ARIT-CBA-RA-0511-2017 Anulación del Auto por falta de fundamentos técnicos y legales para ejercer las facultades de fiscalización y determinación de tributos

ARIT-CBA-RA-0511-2017

III 

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARITCBAIRA 0511/2017 

  • Recurrente 

Wilfredo Cahuana Apio 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Acto impugnado 

Auto N° 251739000555 de 25 de julio de 2017 

Expediente No

: . ARIT-CBA0329/2017 

FECHA 

Cochabamba, 27 de noviembre de 2017.

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, ‘ël Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expedierite administrativo, el Informe Técnico JuridicoARITCBA/ITJ 0511/2017 de 27 de noviembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

ORIDAD REGION 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto N° 251739000555 de 25 de julio de 2017, rechazando la solicitud de prescripción de las facultades de fiscalización y determinación de tributos, solicitado por el contribuyente Cahuana Apio Wilfredo; en segundo lugar estableció que la documentación solicitada mediante Requerimiento N° 00133739 F.4003 y Anexo adjunto notificada el 14/07/2017, no es la misma requerida por la Administración Tributaria el 10 de abril de 2012 y presentada por el contribuyente el 2 de mayo de 2012; y estableció que el contribuyente no dio cumplimiento a la presentación de documentación solicitada mediante Requerimiento N° 00133739 F.4003 y Anexo adjunto, en el plazo establecido por la Administración Tributaria, contraviniendo el artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) correspondiendo la aplicación de la sanción prevista en el artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012. • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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por cédula, el 28 de julio de 2017 (fojas 1258-1260 y 1264 C10 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II. 1. Argumentos del Recurrente. 

Wilfredo Cahuana Apio, mediante nota presentada el 17 de agosto y subsanación de 5 de. septiembre de 2017 (fojas 813 y 18 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto N° 251739000555 de 25 de julio de 2017 emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

Comenzó indicando que la Administración Tributaria, de manera equivocada y contraria a las normas tributarias y a la propia Constitución Política del Estado, nuevamente realizó Requerimiento de documentación y sin considerar los descargos y fundamentos legales aseverados en su solicitud de prescripción, la rechazó mediante Auto que carece de sustento técnico-jurídico, resultando un acto arbitrario. 

Señaló que procedería la prescripción de la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos de la Administración Tributaria por haber transcurrido más de cuatro años de acontecido los hechos generadores de los impuestos, según lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo causales de interrupción ni de suspensión conforme señalan los artículos 61 y 62 del mismo cuerpo legal

Manifestó que transcurrieron más de 4 años de materializado el hecho generador y la fecha de vencimiento de las Declaraciones Juradas; y que, no correspondía realizar trabajo de fiscalización y determinación de impuestos ni requerimiento de documentación alguno, por los periodos comprendidos en la gestión 2008; menos pretender ejecutar la Órdenes de Fiscalización Nos. 00120FE00025, 00120FE00026, 00120FE00027 y 00120FE00028 de 10 de abril de 2012, toda vez que se encuentran prescritas debiendo haber sido ejercidas en su debida oportunidad. 

Indicó que existió una inadecuada aplicación de la norma, a efecto de respaldar el indebido rechazo de la solicitud de prescripción, por cuanto el fisco fundamentó su posición en la suspensión por la notificación de inicio de fiscalización individualizada, omitiendo considerar que transcurrieron ocho (8) años de suscitado los hechos generadores de los impuestos 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

correspondientes a la gestión 2008; adicionando que el inicio de la fiscalización se originó el 10 de abril de 2012 mediante las respectivas Ordenes de Fiscalización y pese a que se generaron causales de suspensión, al presente las fiscalizaciones se hallan fuera de los plazos establecidos de los cuatro (4) años. 

Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria total del Auto impugnado, disponiendo la prescripción de la facultad de fiscalización y determinación de tributos de la Administración Tributaria. 

  1. II. 2. Auto de Admisión. 

El 5 de septiembre de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0329/2017; del Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo Cahuana Apio, contra el Auto N° 251739000555 de 25 de julio de 2017 emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 19 del expediente administrativo).. … 

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria. i. 

. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán, conforme-acredita en la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000512 de 31 de marzo de 2017 (fojas 30 del expediente administrativo) mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2017 (fojas 31-33 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso, con los siguientes argumentos: 

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Señaló que el sujeto pasivo con intenciones de confundir a la ARIT, expuso agravios sin contar que el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), establecería la suspensión del término de la prescripción por seis (6) meses con la notificación del inicio de la fiscalización y con la interposición del recurso; en consecuencia, dio inicio a las verificaciones con la notificación de las órdenes de Fiscalización Nos. 00120FE00025, 00120FE00026, 00120FE00027 y 00120FE00028 efectuadas el 10 de abril de 2012; suspendiendo por seis (6) meses el cómputo de dicho instituto jurídico; y que posteriormente emitió las Resoluciones Determinativas Nos. 17-01933-12, 17-01934-12, 17-01935-12 y 17-01936-12, notificadas el 27 de noviembre de 2012, impugnando las mismas mediante Recurso de Alzada, existiendo suspensión conforme el parágrafo II del artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Justicia tributaria para vivir bien. Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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Indicó que al tratarse de los periodos enero a junio de la gestión 2008, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2009, se suspendió el cómputo con las notificaciones de las órdenes de Fiscalización por seis (6) meses, por lo que sumado este tiempo a los cuatro (4) años, se tiene 4 años y seis meses tiempo que debió transcurrir para que se concrete la prescripción. Desde el inicio del cómputo de la prescripción hasta la interposición del Recurso de Alzada transcurrieron tres (3) años y once (11) meses y dieciséis (16) días; por lo que para que se concrete la prescripción faltaría seis (6) meses y catorce (14) días, señalando que los antecedentes administrativos fueron devueltos a GRACO Cochabamba el 4 de mayo de 2017, continuando con el cómputo de la prescripción y sumando el tiempo referido, transcurrirían cuatro (4) años, un (1) mes y siete (7) días, quedando cuatro (4) meses y veintitrés (23) días a la fecha de emisión del Auto emitido, por lo que, no se cumplió con el término legalmente establecido para el cómputo de la prescripción de la fiscalización

Por otro lado, argumentó que para las órdenes de Fiscalización Nos. 00120FE00027 y 00120FE00028, los periodos julio a noviembre 2008 iniciaron el cómputo de la prescripción dio el 1 de enero de 2009 y para el periodo diciembre 2008, el 1 de enero de 2010, siendo suspendido por seis meses debido a la notificación de las órdenes de Fiscalización y con la presentación del Recurso de Alzada, transcurrieron tres (3) años, once (11) meses y dieciséis (16) días, faltando para que se concrete la prescripción seis (6) meses y catorce (14) días más; y siendo que las Resoluciones Determinativas Nos. 17-01933-12 y 17 0193412 fueron confirmadas por las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0735/2013 y AGITRJ 0736/2013 ambas de 11 de junio de 2013, éstas ingresaron en etapa de ejecución tributaria y en aplicación del artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), no se puede considerar la prescripción 

Por todo lo señalado, solicitó confirmar el Auto N° 251739000555 de 25 de julio de 2017, en todas sus partes. 

II.4. Apertura de término probatorio. 

El 10 de octubre de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0360/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 20 del expediente administrativo). 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

II.4.1 Prueba Administración Tributaria. 

El 5 de octubre de 2017, Rosmery Villacorta Guzmán en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial ofreció y ratificó la prueba adjuntada en los antecedentes administrativos a tiempo de responder el Recurso de Alzada (fojas 36 del expediente administrativo). 

11.4.2 Prueba Sujeto Pasivo. 

El 17 de octubre de 2017, el recurrente se ratificó en las pruebas presentadas por la Administración Tributaria y ofreció como prueba las Sentencias Constitucionales 39/2016 de 13 de mayo de 2016, relacionada a la aplicación de las Leyes 291, 317 y 812 en cuanto al cómputo de la prescripción; aludiendo además a la Sentencia 47/2016 (fojas 2741 del expediente administrativo).

11.5. Alegatos . 11.5.1. Alegato Sujeto Pasivo.…. .. 

El 3 de noviembre de 2017, Wilfredo Cahuana Apio, presentó alegatos en conclusión reiterando los fundamentos de su recurso, enfatizando el transcurso del tiempo y la configuración de la prescripción (fojas 43-46 del expediente administrativo

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11.5.2. Alegato Administración Tributaria..

El 3 de noviembre de 2017, Rosmery Villacorta Guzmán en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos en conclusión reiterando los fundamentos de la respuesta al Recurso de Alzada (fojas 50 del expediente administrativo). 

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La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Requerimiento Form N°4003, N° de Orden 00133739 y Anexo al Requerimiento ambos del 12 de julio de 2017, requirió al contribuyente Cahuana Apio Wilfredo con NIT 3099236014 para que presente documentación de los periodos. enero a diciembre de la gestión 2008. Actuado notificado por cédula el 14 de julio de 2017 (fojas 12481253 C 10 de antecedentes administrativos). 

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Wilfredo Cahuana Apio, mediante nota de 18 de julio de 2017 en atención al requerimiento de documentación solicitada por GRACO Cochabamba y al amparo de lo establecido en el 

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numeral 8 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 59 de la misma norma, opuso la prescripción de la facultad de fiscalización y determinación de tributos al haber transcurrido más de los cuatro (4) años establecidos al efecto: (fojas 1257. C. 10 de antecedentes administrativos).... 

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El 25 de julio de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto N° 251739000555, rechazando la solicitud de prescripción de las facultades de fiscalización y determinación de tributos, solicitado por Cahuana Apio Wilfredo; estableció que la documentación solicitada mediante Requerimiento No 00133739 F.4003 y Anexo adjunto notificada el 14/07/2017, no es la misma requerida por la Administración Tributaria el 10 de abril de 2012 y presentada por el contribuyente el 2 de mayo de 2012; y señaló que el contribuyente no dio cumplimiento a la presentación de documentación solicitada mediante Requerimiento N° 00133739 F.4003 y Anexo adjunto, en el plazo establecido por la Administración Tributaria, contraviniendo el artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) correspondiendo la aplicación de la sanción prevista en: el artículo 162 de la Ley N°-2492 (CTB). Acto notificado por cédula, el 28 de julio de 2017 (fojas 1258-1260 y 1264 C10 de antecedentes administrativos). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

De la lectura del memorial de interposición de Recurso de Alzada, conforme lo dispuesto en el parágrafo 1 artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por el recurrente, tanto en la forma y en el fondo y toda vez que los mismos están en desorden y mucho de ellos guardan relación entre sí, para hacerlo más didáctico, nos atribuimos el orden sin que ello signifique se estén alterando los fundamentos del recurrente o se esté vulnerando el principio de congruencia, para lo cual, se tienen identificado los siguientes agravios: 1). Carencia de sustento técnico-jurídico del Auto N° 251739000555 de 25 de julio de 2017; 2) Inadecuada aplicación de la norma; 3). Prescripción de la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. . 

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En ese entendido; de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva, previo a ingresar al .. análisis de fondo, procederá a verificar la existencia del vicio denunciado -a efe nulidades futuras que sean más dilatorias en perjuicio a las partes procesales- debiendo considerar si la tramitación del presente Recurso de Alzada se enmarco dentro del debido 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

IV.1. De la carencia de sustento técnico-jurídico o fundamentación legal del Auto N° 

251739000555 de 25 de julio de 2017 El recurrente señaló que la Administración Tributaria, de manera equivocada y contraria a las normas tributarias y a la propia Constitución Política del Estado (CPE), nuevamente requirió documentación, por los periodos enero a diciembre de la gestión 2008; alegó que el 18 de julio de 2017, se apersonó a la Administración Tributaria oponiendo la prescripción de las facultades de fiscalización y determinación de tributos, toda vez que transcurrieron 4 años establecidos en el Código Tributario; en ese entendido, explicó que la Administración emitió el Auto No 251739000555, de 25 de julio de 2017, sin considerar los descargos y fundamentos legales expresados, rechazando la prescripción, por lo que el acto carece de sustento tanto técnico como jurídico, resultando arbitrario. 

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Para analizar el presente tópico traducido en la carencia de motivación y debida fundamentación del acto impugnado, comenzamos por establecer que, respecto a la motivación, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, expuso: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, –b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable; la valoración de las pruebas aportadas y la sanción 0.consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” 

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De igual forma, la Sentencia Constitucional SC 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario; cuando la resolución aun 

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siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas

Por su parte, la doctrina establece que el acto administrativo: “debe estar razonablemente 

fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. México D.F. Il36 y 37, T.IV). 

Asimismo, refiere que el acto administrativo debe contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resultes específicamente esclarecedoras para la motivación del acto(ALVA, Karla. Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1) Primera Edición; Lima Perú, Pacifico Editores, 2012, Pág. 265)

En la normativa aplicable al caso, se tiene que los artículos 115 parágrafo l! y 117, parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; así como también, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; de la misma forma, el artículo 119 parágrafo I y ll del citado cuerpo legal dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el Proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

Asimismo, el debido proceso y su elemento principal del derecho a la defensa refiere a las garantías procesales establecidas en la normativa al efecto y de cumplimiento obligatorio, que deben contener los actos de la administración pública al estar sometidas a las Leyes, a 

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fin de precautelar los derechos de los administrados, para que pueda asumir una defensa adecuada, y de esta forma dichos actos puedan cumplir los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, garantizando la justicia, cumpliendo así y precautelando con el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo. 

Por su parte, los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA) disponen que son elementos esenciales del acto administrativo: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto; aspecto concordante con lo establecido en el parágrafo II del artículo 31 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) que de forma expresa señala: “l. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará-las pruebas determinantes para la decisión”. 

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Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se evidenció que el 18 de julio de 2017, Wilfredo Cahuana Apio en atención al Requerimiento de Documentación No 00133739, sê apersonó ante la Administración Tributaria comunicando que, en atención al requerimiento de documentos de los periodos fiscales enero à diciembre de la gestión 2008, la documentación ya fue presentada de manera oportuna; salando que la misma, no se encuentra en su poder, ya que según el artículo 70 numeral 85 de la LE N° 2492 (CTB), no corresponde requerir la misma, ya que su obligación de conservar la documentación era por el periodo de prescripción establecido en el artículo 59 de la citada norma; asimismo, explicó que ya transcurrieron los 4 os establecidos para la prescripción de la facultad de fiscalización y determinación, por lo que, opuso la prescripción de las facultades. ‘ .’ . 

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Ahora bien, remitiéndonos al Auto No 251739000555 de 25 de julio de 2017, del análisis del mismo, se evidenció que, la Administración Tributaria en el primer Considerando, citó los artículos 59, 60 y 62 de la Ley N° : 2492 (CTB), transcribiendo partes de los mismos; asimismo, resaltó que desarrolló las facultades establecidas en los artículos 100, 104 del Código Tributario Boliviano, concluyendo textualmente de la siguiente manera: “…asimismo, considerando el efecto suspensivo por la interposicn de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, establecidos en el Art. 6del mismo cuerpo legal; se establece que las facultades de la Administración Tributaria 

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determinadas en el Art. 59° de la Ley 2492 no están prescritas (sic)”, para posteriormente citar la obligación contenida en el numeral 8 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), y hacer una diferenciación de la documentación solicitada en el Requerimiento para las Órdenes de Fiscalización Nos. 00120FE00025, 00120FE00026, 00120FE00027 y 00120FE00028 y documentación solicitada en el Requerimiento Form N° 4003 y Anexo al Requerimiento; coligiendo de todo lo expuesto, que la documentación solicitada el 10 de abril de 2012, no es la misma a la requerida el 14 de julio de 2017, desestimando el argumento del contribuyente respecto a que la documentación ya fue presentada. 

De esta forma, conforme se advirtió de la compulsa del acto impugnado, se concluye que en la parte resolutiva, rechazó la solicitud de prescripción de las facultades de fiscalización y determinación de tributos, sin efectuar un análisis considerativo de los hechos y de qué manera esos hechos se acomodan a la normativa establecida en los artículo 59, 60, 61 y 62 del Código Tributario Boliviano (CTB), simplemente se limitó a señalar de manera escueta, “...considerando el efecto suspensivo por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente..., sin explicar de manera detallada a qué recursos administrativos o a qué procesos judiciales se refiere, los tiempos de duración, contra qué actos administrativos fueron los recursos y/o procesos judiciales, si comprenden los periodos y/o gestiones por las que se encuentra solicitando la prescripción, entre otros argumentos, que necesariamente deben ser expuestos y puestos en conocimiento del sujeto pasivo, a objeto de no causarle indefensión, y que conozca de manera clara y específica los fundamentos de la decisión adoptada por el Servicio de Impuestos Nacionales, respecto a su solicitud de prescripción y no se encuentre en incertidumbre. 

En ese entendido, la Administración Tributaria para responder la prescripción en su parte considerativa, simplemente se limitó a citar los artículos 59 parágrafo I, 60 parágrafo 1, 62 parágrafos I y II de la Ley N° 2492 (CTB), hecho que denota inconsistencia en el fundamento, generando incertidumbre en el sujeto pasivo, debido a que para otorgar una debida fundamentación, debió basar su decisión en los antecedentes del caso, en los hechos y la normativa aplicables, y no limitarse a copiar partes pertinentes de la norma para finalmente señalar que consideró el efecto suspensivo establecido en el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), sin fundamentar qué actuaciones y los tiempos que suspendió la prescripción, incluido el cómputo que se debe realizar. 

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VII

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE . IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Consecuentemente, se establece de forma clara que el Auto N° 251739000555 de 25 de julio de 2016 emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes. Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, no posee una adecuada fundamentación respecto a la solicitud de prescripción realizada por el contribuyente, por cuanto como se-señaló precedentemente, se advierte en la parte considerativa del acto administrativo, una carencia de sustento técnico-jurídico, sobre las causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción y el señalamiento expreso de los actos que afectaron el mencionado instituto jurídico; además de advertir la inexistencia de una fundamentación legal sobre el cómputo de la prescripción, hechos que afectan la fundamentación y motivación del acto, que desde luego, vulneran el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, al generar incertidumbre en el sujeto pasivo respecto a los motivos técnicos jurídicos para el cómputo de la prescripción y los actos suspensivos del curso de la prescripción que motivarono fundaron el rechazo de su solicitud, impidiendo de esta manera, ejercer una adecuada defensa con la interposición de los recursos admitidos en materia tributaria, vulnerando de ésta forma el artículo 28 incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley N°: 2492 (CTB), en cuanto a los requisitos de causa y fundamento que debe tener todo acto administrativo

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Complementando lo concluido, corresponde traer a colación lo dispuesto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución Jerárquica AGITRJ 0269/2016 de 15 de marzo de 2016, que a la letra señala: “xi. En ese contexto, resulta evidente que lo expuesto en el mencionado Proveido, no constituye fundamentación alguna – que observe la garantía del debido proceso en su elemento referido a la fundamentación y motivación, al no cumplir con uno de los requisitos previstos en el Artículo 28, inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA), pues es evidente que este acto administrativo definitivo, emitido por la Administración Aduanera no explica los motivos que sustentan su decisión, siendo recién en Instancia Recursiva que se pretende explicar por qué considera que sus facultades de ejecución de la sanción se encuentran vigentes, utilizando al efecto, normativa distinta a la expuesta en los fundamentos de su acto administrativo, y aún más, con la exposición detallada de los hechos que considera hubiera tenido un efecto suspensivo que de curso a la prescripción; aspecto que impidió al Sujeto Pasivo efectuar una defensa adecuada en Instancia Recursiva, ya esta instancia, al emisión de un pronunciamiento respecto de argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, contrarios a los que formaron parte del Acto Administrativo impugnado

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

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Por lo expuesto, siendo que el artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), señala que son anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), normas aplicables en materia tributaria por mandato del artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados ó lesione el interés público, coligiendo de lo mencionado que la anulabilidad de un acto se configura cuando el acto en cuestión coloca en estado de indefensión al administrado; se establece que el acto administrativo impugnado posee vicios de nulidad que deben ser subsanados por el SIN. Tomando en cuenta que, el sujeto pasivo, presentó su solicitud de prescripción en instancia en que la Administración Tributaria comenzaba la etapa de fiscalización, el nuevo acto que emita el ente fiscal, debe contener además- la suficiente motivación y fundamentación, respecto a la prescripción solicitada toda vez que el acto administrativo debe por si solo responder en etapa final este aspecto, por lo que este hecho impide a esta instancia recursiva ingresar al análisis de fondo del presente recurso. 

En suma, se advierte que el acto administrativo impugnado no posee la fundamentación técnica y legal, necesaria para cumplir su finalidad y asegurar al sujeto pasivo el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, por cuanto esta instancia recursiva advirtió la configuración de vicios de nulidad incurridos por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que deben ser subsanados; correspondiendo a esta instancia recursiva anular el Auto N° 251739000555 de 25 de julio de 2017 emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, a efecto de que la Administración Tributaria, emita un nuevo acto que considere las observaciones dispuestas en el presente análisis. 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Directora Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESUELVE: PRIMERO.- ANULAR el Auto N° 251739000555 de 25 de julio de 2017 emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición hasta el vicio más antiguo a fin de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto con la debida motivación y fundamentación conforme los criterios de legitimación expuestos en la presente Resolución; sea de conformidad con el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley N° 2492 y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 de la Ley N° 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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DIRECTORA EJECUTIVA RÉGIONAL INTÉRINA Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia Legal de la Autoridad. Regional de 

Impognation Tributaria Cochabamba 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestido 

do b Calidad Cortificado N’EC-27411

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