ARIT-CBA-RA-0493-2017 La solicitud de prescripción por parte del contribuyente a las acciones de la administración tributaria fueron anuladas debido a que el SIN ejerció sus facultades dentro de los tiempos establecidos por Ley

ARIT-CBA-RA-0493-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0493/2017 

Recurrente 

Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI SRL., representada por Sergio Alberto Donoso Trigo 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Apolinar Choque Arevillca 

Expediente 

ARITTJA-0083/2017 

Acto Impugnado : Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017 

Fecha 

: Cochabamba, 13 de noviembre de 2017 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0473/2017 de 13 de noviembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017, declarando improcedente la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, disponiendo la prosecución de la ejecución Acto notificado de manera personal el 18 de julio de 2017 (fojas 18 del expediente administrativo). 

DE IMPUGNA 

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ECO Felip

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Aranibar Mejia 

POUNTY SJR

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente La Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI SRL., representada por Sergio Alberto Donoso Trigo, conforme acreditó el Testimonio de Poder No 1112/2011 de 9 de agosto de 2011 (fojas 910 de antecedentes administrativos), mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2017 y subsanación de 23 de agosto de 2017 (fojas 25-30 y 33 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

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NB ISO 

9001 IBNOROA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado NEC2741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo Cochabamba, Bolivia 

Que, amparados en el derecho a la petición establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), solicitó la prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria; respecto de las obligaciones tributarias contenidas en: 1) Declaración Jurada del IVA del periodo agosto de 2010, agosto de 2011; 2) Declaraciones Juradas del IT de los periodos julio, agosto, diciembre de 2010 y agosto de 2011; 3) Declaración Jurada del IUE del periodo marzo de 2010; 4) Resolución Sancionatoria No 139/2011; 5) Resolución Administrativa N° 20-063-10; 6) Sentencia Judicial N° 25/2009; y 7) Proveídos de inicio de ejecución tributaria No 170/2011, 024/2015, 290/2011, 801/2012 y 496/2011; toda vez que, dichas accionės datan de más de 4 años, tiempo fijado por el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), agregó que resulta ilegal y arbitrario que la Administración Tributaria sin tener facultad ni potestad pretenda ejecutar obligaciones tributarias prescritas y extinguidas. 

Indicó que la Administración Tributaria sin fundamento legal y en vulneración de los principios constitucionales de congruencia y motivación declaró improcedente la solicitud de prescripción; al efecto, citó los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) para referir que considerando las fechas de emisión y notificación de los diferentes actos administrativos, se demuestra un tiempo superior a los cuatro años de inacción por parte de la Administración Tributaria, por lo que señaló que se vulneró el principio de seguridad jurídica, el derecho a la defensa y al debido proceso. 

Mencionó como jurisprudencia la Sentencia Constitucional No 0386/2004-R, enfatizando lo citado por ésta respecto al “tempus regit actium” y el “tempus comissi delicti”, exponiendo también lo referente a la prescripción de las contravenciones tributarias por omisión de pago y los efectos interruptivos de la dación de pago, interpretada como una oposición a la ejecución coactiva sin que se constituya un reconocimiento expreso ni tácito de la obligación tributaria, aclarando además que la misma fue negada. 

1: 21

Adicionalmente acusó de falta de motivación en el Auto objeto de impugnación, aludiendo las Sentencias Constitucionales Nos. 0871/2010 y 0752/2002-R Y reclamando la nulidad por tal aspecto y ahondó en doctrina y jurisprudencia sobre el . instituto de la prescripción citando las Sentencias N° 39 y 47 del Tribunal Supremo d

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Justicia, las cuales establecen que el cómputo de la prescripción se efectúa de manera prospectiva y no retroactivamente, hecho malinterpretado por la Administración Tributaria; añadió que, en concordancia con los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB) las medidas coactivas aplicadas, no suspenden o interrumpen el cómputo de la 

prescripción. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó revocar totalmente el Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017, declarando prescritas las acciones y facultades de la Administración Tributaria. 

II.2. Auto de Admisión El 24 de agosto de 2017, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-TJA0083/2017, del Recurso de Alzada interpuesto por Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI SRL.”, representada por Sergio Alberto Donoso Trigo, contra el Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 34 del expediente administrativo). 

ALDE IAPU

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000569 de 31 de marzo de 2017 (fojas 3738 del expediente administrativo), por memorial presentado el 12 de septiembre de 2017 (fojas 39-47 del expediente administrativo) contesto de forma negativa el Recurso de Alzada interpuesto, exponiendo los siguientes argumentos: 

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En principio, la Administración Tributaria expuso los antecedentes del caso, prosiguiendo con la normativa aplicable y posteriormente reprodujo todo el contenido del Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017, resaltando que la parte recurrente no refirió ni fundamento nada con relación al artículo segundo del acto impugnado, aclarando que no corresponde a esta instancia realizar análisis y revisión de dicho aspecto. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbajeti onomita mbaerępi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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TIL 

L

Refirió que el Mandamiento de Embargo N° 017/2015 registrado en Derechos Reales también se constituye en una causal de interrupción del término de prescripción de las facultades de ejecución tributaria por aplicación análoga de normar legales, áludiendo los artículos 5 y 8 del Código Tributario, alegando la aplicación del Código Civil a efectos de establecer los términos de prescripción, así como las causales de interrupción, mencionando como tal la solicitud de dacn de pago como reconocimiento expreso de la deuda tributaria por la Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo 8/2011. 

  • Expuso que el contribuyente, al haber solicitado la prescripción el 9 de diciembre de 2016, de igual manera reconoce expresamente el tener adeudos tributarios pendientes de pago, conforme el artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), razonamiento que lo hace extensible a la Declaración Jurada por el IT del periodo 8/20011. En relación a las Sentencias N° 39 y 47 del Tribunal Supremo de Justicia, manifestó que las mismas fueron dejadas sin efecto por el Tribunal Constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 0048/2017-S2 y 0231/2017, respectivamente, por lo que no pueden ser consideradas como jurisprudencia en el presente caso. 

Arguyó que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para imponer sanciones administrativas. y ejecutar la deuda tributaria antes de que opere el término de la prescripción establecido por Ley sin que concurran las causales de interrupción del cómputo para la prescripción, especificando que las Resoluciones Sancionatorias No 28/2006, CDC No 10/2007, No 23/2008 y CDC N° 90/2011 fueron emitidas y notificadas al contribuyente antes que opere el término de la prescripción; de la misma manera respecto a la facultad de ejecución tributaria, manifestó que sobre los títulos correspondientes del IVA del periodo 08/2010, IT 07/2010 y 08/2010; Resolución Sancionatoria CDC N° 139/2011, Resolución Administrativa N° 20-063-10 (IT 08/2011); IUE 03/2010 e IT 12/2010, Sentencia Judicial N° 25/2009, ejerció sus facultades previo a que opere el término de la prescripción, realizando distintas medidas coactivas en Ejecución Tributaria. 

Por último, citó que pretender que las medidas coactivas realizadas requieran resultados concretos para que surtan efectos jurídicos, o que impidan que se configure la figura legal del ejercicio de las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria, sería actuar fuera de la norma legál, resaltando que en ninguno de los casos 

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(AIT) 

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analizados se puede advertir que operó el plazo para la extinción por prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017 sin dar lugar a la prescripción. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 13 de septiembre de 2017, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-TJA-0083/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 48 de expediente administrativo). 

11.4.1. Prueba Administración Tributaria 

El 2 de octubre de 2017, el Servicio de Impuestos Nacionales representado por Apolinar Choque Arevillca, presentó memorial ratificándose de manera integra en las pruebas presentadas con la contestación del Recurso de Alzada, mismas que -bajo su óptica- demuestran la legalidad del acto impugnado, reiterando su solicitud en petitorio de confirmar el acto impugnado (fojas 50 del expediente administrativo). 

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11.4.2. Prueba Sujeto Pasivo El 3 de octubre de 2017, Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería CONALSI SRL., legamente representada por Sergio Alberto Donoso Trigo, presentó memorial ofreciendo en calidad de prueba documental la información contenida en todos los expedientes administrativos presentados por la Administración Tributaria al momento de contestar el Recurso de Alzada, asimismo ratificó de manera integra en los argumentos y fundamentos de hecho y de derecho expuestos en su Recurso de Alzada, reiterando el petitorio inicialmente impetrado (fojas 53 del expediente administrativo). 

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11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria El 19 de octubre de 2017, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentó ante esta instancia alegatos en los que 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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– 

replicó los argumentos y fundamentos expuestos en el memorial de Recurso de Alzada, enfatizando en las causales de interrupción del periodo de prescripción, entre las que citó el reconocimiento expreso de la deuda tributaria y la aplicación análoga de Código Civil (fojas 62-68 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 9 de diciembre de 2016, la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería CONALSI SRL. ‘ representada por Sergio Alberto Donoso Trigo, presentó memorial ante la Administración Tributaria, oponiendo prescripción de obligaciones tributarias, señalando que las obligaciones tributarias contenidas en la Declaración Jurada del IVA del periodo agosto de 2010; las Declaraciones Juradas del IT de los periodos julio, agosto, diciembre de 2010 y agosto de 2011; la Declaración Jurada del IUE del periodo marzo de 2010; la Resolución Sancionatoria No 139/2011; la Resolución Administrativa N° 20-063-10; la Sentencia Judicial N° 25/2009; y los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria No 170/2011, 024/2015, 290/2011, 801/2012 y 496/2011, datan de más de 4 años ats, por lo que las acciones y facultades de la Administración Tributaria prescribieron; asimismo en petitorio solicitó dictar resolución declarando prescritas las acciones y facultades de la Administración Tributaria respecto a los referidos actos (fojas 2-6 C12 de antecedentes administrativos). 

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El 10 de julio de 2017 la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto N° 251760000066 declarando improcedente la solicitud de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, disponiendo la prosecución de la ejecución tributaria. Acto notificado de manera personal, el 18 de julio de 2017 (fojas 136-144 C12 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Inicialmente, corresponde manifestar que en estricta aplicación del artículo. 211 parágrafo I de la Ley N° 249 2 (CTB), ésta instancia recursiva pronunciará una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas por la parte recurrente y la Administración recurrida; asimismo, de la revisión del Recurso de Alzada, se advierte que la empresa recurrente, formuló agravios tanto de forma como de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y e

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de la Calidad Certificado N’EC-2741

alidad 

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III 

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derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva, previo a ingresar al análisis de fondo procederá a verificar la existencia de los vicios de nulidad denunciados; toda vez que el recurrente planteo que: 1) El Auto objeto de impugnación vulneró los principios constitucionales de congruencia y motivación al carecer de fundamento; y 2) Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

IV.1. Sobre la fundamentación del acto impugnado y la vulneración a los principios constitucionales de congruencia y motivación La parte recurrente, dentro los planteamientos de su Recurso de Alzada manifestó que la Administración Tributaria sin fundamento legal y en vulneración de los principios constitucionales de congruencia y motivación declaró improcedente la solicitud de prescripción

En oposición, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, dentro su memorial de respuesta desarrolló los antecedentes del caso, citó la normativa aplicable y reprodujo en su totalidad el contenido del Auto objeto de la presente impugnación, refutando lo argüido por la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería CONALSI SRL

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Respecto a la motivación, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, expuso: És imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la, motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos cticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” 

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11 

IIIII III 

III 

De igual forma, la Sentencia Constitucional SC 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: (…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas

Por su parte, la doctrina establece que el acto administrativo: “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso; como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. México D.F. .!/36 y 37, T.IV)

Asimismo, refiere que el acto administrativo debe contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico; y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resultes específicamente esclarecedoras para la motivación del acto(ALVA, Karla. Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario; en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1) Primera Edición, Lima-Perú, Pacifico Editores, 2012, Pág. 265)

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(11

En la normativa aplicable al caso, se tiene que los artículos 115 parágrafo Il y 117 parágrafo / de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como también ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

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proceso; de la misma forma el artículo 119 parágrafo I y Il del citado cuerpo legal dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el Proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

Por su parte, los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, disponen que son elementos esenciales del acto administrativo: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto; aspecto concordante con lo establecido en el parágrafo II del artículo 31 del Decreto Supremo N° 37113 (RLPA) que de forma expresa señala: II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión”

Ahora bien, remitiéndonos a los antecedentes administrativos se tiene que de fojas 2 a 5 del C12, la empresa recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria señalando que las obligaciones tributarias contenidas en la Declaración Jurada del IVA del periodo agosto de 2010; las Declaraciones Juradas del IT de los periodos julio, agosto, diciembre de 2010 y agosto de 2011; la Declaración Jurada del IUE del periodo marzo de 2010, la Resolución Sancionatoria No 139/2011; la Resolución Administrativa N° 20-063-10; la Sentencia Judicial N° 25/2009; y los Proveídos de Inicio de Ejecución 

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Tributaria No 170/2011, 290/2011 y 496/2011, datan de más de 4 años atrás, por lo que 

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las acciones y facultades de la Administración Tributaria prescribieron; asimismo en petitorio solicitó dictar resolución declarando prescritas las acciones y facultades de la Administración Tributaria respecto a los referidos actos

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Motivado por tal solicitud, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017, declarado improcedente la solicitud de prescripción de las distintas facultades de la Administración Tributaria, oficio en el cual, en el Considerando l, la Administración Tributaria reseñó el origen y el motivo que impulsó al ahora recurrente para presentar la solicitud de prescripción de ciertos títulos ejecutivos contenidos en el Auto Administrativo N° 25-0346-16 de 18 de noviembre de 2016, de la misma manera, en el 

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de la Calidad Certificado N°EC-27471

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….. 

Considerando Il se plasma toda la normativa-aplicable y utilizada dentro del análisis de la solicitud en cuestión, citándose principalmente articulados del Código Tributario, referidos a la prescripción, el Código Civil en la parte pertinente al tema y la doctrina que refuerza dicho entendimiento. Con posterioridad, dentro el Considerando III se detallan y desarrollan cada uno de los títulos ejecutivos en siete (7) numerales, en los que describe el origen, tramitación y acciones coactivas aplicadas a fin de recuperar los adeudos tributarios para concluir que habiendo sido analizados individualmente cada caso, no operó el plazo para la extinción de la facultad de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, conforme los artículos 59, 60, 61, 62 y 109 del Código Tributario Boliviano (Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 1503 el Código Civil, identificando actos y acciones que interrumpieron el periodo de prescripción, en consecuencia manifestando la firmeza e inalterabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria y por 

ende negó la prescripción.

Contrastado el contenido del Auto ahora impugnado con la jurisprudencia, doctrina y la normativa inicialmente expuesta, se advierte que el acto ahora impugnado, fue motivado por la solicitud de prescripción de las obligaciones tributarias presentada por el recurrente, solicitud a la que por su parte, la Administración Tributaria conforme a lo precedentemente desglosado del contenido del acto en cuestión, fundamento legalmente su postura, en congruencia a lo impetrado por la Compañía Nacional de 

Servicios de Ingeniería “CONALSI SRL.”, correspondiendo redundar y resaltar que el ” Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017 objeto de la presente impugnación, fue emitido en respuesta a la solicitud de prescripción de las obligaciones tributarias del 

: máxime en consideración misma de la naturaleza del procedimiento, siendo que en el presente caso se configura en una solicitud y la respuesta a lo peticionado, es una muestra plausible de la seguridad jurídica que acompaña al recurrente, consagrando su derecho a la petición establecido en el artículo 24 de la 

ca del Estado (CPE); del mismo modo, toda vez que no se sustanció ningún procedimiento determinativo o sancionador en el que se comprometa etapas procesales en las que se involucre la generación o aportación de pruebas de descargo, ‘no se evidencia vulneración a derechoso garantías constitucionales. 

Consecuentemente, corresponde a esta instancia desestimar lo agraviado sobre este 

punto. 

” 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

IV.2. Sobre la prescripción invocada Sobre el punto, la empresa recurrente manifestó que considerando las fechas de emisión y notificación de los diferentes actos administrativos, se demuestra un tiempo superior a los cuatro años de inacción por parte de la Administración Tributaria, por lo que señaló que se vulneró el principio de seguridad jurídica y el derecho a la defensa y al debido proceso y que en concordancia con los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB) las medidas coactivas aplicadas, no suspenden o interrumpen el cómputo de la prescripción 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que ejerció sus facultades para imponer sanciones administrativas o ejecución tributaria antes de que opere el término de la prescripción establecido por Ley sin que concurran las causales de interrupción del cómputo para la prescripción, realizando distintas medidas coactivas en Ejecución Tributaria, señalando al respecto el Mandamiento de Embargo N° 017/2015 registrado en Derechos Reales también se constituye en una causal de interrupción del término de prescripción de las facultades de ejecución tributaria por aplicación análoga de normar legales del Código Tributario y la aplicación del Código Civil a efectos de establecer los términos de prescripción, así como las causales de interrupción; refirió además que el contribuyente al haber solicitado el 9 de diciembre de 2016 la prescripción, de igual manera reconoce expresamente el tener adeudos tributarios pendientes de pago

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En ese entendido, es menester precisar que la doctrina entiende a la prescripción como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (GARCÍA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

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De igual forma, José María Martín señala que: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita – mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo Cochabamba, Bolivia 

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que atañe al objeto de aquélla(MARTIN, José María. Derecho Tributario General. 28 edición. Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción dë las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24a edición, pág. 376). 

Por su parte, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0732/2016 de 5 de julio de 2016, là Autoridad General de Impugnación Tributaria señaló respecto a la prescripción, lo siguiente: “En función a lo manifestado por la doctrina y la normativa civil y tributaria, es pertinente resaltar que la prescripción no extingue la obligación sino la exigibilidad de ella, es decir, la acción del acreedor en este caso del Sujeto Activo, para hacer valer su derecho al cobro, lo que es entendido como castigo al acreedor que no ha ejercido sus acciones de cobro por un determinado tiempo (...)

.

Así expuestos los argumentos de las partes corresponde iniciar el análisis; considerando que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), disponía que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria (las negrillas son propias). 

Asimismo, el artículo 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), establecía què excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, fueron modificados los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera: “l. Las acciones de la Administración Tributaria 2 prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. Asimismo en el Parágrafo XVII, dispuso que: La facultad de ejecutar la deuda – tributaria determinada, es imprescriptible. El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (...).y “. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria” (las negrillas son propias). 

Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, estableció: “Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012″. En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modifica el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto: “. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria” (las negrillas son propias). 

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De igual forma, precisar que la Ley N° 812 emitida el 30 de junio de 2016, en su artículo 2, parágrafo II, procedió a modificar el régimen de prescripción, previsto en los parágrafos I y Il del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con el siguiente texto: “l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas (...)” (las negrillas son propias); es decir, un término de prescripción más beneficioso del que estableció las modificaciones establecidas en las Leyes N° 291 y 317. 

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AUTORIDADES 

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artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), el periodo de prescripción solamente se interrumpor: a). La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago”, no correspondiendo la aplicación supletoria de ninguna norma toda vez que no existen vacíos legales sobre el tópico en cuestión, conforme el parágrafo II del artículo 8 y numeral 1 del artículo 74, ambos de la Ley N° 2492 (CTB)

Ahora bien, ingresando al análisis de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, cabe resaltar que la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería CONALSI SRL. impetró la prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria; específicamente de las obligaciones tributarias contenidas en: 1) Declaración Jurada del IVA del periodo agosto de 2010, agosto de 2011; 2) Declaraciones Juradas del IT de los periodos julio, agosto, diciembre de 2010 y agosto de 2011; 3) Declaración Jurada del IVE del periodo marzo de 2010; 4) Resolución Sancionatoria No 139/2011; 5) Resolución Administrativa N° 20 063-10; 6) Sentencia Judicial N° 25/2009; y 7) Proveídos de inicio de ejecución tributaria No 170/2011, 024/2015, 290/2011, 801/2012 y 496/2011. 

IV.2.1. Sobre las facultades de Controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria Dentro los actos evocados por la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería CONALSI SRL., el único acto que corresponde considerar bajo dichas facultades es la Resolución Determinativa N° 070/2008 de 24 de diciembre de 2008 (fojas 939-941 C8 de antecedentes administrativos), que corresponden a los periodos comprendidos de abril a diciembre de gestión 2006 y de enero a marzo de la gestión 2007; conforme a la normativa precedentemente expuesta, en virtud a los periodos y gestiones verificadas, la Administración Tributaria ejerció sus facultades de referencia dentro del periodo consentido por norma, mediante la notificación de la Resolución Determinativa N° : 070/2008 realizada por cédula el 26 de enero de 2009, es decir que la facultad de determinación del SIN se encontraba plenamente vigente a momento de la notificación del mencionado acto; mismo que mereció la impugnación por la vía jurisdiccional y concluyó con la sentencia 25/2009 de 26 de noviembre de 2009 (fojas 1093-1096 09

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Cochabamba 

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de antecedentes administrativos), declarando improbada la demanda, acto que fue apelado en las instancias correspondientes y que derivó en el Auto Supremo No 215/2014 de 13 de noviembre de 2014 que declaró infundado el recurso de casación en el fondo (fojas 1150-1156 C9 de antecedentes administrativos), tiempo en el que el cómputo quedó suspendido, por encontrarse en revisión; en consecuencia dicho Auto Supremo se constituyó en Título de Ejecución Tributaria que además fue comunicado al contribuyente, mediante Proveído GDTJA/DJCC/UCC/PROV/00191/2014, que fue notificado por cédula el 18 de diciembre de 2014. 

IV.2.2. Sobre la facultad de imponer sanciones administrativas Respecto a la referida facultad, cursa en antecedentes administrativos la Resolución Sancionatoria CDC N° 139/2011 de 3 de octubre de 2011 (fojas 38-39 C2 de antecedentes administrativos) por la sanción por omisión de pago por las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 08/2010 y del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 07/2010 y 08/2010 que fue notificada de manera personal el 20 de octubre de 2011; en consideración de que las facultades del SIN para imponer sanciones, conforme al numeral 3, parágrafo 1 del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) prescriben a los cuatro (4) años. 

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En el presente caso, el cómputo se inició el 1 de enero de 2011, sin embargo, durante el transcurso del cómputo de la prescripción, se tiene que fueron promulgadas las Leyes Nos. 291 y 317 el 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre de 2012, cuando las facultades de la Administración para imponer sanciones administrativas de la gestión 2010, aún se encontraban vigentes, en ese entendido, afectó en los términos y el cómputo de la prescripción de la facultad señalada, por lo que corresponde aplicar las modificaciones dispuestas por las citadas normas, a los artículos 59. y 60 del Código Tributario, estableciendo el término de nueve (9) años en la gestión 2017. Dentro ese análisis desglosado, es evidente que fue promulgada la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, normativa que mediante su artículo 2 modificó, el artículo 59 del Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: “I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas“, en ese sentido, al verificarse que dicha normativa es más beneficiosa para el sujeto pasivo, corresponde su aplicación en virtud a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), en el sentido 

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de que redujo el término de la prescripción de 9 años en la gestión 2017, al término de 8 años., finalizando el 31 de diciembre de 2018, por lo que siendo que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria CDC N° 139/2011 el 3 de octubre de 2011, queda evidentemente demostrado que la Administración Tributaria ejerció su facultad de imponer sanciones antes de que dicho término concluya. Consiguientemente, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales ejerció la citada facultad dentro del término ‘establecido por Ley y por ende los actuados emitidos y notificados por dicha autoridad son válidos y surtieron efecto jurídico. 

IV.2.3. Sobre la facultad de ejecución tributaria Vale recalcar que dentro este acápite confluyen todos los actos reclamados por el recurrente, toda vez que conforme lo expone la parte recurrente en su Recurso de Alzada y lo confirma la Administración Tributaria a través de su responde y conforme a las aclaraciones expuestas ya en la cuestión previa del presente análisis, los actos son: 1) Declaración Jurada del IVA del periodo agosto de 2010; 2) Declaraciones Juradas del IT de los periodos julio, agosto, diciembre de 2010 y agosto de 2011; 3) Declaración Jurada del UE del periodo marzo de 2010; 4) Resolución Sancionatoria No 139/2011; 5) Resolución Administrativa N° 20-063-10; 6) Sentencia Judicial N° 25/2009; y 7) Proveídos de inicio de ejecución tributaria No 170/2011, 290/2011:y. 496/2011, se encuentran en etapa de ejecución tributaria

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que establecía que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria; en ese sentido, para el PIET 170/2011. correspondiente a los periodos 08/2010 (IVA), 07/2010 (1T), 08/2010 (IT), el cómputo inició el 26 de mayo de 2011; asimismo, para el PIET 496/2011 correspondiente a los periodos 03/2010 (IUE) y 12/2010 (IT) ), el cómputo inició el 24 de octubre de 2011; de igual manera, para el PIET 290/2011 correspondiente a la RA N° 20-06310, el cómputo inició el 5 de septiembre de 2011; en el mismo sentido, para la Sentencia Judicial N° 25/2009, correspondiente a los periodos abril a diciembre de gestión 2006 y de enero a marzo de la gestión 2007, el cómputo de los cuatro años inició el 18 de noviembre de 2014

Sin embargo, durante el transcurso del cómputo de la prescripción, se tiene que fueron promulgadas tas Leyes Nos. 291 y 317 el 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre de 

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2012, cuando las facultades de la Administración para Ejecutar la deuda tributaria correspondientes a los PIETs 170/2011, 496/2011, 290/2011 y la Sentencia Judicial N° 25/2009, aún se encontraban vigentes, en ese entendido, afectó en los términos y el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria señalada, por lo que corresponde aplicar las modificaciones dispuestas por las citadas normas, al artículo 59 del Código Tributario, de los cuales se tiene que la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, conforme a las mencionadas modificaciones, son imprescriptibles.

Ahora bien, respecto a la Resolución Sancionatoria CDC N° 139/2011, correspondiente a la Sanción Contravencional por los periodos 08/2010 (IVA), 07/2010 (IT) y 08/2010 (IT), cabe hacer notar que a fojas 49 de antecedentes administrativos, se evidencia el Auto de Admisión de demanda Contencioso Tributaria de 9 de noviembre de 2011, interpuesta en contra de la Resolución Sancionatoria de referencia, demanda que tuvo como consecuencia Resolución Judicial que fue notificada el 20 de marzo de 2012 en la que se dispuso mantener firme y subsistente la resolución demandada. 

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En consecuencia de lo descrito, la empresa ahora recurrente interpuso recurso de apelación (fojas 80-84 C2 de antecedentes administrativos), apelación que fue admitida en el efecto suspensivo como se evidencia a fojas 90 de C2 de antecedentes administrativos y que pese a los reiterados pedidos de resolución (fojas 95, 99, 103, 107 y 108 C2 de antecedentes administrativos) a la fecha dicha apelación no cuenta con resolución alguna, que conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del parágrafo I. del artículo 108 del Código Tributario, dispone: “. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: (…) 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone, por lo que al no existir una sentencia ejecutoriada respecto al recurso de apelación planteado por Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI SRL.”, no existe título de ejecución tributaria que permita a esta instancia recursiva ingresar al análisis de la prescripción de la ejecución tributaria, no mereciendo mayor pronunciamiento al respecto. 

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Consecuentemente, en estricta aplicación de la normativa aplicada en el presente análisis, la facultad de ejecución tributaria correspondientes a: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, mismas que 

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fueron desarrolladas y analizadas conforme a la naturaleza y estado jurídico de: 1) Declaración Jurada del IVA del periodo agosto de 2010; 2). Declaraciones Juradas del IT de los periodos julio, agosto, diciembre de 2010 y agosto de 2011; 3) Declaración Jurada del IUE del periodo marzo de 2010; 4) Resolución Sancionatoria No 139/2011; 5) Resolución Administrativa N° 2006310; 6) Sentencia Judicial N° 25/2009; y 7) Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria No 170/2011, 290/2011, 801/2012 y 496/2011; se encuentran plenamente vigentes. 

En relación a la Sentencia Constitucional N° 0386/2004-R, evocada por la parte recurrente, enfatizando lo citado por esta respecto al “tempus regit actiumy el “tempus comissi delicti, de acuerdo al análisis efectuado en los párrafos precedentes sobre la prescripción, se enfatiza que en el presente caso corresponde la aplicación de la normativa legal vigente a la fecha, conforme establecen los artículos 108 numeral 1 y 164 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) y artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB); lo cual no implica vulneración a dichos principios, ni tampoco inobservancia a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional a través de sus Sentencias Constitucionales

Por otra parte, con relación a las Sentencias Nos. 39 y 47 de 13 de mayo de 2016 y 16 de junio de 2016 respectivamente, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia e invocadas por el recurrente en respaldo de su argumento (fojas 25 del expediente – administrativo); corresponde precisar que dichas Sentencias, fueron dejadas sin efecto por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales N° 0048/2017-S2 de 0231/2017S3 de 24 de marzo de 2017, respectivamente, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En consecuencia, corresponde desestimar el in fundamento de dicha jurisprudencia al ser jurídicamente inexistentes. 

Finalmente, resulta imperante aclarar que las facultades de revisión y el correspondiente pronunciamiento, se enfoca principalmente a los aspectos resueltos dentro el acto impugnado y conforme la revisión del Recurso de Alzada planteado por el contribuyente, se evidenció que la empresa recurrente, solicitó la Revocatoria Total del Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017, aclarando que en consecuencia de la revocatoria total, se declaren prescritas entre otros, los Proveídos de ejecución Tributaria (PIET) No.: 170/2011, 024/2015, 290/2011, 801/2012, 496/2011 y 191/2014, por lo que revisando el acto impugnado, se evidencia que éste se pronunció únicamente respecto a los siguientes 

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aspectos: 1) Declaración Jurada del IVA del periodo agosto de 2010; 2) Declaraciones Juradas del IT de los periodos julio, agosto, diciembre de 2010 y agosto de 2011; 3) Declaración Jurada del IUE del periodo marzo de 2010; 4) Resolución Sancionatoria No 139/2011; 5) Resolución Administrativa N° 20-063-10; 6) Sentencia Judicial N° 25/2009; y 7) Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria N° 170/2011, 290/2011, 801/2012_y_496/2011, en congruencia con la solicitud de prescripción de 9 de diciembre de 2016; por lo que a efecto de emitir un acto que resguarde el principios de congruencia con la solicitud de una revocatoria total realizada por el sujeto pasivo, esta instancia recursiva se ve imposibilitada de pronunciarse respecto a los Proveídos de Ejecución Tributaria (PIET) N° 024/2015 y 801/2012 y cualquier tópico al respecto, por no ser parte del acto administrativo impugnado, encontrándose entre éstos la dación en pago que no merecerá mayor análisis, por lo que la intención del sujeto pasivo respecto a los PIET’s N° 024/2015 y 801/2012 no puede ser atendida por esta instancia recursiva, más cuando no fue presentada una solicitud formal de prescripción por lo citados actos ante la instancia correspondiente, ni esta última haber emitido un pronunciamiento o negación que amerite su análisis dentro del planteamiento de una posible impugnación al respecto; dejando claramente establecido que la empresa ahora recurrente, en cualquier momento que considere oportuno y necesario puede presentar tal solicitud ante el SIN, toda vez que ésta instancia de alzada se limitará a emitir un pronunciamiento, que sea congruente con la solicitud de revocatoria total del acto impugnado y en consecuencia respecto a los PIETS referidos en tal acto. 

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En base a todo lo expuesto, se tiene que en el presente caso, es evidente que no operó la prescripción invocada por la empresa recurrida, referente a: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, mismas que fueron desarrolladas y analizadas conforme a la naturaleza y estado jurídico de: 1) Declaración Jurada del IVA del periodo agosto de 2010; 2) Declaraciones Juradas del IT de los periodos julio, agosto, diciembre de 2010 y agosto de 2011; 3) Declaración Jurada del UE del periodo marzo de 2010; 4) Resolución Sancionatoria N° 139/2011;5) Resolución Administrativa N° 20-063-10; 6) Sentencia Judicial N° 25/2009; y 7) Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria No 170/2011, 290/2011, 801/2012 y 496/2011, reclamados por la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI SRL.; correspondiendo a ésta instancia recursiva, confirmar el 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela, Telfs: (4)4140011 4140012 www.ait.gob.bo Cochabamba, Bolivia 

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Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el Auto N° 251760000066 de 10 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.” 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Walch 

Claudia B. Cors Rejas 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTERINA Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisac? en Suplencia Legal de is Autoridad Regional de 

Impugnacina Tributaria Cochabamos 

NB-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N°EC 2741

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