ARIT-CBA-RA-0575-2017 Resolución Determinativa por Deuda tributaria no aplicable, al no dedicarse a la actividad comercial

ARIT-CBA-RA-0575-2017

11 TL 

11 

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0575/201

Recurrente 

Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia 

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcia Milenka Rueda Soliz 

  • Acto impugnado 

Resolución Determinativa N° 171761000039 de 14 de marzo de 2017 

Expediente N° 

ARIT-TJA-0108/2017 

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Cochabamba, 22 de diciembre de 2017. 

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VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

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Marlenny Perez 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0575/2017 de 22 de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 171761000039 de 14 de marzo de 2017, determinando las obligaciones impositivas de la contribuyente Magdalena Rodríguez Carvajal, por un total de UFV’s457.076, equivalentes a Bs 1.000.625.-, por la deuda tributaria resultante de la Orden de Fiscalización N° 00150FE00002; asimismo sancionó con una multa igual al 100% del tributo omitido, por incurrir en omisión de pago en los períodos enero a 

diciembre de 2011. Acto notificado mediante cédula el 30 de agosto de 2017 (fojas 457 479 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo • Cochabamba, Bolivia 

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  1. II

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

  1. 1. Argumentos del Recurrente. 

Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, mediante notas de 19 de septiembre y subsanación de 3 de octubre de 2017 (fojas 42-56 y 61 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171761000039 de 14 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que al momento de notificar la Orden de Fiscalización, la Administración Tributaria emitió un Acta de Inspección Ocular, evidenciando que en el lugar no existía producto alguno de Industrias Oleaginosas SA., ni la existencia de documentación e información referente al alcance de la fiscalización, más cuando no cuenta con Número de Identificación Tributaria (NIT) al no haber realizado actividad comercial, tampoco estaba obligada a llevar contabilidad. 

Manifestó que conforme a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-000911, si la Administración Tributaria tenía certeza de que se dedicaba a una actividad comercial, previo a la emisión de la Orden de Fiscalización, debió proceder a la inscripción de oficio con un informe debidamente sustentado, sin embargo, la mencionada Acta de Inspección Ocular se encontraba pre impresa y no refleja la realidad, constituyéndose en prueba de la falta del debido proceso, resaltando que conforme a la información recabada del SEGIP su ocupación es de “labores de casareiterando que no se dedica a la actividad del comercio, acusando indefensión por no aplicar la propia reglamentación emitida por el SIN respecto a la inscripción de oficio, sin que exista una contravención por falta de inscripción, siendo tal aspecto el origen de cualquier actuación posterior por lo que debería proceder a su anulación. 

Sustentó que la Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 14 de noviembre de 2016, sin embargo, la persona que cuida su casa le informó que al momento de la entrega del documento, no se percato la fecha que consignaron, empero la actuación fue realizada el 18 de noviembre de 2016, por lo que la notificación está viciada de nulidad al consignar una fecha en la que los funcionarios no estuvieron presentes, hecho que se puede comprobar de los permisos y autorizaciones de salida de los funcionarios actuantes, que fue solicitada y no mereció respuesta a la fecha. 

NB ISO 29001 IBNORCA 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Indicó que presentó descargos dentro el plazo establecido el 14 de diciembre de 2016, conforme consta el sello de recepción, no obstante, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada, manifestó que de acuerdo al Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDYA/DJCC/TJ/INF/00054/2017, no presentó pruebas o descargos, por lo que no se valoró los descargos presentados incumpliendo lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y el inciso m) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100005-13, viciando de nulidad la Resolución Determinativa impugnada al causar indefensión. 

Argumentó que la Administración Tributaria, señaló los medios de determinación establecidos en el artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, cuando debió señalar solo uno, citó el inciso b) del artículo 7 de la citada norma, el cual establece la técnica de compras no declaradas, adicionando el margen de utilidad, lo cual no ocurrió; consecuentemente, al aplicar índice de precios al consumidor, desconoce a cabalidad el medio utilizado para la determinación sobre base presunta

dejando entrever que no se tiene de forma clara y precisa el medio de determinación 

  • utilizado, no pudiendo utilizar de forma simultanea todos los medios de determinación. 

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Expuso que para el UE, la Administración Tributaria realizó estados financieros considerando transporte, precio de cargado, descargado y alquiler sin detallar los importes que se utilizaron para cada concepto, determinando directamente una base imponible; acotó que para la determinación del IVA, IT e UE no aplicó lo dispuesto en la Ley N° 843, toda vez que no demostró que su persona efectuó ventas y no se encontraba obligada a elaborar Estados Financieros; asimismo la compra de aceites no es para una actividad comercial, puesto que solo hacía de gestora al ser su esposo el que tenía la actividad de transporte. 

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Afirmó que la Administración Tributaria labró un acta por contravenciones tributarias al no presentar la documentación requerida en el Form. 4003, no obstante no cuenta con dicha información y al no existir la obligación no puede ser sujeto a sanción; asimismo no contiene la norma específica infringida; por lo que la Resolución Determinativa no contiene los fundamentos de hecho y de derecho que debe tener cada observación ni la información suficiente, lo cual vicia de nulidad el acto administrativo. 

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Justicia tributaria para vivir bien . Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuyisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gobibo • Cochabamba, Bolivia 

Reclamó la emisión fuera de plazo de la Resolución Determinativa y la falta de requisitos mínimos, identificando entre ellos que en aplicación al artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), el acto impugnado no hizo referencia al interés aplicado y los que no se aplicarían por los días desde que debió ser emitida hasta el día de su notificación, por lo que dicho documento se encuentra viciado de nulidad, al incumplir el párrafo 2 del parágrafo ldel artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo tampoco consideró lo dispuesto en el artículo 47 de la citada Ley modificada por la Ley N° 812, al aplicar la tasa de interés del 4% desde la fecha de vencimiento a la fecha de emisión del documento, hecho que también incumple el inciso j) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° . 10-0005-13 

Manifestó que se configuró la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria en aplicación de los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), citando como fundamento las Sentencias. Constitucionales N° 753/2003 y 1278/2006, así como las Sentencias N° 39 y 47

Por lo expuesto, en petitorio solicitó revocar totalmente la Resolución Determinativa No 171761000039 de 14 de marzo de 2017. 

  1. 2. Auto de Admisión

El 4 de octubre de 2017, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-TJA-0108/2017, del Recurso de Alzada interpuesto por Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, contra la Resolución Determinativa No 171761000039 de 14 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 62 del expediente administrativo). 

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Marcia Milenka Rueda Soliz, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001299 de 29 de agosto de 2017 (fojas 69-70 del expediente administrativo), por memorial presentado el 23 de octubre de 2017. (fojas 71-81 del expediente administrativo). contestó el Recurso de Alzada, exponiendo los siguientes argumentos: 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Que si bien existe el procedimiento de inscripción de oficio como facultad de la Administración Tributaria, este puede ser desarrollado de forma opcional, no siendo un requisito determinante para el desarrollo de la verificación impositiva, toda vez que Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, tenía la obligación de inscribirse como contribuyente ante la Administración Tributaria al momento del inicio de sus actividades comerciales, las cuales fueron materializadas con las compras a su proveedor “Industrias Oleaginosas SA., sin que dicho aspecto se constituya en una causal de nulidad ni se configura en impedimento para el desarrollo de la verificación impositiva. 

Mencionó que en el Acta de Inspección Ocular, la información fue consolidada en las observaciones consultadas con anterioridad con la contribuyente y la misma fue ratificada en citada inspección, realizada por los funcionarios de la Administración Tributaria y firmada por la misma contribuyente, reflejando que tuvo conocimiento pleno de lo describía el acta, sin objetar la misma en su momento, constituyendo dicho documento en un medio probatorio por el cual realiza averiguaciones de la verdad material de la realidad económica de la contribuyente y si bien no se encontraron indicios de actividad comercial en el domicilio de Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, tal aspecto no es un hecho definitivo, siendo necesarios otros medios de prueba e información para determinar la inexistencia de la actividad económica

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Afirmó que la vista de Cargo fue notificada mediante cédula, efectuando la primera visita el 11 de noviembre de 2016, bajo advertencia que sería buscado nuevamente el 14 de. noviembre de 2016, por lo que en señal de constancia firmó Catalina Llave, en dicha fecha se efectuó la representación jurada y posterior notificación por cédula la cual también fue firmada por la referida persona, por lo que no es correcta la afirmación de que la notificación fue realizada de manera posterior cuando la actuación cumple con todos los requisitos exigidos por ley para su validez. 

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Respecto a los descargos a la Vista de Cargo, señaló que no cursan los mismos en antecedentes administrativos, por lo que se tiene por no presentados y por ende no valorados por el Departamento Jurídico que emitió la Resolución Determinativa impugnada. 

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Argumentó que la Administración Tributaria, señaló como medio para cuantificar la base presunta el establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Resolución Normativa de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

Directorio N° 10-001713, además que lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 2492 (CTB) debe entenderse como un enunciado progresivo y no restrictivo, por lo que al determinar la existencia de una deuda tributaria sobre base presunta, la Administración Tributaria debe utilizar todos los medios posibles para llegar a la averiguación de la 

verdad material; por otra parte, indicó que no empleo el artículo 7 de la citada Resol 

Normativa de Directorio y que el hecho de no agregar el margen de utilidad al precio de venta de los productos comercializados, no generan perjuicio alguno, toda vez que de. hacerlo resultaría una deuda tributaria más onerosa a la determinada. 

Expuso que para el cálculo del TUE, realizó las actividades señaladas en el Informe CITE:SIN/GDYA/DF/FE/INF/02142/2016, determinando el precio de venta del producto, el costo de transporte, el costo de descargo y el costo de alquiler de acuerdo a los artículos 45, 46, 47 de la Ley N° 2492 (CTB), Ley N° 843, Decreto Supremo N° 24051, artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713; añadió que por la información contenida en el citado informe y los papeles de trabajo, se tiene que el sujeto pasivo contaba con la información necesaria para detallar los importes que fueron utilizados para la determinación de los reparos a favor del fisco

Señaló que la Administración Tributaria constató a través del cruce de información, que la sujeto pasivo omitió declarar el 100% de sus compras efectuadas a Industrias Oleaginosas S.A., por lo que ante dicho argumento le correspondía a la contribuyente la carga de la prueba conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Manifestó que la sujéto pasivo tuvo la oportunidad de presentar la documentación de respaldo que justifique las grandes compras que realizó a su principal proveedor, sin embargo, se limitó a señalar que hacía de gestora y que presentaría prueba de reciente obtención, sin demostrar en ningún momento, que no efectuó actividades de comercio, por lo que la sanción por el incumplimiento al deber formal es correcta y no se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la Resolución Determinativa cuenta con los requisitos establecidos en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0005-13

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Finalmente, indicó que el cómputo de la prescripción se sujeta a lo imperativamente dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por las Leyes N° 291 y 317, por lo que las acciones de la Administración Tributaria para determinar las obligaciones tributarias de los periodos enero a diciembre de 2011, no se encuentra

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IBNORCA 

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Cochabamba 

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prescritas; acotó que las Sentencias N° 39/2016 y 47/2016 fueron dejadas sin efecto por las Sentencias Constitucionales N° 0048/2017-S2 y 231/2017-S3. 

Por lo expuesto, solicitó deciarar firme y subsistente la Resolución Determinativa No 1717610000639 de 14 de marzo de 2017. 

11.4. Apertura de término probatorio. 

El 24 de octubre de 2017, la Responsable Departamental de Recursos de Aizada Tarija de la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-TJA-0108/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a’ ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 82 de expediente administrativo). 

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ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 25 de septiembre de 2015, la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de Fiscalización No 00150FE00002 contra Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia a fin de verificar los hechos y elementos correspondientes a cada impuesto definido en el alcance, sin llegar a una fiscalización total, por los periodos enero a diciembre de la gestión 2011 respecto a los impuestos IVA, IT e IUE, adjuntó también el Requerimiento N° 00115272 mediante el cual requirió: Notas fiscales de respaldo ai crédito fiscal; Extractos bancarios; Comprobante de los ingresos y egresos con respaldo; Libros de contabilidad (Diario, Mayor); Kardex; Inventarios; Notas de pedido, comprobantes de depósito, traspaso, cheques y recibos de pago, alquiler, otra documentación de respaldo a los ingresos y egresos de los periodos de alcance de la revisión; documentos notificados de manera personal el 12 de noviembre de 2015 (fojas 2-3 de antecedentes administrativos).’ 

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El 16 de noviembre de 2015, Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia mediante nota presentada ante el SIN, la contribuyente expuso que resulta imposible proporcionar la documentación requerida, en razón a que no cuenta con las mismas ya que fueron extraviadas y mencionó que los motivos fueron expuestos ante dicha autoridad (fojas 9 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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Cursa en antecedentes el Acta de Inspección Ocular No 00150FE00002, que señaló la inexistencia de productos de “Industrias Oleaginosas SA.” en el domicilio de Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, además que no pudo evidenciar la existencia de documentación e información referente al alcance de la fiscalización (fojas 8 de antecedentes administrativos). 

El 10 de noviembre de 2016, el SIN emitió la vista de Cargo. No CITE: SIN/GDYBA/DF/FENC/00236/2016, que liquido preliminarmente de la deuda tributaria en UFV’s249.994, importe que corresponde a tributo omitido actualizado e interés de los impuestos IVA, IT e IUE; UFV’s201.209 por la sanción preliminar de omisión de pago del 100% del tributo omitido y; UFVs1.500 por la multa por incumplimiento de los deberes formales sen · Acta por contravenciones. Acto notificado mediante cédula a la contribuyente el 14 de noviembre de 2016 (fojas 404-426 de antecedentes administrativos). 

El 14 de diciembre de 2016, Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia por nota presentada a la Administración Tributaria, solicitó la anulación de la Vista de Cargo No CITE: SIN/GDYBA/DF/FENC/00236/2016, incluso la Orden de Fiscalización o en su defecto la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de la gestión 2011 (fojas 29-39 del expediente administrativo). 

El 14 de marzo de 2017, la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 1717610000639 de 14 de marzo de 2017, determinando las obligaciones impositivas de la contribuyente Magdalena Rodríguez Carvajal, por un total de UFV’s457.076, equivalentes a Bs1.000.625., por la deuda tributaria resultante de la Orden de Fiscalización N° 00150FE00002; asimismo sancionó con una multa igual al 100% del tributo omitido, por incurrir en omisión de pago en los periodos enero a diciembre de 2011. Acto notificado mediante cédula el 30 de agosto de 2017 (fojas 457-479 de antecedentes administrativos)

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo expuesto, el artículo 211 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por Magdalena Rodríguez Carvajal ENA de Budia, aclarando que planteó para el análisis técnico jurídico aspectos tanto de forma cómo de fondo observando en la forma: 1. Que antes de la Orden de Fiscalización, el SIN 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

debió proceder a la inscripción de oficio y al no haberlo hecho le causó indefensión, asimismo el acta de inspección ocular ya se encontraba preimpresa; 2. Que la notificación de la Vista de Cargo está viciada de nulidad al consignar una fecha en la que los funcionarios no estuvieron presentes; 3. Que el SIN no valoró los descargos presentados el 14 de diciembre de 2016; 4. Que la Resolución Determinativa carece de fundamentación respecto al medio de determinación utilizado, no detalló importes que utilizaron para para la determinación del IUE, ni consideró en el cálculo de los intereses de la deuda tributaria, la emisión fuera de plazo de la Resolución Determinativa

En cuanto a los reclamos de fondo del recurso, se concentraron los siguientes: 5. Que el Acta de Inspección Ocular se encontraba pre impresa y no refleja la realidad, que conforme la información de SEGIP su ocupación es “labores de casa” reiterando que no se dedica al comercio; 6. Que para la determinación del IVA, IT e IUE, el SIN no aplicó lo dispuesto en la Ley N° 843, toda vez que no demostró que efectuó ventas y no se encontraba obligada a elaborar Estados Financieros; 7. Que no cuenta con la información solicitada, por lo que al no existir la obligación no puede ser sujeto a sanción; y 8. Que se configuró la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria. 

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En ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados; y en caso de no ser evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

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IV.1. De la improcedencia de la determinación por falta de inscripción al registro tributario 

La recurrente argumento que conforme a la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0009-11, previo a la emisión de la Orden de Fiscalización, debió proceder a la inscripción de oficio con un informe debidamente sustentado y que al no haber efectuado causó indefensión por no aplicar la propia reglamentación emitida por el SIN respecto a la inscripción de oficio, sin que exista una contravención por falta de inscripción, siendo tal aspecto el origen de cualquier actuación posterior por lo que debería proceder a su anulación

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) — 

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Por su parte, la Administración Tributaria argumento que si bien existe un procedimiento de inscripción de oficio como facultad de la Administración. Tributaria, este puede ser desarrollado de forma opcional no siendo un requisito determinante e infaltable para el desarrollo de la verificación impositiva, toda vez que Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, tenía. la obligación de inscribirse como contribuyente ante la Administración Tributaria al momento del inicio de sus actividades comerciales, las cuales se materialización con las compras a su proveedor “Industrias Oleaginosas SA.”, sin que dicho aspecto se constituya en una causal de nulidad ni se configura en impedimento para el desarrollo de la verificación impositiva. 

Al respecto, el.numeral 7 del artículo 108 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que es deber de todos los bolivianos el tributar en proporción a su capacidad económica, conforme a ley

Por su parte, los artículos 22 y 23 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que la condición de sujeto pasivo y contribuyente, recae en todas las personas que deben cumplir las obligaciones tributarias y de las cuales se verifica el hecho generador. 

En el presente caso, la Administración Tributaria inició un proceso de determinación a Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, en razón a que conforme el cruce de información efectuado al proveedor Industrias Oleaginosas S.A., advirtió que la ahora recurrente omitió declarar las compras efectuadas y tampoco se inscribió o se registró en el padrón de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, por lo que el ente recaudador presumió la configuración de ventas no declaradas ni facturadas. 

Asimismo, durante la sustanciación del procedimiento de determinación, se labró el Acta de Inspección Ocular No 00150FE00002, la cual fue cuestionada por la ahora recurrente, señalando que se encontraba preimpresa a momento de proceder con su firma; en dicha acta los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales señalaron la inexistencia de productos de Industrias Oleaginosas S.A. y de la documentación e información referente al alcance de la fiscalización; asimismo los servidores públicos consultaron a la sujeto pasivo si comercializaba o aun comercializa los productos del citado proveedor y en respuesta Magdalena Rodriguez Carvajal señaló que ya no se dedica a esa actividad comercial por razones de salud, además porque el contrabando ocasionó la baja de BV 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

precios del producto, el cual vendía al raleo en distintas localidades y pueblos de la 

región (fojas 8 de antecedentes administrativos). 

Consecuentemente, en el Acta de Inspección Ocular cursante a fojas 8 de antecedentes administrativos, la recurrente señaló que ya no se dedica a esa actividad comercial debido a razones de salud y porque el contrabando ocasionó la baja de los precios del producto que vendía al raleo en distintas localidades y pueblos de la región; acta que si bien fue cuestionada por Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, sin embargo, la firmo en señal de conformidad a su contenido, en presencia de un testigo de actuación que · 

dio fe del acto. 

De esta manera, el Acta no contiene aspectos diferentes a los manifestados por la propia Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia dentro de los argumentos expuestos dentro su Recurso de Alzada, por lo que mal podría acusar vulneración alguna y como bien lo refiere la Administración Tributaria, el contenido del citado documento bien pudo ser incorporado de manera mecánica por los funcionarios para fines prácticos dentro la realización de la inspección, con citas que como se mencionó- no se alejan de la realidad ni de los propios términos expuestos por la recurrente, quien firmó dando conformidad al contenido de la referida Acta, sin objetar ningún aspecto de lo evidenciado en su domicilio, quedando desvirtuado el reclamo de la recurrente sobre la pre impresión del acta de inspección ocular. 

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En base a estos fundamentos, se tiene que la condición de sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria recayó en Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, puesto que desde el momento en que ejerció actividades comerciales de compra y venta de bienes, se encontraba obligado al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa tributaria vigente, entre ellos, el de inscribirse en los registros tributarios habilitados por la Administración Tributaria y el de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria una vez ocurridos los hechos generadores de la obligación tributaria, conforme establece el artículo 70 numerales 1 y 2 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Respecto a las formas de determinación, el parágrafo I del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que la deuda tributaria se realizará por el sujeto pasivo a través de 

raciones juradas, por la Administración Tributaria de oficio en ejercicio de sus facultades y mixta cuando el sujeto pasivo aporte datos para que el ente recaudador fije el 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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importe a pagar, asimismo, el parágrafo Il señala que la determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser parcial y total, siendo que en ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando se haya ocultado dolosamente la información vinculada a hechos gravados. 

Por otra parte, se tiene que conforme el artículo 66 numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria cuenta con facultades de control, .comprobación, verificación, fiscalización, investigación, determinación de tributos, recaudación y cálculo de la deuda tributaria. 

De la normativa citada precedentemente, se colige que la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación puede establecer la existencia de deuda tributaria, a través de procesos de determinación, independientemente de que el sujeto pasivo cumpla con su obligación de inscribirse en los registros tributarios, por cuanto la única restricción establecida por Ley para que el sujeto activo no determine deuda tributaria, radica en la prohibición de repetirse el objeto de la fiscalización, quedando facultada la Administración Tributaria para fiscalizar cualquier hecho que tenga incidencia tributaria, como en el presente caso, la venta de productos sin la emisión de una nota fiscal. 

Asimismo, se debe aclarar a la sujeto pasivo que la obligación de inscripción, no se encuentra como un requisito previo al ejercicio de las facultades de fiscalización del SIN, ni tampoco se constituye una restricción establecida en la normativa tributaria vigente, toda vez que el artículo 163 de la Ley N° 2492 (CTB), de forma expresa dispone: “9. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el término de prescripción. II. La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria

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Consecuentemente, de acuerdo al análisis desarrollado, se tiene que no corresponde lo argumentado por la recurrente, por cuanto el Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra facultado para determinar deuda tributaria a los sujetos pasivos, independientemente se encuentren inscritos o no en los registros tributarios habilitados para el efecto, siendo la única condicionante que no se repita el objeto de la verificación, hecho que en el presente caso no 

aconteció. 

IV.2. De la notificación de la Vista de Cargo 

Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia, señaló que la constancia de notificación indica que la Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 14 de noviembre de 2016, sin embargo, la persona que cuida su casa le informó que al momento de la entrega del documento, no se percató de la fecha que consignaron en la actuación, empero la misma fue realizada el 18 de noviembre de 2016, por lo que la notificación está viciada de nulidad al no realizar un trabajo en apego y cumplimiento a las normas consignando una fecha en la que los funcionarios no estuvieron presentes, hecho que se puede comprobar de los permisos y autorizaciones de salida de los funcionarios actuantes, que fue solicitada y no mereció respuesta a la fecha. 

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En respuesta, la Administración Tributaria afirmó que la Vista de Cargo fue notificada mediante cédula, efectuando el primer aviso de visita el 11 de noviembre de 2016, bajo advertencia que sería buscada nuevamente el 14 de noviembre de 2016, por lo que en señal de constancia firmó Catalina Llave, en dicha fecha se efectuó la representación jurada y posterior notificación por cédula la cual también fue firmada por la referida persona, por lo que no es correcta la afirmación de que la notificación fue realizada de manera posterior cuando la actuación cumple con todos los requisitos exigidos por ley para su válidez. 

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Al respecto, corresponde indicar preliminarmente que de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su indole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 489). 

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Asimismo, cabe anotar que la jurisprudencia constitucional, sostiene que el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

de la relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 1845/2004-R, que establece: “que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida“. Aspecto ratificado en la SC 0164/2006 R

De igual forma, se debe establecer que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la mera infracción del procedimiento en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad no da lugar a retrotraer obrados. 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: “...) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (...). En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido 

proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

Consecuentemente, debemos referir que para que pueda considerarse la indefensión dentro de un procedimiento administrativo, al administrado debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, motivo por el cual, no podría asumir su defensa, por lo que esta instancia verificará las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria a fin de comprobar si se colocó en indefensión a la sujeto pasivo de la obligación

II 

De acuerdo a la normativa, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), que establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra 

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el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios, en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal, o a través de terceros autorizados; además a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 

Por su parte, el artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), establece las formas y medios de notificación, entre los que se encuentra la personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares, tácitamente, masiva, en secretaria. Asimismo, dispone que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos de oficio o a pedido de parte, siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios

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Por su parte, el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto, a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente; si en esta ocasión, tampoco pudiera ser habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma que estará constituida por copia del acto a notificar y será entregada en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

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Remitiéndonos a los antecedentes administrativos, respecto a la notificación de la Vista de Cargo N° SIN/GDYBA/DF/FENC/00236/2016 de 10 de noviembre de 2016, cursa a fojas 428 el primer aviso de visita, actuación que respalda que el funcionario actuante se constituyó el 11 de noviembre de 2016 en el domicilio ubicado en Abra Campo VerdeGran Chaco-Tarija, a objeto de notificar a Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia con la vista de Cargo No CITE: SIN/GDYA/DF/FENC/00236/2016, haciendo mención que al no encontrar a la sujeto pasivo, será buscada nuevamente el día 14 de noviembre de 2016 para efectuar la respectiva 

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notificación; actuación que fue recibida y firmada por Catalina Llave Tarepi en su condición de casera. 

Asimismo, a fojas 427 de antecedentes administrativos, se tiene la representación jurada del funcionario actuante del Servicio de Impuestos Nacionales, en la cual señala que se constituyó por primera vez el 11 de noviembre de 2016 en el domicilio de Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia a objeto de notificar la vista de Cargo No CITE: ... SIN/GDYA/DF/FENC/00236/2016 de 10 de noviembre de 2016 y al no haber sido encontrada la sujeto pasivo, dejó constancia de que sería buscada nuevamente al día siguiente hábil, fecha que fue buscada por segunda vez sin poder encontrar al dependiente, por lo que solicitó al Gerente Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales instruir la notificación por cédula

A fojas 426 de los antecedentes administrativos se tiene la constancia de notificación por cédula, actuación que fue practicada el 14 de noviembre de 2016, a través de la cual se notificó a Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia con la vista de Cargo No CITE: SIN/GDYA/DF/FENC/00236/2016 de 10 de noviembre de 2016 en el domicilio ubicado en Abra Campo Verde-Gran Chaco-Tarija, dejando copia de ley a Catalina Llave Tarepi, quien firmó en constancia de recepción la cédula de notificación junto a un testigo de actuación que dio fe de la notificación efectuada.

De esta manera, se advierte que el funcionario actuante del Servicio de Impuestos Nacionales siguió el procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) dejando copia de la Vista de Cargo No CITE: SIN/GDYA/DF/FENC/00236/2016 de 10 de noviembre de 2016 a Catalina Llave Tarepi, aspecto que no fue negado por la recurrente, por lo que la Administración Tributaria aseguró el conocimiento real y efectivo del acto administrativo cumpliendo de esta manera la finalidad de toda notificación, prueba de ello se tiene que Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia presentó el 14 de diciembre de 2016 una nota de descargo ante la Administración Tributaria dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no se advierte la indefensión denunciada por la 

recurrente. 

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Por otra parte, si bien la recurrente señaló que la vista de Cargo No CITE SIN/GDYA/DF/FENC/00236/2016 fue realmente notificada el 18 de noviembre de 2016, aspecto fue informado por Catalina Llave y que puede ser corroborado por la

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autorizaciones de salida del funcionario actuante, sin embargo, no presentó prueba que acredite el extremo, limitándose a exponer argumentos sin prueba de respaldo, hecho que incumple lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) que a la letra señala: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.”, por lo que no corresponde el agravio expuesto por la recurrente

IV.3. De la falta de valoración de los descargos presentados 

La sujeto pasivo indicó que conforme consta el sello de recepción, presentó descargos dentro el plazo establecido el 14 de diciembre de 2016, no obstante, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada manifestó que de acuerdo al Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDYA/DJCC/TJ/INF/00054/2017 no fueron presentadas pruebas o descargos, por lo que no valoró los descargos presentados incumpliendo lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y el inciso m) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-000513, viciando de nulidad la Resolución Determinativa impugnada al causar indefensión.

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En respuesta, la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales señaló que no cursan los descargos a la Vista de Cargo en antecedentes administrativos, por lo que se tiene por no presentados y por ende no valorados por el Departamento Jurídico que emitió la Resolución Determinativa impugnada.

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Al respecto, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto, dispuso: Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable

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la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” 

Por su parte, el artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen como derechos del sujeto pasivo el debido proceso, el formular y aportar, en la forma y plazos 

  • previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE). 

De la misma forma el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes

El artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que: “II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugary. fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La . ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa”. 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria notificó la vista de Cargo : No CITE: SIN/GDYA/DF/FENC/00236/2016 el 14 de noviembre de 2016, por lo que el plazo para la presentación de descargos establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) venció el: 14 de diciembre de 2016 (fojas 426 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, la Resolución Determinativa N° 1717610000639 de 14 de marzo de 2017 a fojas 473 de antecedentes administrativos señala: “Que el informe de conclusiones con CITE: SIN/GDYA/DJCCITJ/INF/00054/2017 de 14 de agosto de 2017 que es parte del cuerpo de antecedentes de la contribuyente Magdalena Rodríguez Carvajal con C.I. 1625906 TJ, E S sala que una vez concluido el plazo otorgado por el Art. 98 de la Ley N° 2492Código SIVA Tributario Boliviano, para la presentación de descargos o el pago del reparo establecido, 900

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la contribuyente no presentó pruebas o descargos que evidencien la inexistencia de los cargos notificados en la de vista de Cargo con CITE: SIN/GDYA/DFIFENC/00236/2016 de fecha 10 de noviembre de 2016, como así también no canceló los reparos determinados”. 

No obstante a lo señalado precedentemente, Magdalena Rodríguez Carvajal de Budia al momento de interponer el presente Recurso de Alzada acompañó la nota de 11 de diciembre de 2016, que tiene como referencia: “Solicita Anulación Vista de. Cargo No CITE: SIN/GDYA/DF/FENC/00236/2016 FISCALIZACION EXTERNA de fecha 10 de noviembre de 2016 e incluso la anulación de la Orden de Fiscalización o en su defecto solicitó la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria gestión 2011.”; nota que tiene por finalidad el objetar los cargos establecidos en la Vista de Cargo No CITE: SIN/GDYA/DF/FENC/00236/2016 y que en su parte su consigna un sello de recepción de la Secretaria de la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, de 14 de diciembre de 2016 a horas 16:05, es decir, dentro el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 29-39 del 

expediente administrativo). 

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Ahora bien, corresponde señalar que de la compulsa del memorial de la Administración Tributaria de respuesta al Recurso de Alzada, se advierte que el ente recaudador no cuestionó la veracidad del sello de recepción de la nota de descargos presentada por la sujeto pasivo, limitándose a señalar que en los antecedentes administrativos no cursa descargo alguno, por lo que se tiene por no presentados; asimismo la Resolución Determinativa impugnada manifestó que conforme al informe de conclusiones, el sujeto pasivo no presentó descargos a la Vista de Cargo. 

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En primer lugar, corresponde aclarar a la Administración Tributaria que los actos administrativos deben valerse por sí mismos, sin remitirse a otros actos administrativos o actuaciones preliminares preparatorias de decisiones administrativas, por lo que la Resolución Determinativa dictada por la Administración Tributaria no puede remitir su fundamento a informes de actuación que son internos y que no fueron notificados al sujeto pasivo, más cuando el informe de conclusiones que sirve de sustento para señalar que el sujeto pasivo no presentó descargos cursante a fojas 455 a 456 de antecedentes administrativos, no se encuentra firmado por ningún funcionario del Servicio de NVA 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 = 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

Por otra parte, la Administración Tributaria no puede afirmar la inexistencia de descargos por no encontrarse los mismos en los antecedentes administrativos, por cuanto al haber sido presentados por la sujeto pasivo en secretaria de la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales conforme se advierte del sello de recepción de la nota cursante a fojas 29 del expediente administrativo, era obligación de la Administración Tributaria el arrimar los descargos a los antecedentes administrativos y valorarlos en la Resolución Determinativa aceptando o rechazando de manera fundada. 

De esta forma, se evidenció que el SIN no valoró la nota de descargo presentada por la sujeto pasivo en el periodo de descargo; hecho que demostró la ausencia de una fundamentación técnica y fáctica sobre los hechos acontecidos durante la sustanciación del proceso de determinación, vulnerando efectivamente lo previsto en el artículo 99. parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) que demanda de la Administración Tributaria, la exposición de los hechos y antecedentes que sirvieron de causa, además de expresar en forma concreta las razones que indujeron a emitir el acto, enunciado que no puede considerarse como cumplido cuando el SIN no valoró los descargos ofrecidos por la sujeto pasivo

Consecuentemente, la Administración Tributaria al no valorar la nota de descargo a la Vista de Cargo No CITE: SIN/GDYA/DF/FENC/00236/2016 de 10 de noviembre de 2016, .. causó indefensión a la sujeto pasivo, viciando de nulidad la Resolución Determinativa por incumplir lo dispuesto en los numerales 2, 6, 7 y 10 del artículo 68 y el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), hecho que debe ser subsanado por el ente recaudador a efecto de no vulnerar el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa. 

IV.4. DARIT-CBA-RA-0575-2017e la fundamentación de la Resolución Determinativa 

La recurrente manifestó que desconoce a cabalidad el medio utilizado para la determinación sobre base presunta, dejando entrever que no se tiene de forma clara y precisa el medio de determinación utilizado, no pudiendo utilizar de forma simultanea todos los medios de determinación; por otra parte; para la determinación del IUE la Administración Tributaria realizó estados financieros considerando transporte, precio de cargado, descargado y alquiler, sin detallar los importes que se utilizaron para cada concepto, determinando directamente una base imponible

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Cochabamba 

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Por su parte, la Administración Tributaria indicó que el acto impugnado señaló como medio para cuantificar la base presunta el establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, siendo que lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 2492 (CTB) es progresivo y no restrictivo, por lo que se debe utilizar todos los medios posibles para llegar a la averiguación de la verdad material; asimismo que para el cálculo del IUE realizó las actividades señaladas en el informe CITĖ: SIN/GDYA/DF/FE/INF/02142/2016, por lo que determinó el precio de venta del producto, el costo de transporte, el costo de descargo y el costo de alquiler de acuerdo a los artículos 45, 46, 47 de la Ley N° 2492 (CTB), Ley N° 843, Decreto Supremo N° 24051, artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13; añadió que por la información contenida en el citado informe y los papeles de trabajo, se tiene que el sujeto pasivo si contaba con la información necesaria para detallar los importes que fueron utilizados para la determinación de los reparos a favor 

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Al respecto, la doctrina establece que el acto administrativo: “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos 

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por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. México D.F. Il-36 y 37, T.IV)

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Asimismo, refiere que el acto administrativo debe contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o 

las fórmulas que por su oscuridad, vaquedad, contradicción o insuficiencia no resultes específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA, Karla. Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1) Primera Edición, Lima-Perú, Pacifico Editores, 2012, Pág. 265). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

La Sentencia Constitucional 2023/2010-R.de 9 de noviembre -entre otras- estableció que: La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos. establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión es principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…)

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De igual forma, la Sentencia Constitucional N° 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: (…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. 

. . 

.... 

Ahora bien, el parágrafo II del artículo 99 del mismo cuerpo legal señala: Il. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugary fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución ** Determinativa.” 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Asimismo el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establece que: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 999 de la Ley N° 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47° de dicha Ley.” 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución Determinativa N° 171761000039 de 14 de marzo de 2017 respecto al método de determinación y el medio para cuantificar la base imponible, sala a fojas 464-466, que en base a la información y documentación proporcionada del Informe de Inteligencia Fiscal CITE: SIN/GF/DPAFE/NF/313/2013, facturas de compras, información y documentación solicitada al Instituto Nacional de Estadística, la Administración Tributaria determinó que la sujeto pasivo realizó compras por Bs1.717.560.-, siendo que para establecer el precio de venta tomó como parámetr información obtenida del Instituto Nacional de Estadística; asimismo, para los productos que no se encuentran en el índice de precios al consumidor (IPC) señaló que todo lo que compró fue vendido a precio de costo, enmarcando su determinación en las normas y procedimientos establecidos en los trabajos de fiscalización externa sobre base presunta según el artículo 43, parágrafo II, 44, 45 punto 3, 77 y 80 parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), así como en los artículos 3, 4, 5, 6 numeral 3, 7 inciso b), 8 y 10 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

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No obstante, la Administración Tributaria en el acto impugnado no señaló de forma fundamentada la forma en que se aplicó las disposiciones normativas citadas, es decir, no explicó las razones por las que empleó el método de determinación sobre base presunta ni señaló de forma clara el medio para cuantificar la base imponible, citando para dicho cometido simplemente el numeral 3 del artículo 6 y el inciso b) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713, los cuales señalan los medios por estimación y el medio por deducción correspondiente a la técnica de compras no declaradas respectivamente. 

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Respecto al medio por estimación, corresponde precisar que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, reconoce en su artículo 9 la Técnica por existencia de copias de facturas en blanco o no presentadas o presentadas parcialmente que no se aplica al presente casoy cualquier otra técnica que sea evaluada y aprobada 

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previamente por la Gerencia de Fiscalización, no obstante ninguna de las dos técnicas se ajustan al procedimiento empleado para emitir la Resolución Determinativa impugnada, por cuanto no se tienen facturas en blanco o presentadas parcialmente, ni se tiene constancia de que la técnica empleada fue aprobada por la Gerencia de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales

Asimismo, en cuanto a la técnica de compras no declaradas establecido en el inciso b) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13, la Administración Tributaria de forma incongruente señaló en su memorial de respuesta al recurso de alzada, que dicha técnica no fue empleada en el presente caso, sin embargo, el trabajo de fiscalización se basa en el hecho de que la recurrente no declaró las compras efectuadas al proveedor Industrias Oleaginosas S.A

De esta manera, resulta evidente lo denunciado por la recurrente, respecto a que la Resolución Determinativa impugnada noseñaló de forma clara el medio para cuantificar la base imponible empleado, de acuerdo a lo normado a través de la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13, hecho que afecta la fundamentación’y motivación del acto administrativo y lo vicia de nulidad al causar indefensión al sujeto pasivo, por no establecer y justificar de forma clara la técnica empleada para cuantificar la base imponible. 

Por otra parte, respecto a la determinación de la deuda tributaria correspondiente al IUE de la gestión 2011, la Resolución Determinativa N° 171761000039 de 14 de marzo de 2017 señala a fojas 471 de antecedentes administrativos, que realizó los Estados Financieros en base a la información y documentación solicitada (IPC) al Instituto Nacional de Estadística, el precio de transporte por quintal tramo Santa Cruz-Tarija y Santa CruzYacuiba a la Asociación de Transporte Libre “San Jorge” y Argote Aramayo Rosendo Artidoiro, precio de cargado, descargado y apilado a la Asociación de Estibadores “19 de Marzo” y el precio de alquiler mensual de un ambiente para realizar la comercialización de productos durante la gestión 2011 al contribuyente Nelson Escobar Claure, determinando una base imponible de Bs 107.384,22.– que en aplicación del artículo 50 de la Ley N° 843 y el artículo 33 del Decreto Supremo N° 24051 se obtiene un reparo a favor del fisco de Bs26.846

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De esta manera, se advierte que si bien la Administración Tributaria señaló las fuentes de información empleadas para la determinación del UE, sin embargo, no fundamento ni justificó -en primer lugar- la aplicación de dicha información en el presente caso, así como la forma en que dicha información se ajusta a la realidad de la sujeto pasivo; por 

otra parte, tampoco consignó los valores obtenidos de dicha información, ni expuso los 

ajustes que fueron realizados para obtener la base imponible del IŲE, hecho que afectó la fundamentación y motivación del acto administrativo y lo vician de nulidad, por vulnerar lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a los fundamentos de hecho y derecho, así como el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) respecto a las especificaciones sobre la deuda tributaria que se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario. 

Hechos que también se reproducen en la vista de Cargo N° CITE:SIN/GDYBA/DF/FENC/00236/2016 de 10 de noviembre de 2016 cursante a fojas 404 a 423 de antecedentes administrativos, afectando su fundamentación y motivación, viciándolo de nulidad por vulnerar lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) referido a los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que debe contener y que sirven de fundamento para la Resolución Determinativa. 

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Finalmente, la sujeto pasivo denunció la emisión fuera de plazo de la Resolución Determinativa, la cual no hizo referencia al interés. aplicado y los que no se aplicarían por los días desde que debió ser emitida hasta el día de su notificación, por lo que dicho documento se encuentra viciado de nulidad, al incumplir el párrafo 2 del parágrafo I del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, tampoco consideró lo dispuesto en el artículo 47 de la citada Ley modificada por la Ley N° 812, al aplicar la tasa de interés del 4% desde la fecha de vencimiento a la fecha de emisión del documento, hecho que también incumple el inciso j) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0005-13. 

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Al respecto, el parágrafo I del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima 

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autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.” 

En el presente caso, el plazo para la presentación de descargos establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) venció el 14 de diciembre de 2016, por lo que la Administración Tributaria debió emitir y notificar la Resolución Deferminativa hasta el 13 de febrero de 2017, sin embargo, conforme consta a fojas 457 y 479 de antecedentes administrativos, la Resolución Determinativa N° 171761000039 fue emitida el 14 de marzo de 2017 y notificada el 30 de agosto de 2017, es decir, fuera del plazo establecido en el parágrafo del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), no obstante, el Servicio de Impuestos Nacionales no dejó sentado este aspecto en el acto administrativo impugnado, es decir, lo que la normativa le obliga a no aplicar intereses desde el día en que debió dictarse hasta el día de notificación con la Resolución Determinativa, hecho que también afecta la fundamentación y motivación vulnerando lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a los fundamentos de hecho y derecho, así como el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) respecto a las especificaciones sobre la deuda tributaria que se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario. 

Entonces, se advierte de forma clara que tanto la Vista de Cargo No 

CITE:SINIGDYBA/DF/FENC/00236/2016 como la Resolución Determi 171761000039 carecen de causa y fundamento conforme establecen los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA) para que la sujeto pasivo pueda ejercer un legítimo derecho a la defensa, ya que no contiene la debida fundamentación y motivación respecto a la técnica para cuantificar la base imponible sobre base presunta, el importe reparado por concepto del IUE de la gestión 2011, así como el cálculo de la deuda tributaria por la emisión y notificación de la Resolución Determinativa fuera de plazo, generando incertidumbre, inseguridad e indefensión a la ahora recurrente, aspectos que vician de nulidad los actos administrativos y que deben ser subsanados por el ente administrativo, impidiendo a esta instancia recursiva analizar los demás aspectos de fondo planteados en el recurso de alzada. 

En suma, del análisis de lo argumentado por las partes, así como de la compulsa de los U antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria se encuentra 

. facultado para determinar deuda tributaria a los sujetos pasivos, independientemente se : 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

encuentren inscritos o no en los registros tributarios habilitados para el efecto, asimismo es válida la notificación de la Vista de Cargo; no obstante la Administración Tributaria no valoró 

la nota de descargo presentada por la recurrente, como tampoco fundamento en la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, respecto a la técnica para cuantificar la base imponible sobre base presunta, el importe reparado por concepto del IUE de la gestión 

2011 y el cálculo de la deuda tributaria por la emisión y notificación de la R Determinativa fuera de plazo, hechos que vician de nulidad el acto por vulneración de los numerales 6, 7 y 10 del artículo 70; artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, anular la Resolución Determinativa No 171761000039 de 14 de marzo de 2017 emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo No CITE:SIN/GDYBA/DF/FENC/00236/2016 de 10 de noviembre de 2016 inclusive, a fin de que la citada Administración Tributaria emita nuevos actos en los considere los aspectos observados en el presente análisis. 

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La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en suplencia legal de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del DS N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171761000039 de 14 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la vista de Cargo No CITE:SIN/GDYBA/DF/FENC/00236/2016 de 10 de noviembre de 2016 inclusive, a fin de que la citada Administración Tributaria emita nuevos actos en los considere los aspectos observados en el presente análisis; sea de conformidad con el artículo 212 parágrafo I inciso c) de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación

Regístrese, notifíquese y cúmplase

Claublia H. Cors Rejas 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTERINA Autondad Reglonal de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplerkia Lega de la Autoridad Regional de 

Impuenacion Tributaria Cochabamba 

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