ARIT-CBA-RA-0473-2017 Sanción y Multa por omisión de pago por incumplimiento de deberes formales correspondientes al IVA, debido a que el contribuyente no pudo demostrar la efectiva realización de las transacción

ARIT-CBA-RA-0473-2017

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0473/2017 Recurrente : Petrona Fernández 

Recurrido 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Expediente 

: ARIT-CBA-0264/201

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171739000445 de 22 de junio de 2017 

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: Cochabamba, 30 de octubre de 201

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0473/2017 de 30 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 171739000445 de 22 de junio de 2017, determinando obligaciones impositivas de Petrona Fernández en la suma de UFV’s200.793, equivalentes a Bs442.985.-, que incluye la sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales de los periodos fiscales agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2012, calificando su conducta como Omisión de Pago. Acto notificado mediante cédula, el 30 de junio de 2017 (fojas 1-15 del expediente administrativo). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Petrona Fernández, mediante nota del 24 de julio y subsanación de 9 de agosto de 2017 (fojas 21-25 y 28 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171739000445 de 22 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

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Que la Administración Tributaria no valido adecuadamente sus descargos con relació

NB-ISO a la Póliza N° 2012301C34786 por la importación de luminarias para alumbrado público; añadió que el SIN incumplió las potestades que le asigna la Ley N° 2492 Cet 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Çochabamba, Bolivia 

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(CTB) de valorar debidamente la realización de los hechos y/o transacciones en su exacta dimensión

Advirtió que el fiscalizador admitió que fueron presentadas DDJJ, Libro de Compras, DUI con documentación soporte, sin embargo, la Administración Tributaria señaló que no es documentación suficiente, además que no adjunto documentación que demuestre el pago a sus proveedores y que no fueron presentados registros contables, aspecto que identificó como contradictorio en el acto impugnado, al señalar que en el registro de la DUI en el Libro de Compras IVA Da Vinci, fue consignado de manera errónea el GA (Gravamen Arancelario), para determinar la base imponible del Impuesto al Valor Agregado, dejando establecido que si presentó registros contables y que el error en nada cambia el cumplimiento que se dio a los registros contables, refutando la :: observación de carencia de validez de sus descargos. 

Manifestó que entregó documentación similar para todas las pólizas de importación, empero la Administración Tributaria validó tres (3) de cuatro (4) pólizas observadas; reiteró que el registro erróneo del GA no afecta al concepto de la importaciones, utilizando como pretexto situaciones rebuscadas fuera de la normativa legal. Aclaró que para las importaciones definitivas conforme al inciso d) del artículo 4 de la Ley N° 843- la Aduana Nacional verificó todos los requisitos para la importación y que el pago realizado a la Aduana generó el crédito fiscal para el importador; adió que es tuición de la Aduana Nacional la revisión de la documentación soporte de la importación, estando dentro el alcance de la verificación el IVA derivado de las DUIs, aseveró que las mismas fueron pagadas y le otorga todo el derecho a utilizarlo

Expuso que la diferencia observada por el SIN de $us 786.90, se trataría de un descuento de su proveedor por la compra significativa, aspecto que fue registrado contablemente de forma posterior, misma que no fue solicitado por GRACO y reiteró que la operación, correspondiente a la Póliza de Importación N° 2012301C34786, fue completa y debidamente registrada, por lo que no existe ninguna diferencia que no fuera pagada. 

Peticionó revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 171739000445 de 22 de junio de 2017, declarando válidos los descargos presentados a la observación de la Póliza N° 2012301C34786′ y nulos los reparos determinados en la Resolución impugnada por ese concepto. 

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de la Calidad Certificado N°EC27414 

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Cochabamba 

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11.2. Auto de Admisión El 10 de agosto de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0264/2017, del Recurso de Alzada interpuesto por Petrona Fernandez, contra la Resolución Determinativa N° 171739000445 de 22 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 29 

del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán, acreditó personería conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000512 de 31 de marzo de 2017 (fojas 35-36 del expediente administrativo), por memorial presentado el 28 de agosto de 2017 (fojas 37-42 del expediente administrativo) contestó al Recurso de Alzada, exponiendo los siguientes argumentos: 

Que no tiene relevancia en la valoración de la Declaración Única de Importación 2012 301 C34786, en virtud a que la Administración Tributaria analizo toda la documentación presentada por la recurrente y producto de ello confirmó la depuración del crédito fiscal de la mencionada póliza de importación; aclaró que si bien fueron presentados descargos similares, empero debe analizarse el alcance de los mismos y dar cumplimiento al principio de verdad material, en el caso en específico, la recurrente no demostró el cumplimiento de los requisitos esenciales para la validez del crédito fiscal, como son la vinculación con la actividad gravada y la materialización de la transacción (entendida como pago al proveedor y transferencia de dominio). 

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Advirtió que la recurrente se contradice respecto al registro de la DUI consignando el valor del GA, indicando que existe un error en el registro y por otra parte que fue 

amente: resaltando que conforme los antecedentes administrativos, el 

sujeto pasivo registró incorrectamente la DUI 2012 301 C-34786 de 10 de septiembre de 2012, al haber considerado el Gravamen Arancelario para la determinación del Impuesto al Valor Agregado, para beneficiarse de crédito fiscal mayor que no le correspondía, y al no presentar documentación suficiente afectó la validez de la operación de importación ya que la misma no probó la vinculación con la actividad gravada y la materialización de la transacción. 

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Expuso que en el caso de la importación observada, el someterse al despacho aduanero y recibir el levante automático por la asignación de canal verde, no puede entenderse como que la Aduana Nacional verificó todos los requisitos de validez del crédito fiscal originado por la importación; ya que la citada autoridad no verificó el cumplimiento de todos los requisitos de validez del crédito fiscal. .. 

– 

Afirmó también que mediante la Resolución Determinativa N° 171739000445, procedió a valorar los descargos presentados por la recurrente, citando específicamente las páginas 5 a 11, aseverando que realizó una adecuada valoración de los hechos y : documentos de descargo, resaltando que la recurrente no presentó documentación que refute las observaciones efectuadas en la vista de Cargo y no dio cumplimiento a los requisitos esenciales para la validez del crédito fiscal como son la vinculación con la actividad gravada y la materialización de la transacción, más cuando existe una diferencia de $us 786.90 sin demostrar el medio de pago, rebatiendo la posibilidad que el recurrente presente el comprobante donde registró el descuento, pudiendo haber 

el mismo en sede administrativa, al no encontrarse limitado a presentar solo lo que el requerimiento de documentación le listaba y además objetó la documentación presentada adjunta al Recurso de Alzada solicitando se la considere como presentada fuera de plazo o debe probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, atribuyéndole al contribuyente falta de cuidado y negligencia, debiendo rechazar la prueba presentada a momento de interponer su impugnación. 

Aclaró que la determinación de adeudos tributarios por apropiación indebida del GA en las Pólizas 2012 301 C-33841, 2012 301 C-36763. y 2012 301 C-46217, no fue observada por el recurrente, aceptándose tácitamente la valoración, conformando la correcta aplicación del artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo irrebatible la calificación de su conducta como Omisión de Pago, además de que labró correctamente el Acta N° 148145 y que dicho incumplimiento tampoco fue observado, asumiéndose su aceptación tácita. 

Por todo lo descrito, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 171739000445 de 22 de junio de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 29 de agosto de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria: Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA 0264/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y sistema com 

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de la Calidad Certificado N’EC-2741

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Cochabamba 

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perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 43 del expediente administrativo). 

11.4.1. Administración Tributaria El 13 de septiembre de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales, ratificó en calidad de prueba documental los antecedentes administrativos (fojas 45 del expediente administrativo). 

11.4.2. Sujeto Pasivo Petrona Fernández el 19 de septiembre de 2017 presentó ante ésta instancia nota con la que ratificó en calidad de prueba la ofrecida con su impugnación, enfatizando los comprobantes de contabilidad, adjuntando la certificación de Xiamen Longview Lighting & Electric Co. Ltd., que confirma el descuento realizado de $us786.90 en la factura ITG760/2012 que corresponde a la póliza de importación N° 2012 301 C34786 (fojas 4850 de antecedentes administrativos). 

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11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria El 9 de octubre de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba por nota presentó ante ésta instancia alegatos reiterando que la recurrente no demostró el cumplimiento de los requisitos esenciales para la validez del crédito fiscal como son la materialización de la transacción y la vinculación con la actividad gravada, así también redundo en que el contribuyente registró incorrectamente la operación de la Póliza de Importación 2012 301 C34786 al considerar como valor del IVA el del Gravamen Arancelario y aclaró sobre el crédito fiscal generado por la importación y la tuición de la Aduana Nacional de Bolivia, refutando paralelamente los argumentos del recurrente y sobre la prueba ofrecida por este, replicando su petitorio (fojas 53-55 vta. del expediente 

administrativo). 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 12 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 3916OV100624, contra la contribuyente Petrona Fernández, respecto al operativo especifico Crédito IVA de los periodos agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2012, adjuntó el detalle de diferencias detallando cuatro (4) Pólizas de importación, requiriendo: Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 0 210); Originales de las Póliza de importación; Facturas comerciales de importación, 

Manifiesto Internacional de Carga, Carta Porte y toda otra documentación que respalde 

Justicia tributaria para vivir bien 

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Jas importaciones realizadas por los periodos observados; Medios fehacientes de pago con los cuales se efectivizaron las transacciones de la Pólizas. de Importación; Registros contables con la respectiva documentación de sustento; Contratos suscritos por la compra de bienes y/o prestación de servicios por los cuales se emitieron las Pólizas de Importación; Kardex físico valorado de los productos y/o bienes adquiridos mediante la pólizas de importación; Toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de las transacciones realizadas a través de las pólizas de importación;. Otra documentación que el fiscalizador asignado considere necesario durante el proceso de verificación. Acto notificado a Petrona Fernandez de manera personal el 20 de diciembre de 2016 (fojas 2-3 de antecedentes administrativos). 

El 27 de diciembre de 2016, Petrona Fernández por nota presentada al Servicio de Impuestos. Nacionales solicitó la ampliación de plazo de siete (7) días para poder entregar la documentación requerida; solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveido No 241739000026 de 9 de enero de 2017 otorgándole cinco (5) días hábiles posterior a la notificación del citado oficio, mismo que fue notificado de manera personal el 17 de enero de 2017 (fojas 13-16 de antecedentes administrativos). 

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El 8 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias. Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00148145, al haber verificado que la contribuyente. Petrona Fernandez, incurrió en el incumplimiento al deber formal de entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización y verificación, control e investigación en los plazos y formas establecidos, toda vez que la contribuyente no presentó toda la documentación solicitada mediante Detalle de Diferencias, Anexo adjunto a la Orden de Verificación N° 3916OV100624 en los plazos establecidos, contraviniendo el numeral 8 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo una multa de UFV’s1.500 (fojas 134 de antecedentes administrativos). 

El 8 de mayo de 2017, la Administración. Tributaria , emitió Informe CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00633/2017, en el que expuso los antecedentes, el objetico y el alcance, el marco legal, el trabajo realizado, los resultados del examen, la 

la verificación y control de cumplimiento à deberes formales, resumen de las No01 observaciones establecidas, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente Sistema co 

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Cochabamba 

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como “Omisión de Pago” y recomendó que con el propósito de proseguir con la determinación y recuperación de adeudos a favor del fisco, resultado de la Orden de Verificación N° 3916OV100624 la emisión de Vista de Cargo de conformidad a lo previsto en el artículo 96 parágrafo I y artículo 104 parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB), (fojas 135-143 de antecedentes administrativos). 

El 8 de mayo de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 291739000142, liquidando las obligaciones tributarias, correspondiente a la Orden de Verificación N° 3916OV100622, sobre Base Cierta de acuerdo a lo señalado en el artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), importe que asciende a UFV’s310.407 equivalente a Bs.82.949, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por la calificación preliminar de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado IVA, por los periodos fiscales agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2012; acto notificado mediante cédula a Petrona Fernández el 19 de mayo de 2017 (fojas 144-156 de antecedentes administrativos). 

WPUGNA

El 20 de junio de 2017, la contribuyente presentó ante la Administración Tributaria nota observando la depuración de las pólizas de importación realizada en la vista de Cargo, adjuntando para el efecto documentación de respaldo para cada una de la pólizas observadas, alegando que el pago realizado por tributos aduaneros al momento de la desaduanización y el registro de las pólizas en el sistema informático de la Aduana 

alización de la transacción, además señaló que los documentos que demuestran los pagos realizados, la documentación contable y los kardex demuestran la vinculación de dichos gastos con su actividad solicitando se den por descargadas las observaciones insertas en la vista de Cargo (fojas 159-253 de antecedentes administrativos). 

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El 22 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00962/2017, concluyendo que la contribuyente a través de los argumentos y documentos presentados, desvirtuó parcialmente las observaciones determinadas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la vista de Cargo, asimismo ratificó la calificación de la conducta como omisión de pago y recomendó la emisión y notificación de la Resolución Determinativa (fojas 258-269 de antecedentes administrativos). 

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El 22 de junio de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171739000445, determinando las obligaciones impositivas de Petrona Fernández, en la suma total de “UFV’s200.793, equivalentes a Bs442.985.-, que incluye la sanción por omisión de pago y.multa por incumplimiento a deberes formales de los periodos fiscales agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2012; acto notificado mediante cédula a la sujeto pasivo el 30 de junio de 2017 (fojas 270-288 del expediente administrativo). 

  1. I FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA . Conforme se tiene de la revisión del Recurso de Alzada, trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, conforme a lo establecido en el artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva se pronunciará de manera expresa, positiva y precisa sobre los aspectos planteados por la recurrente, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, verificando y analizando sobre la existencia de los vicios procesales o de forma denunciados y en caso de no ser evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda; en ese entendido, manifestó: 1) Falta de valoración de los descargos presentados; 2) Objeta la depuración del Crédito Fiscal contenido en la DUI 2012 301 C-34786

IV.1. Sobre la valoración de los descargos presentados La recurrente argumento que la Administración Tributaria, no valido adecuadamente...:: sus descargos respecto a la Póliza N° 2012301C34786 por la importación de luminarias para alumbrado público, señaló que demostró con descargos la indebida depuración de la Póliza y que el error en el libro de compras IVA, en nada cambia el cumplimiento que de los registros contables, refutando la observación de no validez de sus descargos. 

En oposición, la Administración Tributaria manifestó que en la Resolución Determinativa impugnada procedió a valorar los descargos presentados por la récurrente, citando específicamente las páginas 5 a 11, afirmando que realizó una adecuada valoración de los hechos y documentos de descargo y producto de aquello confirmó la depuración del crédito fiscal de la póliza de importación C34786, aclaró que si bien fueron presentados descargos similares, empero debe analizarse el alcance de LW los mismos y dar cumplimiento al principio de verdad material y en el caso en específico la recurrente no demostró el cumplimiento de los requisitos esenciales para 

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la validez del crédito fiscal, como son la vinculación con la actividad gravada y la materialización de la transacción (entendida como pago al proveedor y transferencia de 

dominio). 

Al respecto, la Sentencia Constitucional N° 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco constitucional dispuso que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, precepto que desde el punto de vista 

co ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada, siempre conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, considerándolo como un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo Estado, esto quiere decir que, nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos sin el desarrollo de un debido proceso establecido por ley, revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se halla relacionado también con el derecho de igualdad de las partes, esto es, que arbitrariamente no se puede establecer una decisión particular, que afecte los intereses de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la decisión tomada a fin de activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones, ofreciendo por los interesados los descargos que considere pertinentes, es decir, existe la obligación legal de la Administración Tributaria de realizar la valoración de la prueba puesta en su conocimiento por el administrado en los plazos establecidos

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Asimismo, es importante señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que: . Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; Asimismo el parágrafo I del artículo 119 del mismo cuerpo legal, señala que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. 

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En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con el PUGNACIONES 

que cuentan las partes, en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales están reconocidos por los numerales 2, 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (C TB), el cual establece que el sujeto pasivo tiene derecho que la 

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Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos, establecidos; al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado: 

Igualmente el parágrafo || artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración, deberá contener como requisitos mínimos, entre otros, fundamentos de hecho y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en reglamento, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; asimismo, el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), prevé... que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos en el referido artículo 99. 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos, se advirtió que Petrona. Fernández mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 20 de junio : . de 2017, observó la Vista de Cargo y presentó descargos documentados, refutando la.…. depuración de pólizas de importación con documentación de respaldo para cada una de ellas (fojas 159-253 de antecedentes administrativos); en ese entendido, revisada la . Resolución Determinativa N° 171739000445 de 22 de junio de 2017 en relación a los . . citados descargos ofrecidos por la recurrente, dentro su parte considerativa, .. específicamente el apite II, numeral 2 Descargos Presentados, desarrolló las pruebas de descargo presentadas por Petrona Fernández; listando la documentación : presentada por cada una de las pólizas de importación, desglosando también los , argumentos expuestos por esta (fojas 274-275 de antecedentes administrativos), para . .. posteriormente exponer la “Evaluación y posición de la Administración Tributaria” (fojas 277281 de antecedentes administrativos), ratificando parcialmente los cargos determinados por las pólizas de importación Nos: 2012 301 C-33841, 2012 301 C 36763 y 2012 301 C-46217 y ratificó en su totalidad la observación de la póliza de importación 2012 301 C-34786. 

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En ese entendido, toda vez que la recurrente enfocó sus observaciones a la última póliza de importación 2012 301 C-34786, dentro del análisis expuesto en el acto objeto de la presente impugnación, textualmente refiere: …la contribuyente presentó formulario SWIF del Banco de Crédito de Bolivia... por transferencia de fondos por Site 

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el pago al proveedor (…) presenta registro contable, con registro de la transacción a la cuenta “Mercaderías en Transito del Exterior (...) De la valoración de los documentos presentados se establece que los mismos no desvirtúan la observación establecida en la vista de cargo, toda vez que conforme se muestra en la Factura del Proveedor (INVOISE)… monto coherente con el valor FOB registrado en la Póliza de Importación y la Declaración Andina de Valor. Por consiguiente no se ha , demostrado el pago al proveedor…(las negrillas son propias) (fojas 279 de antecedentes administrativos), por otra parte, la documentación que lista la recurrente en su nota de presentación de descargos del 20 de junio de 2017, detalla como documentos adjuntos: “2.- Poliza N° 2012301C34786… Declaración Andina de Valor; Factura de venta (original); Lista de empaque original; Swifs de Banco de Crédito de Bolivia por los pagos realizados; Registros contables; Kardex del almacén de productos.(fojas 159 de antecedentes administrativos); consecuentemente, es evidente que contrapuesta la documentación presentada en calidad de descargos, fue la evaluada y valorada por la Administración Tributaria dentro el acto impugnado, es decir, que la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales se pronunció sobre todos y cada uno de los documentos ofrecidos, aspecto que desvirtúa de manera contundente lo agraviado por la recurrente en referencia a la falta de valoración de sus descargos, correspondiendo desestimar lo argüido por Petrona Fernández al respecto. 

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IV.2. Sobre la validez del crédito fiscal Sobre el punto, Petrona Fernández observó que entregó documentación similar para todas las pólizas de importación, empero la Administración Tributaria validó tres (3) de cuatro (4) pólizas observadas, utilizando como pretexto situaciones rebuscada que están fuera de la normativa legal, aclarando que para las importaciones definitivas, la Aduana Nacional verificó todos los requisitos que hacen a una importación y es el pago que se realiza a la Aduana lo que genera el crédito fiscal para el importador, aseverando que las mismas fueron pagadas y le da todo el derecho a utilizarlo y que la diferencia observada por el SIN de $us786.90, se trataría de un descuento de su proveedor por tratarse de una compra significativa, aspecto que afirma registró contablemente de forma posterior y por haberlo hecho en otro periodo no fue solicitado en el requerimiento que realizo GRACO, no existiendo ninguna diferencia que no haya sido pagada

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N8 iso Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que Petrona Fernández al no Soal 

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que la misma no prueba la vinculación con la actividad gravada y la materialización de la transacción, aclarando que la Aduana Nacional no verificó el cumplimiento de todos los requisitos de validez del crédito fiscal, resaltando que existe una diferencia de $us 786.90 no demostrando el medio de pago

Al respecto, la línea doctrinal. establecida en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0198/2013, AGIT-RJ 0709/2014 y AGIT-RJ 0459/2014 señalan que: “a . experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen operaciones “simuladas” del acto jurídico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente; siendo que las partes intervinientes actúan como si se hubiera celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), ha previsto el método interpretativo de la “realidad Económica” que permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la operación. . Por otro lado, existen situaciones en las cuales los “compradores de buena fe pagan els gravamen a proveedores que se consideraban “legítimos”, los que sin embargo emiten : una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplía con las obligaciones fiscales” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, ante la existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al. mismo tuvo lugar en los hechos.” 

  • Con relación a lo expuesto tanto por la parte recurrente como por la Administración 

Tributaria, es importante traer a colación lo expresado por doctrina en cuanto al IVA: “para el nacimiento de la relación jurídica tributaria a los fines del Impuesto al Valor Agregado es necesaria la coexistencia del presupuesto objetivo (cesión de bienes y prestación de servicios), subjetivo (ejercicio de empresa y de artes y profesiones) y territorial (operaciones efectuadas en el territorio nacional)” (FILIPPI, Piera. La Territorialidad en el Impuesto al Valor Agregado. En: Victor Ukmar, Alejandro Altamirano, Heleno Taveira Torres. Impuestos sobre el comercio internacional. Segunda edición. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina, 2008. Pág. 351) (las negrillas son propias). Dichos elementos, pueden apreciarse claramente en nuestra normativa, a partir de la lectura de los artículos 1 y 3 de la Ley N° 843 (TO). 

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Asimismo, cabe señalar que el artículo 8, inciso a) de la citada Ley N° 843 (TO), prevé que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen(las negrillas son propias). 

Del mismo modo, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, establece que: “el crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. Bajo el mismo entendido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud a los artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 (TO), estableció como precedente en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT RJ 0007/2011 y AGIT-RJ 0198/2013 -entre otras que existen “tres requisitos” que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada. 

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En este entendido, debemos referir que la eficacia probatoria de la factura depende del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que se disponga en la normativa y resoluciones administrativas, entre otras; toda vez, que una factura constituye un documento que prueba el hecho generador relacionado con un débito o crédito fiscal que para su validez tiene que ser corroborado con otras pruebas o documentos que demuestren que se efectuó la transacción. 

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Bajo ese contexto, corresponde recalcar que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales 

IBNORCA no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan Sistema de les dion 

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de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las Leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron la emisión de la factura fueron efectivamente materializadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto, sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que reciba el pago por la transacción, más aun tratándose del beneficio que el contribuyente tendrá con el crédito fiscal IVA. – 

Sobre el tema, Ricardo Fenochietto señala: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién; particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

constancia en registros de terceros)”. El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, pág. 630-631 (el subrayado es propio)

Es así que el artículo 70 numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB), establece éste aspecto al disponer la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos; resultando claro que con el fin de probar la efectiva realización de la transacción, por la cual reclama el crédito fiscal observado, debe aportar medios de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago) y documentación contable (estados financieros, libros mayores, libros diarios, libros de compra, inventarios y otros) que permitan a la Administración Tributaria, comprobar que la operación de compraventa se materializó; en dicho sentido, los artículos 36, 37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 (C.COM) establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven. Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo NSUOLO además contar con registros auxiliares que estime convenientes para lograr mayor sistema gestion 

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orden y claridad, y de esta forma obtener información que le permita ejercer control y coadyuve en la toma de decisiones. Asimismo, el artículo 76 de la citada Ley, establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

Bajo ese contexto, inicialmente es pertinente aclarar y resaltar que los argumentos y fundamentos planteados por la recurrente, están enfocados a la depuración del crédito fiscal de la Póliza de importación N° 2012 301 C-34786, consiguientemente, basados en las observaciones con las que el SIN sustentó su depuración, ésta instancia 

recursiva desarrollara su análisis y revisión en función a las mismas. 

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En ese entendido, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, acusa la falta de vinculación de la importación con la actividad gravada; es así que, cursa a fojas 298 de antecedentes administrativos la “Consulta Padrón” de la ahora recurrente Petrona Fernández, documento que reporta a dicha .contribuyente con actividad “Comercio Mayorista” y como actividad principal dentro los periodos objeto de verificación: “Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio”, adicionalmente, es menester considerar los conceptos de importación de las otras pólizas, toda vez que la DUI C-33841 declaró la importación de “luminarias (mparas eléctricas), la DUI C-36763 declaró la importación de “Luminarias (lámparas eléctricas) y la DUI C-46217 declaró la importación de “Luminarias para alumbrado público” (fojas 24, 61 y 78 de antecedentes administrativos), mientras que la DUI C34786 -observada por vinculación- declaró la importación de “Luminarias para alumbrado público; Partes de vidrio de luminarias; Luminarias proyectores VF-1020 E40 1000w; Lámparas de halogenuro metálico; Tubos de descarga; 1000 capacitores-condensadores 15uf 250V” (fojas 40-42 de antecedentes administrativos), por lo descrito el criterio aplicado por la Administración Tributaria no fue uniforme para todos los casos, en ran a que las pólizas de importación validadas describen mercadería similar o directamente relacionadas con la mercadería descrita en la DUI depurada; consecuentemente, no corresponde dicha observación toda vez que dicho concepto no-fue uniformemente aplicada y de mantener dicha observación, vulneraria las garantías constitucionales y procesales que resguardan a Petrona Fernández como sujeto pasivo, máxime si la Administración Tributaria no respaldo ni enunciaron ningún otro argumento o fundamento en el que base la acusación en contra de la ahora recurrente. 

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– Paralelamente, conforme a la doctrina y normativa expuesta al inicio del presente 

acápite, en lo que respecta al tercer requisito sobre la efectiva realización de la transacción, redundando en el hecho de que la recurrente enfocó su Recurso de Alzada objetando la depuración de la Declaración Única de Importación N° 2012 301 C-34786, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que por Acta de Recepción de Documentación de 29 de marzo de 2017, Petrona Fernández entregó las de Declaraciones Juradas Form. 200, Declaración de Importación, resumen de 

documentos, factura de venta, manifiesto de carga, packing list, bill of lading, factura, —liquidación de cobranza, parte de recepción, declaración andina de valor, detalle de impuestos y libros de compras IVA de los periodos observados (fojas 17 de antecedentes administrativos), aspecto que mereció que el SIN labre el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 00148145 (fojas 134 de antecedentes administrativos); no obstante a ello, la Administración Tributaria basó en dichos documentos su verificación y arribó a las observaciones plasmadas en la vista de Cargo que especificamente sobre la póliza reclamada “mencionó: “No presentó registros contables por la importación de 2366 luminarias para alumbrado público, 20 pares de vidrio para luminarias, 50 luminarias proyectores, 1700 lámparas de halogenuro metálico, 500 reactancias de HPS150W, 1000 capacitores-condensadores y que permitan evidenciar la forma en que estos fueron utilizados en fines propios del contribuyente. (...) Por otra parte la documentación presentada como respaldo... no se constituyen en información suficiente toda vez que no presenta documentación como ser: kardex, ingresos y salidas de almacén, entre otros documentos…”.

.. 

Bajo ese contexto, como ya se mencionó en el acápite precedente, la ahora recurrente presentó en calidad de descargo, específicamente para la Póliza de-Importación No. 2012 301 C-34786 la siguiente documentación: Declaración Andina de Valor; Factura de venta (original); Lista de empaque original; Swifs de Banco de Crédito de Bolivia por 

los pagos realizados; Registros contables; Kardex del almacén de productos y posterior . a su validación y valoración, el SIN concluyó en la Resolución Determinativa No 

171739000445 “... no se ha demostrado el pago al proveedor, la realización y/o materialización de la transacción… Por tanto se ratifica la observación de la Vista de Cargo.” (fojas 279 de antecedentes administrativos); asimismo, conviene traer a colación lo que la misma recurrente manifestó dentro el planteamiento de su impugnación referida a la valoración de la documentación presentada, mencionó que: … la Aduana Nacional ya verifico todos los requisitos que hacen a una importación y. es el pago que se realiza a la Aduana lo que genera el crédito fiscal para el importador, Sistema de reces 

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de la Calidad Certificado N*EC-274/1

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siendo tuición de la mencionada institución la revisión de la documentación soporte de la importación..., con lo que bajo dicho consentimiento se deja claro que la documentación de respaldo de la Declaración Única de Importación es independiente a la documentación de respaldo desde el punto de vista estrictamente tributario/contable, por la naturaleza y objeto de ambos extremos, enfatizar también que si bien el pago de la póliza de importación origina el crédito fiscal con el que la contribuyente se puede beneficiar a momento de compensarlo con sus débitos fiscales conforme el artículo 9 de la Ley N° 843 (Ctb), la documentación con la que tiene que estar respaldada ese primer concepto (crédito fiscal), sin duda puede integrarse con la generada por el proceso de importación, pero innegablemente debe ser complementada con otro tipo de registros ya que responden a exigencias legales y operativas diferentes, más cuando conforme a la normativa enunciada, tal aspecto es de cumplimiento obligatorio. 

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Conforme a lo expuesto, de la documentación entregada por la recurrente en 

equerimiento que le fue notificado con la Orden de Verificación y el Detalle de Diferencias N° 3916OV100624, así como la documentación presentada en calidad de descargo a la vista de Cargo, casi en su totalidad responden a respaldos del proceso de importación, cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa aduanera, sin que los mismos motiven observación alguna ante la Aduana Nacional y muestra de ello es que la importación de los productos detallados en la póliza correspondiente, se culminó y concreto sin mayor complicación; sin embargo, en lo que respecta al respaldo documental para fines tributarios, Petrona Fernández presentó “Registros Contables” constituidos por los comprobantes de Egreso Nos. 0930 000703 y 09-30-000707, ambos de 17 de mayo de 2012 (fojas 166 y 179 de antecedentes administrativos) y los “Kardex de existencia de productos” (fojas 187-199 de antecedentes administrativos), estableciéndose que en función a la doctrina y 

normativa considerada para el análisis del presente caso, dicha documentación no Hans Paul 

refleja de manera contundente la realización de la transacción, toda vez que inicialmente, la misma se presentó de manera separada y aislada sin que dé cuenta o evidencie de que pertenezca a algún legajo documental que conforme al artículo 40 del Código de Comercio debe cumplir ciertos requisitos en cuanto a la forma de presentación de los Libros exigidos por Ley, toda vez que estos deben estar encuadernados, foliados y notariados, aspectos que no se advierten en los documentos ofrecidos por Petrona Fernández, por lo que tampoco brindan fiabilidad o certeza en cuanto a su origen y elaboración, en razón a que no presentan rastros o indicios de que las hojas, aun habiendo sido extraídas de los Libros correspondientes, correspondan o condigan con un registro que las conglomere, ya que no se encuentra ningún elemento referente a su foliación, sellos

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IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado NEC2741

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  1. II

firmas del notario, elementos que le restan valor probatorio y no aportan a desvirtuar la observaciones realizadas por el SIN

A mayor abundamiento, los kardex presentados al margen de exponer solo una porción de movimientos de los productos registrados, los registros de ingresos de mercadería no se reflejan en ningún tipo de registro, contable y su consecuente afectación a registros mayores; consecuentemente, bajo el escenario analizado, la transacción observada… 

correspondiente a la Póliza de Importación N° 2012.301 C34786, no cuenta con el respaldo documental necesario para verificar la efectiva realización de la transacción, resaltando la diferencia identificada por la Administración Tributaria, misma que solamente mereció por parte de la recurrente una aclaración literal sin que sea respaldada y demostrada documentalmente; por lo que dichas exigencias (principalmente documentales), no deben ser entendidas como fuera de la normativa legal como manifiesta Petrona Fernández, toda vez que conforma a la normativa inicialmente expuesta y más específicamente los artículos 36, 37 y 40 del Decreto Ley NO 14379 (C.COM) establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven. Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo, además cont 

emás contar con registros . auxiliares que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, forma obtener información que le permita ejercer control.y coadyuve en la toma de decisiones; el artículo 70 numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB) establece éste aspecto al disponer la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, obligaciones que la legislación Boliviana exige y en el presente caso, la documentación aportada no es suficiente y no se cumple, por lo que no se puede establecer con la claridad necesaria la fehaciente realización de la transacción, correspondiendo mantener la observación. 

ntener la observación. . .. . 

A mayor aclaración, si bien el proceso de importación no generó observación de la Administración Aduanera y está evidenciado conforme la documentación soporte de la DUI, toda vez que la misma cumplió con todo los requisitos y formalidades aduaneras, así como el pago de tributos correspondiente, tales aspectos solamente reflejan el ingreso legal o correcta nacionalización de la mercadería para su disposición dentro el territorio nacional; sin embargo, desde un punto de vista estrictamente tributario contable, los registros realizados por la ahora recurrente son muy limitados y escuetos, y no reflejan que los ítems que figuran en la Declaración Única d

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de la Calidad Certificado N°EC274/1

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Importación 2012 301 C34786 de 10 de septiembre de 2012, hayan ingresado al activo realizable y su consecuente afectación en el conjunto contable, demostrando su disposición, aprovechamiento o comercialización, máxime si se considera que el beneficio del crédito fiscal es más que el solo cumplimiento de formalidades como la nominatividad de la DUI o en su caso que la ahora recurrente, reclame la gestión de la importación de la mercancía, toda vez que la compensación del crédito fiscal generado 

por el documento ahora observado, solamente procede cuando dentro su actividad gravada este genere el correspondiente débito fiscal, para lo cual, resulta necesario que el contribuyente pueda demostrar, mediante documentación contable y administrativa, que la mercaderia importada, formó parte de su realizable y que la misma fue comercializada o se encuentra en inventario; por tanto la prueba, no puede limitarse a la presentación de reportes aislados sino más bien, debe demostrar la integración de las actuaciones del contribuyente en el ciclo operativo desde la interacción con el proveedor, el control contable de la importación, el ingreso a almacenes, el debido costeo y la posterior salida de ésta por la venta efectuada, aspectos que no fueron demostrados en el presente caso a fin de acreditar la materialización o realización efectiva de la transacción. 

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Adicionalmente, en relación a la prueba presentada ante ésta instancia recursiva, consistente en la Certificación de 31 de diciembre de 2012 del proveedor “Xiamen Longview Lighting & Electric Co. Ltda.” (fojas 48 del expediente administrativo), la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, objetó la valoración de la misma bajo el razonamiento de que la ahora recurrente pudo haber presentado el mismo en sede administrativa, al no encontrarse limitado a presentar solo lo que el requerimiento de documentación le listaba, solicitando se la considere como presentada fuera de plazo o debe probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, atribuyéndole al contribuyente falta de cuidado y negligencia, debiendo rechazar dicha prueba. 

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Al respecto, en principio el documento presentado ante ésta instancia es evidente que IMPUGNACIAN 

procede del exterior, consiguientemente, al ser éste un documento expedido en el exterior, se extraña que no cuente con los sellos y firmas de las autoridades competentes como lo dispone el Decreto Supremo N° 25356, que establece que para su legalización, los documentos del exterior, deben contener ...Las firmas de los 

funcionarios Diplomáticos, Consulares y del Servicio de Relaciones Exteriores serán 

NB-ISO* Tegalizadas por el Director del Departamento Jurídico del Ministerio de Relacione

IBNORCA Exteriores”, conforme lo previsto en el artículo 1294 del Código Civil; siendo que en el 

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II 

presente caso, dicha certificación, si bien fue presentada en original dando cumplimiento al inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB), la misma solo cuenta con una “Firma Autorizada” sin que cumpla los requisitos descrito para su validez en nuestro País, máxime si la sujeto pasivo al momento de presentar dicho documento no demostró su autenticidad conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar el Certificado de referencia, razonamiento coincidente con el expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico. AGITRJ 1161/2015.

Por último; es menester aclarar que si bien ambas partes hicieron mención dentro sus argumentos de que la recurrente realizó el registro erróneo del Gravamen Arancelario (GA), como Crédito Fiscal IVA, tal aspecto no se constituye en una causal de depuración de dicho concepto, así como tampoco afecta o incide en la determinación ... del reparo establecido y muchos menos constituye un agravió o un aspecto reclamado por Petrona Fernandez en su Recurso de Alzada, ni considerado por la Administración Tributaria dentro el acto impugnado ni su responde a la presente impugnación, consecuentemente, al no formar parte de la controversia, no merece · mayor pronunciamiento por parte de esta instancia recursiva

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos y compulsados los argumentos y fundamentos expuestos tanto por la parte recurrente como por la recurrida, la Resolución Determinativa no contiene los vicios denunciados por Petrona Fernández respecto a la valoración de los descargos presentados y si bien se levantó la observación sobre la vinculación con la actividad gravada, por otro lado se corroboraron los fundamentos que justifican la depuración del crédito fiscal pues se mantiene la observación referida a la efectiva. realización de la transacción; toda vez que la recurrente, no demostró de manera fiable y fehaciente de que los ítems que figuran en la Declaración Única de-Importación 2012 301 C34786 de 10 de septiembre de 2012, hayan ingresado a sus activos y estos hayan sido sujetos de realización, reflejando contablemente la consecuente afectación de las cuentas y rubros involucrados en su registro a fin de demostrar la correcta. apropiación del crédito fiscal contenido en la DUI observada, extremo que se refleja en. la incertidumbre sobre la efectiva realización de la transacción, conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que procede la depuración del crédito fiscal; en consecuencia, corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa N° 171739000445 de 22 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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Cochabamba 

LINU

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171739000445 de 22 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

NACIÓN 

PAL DE IMPLUTE

Marami náraz

Balddams 

Villa 

TORID, 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

IGNACI

REGIONAL DEN 

voBo 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Heny a Villalta antes 

SI

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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Claudia B Cors Rejas 

IRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTÉRINA Autondad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca , en Suplencia Legal de la Autoridad Regional de 

Impugnacion Tributaria Cochabamba 

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de la Calidad Certificado N’EC-27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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