ARIT-CBA-RA-0497-2017 Revocación Parcial de la omisión de la deuda tributaria debido a que el contribuyente no demostró la prescripción total de los derechos de la Administración Tributaria

ARIT-CBA-RA-0497-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0497/201

Recurrente 

: Fernando Ramón Lisarazu Lópe

Recurrido 

: Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Apolinar Choque Arevillca 

Expediente ARIT-TJA0089/2017 Acto Impugnado : Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017 

Fecha 

: Cochabamba, 13 de noviembre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0497/2017 de 13 de noviembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

As Abrahe

lo Llanos Cuadia 

PUCH 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales mediante Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017, declaró la improcedencia de la prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, y fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de cobro y ejecución tributaria de los Títulos de Ejecución Tributaria consistentes en la Resolución Sancionatoria N° 028/2006, Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 010/2007, Resolución Determinativa N° 23/2008, Declaración Jurada con pago en defecto del Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente al periodo 08/2004 y Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011, notificadas al contribuyente a través de los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria No GDT-DTJCCCC- R.S. N° 062/2006, No 357/2007, No 379/2008, No 24-098-09 y N° 14/2012 respectivamente, disponiendo la prosecución de los trámites de ejecución tributaria hasta el cobro de los adeudos tributarios. Acto notificado personalmente al contribuyente, el 31 de julio de 2017 (fojas 1-8 y 10 del expediente administrativo). 

NACION TRIBUS 

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9001 IBNORCA Sistema de Gest

de la Calidad Certificado “EC-2701

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 414001 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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III 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA . II.1. Argumentos del Recurrente Fernando Ramón Lisarazu López mediante memorial presentado el 21 de agosto de 2017 (fojas 11-17 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto No 251760000067 de 25 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

Que los títulos de ejecución tributaria: Resolución Sancionatoria N° 028/2006, Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 010/2017, Resolución Determinativa N° 23/2008, Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones (IT) periodo fiscal 08/2004 y Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011, Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 062/2006, No 357/2007, N° 379/2008, No 2409809 y No 14/2012, datan de más de cuatro años atrás, plazo. fijado por el artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto, resultaría ilegal la pretensión de ejecución de obligaciones prescritas. 

Sostuvo que la prescripción fue peticionada, amparado en los artículo 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), artículo 1497 del Código Civil y lo dispuesto en los artículos 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y que la Administración Tributaria, sin fundamento legal y en franca vulneración de los principios constitucionales de congruencia, motivación, de justicia, de sometimiento pleno a la Ley, de buena fe y de imparcialidad, negó y declaró improcedente la solicitud de prescripción 

Por otra parte, expuso que las fechas de emisión y de notificación de los diferentes actos, demostrarían claramente que prescribieron los derechos de la Administración Tributaria, caducando las acciones y facultades para controlar, investigar, verificar. Comprobar y fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; por consiguiente, aseveró que la insistencia en la ejecución de obligaciones prescritas, vulneraría la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el debido proceso. 

Añadió que las medidas precautorias aplicadas por el SIN, no constituirían causal de interrupción y/o suspensión del término de la prescripción, por no estar previstos en los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), existiendo precedentes generados por la AIT sobre este hecho.

NB-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado NEC27414 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Precisó que la omisión de pago al constituirse en una contravención tributaria, se encontraría debidamente prescrito por mandato de los artículos 59 parágrafo III y 60 parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB); añadiendo que en el Auto N° 251760000067 es incongruente y carente de motivación, generándole incertidumbre sobre la norma aplicable por el SIN, así como también el fundamento para rechazar con propiedad su solicitud de prescripción, ameritando la nulidad del mencionado acto administrativo por imperio de la Ley N° 2341 (LPA) y Decreto Supremo N° 27113 (RLPA)

En ese sentido, reiteró la configuración de la prescripción, de las facultades de la Administración Tributaria, salando la extinción liberatoria de las obligaciones contenidas en declaraciones juradas y títulos de ejecución tributaria enunciados en párrafos previos, destacando que las fechas de prescripción sucedieron entre el 22/05/2010 y 12/10/2016; para los hechos generadores acaecidos desde las gestiones fiscales 2004 hasta la 2011. 

Por último, señaló en calidad de prueba literal, las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicio Nos. 39 de 13/05/2016 y 47 de 16/06/2016, las misma que establecerían que el cómputo de la prescripción de las obligaciones tributarias es hacia adelante y no de forma retroactiva, por mandato e imperio del artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB)

COMUL DE L

lamed Guardia 

AFTON TRIEN 

KARIA COBA 

Por lo expuesto, solicitó en petitorio, la revocatoria total del Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017, la prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar; determinar la deuda tributaria; imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de cobro y ejecución tributaria

HAL DE LA 

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UN TRIBUTARIA 

Covopo 

II.2. Auto de Admisión El 24 de agosto de 2017, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-TJA-0089/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Fernando Ramón Lisarazu López, contra el Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017, emitida por la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional (fojas 18 del expediente administrativo)

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Henry 

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COCH

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NB-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestió

de la Calidad Certificado NEC 77014 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4.) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Apolinar Choque Arevillca acredito personería conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000569 de 31 de marzo de 2017 (fojas 24-25 del expediente administrativo), por memorial presentado el 12 de septiembre de 2017 (fojas 26-31 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

Con respecto a la Resolución Sancionatoria N° 028/2006 (PIET N° GDT-DTJCCCC R.S. N° 062/2006) Sostuvo que fue notificada al contribuyente, el Acta de infracción N° 107787 por la contravención tributaria de incumplimiento a deberes formales, debido a la falta de presentación de la documentación requerida a través del Formulario 7520 de 27/01/2016; Y que el cómputo de la prescripción de 4 años para imponer sanciones, se inició el 01/01/2007 y culminó el 31/12/2010, sin embargo, el 26/03/2006 emitió la Resolución Sancionatoria N° 028/2006, ejerciendo su facultad antes que opere el rmino de prescripción y que dicho acto adquirió ejecutoría en fecha 21/04/2006, por lo que el término de prescripción para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria empezaba a correr a partir del 21/04/2006, cumpliéndose los 2 años el 21/04/2008 

Señaló que el 22/05/2006, el contribuyente notificó con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDTDTJCCCC-R.S. No 062/2006, aplicando medidas coactivas en las gestiones 2010, 2012, 2013, 2014 y el 23/03/2015 fue notificado con la conminatoria para el pago de Deudas Tributarias, demostrando que activó sus facultades de accionar en contra del deudor con diligencia y prontitud previo a que opere la prescripción

Con relación a la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 010/2007 (PIET No. 357/2007) Manifestó que el 15/05/2007, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 063/2007 correspondiente a la omisión de pago por ingresos no declarados por los periodos 02/2004 y 12/2004 por los impuestos IVA e IT y que el cómputo de dos (2) años para imponer sanciones, inició el 01/01/2005 y 01/01/2006, concluyendo el 31/12/2008 y 31/12/2009, pero el 09/07/2007 emitió la Resolución Sancionatoria C.D.C N° 010/2007 notificada el. 27/07/2007, antes que opere el término de prescripción; señalando que dicho acto adquirió firmeza el 21/08/2007, cumpliéndose los 2 años de término para la prescripción el 

NB ISO 

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de la Calidad Certificado NEC27414 

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21/08/2009, pero que el 31/10/2007 notificó al sujeto con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 357/2007 y el 30/11/2007 aplicó medidas coactivas, reiterando las mismas en las gestiones 2010, 2012, 2013 y. 2014 así como la conminatoria para el pago de deudas, notificado el 23/03/2015; no existiendo inacción como alegó el contribuyente. 

Con respecto a la Resolución Determinativa N° 23/2008 (PIET N° 379/2008) 

Explicó que la Resolución Determinativa N° 23/2008, determinó de oficio las obligaciones impositivas e impuso sanciones por Verificación Interna correspondiente al IVA e IT por el periodo 09/2004 y que el cómputo de prescripción de 4 años, se inició el 01/01/2005 y culminó el 31/12/2008, pero el 05/06/2008 notificó la Resolución Determinativa N° 23/2008 y que una vez ejecutoriada la misma, notificó con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 379/2008 el 09/09/2008, iniciando su facultad de ejecución tributaria a partir del 10/09/2008, cumpliéndose los 4 años requeridos por el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) el 10/09/2012; aludiendo que el 29/05/2009, aplicó medidas coactivas como la solicitud de retención de fondos a la ASFI, hipoteca de sus bienes, reiterándose las mismas en las gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y el 23/03/2015, fue notificada la conminatoria para el pago de Deudas Tributarias. 

PETUPUOVAC 

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Con respecto a la DDJJ del Impuestos a las Transacciones (IT) correspondiente al periodo 08/2014 (PIET N° 24-098-09) Manifestó que por la Declaración Jurada del IT periodo 08/2004, notificó al contribuyente con el Proveído de Ejecución Tributaria N° 24-098-09 de 25/05/2009 y que el término para que ejerza su facultad de ejecución tributaria empezó a correr a partir del 26/05/2009, cumpliéndose el plazo de 4 años el 26/05/2013 y que sin embargo, el 23/07/2009 ejerció la mencionada facultad al aplicar medidas coactivas, de acuerdo al artículo 110 de la Ley 2492 (CTB), siendo replicadas en las gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 mediante la conminatoria para el pago por Deudas Tributarias CITE: 

SIN/GDTJA/DJCC/UCC/NOT/00589/2015. 

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Asimismo, añadió que el artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), fueron modificados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 el 11/09/2012 y posteriormente por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317, estableciendo que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; y que en el presente caso, antes de configurar la prescripción de dicha facultad el 26/05/2013, el término del mencionado -instituto, fue modificado por las mencionadas Leyes

FUGNACIOKAN 

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*NB ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado NEC2741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

11 

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Con respecto a la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011. (PIET N° 14/2012) Adujo que la Declaración Jurada del IT periodo 08/2014; fue notificado el 25/05/2009 al contribuyente, con el PIET N° 24098-09 iniciando el cómputo de 4 años requeridos por la Ley N° 2492 (CTB) el 26/05/2009, concluyendo el 26/05/2013 y que notificó el 23/12/2011 la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011 por la incidencia en la omisión de pago, adquiriendo ejecutoría el 17/01/2012. Iniciando su facultad a partir de esa fecha y cumpliendo los dos años previstos al efecto el 17/01/2014, señalando que el 12/10/2012 notificó al sujeto pasivo con el Proveído de Ejecución Tributaria No 14/2012 y el 19/10/2012 ejerció dicha facultad, con la aplicación de medidas coactivas, reiterándose las mismas en la gestión 2014 y notificando al contribuyente, el 23/03/2015 con la conminatoria para el pago de Deudas Tributarias. 

Por lo descrito, sostuvo que en ninguno de los casos analizados individualmente, operó el plazo para la prescripción de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 109. de la Ley N° 2492 · (CTB), modificados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317, porque activó sus facultades de accionar en contra del deudor con diligencia y prontitud previo a que opere la prescripción o que antes de dicha fecha, el término de prescripción.se modificaron las circunstancias para su consolidación, correspondiendo en ese sentido, negar la petición de prescripción.

Sostuvo que el presente caso, se trataría de establecer si la Administración ejerció sus facultades para imponer sanciones administrativas o ejecución tributaria, previo a la configuración del término de prescripción

Por otro lado, señaló que la Administración Tributaria ejercitó su facultad para imponer sanciones por contravenciones tributarias, al momento de la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria, reiterando que dichas labores fueron ejercidas antes de la conclusión del término establecido por la Ley. En cuanto a la ejecución tributaria, expuso que la misma es ejercida en el momento que aplicó las medidas coactivas señaladas en el artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), después de vencido el plazo de tres (3) días de notificado con el PIET correspondiente, de conformidad al artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874; destacando que dichas facultades fueron ejercidas previo a que opere el término. de prescripción, dentro los dos y cuatro años establecidas respectivamente por Ley, realizando distintas medidas coactivas en ejecución tributaria. 

LN 

NB-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestió

de la Calidad Certificado NEC274/1

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Cochabamba 

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De igual forma, señaló que pretender que las medidas realizadas, requieran resultados concretos para que surtan efectos jurídicos o que impidan, que se configure la figura legal del ejercicio de las facultades de ejecución tributaria, sería actuar fuera de la norma legal, buscando una interpretación ajena a lo establecido en la Ley N° 2492 (CTB) u otra disposición aplicable al ámbito tributario; y que la interrupción de la prescripción no puede contemplar la realización de un proceso de determinación de la deuda tributaria emitiendo una nueva Resolución Determinativa, que significaría llevar a cabo un proceso que fue llevado con anterioridad; añadiendo que el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, estaría relacionado con la voluntad propia de decisión del sujeto pasivo, siendo ajena a la persuasión que pueda ejercer el sujeto acreedor de la obligación; señalando de esta forma que dichas causales de interrupción no sería aplicable al caso concreto

Por último, explicó que las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia No 39 y 47, fueron dejadas si efecto por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0048/2017-S2 dejó sin efecto la Sentencia No 47 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/201732 que dejó sin efecto la Sentencia No 39 de 13 de mayo de 2016, no pudiendo ser consideradas como jurisprudencia

DE IMPUG 

Por lo expuesto, solicitó en petitorio, la confirmación en todas sus partes del Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017 sin dar lugar a la prescripción, conforme dispone el artículo 212 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB)

AKCION TRD 

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II.4. Apertura de término probatorio El 13 de septiembre de 2017, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-TJA-0089/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N 2492 (Título V CTB) (fojas 32 del expediente administrativo). 

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11.4.1. Prueba Administración Tributaria El 2 de octubre de 2017, Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales mediante memorial, ratificó de forma integra las pruebas presentadas junto a l

LUPUGNACION 

KARIBUTARIS 

POGGION 

COCHA

AUTORIDADE

HABAUISJ 

NB-ISO 

9001 IBNORC

Sistema de Gestió

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contestación del Recurso de Alzada, mismos que demostrarían la legalidad del acto impugnado (fojas 34 del expediente administrativo). .

II.4.2. Sujeto Pasivo El 3 de octubre de 2017, Fernando Ramón Lisarazu López ofreció en calidad de prueba documental, los expedientes presentados por la Administración Tributaria, ratificándose en los argumentos y fundamentos de hecho y derecho, así como las pruebas adjuntas al momento del presente Recurso de Alzada (fojas 37 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria . El 19 de octubre de 2017, la Administración Tributaria formuló alegatos señalando que durante la etapa de descargos el contribuyente no logró probar los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, reiterando el análisis expuesto en su memorial de contestación, relacionado con cada uno de los casos concretos, que forman parte del nudo central reclamado por Fernando Ramón Lisarazu López, así como su petición de confirmación en todas sus partes del Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017 (fojas 4651 del expediente administrativo). 

11.5.2. Sujeto Pasivo El 23 de octubre de 2017, el recurrente expuso alegatos en conclusión, señalando que la prueba ofrecida garantizaría su derecho a la petición y que las acciones asumidas por la Administración Tributaria, se encontrarían prescritas, exponiendo doctrina relacionada con el instituto de la prescripción, así como Sentencias Constitucionales sobre la aplicación del principio tempus regis actum y tempus comissi delicti (fojas 5657 del expediente administrativo). 

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,.. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Administración Tributaria emitió los siguientes administrativos, relacionados con la prescripción analizada en el Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017: 

NB-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestio

de la Calidad Certificado N*EC27414 

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LU

III 

Cochabamba 

UNI 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

ACTO ORIGEN 

  1. 1. TITULO EJECUCIÓN 

FOJAS.” 

DESCRIPCIÓN 

N° ACTO 

FECH

EMISIÓN /NOTIFICACIÓN 

DESCRIPCION DESCRIPCIÓN | NO ACTO 

N° ACTO 

FECHA EMISIONI NOTICICACIÓN

ACTA DE INFRACCIÓN 

107787 

21/02/2006 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 

028/2006 

31/03/2006 

615 C1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVO

AUTO INICIAL DE 

SUMARIO CONTRAVENCIONAL SANCIÓN POR OMISIÓN 

DE PAGO 

10778

21/02/2006 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 

C.D.C. No 010/2007 

27/07/2007 

81-92 C2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

ORDEN DE VERIFICACIÓN 

00062201933 

13/11/2007 

RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 

23/2008 

05/06/2008 

377 C3 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

7C4 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

DECLARACIÓN JURADA -FORM. 5034373011 

400 

09/09/2004 

AUTO INICIAL DE 

SUMARIO CONTRAVENCIONAL SANCIÓN POR OMISIÓN DE PAGO FORM. 400 

08/2004 

108/2010 

22/04/2011 

RESOLUCIÓN | C.D.C. SANCIONATORIA. 90/2011 

23/12/2011 

11-31 C5 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Asimismo, el Servicio de Impuestos Nacionales posterior a la emisión y notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria, citados en el anterior detalle, procedió con la notificación del Inicio de Ejecución Tributaria conforme al siguiente cuadro: 

ACTO . NO ACTO 

-TITULO DE FECHA EJECUCIÓN NOTIFICACIÓN | TRIBUTARIA 

FOJAS 

GDT-DTJCC-CCR.A. No 

062/2006 

22/05/2006 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 

028/2006 

16-20 C1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

REGIONAL DE 

Ellands Odardia 

357/2007 

31/10/2007 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA C.D.C. 010/2007 

94 C2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

CIAL DE HAIPUS 

DESCRIPCIÓN COMUNICACIÓN 

INICIO DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA PROVEÍDO DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA PROVEIDO DE 

INICIO DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA PROVEÍDO DE 

INICIO DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA PROVEÍDO DE 

INICIO DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA 

379/2008 

09/09/2008 

RESOLUCIÓN DETERMINATIV

No 23/2008 

7882 C3 DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

VOODY 

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25/05/2009 

DECLARACIÓN 

9-13 C4 DE JURADA – FORM. 

ANTECEDENTES 400 No ORDEN

ADMINISTRATIVOS 11400637 

PUGNACION 

EGIONAL D

GDTJ/DJCC/UCC/PROV/14/2012 

12/10/2012 

RESOLUCIÓN L 3540 C5 DE SANCIONATORIA ANTECEDENTES C.D.C. N° 90/2011 ADMINISTRATIVOS 

REGION 

UTARIA 

C8BA

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De igual forma, cursa en obrados las acciones adoptadas por el SIN, como parte de la Ejecución Tributaria, las mismas que comprendieron Congelamiento de Cuentas, Certificación de Derechos Propietarios, Retención de Fondos, Anotación Preventiva Solicitud registro de hipoteca, Solicitud Información AFP BBVA Previsión y AFP Futuro Bolivia, Solicitud de Retención de Pagos entre otros, las cuales fueron realizadas a 

TRIPUGNACIONA

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B.C.R

AUCHABAMBA 

NB-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N*EC27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

  • mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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diferentes entidades del sector privado y público, en diferentes fechas, conforme el siguiente detalle: 

ACTO DE INICIO EJECUCIÓN 

TRIBUTARIA O PROVEÍDO DE INCIDO DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA 

FECHAS ACCIONES COACTIVAS SEGUIDAS POR 

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062/2006 

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26/05/2006 22/10/2010 26/01/2012 30/11/2007 01/10/2010 14/03/2012 16/10/2013 17/04/2014 25/05/2009 03/11/2010 28/06/2011 26/01/2012 13/09/2013 09/05/2014 22/07/2009 03/11/2010 28/07/2011 26/01/2012 29/08/2013 18/09/2014 19/10/2012 18/09/2014 

| 31/07/2006 

2179 C1 | 11/11/2010 ANTECEDENTES | 15/11/2014 – ADMINISTRATIVOS | 30/11/2007 

03/11/2010 | 

95-138 C2 14/03/2012 | ANTECEDENTES 16/10/2013 | ADMINISTRATIVOS 24/04/2014 24/07/2009 03/11/2010 22/07/2011 

83-154 C3 DE 

ANTECEDENTES 26/01/2012 

ADMINISTRATIVOS | 13/09/2013 

15/11/2014 | 03/09/2009 

23/11/2010 | 10/08/2011

1575 C4 DE 

ANTECEDENTES 09/04/2012 

ADMINISTRATIVOS 29/08/2013 15/10/2014 | 22/11/2012 41-81 C5 DE 

ANTECEDENTES 28/10/2014 | ADMINISTRATIVOS 

24098-99 

GDTJ/DJCC/UCCIPROV/14/2012 

De igual forma, a partir de la Conminatoria para el pago por Deudas Tributarias” efectuada por el SIN, mediante CITE: SIN/GDTJA/DJCCIUCC/NOT/00589/2015 al sujeto pasivo, notificado mediante Cédula el 23 de marzo de 2015 (fojas 8-12 C6 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria replicó las acciones de cobro pertinentes como: Solicitud registro de hipoteca, solicitud de retención de pagos, solicitud de información a la AFPs, solicitud de retención de fondos, solicitud de certificación de derecho propietario (fojas 13-57 C6 de antecedentes administrativos)

El 9 de junio de 2016, Fernando Ramón Lisarazu López mediante memorial, solicitó a la Administración Tributaria, fotocopias simples de los antecedentes administrativos relacionados con los PIETs Nos. 062/2006, 35/2007, 379/2008, 24-098-09 y 14/2012, la misma que fue atendida por el SIN, conforme Proveido No 24 0144 16 y Acta de Entrega de Fotocopias Simples de 4 de julio de 2016 (fojas 58-63 C6 de antecedentes administrativos). 

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IBNORCA : Sistema de Gestion 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 12 de junio de 2017, el contribuyente conforme memorial, solicitó a la Administración Tributaria, la declaración de prescripción de las acciones y facultades para: Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar; determinar la deuda tributaria; imponer sanciones administrativas; y, ejercer su facultad de cobro y ejecución tributaria; y la consecuente extinción de las obligaciones tributarias por multas y sanciones, por tributos omitidos correspondiente a los Títulos de Ejecución Tributaria, R.S. N° 028/2006, R.S. No 010/2007, R.D. N° 023/2008, DDJJ IT. y R.S. N° 090/2011 (fojas 5873 C6 de antecedentes administrativos). 

El 25 de julio de 2017, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales mediante Auto N° 251760000067, declaró improcedente la prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, y 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria de los Títulos de Ejecución Tributaria consistentes en la Resolución Sancionatoria N° 028/2006, Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 010/2007, Resolución Determinativa N° 23/2008, Declaración Jurada con pago en defecto del Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente al periodo 08/2004 y Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011, notificadas al contribuyente a través de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria No GDT-DTJCC-CC- R.S. N° 062/2006, No 357/2007, No 379/2008, No 2409809 y No 14/2012 respectivamente, disponiendo la prosecución de la ejecución tributaria hasta el cobro de los adeudos tributarios. Acto notificado personalmente al contribuyente, el 31 de julio de 2017 (fojas 76-84 de antecedentes administrativos). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA En principio, corresponde manifestar que de acuerdo al artículo 211 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), ésta instancia recursiva emitirá una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas por la parte recurrente y la Administración Tributaria recurrida; en ese entendido, de la revisión del Recurso de Alzada, se advierte que el recurrente, formuló agravios tanto de forma como de fondo; de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva, previo a ingresar al análisis de fondo procederá a verificar la existencia de los vicios de nulidad denunciados; toda vez que el recurrente planteó: 1) El Auto objeto de impugnación vulneró los principios constitucionales de congruencia y motivación al carecer de fundamento y; 2) Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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1.1. Sobre la fundamentación del acto impugnado y la vulneración a los principios constitucionales de congruencia y motivación La parte recurrente, dentro los planteamientos del Recurso de Alzada, manifestó que la Administración Tributaria sin fundamento legal y en vulneración de los principios constitucionales de congruencia, motivación, justicia; sometimiento pleno a la Ley buena fe e imparcialidad, declaró improcedente la solicitud de prescripción. 

En oposición, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, dentro su memorial de contestación al presente Recurso de Alzada, desarrolló los antecedentes del caso, citó la normativa aplicable y reprodujo en su totalidad el contenido del Auto objeto de la presente impugnación, refutando lo argüido por Fernando Ramón Lisarazu López. 

Expuesta la argumentación de ambas partes, corresponde evaluar el acto impugnado con el propósito de establecer, si el mismo cuenta con la motivación y fundamentación necesaria para declarar improcedente la solitud de prescripción formulada por el contribuyente

Respecto a la motivación, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, expuso: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o . administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,’ b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e). Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho, inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado

De igual forma, la Sentencia Constitucional SC 0752/2002R de 25 de junio, dispone que: “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara

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satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas

Por su parte, la doctrina establece que el acto administrativo: “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. México D.F. Il-36 y 37, T.IV)

Asimismo, señala que el acto administrativo debe contener una motivación expresa mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resultes específicamente esclarecedoras para la motivación del acto(ALVA, Karla. Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1) Primera Edición, Lima Perú, Pacifico Editores, 2012, Pág. 265). 

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En la normativa aplicable al caso, se tiene que los artículos 115 parágrafo II y 117 parágrafo | de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como también ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; de la misma forma el artículo 119 parágrafos I y II del citado cuerpo legal, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

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Asimismo, los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), disponen que son elementos esenciales del acto administrativo: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto; aspecto concordante con lo establecido en el parágrafo II del artículo 31 del Decreto Supremo N° 37113 (RLPA) que de forma expresa señala: “II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada; y valorará las pruebas determinantes para la decisión”. 

Ahora bien, remitiéndonos a los antecedentes administrativos se tiene que a fojas 69-73 del C6, el recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria, señalando que las obligaciones tributarias contenidas en la Resolución Sancionatoria N° 028/2006, Resolución Sancionatoria. C.D.C. N° 010/2007, Resolución Determinativa N° 23/2008, Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones (IT), periodo fiscal 08/2004 y Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011, Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 062/2006, No 357/2007, No 379/2008, No. 2409809 y No 14/2012, datan de más de cuatro años atrás, plazo fijado por el artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que las acciones y facultades de la Administración Tributaria para determinar tributos, imponer sanciones y ejecutar, se encuentran prescritas; solicitando en, petitorio la emisión de resolución declarando prescritas las acciones y facultades de la Administración Tributaria respecto a los citados actos

Motivado por tal solicitud, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el 25 de julio de 2017 el Auto N° 251760000067, donde declaró improcedente la prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, y fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de cobro y ejecución tributaria de los Títulos de Ejecución Tributaria consistentes en la Resolución Sancionatoria N° 028/2006, Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 010/2007, Resolución Determinativa N° 23/2008, Declaración Jurada con pago en defecto del Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente al periodo 08/2004 y Resolución Sancionatoria C.D.C: N° 90/2011, notificadas al contribuyente a través de los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria No GDTDTJCCCC- Rus, No 062/2006, 357/2007, 379/2008, 2409809 y No 14/2012; comprobando esta instancia recursiva que en el Considerando, I de dicha solicitud, 

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la Administración Tributaria reseñó el origen y el motivo que impulsó al ahora recurrente, para presentar la solicitud de prescripción de los títulos ejecutivos contenidos en el Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017. 

Continuando con el análisis, en el Considerando II, la Administración Tributaria plasmó toda la normativa aplicable y utilizada dentro del análisis de la solicitud en cuestión, citando principalmente, artículos de la Ley N° 2492 (CTB), Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) así como las modificaciones previstas en las Leyes Nos. 291 y 317. Con posterioridad, dentro el Considerando lll detalló y desarrolló cada uno de los títulos ejecutivos en cinco (5) numerales, describiendo el origen, tramitación y acciones coactivas aplicadas a fin de recuperar los adeudos tributarios; concluyendo que del análisis individual de cada caso, no se extinguió la facultad de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, conforme los artículos 59, 60, 61 y 109 de la Ley N° 2492 (CTB), modificados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317, argumentando que fueron activadas sus facultades de accionar en contra del deudor con diligencia y prontitud previo a que opere la prescripción o que antes de dicha fecha, el término de prescripción fue modificado las circunstancias para su consolidación. 

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Contrastado el contenido del Auto ahora impugnado con la jurisprudencia, doctrina y la normativa inicialmente expuesta, se advierte que el acto ahora impugnado, fue motivado por la solicitud de prescripción de las obligaciones tributarias presentada por el recurrente, solicitud a la que por su parte, la Administración Tributaria conforme a lo precedentemente desglosado del contenido del acto en cuestión, fundamentó legalmente, en congruencia a lo impetrado por Fernando Ramón Lisarazu López, correspondiendo destacar que el Auto N° 251760000067 objeto de la presente impugnación, fue emitido en respuesta a la solicitud de prescripción de las obligaciones tributarias del ahora recurrente; es decir, en consideración misma de la naturaleza del procedimiento y la respuesta a lo peticionado, siendo ésta, una muestra plausible de la seguridad jurídica que acompaña al recurrente, consagrando su derecho a la petición establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); ésta instancia de alzada, no evidenció vulneración a derechos o garantías constitucionales en la emisión del Auto N° 251760000067 impugnado; en consecuencia, corresponde desestimar lo agraviado por Fernando Ramón Lisarazu López e ingresar a examinar las cuestiones de fondo formuladas por el recurrente. 

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III 

IV.2. Sobre la prescripción invocada Sobre el punto, la empresa recurrente manifestó que considerando las fechas de emisión y notificación de los diferentes actos administrativos, demuestra un tiempo superior a los cuatro (4) y dos (2) años de inacción por parte de la Administración Tributaria, por lo que señaló la vulneración del principio de seguridad jurídica y el derecho a la defensa y al debido proceso y que en concordancia con los artículos 61 y. 62 de la Ley N° 2492 (CTB) las medidas coactivas aplicadas, no suspenden o interrumpen el cómputo de la prescripción..

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que ejerció sus facultades para imponer sanciones administrativas o ejecución tributaria antes de que opere el término de la prescripción establecido por Ley sin que concurran las causales de interrupción del cómputo para la prescripción, realizando distintas medidas coactivas en Ejecución Tributaria. 

En ese entendido, es menester precisar que la doctrina entiende a la prescripción como: la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

De igual forma, José María Martín señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla(MARTIN, José María. Derecho Tributario General. 28 edición. Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24a edición. pág. 376)

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Por su parte, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0732/2016 de 5 de julio de 2016, la Autoridad General de Impugnación Tributaria señaló respecto a la prescripción, lo siguiente: En función a lo manifestado por la doctrina y la normativa civil y tributaria, es pertinente resaltar que la prescripción no extingue la obligación sino la exigibilidad de ella, es decir, la acción del acreedor en este caso del Sujeto Activo, para hacer valer su derecho al cobro, lo que es entendido como castigo al acreedor que no ha ejercido sus acciones de cobro por un determinado tiempo (…)

Al respecto, es necesario analizar las disposiciones sobre prescripción de la obligación tributaria aplicables al presente caso; así el artículo 59 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribían a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria

Posteriormente, la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta, modificó el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo en el Parágrafo | que: Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 

eterminar la deuda Tributaria: 3. Imponer sanciones administrativas. En el último párrafo de dicho parágrafo, se prevé expresamente que el periodo de prescripción para cada año, sea respecto a obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año. 

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Dicho último párrafo fue derogado mediante la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificó el art. 59 del CTB, quedando el mismo redactado como sigue: Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas” (las negrillas y subrayado son propias). 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

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Posteriormente, el artículo 2 parágrafo II de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, procedió a una nueva modificación del artículo 59 del Código Tributario Boliviano (CTB), estableciendo el plazo de ocho (8) años para que prescriba la facultad de imponer sanciones de la Administración Tributaria. Respecto a esta última modificación corresponde señalar que el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable(las negrillas son propias). 

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que inicialmente el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), efectivamente establecía la prescripción de las distintas facultades de la Administración Tributaria, en el término de cuatro (4) años; en el presente caso, el acto que resolvió la solicitud de prescripción planteada por el recurrente, fue emitido el 25 de julio de 2017 y notificado al sujeto pasivo el 31 de julio del mismo año (fojas 7684 de antecedentes administrativos), en vigencia de las modificaciones introducidas mediante las Leyes Nos. 291 y 317

Consiguientemente de la normativa tributaria vigente relativa a la prescripción, que fue glosada precedentemente de forma cronológica, se tiene que al presente, la última modificación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), efectuada mediante el artículo 2. parágrafo II de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, establece un término de prescripción más favorable para el sujeto pasivo, que el establecido.“mediante las modificaciones realizadas al señalado artículo, por las Leyes Nos. 291 y 317 (nueve años); es decir, ocho años para la prescripción de las distintas facultades de la Administración Tributaria que no estén referidas a ejecución tributaria. 

Bajo ese contexto, cabe resaltar que Femando Ramón Lisarazu López impetró la prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria; específicamente de las obligaciones tributarias contenidas en: 1. Resolución Sancionatoria N° 028/2006; 2. Resolución Sancionatoria N° 010/2007; 3. Resolución Determinativa No 023/2008; 4. Declaración Jurada (Form. 400) agosto de 2004 y; 5. Resolución Sancionatoria No 090/2011..

PER 

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En ese entendido, ésta instancia recursiva realizará su análisis conforme a las facultades 

evocadas por el recurrente, enfatizando y resaltando que conforme al artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), el periodo de prescripción solamente se interrumpe por: “a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago(El resaltado es nuestro), no correspondiendo la aplicación supletoria de ninguna norma toda vez que no existen vacíos legales sobre el tópico en cuestión, conforme el artículo 8 parágrafo Il y artículo 74 numeral 1, ambos de la Ley N° 2492 (CTB); por consiguiente, el argumento de la Administración Tributaria sobre la inaplicabilidad en el presente caso, de las causales de interrupción y que lo contrario significaría su indefensión como acreedor de la obligación, carece de sustento legal, pues conforme el artículo 1 de la mencionada norma tributaria, su contenido, regula el régimen jurídico del sistema tributario y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional. Departamental, municipal y universitario. 

PREMPUGNASA 

Abraha 

Asimismo, el artículo 108 numeral 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; por consiguiente, el SIN no puede alegar vulneración de su derecho a la defensa, cuando el análisis del instituto de la prescripción se enmarca a lo dispuesto en el régimen dispuesto por la Ley N° 2492 y por ende la aplicación de sus artículos 59 al 62 Subsección V: PRESCRIPCIÓN, Sección VII: FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO EN ADUANAS, CAPÍTULO III – RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA; razón por la cual, corresponde desestimar lo alegado por la Administración Tributaria sobre las causales de interrupción establecidas en el artículo 61 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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IV.2.1. Sobre las facultades de Controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria Dentro los actos evocados por Fernando Ramón Lizarazu López, el único acto que corresponde considerar bajo dichas facultades es la Resolución Determinativa N° 023/2008 de 7 de mayo de 2008, que corresponde al IVA e IT periodo septiembre de la gestión 2004; por tanto, el plazo para que el SIN ejerza las facultades analizadas, inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

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CHABAMBA 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

Asimismo, se evidenció que la mencionada Resolución Determinativa N° 23/2008 fue notificada mediante Cédula al contribuyente, el 5 de junio de 2008 (fojas 71-77 c3 de antecedentes administrativos), antes de la configuración de la prescripción; debiendo destacar que todo el proceso, fue de conocimiento del contribuyente, al comprobarse la notificación de forma personal, de la Orden de Verificación N° 0006 220 1933, en fecha 13 de noviembre de 2007 (fojas 3-4 C3 de antecedentes administrativos) acto que dio inicio al proceso de revisión y que permitió que el sujeto pasivo presente las pruebas pertinentes, advirtiendo una participación dentro el proceso, ejerciendo su derecho a la defensa durante la sustanciación del mismo, no pudiendo el sujeto pasivo alegar desconocimiento de la labor desarrollada por el SIN o vulneración del debido proceso o derecho a la defensa; y peor aún la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para revisar, fiscalizar y determinar el adeudo tributario que se le imputa, toda vez que la facultad analizada fue ejercida y concluida por el SIN con la notificación de la Resolución Determinativa, efectuada mediante Cédula el 5 de junio de 2008 (fojas 71-77 C3 de antecedentes administrativos) antes que opere la prescripción el 31 de diciembre de 2008. 

IV.2.2. Sobre la facultad de imponer sanciones administrativas Respecto a ésta facultad, cursa en antecedentes administrativos la Resolución Sancionatoria N° 028/2006 de 16 de marzo de 2006, notificada mediante cédula el 31 de marzo de 2006_(fojas 1115 C1 de antecedentes administrativos), por la falta de: presentación de la documentación requerida a través del Formulario 7520, dentro la Verificación Interna Operativo N° 112, Orden de Verificación N° 00051121993; contravención que conforme a la notificación de la citada Orden de Verificación realizada el 27 de enero de 2006 (fojas 45 C1 de antecedentes administrativos), fue cometida en febrero de 2006; por consiguiente en el presente caso, el computo de cuatro (4) años del instituto jurídico analizado, inició el 1 de enero de 2007 y.concluyó el 31 de diciembre de 2010, término dentro el cual fue emitida y notificada la Resolución Sancionatoria No 028/2006, demostrando con ello que el SIN ejerció su facultad de imponer sanciones antes de la configuración de la prescripción

Por otro lado, en cuanto a la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 010/2007, la misma corresponde a la contravención por omisión de pago correspondiente al IVA e IT por los periodos febrero y diciembre de la gestión fiscal 2004 emergente de ingresos facturados no declarados; iniciando el término de prescripción el 1 de enero de 2005 y 1 de enero de 2006 concluyendo el 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009. respectivamente, : 

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tomando en cuenta los cuatro (4) años señalados en el artículo 59 parágrafo I de la Ley Nó 2492 (CTB); advirtiendo que el acto mencionado al inicio del actual párrafo, fue notificado por el SIN al sujeto pasivo mediante Cédula, el 27 de julio de 2007 (fojas 87-92 C2 de antecedentes administrativos), constatando que la facultad analizada, fue desarrollada por la Administración Tributaria, antes de su prescripción. 

Con relación a la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011, relacionada a la sanción por omisión de pago de la declaración jurada del Impuesto a las Transacciones (IT) con de Orden 11400637 del periodo 08/2004, notificada mediante Edicto el 23 de diciembre de 2011 (fojas 22-31 C5 de antecedentes administrativos) y siendo que el término par su facultad de imponer sanciones administrativas comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, la emisión del acto impugnado se efectuó cuando se 

onfigurado el instituto de la prescripción; es más, la Administración Tributaria dio inicio al proceso sancionador analizado, el 22 de abril de 2011, mediante la notificación por Edicto, del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 108/2010 (fojas 11-18 C5 de antecedentes administrativos) cuando su facultad para imponer sanciones se encontraba prescrita. 

IV.2.3. Sobre la facultad de ejercer su facultad de ejecución tributaria 

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Vale recalcar que dentro este acápite confluyen todos los actos reclamados por el recurrente, toda vez que conforme lo expone la parte recurrente en su Recurso de Alzada y lo confirma la Administración Tributaria a través de su responde, los actos: 1) Resolución Sancionatoria N° 028/2006, 2) Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 010/2007, 3) Resolución Determinativa N° 23/2008, 4) Declaración Jurada con pago en defecto del Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente al periodo 08/2004 y 5) Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011, notificadas al contribuyente a través de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. GDT-DTJCC-CC- R.S. N° 062/2006, 357/2007, 379/2008, 24-098 09 y 14/2012, se encuentran en etapa de ejecución tributaria y conforme lo establece el artículo 60 parágrafo ll de la Ley N° 2492 (CTB), el término de la facultad de ejecución tributaria se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874; y en relación a la ejecución de sanciones por contravenciones, desde el momento que los actos definitivos adquirieron calidad de título de ejecución tributaria, conforme al artículo 60 parágrafos II y III de la Ley No 2492 (CTB) de acuerdo al siguiente cuadro: 

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AUTORIDADES 

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  1. II

N°1 

PLAZO (PRESCRIPCIÓN) 

FIN CÓMPUTO PRESCRIPCIÓN 

4 AÑOS 

08/09/2012 

DESCRIPCIÓN 

Mopic | FECHA NOTIFICACIÓN N° PIET |FE 

PIET.. RESOLUCIÓN DETERMINATIVA N° 379/2008 · 09/09/2008 

*23/2008 DECLARACIÓN JURADA – FORM. 

24 098 09 25/05/2009 400 NORDEN 

11400637 

4 AÑOS 

24/05/2013 

Ejecución Sanciones Administrativas: 

COMPUTO -PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN IMPUGNACIÓN | EJECUCIÓN TRIBUTARIA | 

INICIO 

FIN 

24/04/2006 

25/04/2006 

24/04/2008 

FECHA DESCRIPCIÓN 

• • N° PIET . . NOTIFICACIÓN 

R.S. RESOLUCIÓN SANCIONATORIA N | GDT-DTJCC-CC-R.S. N° 062/2006 | – 31/03/2006 

028/2006 RESOLUCIÓN 

  • SANCIONATORIA 

357/2007 

27/07/2007 C.D.C. 010/2007 

RESOLUCIÓN 51 SANCIONATORIA GDTJ/DJCC/UCCIPROV/14/2012 23/12/2011 

C.D.C. N° 90/2011 

20/08/2007 

20/08/2009 

| 21/08/2007. 

– 16/01/2012 

NO APLICA 

De acuerdo al cuadro precedentemente desarrollado, el término de la prescripción de la facultad para la ejecución tributaria en el caso de: 

  1. El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 379/2008, que comprende la

Resolución Determinativa N° 23/2008 por la revisión de IVA e IT por el periodo septiembre de la gestión 2004, el cómputo de la prescripción inició al día siguiente de la notificación con el inicio de la ejecución tributaria, el 09/09/208, término que concluía el 08/09/2012 conforme al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); añadiendo que dicha facultad prescribió, antes de la emisión de las Leyes Nos, 291 y 317, suscitada el 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre del mismo año. 

  1. El Proveído 24 098 09, correspondiente al Impuesto a las Transacciones más 

accesorios, de la Declaración Jurada Form. 400 periodo agosto de 2004, que fue notificado el 25’de mayo de 2009, dando inició al término para que el SIN desarrolle su facultad de ejecución tributaria y considerando el plazo de cuatro (4) años previsto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) para ejercerla, ésta concluiría el 24 de mayo de 2013, plazo en el cual entró en vigencia las modificaciones al régimen de prescripción mediante la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 emitida el 22 de septiembre de 2012, estableciendo que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; situación que no fue modificada 

62 

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hasta la emisión del acto impugnado; por esta razón la facultad de ejecución tributaria del SIN para el Proveído 24 098 09 se encuentra vigente

  1. 3. Para el caso del Proveído GDTDTJCC-CC-R.S. N° 062/2006, relacionado a la 

Resolución Sancionatoria N° 028/2006 por la multa debido a la falta de presentación de la documentación requerida por la Administración Tributaria; conforme al artículo 60 parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB) el plazo para el ejercicio de la facultad ejecución tributaria, dio inicio desde el momento que adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, es decir, posterior a los veinte (20) días que tenía el contribuyente para el pago o la impugnación de la Resolución Sancionatoria mencionada líneas previas, siendo ésta el 25 de abril de 2006 y concluyó el 24 de abril de 2008, de acuerdo al término de dos (2) años, previsto en el artículo 59 parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB); coligiendo que la facultad de ejecución tributaria del SIN para este caso específico, se encuentra prescrita. 

  1. 4. En cuanto al PIET N° 357/2007 correspondiente a la Resolución Sancionatoria 

C.D.C. N° 010/2007 por omisión de pago del IVA e IT, periodo febrero y diciembre de la gestión 2004, señalar que la facultad analizada, inició al igual que en el caso previo, desde el momento que la Resolución Sancionatoria adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, es decir, 21 de agosto de 2007 concluyendo el 20 de agosto de 2009, conforme al plazo de dos (2) años precisado por el artículo 59 parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), siendo evidente, que de acuerdo a los obrados analizados, la facultad de ejecución tributaria del SIN, se encuentra 

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prescrita. 

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  1. 5. Por último, para el PIET GDTJ/DJCC/UCC/PROV/14/2012, correspondiente a la 

Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011 por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) N° de Orden 11400637 periodo agosto de 2004, la facultad de ejecución tributaria del Servicio de impuestos Nacionales, no puede ser examinada por ésta instancia recursiva, toda vez que como se explicó en el análisis desarrollado en parágrafos previos, la Administración Tributaria ejerció su facultad de imponer sanciones administrativas, posterior a los cuatro (4) años previstos en el artículo 59 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), destacando, que el SIN, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 108/2010, el 27 de octubre de 2010, para una contravención sucedida en agosto de 2004, cuya prescripción se configuro 

el 31 de diciembre de 2008. 

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Consecuentemente y. de forma general, la facultad de ejecución tributaria por los actos reclamados por Fernando Ramón Lisarazu López relacionados a la Resolución Determinativa N° 23/2008, Resolución Sancionatoria N° 028/2006, Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 010/2007, Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011 comunicadas al contribuyente a través de los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos.: 379/2008, GDT-DTJCC-CC- R.S. 062/2006, 357/2007 y GDTJ/DJCC/UCCIPROV/14/2012, se encuentra prescrita; sin embargo, para el caso de la Declaración Jurada con pago en defecto del Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente al periodo 08/2004, notificada mediante PIET N° 24 098 09, la facultad de ejecución tributaria del SIN, se encuentra vigente; debiendo dejar en claro que la Ley N° 2492 (CTB) contempla todos los aspectos referidos al instituto de la prescripción, como es el periodo o término en el que opera el mismo, el cómputo para los distintos casos, la interrupción y la suspensión de dicho instituto, consecuentemente, no corresponde la aplicación supletoria de ningún tipo de norma al no existir vacíos legales. 

En relación a la Sentencia Constitucional N° 0386/2004-R, evocada por la parte recurrente, enfatizando lo citado por esta respecto al “tempus regit actium” y el “tempus comissi delicti”, de acuerdo al análisis efectuado en los párrafos precedentes sobre la prescripción, se enfatiza que en el presente caso, corresponde la aplicación de la normativa legal vigente, toda vez que las Leyes. Nos. 291, 317 y 812, se presumen constitucionales y surten los efectos legales para las cuales fueron emitidas, conforme dispone el artículo 5 de la Ley N° 027, siendo de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, conforme establecen el artículos 108 numeral 1 y artículo 164 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) y artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB); lo cual no implica vulneración a dichos principios, ni tampoco inobservancia a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional a través de sus Sentencias Constitucionales; análisis que también permite desestimar la aplicación de las Sentencias Constitucionales N° 280/2001-R, 979/0002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R Y 1055/2006-R, invocadas por el contribuyente en su memorial de alegatos, referidas a la aplicación del principio tempus regis actum y tempus comissi delicti. 

*** 

Por otra parte, con relación a las Sentencias Nos. 39 y 47 de 13 de mayo de 2016 y 16 de junio de 2016 respectivamente, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia e invocadas por el recurrente en respaldo de su argumento (fojas 15 vta. del expediente administrativo); corresponde precisar que dichas Sentencias, fueron dejadas sin efecto por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales N° 0048/2017-S2 de 6 de febrero y 0231/2017-S3 de 24 

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de marzo de 2017, respectivamente, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En consecuencia, corresponde desestimar el fundamento de dicha jurisprudencia al ser jurídicamente inexistentes. 

En base a todo lo expuesto, se tiene que en el presente caso, es evidente que operó la prescripción invocada por el recurrente, referente a la facultad de ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 23/2008, Resolución Sancionatoria N° 028/2006 y Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 010/2007, comunicadas al contribuyente a través de los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 379/2008, GDT-DTJCC-CC- R.S. 062/2006 y 357/2007; asimismo, se configuró dicho instituto jurídico, para la facultad del SIN de imponer sanciones administrativas, correspondiente, a la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011. Sin embargo, la facultad de ejecución tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales, para Declaración Jurada – Form. 400 N° Orden 11400637, notificada con PIET 24 098 09 el 25 de mayo de 2009, se mantiene vigente; por lo que corresponde a ésta instancia recursiva, revocar parcialmente el Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional de Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto N° 251760000067 de 25 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando: PRIMERO: Prescrita la facultad de ejecución tributaria de la deuda tributaria por IVA e IT periodo 09/2004 contenida en la Resolución Determinativa N° 23/2008 y notificada mediante PIET 379/2008; de la multa por incumplimiento a deberes formales establecida en la Resolución Sancionatoria N° 028/2006 y comunicada mediante Proveído GDT-DTJCC CC-R.S. N° 062/2006; de la sanción por omisión de pago del IVA e IT periodos febrero y diciembre de la gestión fiscal 2004, contenida en la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 010/2007 y comunicada mediante Proveído de Ejecución Tributaria N° 357/2007; _SEGUNDO: Prescrita la facultad de imponer sanciones administrativas por omisión de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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pago de Impuesto a las Transacciones con N° de Orden 11400637 periodo 08/2004, expuesta en la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 90/2011; y TERCERO: Firme y Subsistente el rechazo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del SIN, la cual se mantiene vigente para el caso de la deuda tributaria impaga de la Declaración Jurada – Form. 400 N° orden 11400637, periodo agosto de 2004, notificada mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24 098 09; sea de conformidad con el inciso a) parágrafo I y parágrafo II del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB)

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme preel artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Claudia B. Cors Repas 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTERINA kutondad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencla Legal de la Autoridad Regional de 

Impugnacion Tributaria Cochabamba 

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