ARIT-CBA-RA-0487-2017 Multas por incumplimiento de presentación de LCV-IVA por lo que el contribuyente argumentó la prescripción de las facultades de la administración tributaria, sin embargo el SIN habiendo demostrado las modificaciones a los plazos para la prescripción se confirmó la resolución sancionatoria

ARIT-CBA-RA-0487-2017

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0487/201

Recurrente 

: Efraín Edwin López Yucra 

Recurrido 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza 

Expediente 

ARIT-CBA0323/2017 

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N° 181730001017 de 20 de abril de 2017 

Fecha 

: Cochabamba, 31 de octubre de 201

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0487/2017 de 31 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria N° 181730001017 de 20 de abril de 2017, sancionando a Efrain Edwin López Yucra, con la multa de UFV’s4.000, por haber incumplido la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre de la gestión 2012, en aplicación de los artículos 71, 160 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), el numeral 3.1 del anexo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-16 por imperio del artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el artículo 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). Acto que fue notificado de manera personal, el 25 de julio de 2017 (fojas 15 17 y 18 de antecedentes administrativos). 

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  1. 11. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Efraín Edwin López Yucra, mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2017 (fojas 6 9 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Sancionatoria N° 181730001017 de 20 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

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de la Calidad Certificado N*EC27414 

Que la facultad para imponer sanciones prescribe a los cuatro (4) años de acuerdo a! IBNORCA 

numeral 3 parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo cómputo del término se certifie Justicia tributaria para vivir bien 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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calcularía desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

Señaló que en el derecho tributario, la prescripción liberatoria es la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inactividad de su titular, por lo que, al haber transcurrido más de cuatro años, quedó extinguida la facultad de la Administración Tributaria para determinar de oficio la deuda tributaria por lo conceptos señalados, no debiendo considerar su invocación, como reconocimiento tácito o expreso de la veracidad de lo manifestado por el fisco. 

Por otra parte, sostuvo que el plazo de prescripción debe computarse conforme al parágrafo | del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), en este caso al tratarse de contravenciones acusadas del 2012, el cómputo se inició el 1 de enero de 2013 concluyendo el 31 de diciembre de 2016; en consecuencia, el acto administrativo ahora impugnado fue notificado 

el 25 de julio de 2017, cuando la facultad de la Administración Tributaria prescribió sin lograr – la interrupción establecida por el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Manifestó la improcedencia de la aplicación con carácter retroactivo de las Leyes Nos. 291, 317 y 812, por cuanto el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) disponen la irretroactividad de la norma excepto cuando beneficien al sujeto pasivo, en cuyo caso las Leyes antes referidas agravan la situación del contribuyente, aspecto que fue ampliamente analizado en la jurisprudencia establecida en las Sentencias Supremas Nos. 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016 que refieren al principio de irretroactividad de la Ley ligadas al plazo de prescripción. 

Por lo expuesto, solicitó se declare la prescripción tributaria y la revocatoria de forma total del acto administrativo impugnado. 

11.2. Auto de Admisión .. El 17 de agosto de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0323/2017, que admitió el Recurso de Alzada interpuesto por Efraín Edwin López Yucra, contra la Resolución Sancionatoria No 181730001017 de 20 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del: Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 10 del expediente administrativo). 

NBISO 

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de la Calidad Certificado N°EC 2701

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000521 de 31 de marzo de 2017 (fojas 16-17 del expediente administrativo), por memorial presentado el 5 de septiembre de 2017 (fojas 18-24 vta., del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que en cumplimiento de los principios de sometimiento pleno a la Ley y de legalidad, se llevó a cabo la revisión en el SIRAT 2 respecto al envío de Libros de Compra y Venta Da Vinci y dio inicio al procedimiento sancionador establecido en el artículo 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-047-05, con las modificaciones de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-016-07 y el artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-004-10 y 10-023-10. 

Manifestó que la Administración Tributaria tiene como deber, dar estricta observancia al régimen de prescripción, para lo cual se debe considerar la teoría de derechos adquiridos como justificativo para la aplicación de la Ley N° 812; añadió que la prescripción debe ser solicitada, caso contrario no puede ser reconocida, pues la Administración Tributaria, está imposibilitada de emitir una prescripción de oficio, toda vez que esta, no constituye un derecho adquirido conforme lo establece el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

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Respecto a la prescripción de la facultad para sancionar, mencionó que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) fue modificado por la Disposición Adicional Quinta y Sexta de la Ley N° 291 y posteriormente por la Ley N° 317; sin embargo, la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016 modificó el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo el plazo de 8 años para imponer sanciones, siendo esta última de aplicación por el principio de favorabilidad, por lo que no existe posibilidad alguna de prescripción, debiendo comenzar el cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de 2013. 

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Señaló que el sujeto pasivo realizó una inadecuada interpretación de las Sentencia Supremas Nos. 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, concluyendo que las mismas no son fuente del derecho tributario, por tanto no tienen carácter vinculante, además que las mismas fueron revocadas por las Sentencias Constitucionales 

NBISO Plurinacionales N° 048/2017-S2 y 0231/2017-S3; por lo que el recurrente realizó una 

equivocada apreciación sobre la irretroactividad de la Ley. 

  • Justicia tributaria para vivir bien 

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Por último, señaló que el recurrente efectuó una inapropiada mención del periodo mayo de 2008, aspecto no contemplado en la resolución impugnada, denotando malicia al pretender inducir en error a la ARIT aludiendo un período que no está en duda ni es motivo del acto impugnado

Por todo lo expuesto, solicitó la confirmación de la Resolución Sancionatoria No 181730001017 de 20 de abril de 2017. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 6 de septiembre de 2017, ésta. Autoridad: Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA 0323/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 25 del expediente administrativo). 

II.4.1. Prueba sujeto pasivo El 25 de septiembre de 2017, Efraín Edwin López Yucra presentó memorial, señalando como ratificadas, adquiridas y ofrecidas la pruebas documentales acompañadas al Recurso de Alzada, así como los documentos que la Administración Tributaria recurrida, adjunto a su respuesta, consistentes en los antecedentes administrativos; asimismo acompañó. impresión de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-33 de 26 de octubre (fojas 41-42 del expediente administrativo)

11.4.2. Prueba Administración Tributaria El 25 de septiembre de 2017, Karina Paula Balderrama Espinoza en representación del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial ofreciendo y ratificando en calidad de. prueba documental los antecedentes administrativos, refiriéndose al Auto Inicial de Sumario Contravencional No 0014109304106 y la Resolución Sancionatoria N° 181730001017, la constancia de presentación del Libro de Compras y Ventas realizado por el contribuyente referido a los periodos observados y que permitiría concluir que el ahora recurrente, admitió y expresó de manera concreta su voluntad de cumplir con su deber formal; añadiendo que los extremos vertidos en el Recurso de Alzada resultarían ser subjetivos, sin un argumento jurídico sólido y sin la posibilidad alguna de debilitar o desvirtuar su conducta contravencional; por tanto, los actos emitidos, no serían objeto de nulidad alguna (fojas 45 del expediente administrativo)

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NB-ISO 

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11.5. Alegatos 11.5.1. Sujeto Pasivo Efraín Edwin López Yucra mediante nota presentada el 16 de octubre de 2017 presentó alegatos en conclusión, reiterando lo expuesto en su Recurso de Alzada, enfatizando en la prescripción tributaria, reiterando la solicitud de revocatoria total de la Resolución Sancionatoria impugnada por la configuración de dicho instituto (fojas 48-49 del expediente 

administrativo). 

11.5.2. Administración Tributaria El 16 de octubre de 2017, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión, reiterando lo expuesto en su contestación al presente Recurso de Alzada, en cuanto a la inexistencia de vulneración alguna de los derechos del administrado, así como la presentación del deber formal extrañado y por el cual se dio inicio al procedimiento sancionador analizado; reiterando la inexistencia de falta de prueba por parte del recurrente para disponer la nulidad reclamada; y que el recurrente no negó el conocimiento de su obligación al respecto; manteniendo su petición de confirmar la Resolución Sancionatoria ahora impugnada (fojas 5255 del expediente administrativo). 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 25 de julio de 2016, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto Inicial de Sumario contravencional N° 0014109304106, disponiendo Sumario Contravencional contra Efraín Edwin López Yucra, de conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), al constatar que no presentó a la Administración Tributaria, la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV por los periodos enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre de la gestión 2012; salando que su conducta se encontraría prevista preliminarmente, como incumplimiento al deber formal sancionado en virtud de los artículos 1 y 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 con una multa de UFVs1000 por cada periodo fiscal incumplido; haciendo un monto total de UFV88.000. Acto que fue notificado por cédula el 12 de diciembre de 2016 (fojas 3-4 de antecedentes administrativos). 

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El 30 de diciembre de 2016, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Informe con CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-AISC/INF/13252/2016, salando que el contribuyente no presentó descargos contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 0014109304106, asimismo 

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no pagó la sanción establecida, por consiguiente recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fojas 1-2 de antecedentes administrativos). 

El 20 de abril de 2017, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria No 181730001017, sancionando a Efraín Edwin López Yucra, con la multa de UFV’54.000, por haber incumplido la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci -.LCV, de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre de la gestión 2012, en aplicación de los artículos 71, 160 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), el numeral 3.1 del anexo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-16 por imperio del artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante. con el artículo. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). Acto que fue notificado de manera personal, el 25 de julio de 2017 (fojas 15-17 y 18 de antecedentes administrativos)

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA De la lectura del memorial de interposición de Recurso de Alzada, conforme lo dispuesto en el artículo 211 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los aspectos planteados por el recurrente, para lo cual se tiene identificado como agravios: 1) La prescripción de la facultad para imponer sanciones e improcedencia de la aplicación de normas con carácter retroactivo

IV.1. Respecto a la prescripción e improcedencia de la aplicación de normas con carácter retroactivo. El contribuyente manifestó que la facultad para imponer sanciones prescribe a los cuatro (4) años de acuerdo al artículo 59 parágrafo I numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo cómputo del término se calcularía desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria conforme lo establece el parágrafo I del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) y que no se debe aplicar con carácter retroactivo las Leyes Nos. 291, 317 y 812, por cuanto el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) disponen la irretroactividad de la norma, aspecto analizado en la jurisprudencia establecida en las Sentencias Supremas Nos. 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1169/2016 que refieren al principio de irretroactividad de la Ley ligadas al plazo de prescripción. 

En respuesta, la Administración Tributaria recurrida, señaló que el artículo 59 de la Ley N° TVA 2492 (CTB) fue modificado por la Disposición Adicional Quinta y Sexta de la Ley N° 291 y Negroso posteriormente por la Ley N° 317; sin embargo la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, Sistema de gestion 

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modificó el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) estableciendo el plazo de 8 años para imponer sanciones, siendo esta última de aplicación por el principio de favorabilidad y que el sujeto pasivo realizó una inadecuada interpretación de las Sentencia Supremas Nos. 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que no son fuente del derecho tributario, por tanto no tienen carácter vinculatorio; además que las mismas fueron revocadas por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales N° 048/2017-S2 y 0231/2017- S3. 

Por otro lado, debemos señalar que la prescripción es entendida como: “la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

En la doctrina, la prescripción es definida por el Diccionario Escriche, como: un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general, considerando que es de derecho público y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “Finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo I. 3a Edición. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 182). 

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Al respecto, es necesario analizar las disposiciones sobre prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas aplicables al presente caso; ael artículo 59 parágrafo de la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria

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Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera: l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años sistema de core on 

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en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (...).y “. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria

Adicionalmente, la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 mediante su Disposición Derogatoria Primera estableció: Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. De igual manera, a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modificó el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto: . Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB) efectivamente establecía la prescripción de la facultad de determinación en el término de cuatro años, término en el cual, entran en vigencia las modificaciones al citado artículo, establecidas mediante las Leyes Nos. 291 y 317, vale decir, que la prescripción no llegó a perfeccionarse en el término inicialmente previsto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (cuatro años) habiéndose modificado dicha ley con el establecimiento de nuevos plazos

Posteriormente, el parágrafo II del artículo 2 de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, procedió a una nueva modificación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo el plazo de ocho (8) años para que prescriba la facultad de determinación de la Administración Tributaria, cuando incluso el término de prescripción de cuatro (4) años, iniciado el 1 de enero de 2013 por los meses de enero a octubre de 2012 aún se encontraba vigente. Respecto a esta última modificación corresponde señalar que el artículo 150 de la citada ley, concordante con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo sistema de festivo 

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aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o 

responsable” por lo que corresponde aplicar el término de prescripción dispuesto e

la Ley N° 812 (8 años), al ser un plazo más beneficioso para el sujeto pasivo, que el dispuesto en las Leyes Nos. 291 y 317 (9 años en la gestión 2017). 

Por otra parte, en cuanto al tema reclamado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0932/2017 de 31 de julio de 2017, precisó en un caso análogo, “xviii. En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad sancionadora respecto al incumplimiento del deber formal del Sujeto Pasivo, referido a la obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV de los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, dentro del alcance establecido por la Ley N° 291; y toda vez que, la Resolución Sancionatoria N° 18-1195-16 (CITE: SIN/GDLP-IVDJ/UTJ/RS/0073/2016) fue notificada el 23 de diciembre de 2016, bajo la Ley N° 812 -que dispone un término de prescripción de 8 años-, norma vigente de acuerdo al Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 154, Parágrafo / del mencionado Código, el termino de prescripción se inició para los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011 el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019; y para el periodo diciembre de 2011 se inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020; consecuentemente la facultad de imposición de sanción de la Administración Tributaria aún no ha prescrito. 

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En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad sancionadora respecto al incumplimiento del deber formal del sujeto pasivo, referido a la obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Modulo – LCV de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre de la gestión 2012, dentro del alcance de la prescripción establecido por la Ley N° 317; y toda vez que la Resolución Sancionatoria N° 181730001017 de 20 de abril de 2017, fue notificada el 25 de julio de 2017, en vigencia de la Ley N° 812 -que dispone un término de prescripción de 8 años de acuerdo al parágrafo I del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 154 parágrafo 1 de la mencionada norma legal, corresponde establecer que, en el caso de los periodos enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre de la gestión 2012, inició el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020. Consecuentemente, la facultad de imposición de sanción de la Administración Tributaria aún no prescribió. 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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REGIONAL 

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de la Calidad Certificado N°EC-2701

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Conforme lo establece el inciso c) del artículo 4 de la misma Ley -aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB- dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados, consiguientemente se establece que la Administración Tributaria actuó en estricto apego a la normativa en vigencia, bajo el principio de sometimiento pleno a la Ley, no vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso del sujeto pasivo debido a que en el acto impugnado no aplicó la normativa retroactivamente por lo que no vulneró el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que de la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada no efectuó el análisis de la prescripción, en sentido de que ese aspecto no fue solicitado en esa instancia, dentro el plazo de los 20 días establecidos en los artículos 168 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Respecto a la aplicación de la jurisprudencia establecida en la Sentencia No 39/2016 y 47/2016 del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016S3, es oportuno puntualizar que las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (Nos. 39/2016 y 47/2016), son en instancia jurisdiccional y estas, no se constituyen en fuentes del Derecho Tributario, tal como establece el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB); razonamiento que también fue adoptado por la Autoridad General d

npugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0932/2017 de 26 de junio de 2017; en cuyo parágrafo xix expuso el siguiente análisis: En relación a las Sentencias Nos. 37/2016, 49/2016, 52/2016, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, corresponde indicar que las fuentes del Derecho Tributario están claramente definidas en el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), de manera que los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia no se encuentran en el marco de la citada previsión legal; en ese sentido, no corresponde considerar dichas Sentencias en el presente caso; en ese contexto, debemos desestimar la intención del sujeto pasivo, de ofrecer como fundamento de sus agravios los entendimientos efectuados en las referidas Sentencias en instancia jurisdiccional. 

– 

Adicionalmente, se debe considerar que tanto la Sentencia No 39 de 13 de mayo de 2016, así como la Sentencia No 47 de 16 de junio de 2016, fueron dejadas sin efecto, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales N° 0048/2017-S2 de 6 de febrero y 0231/2017 S3 de 24 de marzo de 2017 respectivamente, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, consecuentemente corresponde desestimar lo argumentado por el sujeto 

pasivo. 

NBISO 

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de la Calldad Certificado N°EC-27414 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Con relación al entendimiento plasmado en la Sentencia Constitucional N° 1169/2016S3 de 26 de octubre de 2016, debemos indicar que la misma, no puede ser aplicable como precedente jurisprudencial orientador del presente análisis, toda vez que, de su revisión, se pudo advertir que su contenido se encuentra fundamentado en el análisis de la normativa aplicable en el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución de sanciones otorgada a las Administraciones Aduaneras y no sobre las facultades de imposición de sanciones que generó la controversia entre partes en el presente caso; adicionalmente, también es necesario manifestar que el caso analizado en la citada Sentencia Constitucional, corresponde a un proceso administrado por la Aduana Nacional y no por el Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente corresponde desestimar lo argumentado por el sujeto pasivo al respecto. 

Por último, respecto a la denuncia de la Administración Tributaria en cuanto al hecho que el recurrente efectuó una inapropiada mención del periodo “mayo de 2008en su recurso – aspecto no contemplado en la resolución impugnada- debemos manifestar que esta instancia recursiva, logro evidenciar ese lapsus, empero conforme lo establece el artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), se limitó a responder los aspectos que constan únicamente en la resolución impugnada y toda vez que el período “mayo 2008” mencionado en el recurso así como también “mayo 2012” no es parte de los periodos sancionados, no merece consideración alguna

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En suma, resulta evidente que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el incumplimiento de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo. Da Vinci LCV correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre de la gestión 2012, no se encuentran prescritas; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria No 181730001017 de 20 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; máxime si la impugnación del recurrente únicamente se circunscribía al planteamiento de la prescripción.

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CBBA 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia 

que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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9001 IBNORCA 

Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 181730001017 de 20 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo | del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento 

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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Claudia B. Cors Reic

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTERINA Autoridad Regional de impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia legal de la Autoridad Regional de 

Imiterarina Tributaria Cr.chabamba 

NB-150 “9001 

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