ARIT-CBA-RA-0479-2017 Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente debido a que el SIN solicitó sanción por la indebida obtención de valores fiscales del Impuesto IVA, por lo que el contribuyente presentó pruebas que sustenten las veracidad de sus operaciones, sin embargo la AIT anuló la resolución Administrativa, debido a que el SIN no realizo la valoración total de cada uno de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo

ARIT-CBA-RA-0479-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBARA 0479/201

Recurrente 

Bolhispania Industria y Comercio S.A., representada por Álvaro Edmundo Escobar Zeballos 

Recurrido 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Expediente 

ARIT-CBA-0249/2017 

Acto Impugnado : Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 

211739000008 de 19 de junio de 2017 

Fech

: Cochabamba, 30 de octubre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0479/2017 de 30 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

LOE IMPUGNA

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OG Jardiasil 

MARIA CER

Serie A Runs Orquiza 

TRIBUTA 

HAPUGNACIO 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 211739000008 el 19 de junio de 2017, estableciendo como importe indebidamente devuelto al contribuyente: Bolhispania Industria y Comercio S.A. el monto de Bs 139.300.- emergentes de las Ordenes de Verificación Externa Nos. 14990200249, 14990200250, 14990200460, 14990200564, 14990200014 y 149990200590 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) periodos fiscales enero a junio de la gestión 2012, conminando al contribuyente al pago de UFV8168.196 equivalentes a Bs371.032.- monto que comprendería el impuesto indebidamente devuelto actualizado, mantenimiento de valor e intereses del IVA de los periodos fiscales febrero a junio de 2012. Asimismo, instituyó el inicio del procedimiento sancionador en contra del sujeto pasivo, emergente de la obtención indebida de Valores Fiscales por el IVA, por concepto de la sanción del 100% del citado impuesto indebidamente devuelto por los periodos fiscales febrero a junio de 2012 de conformidad a lo establecido por el artículo 128 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con los artículos 165 y 168 del mismo cuerpo legal y artículo 7 y numeral 2) del artículo 19 de la RND N° 10-0037-07, por encontrarse su conducta prevista por el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) como contravención de “Omisión de Pago”. Acto que fue notificado al contribuyente mediante cédula, el 29 de junio de 2017 (fojas 1226-1245 C6 de antecedentes administrativos). 

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C.B.C.R. 

BORIDAD RE

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NB ISO * 90013 IBNORCA Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N°EC-27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA, 11.1. Argumentos del Recurrente Bolhispania Industria y Comercio S. representada por Álvaro Edmundo Escobar Zeballos conforme Testimonio Poder No 337/2012 de 13 de agosto de 2012 (fojas 17-21 de Carpeta Sujeto Pasivo), por notas, presentadas el 19 de julio de 2017 y subsanación de 2 de agosto de 2017 (fojas 116 y 38 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra. la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 211739000008 de 19 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

Prescripción de la facultad de Determinación Tributaria Manifestó que la prescripción invocada, no puede ser considerada como un reconcomiendo tácito o expreso de la veracidad de los argumentos de hecho y derecho expresados por el SIN, señalando que la deuda tributaria fue determinada de manera extemporánea al plazo de cuatro años que otorga la Ley N° 2492 (CTB), vulnerando los derechos del debido proceso y defensa, así como los principios jurídicos de la seguridad jurídica y legalidad. 

Considerando que los hechos analizados fueron ocurridos en la gestión 2012, indicó que la norma aplicable sería la Ley N° 2492 (CTB) en sus artículos 59 al 62; no existiendo causales de interrupción al carecer de una Resolución Determinativa o aceptación de la deuda establecida, invocando al efecto el Auto Supremo N° 29 de 01/02/2011, así como el Auto Supremo N° 488/2010 y las Sentencias Supremas Nos. 137/2012, 189/2011 y las Sentencias N° 39 de 13/05/2016 y 47 de 16/06/2016 con relación a la irretroactividad de las Leyes N° 291 y 317 que ampliaron el plazo de prescripción de 4 os a 10 años; destacando que las determinaciones del Tribunal Supremo de Justicia deben ser observadas por todas las instancias de administración de justicia. De igual forma, con relación a la inaplicación retroactiva de la Leyes Nos. 291 y 317, expuso la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3. 

En ese sentido, señaló que de acuerdo al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, calificar la conducta contraventora e imponer sanción administrativa de multa, prescribieron el 31 de diciembre de 2016; y a pesar de las modificaciones establecidas por la Ley N° 291, el término señalado por Ley para determinar la deuda tributaria sería de cuatro años. 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Incorrecta determinación de obligaciones tributarias sobre Base Cierta y vulneración a los principios constitucionales de legalidad, verdad material y debido proceso Expuso que la Administración Tributaria, no consideró la aplicación del principio de buena fe y transparencia previsto en el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB); añadió que su determinación fue realizada sobre base presunta, enunciado que guarda correspondencia con el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

En ese sentido, arguyó que mediante la Resolución Administrativa N° 211739000008 el SIN pretendió transferir al contribuyente la carga de la prueba, obligándole a presentar prueba adicional a la existente, cuando el SIN en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, tenía la obligación de demostrar y documentar sus reparos, antes de esgrimir presunciones carentes de sustento técnico y legal. 

Manifestó que la Administración Tributaria, verificó por sistema la declaración de sus proveedores pero, no procedió a solicitar documentación de respaldo correspondiente a los servicios prestados por los mismos, siendo contradictorio con lo señalado en el acto impugnado, pues el SIN se refirió a información de terceros demostrando con ello, incumplimiento a procedimiento interno. 

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Por otro lado, expuso que no existiría prueba plena que conlleve a una determinación cierta e indudable sobre su conducta, existiendo simples presunciones y falsas apreciaciones de la realidad, desconocimiento y ausencia de valoración de la prueba, inversión de la carga probatoria, desconociendo los hechos generadores del tributo, siendo tarea del SIN, respaldar con plena prueba, la determinación sobre base cierta y arribar a una conclusión técnico – jurídica que evite susceptibilidades, añadiendo que los argumentos expuestos en: la Resolución Administrativa N° 211739000008 son presunciones que desconocen la prueba documental aportada careciendo de cruce de información y requerimiento a proveedores, cuando los mismos confirman la realización de las transacciones; por tanto, la determinación carecería de sustento, vulnerando los principios al debido proceso y verdad material, 

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De igual forma, señaló que la solicitud de fotocopias del expediente de las órdenes de Verificación Externa – Cedeim Posterior Nos. 14990200249, 14990200250, 14990200460, 14990200564, 15990200014 y 14990200590, no fue atendida, reiterando la misma el 14 de julio de 2017; y fue recién el 18 de julio de 2017 a un (1) días del vencimiento para la impugnación, que la Administración proporcionó lo solicitado, generándole indefensión en la presentación del actual Recurso de Alzada. 

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NB-ISO * 9001

IBNORCA Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Facturas de compras no válidas para crédito fiscal por supuesta falta de realización de la transacción y su vinculación con la actividad exportadora del contribuyente, así como la ausencia de medios fehacientes de pago Manifestó que de la verificación de 171 facturas de respaldo al crédito fiscal, la Administración Tributaria, no estableció facturas depuradas, conforme el acto impugnado, porque fue realizado el control cruzado con la información de los proveedores del 100% de las notas fiscales declaradas para el crédito fiscal, operación que tuviera todo el valor probatorio conforme dispone el artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y que el propio SIN sostuvo que las facturas fueron declaradas por los proveedores en sus Libros de Ventas. 

Sin embargo a lo expuesto previamente, la Administración Tributaria de forma incongruente alegó que la validez del crédito fiscal se encontraría sujeta a la revisión de la documentación de respaldo y la identificación de la naturaleza de las operaciones y su relación con las operaciones del contribuyente; agregando que tampoco señaló el sistema que utilizaron -para el cruce de información, reiterando que en ningún momento solicitaron información a sus proveedores con el fin de certificar la efectiva prestación de los servicios, además que en todo momento aportó los documentos que demostrarían la realización de las transacciones y la vinculación con su actividad gravada, advirtiendo que el SIN pretende justificar su inadecuado trabajo delegándole toda la carga de la prueba

Factura N° 769 – Proveedor Ferro Aceros de María Nelly Aguilera Serrate Señaló que la prueba aportada para este caso, demostró la realización de la transacción y vinculación con la actividad gravada así como el efectivo pago y declaración por parte del proveedor; y ante un entendimiento diferente el SIN debió solicitar al emisor, la documentación que consideraba pertinente y no atribuirle indebidamente y sin ningún fundamento documental, una supuesta simulación del acto jurídico con el fin de reducir la carga fiscal, desconociendo el principio de verdad materia

Explicó que presentó documentación sobre la forma de pago adoptada y la interacción con el proveedor, el cual al recibir el pago total de la factura analizada, emitió la misma y entregó las correas adquiridas, precisando incluso la forma como inició la compra a través de una cotización que ameritó la emisión de una Orden; y que a pesar de ello, la Administración Tributaria depuró la nota fiscal en cuestión. 

Manifestó que el SIN, se limitó a mencionar la prueba sin demostrar la valoración desarrollada y que injustificadamente no se pronunció sobre la totalidad de los documentos Sistema de Gestion : ” 

NB ISO 

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Certificado NSEC27-014 

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Cochabamba 

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presentados, señalando la falta de vinculación con la actividad gravada obviando una inspección a su planta, no pudiendo considerarse el pago como efectuado a un tercero ajeno a la relación comercial, cuando fue el propio proveedor que confirmó la transacción y justificó el pago recibido; concluyendo que la documentación aportada, darían fe que la transacción fue realizada con el proveedor. 

Factura 1614 – Proveedor Confecciones Litoral de Lizeth Gisela Mamani Luna Señaló que la transacción comprende, la compra de poleras usadas por su personal, aclarando que pagó en efectivo y que la Administración Tributaria no valoró los documentos 

contables, limitándose a mencionarlo y desconociendo la aceptación de la transacción por parte del proveedor y su declaración en el Libro de Ventas IVA, obviando ingresar al análisis de fondo, limitándose a cuestiones de forma. 

Factura 2103 – Proveedor Rotular de Gabriela Lorena Jordán Quiroga Sostuvo que la factura está relacionada con la realización del Stand para la feria, con revestimiento de adhesivo, letreros, cabecera, bastidores, iluminación y realización de diseño, existiendo una relación con la actividad gravada, cursando la documentación contable y de respaldo; cumpliendo con los requisitos para el beneficio del crédito fiscal. Reiteró que la Administración Tributaria, tenía toda la facultad para corroborar 

documentalmente la veracidad de la transacción y no atribuirle sin ningún fundamento 

documental, una supuesta simulación del acto jurídico. 

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Expuso que el servicio contratado tenía como finalidad participar en un evento y así atraer clientes y promocionar sus productos, aclarando que el pago fue realizado mediante una transferencia bancaria el 2 de julio de 2012 registrada en el extracto bancario ofrecido como prueba; argumentos que aludió, se encontrarían respaldados por el artículo 13 de la Ley N° 1489 modificada por la Ley N° 1963, así como el artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465. 

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Por otro lado, señaló la ausencia de un cruce de información y que la conjunción de los elementos de prueba valorados acorde a la sana critica, demostrarían la realización de la transacción y el derecho al beneficio del crédito fiscal, fondo que debió examinar la Administración Tributaria; existiendo documentación de respaldo, presentada y aquella obtenida por el SIN, que dan fe sobre sus afirmaciones. 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestió

de la Calidad Certificado N’EC-27V14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Facturas Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 24 – Proveedor Unión Proaspa Expuso que. la Administración Tributaria distorsionó el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil al momento de valorar el contrato de servicios suscrito con su proveedor, señalando que el reconocimiento de firmas a través de un tercero no invalida dicho documento y que no obstante a ello, procedió a efectuar el mismo ante Notario de Fe Pública. 

Señaló incoherencias en el análisis del SIN, porque al inicio desconoció el contrato suscrito pero posteriormente cuestionó irregularidades en su cumplimiento, usándolo como argumento para la depuración de las facturas observadas debido a la vinculatoriedad entre los socios de ambas empresas y la tergiversada aplicación del artículo 14 de la Ley N° 2492 (CTB) y la inoponibilidad al fisco de los contratos y convenios suscritos entre partes. 

Con relación a las observaciones de la Administración Tributaria sobre la falta de descripción de las actividades del proveedor en las notas fiscales cuestionadas, aclaró que para el caso en particular, el proveedor acopia materia prima para luego entregarla en la planta industrial de Bolhispania S.A., y que fueron entregados al SIN, los recibos oficiales mensuales elaborados por el emisor de las facturas, especificando la cantidad de cogollos acopiados y el importe correspondiente al mes que prestó el servicio, ofreciendo también cuadros de acopio de materia prima así como las hojas de costos, los cuales se encuentran dentro los gastos indirectos. 

Sostuvo que acompañó al presente Recurso, certificación por parte del proveedor sobre la recepción de los pagos, así como recibos oficiales mensuales, cuya suma total se reflejaría en las facturas emitidas y que contablemente, los mismos fueron registrados como anticipos de servicios y luego de conciliar la cantidad de cogollos acopiados, emitido el.recibo oficial y efectuado el cálculo según contrato, eliminaría dicho anticipo con la cuenta por pagar: 

Alegó que la Unión Proaspa, no es una empresa proveedora de materia prima, sino que prestaría servicios de acopio de la misma y que por dicha razón sus facturas no consigan cantidades y menos la recepción en kilogramos. del palmito, no pudiendo existir transferencia de dominio de un servicio prestado, como pretendería la Administración Tributaria...

existir 

Con relación a los pagos realizados a nombre de los funcionarios y Director de la Unión 

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Proaspa, explicó que cumplió el numeral 11 del artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), artículo sistema de como a

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Cochabamba 

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37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), reemplazado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772 y los artículos 1 y 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0011-11, porque como empresa, realizó todos los pagos a su proveedor mediante cheques o transferencias bancarias y que si bien fueron efectuados a funcionarios del proveedor, no podrían ser desconocidos porque fueron efectuados mediante documentos fehacientes emitidos por una entidad bancaria. 

En ese sentido, sostuvo que la Administración Tributaria no valoró los documentos contables y de respaldo, aportados en la etapa de fiscalización, limitándose simplemente a enunciarlos, sin emitir pronunciamiento sobre la totalidad de la prueba ofrecida y de las actuaciones realizadas con el proveedor, vulnerando los principio de verdad material, debido proceso y seguridad jurídica; añadiendo que jamás buscó al proveedor para refutar las operaciones efectuadas. 

Adujo que la realidad económica de la operación, los documentos contables, recibos oficiales, transferencias bancarias, fotocopias de cheques emitidos, hojas de costos así como las verificaciones del libro de ventas y declaraciones del proveedor, serían prueba suficiente para dar fe de la transacción, no pudiendo existir convenio o contrato lesivo al Estado. 

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Sostuvo que la norma legal, demandaría que la Administración Tributaria debe probar y determinar mediante una base cierta el tributo omitido, calificando la conducta el contribuyente, luego de un debido proceso de fiscalización, pero que en el presente caso, esto no sucedió, presumiendo hechos sin prueba documental alguna y carentes de respaldo. 

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Por otra parte, citó el inciso b) del artículo 8 de la Ley N° 843, artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, concluyó que las compras observadas son válidas, debiendo el SIN demostrar lo contrario dentro de un debido proceso, no existiendo prueba que corroboré la presunción asumida para la depuración; siendo necesario la investigación de la verdad material en oposición a la verdad formal. 

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En consecuencia, concluyó en la vulneración del principio del debido proceso por inobservancia del artículo 43.1 de la Ley N° 2492 (CTB) porque el SIN basó su decisión en presunciones sobre la veracidad de las pruebas aportadas sin previa valoración y 

contestación, además de incumplir el artículo 4 inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA) 

UTORIDADES 

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relacionada a la verdad material por usencia de una adecuada investigación, generando den esta forma indefensión atribuyendo una falta de vinculación carente de fundamento. 

Por consiguiente, solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa N° 211739000008 de 19 de junio de 2017, hasta que sean considerados los descargos presentados por el contribuyente, siendo sustentados, técnica y legalmente los resultados de la fiscalización. 

II.2. Auto de Admisión El 3 de agosto de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0249/2017, del Recurso de Alzada interpuesto por Álvaro Edmundo Escobar Zeballos en representación de Bolhispania Industria y Comercio S.A., contra la Resolución Administrativa de Devolución Indebida No 211739000008 de 19 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 39 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán, conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000512 de 31 de marzo de 2012 (fojas 42-43 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2017 (fojas 44-54 vta. del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

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– 

Que el contribuyente no consideró en el cómputo de la prescripción, el efecto suspensivo de la notificación de las órdenes de Verificación Nos. 149902000249, 149902000250, 149902000460, 149902000564, 149902000590 y 149902000014, por lo que el cómputo de 

dicha figura inició el 01 de enero de 2013 y finalizaría el 31 de diciembre de 2016, pero con 

  • la suspensión, el plazo para emitir y notificarla Resolución Administrativa N° 211739000008 

sería el 30 de junio de 2017 y en los hechos dicho acto fue notificado el 29 de junio de 2017. 

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Con relación a la aplicación de la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 de 26 de octubre. de 2016, la misma señalaría que debe aplicarse la normativa vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y considerando que el contribuyente alegó que ese término inició el 01 de diciembre de 2013, corresponde la aplicación de las Leyes Nos. 291 y 317 debido a su vigencia en la fecha señalada previamente; en consecuencia el plazo para la realización de las actuaciones de la Administración prescribirían a los nueve (9) 

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de la Calidad Certificado N*EC-27414.. 

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Cochabamba 

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años, iniciándose el 31 de diciembre de 2013 y manteniéndose vigente a la emisión y notificación del acto impugnado. 

Señaló que el contribuyente se beneficio de un monto indebidamente devuelto, porque no cumplió con los requisitos legales establecidos respecto a la devolución de impuesto por exportaciones mediante CEDEIM, concluyendo en la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 211739000008 que estableció los fundamentos y análisis realizados por el ente fiscal para llegar a la conclusión que existió una devolución indebida. 

Manifestó que el contribuyente de forma errada, pretende la aplicación de la Ley N° 025 (Ley del Órgano Judicial) en un proceso administrativo y que el trabajo realizado, se enmarcó en las Leyes Nos. 843, 2492 y 1489 modificado por la Ley N° 1963, más cuando fueron garantizados los espacios necesarios para que asuman defensa y que el acto impugnado posee una adecuada fundamentación. 

En cuanto a la aplicación de la verdad material y carencia de investigación reclamada por el sujeto pasivo, mencionó el numeral 4 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y la obligación del contribuyente respaldar sus actividades y operaciones gravadas, además de cumplir el artículo 36 y 37 del Código de Comercio y lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) con relación a la carga de la prueba. 

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Por otro lado, añadió que fueron cumplidas las facultades previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) aspecto reconocido por el contribuyente; y que exigir la obtención de certificaciones a los emisores de las notas fiscales, demostraría la carencia de respaldo de las transacciones, pues estos no pueden ser suplidos con información de terceros. Explicó que la presentación de prueba, no constituye que la misma deba ser considerada como válida o suficiente, aludiendo a los Autos Supremo Nos. 136 de 08 de abril de 2013 y 75 de 13 de marzo de 2013. 

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Sostuvo que la determinación fue realizada sobre base cierta, porque contaba con la información que le permitió conocer de forma indubitable, que las facturas observadas, no contaban con el respaldo que demuestren la efectiva materialización y vinculación con la actividad gravada exportadora, enunciando la documentación que fue examinada y las acciones desarrolladas, coligiendo de ello, la correcta aplicación del método de determinación, por tanto el reclamo del sujeto pasivo carecería de motivación, realizando 

simples transcripciones sin mayor sustento. 

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9001: IBNORCA Sistema de Gestión 

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Expuso que el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los proveedores, no puede considerase como sustento para la acreditación de la materialización de la transacción y que la prueba aportada por el sujeto pasivo fue valorada conforme dispone el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Sobre el reclamo de la entrega tardía de la documentación solicitada, precisó que el contribuyente durante toda la verificación tenía acceso a los antecedentes administrativos, prueba de ello serían las notas JADM-0207/16 de 06 de junio de 2016 y la nota JDAM 210/16, que tenían la finalidad de aportar aclaraciones a las observaciones comunicadas verbalmente, demostrando el ejercicio pleno de sus derechos al conocer ampliamente los antecedentes administrativos, más cuando las fotocopia alegadas fueron entregadas el mismo día que fue notificado el Proveído de aceptación de su petición

Por otra parte, para el caso de Cedeim, el gasto debe estar vinculado con la actividad exportadora, debiendo cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, enunciando los requisitos que deberían cumplirse para el beneficio del crédito fiscal, para lo cual, se remitió también al Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012, reiterando el uso expreso y beneficio de las exportaciones, no pudiendo destinar a actividades propias del comercio interior, requisito dispuesto por el artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465; en ese entendido, sostuvo que el contribuyente no contaría con documentación de respaldo que se pueda considerar como prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de la transacción, evidenciando facturas no vinculadas con la actividad gravada del contribuyente. 

Asimismo, expuso que el acto impugnado establece las facturas depuradas, efectuando el sustento debido, describiendo sus observaciones y que el cruce de información está amparado en base al artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y que en ningún momento sostuvo que dichas notas fiscales contarían con toda la validez; y que, no podría señalar como sustento a una certificación de los proveedores, porque debe ser el sujeto pasivo quien respalde sus actividades con documentación contable, conforme prevé los artículos 36 y 37 del Código de Comercio. 

En ese sentido, con relación a la factura N° 769 de Inga Lourdes Veizaga Justiniano, las manifestaciones del contribuyente en cuanto al pago, no serían comprobables documentalmente, careciendo de fundamentos verificables, pretendiendo que la sol

alegación desvirtúe el trabajo de investigación.

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En cuanto a la factura No 1614, observó la ausencia de medios de pago y falta de vinculación con la actividad exportadora y que fue el propio sujeto pasivo, quien aceptó la realización del pago al contado, no pudiendo comprobar la onerosidad de la operación conforme establece la Ley N° 843; añadiendo que el ahora recurrente, tampoco señaló que documentos acreditarían la vinculación con su actividad gravada. 

Para el caso de la factura No 2103, el contribuyente alegó que la misma comprendería un servicio contratado para participar en la Feicobol, no obstante dicho evento se suscitó entre el 26 de abril y 06 de mayo de 2012 y la factura en cuestión fue emitida el 17 de mayo de 2017, además que no existe documentación que demuestre la entrega del producto y el pago efectuado por el mismo no pudiendo considerarse como respaldo suficiente para la transacción. 

Por último para las facturas Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 24, emitidas por el proveedor Unión Proaspa, manifestó que resulta importante el reconocimiento de firmas para conocer la efectiva fecha de suscripción de del documento, no siendo un simple requisito de forma que no se encontraría enmarcado solamente en el artículo 399. del Código de Procedimiento Civil, sino también en el artículo 1301 del Código Civil; y que con ello, buscaría evitar la afectación de la buena fe de un tercero con la elaboración de un contrato simulado y su exigencia, responde a la necesidad que el contribuyente respalde adecuadamente sus transacciones así como la data de la documentación que acompaña. 

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De igual forma, precisó que los contratos suscritos entre particulares sobre materia tributaria, no son oponibles al fisco y que no fue realizado precios de transferencia en el presente trabajo, no teniendo asidero lo argüido por el contribuyente; además de señalar, que las actividades estipuladas como objeto del contrato no se encontrarían registradas dentro las facturas observadas. 

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Asimismo, destacó la inexistencia de respaldo sobre la entrega del producto o sus cantidades, información que tampoco se encontraría consignada en las facturas verificadas, más cuando el propio contrato señalaría un precio por cantidad entregada; y que el contribuyente no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 843 porque no fue demostrado la onerosidad, no pudiendo considerarse tampoco lo señalado en el artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0011-11, puesto que el pago debió efectuarse de forma directa al proveedor y no a terceros como aconteció en el presente caso, incumpliendo también los artículos 36, y 40 del Código de Comercio, al no existir documentación que sustente la existencia o recepción real del servicio y el destino Sistema de Gestion 

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a la actividad exportadora, añadiendo a su análisis, lo previsto en el Auto Supremo N° 75 de 13 de marzo de 2013 y el carácter de irrebatible sobre una nota fiscal que pretende probar un hecho generador. 

Por otra parte, sobre la presentación de prueba ante ésta instancia de alzada, citó la Sentencia Constitucional N° 1642/2010-R y que la misma, sólo sería una excepción, previo cumplimiento del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y que caso contrario la prueba debería ser rechazada, más cuando el contribuyente tuvo la libertad de presentar toda la documentación que creía conveniente, siendo evidencia de ello, las dos notas aclaratorias, presentadas en la verificación realizada, resultado negligencia del sujeto pasivo, la ausencia de respaldo documental, la cual no puede ser subsanada dentro el Recurso de Alzada

Por todo lo expuesto, solicitó la confirmación de la Resolución Determinativa No 211739000008 de 18 de junio de 2017. . . 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 25 de agosto de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARITCBA0249/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 55 del expediente administrativo)

II.4.1. Prueba Administración Tributaria El 13 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria presentó memorial, ofreciendo y ratificándose en calidad de prueba los antecedentes administrativos acompañados al memorial de contestación al presente Recurso de Alzada (fojas 57 del expediente administrativo).

II.4.2. Prueba Sujeto Pasivo El 19 de septiembre de 2017, Álvaro Edmundo Escobar Zeballos en representación de Bolhispania Industria y Comercio S.A, mediante memorial, ratificó como prueba documental los antecedentes administrativos, ofreciendo argumentos respecto a la prescripción de la facultad de control y verificación de la Administración Tributaria, la incoherencia en la motivación de la Resolución Administrativa impugnada y ratificando la solicitud de revocatoria sobre el acto mencionado (fojas 60-65 del expediente administrativo)

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11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria El 5 de octubre de 2017, mediante memorial la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales presentó ante esta instancia alegatos, reiterando los fundamentos y argumentos expuestos en su responde respecto a la prescripción formulada por el contribuyente, la determinación de obligaciones tributarias sobre base cierta, así como la falta de materialización de la transacción, vinculación con la actividad exportadora y medios fehacientes de pago (fojas 68-70 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 16 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió las órdenes de Verificación Nros. 149990200249, 14990200250, 14990200460, 14990200564, 15990200014 y 14990200590 en la Modalidad Verificación Posterior, cuyo alcance comprendían el IVA de los períodos de enero a junio 2012; asimismo, notificó con el Formulario 4003 Requerimiento de Documentación, solicitando la siguiente documentación: Libro de Ventas IVA, Libros de Compras IVA, Notas de fiscales de respaldo al Crédito Fiscal (originales), Extractos bancarios, conciliaciones bancarias y documentación según detalle adjunto. Acto notificado mediante cédula a Vidal Ramírez Eliodoro y Escobar Zeballos Álvaro Edmundo representantes de Bolhispania Industrial y Comercial, el 6 de octubre de 2015 (fojas 3-8 y 37-60 de antecedentes administrativos). 

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El 16 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió los Anexos a Requerimiento F: 4003 Nos. 15390900095, 15390900097, 15390900100, 15390900101, 15390900107, 15390900104 y 15390900095, solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en: Registro único de Exportadores, Registro de Comercio, Testimonio de Constitución de la sociedad, Poder del Representante Legal, autorización para llevar registros contables computarizados, detalle de exportaciones realizadas en el periodo sujeto a revisión, adjuntando la siguiente documentación: Factura Comercial de Exportación, Declaración Única de Exportación, Certificado de Salida, Manifiesto Internacional de Carga, Carta Porte, DUI’s, RITEX, Lista de Embarque, fotocopia de cheques, papeletas de giros ylo transferencia, y/u otro documento que demuestren los pagos; asimismo solicitó Declaración Única de Devolución a las Exportaciones DUDIES, detalle de productos exportados, estructura de costos, hoja de costos, detalle de notas fiscales que respalden el crédito fiscal, registro auxiliar de las transacciones de compra y venta, medios de pagos fehacientes, contrato de compra de bienes y servicios, detalle de altas de activo fijo, documentación que acredite el derecho propietario, detalle de activos fijos, pólizas de activos fijos y de los 

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productos exportados, registros contables debidamente respaldados, registro contable de los ingresos recibidos por las exportaciones, registros contables por la recepción de valores – CEDEIM, registro contable por la comercialización y/o uso de valores CEDEIM, libros contables, kardex de almacén, Balance de sumas y saldos, Estados Financieros, Dictamen de los Estados Financieros y cualquier documentación necesaria durante el proceso de verificación que requiera el fiscalizador (fojas 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23 y, 26-26 de antecedentes administrativos).

El 7 de octubre de 2015, Adalid Torrico Vallejos apoderado de Bolhispania SA., mediante. nota solicitó a la Administración Tributaria ampliación de plazo para entrega de la documentación requerida hasta el 16 de octubre de 2015, en razón a que la documentación se encuentra en la ciudad de La Paz como descargo del proyecto AECID; solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria a través del Proveído N° 24-00779-15 de 16 de octubre de 2015, aceptando la ampliación de plazo solicitada. Acto que fue notificado por cédula el 20 de octubre de 2015 (fojas 62, 64-67 de antecedentes administrativos). 

El 26 de octubre de 2015, conforme Acta de Recepción de Documentación, el contribuyente presentó a la Administración Tributaria documentación requerida en las órdenes de Fiscalización. Nros. 149990200249, 14990200250, 14990200460, 14990200564, 15990200014 y 14990200590, remitidas por Bolhispania Industria y Comercio S.A. según notas JADM-0106/15, 0107/2015 y 0108/2015 del 13 y 27 de octubre de 2015 (fojas 69-85 de antecedentes administrativos). 

El 7 de junio de 2016, Bolhispania S.A., por nota JADM-0207/2016, realizó aclaraciones a las siguientes facturas: No 1618 por la compra de cañería de 34″, señaló que, es material especial para el envasado de producto palmito; respecto a la factura No 4013, por la compra de un sensor, alegó que es un equipo necesario para el control del esterilizado de los productos envasados y su registro; sobre la factura N° 14727 (cintas de embalaje), remarcó que es utilizado para el cierre de las cajas de producto terminado para la exportación y respecto a la factura N° 769, aclaró que efectuó un anticipo de Bs14.361,60.- el 07/07/2011 mediante cheque No. 2240-0 del BCP y que el 21/09/2011, efectuó la transferencia por Bs11.961,60 a la cuenta de Carlos Aguilera Bustamante, transferencia efectuada a. requerimiento del proveedor (fojas 90-91 de antecedentes administrativos). 

.. 

El 22 de junio de 2015, Adalid Torrico Vallejos apoderado de Bolhispania SA., mediante nota JADM-0210/16 señaló que el servicio prestado por Unión Proaspa, es de campo respecto a la búsqueda, programación de materia prima y su entrega a planta industrial de Sistema de Gestión 

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Bolhispania, que el pago realizó por rendimiento, que para su contabilización efectuó una conciliación mensual entre ambas empresas y como constancia de ello, Unión Proaspa 

emitió el Recibo Oficial de Conciliación a favor de Bolhispania; asimismo señaló que Unión Proaspa, no emitió facturas por dificultades de dosificación y que facturó por la gestión 2011 el 2012 y por último indicó que, los pagos fueron realizados a la cuenta de Director Ejecutivo de Unión Proaspa (fojas 1087-1088 de antecedentes administrativos). 

El 27 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGCBBAA/DFNE/INF/02497/2016, el cual señaló que, como resultado de la revisión impositiva realizada a través de las órdenes de Verificación Nros. 149990200249, 14990200250, 14990200460, 14990200564, 15990200014 y 14990200590 por los períodos fiscales de enero a junio 2012, determinó un importe de IVA – Crédito Fiscal indebidamente devuelto por Cedeim de Bs361.577.- importe que incluye mantenimiento de valor e intereses, que emergen de las facturas observadas por María Nelly Aguilera Serrate, Lizeth Gisela Mamani Luna y Unión Proaspa, correspondiente a fabricación de montaje de correas triangulares, poleras con logotipo y por servicios; por lo que recomendó remitir al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, para su proceso de acuerdo con el artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16 (fojas 1116-1131 de antecedentes administrativos). 

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El 19 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Devolución Indebida No 211739000008, que determinó el importe indebidamente devuelto de UFV168.196 équivalentes a Bs371.032.- que comprende el impuesto indebidamente devuelto, mantenimiento de valor, intereses y mantenimiento de valor del crédito comprometido correspondiente a los períodos de enero a junio de 2012, Acto notificado mediante cédula a Vidal Ramírez Eliodoro y Escobar Zeballos Álvaro Edmundo representantes de Bolhispania Industrial y Comercial SA., el 29 de junio de 2017 (fojas 1226-1245 de antecedentes administrativos). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Conforme la revisión del Recurso de Alzada el contribuyente formuló agravios de forma respecto a:, 1) Incorrecta determinación sobre base cierta, 2) Incumplimiento de procedimiento por parte de la Administración Tributaria, 3) Ausencia de valoración de las pruebas aportadas; y para el reclamo de fondo comprende: 4) Prescripción de la facultad de verificación, control y fiscalización de tributos 5) La validación del crédito fiscal por la efectiva realización de la transacción y vinculación con la actividad gravada. 

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III 

III 

Antes de ingresar al análisis técnico jurídico y considerando que el contribuyente trajo a colación para análisis situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo, no obstante que, en el petitium del recurso, solicitó la revocatoria total del acto impugnado; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de vicios procesales denunciados y en caso de no ser evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda

IV.1. Incorrecta determinación sobre base cierta El recurrente manifestó que la Administración Tributaria pretendió trasladar la carga de la prueba, cuando dicha entidad tenía la obligación de sustentar sus reparos antes de la formulación de reparos, careciendo de prueba que conlleve a una determinación sobre base cierta incurriendo en presunciones, desconociendo la prueba presentada y omitiendo efectuar requerimiento a sus proveedores, vulnerando el debido proceso y verdad material. 

Al respecto, la Administración Tributaria señaló que la determinación fue realizada sobre base cierta, porque de forma indubitable constató la ausencia de respaldo documental que demuestre la efectiva materialización y vinculación con la actividad gravada exportadora,. coligiendo de ello, la correcta aplicación del método de determinación. 

Ahora bien, expuesto los argumentos de ambas partes, corresponde a ésta instancia de alzada, verificar si la determinación realizada por el SIN se enmarcó a lo previsto en el artículo 43 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a las condiciones necesarias para que la misma sea efectuada sobre base cierta

En ese sentido, el artículo 12 de la Ley N° 1489, menciona que los exportadores de .mercancías y servicios, sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la incidencia real de éstos en los costos de producción, dentro de las prácticas admitidas en el comercio exterior, basadas en el principio de neutralidad impositiva. Asimismo, el artículo 13 de la misma Ley, indica que para evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en el costo de las mercancías exportadas

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De igual forma, el artículo primero de la Ley 1963, modificó el artículo 12 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, señaló que, en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de mercancías y servicio sujetos de la presente ley, recibirán la devolución de impuestos internos al consumo y de los aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. Así también, el artículo segundo de la citada norma, modificó el artículo 13 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, precisando que con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

En consecuencia la devolución impositiva objeto de verificación, comprende el crédito fiscal de las facturas por los gastos y costos incurridos en la mercadería exportada por el contribuyente; aspecto que puede determinarse de forma precisa con la revisión del Libro de Compras IVA, pues este tiene como finalidad, el registro cronológico de las facturas que forman parte del crédito fiscal declarado en el Formulario 210; es decir, que de la simple revisión de estos documentos, se puede colegir el importe de crédito fiscal IVA que afectó la compensación del débito fiscal IVA y posteriormente aquel importe comprometido sujeto a devolución impositiva, tal como sostiene la normativa expuesta previamente; y en el presente caso, tanto el Libro de Compras IVA como el Detalle de notas fiscales que respaldan el crédito fiscal comprometido en el periodo firmado por el Representante Legal (en físico y en medio magnético formato Excel) acompañado de las notas fiscales (originales)n que respaldan el crédito fiscal comprometido en el periodo solicitado conforme Acta de Recepción elaborado por la Administración Tributaria. (fojas 69-80 de antecedentes administrativos). 

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Bajo el escenario descrito, el Servicio de Impuestos Nacionales durante el desarrollo de la verificación, contaba con los elementos necesarios para establecer la base imponible sobre base cierta, es decir el hecho generador del tributo, que en este caso comprendió el Crédito Fiscal IVA sometido a devolución impositiva que fue observado por la Administración Tributaria, exponiendo en el acto impugnado, el “DETALLE DE FACTURA

COMPROMETIDAS EN LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA (SDI) NO Henrin VÁLIDAS PARA CRÉDITO FISCAL VARIOS (TIPO 2)” (fojas 1238-1240 de antecedentes 

administrativos); información obtenida del Libro de Compras IVA elaborado por el contribuyente así como el Formulario 1133 Facturas, Pólizas de Importación Vinculadas a la Exportación, tal como se evidencia en el Papel de Trabajo “ANÁLISIS DE FACTURAS VINCULADAS A LA EXPORTACIÓN” (fojas 705-1115 de antecedentes administrativos); 59001? por consiguiente, no existe evidencia que permita sostener el reclamo del contribuyente, en Sistema de Gestión 

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cuanto a presunciones asumidas para la determinación de la base imponible; existiendo el. sustento documental pertinente, para establecer de forma cierta la base imponible del Crédito Fiscal indebidamente devuelto; debiendo rechazar en este sentido, el reclamo del contribuyente sobre la presunción asumida por el SIN al establecer los reparos. 

IV.2. Incumplimiento de procedimiento por parte de la Administración Tributaria El sujeto pasivo aseveró que la Administración Tributaria, verificó por sistema la declaración de sus proveedores pero no procedió a solicitar documentación de respaldo correspondiente a los servicios prestados por los mismos, siendo contradictorio con lo señalado en el acto impugnado, pues el SIN señaló información de terceros demostrando con ello, incumplimiento al procedimiento interno. 

En cuanto al reclamo del contribuyente, el SIN sostuvo que cumplió las facultades previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) y que fue reconocido por el contribuyente; y que exigir la obtención de certificaciones a los emisores de las notas fiscales como pretende Bolhispania Industria y Comercio S.A., demostraría la carencia de respaldo de las transacciones, pues estos, no pueden ser suplidos con información de terceros

En consecuencia, el. nudo central del reclamo argüido previamente, queda centrado en establecer si las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Impuestos Nacionales, se enmarcaron a lo previsto en la Ley N° 2492 (CTB), con relación a sus tareas de investigación y control, sobre las operaciones contenidas en las notas fiscales sujetas a verificación.

Al respecto, debemos indicar que las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (...)”. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.

Siguiendo ese lineamiento, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de sistema de cion 

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pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. 

En ese sentido, el artículo 126 parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la Administración Tributaria, debe revisar y evaluar los documentos pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. Asimismo el artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 dispuso que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones, se realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 843 (texto ordenado vigente). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare, en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

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Asimismo, conforme el artículo 66 numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria posee como facultades específicas, el control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, las cuales se encuentran desglosadas en el artículo 100 de la misma Ley y que permitió al SIN, verificar los hechos generadores del Crédito Fiscal IVA relacionado con la actividad exportadora de Bolhispania Industria y Comercio S.A., y en consecuencia la devolución impositiva sujeta a verificación por los periodos de enero a junio de la gestión 2012, describiendo en el acto impugnado los procedimientos desarrollados, relacionados con la Verificación de las Declaraciones Únicas de Exportación (DUE), el Gravamen Arancelario (GA), Libro de Compras y Ventas IVA y las compras y servicios declarados por el contribuyente, el cual a su vez comprendió: a) Verificación de la vinculación con la Actividad Exportadora, b) Controles Cruzados con la información de los proveedores, respecto a las compras registradas en el Libro de Compras IVA, C) Verificación de medios de pago fehacientes y; d) Verificación de facturas comprometidas en la solicitud de devolución impositiva (fojas 1229-1240 de antecedentes administrativos). 

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Ahora bien, conforme la lectura del Recurso de Alzada, la falencia aludida por el Villard Miles 

contribuyente está dirigida a la ausencia de requerimientos de información por parte del SIN a los emisores de las notas fiscales, para lo cual, se comprobó que en el acapite “9.6.2 Controles Cruzados con la información de los proveedores, respecto a las compra

pinistratives al NB-ISO registradas en el Libro de Compras /VA” (fojas 1230 de antecedentes administrativos) el 

IBNORCA SIN aclaró que fue verificada la validez del crédito fiscal de las facturas vinculadas a las Sistema de Gestión 

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exportaciones, a través de controles cruzados a sus principales proveedores vía sistema, detallando a los mismos, las cantidades de facturas verificadas, el importe así como el porcentaje que representaría del total de compras declaradas y la relevancia de dicha operación para cada uno de los proveedores sujetos a este procedimiento. 

Asimismo, conforme lo descrito previamente, la Administración Tributaria concluyó que las facturas objeto de revisión, fueron declaradas por los proveedores en sus Libros de Ventas NA, pero puntualizó que la validez del crédito fiscal, se encontraría sujeta a la revisión de la documentación de respaldo (fojas 1231 de antecedentes administrativos); advirtiendo que dicha aseveración se enmarcó a las obligaciones del sujeto pasivo previstas en el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB); advirtiendo que SIN, obtuvo reportes de “Consulta de Padrón, “Compras Reportadas por el Contribuyentey “Consulta de Dosificaciónde sus Sistema SIRAT (fojas 515667 de antecedentes administrativos), de aquellos proveedores cuyas notas fiscales fueron consideradas por el sujeto pasivo, como vinculadas a la exportación; describiendo los resultados de dicho procedimiento en el “CUADRO RESUMEN DE CONTROL CRUZADO DE FACTURAS DE COMPRASpara los periodos enero, febrero , marzo, abril, mayo y junio de 2012 y en el “DETALLE DE NOTAS FISCALES SUJETAS A CONTROL CRUZADO” (fojas 514 y 668-669 de antecedentes administrativos), resultados referidos, a la información registrada por los proveedores en el Padrón de Contribuyentes, la dosificación de las facturas relacionadas con la devolución impositiva y registro de dichas notas fiscales en el Libro de Ventas IVA de los emisores; por tanto, la aseveración de Bolhispania Industria y Comercio S.A. con relación a una confusión en cuanto a la validez de las notas fiscales en el control cruzado analizado y la depuración asumida por el SIN, no cuenta con fundamentación ni sustento alguno, pues la Administración Tributaria, mediante la labor descrita previamente, logró verificar ciertos aspectos relacionados a la validez de las notas fiscales, con la información de sus proveedores, registrada y obtenida de su sistema informático SIRAT; pero no se debe olvidar que la verificación del crédito fiscal comprometido y devuelto, comprende la revisión, no solamente de las formalidades comprobadas en un control cruzado de facturas, sino también el cumplimiento de los requisitos previstos de onerosidad y transmisión de dominio previstas en el artículo 2 de la Ley N° 2492 (CTB), la vinculatoriedad tal como sostiene el artículo 8 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y artículo 70 numerales. 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB)

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En consecuencia, se evidenció que la Administración Tributaria, notifico mediante cédula al M contribuyente, las órdenes de Verificación Nos. 14990200249, 14990200250, 14990200460, 14990200564, 14990200014 y 14990200590 (fojas 2-8 de antecedentes sistema de gestion 

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administrativos), así como los Requerimientos de Documentación Nos. 15390900095, 15390900097, 15390900100, 15390900101, 15390900107 y 15390900104 con sus respectivos Anexos (fojas 9-26 de antecedentes administrativos), otorgando al contribuyente a partir de este momento, la posibilidad de presentar prueba documental relacionada con el crédito fiscal sujeto a devolución por los periodos enero a junio de 2012, siendo dicha documentación e información sometida a revisión por parte del SIN, labor que implicó la Verificación de Declaraciones Juradas – F210, Comparación de Compras, Clasificación de las Facturas de Mercado Externo, Clasificación de las Facturas Mercado Interno, Determinación de la Proporcionalidad de las compras, Comparación de Ventas, Verificación del Importe Menor para la Devolución del IVA, Verificación de las Exportaciones y Cómputo para la presentación de la solicitud de Devolución Impositiva, Verificación del GA en las Pólizas de Exportación, Controles Cruzados de Notas Fiscales, Verificación de montos iguales o mayores Bs50.000.- conforme los Papeles de Trabajo que cursan en obrados del presente caso (fojas 113-704 de antecedentes administrativos); destacando que, para el Control Cruzado de Facturas de Compras, se evidenció que la Administración Tributaria obtuvo reportes de su Sistema Informático, relacionado con el registro en el Padrón de contribuyentes de los proveedores, Compras Reportadas por el emisor de las notas fiscales y la Dosificación de las facturas sometidas a dicho control (fojas 515-669 de antecedentes administrativos), medios de prueba considerados como válidos en virtud al artículo 77 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), los cuales fueron sujetos a análisis tal como se evidencia por las marcas de auditoria consignados en los mencionados reportes. 

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Por consiguiente, resulta evidente que el Servicio de Impuestos Nacionales llevó a cabo el control cruzado de información, considerando la información reportada por los proveedores emisores de las notas fiscales, la cual resulta válida para el efecto, no existiendo sustento fáctico alguno que demuestre, que la mencionada acción resultó contradictoria a lo previsto en la normativa tributaria vigente, más cuando la misma, se ajustaría a lo previsto en el artículo 126 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) que establece la competencia que tiene la Administración Tributaria para revisar y evaluar los documentos pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. 

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Por lo descrito, no existe indicio alguno referente a lo analizado en el presente acápite que 

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permita inducir la nulidad reclamada por el sujeto pasivo, al carecer de sustento fáctico que permita colegir alguna de las situaciones previstas en el parágrafo Il artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud al artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), más cuando el contribuyente tampoco precisó el sustento normativo que obligaría a la noso Administración Tributaria, a solicitar certificaciones a terceros sobre las transacciones Sistema de Gestión 

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examinadas, destacando que el objeto de la verificación expuesto en las Ordenes notificadas por el SIN a Bolhispania Industria y Comercio S.A. (fojas 3-8 de antecedentes administrativos), obligan a éste último, a ofrecer prueba relacionada a la efectiva realización de la transacción y la vinculación con la actividad exportadora. 

* IV.3. Falta de valoración de las pruebas aportadas 

El contribuyente observó la ausencia de valoración de la prueba, desconociendo los hechos generadores del tributo y las pruebas documentales aportadas, careciendo de un cruce de información y requerimiento a proveedores que permita verificar la validez de sus operaciones y el crédito fiscal sometido a devolución impositiva. Al contrario el Servicio de Impuestos Nacionales, manifestó que el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los proveedores, no puede considerase como sustento para la acreditación de la materialización de la transacción y que la prueba aportada por el sujeto pasivo fue valorada conforme dispone el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Con relación a la valoración de la prueba, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es: “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber: 

r con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado“. (El resaltado es nuestro). 

En ese entendido, se revisará si la Administración Tributaria compulsó la prueba documental ofrecida por el sujeto pasivo durante el proceso de verificación, hasta la emisión del acto impugnado, comprobando que adjunto a las Ordenes de Verificación Nos. 149902000249, 149902000250, 149902000460, 149902000564, 149902000590 y 149902000014 el contribuyente fue notificado por la Administración, Tributaria con los noso Requerimientos de Documentación y Anexos a los mismos (fojas 326 de antecedentes Sistema de Gestión 

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administrativos); siendo atendidos el 26 de octubre de 2012 por Bolhispania Industria y Comercio S.A. conforme Acta de Recepción de Documentación (fojas 69-80 de antecedentes administrativos); asimismo, mediante notas y nuevas Actas de Recepción de Documentación, el contribuyente prosiguió con la presentación de la documentación peticionada por el SIN (fojas 81-88 de antecedentes administrativos), la misma que comprendió respaldos a sus exportaciones así como los respaldos a los transacciones efectuadas por las cuales solicitó la devolución del crédito fiscal IVA por los periodos de enero a junio de la gestión 2012. 

Remitiéndonos al acto impugnado, se advirtió la depuración del crédito fiscal de las facturas Nos. 769 de María Nelly Aguilera Serrate, 1614 de Lizeth Gisela Mamani Luna, 2103 de Gabriela Lorena Jordán Quiroga y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 24 del proveedor Unión Proaspa; siendo dichas depuraciones por las cuales el contribuyente formuló el presente Recurso de Alzada, debiendo enmarcarse el análisis sobre la ausencia de valoración de la prueba aportada para las transacciones contenidas en las mencionadas notas fiscales. 

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En ese sentido, para el caso de la factura N° 769 emitida por María Nelly Aguilera Serrate, la Administración Tributaria incluyó en su análisis la cotización de correas metálicas, cheque N° 0002240-0 del Banco de Crédito BCP cta. 301-5015064-3-45, Comprobante de Traspaso de Bolhispania de Carlos Bustamante Aguilera por un importe de Bs11.961,60; sin embargo, al contrastar dicha compulsa, con la documentación cursante en obrados, se advierte la existencia del Comprobante de Egreso N° 00089 por el anticipo a Ferro Acero del 50% de la compra de correas triangulares p/planta Oc 146 y transporte, documento, que no amerito pronunciamiento por parte del SIN así como las órdenes de Compra – Pedido Nos. 146 y 56 emitido por Bolhispania S.A., el Comprobante de Traspaso N° 1202T060 de 18/02/2012 y los correos electrónicos relacionados con la adquisición de correas (fojas 814-822 de antecedentes administrativos), siendo evidente el reclamo efectuado por el contribuyente sobre la ausencia de valoración de la prueba ofrecida, debiendo añadir que el SIN en el acto impugnado, se remitió al Comprobante de Traspaso a favor de Carlos Bustamante Aguilera de 21/09/2011, pero al revisar los antecedentes administrativos, no se identificó dicho documento y más al contrario se advirtió el Comprobante de Egreso N° 1106E064 de 20/09/2011 por la compra de correas (fojas 824 de antecedentes administrativos) que tampoco fue incluido en la valoración desarrollada por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

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En cuanto a la factura No 1614 de 29 de marzo de 2012; emitido por el proveedor Lizeth Gisela Mamani Luna, se evidenció que, conforme a obrados, fue acompañado la Orden de Compra 10000436 de 31 de marzo de 2012 (fojas 886 de antecedentes administrativas), prueba que fue señalada en el acto impugnado por parte de la Administración Tributaria (fojas 1232-1233 de antecedentes administrativos) y por la cual sostuvo la ausencia de mayor documentación que pueda demostrar la vinculación con la actividad exportadora así como la efectiva transmisión de dominio y onerosa, entre el contribuyente y el proveedor; por tanto, al no existir otra documentación proporcionada por el contribuyente la aseveración del sujeto pasivo carece de sustento y fundamento fáctico

Para la factura N° 2103 emitida el 17 de mayo de 2012 por el proveedor Gabriela Lorena Jordán Quiroga por la realización de Stand para feria con revestimiento en adhesivo, letreros, cabeceras, bastidores, iluminación y realización de diseño, el SIN en la Resolución Administrativa recurrida, sostuvo que el contribuyente presentó comprobante de traspaso y orden de compra, sin mayor documentación, sobre la efectiva realización del servicio, ni la recepción del mismo (fojas 1233 de antecedentes administrativos); aseveración que guarda relación con los documentos advertidos en obrados, cursando el comprobante de Traspaso No 1205T179 de 31/05/2012, el mismo que comprende la provisión del gasto, mediante la acreditación de un pasivo y la imputación a la cuenta de “GASTOS DE OPERACIÓN(fojas 969 de antecedentes administrativos); sin que exista otro sustento contable u operativo que demuestre la cancelación efectuada por el contribuyente al emisor de la nota fiscal; falencia que tampoco puede ser subsanada por la Orden de Compra 10000565 de 23/085/2012 (fojas 970 de antecedentes administrativos), demostrando de esta forma, que no existió carencia de valoración de los documentos presentados por el sujeto pasivo, tal como alegó erróneamente en su Recurso de Alzada. 

Ahora bien, en cuanto a las facturas Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 24 emitidas por el proveedor Unión Proaspa la Administración Tributaria en el acto impugnado analizó el.Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre el sujeto pasivo y el emisor de las notas fiscales, añadiendo que el contribuyente presentó el mayor del proveedor, respaldado por recibos oficiales de Proaspa y un detalle de acopio de materia prima por mes, firmado por el Jefe Administrativo de Bolhispania y con sello del proveedor (fojas 1233-1235 de antecedentes administrativos); no obstante en obrados se evidenció là existencia de Comprobantes de Egreso N° 00018 de 05 de julio de 2018 por el Pago a PROASPA Anticipo por servicios profesionales, por el cual, no cursa una valoración individualizada por parte del SIN en la emisión del acto impugnado

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Asimismo, se comprobó la emisión de cheque de 05 de julio de 2011 por parte del sujeto pasivo por el importe de Bs34.900.- registrado en el comprobante de Egreso citado previamente (fojas 1039-1040 de antecedentes administrativos); situación similar que también se verificó con relación al Comprobante de Egreso N° 00092 de 26 de julio de 2011 por “TRANSFERENCIA EFECTUADA A PROASPA POR ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES” y Comprobante de Operación por Trasferencia Bancaria (Banco de Crédito BCP) (fojas 1042-1043 de antecedentes administrativos), Comprobante de Egreso N° 00021 de 05 de agosto de 2011 correspondiente a la “Transferencia a PROASPA, Anticipo por Servicios Profesionales” y Comprobante de Operación del Banco de Crédito BCP por Bs34.850.- (fojas 1046-1047 de antecedentes administrativos), Solitud de abono a la cuenta de Alcocer Gonzales Anita de 04 de agosto de 2011 y la Papeleta de Depósito de 5 de agosto de 2011 (fojas 1048-1049 de antecedentes administrativos). 

En ese sentido, se constató que fueron omitidos en su valoración además otros Comprobantes de Egreso, idénticos a los enunciados en el párrafo anterior, relacionados 

entregados a Proaspa por los servicios profesionales recibidos, así como solicitudes de la empresa recurrente para abono bancario y comprobantes de operación por trasferencias realizadas (fojas 1050-1076 de antecedentes administrativos), más cuando las personas beneficiarias de los fondos dispuestos por el sujeto pasivo, corresponden a personas autorizadas por el Presidente del Directorio Unión Proaspa (fojas 1077 de antecedentes administrativos), demostrando con ello, que la prueba omitida resultaba 

pertinente con el tema analizado por el SIN, la onerosidad existente entre el cliente y el 

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emisor de las notas fiscales sujetas a revisión. 

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Del mismo modo, fue identificada la nota JADM-210/16 de 22 de junio de 2016, mediante la cual el contribuyente efectuó a la Administración Tributaria sobre la forma de pago del servicio recibido del proveedor Unión Proaspa (fojas 1087-1088 de antecedentes administrativos), así como los folios 157, 158 y 159 del Libro de Actas de la empresa Unión Proaspa, en cuyo contenido cursaba las particularidades en cuanto a la recepción de los pagos por la actividad desarrollada (fojas 1090-1091 de antecedentes administrativos), quedando al descubierto, la vinculatoriedad de esa documentación con el objeto analizado y las transacciones verificadas por el SIN, debiendo ésta última entidad, emitir un pronunciamiento específico sobre la eficacia probatoria de la documentación mencionada previamente. 

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En ese sentido, la omisión del Servicio de Impuestos Nacionales vulneró el debido proceso 

al no incluir una valoración individualizada de la prueba aportada por el contribuyente, Sistema de Gestión 

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incumpliendo lo previsto en el numeral 7 del artículo 68. de la Ley N° 2492 (CTB), que establece como derecho del sujeto pasivo: “A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y, alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.(El resaltado es nuestro), situación que derivó en la trasgresión del derecho a la defensa, previsto en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y configurándose la nulidad prevista en el parágrafo II del artículo 36 de la ley N° 2341 (LPA) y que se perfecciona cuando el acto analizado carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

Por consiguiente, en cuanto a la valoración de la prueba, si bien el Servicio de Impuestos Nacionales, expresó que el sujeto pasivo, no presentó documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción, tampoco explicó con precisión, que documentación fue omitida por el contribuyente e impulsó la conclusión de la carencia de respaldo, debiendo añadir que a pesar que la Administración Tributaria recepcionó documentos de prueba ofrecidos por el contribuyente, no existió en la Resolución Administrativa impugnada, una exposición técnica, clara y concreta sobre la valoración asignada a la misma y el fundamento que indujo a desestimarlas; no siendo suficiente enunciar la prueba conocida, sino compulsar la misma, exponiendo un resultado preciso y comprensible para desestimar su eficacia, lo contrario como se comprobó en el presente caso, vulnera lo previsto en el artículo 68 numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB), y por ende derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

En ese sentido, al ser evidente el reclamo de forma denunciado por Bolhispania Industria y Comercio S.A., ésta instancia se ve imposibilitada de ingresar al análisis de los reclamos de fondo relacionados con la configuración de la prescripción y la verificación de la efectiva realización de la transacción así como la vinculación de los gastos depurados con la actividad gravada del contribuyente, hasta que el Servicio de Impuestos Nacionales subsane las observaciones desglosadas en el presente, con la emisión de una Resolución Administrativa de Devolución Indebida. 

Por lo expuesto, resulta evidente que la Resolución Administrativa de Devolución Indebida N° 211739000008 de 19 de junio de 2017, no cumplió los requisitos de causa y fundamento previstos en el artículo 28 incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria conforme el artículo 74 numeral 1 y artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB); porque, M el Servicio de Impuestos Nacionales, no expuso como parte de su fundamentación, la NBOSCO 

IBNORCA compulsa de toda la prueba, ofrecida por el sujeto pasivo durante el desarrollo de la sistema de Gestion 

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verificación, omitiendo valorar documentos que sustentarían la contabilización y pago por parte del contribuyente de las operaciones objeto de revisión; generando de esta forma, incertidumbre sobre la valoración total de cada uno de los medios de prueba y la eficacia probatoria de los mismos; configurándose las causales previstas en el artículo 36 parágrafo Il de la Ley N° 2341 (LPA); comprometiendo de esta forma el debido proceso y el derecho a la defensa del sujeto pasivo, contraviniendo los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); en consecuencia, al advertirse vicios en la Resolución Administrativa de Devolución Indebida N° 211739000008 de 19 de junio de 2017 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que vulneraron el derecho a la defensa y el debido proceso; corresponde a ésta instancia recursiva, anular dicho acto, de tal forma que la Administración Tributaria emita un nuevo acto en el marco de lo previsto en el artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), exponiendo una valoración precisa de todas y cada una de las pruebas aportadas por Bolhispania Industria y Comercio S.A. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional de Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa de Devolución Indebida No 211739000008 de 19 de junio de 2017 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, de tal forma que la Administración Tributaria, pueda emitir un nuevo acto que incluya como parte de su fundamentación la compulsa precisa de toda y cada una de las pruebas ofrecidas por el contribuyente Bolhispania Industria y Comercio S.A., conforme el artículo 126 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 28 incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA); sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento 

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación.

  • Regístrese, notifiquese y cúmplase

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JIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTERINA Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia legal de la Autoridad Regional de 

impugnacion Tributaria Cochabamba 

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