento desde el primer actuado dentro del  procedimiento que se sigue en su contra y actuó en el mismo en igualdad de  condiciones, tal como lo señala la S.C. 0287/2003-R, de 11/03/03, que establece:  “…la indefensión no se produce si la situación en el que el ciudadano se ha visto  colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue  imputable por falta de la necesaria diligencia …no se encuentra en una situación  de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso  y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de  intervenir en él por un acto de su voluntad”.

De la misma forma refiriéndonos a la vulneración del Debido Proceso alegado  por el recurrente, se debe aclarar que antes que principio, viene a constituirse en  una garantía para los administrados, que se traduce en: el derecho a ser oído, el  derecho a ofrecer prueba, y el derecho a una decisión fundada, en consecuencia,  todos los contribuyentes deben estar informados de sus derechos y de los  principios administrativos que rigen en el procedimiento tributario, a fin de  precautelar por la vigencia del Estado de Derecho, es así que esta Instancia  Administrativa evidencia y establece que los actos administrativos cuestionados  cumplen con todos los requisitos establecidos principalmente los fundamentos de  hecho y de derecho para viabilizar la Ratio Decidendi (la razón para decidir) en el  presente proceso administrativo. Al respecto, el Tribunal Constitucional  refiriéndose a la fundamentación de las resoluciones ha dejado firme  jurisprudencia en varios de sus fallos, entre los que se encuentran las SC  0954/2004-R, SC 752/2002-R, SC 1369/2001-R, señalando que: “(…) el derecho  al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución  sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una  Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la  fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la  misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una  Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en  los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera  flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las  razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la  ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión (…)”. De igual manera, la SC

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752/2002-R, de 25 de junio, ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R,  de 19 de diciembre señaló lo siguiente: “(…) el derecho al debido proceso, entre  su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente  fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe  imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar  las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…)”. 

Concluimos señalando que del análisis realizado, bajo el marco normativo  tributario y doctrinal no se demuestra que se haya ocasionado indefensión y se  haya vulnerado el Debido Proceso alegado por la parte recurrente.

De todo lo expuesto se establece que la Empresa recurrente no desvirtuó la  contravención que se le atribuye en relación al incumplimiento del deber formal objeto  del presente recurso, consiguientemente es pasible a la aplicación de la sanción  conforme establece la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0021.04, Art. 4 Anexo  A) numeral 3.2, por lo que corresponde a la Autoridad Regional de Impugnación  Tributaria, confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada.

POR TANTO  

El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de  Impugnación Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413  de 11 de mayo de 2009 y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce  por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano;  artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº  29894.

RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 18-0263-10, de 21 de  diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de  Impuestos Nacionales (SIN), en base al análisis y consideración puntual realizada en el  acápite de los fundamentos técnicos jurídicos. Todo de conformidad con lo previsto por  el artículo 212.I.b) del Código Tributario Boliviano (Título V-Ley Nº 3092).

Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución  a conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código  Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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