ARIT-CBA-RA-0480-2017 El establecimiento es denunciado por una tercera persona por la No emisión de factura, por lo que el SIN sanciona al contribuyente con la clausura de 6 días de su negocio

ARIT-CBA-RA-0480-2017

INTENT

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0480/2017 

Recurrente 

: Patricia Ugalde Chavarría 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza 

Expediente 

: ARIT-CBA-0262/2017 

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N° 181730001958 de 12 de junio de 2017 

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: Cochabamba, 30 de octubre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0480/2017 de 30 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 181730001958 de 12 de junio de 2017, sancionando a Patricia Ugalde Chavarría, con la clausura de seis (6) días continuos del establecimiento ubicado en la Avenida Circunvalación Beijing No s/n Zona Barrio Sarco o del establecimiento donde al momento de la ejecución de la clausura desarrolle su actividad gravada, por la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por tratarse de la primera vez que incurre en la contravención, verificada mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311730000643 de 11 de abril de 2017, en aplicación del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo 1 del artículo 7.1 del Anexo I Régimen General de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-16, con derecho a la convertibilidad. Acto notificado mediante cédula el 30 de junio de 2017 (fojas 51-54 y 58 de antecedentes administrativos). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del recurrente Patricia Ugalde Chavarría mediante memorial presentado el 24 de julio de 2017 (fojas 6-8 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No 181730001958 de 12 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

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Av. Oquendo N°381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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Que el artículo 167 de la Ley N° 2492 (CTB) en materia de contravenciones, señala que cualquier persona puede interponer denuncia ante la Administración Tributaria la que tendrá carácter reservado, levantándose la reserva cuando la denuncia sea falsa o calumniosa

Señaló que en cualquier sumario contravencional, la declaración de reserva, deberá ser específica y justificada con relación a un expediente o con indicación de las piezas o actuaciones sometidas a reserva (parágrafo 11. del artículo 87 del Decreto Supremo N° 27113), aspecto que no ocurrió en el presente caso, pues en ningún momento la Administración Tributaria le permitió acceder a la denuncia formulada en su contra, limitándose a requerir documentos contables para cerciorarse si emitió facturas el mes de abril de 2013 a nombre del denunciante; por lo tanto, el SIN no declaró formalmente la reserva de las investigaciones de forma específica y justificada como lo establece la Ley N° 2341 (LPA), violentando su derecho a la defensa, por cuanto se le: limitó el acceso a conocer los términos de la denuncia desde el primer día, debiendo quedar claro que la reserva que establece el Código Tributario se refiere a los terceros ajenos al proceso y no la reserva para alguna de las partes, especialmente para la parte denunciada, siendo todo ello una omisión nula de pleno derecho. 

Indicó que se le limitó el derecho de defensa por la falta de notificación con el formulario de denuncia (Form. 900). 

Denunció que el plazo probatorio en el proceso sancionador es inconstitucional, pues se le. aplicó el parágrafo IV del artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), que estipula la reducción de plazos en el sumario contravencional iniciado por denuncia incluido el plazo de prueba a 10 días, colocando a todos los contribuyentes en un plano de generalidad abstracta, sin considerar que los contribuyentes sometidos a “sumario de oficio”, se encuentran en una situación fáctica diferente respecto a los sometidos a “sumario por denuncia”, en cuanto a la posibilidad de acceder a los mecanismos de defensa necesarios en cualquier sumario, constituyendo desigualdad irracional, circunstancia que exigía de parte del legislador un tratamiento diferenciado y favorecido en cuanto al cómputo de plazos, debiendo establecerse un sumario contravencional uniforme” para todos los casos; por lo que esta norma, también lesiona la garantía del debido proceso en su componente esencial del derecho a la defensa. 

Culminó puntualizando que con el presente recurso, pretende · reconstituir la constitucionalidad tanto en la normativa tributaria en general y en el caso en particular con 

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el fin de garantizar el debido proceso que es un derecho inviolable, citó como jurisprudencia la Sentencia Constitucional No 1534/2003-R de 30 de octubre. 

Por los argumentos expuestos, solicitó la nulidad de todo lo obrado hasta que la Administración Tributaria proceda a notificarle personalmente con la denuncia y a través de un nuevo Auto Inicial de Sumario Contravencional, se investigue el supuesto ilícito tomando en cuenta el plazo probatorio de 20 días. 

11.2. Auto de Admisión El 31 de julio de 2016, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión Expediente ARIT-CBA0262/2017, del Recurso de Aizada interpuesto por Patricia Ugalde Chavarría contra la Resolución Sancionatoria No 181730001958 de 12 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales (fojas 9 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, acreditando su representación conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000521 de 31 de marzo de 2017 (fojas 18-19 del expediente administrativo), por memorial presentado el 23 de agosto de 2017 (fojas 20-25 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

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Que junto al formulario de denuncia, acompañó la Boleta de Cotización N° 81 de 9 de abril de 2013, emitida por la Carpinteria Diseño & Tecnología “DITEC” y el Recibo N° 000128 de 10 de abril de 2013 por un valor de Bs10.000, también emitido por la misma carpintería, en los cuales comprobó datos de la actividad económica; asimismo, evidenció que se trata de una operación por el pago a cuenta de un mueble de cocina y vestidor donde consignó el sello y logo del establecimiento y suscritos por Patricia Ugalde con C.I. N° 3750429-Cbba, constituyéndose en prueba fehaciente de los hechos ocurridos, donde existió una transacción por la que no se emitió la factura correspondiente, correspondiendo al contribuyente la carga de la prueba conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Señaló que en virtud de las amplias facultades de fiscalización e investigación, mediante Formulario F-4003 N° 131076, solicitó documentación a fin de comprobar la denuncia de 

V inexistencia de una factura por el pago a cuenta del trabajo encomendado, lográndose Soosa 

IBNORCA comprobar que no existe factura emitida en el periodo abril 2013, por tal concepto a nombre 

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del denunciante; por lo que la conducta del contribuyente fue identificada como contravención con’ sanción de clausura por seis días continuos 

Manifestó como incorrecta la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que el Procedimiento de denuncia por la no emisión de la factura ylo nota fiscal correspondiente, no tiene vacío legal’; por el contario, aplicó correctamente el procedimiento de denuncia establecida en el artículo 167 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto es correcta la reducción de plazo a diez días por tratarse de un caso de denuncia conforme lo establece el parágrafo IV del artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), teniendo la responsabilidad de acatar la norma de cumplimiento obligatorio; por lo que, agregó que se presume la constitucionalidad de la norma vigente, máxime si los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley.se presumen legítimos.

Puntualizó que corresponde al contribuyente, probar que el recibo N° 000128 de 10 de abril de 2013, por un monto de Bs 10.000.– suscrito por la ahora recurrente como propietaria de la carpintería, no fue emitido por ella, ya que en ninguna parte de su recurso desvirtuó dicha boleta que se encuentra en calidad de prueba de cargo, lo que demuestra que existió la conducta contraventora de no emisión de factura. 

Por último, indicó que existe una incorrecta interpretación de la vulneración al derecho a la defensa, toda vez que los actos le fueron notificados de manera personal desde el Auto Inicial de Sumario Contravencional hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

Por todo lo señalado, solicitó confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181730001958 de 12 de junio de 2017. 

II.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba El 24 de agosto de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA0262/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 26 del expediente administrativo). 

11.4.1. Prueba Administración Tributaria 

El 18 de septiembre de 2017, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

  • Nacionales, ratificó en calidad de prueba documental la acompañada al memorial de 

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respuesta del Recurso de Alzada enfatizando la inexistencia de prueba producida por la parte recurrente (fojas 29-30 vta. del expediente administrativo). 

11.4.2. Prueba del Sujeto Pasivo El 18 de septiembre de 2017, Patricia Ugalde Chavarría se ratificó y por el principio procesal de adquisición hizo suyas pruebas presentadas por la Administración Tributaria (fojas 33 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 11.5.1. Sujeto Pasivo 

El 9 de octubre de 2017, Patricia Ugalde Chavarría presentó alegatos en conclusión reiterando los fundamentos de su recurso, enfatizando en la limitación a su derecho de defensa por la falta de notificación con el formulario de denuncia (Form-9000) y la inconstitucionalidad del plazo probatorio (fojas 36-37 del expediente administrativo). 

11.5.2. Administración Tributaria El 9 de octubre de 2017, Karina Paula Balderrama Espinoza en representación de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos en conclusión reiterando los fundamentos de la respuesta al Recurso de Alzada (fojas 42-44 del expediente administrativo). 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Según Formulario de Denuncias (Form. N° 9000) el N° 00019/2014, de 13 de mayo de 2014, Pablo Marcelo Condori Ortuño como denunciante manifestó que el 10 de abril de 2013, realizó un contrato de elaboración de muebles de cocina por Bs 19.853, con la empresa Diseño & Tecnología, a cuyos propietarios le realizó un primer pago de Bs10.000 adjuntando como documentos a la denuncia, un Recibo N° 000128 y una Cotización N° 000081 (fojas 1-2 de antecedentes administrativos). 

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Mediante Formulario de Requerimiento (Form. N° 4003) con No 00131076 de 23 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria solicitó a Patricia Ugalde Chavarría con NIT 3750429018: Declaración Jurada del IVA, IT, Libros de Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al debito fiscal IVA y otros del periodo abril de la gestión 2013. Acto notificado personalmente el 23 de noviembre de 2016 (fojas 8 de antecedentes administrativos).

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El 11 de abril de 2017, el SIN emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 311730000643, por el que se instruyó sumario contravencional en contra la contribuyente 

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por la no emisión de factura, encontrando la conducta prevista como contravención tributaria en los artículos 160 y 164 de la Ley N° 2492 (CTB), concediendo el plazo de 10 días para presentar descargos. Acto notificado personalmente, el 15 de mayo de 2017 (fojas 41-42 de antecedentes administrativos). 

El 2 de junio de 2017, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Cochabamba, emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/CP/INF/2916/2016; concluyendo que el sujeto pasivo, no presentó descargos para desvirtuar el ilícito tributario incurrido; por lo que recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria para la clausura del establecimiento por seis (6) días (fojas 43-46 de antecedentes administrativos).

El 12 de junio de 2017, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 181730001958 de 12 de junio de 2017, sancionando a Patricia Ugalde Chavarría, con la clausura de seis (6) días continuos de su establecimiento, por la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por tratarse de la primera vez que incurre en la contravención, verificada mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311730000643, en aplicación del artículo 164 de la Ley N°:2492. (CTB) y el parágrafo I del artículo 7.1 del Anexo I Régimen General de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-003316, con derecho a la . convertibilidad. Acto notificado mediante cédula el 30 de junio de 2017 (fojas 51-54 y 58 del . expediente administrativo)

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA De la lectura del memorial de interposición de Recurso de Alzada, conforme lo dispuesto en el parágrafo I artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por el recurrente, toda vez que los mismos están en desorden y mucho de ellos guardan relación entre , para hacerlo más didáctico, nos atribuimos el orden sin que ello signifique-se estén alterando los fundamentos del recurrente o se esté vulnerando el principio de congruencia, para lo cual se tienen identificado los siguientes agravios: 1) Vulneración del derecho a la defensa por falta de notificación con el formulario de denuncia y la reserva de denuncia y 2) Inconstitucionalidad del plazo probatorio. 

IV.1. Vulneración del derecho a la defensa por falta de notificación con el formulario de denuncia y la reserva de denuncia El recurrente comenzó denunciando que la declaración de reserva, deberá ser específica y justificada con relación a un expediente, aspecto que no ocurrió en el presente caso pues Sistema forma 

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en ningún momento se le permitió acceder a la denuncia (Form. 900), formulada en su contra, violentando su derecho a la defensa. 

A ello la Administración tributaria respondió que en virtud de las amplias facultades de fiscalización e investigación, mediante Formulario F-4003 N° 131076, solicitó documentación correspondiente a fin de comprobar la denuncia de inexistencia de una factura comprobando que no existe factura emitida en el periodo abril 2013 a nombre del denunciante, además que en el procedimiento sancionador aplicó correctamente el procedimiento de denuncia conforme el artículo 167 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto, no existe vulneración al derecho a la defensa, toda vez que los actos le fueron notificados de manera personal desde el Auto Inicial de Sumario Contravencional hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

Respecto a los aspectos intrínsecos del presente recurso relacionados al acceso del recurrente al formulario de denuncia lo que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, debemos comenzar indicando que, en la legislación interna, el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el artículo 117 parágrafo 1 de la norma suprema citada dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; continuando con la norma citada el artículo 119 parágrafo Il que dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

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Del mismo modo, se debe dejar en claro que, no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la Sentencia Constitucional N° 0287/2003R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad(Las negrillas son nuestras). 

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En ese contexto, la norma prevé en el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CT H VOBO 

NBISO que el contribuyente tiene como derecho, conocer el estado de la tramitación de los 

IBNORCA procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las 

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actuaciones y documentación que respalden los cargos que se le formulen, coligiendo la inexistencia de normativa que obligue al SIN, notificar al contribuyente con actuaciones parciales, o preliminar como es la denuncia plasmada en el Formulario 9000; por cuanto, la prueba que soporta la denuncia se constituye en indicios o elementos de prueba acusatorios “juris tantum”, durante la sustanciación del procedimiento sancionador, que posteriormente son expuestos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional; por consiguiente, hasta ese momento la Administración Tributaria no acusó o calificó conducta alguna. 

En ese sentido, con la las amplias facultades de fiscalización e investigación que tiene el SIN, mediante Formulario F-4003 N° 131076 solicitó documentación correspondiente a fines de comprobar la denuncia de inexistencia de una factura por el pago a cuenta del trabajo encomendado, correspondiendo aclarar en este punto que el citado acto tiene carácter preliminar, pudiendo ser modificado por los documentos presentados, pues si se evidencia la emisión de la factura no habría nada que investigar o sancionar “nulla poena sine crimine”. Con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311730000643, de 11 de abril de 2017, recién comenzó el procedimiento sancionador donde el SIN instruyó abrir sumario contravencional contra la contribuyente -ahora recurrente- por la no emisión oportuna de factura, encontrando la conducta prevista como contravención tributaria en los artículos 160 y 164 de la Ley N° : 2492 (CTB), concediendo el plazo de 10 días para presentar descargos, en los cuales el sujeto pasivo no presentó prueba alguna hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, es decir al sujeto pasivo se puso en conocimiento la sindicación de la contravención y todos los demás actuados posteriores; sin embargo, en antecedentes no cursa conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), prueba alguna de la negativa por parte de la Administración Tributaria al acceso de la denuncia formulada en contra del recurrente y mucho menos este último solicitó de manera formal el acceso a los antecedentes

De acuerdo a lo establecido en el artículo 36 parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria conforme lo previsto por el numeral 1) artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos administrativos son anulables cuando carecen de los requisitos formales para alcanzar su fin o cuando dan lugar a la indefensión de los interesados, concordante con el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), que señala que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o . 

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lesione el interés público”. 

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procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público”. . 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que, la recurrente fue notificada el 15 de mayo de 2017 de manera personal con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311730000643 de 11 de abril de 2017, asimismo la Resolución Sancionatoria N° 181730001958 fue notificada mediante cédula el 30 de junio de 2017 (fojas 41-42 y 51-58 de antecedentes administrativos). 

Al respecto, debemos indicar que la Sentencia Constitucional N° 2798/2010-R de 10 de diciembre, define el debido proceso como: “...) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a 

fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 

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Las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: “4…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (...)”. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

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Consecuentemente, se debe establecer que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada 

expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. 

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Adicionalmente, se tiene que los actos administrativos producen efectos jurídicos sobre el administrado a partir de su notificación, de conformidad al parágrafo I del artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA) que a la letra señala: “l. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o HAMA publicación.”, consecuentemente no se vulnero ningún derecho al sujeto pasivo, pues fue 

IBNORCA a partir de su notificación con el AISC que la Administración Tributaria comunicó los hechos 

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y prueba en su poder, a objeto de atribuir preliminarmente la comisión de contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, acto que recién produjo efectos jurídicos desde su notificación, abriendo el plazo para efectuar descargos a fin de desvirtuar la denuncia efectuada en su contra, término en el cual, la recurrente en uso de su derecho a la defensa, en principio no negó la sindicación de la no emisión de la factura, tampoco negó que los documentos que respaldan la denuncia como la Cotización y el Recibo (fojas 2 de antecedentes) fuesen falsos o que bno corresponde a su negocio comercial además que no produjo prueba alguna ni siquiera a tiempo de interponer el presente recurso de alzada, siendo evidente que la misma ocasionó su propia indefensión, consecuentemente, no corresponde lo manifestado por la parte recurrente al respecto. 

  1. 2. Inconstitucionalidad del plazo probatorio El recurrente manifestó que con el presente recurso pretende reconstituir la .constitucionalidad tanto en la normativa tributaria en general y en el caso en particular con 

el fin de garantizar el debido proceso como derecho inviolable. Señaló que el plazo probatorio en el proceso sancionador es inconstitucional, pues se le aplicó el parágrafo IV 

del artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) que estipula la reducción de plazos en el sumario contravencional iniciado por denuncia, estableciendo un plazo de prueba de 10 días, siendo desigual el tratamiento de los contribuyentes sometidos a “sumario de oficio” respecto a los sometidos a sumario por denunciaimposibilitando acceder a los mecanismos de defensa necesarios, lesionando la garantía del debido proceso en su componente esencial del derecho a la defensa. .

La Administración Tributaria respondió señalando que, el Procedimiento de Denuncia por no emisión de la factura y/o nota fiscal correspondiente, no tiene vacío legal; por el contario, aplicó correctamente el procedimiento de denuncia establecida en el artículo 167 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto es correcta la reducción de plazo a diez días por tratarse de un caso de denuncia conforme lo establece el parágrafo IV del artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), teniendo la responsabilidad de acatar la norma de cumplimiento obligatorio; por lo que, agregó que se presume la constitucionalidad de la norma vigente, máxime si los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos. 

En principio, es oportuno señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del artículo 197 de la Ley N° 2492 (CTB), no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles; razón por la cual, el pretender reconstituir la constitucionalidad de la normativa tributaria con el presente recurso, escapa de la competencia de esta instancia administrativa de alzada, quedando expedita la justicia constitucional mediante la interposición de la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Respecto a la reducción del plazo probatorio, el parágrafo IV del artículo 168 de la Ley N° – 2492 (CTB) dispone: “IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.” 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, la Administración 

Tributaria a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311730000643 de 11 de 

abril de 2017, abrió el termino de diez días para que la sujeto pasivo en ejercicio de su derecho a la defensa presente los descargos que considere, resultando evidente que el SIN redujo a la mitad el plazo establecido en parágrafo I del artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) 

WALDE IGEN 

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C.R. 72829 

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En el presente caso, se puntualiza que el procedimiento sancionador devino de una denuncia efectuada al SIN, por lo que, en consideración que el parágrafo IV del artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone de forma clara y expresa que los plazos de los procedimientos sancionadores originados en denuncias se reducen a la mitad, por lo que, la Administración Tributaria por el principio de sometimiento pleno a la ley establecido en el inciso c) del artículo 4 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), bajo la presunción de constitucionalidad de las normas establecidas en el artículo 5 de la Ley N° 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicó correctamente la reducción de plazos; consecuentemente, corresponde rechazar lo manifestado por la parte recurrente al respecto. 

  1. IR. 488 

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En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, resulta evidente que el procedimiento sancionador efectuado por el ente recaudador no posee vicios de nulidad, asimismo la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el incumplimiento de emisión de un 

NB-ISO factura está acorde a la norma establecida al efecto, presumiéndose la constitucionalidad 

IBNORCA de las normas empleadas al amparo de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 027 del seconda del otron 

Página 11 de 12 Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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Tribunal Constitucional Plurinacional y la legalidad de las actuaciones del SIN conforme lo establece el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181730001958 de 12 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 181730001958 de 12 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V · CTB) 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención.. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación, 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.” 

Bloni

Klaullia . Cors Rejas 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTÉRINA Autondad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia legal de la Autoridad Regional de 

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