ARIT-CBA-RA-0441-2018 – Omision de pago IUE

ARIT-CBA-RA-0441-2018ARIT-CBA-RA-0441-2018 – Omision de pago IUE

Carmen Rocio Reyes Rojas

AUTORIDAD REGIONAL DE

llgPUGNAClóN TRIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0441/2018

 

 

 

 

 

 

Recurrente Administración recurrida

 

 

Acto impugnado Expediente N• Lugar y fecha

Carmen Rocío Reyes Rojas

 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Karina Paula Balderrama Espinoza

 

Resolucion Determinativa N” 171830000457 ARIT-CBA-0265/2018

Cochabamba, 22 de octubre de 2018

 

VISTOS

El Recurso de Alzada, el Auto de Admision, la contestacion de la Administracion Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Tecnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0441/2018 de 19 de octubre de 2018, emitido por la Sub

Direccion Tributaria Regional, y todo cuanto se tuvo presente

 

I         ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Resolucion Determinativa N” 171830000457 el 28 de junio de 2018, que determino de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de UFVs 1.033.181, equivalentes a la fecha de la Resolucion a Bs2 343 740, correspondiente al tributo omitido actualizado (IUE), intereses y sancion por omision de pago por la gestion fiscal concluida a diciembre de 2009, asimismo, califico la conducta del sujeto pasivo como Omision de Pago, aplicando una sancion equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, otorgando el termino de veinte (20) dias a partir de su notificacion para depositar la totalidad de la deuda tributaria, bajo conminatoria de ejecucion tributaria en caso de incumplimiento Acto notificado mediante cedula, el 30 de junio de 2018 (fojas 1825-1872 y 1878 de

antecedentes administrativos)

 

 

 

Pag 1 de 49

 

 

 

 

 

 

ii        TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

Carmen Rocio Reyes Rojas, mediante memonal presentado el 23 de julio de 2018 (fojas 54-

74 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolucion Determinativa N• 171830000457 de 28 de junio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

 

Que la Administracion Tributaria le notifico la solicitud de fiscalizacion en el domicilio ubicado en la Calle Crisostomo Carillo, el cual ya no seria de su propiedad, siendo que la nueva propietaria le informo de todas las notificaciones realizadas, hasta el momento en que se apersono ante el SIN comunicando su domicilio real, a pesar de la comunicacion, el ente recaudador no realizo las notificaciones en ninguno de los domicilios refendos, ademas que notificó la Resolucion Determinativa a ultima hora del dia sabado 30 de junio en un nuevo domicilio que fue de su propiedad y por cuya venta se pretende cobrar el IUE, hecho que contravino el memorial de 22 de julio en el que se señaló de manera precisa el domicilio actual ubicado en la avenida Alemana esquina calle 4, Edificio Solaris, piso 7, departamento 7A, zona norte de la ciudad de Santa Cruz, por lo que fue vulnerado el derecho a la defensa

 

Indico que a pesar de que la fiscalizadora tuvo conocimiento que su persona radica en Santa Cruz a través de conversaciones telefonicas, la servidora publica le indico que las notificaciones se realizarian en el domicilio informado por SEGIP, sin embargo la Orden de Verificacion y ra Vista de Cargo fueron notificados en la Calle Crisostomo Camllo, la solicitud de documentacion en la Calle Tajibos s/n (sin corresponder dichas direcciones a los datos proporcionados por SEGIP) y la Resolucion Determinativa en la avenida America esquina Adela Zamudio, domicilio en el que nunca llego a habitar, asimismo, agrego que el aviso de visita fue dejado para las 16.00 del sabado 30 de junio, empero la notificacion fue realizada recien a las 17.30 en un negocio cerrado, circunstancias por las que fue devuelta la notificacion por el representante de copropietarios, pero que sin embargo no cursa en los antecedentes administrativos, por lo que la notificacion se encontrarla viciada de nulidad, al afectar el debido proceso

 

Manifesto que la Administracion Tributaria solicito al SEGIP la direccion de su domicilio, institucion que informo la misma direccion que fue descrita en el memorial de 22 de junio, asimismo, sustento que la notificacion del acto impugnado resultaría irregular, toda vez que el Aviso de Visita fue realizado el dia sabado 30 de junio y la representacion y posterior

 

ÂUTORIDAD ftEGI0NAL DE

ÎàlPUGNAClox TnlBUTARlA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

 

notificacion fue realizada en la misma fecha, siendo que la Resolucion Administrativa N• 231730000004 no habilita a todas las oficinas del ente recaudador y menos a su Gerente

 

Indico que la Administracion Tributaria solicito informacion al Gobierno Autonomo Municipal referida a planos y documentos de division de propiedad honzontal, los cuales resultan ser los mismos que fueron presentados en diferentes oportunidades por su persona, sin embargo, no fueron utilizados, intentando retrotraer datos a partir de las minutas de venta proporcionadas por notarias, incurriendo en error, al no corroborar sus datos con las respectivas resoluciones, llegando a obtener un total de metros cuadrados que difiere con la realidad de la documentacion aprobada y la fisicamente existente, añadio que el Servicio de Impuestos Nacionales no analizo ni valoro la documentacion presentada

 

Expreso que para el proœso de remate, erogo gastos al inmueble con participacion del Banco Union que no fueron considerados por la Administracion Tributaria, ademas que en reiteradas ocasiones solicito al SIN, su apersonamiento al juzgado donde se Ilevo a œbo el proœso de remate que a la fecha sigue vigente, sin embargo, no dieron curso a su solicitud, de esta manera no resulta posible determinar un adeudo sobre base cierta ni base presunta, siendo que al exister un proceso judicial no concluido, no se puede establecer el valor ni la utilidad, hecho que demuestra que la determinacion resultaria viciada e incoherente, ante dicha prueba el ente recaudador no emitio una analisis ni valoracion, aseverando ser irrelevante acudir al juzgado

 

Afirmo que la Administracion Tributaria solicito informacion a Derechos Reales, sin embargo los folios emitidos expresan la superficie total construida individualizada por departamento, parqueo, baulera, etc , por lo que no resulta cierta la afirmacion del SIN de extraer la informacion de la superficie comun de los folios de derechos reales, por lo que las tablas expuestas resultarian incoherentes y establecerian que la determinacion, fue realizada sobre base presunta, maxime cuando dicha informacion fue procesada con la finalidad de involucrarle en la construccion, pese a que el mismo ente recaudador determino que su persona no construyo el inmueble

 

Argumento que a pesar de obtener datos de su propia entidad, la Administracion Tributaria no considero los gastos informados, alegando que los mismos no cumplen con la condicion de ser necesarios para la obtencion de la utilidad gravada, aspecto que demuestra que oriento su determinacion a la construccion del edificio y luego aterrizo en la venta habitual de

 

Pag 3 de 49

 

 

 

 

 

departamentos o bienes inmuebles, añadio que solicito, le indiquen cual seria su actividad gravada a efecto de poder descargar los gastos y poder obtener una utilidad para el IUE, por lo que solicito pronunciamiento respecto al detalle de obligaciones tributarias, declaraciones juradas, plazos, compras vinculadas que pudiera descargar

 

Expreso que no fue probado en las hojas de trabajo o de la informacion recolectada, que se constituye en una empresa regular o irregular, sociedad o unipersonal, siendo que por el contrano la informacion de derechos reales acredita que los departamentos son de propiedad de una persona natural, por lo que la Administracion Tributaria no podria cobrar un impuesto a la utilidad por la venta de departamentos, acoto que el argumento para determinar un impuesto a la utilidad, radica en que una empresa vendio los terrenos de una persona natural, empero dicha accion constituiría en una labor de intermediacion de venta mas no de propietaria

 

Puntualizo que la Administracion Tributaria, determino deuda por el IUE en su contra, aplicando la normativa juridica prevista para una sociedad comercial o una empresa unipersonal, omitiendo aplicar el procedimiento de determinacion del IUE previsto para las personas naturales establecido en el inciso c) del articulo 3 del Decreto Supremo N• 24051, hecho que ocasiona perjuicio, al no reconocer la calidad de persona natural y acredita que la determinacion de la base imponible del IUE resulta indebido y contrario a la normativa juridica aplicable a las personas naturales, por lo que los actos estarían viciados y carecerian de fundamento y motivacion valida entre los hechos fiscalizados y la normativa juridica aplicada

 

Expuso que no se constituye en una empresa o persona que se dedique de forma habitual a la compra y venta de inmuebles, siendo que se vio forzada ante la circunstancia de tener que afrontar las contingencias emergentes del proceso ejecutivo en el que se adjudico un bien inmueble que hasta la presente fecha se encuentra en litigio, sin embargo dicho extremo no fue descrito en la Vista de Cargo ni en la Resolucion Determinativa, asi como tampoco determino la razon o la norma legal que establece, el pago de impuestos a la utilidad por la venta de bienes adjudicados, por lo que el acto impugnado carece de la debida fundamentacion y motivacion que exprese los elementos facticos y los cnterio de aplicacion de la norma

 

Expuso que para adquirir la condicion de sujeto pasivo, resulta necesario la habitualidad en la venta de bienes, la cual debio calificarse ponderando la naturaleza, cantidad y frecuencia

 

Pag 4 de 49

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

IMPUGNACION Tni6UTAnlA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

 

de la venta, a efecto de establecer si el proposito fue adquirir el bien para su uso propio y no para lucrar con su reventa, empero la Administracion Tributaria no determino su condicion de comerciante habitual, siendo que cuenta con procesos judiciales por la venta de departamentos efectuada por la imposibilidad material de tomar posesion del inmueble, aspecto que no fue valorado por la Administracion Tributaria Añadio que el IUE grava la venta habitual de bienes, pero no asi la de bienes inmuebles, ademas que la venta de los departamentos no fue un negocio empresarial

 

Denuncio que en la fiscalizacion, fue emitida por el SIN, una liquidacion sin respaldo tecnico jurídico, asimismo, sostuvo que la entidad recurrida no señalo la base imponible utilizada para el calculo de la obligacion reparada, en contradiccion con el articulo 50 de la Ley N• 843, por otra parte, indico que la Administracion Tributaria no contaba con la informacion necesaria para determinar el adeudo tributario, forzando la extension superficial a su criterio de 13.090,60 m2, siendo lo correcto 12.176,77 m2, dato que fue presentado como descargo, ademas, en la pagina 13 de la Vista de Cargo, el ente recaudador asevero que prorrateo la superficie comun en funcion a la superficie privada, presuncion que fue realizada a su criterio, por cuanto existen superficies mayores y menores no relacionadas ni proporcionales a las diferentes superficies detalladas, surgiendo una superficie total de 2.597,89m2, dato arrastrado al cuadro de la pagina 14 de determinacion de costos, obteniendo un valor erroneo de Bs654 900,23, asumido en la estimacion de la base imponible, por lo que los actos administrativos, no exponen la base imponible cierta y fundamentada, utilizada para la determinacion del IUE, vulnerando el articulo 96 de la Ley N• 2492 (CTB)

 

Expreso que el SIN, señalo la inexistencia de incumplimientos a deberes formales, empero de forma contradictoria e inconsistente determino deuda tributaria por el IUE, señalando ademas que no su persona no efectuo su inscripcion en el padron de contribuyentes y que no pago la obligacion tributaria, siendo que la venta de inmuebles solo se encuentra gravado por el impuesto a la transferencia, aspecto que no fue aclarado hasta el momento por parte del ente recaudador

 

Manifesto que las facultades de la Administracion Tributaria respecto a las obligaciones tnbutanas de la gestion 2009 prescribieron el 31 de diciembre de 2016, asimismo preciso que la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa al rechazar la solicitud de prescripcion sin establecer las fechas de computo y la correcta aplicacion de la normativa juridica u otros razonamientos de interrupcion, viola flagrantemente la normativa tributaria, la jurisprudencia

 

Pag 5 de 49

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir |ach’a kamani (‹t+, Mana tasaq kuraq kamachiq (q erh«a

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñiomita mbaerepi Vae (cua n

 

 

 

 

 

constitucional, el debido proceso y la obligacion de fundar las resoluciones, añadió, que corresponde aplicar el termino de prescripcion de 4 años establecido en la Ley N° 2492 (CTB) y la ampliacion de 2 años por falta de inscripcion establecido en la Ley N’ 812 de forma retroactiva por disposicion del artículo 123 de la Constitucion Politica del Estado (CPE) y el articulo 150 de la Ley N• 2492 (CTB), asimismo afirmo que no corresponde la suspension establecida en el articulo 62 de la Ley N• 2492 (CTB) al no emerger el presente proœso de una fiscalizacion

 

Argumento que la Administracion Tributaria, sef\aIo que la Orden de Verificacion no alœnza a la compra del edificio Santa Ana, empero de forma contradictoria, sostuvo que solamente alcanza a las ventas posteriores de los inmuebles en propiedad horizontal, hecho que no tiene cordura ni logica, toda vez que dicha excepcion, tambien recae en el proceso Iitigioso sobre cada uno de los inmuebles en propiedad horizontal al encontrarse vigente a la fecha, expuso que en la pagina 11 del acto impugnado, la Administracion Tributaria emitio el resultado de la venficacion con base en la informacion presentada por Derechos Reales, Notarias de Fe Pública y el Gobiemo Municipal, omitiendo la informacion y documentacion que fue proporcionada

 

Sustento que en el cuadro desarrollado a fojas 12 a 14 del acto impugnado, consigno al pie, que el dato de la superficie comun fue prorrateado en funcion a la superficie construida pnvada, empero, no señalo la verificacion de dichos datos en base a los documentos presentados cŁe division en propiedad horizontal y resoluciones ejecutivas aprobadas por la Alcaldia, alego la existencia de errores de calculo en el prorrateo realizado, señalando a manera de ejemplo que la baulera 8 de 7m2 tiene asignada una supeificie comun de 14 77m2, el parqueo 3 con supeificie de 12 50m2 tiene asignada una supeificie comun de 95 24m2, el departamento 3D con supeificie de 162 95m2, tiene asignada una superficie común de 14 53m2, asimismo, los departamentos 8A y 10A con superficies de 192 42m2 tiene asignadas superficies œmunes diferentes de 18 95m2 y 12 29m2, errores de calculo que fueron arrastrados a la tabla de determinacion de costo, evidenciando una asignación sin criteno tecnico que invalida la Iiquidacion de la deuda tributaria

 

Manifesto que la Administracion Tributaria puntualizo, la falta de respaldo de los gastos costos vinculados al proceso de construccion y venta de bienes omitiendo atender la solicitud de

señalamiento, de la actividad gravada para la venta de inmuebles asi como los gastos y

 

 

Pag 6 de 49

 

AUTORIDAD REGIONAL DE tNPUGNACl0N TRIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

costos que estarían vinculadas con ella, y no asi la pretendida forzada inscripcion que el SIN pretende como constructiva

 

Afirmo que otro error incurrido por la Administracion Tnbutaria, advirtio al considerar un valor de 13.090,60 m2 como superficie construida, siendo la correcta una superficie de 12.176,77m2, dato que fue aprobado por el Gobierno Municipal y registrado en los planos presentados y el registro de propiedad horizontal, asimismo, expuso que la supeificie comun tomada para las sumatorias en la Vista de Cargo, no fue vendida dentro de un tramite de transferencia de bienes inmuebles, conforme se advierte en las minutas de transferencia, de igual manera, señalo que la informacion proporcionada por Derechos Reales, no identifica la superficie comun

 

Expuso que el calculo de la superficie comun en regimen de propiedad horizontal, no puede calcularse por plantas o pisos como erroneamente efectuo el SIN, sino sobre la totalidad de las areas comunes existentes en todos los pisos de la edificacion, requisito minimo que el Gobierno Municipal exige para la presentacion de planos que contengan datos de superficies construidas, ideal, comun, etc al momento de realizar aprobaciones

 

Puntualizo que la Administracion Tributaria sostuvo como perfeccionada la transferencia del dominio de los inmuebles, cuando mediare contrato de compraventa y siempre que se otorgue la posesion, no obstante, explico que la posesion data desde el 2005 y 2006, demostrando que no existio forma ni procedimiento que compruebe la posesion en la gestion 2009, siendo que la posesion se constituye en una condicionante del articulo 41 de la Ley N° 843, aspecto que vicia de nulidad la Resolucion Determinativa al considerar como base imponible para la gestion 2009, ventas que no se perfeccionaron durante dicha gestion

 

Por lo expuesto, solicito la nulidad de la Resolucion Determinativa N• 171830000457 de 28 de junio de 2018 o en su defecto la revocatoria total

II 2 Auto de Admision                                                                                                                                      

El 26 de julio de 2018, esta Autoridad Regional de Impugnacion Tributaria Cochabamba,

emitio el Auto de Admision EXPEDIENTEARIT-CBA-0265/2018, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Carmen Rocio Reyes Rojas, contra la Resolucion Determinativa N• 171830000457 de 28 de junio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 75 del expediente administrativo)

 

Pag 7 de 49

 

 

 

 

 

 

 

II 3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acredito la Resolucion Administrativa de Presidencia N• 031700001415 de 29 de septiembre de 2017 (fojas 79-80 del expediente administrativo), por memorial presentado el 20 de agosto de 2018 (fojas 81-101 del expediente administrativo), respondio el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos

 

Que, la finalidad de la notificación es dar a conocer la participacion dentro de un procedimiento tributario, siendo que al no poder cumplir con la notificacion personal, el funcionario actuante efectuo la notificacion por cedula, apersonandose al domicilio registrado en el SEGIP, dejando el aviso de visita a una persona mayor de dieciocho años (vecino), efectuando la representacion jurada de las circunstancias y hechos ocurridos, para finalmente solicitar a la autondad de la Administracion Tributaria, la instruccion para la notificacion por cédula, cumpliendo lo establecido en el articulo 85 de la Ley N• 2492 (CTB), por lo que no fue vulnerado el derecho a la defensa y seguridad juridica, mas aun cuando la sujeto pasivo intervino dentro la fiscalizacion, solicitando ampliacion del plazo para presentar la documentacion solicitada, presentando descargos a la Vista de Cargo e interponiendo el presente Recurso de Alzada, cumpliendo las notificaciones su finalidad

 

Manifesto que la Resolucion Administrativa N• 231730000004 habilito al servidor publico para efectuar notificaciones en dias y horas inhabiles, asimismo el hecho de efectuar la visita a horas 16.00 y posteriormente notificar por cedula a horas 17.30 no constituye vulneracion a derecho, siendo que como Administracion Tributaria cumplio el procedimiento establecido en el articulo 85 de la Ley N• 2492 (CTB), el cual no determina un plazo para cumplir con la representacion y la notificacion mediante cedula a efecto de establecer una posible nulidad

 

Señalo que conforme a la Resolucion Administrativa de Presidencia N• 03-0393-16 fue designada Karina Paula Balderrama Espinoza como Gerente Distrital Cochabamba, por lo que conforme al inciso c) del articulo 5 de la Ley N• 2027, concordante con el inciso c) del artículo 12 del Decreto Supremo N• 25749, su competencia es legitima, plena y suficiente, encontrandose habilitada no solo los dias habiles, sino tambien posee competencia para actuar y representar a la Gerencia Distntal Cochabamba independientemente que sean dias inhabiles o feriados, sin requenr ninguna Resolucion Administrativa

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

INeusxAciox TniauTAniA

Estado PIurinacional de Bolivia

 

Indico que conforme al paragrafo I del articulo 43 de la Ley N• 2492 (CTB), conto con informacion que le permitio conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tnbuto, no correspondiendo lo alegado por la recurrente, maxime si formo parte activa y tuvo la oportunidad de desvirtuar el cargo y expresar una incorrecta utilizacion del metodo de determinacion, presentando documentacion valida y suficiente, no obstante, en el presente caso el sujeto pasivo no aporto prueba alguna

 

Preciso que de la revision y analisis de la documentacion y los papeles de trabajo, realizo diferentes tareas y obtuvo informacion para sustentar la determinacion sobre Base Cierta, solicitando documentacion a la sujeto pasivo, al Gobierno Autonomo Municipal de Cochabamba y al Registrador de Derechos Reales, obteniendo ademas, reportes del sistema SINAREP WEB – Folio Real, logrando identificar las superficies construidas, informacion que fue cotejada con la consignada en la Resolucion Ejecutiva Municipal, la proporcionada por Derechos Reales y Notarias de Fe Publica, para la determinacion de las transferencias de los bienes inmuebles

 

De igual manera, expuso que fueron adquiridos e identificados los numeros de Escrituras Publicas y/o Testimonios de Transferencias, los cuales proporcionaron la ubicacion de los inmuebles, la fecha e importe de las transferencias, pago de impuestos y la identificacion de los compradores, por otra parte, a traves de su base de datos, establecio que si bien existirian facturas de compras emitidas a nombre de la recurrente, empero no pudo establecer su vinculacion con la actividad gravada

Argumento que solicito informacion a la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI), obteniendo como resultado que la sujeto pasivo posee cuentas solamente en el Banco Bisa S A y el Banco Union S A , aclarando que en los extractos bancarios, no advirtio informacion suficiente que respalde, si los movimientos bancarios estaban vinculados directamente a la venta de inmuebles, por tanto, la solicitud referida previamente, fue realizada en aplicacion de las facultades de control, verificacion, fiscalizacion e investigacion, con la finalidad de verificar su relacion con la venta de inmuebles, lo que no implica violar el derecho a la privacidad Añadio que la informacion obtenida, permitio elaborar el detalle de fraccionamiento del edificio Santa Ana, logrando identificar los inmuebles transfendos en la gestion 2009 y conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, demostrando fehacientemente el perfeccionamiento de las transferencias de los bienes inmuebles

 

Pag 9 de 49

 

 

 

 

 

 

Afirmo que demostro y fundamento, que la recurrente seria sujeto pasivo del IUE, al realizar operaciones de coordinacion de factores de produccion para la adquisicion y posterior venta de departamentos, parqueos, bauleras, almacenes y/o locales comerciales, verificando que el registro propietario del Edificio Santa Ana se encuentra a nombre de la sujeto pasivo, la cual obtuvo utilidades que son de fuente boliviana por la venta de inmuebles, actividad que se adecua a la definicion del precepto normativo establecido en el articulo 36 de la Ley N• 843, verdad matenal y realidad economica que no fue desvirtuada por la recurrente

 

Expreso que la actividad realizada por la sujeto pasivo al revestir del caracter prioritario de venta, traduce su caracter comercial por sobre el caracter de construccion, motivo por el cual se sujeta al IUE, de esta manera, la Vista de Cargo especifico su alcance, refiriendo a la obligacion de declarar su actividad como generadora de utilidades y por el precepto constitucional de capacidad contributiva correspondio su inscripcion

 

Señalo que la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa se ajustaron a los principios de verdad material y realidad economica, toda vez que se considero la informacion y documentacion proporcionada por las Notarias de Fe Publica, determinando ingresos no declarados por la venta de bienes inmuebles, estableciendo una habitualidad, por lo que correspondio a la recurrente desvirtuar con prueba, los elementos, hechos y fundamentos establecidos, lo que no ocurrio en el presente caso, toda vez que no presento documentacion que contrarreste o se anteponga a la determinacion efectuada

 

Afirmo que a pesar de la falta de presentacion de documentacion de respaldo de los costos y/o gastos realizados, por parte de la recurrente, obtuvo de la Notaria de Fe Publica, la Escntura Publica N• 100 de compra del edificio “Santa Ana”, demostrando el cumplimiento de la condicion necesaria para la obtencion de la utilidad gravada, por lo que fue considerado como costo y/o gasto el valor de la compra del inmueble, el cual fue prorrateado en funcion a los metros cuadrados de la superficie construida, multiplicado por los metros cuadrados efectivamente vendidos, por lo que no corresponde la peticion de un metodo de determinacion sobre base presunta

 

Indico que la Administracion Tributaria al otorgar el plazo de 30 dias al sujeto pasivo para presentar todos los documentos y pruebas que hagan a su derecho, precautelo el derecho a la defensa y al debido proceso, asimismo, señalo que la documentacion presentada fue

 

 

Pag 10 de 49

 

íMPUGNAClox TnIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

analizada y valorada, concluyendo que la misma resultaría insuficiente, no pudiendo

desvirtuar el metodo de determinacion sobre base cierta y menos los reparos establecidos

 

 

Explico que los procesos judiciales abiertos, no revisten importancia tributaria real, señalando que la figura de doble imposicion argumentada por la sujeto pasivo, no resulta correcta, por cuanto el hecho generador y el objeto de cada impuesto resultan diferentes, finalmente puntualizo que el hecho de cancelar el Impuesto a las Transacciones, no implica cumplimiento de la obligación gravada del IUE, por lo que la Resolucion Determinativa cumplio con los requisitos minimos para su validez

 

Expuso que le corresponde como Administracion Tributaria, analizar la pertinencia o no de elaborar un acta por contravenciones tributarias, y que en el presente caso no se identificaron incumplimientos a deberes formales vinculados al procedimiento de determinacion, razon por la que no fue labrada acta alguna

 

Manifesto que la superficie vendida, estaria constituida por la superficie construida privada y comun, esta ultima tomada en cuenta, que forma parte del total de la superficie de propiedad horizontal, por lo que si guarda relacion matematica, menciono que la superficie comun fue prorrateada en funcion al total de la superficie construida privada, de esta manera la observacion de la sujeto pasivo resultaría a consecuencia, de que el area total de la superficie comun de los almacenes resultaría mayor al area total de la superficie comun de los departamentos del piso 8, al respecto, aclaro que los datos con los que trabajo, fueron extraídos de Derechos Reales, las Notarias de Fe Publica y el Gobierno Autonomo Municipal de Cochabamba, por lo que no existiría error en el calculo del prorrateo, resultando las alegaciones de la recurrente inconducentes, meramente dilatorias y superfluas

 

Por otra parte, refirio que la recurrente no estaria inscrita en el padron de contribuyentes, por lo que en consideracion al articulo 59 de la Ley N• 2492 (CTB), el termino de la prescnpcion se extendería a siete años, concluyendo que sus acciones no prescribieron, de igual forma, manifesto que tomando en cuenta las modificaciones realizadas al citado articulo, el termino de prescripcion seria de diez años, debiendo adicionarse tres años mas por la falta de inscripcion, y consecuentemente tampoco fue configurada la prescripcion

 

Acoto que el paragrafo I del articulo 62 de la Ley N• 2492 (CTB) no debe ser interpretado de forma aislada o individual, sino como parte del conjunto normativo contemplado en dicha Iey,

 

Pag 11 de 49

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (cámara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (c«

 

 

 

 

 

y tomando en cuenta que el procedimiento de fiscalizacion puede realizarse a traves de una Orden de Verificacion u Orden de Fiscalizacion, afirmo que la notificacion de ambos actos, suspende el computo de prescripcion conforme las Sentencias N• 351/2015, 013/2013 y 021/2013

 

Puntualizo que no fue vulnerado el principio de legalidad, por cuanto la Ley N° 2492 (CTB) seria una normativa de caracter especial, que concentra tanto la normativa sustantiva como adjetiva, resultando su aplicacion de cumplimiento obligatorio, correspondiendo considerar las modificaciones realizadas al termino de la prescripcion, de esta manera el computo de la prescripcion, no se configuro porque la Resolucion Determinativa, fue notificada el 30 de junio de 2018, añadiendo que la Ley N° 812 seria mas beneficiosa que las Leyes Nos 291 y 317, debiendo considerarse ademas, el articulo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y el articulo 123 de la Constitucion Politica del Estado (CPE)

 

Afirmo que la solicitud de anulabilidad, no tiene ningun fundamento de orden legal y de hecho, al no existir trasgresion a los principios fundamentales del debido proceso en su elemento del derecho a la defensa y menos cursaron actos administrativos que hayan prescindido del procedimiento establecido al efecto, por otra parte, refirio que tampoco existe elemento legal ni de hecho que permita presumir que tanto la Vista de Cargo como la Resolucion Determinativa, sean objeto de revocatoria

 

Por lo expuesto, solicito confirmar la Resolucion Determinativa N• 171830000457 de 28 de junio de 2018

 

II 4 Apertura de termino probatorio y produccion de prueba

El 21 de agosto de 2018, esta Autoridad Regional de lmpugnacion Tributaria Cochabamba, emitio el Auto de Apertura Termino de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0265/2018, disponiendo la apertura del termino de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicacion del articulo 218 inciso d) del Codigo Tributario Boliviano (CTB) (fojas 102 del expediente administrativo)

 

El 10 de septiembre de 2018 Karina Paula Balderrama Espinoza en representacion de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales ratifico en calidad de prueba los antecedentes administrativos acompañados al momento de responder el Recurso

 

 

Estado Plurinaciona I de Bolivia

 

 

Por su parte, Carmen Reyes Rojas mediante memorial de 11 de septiembre de 2018, ofrecio como prueba documental, el expediente administrativo presentado por el Servicio de Impuestos Nacionales a momento de responder al Recurso de Alzada (fojas 108 del expediente administrativo)

 

II 5 Alegatos

El 28 de septiembre de 2018 la Administracion Tributaria solicito audiencia publica de alegatos orales, la cual fue señalada para el dia 5 de octubre de 2018 conforme el Proveido ARIT-CBA-0265/2018, en dicha audiencia el ente recaudador indico que las notificaciones realizadas cumplieron su finalidad, aspecto advertido de la interaccion que tuvo la sujeto pasivo en el procedimiento de determinacion, sostuvo que la documentacion presentada por la recurrente, fue valorada en la Resolucion Determinativa y la Vista de Cargo de acuerdo a la sana critica establecida en el articulo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que la recurrente realizo una actividad comercial, al adquirir el Edificio no para vivienda, ni para su uso familiar sino para su venta, que corresponde considerar un termino de prescripcion de 8 años en aplicacion de la Ley N” 812, tomado en cuenta ademas, la ampliacion de 2 años por falta de inscripcion al padron y la suspension de 6 meses por la notificacion de la Orden de Verificacion, que el proceso conto con todos los elementos necesarios indubitables para la determinacion sobre base cierta, aclarando que no existieron errores e incongruencias en el calculo, al determinar los ingresos en base a la informacion de los testimonios y minutas de compraventa proporcionadas por las Notarias de Fe Publica, por lo que estas transferencias son indubitables, que el total de la superficie comun, fue prorrateada y funcion total de la superficie construida privada en metros cuadrados

 

En contrapartida, la sujeto pasivo en la referida audiencia de alegatos indico, que la Administracion Tributaria estaria aceptando los puntos no alegados, que no se considero que Carmen Reyes es una persona natural, por tanto el SIN, debio aplicar el procedimiento de obtencion de la base imponible del IUE para las personas naturales, que la Determinacion es indebida, al existir presunciones de por medio que modlficaron las superficies y que determinaron ingresos por encima de los que estan reportados en las minutas, que los hechos acaecidos en la gestion 2009, deben ser resueltos y juzgados con la normativa existente del 2009, la cual establece un plazo de prescripcion de 4 años que se ampliarian 2 años mas por falta de inscripcion, asimismo la Orden de Verificacion al no estar dentro las previsiones del articulo 62 de la Ley N’ 2492 (CTB), no suspende la prescripcion (fojas 120- 124 del expediente administrativo)

 

 

 

 

 

 

El 28 de septiembre de 2018 Carmen Reyes Rojas presento memorial de alegatos reiterando los argumentos planteados en su Recurso de Alzada, referidos a que la Administracion Tributaria notifico lo actos administrativos del proceso de determinacion en domicilios distintos, que la notificacion efectuada en dia y hora inhabil, resulta indebida y contraria al debido proceso, que no se valoro la prueba aportada, que la informacion de Derechos Reales no aporto informacion de las superficies comunes de los inmuebles, que existio ausencia de identificacion de la actividad gravada y la habitualidad en la venta de inmuebles, que existio una indebida aplicacion del procedimiento de determinacion del IUE para personas jurídicas, asi como presunciones a la hora de establecer la superficie total de cada inmueble, que los actos administrativos señalaron, la inexistencia de incumplimiento a deberes formales, empero contradictonamente, el SIN, manifesto, que como sujeto pasivo, no efectue la inscripcion en el padron, no declare ni pague el IUE, que el termino de prescripcion de 6 años inició el 1 de enero de 2011 y concluyo el 31 de diciembre de 201, y que no existiría un codigo de empadronamiento de la actividad de compra y venta de inmuebles (fojas 114-116 del expediente administrativo)

 

III       ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El 28 de diciembre de 2017, la Administracion Tributaria emitió la Orden de Verificacion N° 17300200057, a objeto de verificar todos los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas por la venta de bienes inmuebles en los penodos enero a diciembre de 2009 Asimismo, mediante Requerimiento N° 00124974 de 28 de diciembre de 2017, solicitó Extractos Bancarios, a su vez mediante anexo adjunto solicito Documentos de propiedad de inmuebles, planos aprobados de construccion y fraccionamiento, contratos suscritos de construccion, identificacion de las personas que efectuaron la construccion, contratos suscritos de bienes y/o servicios prestados a terceros, planillas de avance de obras, actas de entrega provisional y/o entrega definitiva, estado de

cuenta de sus clientes, medios probatorios de pago, extractos bancarios, documentos d propiedad de activos fijos, contratos y/o documentos por el alquiler de equipos y maquinaria, detalle de compras de bienes y servicios, fotocopia de inscripcion a FUNDEMPRESA, formulario de pagos a la seguridad social, taqetas catastrales de Derechos Reales, minutas de transferencia de los inmuebles vendidos, pre-ventas, reservas, formularios 430, presupuesto de costos global y/o estudio de costos de construccion por metro cuadrado, cualquier otra documentacion necesaria que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificacion (fojas 6 y 9-10 de antecedentes administrativos)

 

IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

El 2 de febrero de 2018 la sujeto pasivo presento memorial a la Administracion Tributaria, señalando la compra del edificio por la via del remate, encontrandose a la fecha en litigio, hecho que acreditaria, que no efectuo la construccion, asimismo dicha adquisicion suscito en la gestión 2005, por lo que transcumo mas de 13 años prescribiendo el derecho del Servicio de Impuestos Nacionales a realizar cualquier solicitud o reclamo, asimismo menciono que no correspondería aplicar las modificaciones al articulo 59 de la Ley N• 2492 (CTB), consecuentemente las facultades de determinacion por las gestiones 2009, 2010 y 2011 prescribieron, finalmente preciso que no ejercio actividad economica direccionada al rubro de la construccion sujeta a la fiscalizacion solicitada, por lo que solicito el cierre del proceso y consiguiente archivo de obrados (fojas 21-22 de antecedentes administrativos)

 

El 8 de febrero de 2018, la Administracion Tributaria emitio una nota de respuesta a la solicitud efectuada por Carmen Rocio Reyes Rojas, señalando que dispone de amplias facultades de control, verificacion, fiscalizacion e investigacion, por lo que comunicara los resultados de las actuaciones de control, verificacion, fiscalizacion e investigacion, asi como el analisis y valoracion de los argumentos expuestos en su solicitud, a traves del acto administrativo que corresponda (foja 77 de antecedentes administrativos)

 

El 15 de febrero de 2018, la Administracion Tributaria solicito a Carmen Rocio Reyes Rojas informacion documentada del origen de los depositos recibidos y el destino de los retiros realizados de las cuentas N• 10000002089725 del Banco Union y N• 107600-001-4 del Banco Bisa SA, asimismo requirio la presentacion de una certificacion y/o documentos que acrediten el estado en que fue adquirido el inmueble (foja 1473 de antecedentes administrativos)

 

El 2 de marzo de 2018 la recurrente presento nota señalando que el 2 de febrero de 2018 solicito la prescripcion de las facultades del ente recaudador, y que lo requerido por el SIN en el parrafo previo, vulneraria el derecho a la privacidad y que la observacion realizada, motivo el juicio que a la fecha sigue vigente, por lo que la peticion aludida, resultaría infundada, pudiendo ser obtenida del juzgado en el que se efectuo la venta judicial

 

En respuesta a lo expuesto anterior, la Administracion Tributaria emitio nota el 7 de marzo de 2018 reiterando que dispone de amplias facultades de control, verificacion, fiscalizacion e investigacion, por lo que comunicara los resultados de las actuaciones de control, verificacion, fiscalizacion e investigacion, asi como el analisis y valoracion de los argumentos expuestos

 

 

 

 

 

 

en su solicitud, a través del acto administrativo que corresponda (fojas 1475-1477 de antecedentes administrativos)

 

El 7 de mayo de 2018, la Administracion Tributaria emitio la Vista de Cargo N• 291830000074, liquidando previamente el adeudo tributario sobre Base Cierta por un total de UFVs 1.026.516, equivalentes a Bs2 318 602 importe que incluyo el tributo omitido actualizado (IUE), intereses y la sancion por la calificacion preliminar de la conducta, otorgandole al sujeto pasivo 30 (treinta) días para formular descargos y presentar prueba Acto notificado personalmente a la sujeto pasivo el 24 de mayo de 2018 (fojas 1677-1697 y 1701 de antecedentes administrativos)

 

El 22 de junio de 2018, Carmen Rocio Reyes Rojas presento memorial ante la Administracion Tributaria señalando que la Vista de Cargo reconoce la inexistencia de incumplimientos a deberes formales, aclaro que se constituye en una profesional liberal, que no se identifico la norma por la cual correspondía su inscripcion, no califico con claridad la conducta sujeta a la obligacion ni la Iey que la regula, que la obligacion de la gestion 2009 se encuentra prescrita y que no se dio respuesta al fondo de la prescripcion solicitada, rechazandola sin establecer las fechas de computo u otros razonamientos de interrupcion, que no efectuo la construccion del edificio al ser adquirido mediante remate, que existen contradicciones en la Vista de Cargo, que la venta del bien adquirido en subasta no estaria gravado con otro impuesto que no sea el IT, que se declaro la enajenacion de los inmuebles, al realizar el pago del 3% correspondiente al Impuesto a la Transferencia, que no existe normativa que grave el IUE a la venta de bienes inmuebles, que no resulta irrelevante tomar en cuenta el proceso litigioso, ya que el mismo se multiplica y recae sobre cada subdivision, que los instrumentos utilizados en el acto son inciertos y presumidos, por lo que resulta erronea la aplicacion del metodo de determinacion sobre base cierta, que en la determinacion no se considero la documentacion e informacion proporcionada (fojas 1710-1719 de antecedentes administrativos)

 

El 28 de junio de 2018 la Gerencia Distntal Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitio la Resolucion Determinativa N° 171830000457, determinando de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de UFVs 1.033.181, equivalentes a la fecha de emision de la Resolucion a Bs2 343 740, correspondiente al tributo omitido actualizado (IUE), intereses y sanción por omision de pago por la gestion fiscal concluida a diciembre de 2009, asimismo, califico la conducta del sujeto pasivo como Omision de Pago, aplicando una sancion equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de

 

IMPLIGNACION  TRIBIJYAnIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

 

vencimiento, otorgando el termino de veinte (20) dias a partir de su notificacion para depositar la totalidad de la deuda tributaria, bajo conminatoria de ejecucion tnbutaria en caso de incumplimiento Acto notificado mediante cedula el 30 de junio de 2018 (fojas 1825-1872 y 1878 de antecedentes administrativos)

 

IV      FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Conforme a lo expuesto en el articulo 211 paragrafo I del Codigo Tributario Boliviano (CTB), esta instancia recursiva ingresara a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, aclarando que planteo para el analisis tecnico jurídico 1) Que las notificaciones realizadas no son validas por estar viciadas de nulidad, 2) Incongruencia en la determinacion por falta de la comision de contravenciones por incumplimiento a deberes formales, 3) Falta de fundamentacion de la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa, 4) Prescripcion de la facultad de determinacion de la Administracion Tributaria, y 5) Que el IUE no grava las ventas de inmuebles

 

IV 1 Validez de las notificaciones

La recurrente señalo que la fiscalizadora tuvo conocimiento que su persona radica en la ciudad de Santa Cruz a traves de conversaciones telefonicas, sin embargo, la Orden de Verificacion y la Vista de Cargo fueron notificados en la Calle Crisostomo Carrillo, la solicitud de documentacion en la Calle Tajibos s/n (sin corresponder dichas direcciones a los datos proporcionados por SEGIP) y la Resolucion Determinativa en la avenida America esquina Adela Zamudio, domicilio en el que nunca llego a habitar, asimismo, acoto que el Aviso de Visita fue dejado para las 16.00 del sabado 30 de junio, empero la notificacion fue realizada recien a las 17.30 en un negocio cerrado, circunstancias por las que fue devuelta la notificacion por el representante de copropietarios, hecho que no cursaria en los antecedentes administrativos correspondientes, por lo que las notificaciones se encontrarían viciadas de nulidad, al afectar el debido proceso

 

Adicionalmente, afirmo que la Administracion Tributaria solicito al SEGIP, la direccion de su domicilio, institucon que informo la misma direccion que fue descrita en el memonal de 22 de junio, asimismo, la notificacion del acto impugnado resultaría irregular, toda vez que el Aviso de Visita fue realizado el dia sabado 30 de junio y la representacion y postenor notificacion fue realizada en la misma fecha, siendo que la Resolucion Administrativa N• 231730000004 no habilitaria a todas las oficina del ente recaudador y menos a su Gerente

 

 

 

 

 

Por su parte, el Servicio de Impuestos Nacionales preciso que al no poder cumplir con la notificacion personal, el funcionario actuante practico la notificacion por cedula cumpliendo lo establecido en el artículo 85 de la Ley N• 2492 (CTB), por lo que no fue vulnerado el derecho a la defensa y seguridad juridica, mas aun cuando la sujeto pasivo intervino en el proceso de fiscalizacion, solicitando ampliacion del plazo para la entrega de la documentacion solicitada, presentando además descargos a la Vista de Cargo e interponiendo el presente Recurso de Alzada, advirtiendo de esta manera, que las notificaciones cumplieron su finalidad

 

Manifesto que la Resolucion Administrativa N• 231730000004 habilito al servidor publico para efectuar notificaciones en dias y horas inhabiles, asimismo, expreso que el hecho de efectuar la visita a horas 16.00 y posteriormente notificar por cedula a horas 17.30 no constituye ninguna vulneracion, siendo que el articulo 85 de la Ley N• 2492 (CTB) no determina un plazo para cumplir con la representacion y la notificacion mediante cedula a efecto de establecer una posible nulidad, asimismo la competencia de la Gerente Distrital Cochabamba resultaría legitima, plena y suficiente, encontrandose habilitada no solo los dias habiles, sino tambien posee competencia para actuar y representar a la Gerencia Distrital Cochabamba independientemente que sean dias inhabiles o feriados, sin requerir ninguna Resolucion Administrativa

 

Expuesto los argumentos de la partes, corresponde indicar al respecto, que de acuerdo a Manuel Ossono, la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parfe interesada en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Politicas y Sociales, Pag 489)

 

Asimismo, cabe anotar que la junsprudencia constitucional sostiene que el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relacion juridica tnbutaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes púedan cumplir con alguna obligacion establecida o para ejercer su derecho de defensa, asi lo ha entendido el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N‘ 1845/2004R, que establece “que el conocimiento real y efectivo de la comunicación

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión, sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda noüficación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con

 

IHPusx‹ciox Tniau  xi‹

Estado Plurinacional de Bolivia

 

stu finalidad(hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida” Aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R

 

A su vez, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que “( ) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los óefecfos procedimentales provoquen inóefensién malena/ a la parte procesal qtze los denuncia y sea determinante para la decisión ( )” En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oido, ala defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa

 

Consecuentemente, debemos señalar que para que pueda considerarse la indefension dentro de un procedimiento administrativo, el administrado debia estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, motivo por el cual, no podria asumir su defensa, por lo que esta instancia verificara las notificaciones realizadas a fin de comprobar si se coloco en indefension al sujeto pasivo de la obligacion

 

De acuerdo a la norma, el paragrafo II del articulo 115 de la Constitucion Politica del Estado (CPE) garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con los numerales 6 y 7 del articulo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), que establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitacion de los procesos tributarios, en los que sea parte interesada, a traves del libre acceso a las actuaciones y documentacion que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal, o a traves de terceros autorizados, ademas a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberan ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente Resolucion

Por su parte, el articulo 2 paragrafo III de la Ley N• 812 de 30 de junio de 2016, modifico  el articulo 83 de la Ley N’ 2492 (CTB), con el siguiente texto Los actos y actuaciones

de la Administracion Tributaria se notiflcaran por uno de los siguientes medios 1 Por medios electronicos, 2 Personalmente, 3 Por Cedula, 4 Por Edicto, 5 Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo publico o privado o por sistemas de comunicacion electronicos, 6 Tacitamente, 7 Masiva, 6 En Secretaria

 

 

 

 

 

Asimismo, la normativa referida previamente establecio que es nula toda notificacion que no se ajuste a las formas anteriormente descritas, con excepcion de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicaran en dias y horas habiles administrativos, de oficio o a pedido de parte, siempre por motivos fundados, a autondad administrativa competente podra habilitar dias y horas extraordinarios

 

Por su parte, el articulo 85 de la Ley N’ 2492 (CTB) determina que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejara Aviso de Visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en el, o en su defecto, a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que sera buscado nuevamente a hora determinada del dia habil siguiente, si en esta ocasión, tampoco pudiera ser habido, se formulara representacion jurada de las circunstancias y hechos anotados, en merito de los cuales la autoridad de la respectiva Administracion Tributaria instruira se proceda a la notificacion por cedula, la misma que estara constituida por copia del acto a notificar y sera entregada en el domicilio del que debiera ser notificado, a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fìjada en la puerta de su domicilio, con intervencion de un testigo de actuacion que tambien firmara la diligencia

 

Compulsando los anteædentes administrativos, se tiene que la Administracion Tributaria a efecto de notificar la Orden de Verificacion N• 17300200057 y el Requerimiento de documentacion N• 00124974, ante la falta de inscripcion de Carmen Rocio Reyes Rojas en los registros tributarios, recurrio al Sistema informatico del Servicio General de Identificacion Personal (SEGIP), obteniendo el reporte cursante a fojas 8 de anteædentes administrativos, advirtiendo del mismo, que la recurrente declaro ante dicha institucion, como domicilio la Calle JC Carrillo N• 631 Zona Muyurina, y que en dicho lugar, el funcionario actuante, en cumplimiento al articulo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) dejo el Aviso de Visita a la vecina, efectuo la representacion jurada de la actuacion y posteriormente practico la notificacion por œdula fijando copia del acto en la puerta del domicilio

 

Ante dicha actuacion, la recurrente dentro el plazo otorgado en el Requerimiento de documentacion N• 00124974, presento nota el 15 de enero de 2018 señalando que tuvo conocimiento extraoficial de la notificacion efectuada, y que el domicilio considerado por el SIN, no seria de su propiedad ni se constituye en su domicilio legal, por Io que solicito la ampliacion del plazo por veinte dias En respuesta, la Administracion Tributaria emitio el Auto N• 251830000011 disponiendo la ampliacion del plazo por cinco dias habiles, computables a partir de su notificacion, la cual fue efectuada mediante cedula el 26 de enero de 2018,

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

IuPusxAciox Tniau AniA

Estado Plurinaciona I de Bolivia

 

dejando el Aviso de Visita a la hermana de la recurrente, en el domicilio ubicado en la Calle JC Carrillo N• 631 Zona Muyurina, efectuando la representacion jurada de la actuacion y posteriormente, fijando copia del acto en la puerta del inmueble (fojas 15 y 16-19 de antecedentes administrativos)

 

Motivo por el cual, Carmen Rocio Reyes Rojas dentro el plazo otorgado para el cumplimiento de lo requerido por la entidad recurrida, presento memorial ante la Administracion Tributaria, señalando que la compra del edificio fue realizada por la via del remate, encontrandose a la fecha en litigio, hecho que acreditaria, que no efectuo la construccion y que su adquisicion, se suscito en la gestion 2005, por lo que transcurrio mas de 13 años, prescribiendo el derecho del Serviclo de Impuestos Nacionales a realizar cualquier solicitud o reclamo, asimismo, ese momento alego que no corresponde aplicar las modificaciones al articulo 59 de la Ley N’ 2492 (CTB), consecuentemente las facultades de determinacion por las gestiones 2009, 2010 y 2011 prescribieron, finalmente, preciso que no ejercio actividad economica direccionada al rubro de la construccion sujeta a la fiscalizacion solicitada, por lo que solicito el cierre del proceso y consiguiente archivo de obrados (fojas 21-22 de antecedentes administrativos)

 

De igual manera, se advierte que la Vista de Cargo N” 291830000074 de 7 de mayo de 2018, fue notificada mediante cedula el 24 de mayo de 2018 en el domicilio ubicado en la Calle JC Carrillo N• 631 Zona Muyurina, para lo cual el funcionario actuante, dejo el Aviso de Visita a la vecina, efectuando la representacion jurada de la actuacion, fijando copia del acto en la puerta del inmueble y aperturando el termino de treinta (30) dias para la presentacion de descargos, plazo en el que la recurrente presento memorial y documentos de descargo, objetando aspectos de forma y fondo de la determinacion realizada (fojas 1677-1701 y 1710- 1784 de antecedentes administrativos)

 

Ahora bien, del analisis de los antecedentes expuestos precedentemente, inicialmente se advierte que la Administracion Tributaria a efecto de notificar la Orden de Verificacion, el Requerimiento de Documentacion y la Vista de Cargo, cumplio con el procedimiento de notificacion por Cedula, establecido en el articulo 85 de la Ley N’ 2492 (CTB), dejando los Avisos de Visita a la vecina y hermana de Carmen Rocio Reyes Rojas, efectuando la representacion jurada pertinente, al no poder encontrar por segunda vez a la recurrente y fijando el acto y la cedula en la puerta del inmueble

 

 

Pag 21 de 49

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, dichos actos administrativos fueron notificados por el SIN en la cølle JC Cørrillo N• 631 Zonø Muyurinø, domicilio declarado por Carmen Rocio Reyes Rojas al Servicio General de Identificacion Personal (SEGIP) y obtenido del Sistema informatico de dicha institucion, la cual resulta encargada del registro y la identificacion de los ciudadanos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, resultando un domicilio valido en consideracion a la falta de inscripcion en el Padron de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales

 

Adicionalmente, corresponde señalar que si bien la recurrente mediante notas presentadas a la Administracion Tributaria, señalo que el domicilio objeto de las notificaciones, no seria de su propiedad, no obstante, la mismas, practicadas en la direccion calle JC Carnllo N° 631 Zona Muyurina aseguraron el conocimiento real y efectivo de las actuaciones y los actos notificados, el derecho a la defensa de la recurrente y su derecho a conocer y participar del proceso administrativo seguido en su contra, es decir, la notificacion cumplio su fin, de poner en conocimiento del sujeto pasivo las actuaciones Ilevadas a cabo por la Administracion Tributaria

 

Por cuanto de la compulsa de los antecedentes descritos de forma previa, se advierte una participacion activa de Carmen Rocio Reyes Rojas en la sustanciacion del procedimiento de determinacion, solicitando la ampliacion del plazo al requerimiento y presentando objeciones, alegaciones y documentos de descargo a la determinacion practicada, por Io que no se advierte la indefension denunciada por la recurrente, correspondiendo desestimar la nulidad de las notificačiones realizadas, reclamada en el presente Recurso de Alzada por Carmen Rocio Reyes Rojas, al cumplir las mismas con su finalidad

 

Por otra parte, con relacion a la Resolucion Determinativa N• 171830000457, corresponde precisar que de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el citado acto fue notificado mediante cedula el 30 de junio de 2018 en el domicilio ubicado en la avenida America esquina Adela Zamudio S/N, para Io cual el funcionano actuante se constituyo el 29 de junio de 2018 en dicho inmueble, empero al no encontrar a Carmen Rocio Reyes Rojas, dejo el correspondiente Aviso de Visita al conseqe del edificio, señalando que seria buscada nuevamente el 30 de junio de 2018, fecha en la cual, conforme a la representacion jurada no fue encontrada por segunda vez, por Io que el servidor publico solicito la instruccion para efectuar la notificacion por cedula, efectuandola el mismo 30 de junio de 2018, fijando copia del acto en la puerta del inmueble descnto

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

II¥IPUGNACI0N  TnIBUTAnIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

Ahora bien, la parte recurrente denuncio que dicha notificacion resultaría viciada de nulidad, al ser realizada en un dia y hora inhabil, debiendo resaltar que no existe observacion alguna en cuanto al Iugar de la notificacion, al respecto, conforme a la fotocopia de la publicacion de prensa efectuada el 20 de enero de 2018, la Administracion Tributaria emitio la Resolucion Administrativa N° 231730000004 disponiendo la habilitacion extraordinaria del horario de trabajo del 23 de enero al 31 de diciembre de 2018 de horas 07.30 a 22.00 para todos los funcionarios detallados, entre los cuales se encuentra la funcionaria actuante, hecho reconocido de forma expresa por la sujeto pasivo en su recurso de alzada al señalar a fojas 56 vta del expediente administrativo “( ) ya que si bien la Sra Condon, se encontraba habilitada para realizar la notificacion a horas 16 00pm del dia sabado de acuerdo a Resolucion Administrativa Nro 231730000004, no hubiera podido realizar la representacion para notificar por cedula el mismo dia, al no haberme encontrado a horas 16.00, ya que las oficinas del SIN no funcionan en ese horario y la habilitación de funcionanos notificadores en horario extraordinario es a titulo personal ( )”

 

Por cuanto la Resolucion Administrativa N° 231730000004, tuvo la finalidad de habilitar dias y horas extraordinarias a efecto de proceder con la notificacion de los actos administrativos emitidos por el Servicio de Impuestos Nacionales, lo que implica que todo el proceso de notificacion puede ser efectuado en los horarios y dias habilitados, no existiendo restriccion alguna para efectuar la representaGion jurada y la instruGGion para la notificacion por ceóula, de esta manera, podemos sostener el cumplimiento de los articulos 83 y 85 de la Ley N• 2492 (CTB) resultando valida la actuacion de la servidora actuante

 

Asimismo, respecto a que la Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, no se encontraría consignada en la Iista de funcionarios habilitados en horas y dias extraordinarios, a efecto de poder instruir la notificacion por cedula, corresponde indicar que dicho argumento resulta inconducente y superfluo, por cuanto es la propia Gerente Distrital como maxima autoridad de la Gerencia Distntal Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales que emite y autoriza la habilitacion de dias y horas de trabajo extraordinario, resultando inneGesana su inGlusion en la Resolucion Administrativa, por lo que corresponde desestimar la nulidad pretendida por dicho aspecto

 

Con relacion al Iugar donde se notifico la Resolucion Determinativa, corresponde precisar que si bien la Administracion Tributaria efectuo la actuacion en el inmueble ubicado en la avenida America esquina Adela Zamudio S/N, resultando una direccion distinta al lugar donde se

 

 

 

 

 

notifico la Orden de Verificacion, el Requerimiento de documentacion y la Vista de Cargo, no obstante cumplio su finalidad, asegurando el conocimiento del acto y su contenido, prueba de ello se tiene que Carmen Rocio Reyes Rojas se apersono al Servicio de Impuestos Nacionales a efecto de recabar fotocopias del proceso, asimismo conociendo el contenido íntegro de la resolucion, interpuso el presente Recurso de Alzada dentro el plazo establecido en el articulo 143 de la Ley N° 2492 (CTB)

 

De esta manera, pese a que la Administracion Tributaria notifico la Resolucion Determinativa en un domicilio distinto al señalado por la recurrente en su memorial de descargos, al reportado por el Servicio General de Identificacion Personal (SEGIP) y en el que se notifico la Orden de Venficacion, el Requerimiento de documentacion y la Vista de Cargo, sin embargo, la actuacion no genero indefension a Carmen Rocio Reyes Rojas, por cuanto tuvo pleno conocimiento del contenido del acto administrativo y ejercio plenamente su derecho a la defensa con la interposicion del presente Recurso de Alzada, en el cual agravio aspectos de fondo y de forma de la determinacion efectuada, por lo que dicha notificacion resulta valida, correspondiendo desestimar los vicios de nulidad denunciados, aclarando que conforme al articulo 36 paragrafo II de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria conforme el articulo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos administrativos son anulables cuando carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o cuando den luqar a la indefensión de los interesados, concordante con el articulo 55 del Decreto Supremo N• 27113 (RLPA), que señala “sera procedente la revocacion de un acto anulable por vicios de procedimientos, unicamente cuando el vicio ocasione indefension de los administrados o lesione el interes publico” Es decir, solo cuando se produzca indefension en el sujeto pasivo, aspecto que no concurrio en el presente caso respecto al punto analizado

 

IV 2 Incongruencia en la determinación por falta de la comisión de contravenciones tributarias por incumplimientos a deberes formales

La recurrente expreso que el SIN señalo que no existen incumplimientos a deberes formales, empero de forma contradictoria e inconsistente, determino deuda tributaria por el IUE, señalando ademas que su persona, no efectuo su inscripcion en el padron de contribuyentes y que no pago la obligacion tributaria

 

En contrapartida, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales preciso, que resulta de su competencia analizar la pertinencia o no de elaborar un acta por contravenciones tributarias y que en el presente caso, no identifico incumplimientos a deberes

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

lMPus¥4ciox TxiauT4ni4

Estado Plurinacional de Bolivia

 

formales vinculados al procedimiento de determinacion, razon por la que no fue labrada acta

alguna

 

AI respecto, la doctrina señala “Se denominan deberes formales las obligaciones que la Ley o las disposiciones reglamentanas y, aún las autoridades de aplicación de las normas

fiscales, por delegación de la Ley, impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos” (JARACH, Dino Finanzas Publicas y Derecho Tributario 2da Edicion Buenos Aires Abeledo-Perrot, 1996 Pag 430)

 

Por su parte, el articulo 148 paragrafo I de la Ley N• 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la misma Ley y demas disposiciones normativas, clasificandose en contravenciones y delitos

 

En cuanto a las Contravenciones Tributarias, el articulo 160 de la Ley N• 2492 (CTB), dispone que son contravenciones tributarias 1 Omision de inscripcion en los registros tributarios, 2 No emision de factura, nota fiscal o documento equivalente, 3 Omisión de pago, 4 Contrabando cuando se refiera al ultimo parrafo del articulo 181, 5 Incumplimiento de otros deberes formales, 6 Las establecidas en leyes especiales

 

Asimismo, el articulo 162 de la Ley N” 2492 (CTB) señala “/ El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributanas y demas disposiciones normativas mglamentarias, sera sancionado con una multa que Ira desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5 000 UFV) La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos limites mediante norma reglamentaria”

 

Por su parte, el articulo 165 de la norma legal refenda previamente, establece que la persona que por accion u omision no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectue las retenciones a que esta obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, sera sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria

 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que a fojas 1695 y 1846, tanto la vista de Cargo N° 291830000074 como la Resolucion

 

 

 

 

 

 

Determinativa N• 171830000457 señalan en su acapite “INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES” que durante el proceso de verificacion no identificaron incumplimientos a deberes formales vinculados al procedimiento de determinacion, por lo que no se labro Actas por Contravenciones Tributanas

 

Asimismo, dichos actos en su parte conclusiva y resolutiva, señalaron que la conducta de la sujeto pasivo se halla tipificada y calificada como omision de pago por el Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestion concluida a diciembre de 2009, conforme al articulo 165 de la Ley N• 2492 (CTB)

 

De esta manera, si bien resulta correcta la afirmacion de la recurrente, respecto a que la Administración Tributaria en el procedimiento de determinacion no identifico incumplimientos a deberes formales, pero al mismo tiempo calificó su conducta como omision de pago, no obstante, corresponde aclarar que dicho aspecto no se constituye en una incongruencia, por cuanto se constituyen conductas contraventoras diferentes e independientes una de la otra, tal como se advierte de lo dispuesto en los articulos 160, 162 y 165 de la Ley N• 2492 (CTB), normativa que identifica los tipos contravencionales existentes, señalando de forma expresa que los incumplimientos a deberes formales provienen de la vulneracion de deberes que tienen como objetivo coadyuvar la labor de la Administracion Tributaria, en cambio la contravencion por omision de pago, se genera por el pago en menor cuantia o el no pago de un tnbuto que por disposiciones legales se encontraba obligado a cancelar, siendo este, el nudo central que motivo la emision tanto de la Vista de Cargo N• 29183000074 como la Resolucion Determinativa N• 171830000457 y aspectos como la falta de inscripcion en el Padron de Contribuyentes, se constituyeron en elementos emergentes de las taréas investigativas del SIN y que en ningun momento se pueden considerar como contrarias o causales de nulidad

 

Por lo que al provenir dichas conductas contraventoras de hechos distintos, no resulta evidente la incongruencia denunciada por la recurrente, maxime si se considera que de conformidad al articulo 161 de la Ley N• 2492 (CTB), cada conducta contraventora es sancionada de manera independiente, debiendo desestimar lo reclamado por la sujeto pasivo al respecto

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

INPUGNACION TBIBUTABIA

Estado Plurinac‹on al de üolivia

 

IV 3 Fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa

Carmen Rocio Reyes Rojas a traves de su Recurso de Alzada, denuncio que la Administracion Tributaria incurrio en vicios de nulidad relacionados con la fundamentacion y motivacion de la Vista de Cargo N• 291830000074 y la Resolucion Determinativa N• 171830000457, correspondiendo la nulidad del proceso, debido a una falta de valoracion de los documentos y descargos presentados, carencia de fundamentacion en la aplicacion de la normativa que regula el IUE, ausencia de motivacion para demostrar la habitualidad de la actividad economica y un uso de presunciones y calculos incorrectos en la determinacion de sobre base cierta

 

De esta manera, corresponde indicar que la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre -entre otras- establecio que “La garantia del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivacion de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un sec/amo, solicitud o dicte una resolucion resolviendo una situación juridica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decision, para lo cual, tambien es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decision del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolucion tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que tambien la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que ngen a/ juzgador, eliminandose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusion a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueion juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia ( )”

 

De forma mas especifica, la Sentencia Constitucional N• 0871/2010 de 10 de agosto de 2010, señala que es “imperante ademas precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivacion como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber a) Debe determinar con claridad los hechos atnbuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposicion clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe descnbir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma juridica aplicable al caso concreto, d) Debe

 

 

 

 

 

describir de forma individualizada todos los medios de prueba apodados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatono específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las pades procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinacion del nexo de causalidad antes señalado”

 

De igual manera, la Sentencia Constitucional 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que “( ) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas, al contrano, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”

 

Por otro Iado, la doctrina sostiene que la fundamentacion o motivacion del acto resulta imprescindible “( ) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decision y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos ( )”, tambien expone que “La fundamentación del acto administrativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de ello depende que el Sujeto Pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto“ (GIULANNI FONROUGE, Carlos M Derecho Financiero Volumen I Buenos Aires Argentina Editorial “De Palma” 1987, Pag 520, 521 y 557)

 

En ese entendido, se debe considerar que “los vicios determinan las consecuencias que a continuación se expresan, conforme a un criteno cualitativo, de práctica junsprudencial y política jurídica a menor entidad del vicio, el acto puede tanto ser válido como anulable, si el

¥/W/W WW /W¥T W.T.M/  7W¥T T. WWtW WT7W//MTW/ WW.W T.T WWWWW MM /WWT/W #/W/WW/W// MET MT/TWT.W

o falta de seriedad, inexistente” (GORDILLO, Agustin Tratado de Derecho Administrativo Tomo 3 8va Edicion Editorial Fundacion de Derecho Administrativo Buenos Aires – Argentina 2004 Pag XI-41)

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

lMPUGNAClox  TniauTAniA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

En el ordenamiento jurídico, los paragrafos I y ll del articulo 115 de la Constitucion Politica del Estado (CPE), establecen que toda persona sera protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, de igual manera, el articulo 117 de la citada norma suprema, establece “I Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”, por ultimo, su articulo 119, señala “/ Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la via ordinana o por la indígena originaria campesina ll Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”

 

En el mismo sentido, el Codigo Tributario Boliviano (CTB), en los numerales 6 y 7 del articulo 68, al referirse a los derechos, dispone “Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes 6 Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentacion que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autonzados, en los términos del presente Código,

7 A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Codigo, todo tipo de pruebas y alegatos que deberan ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución

 

Asimismo, el articulo 74 del citado cuerpo legal, referente a los principios, normas principales y supletorias, señala “Los procedimientos tributarios se sujetarán a los pnncipios constitucionales de naturaleza tnbutaria, con arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria 1 Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa”

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el paragrafo ll del artículo 36 de la Ley N• 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por disposicion de los articulos 74 numeral 1 y 201 del Codigo Tributario Boliviano (CTB), señala que el defecto de forma solo determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé Iugar a la indefension de los interesados, asimismo el articulo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), preve que es procedente la revocacion de un acto anulable por vicios de procedimiento, unicamente cuando el vicio ocasione indefension de los administrados o lesione el interes publico

 

Consecuentemente, en base a lo expuesto precedentemente, esta instancia recursiva ingresará al analisis de los actos administrativos a objeto de verificar los vicios de nulidad denunciados por la recurrente para resolver lo que en derecho corresponda

 

IV 3.1 Falta de valoracion de la documentación y descargo presentados

La recurrente indico que la Administracion Tributaria no considero la informacion y documentacion que fue proporcionada, por cuanto los planos y documentos de division de propiedad horizontal no fueron utilizados

 

Por otro Iado, con relacion a la prescripcion reclamada como descargo, alego que no fueron precisadas las fechas de computo y la correcta aplicacion de la normativa juridica u otros razonamientos de interrupcion, añadio que la entidad recurrida, no respondio la solicitud de señalamiento de la actividad gravada para la venta de inmuebles y la definicion de los gastos y costos que se encontrarían vinculados, y no asi la pretendida clasificacion como constructiva Por ultimo, sostuvo que el SIN, no tomo en cuenta que se vio forzada a vender los inmuebles ante la circunstancia de tener que afrontar las contingencias emergentes del proceso ejecutivo que hasta la presente fecha se encuentra en litigio

Por su parte, la Administracion Tributaria indico que al otorgar el plazo de 30 dias al sujeto

pasivo para presentar todos los documentos y pruebas que hagan a su derecho, precautelo el derecho a la defensa y al debido proceso, asimismo, preciso que la documentacion presentada, fue analizada y valorada, concluyendo que la misma resulta insuficiente y no desvirtua los reparos establecidos, que los procesos judiciales abiertos no revisten importancia tributaria real, que la figura de doble imposicion argumentada por la sujeto pasivo, no resulta correcta, por cuanto el hecho generador y el objeto de cada impuesto son diferentes, finalmente que el hecho de cancelar el Impuesto a las Transacciones no implica

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

IMPUG¥AClo  TxlsUTAxlA

Estado Plurinacion al de Bolivia

 

 

que no se deba cumplir con la obligacion gravada por el IUE, por lo que la Resolucion Determinativa cumplio con los requisitos minimos para su validez

 

En la normativa tributaria, se tiene que el numeral 2 y 7 del articulo 68 de la Ley N• 2492 (CTB) disponen como derechos del sujeto pasivo -entre otros- “2 A que la Administracion Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Codigo y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos ( ) 7 A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Codigo, todo tipo de pruebas y alegatos que deberan ser tenidos en cuenta por los organos competentes al redactar la correspondiente Resolucion”

 

Asimismo, los incisos a), e) y h) del articulo 16 de la Ley N• 2492 (CTB) disponen “En su relacion con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes derechos a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente, e) A formular alegaciones y presentar pruebas, y h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen ( )”

 

Adicionalmente, respecto a los requisitos necesarios de la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa, se tiene que conforme al paragrafo I del articulo 96 de la Ley N• 2492 (CTB) que a la letra señala “I. La Vista de Caigo, confenórú los hechos, actos, óafos, e/eventos y valoraciones qoe fonóamenfen la Resolución Oefermznafiva, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tnbutaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigacion Asimismo, f¡jará la base imponible, sobre base cae/ta o sobre base presunta, según corresponda, y contendra la liquidación previa del tnbuto adeudado”

 

Asimismo, el paragrafo ll del articulo 99 de la Ley N• 2492 (CTB) establece que “//. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos minimos, Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobie la deuda tributana, fundamentos óe hecho y óe derecho, la calificacion de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente La aosencza óe cualquiera óe los requisitos esencia/es, cuyo contenido será expresamente desarrollado ema mglamentación que al efecto se emita, viciará óe nulidad la Reso/oczón Oefermznafzv’a”

 

 

Pag 31 de 49

 

 

 

 

 

La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que si bien la Administracion Tributana otorgo el plazo de 30 dias a la recurrente para presentar tódos los documentos y pruebas que hagan a su derecho, conforme a lo establecido en el articulo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo, este hecho no es el unico factor que asegure el derecho a la defensa y al debido proceso, como erroneamente pretende el ente recaudador, por cuanto las disposiciones tributarias y administrativas, enunciadas en parrafos anteriores, establecen que es deber del Servicio de Impuestos Nacionales como Administracion Tributaria efectuar una valoracion y analisis de todos los argumentos y documentos que fueron presentados durante la sustanciacion del procedimiento determinativo, efectuando un pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado, aspecto que sera verificado en el presente acapite en relacion a lo argumentado por la parte recurrente

 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que la recurrente mediante memorial presentado ante la Administracion Tributaria el 2 de febrero de 2018, acompaño la Resolucion Ejecutiva N° 007/2004 de aprobacion de propiedad horizontal, antecedentes del remate y de los procesos judiciales en su contra, señalando ademas, que la compra del edificio por la via del remate se encontrarla en litigio, hecho que acreditaria que no efectuo la construccion Asimismo, sostuvo que dicha adquisicion, se suscito en la gestion 2005, por lo que transcurrio mas de 13 años, prescribiendo el derecho del Servicio de Impuestos Nacionales a realizar cualquier solicitud o reclamo Por otro Iado, sostuvo que no corresponde aplicar las modificaciones al articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que las facultades de determinacion por las gestiones 2009, 2010 y 2011 prescribieron (fojas 21-22 de antecedentes administrativos)

 

En respuesta, la Administracion Tributaria en la Vista de Cargo N• 291830000074 de 7 de mayo de 2018 (fojas 1680 de antecedentes administrativos), señalo “Cabe aclarar que la presente Orden de Verificacion no alcanza la compra del Edificio Santa Ana, sino mas al contrano alcanza las ventas posteriores de los bienes inmuebles en propiedad honzontal ( ) el cómputo de la prescripción del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE (impuesto objeto de venficación) de la gestión fiscal concluida a diciembre de 2009 cuyo vencimiento fue el 30/04/2010, se inicia el 01/01/2011 y concluye el 31/12/2017, sin embargo, habiéndose notificado la Orden de Verificacion el 29/12/2017 se suspende el cómputo, extendiéndose por 6 meses más, por lo que no corresponde dar curso a lo solicitado ( ) con respecto a la Sentencia 39/2016 la sujeto pasivo deberá tener en cuenta que la Sentencia

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

I¥PusN‹ciox TniauTzni‹

Estado Plurlnacio nal de Bolivia

 

Constitucional N• 0231/2017-S3 del 24 de marzo del 24 de marzo de 2017, deja sin efecto la Sentencia 39/2016 ( ) cabe indicar que se verificó que ésta efectuó la compra del Edificio SANTA ANA y postenormente realizó la venta de los Bienes Inmuebles en Propiedad Horizontal de dicho Edificio en la gestión 2009 que está siendo fiscalizada ( ) por lo que no corresponde dar curso a su solicitud del cierre de la fiscalización y consiguiente archivo de obrados”

 

Posteriormente, Carmen Rocio Reyes Rojas presento al SIN, memorial de descargo de 22 de junio de 2018, señalando que la Vista de Cargo reconoce la inexistencia de incumplimientos a deberes formales, no existiendo causal para la emision del acto, que se constituye en una profesional liberal y que la Administracion Tributaria no identifico la norma por la cual correspondía su inscripcion, tampoco califico con claridad, la conducta sujeta a la obligacion ni la Iey que la regula, que la obligacion de la gestion 2009 se encuentra prescrita y que no se dio respuesta al fondo de la prescripcion solicitada, rechazandola sin establecer las fechas de computo u otros razonamientos de interrupcion, que no efectuo la construccion del edificio al ser adquirido mediante remate, que existen contradicciones en la Vista de Cargo, que la venta del bien adquirido en subasta no estaria gravado con otro impuesto que no sea el IT, que se declaro la enajenacion de los inmuebles, al realizar el pago del 3% correspondiente al Impuesto a la Transferencia

 

Prosiguio exponiendo sus observaciones, señalando que no existe normativa que grave el IUE a la venta de bienes inmuebles, que no resulta irrelevante tomar en cuenta el proceso litigioso, ya que el mismo se multiplica y recae sobre cada subdivision, que el SIN solicito informacion al Gobierno Municipal de la gestion 2014, empero la gestion fiscalizada es la gestion 2009, que los instrumentos utilizados en el acto son inciertos y presumidos por lo que resulta erronea la aplicacion del metodo de determinacion sobre base cierta, que se omitio como gasto deducible, el pago del impuesto a la transferencia, que en la determinacion no considero la documentacion e informacion proporcionada, que el calculo de la superficie construida vendida no guarda coherencia matematica, existiendo error en su determinacion, que la Vista de Cargo establece una superficie total construida de 13.090,60, dato distinto al consignado en la Resolucion Ejecutiva Municipal 007/2004, que fue catalogada de forma forzosa como empresa, que se pretende el cobro de dos impuestos por el mismo hecho, que no se especifico los factores de produccion que refiere el acto, que las ventas efectuadas en la gestion 2009 no estan exentas de ser declaradas nulas, por los procesos seguidos en su

 

 

 

 

 

 

contra, y que se liquido el adeudo de la gestion 2009 aplicando leyes emitidas 7 años despues

 

En relacion a la prueba documental, la recurrente adjunto al memorial citado en el parrafo precedente, documentacion de descargo consistente en folios reales, Escritura de Constitucion de propiedad horizontal, Certificado oral de registro catastral, planos del edificio y Testimonio de desgravamen, asimismo, mediante memorial de 25 de junio de 2018 presento reportes del sistema integrado de registro judicial de seis procesos judiciales iniciados contra la compra judicial (fojas 1710-1719 de antecedentes administrativos)

 

En respuesta, la Administracion Tributaria en el Çonsiderando II de la Resolucion Determinativa N• 171830000457 de 28 de junio de 2018, al momento de valorar los descargos presentados señalo a fojas 1860 a 1869 que no corresponde aplicar las sanciones establecidas en la Resolucion Normativa de Directorio N’ 10-0033-16, toda vez que la recurrente no se encuentra inscrita en ningun regimen tributario, ademas que serian contravenciones distintas la omision de pago y los incumplimientos a deberes formales, que la prescrlpcion fue respondida en la Vista de Cargo, siendo que corresponde aplicar las modificaciones realizadas al articulo 59 de la Ley N• 2492 (CTB) que establecen un termino de prescripcion de 8 años, que la tipificacion de la conducta se encuentra descrita en el Vista de Cargo, siendo que los articulos del IUE establecen el escenano factico respecto al acaecimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que conforme al articulo 2 de la Resolucion Nórmativa de Directorio N• 10-0013-03, todas las personas que realicen actividades gravadas, deben realizar su inscripcion en el Padron Nacional de Contribuyentes, que la Administracion Tributaria busco adecuar gastos deducibles para el IUE, no siendo responsable por la negligencia del sujeto pasivo, por lo que no corresponde aplicar el metodo de determinacion sobre base presunta, cuando se agoto toda instancia a objeto de encontrar mayores elementos que cumplan criterios de deducibilidad de la base imponible

 

Continuo manifestando que la sujeto pasivo, se encuentra dentro del segundo rubro de la construccion caracterizado por un eventual periodo de ejecucion de la obra y/o la eventual transferencia de los inmuebles, al no presentar documentos que se opongan a dicho criterio, que para la Administracion Tributaria, la sujeto pasivo se constituye en una empresa

unipersonal al concumr el supuesto factico propuesto por el numeral 2 del articulo 70 de la Ley N’ 2492, que la actividad realizada reviste el caracter tributario prioritario de venta, destacando su caracter comercial por sobre el caracter de construccion, por lo que

 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACION  TRIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

corresponde su sujecion respecto al IUE, que recogio los elementos que tienen relacion directa con el acaecimiento y perfeccionamiento del hecho generador, puesto que los procesos de litigio pendientes, no afectaran de ninguna manera la determinacion realizada, y que en relacion a la informacion remitida por el Gobierno Municipal, corresponde considerar la Sentencia N” 12 respecto a la responsabilidad del sujeto pasivo y la no responsabilidad de la Administracion Tributaria al determinar gastos, añadio que no existio superposicion de impuestos, por cuanto el hecho generador y objeto de cada impuesto son diferentes, que si bien cumplio con el pago del IT, empero no implica que no deba cumplir con la obligacion tributaria del IUE, al no existir exclusion tributaria, que la Vista de Cargo determino como superficie construida vendida, la sumatoria de la superficie construida privada y comun por piso, por lo que guarda relacion matematica y no existe error de calculo

 

Posteriormente, el citado acto expuso que la recurrente en su memorial de 22 de junio de 2018 presento reportes del sistema judicial de procesos inconclusos, sin embargo, la revision tiene como alcance, la venficacion del IUE por la venta de bienes inmuebles, por lo que bajo ningun concepto se niega o limita el derecho a repetir civilmente contra quien considere necesario, que la prueba acompañada resulta manifiestamente inconducente, meramente dilatoria y superflua, toda vez que no esta dirigida a aportar datos objetivos al proceso o nuevos elementos que no esten insertos en el legajo administrativo o que modifiquen los cargos establecidos, en base a lo expuesto, el ente recaudador concluyo que los descargos y documentos presentados son insuficientes para desvirtuar o dejar sin efecto la deuda tributaria

 

En base a lo descrito hasta el momento y de la comparacion de los argumentos planteados por la recurrente a lo largo de la sustanciacion del proceso de determinacion, con el contenido de la Vista de Cargo N• 291830000074 y la Resolucion Determinativa N° 171830000457, se advierte de forma clara que la Administracion Tributaria no valoro ni analizo la totalidad de los argumentos planteados, por cuanto no se pronuncio respecto a lo alegado por la recurrente, relacionado con su condicion de profesional liberal, que existen contradicciones en la Vista de Cargo, que la venta del bien adquirido para este caso en subasta, no estaria gravado con otro impuesto que no sea el IT, que en la determinacion no fue considerada la documentacion e informacion proporcionada, que no se especifico los factores de produccion que refiere la

Vista de Cargo, y que se liquido el adeudo de la gestion 2009 aplicando leyes emitidas 7 años

despues

 

 

 

 

 

Asimismo, respecto al argumento de descargo referido a que no existe normativa que grave el IUE a la venta de bienes inmuebles, la Administracion Tributaria se limito a señalar en el acto impugnado, que la tipificacion de la conducta, se encuentra descrita en la Vista de Cargo y que los articulos del IUE establecen el escenario factico respecto al acaecimiento y perfeccionamiento del hecho generador, sin desarrollar o explicar la forma en que la normativa IUE grava la actividad realizada por la recurrente o la forma en que se adecua al presente caso, aspecto que fue objetado de forma reiterativa y que debio ser resuelto de forma clara y precisa

 

De igual manera, con relacion a los argumentos de descargo referidos a que el SIN solicito informacion al Gobierno Municipal de la gestion 2014, empero la gestion fiscalizada es la gestion 2009, y que fue omitido como gasto deducible, el pago del impuesto a la transferencia, la Administracion Tributaria se limito a citar la Sentencia N• 12 y señalar que no resulta de su responsabilidad el determinar los gastos, empero no señalo, si empleo dicha informacion o las razones por las que resulta correcta su consideracion, asi como tampoco manifesto, si resulta posible considerar el pago del Impuesto a la Transferencia como un gasto deducible del IUE

 

Por otro Iado, sobre el argumento de descargo, referido a que la Vista de Cargo establece una supeificie total construida de 13.090,60, dato distinto al consignado en la Resolucion Ejecutiva Municipal N° 007/2004, la Administracion Tributaria señalo que el calculo efectuado de la superficie construida es correcto, empero no se pronuncio sobre la diferencia argumentada por la sujeto pasivo o las razones por las que no corresponde considerar el dato expuesto en la Resolucion Ejecutiva invocada, la cual fue presentada al inicio de la verificacion y durante el termino probatorio establecido en el articulo 98 de la Ley N• 2492 (CTB)

Finalmente, respecto a la documentacion presentada por Carmen Rocio Reyes Rojas tanto

al inicio del proceso de verificación como momento de objetar la Vista de Cargo, se advierte que la Administracion Tributaria se limito a señalar que la misma resulta inconducente para el presente caso, por cuanto no estaria dentro el alcance de la revision la compra del edificio, no obstante, era deber del SIN expresar de forma clara los motivos para descartar cada documento de forma individualizada, mas aun cuando la recurrente al momento de presentar su memonal de descargo, señalo que la documentacion acompañada permite establecer – entre otros- la supeificie construida, aspecto que evidencia una falta de valoracion de la

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

íMPUGNACl0N TRIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

 

prueba documental presentada, por cuanto la Administracion recurrida no asigno un valor ya sea positivo o negativo al contenido de cada documento, limitandose a concluir que serian inconducentes en el proceso, sin exponer la forma en que a partir de su contenido se puede deducir la falta de elementos probatorios

 

Consecuentemente, la falta de valoracion expuesta precedentemente, permite establecer que la Administracion Tributaria incurrio en vicios de nulidad en la emision de la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa afectando el derecho a la defensa de la sujeto pasivo, por cuanto los mismos carecen de la fundamentacion necesaria para alcanzar su fin, tal como

exige el articulo 96 paragrafo I y articulo 99 paragrafo II de la Ley N• 2492 (CTB), al no considerar todos los documentos y argumentos presentados por Carmen Rocio Reyes Rojas, hecho que genero indefension y vulnero el debido proceso tal como fue denunciado de forma expresa en el Recurso de Alzada, configurandose las causales previstas en el articulo 36 paragrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria conforme el articulo 201 de la Ley N° 2492 (CTB)

 

IV 3.2 Falta de fundamentacion en la aplicación de la normativa que regula el IUE

La parte recurrente argumento que la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa estarían viciados de nulidad y carecerian de fundamento y motivacion valida entre los hechos fiscalizados y la normativa juridica aplicada, toda vez que las hojas de trabajo y la informacion recolectada, no prueban que se constituye en una empresa regular o irregular, sociedad o unipersonal, siendo que por el contrario la informacion de derechos reales acredita que los departamentos son de propiedad de una persona natural, por lo que la determinacion resultaría indebida y contraria a la normativa juridica, al pretender cobrar un impuesto a la utilidad por la venta de departamentos, aplicando normativa prevista para una sociedad comercial o una empresa unipersonal

En contrapartida, la Administracion Tributaria afirmó que demostro y fundamento, que la

recurrente es sujeto pasivo del IUE, al realizar operaciones de coordinacion de factores de produccion para la adquisiGion y posterior venta de departamentos, parqueos, bauleras, almacenes y/o locales comerciales, verificando que el registro propietario del Edificio Santa Ana, se encuentra a nombre de la sujeto pasivo, la cual obtuvo utilidades que son de fuente boliviana por la venta de inmuebles, actividad que se adecua a la definicion del precepto normativo establecido en el articulo 36 de la Ley N” 843 y que al revestir del caracter prioritario de venta, traduce su caracter comercial por sobre el caracter de construccion, motivo por el

 

 

 

 

 

cual se sujeta al IUE, de esta manera, la Vista de Cargo especifico su alcance refiriendo a la obligacion de declarar su actividad como generadora de utilidades y por el precepto constitucional de capacidad contributiva correspondio su inscripcion

 

De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la Vista de Cargo a fojas 1690, cito los articulos 38, 39 y 42 de la Ley N° 843, asi como el inciso d) del articulo 4 del Decreto Supremo N° 24051 como fundamento legal para establecer la condicion de Carmen Rocio Reyes Rojas como sujeto pasivo alcanzado por el IUE, aclarando “En lo referente a la combinacion de factores de producción, la misma es evidente desde un punto de vista racional, puesto que las construcciones enajenadas y que signan como vendedora a la sujeto pasivo, no pudieron ser posibles sin la coordinación de factores de producción No obstante, según la información proporcionada por la sujeto pasivo el inmueble fue adquindo ya edificado o construido y “no se realizó ninguna actividad constructiva de importancia” Sin embargo, corresponde aclarar que los costos y gastos implican la coordinación de factores de producción, deben cumplir requisitos establecidos en la normativa tributana vigente ( )”, asimismo, a efecto de establecer el importe correspondiente al tributo omitido, refirio la aplicacion del articulo 50 de la Ley N• 843

 

Posteriormente, la recurrente en su memorial de 22 de junio de 2018, al momento de presentar argumentos y documentacion de descargo a la Vista de Cargo, manifesto a fojas 1716 y 1716 vta de antecedentes administrativos, lo siguiente “La Vista de Cargo pretende establecer no solo un impuesto sobre una base inexistente, sino que también quieie forzar a mi persona el catalogarme como una Empresa, siendo que ni siquiera pude lograr que se me genere un NIT, mucho menos llegar a ser una empresa comercial establecida que pueda llegar a llevar estados financieros por gestiones dentro de la categoría del Art 38 de la Ley 843 ( ) Por otro lado específicamente respecto a la transacción de venta de los refendos inmuebles, que factoies de producción sean de actividad industnal o comercial habría generado mi persona durante la gestión 2009* ( ) sin embaigo es un error catalogar un inmueble dentro las utilidades que mencionan los articulos 42 y 4, ya que los inmuebles tiene una tratamiento específico dentro de la Ley N 843 por tratarse justamente de inmuebles (  )”

 

En respuesta, la Administracion Tributaria al momento de valorar los argumentos de descargo, señaló en el Considerando II de la Resolucion Determinativa N’ 171830000457 a fojas 1866 de antecedentes administrativos, lo siguiente “( ) Así pues la sujeto pasivo en el presente caso se encuentra dentro de las previsiones del segundo mbro, máxime al no

 

Estado Plurinacional de Bolivia

 

 

presentar documentos que puedan oponer dicho criterio, siendo que para esta Administración Tributana son empresas unipersonales, puesto que de concurrir el supuesto fáctico propuesto por el numeral 2 del adículo 70• de la Ley N• 2492, se le habría dado esta calidad para la actividad económica realizada, por lo tanto el emprendimiento quedaba obligado a la contabilidad y al respaldo de sus actividades conforme los artículos 36 y 40 del Código de Comercio Así tambien a la elaboración y presentación de Estados Financieros al final de la gestión fiscal ( ) correspondió su inscripción, máxime cuando se cumplen los presupuestos normativos respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas consignadas en los adículos 36• y siguientes de la Ley 843, asi el decreto Supremo N’ 24051”, motivos por los cuales ratifico la determinacion efectuada en la Vista de Cargo

 

Lo expuesto precedentemente, permite advertir que la Administracion Tnbutaria a efecto de establecer que la recurrente se constituye en sujeto pasivo del IUE, señaló en la Vista de Cargo, que a pesar de que Carmen Rocio Reyes Rojas, no efectuo la construccion del Edificio Santa Ana, dicha persona obtuvo utilidades por la venta de sus departamentos, parqueos y bauleras, amparandose en lo dispuesto los articulos 38, 39 y 42 de la Ley N” 843, asi como el inciso d) del articulo 4 del Decreto Supremo N• 24051, empero no explico ni desarrollo la forma en la que la normativa tributaria citada como respaldo legal, se adecua a los hechos facticos que hacen a la conducta de la recurrente, es decir, como la normativa citada permite establecer su configuracion como empresa unipersonal o sociedad que efectua operaciones de comercio con fines lucrativos, maxime si se toma en cuenta que producto de su consideracion como empresa unipersonal, el ente recaudador aplico la alícuota establecida para personas jurídicas obligadas a llevar registros contables, por lo que el citado acto carece de fundamento y motivacion para efectuar la determinacion en los terminos pretendidos por el Servicio de Impuestos Nacionales

 

Ahora bien, este hecho se reproduce en la Resolucion Determinativa, por cuanto pese a ser denunciado por la recurrente en su memorial de descargos, la Administracion Tributaria volvio a citar la misma normativa y concluir que Carmen Rocio Reyes Rojas obtuvo utilidades como empresa, al configurarse lo establecido en el articulo 39 de la Ley N’ 843, sin embargo, la Administracion Tributaria en el acto impugnado no desarrolló el nexo de causalidad de la actividad realizada con la normativa que respalda la determinacion del IUE como persona juridica, añadiendo que dicha premisa, se deduce por la falta de inscripcion de la recurrente en los registros tributarios

 

 

Pag 39 de 49

 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ay l•ch’a kamani (a,+ )

Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti of\omita

mbaerepi Val (Guarang

 

 

 

 

 

 

De esta manera, corresponde aclarar a la Administracion Tributaria, que las deducciones utilizadas como respaldo a las determinaciones efectuadas de oficio, deben encontrarse respaldadas, sustentadas y expuestas de forma tecnica y legal, no pudiendo excusar su obligación de fundamentar sus actos, en el hecho de que la recurrente no efectuo su inscnpcion en los registros del SIN, por cuanto debe sustentarse en informacion y documentacion obtenida en el ejercicio de sus facultades establecidas en la Ley N• 2492 (CTB), de manera que se otorgue al administrado las razones de convicción por las que considera sujeto pasivo de una obligacion, a efecto de poder ejercer su derecho a la defensa, situacion que no acontecio en el presente caso

 

Adicionalmente, resulta importante señalar que si bien la Administracion Tnbutaria cito el articulo 39 de la Ley N• 843 como fundamento para deducir que Carmen Rocio Reyes Rojas realizo actividades comerciales como empresa obligada a llevar registros contables, argumentando que por “simple logica” se entendería que incurrio en la coordinacion de factores de prodúccion en la realizacion de actividades industriales y comerciales (venta de inmuebles), sin embargo, no desarrollo la logica aludida, ni señalo cuales serian los factores de produccion incurridos, por cuanto si bien señalo que la construccion del Edificio Santa Ana demando la realizacion de factores de produccion, empero de forma expresa tambien reconocio que la recurrente no se dedico a la construccion, habiendo adquirido el inmueble a traves de una venta por remate, hecho que genera contradiccion y desde luego, desemboca en una falta de fundamentacion y motivacion de la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa, viciando de nulidad dichos actos al afectar del derecho a la defensa, configurandose lo previsto en el articulo 36 paragrafo II de la Ley N• 2341 (LPA)

 

IV 3.3 Falta de fundamentación al no demostrar la habitualidad de la actividad económica

La recurrente afirmo que la Administración Tributaria omitio considerar que para adquirir la condición de sujeto pasivo, resulta necesario la habitualidad en la venta de bienes, la cual debió calificarse, ponderando la naturaleza, cantidad y frecuencia de la venta, a efecto de establecer si el proposito fue adquirir el bien para su uso propio y no para lucrar con su reventa, empero la Administracion Tributaria no determino la condicion de comerciante habitual a Carmen Rocio Reyes Rojas, obviando señalar la norma legal que sustenta dicha obligacion en el presente caso

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

Estado Plurinacional de Bolivia

 

 

Por su parte, el Servicio de Impuestos Nacionales indico que la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa se ajustaron a los principios de verdad material y realidad economica, toda vez que se considero la informacion y documentacion proporcionada por las Notarias de Fe Publica, determinando ingresos no declarados por la venta de bienes inmuebles, estableciendo una habitualidad, por lo que correspondía a la recurrente, desvirtuar con prueba, los elementos, hechos y fundamentos establecidos, lo que no ocurrio en el presente caso, toda vez que no presento documentacion que contrarreste o se anteponga a la determinacion efectuada

 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la Administracion Tributaria en el acapite “IV BASE IMPONIBLE” de la Vista de Cargo N• 291830000074 cursante a fajas 1694, señalo “La sujeto pasivo realizó operaciones de venta de departamentos, parqueo, bauleras, almacene y/o locales comerciales no gravadas por el IVA, los cuales generaron una utilidad sujeta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), realidad económica debidamente probada y respaldada con las Escrituras Públicas y/o Minutas de Transferencia de Bienes inmuebles, por lo que se configuró el hecho generador del impuesto, existiendo un mparo por concepto de utilidad neta imponible no declarada, que es de fuente boliviana conforme establece el Ad 42• de la Ley N’ 843 ( ) El Artículo 36 de la Ley N• 843 (Texto Ordenando Vigente) crea el IUE que se aplicará sobre las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de la cada gestión anual ( ) también el Art 41• de la misma Ley en el parrafo segundo establece que a los fines del impuesto, se considera perfeccionada la transferencia de dominio de los inmuebles ( )”

 

Asimismo, a fojas 1695 de antecedentes administrativos, el citado acto administrativo refiere “Las disposiciones legales aplicadas son Ley N• 2492 (Código Tributario Boliviano) artículo 65•, artículo 70• numeral 4), 5) y 6), artículo 71•, 76•, 77•, 81• y 100•, Ley N• 843 (Texto Ordenando Vigente), artículos 36•, 37”, 38•, 39•, 40•, 41•, 42•, 46•, 47• y 50•, Decreto

Supremo N• 24051 adiculos 2•, s•, 4•, 6• 7•, 8•, 10•, 11•, 12•, 13•, 14•, 15•, 19•, 21•, 22•,

31•, 33•, 35• y 39• y demas disposiciones reglamentanas conexas”

 

 

El fundamento anteriormente descrito se reproduce en el contenido de la Resolucion Determinativa N• 171830000457 cursante a fojas 1845 y 1846, asimismo, la Administracion Tributaria producto de la valoracion de los argumentos de descargo, añadio a fojas 1868 lo siguiente “La Administración Tnbutana le aclara que cualquier actividad económica (al margen de la denominación que ase auto identifique) y que genere renta o lucro, salvo

 

Pag 41 de 49

 

 

 

 

 

 

expresa determinación normativa, se encuentra alcanzada por las disposiciones tnbutarias previstas en el Código Tnbutano, la Ley N’ 843 y disposiciones conexas ( )”

 

En base a lo expuesto en parrafos previos, contrariamente a lo denunciado por la recurrente, se advierte que la Administracion Tributaria tanto en la Vista de Cargo como en la Resolucion Determinativa señalo de forma específica el hecho, que a su entender, genera la obligacion de pago del IUE, argumentando que Carmen Rocio Reyes Rojas, se constituyo en sujeto pasivo de dicho canon, debido a que obtuvo utilidades de fuente boliviana, producto de la configuracion de ingresos no declarados por la venta de departamentos, parqueos y bauleras del Edificio Santa Ana, aspecto que señalo se encuentra alcanzado principalmente por lo dispuesto en los articulos 36, 41 y 42 de la Ley N° 843

 

En ese sentido, corresponde aclarar a la parte recurrente que la condicionante de habitualidad referida en el Recurso de Alzada, se encuentra dentro de las disposiciones relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), empero no asi en lo referido al Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el cual tiene su ambito de regulacion establecido en los articulos 36 al 51 de la Ley N° 843, por lo que corresponde desestimar los agravios referidos a la falta de identificacion de la normativa que grava el IUE, asi como la ausencia de un analisis de la habitualidad, aspecto ultimo que no cuenta con sustento por parte de la recurrente, para relacionar dicho concepto con la generacion de utilidades gravadas por la mencionada obligacion

 

IV 3.4 Determinación sobre Base cierta y cálculos incorrectos

La recurrente afirmo que los actos administrativos no exponen la base imponible cierta y fundamentada utilizada para la determinación del IUE, vulnerando el articulo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que la Administracion Tributana no contaba con la informacion necesaria para determinar el adeudo tributario sobre base cierta, por cuanto forzo la extension superficial a su criterio a 13.090,60 m2, siendo lo correcto 12.176,77 m2, dato que fue presentado como descargo, asimismo, el ente recaudador afirmaria que se prorrateo la superficie común en funcion a la superficie privada, presuncion que fue realizada solamente a su criteno, por cuanto existen superficies mayores y menores no relacionadas ni proporcionales a las diferentes superficies detalladas, surgiendo una superficie total de 2.5997,89m2, dato arrastrado al cuadro de la pagina 14 de determinacion de costos, obteniendo un valor erroneo de 654.900,23, asumido en la estimacion de la base imponible

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

TI\tPUGNACIÓN  TnIB\JTAnIA

Estado Plurlnacion al de Bolivia

 

En contraposicion, la Administracion Tributaria preciso que de la revision y analisis de la documentacion y los papeles de trabajo, se advierte que la Administracion Tributaria, realizo dlferentes tareas y obtuvo informacion para sustentar la determinacion sobre Base Cierta,

solicitando documentacion a la sujeto pasivo, al Gobierno Autonomo Municipal de

Cochabamba y al Registrador de Derechos Reales y obteniendo reportes del sistema SINAREP WEB – Folio Real, logrando identificar las superficies construidas, informacion que fue cotejada con la consignada en la Resolucion Ejecutiva Municipal, la proporcionada por Derechos Reales y las Notarias de Fe Publica para la determinacion de las transferencias de los bienes inmuebles De igual manera, identifico los numeros de escrituras publicas y/o testimonios de transferencias, logrando adquirir dichos documentos, los cuales proporcionaron la ubicacion de los inmuebles, la fecha e importe de las transferencias, pago de impuestos y la identificacion de los compradores, por otra parte, a traves de su base de datos, establecio que si bien existieron facturas de compras emitidas a nombre de la recurrente, no pudo establecer su vinculacion con la actividad gravada

 

De igual forma, la referida Administracion añadio, que pese a la falta de presentacion de documentacion de respaldo de los costos y/o gastos realizados, obtuvo de la Notaria de Fe Publica, la Escritura Publica N• 100 de compra del edificio “Santa Ana”, el cual cumple con la condicion de ser necesario para la obtencion de la utilidad gravada, considerando como costo y/o gasto, el valor de la compra del inmueble, que fue prorrateado en funcion a los metros cuadrados de la superficie construida, multiplicado por los metros cuadrados efectivamente vendidos, en ese entendido, señalo que la observacion de la sujeto pasivo resulta como consecuencia de que el area total de la superficie comun de los almacenes seria mayor al area total de la superficie comun de los departamentos del piso 8, cuyos datos fueron extraídos de Derechos Reales, las Notarias de Fe Publica y el Gobierno Autonomo Municipal de Cochabamba, por lo que no existiría error en el calculo del prorrateo, resultando las alegaciones de la recurrente inconducentes, meramente dilatorias y superfluas

 

AI respecto, corresponde precisar que el articulo 43 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas de determinacion de la base imponible señalando los siguientes metodos I Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos qeneradores del tributo, II Sobre base presunta, en merito a los hechos y circunstancias que, por su vinculacion o conexion normal con el hecho generador de la obligacion, permitan deducir la existencia y cuantia de la obligacion, debiendo concurrir alguna de las circunstancias reguladas en el articulo siguiente

 

Pag 43 de 49

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, es menester precisar que la recurrente objeto el metodo de determinacion sobre base cierta, en el entendido de que la Administracion Tributaria al momento de establecer el costo de cada inmueble vendido, asigno el importe total de la compra del edificio a todos los departamentos, almacenes, parqueos y bauleras, en base a su superficie construida privada, efectuando calculos erroneos en la asignacion, por cuanto distribuyo el costo total, efectuando un prorrateo a criterio propio, hecho que a su entender, se traduce en la aplicacion de una presuncion para establecer el costo deducible de cada inmueble fraccionado en propiedad horizontal, por cuanto existiría documentacion que permitiría establecer de forma cierta dicha asignacion, consecuentemente el analisis del agravio planteado se circunscribira solamente a la forma de obtencion del costo de cada inmueble vendido y no asi a otros aspectos

 

De esta manera, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la Vista de Cargo N• 291830000074 y la Resolucion Determinativa N• 171830000457 señalaron como fundamento para determinar el costo deducible, que de acuerdo a la Escritura Publica N• 100 de la compra del Edificio Santa Ana que fue proporcionada por la Notaria de Fe Publica, logro obtener el importe de la transferencia por la venta del edificio, costo que fue considerado por el SIN en relacion al total de la superficie construida y al total de metros cuadrados efectivamente vendidos en la gestion fiscalizada (fojas 1682 y 1832 de antecedentes administrativos)

 

Asimismo, en el acapite “DETERMINACIÓN DE GASTOS Y/O COSTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD DE VENTA DE INMUEBLES”, de los actos administrativos citados en el parrafo previo, la Administracion Tributaria expuso que para la determinacion de los costos vinculados a la actividad de venta de bienes inmuebles, se considero el valor de la compra del terreno y el edificio de 8 pisos, obtenido de la Escritura Publica y/o Minuta de Transferencia proporcionada por la Notaria de Fe Publica, importe que fue prorrateado en funcion a los metros cuadrados de la superficie construida del Edificio Santa Ana, multiplicado por los metros cuadrados efectivamente vendidos (fojas 1690 y 1840 de antecedentes administrativos)

 

Prosiguiendo con el analisis de los actos administrativos, se advierte que el Servicio de Impuestos Nacionales a efecto de identificar la superficie construida total en metros cuadrados, establecio en el cuadro “DETALLE DE FRACCIONAMIENTO DEL EDIFICIO “SANTA ANA”DEACUERDO A INFORMACION DE DERECHOS REALES, TESTIMONIOS

Y/O MINUTAS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES”, que el total de la superficie construida

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

TMPUGNACION  TRIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

privada es 10.366,30 m2, que el total de la superficie ideal es 1.365,26 m2, y que el total de la superficie comun es 2.274,30m2, obteniendo de su sumatoria una superficie total construida de 13.090,60 m2, el cual fue dividido por el importe de la compra del edificio consignado en la Escritura Publica N• 100 (Bs3 300 000), obteniendo el importe de costo por metro cuadrado construido (Bs252 09) el cual fue multiplicado por la superficie total construida de cada departamento, almacen, parqueo y baulera vendida en la gestion 2009 a efecto de establecer el costo de venta (fojas 1686-1688 y 1836-1838 de antecedentes administrativos)

 

No obstante, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que la Administracion Tributaria obtuvo de la recurrente y el Gobierno Autonomo Municipal de Cochabamba la Resolucion Ejecutiva N• 007/2004 de 16 de enero de 2004, resolucion a traves de la cual el ente edil aprobo el plano de division en propiedad horizontal del Edificio Santa Ana, consignando de forma clara los siguientes datos 1) Total superficie construida privada 9.926,66 m2, 2) Total superficie privada 62.50 m2, 3) Total superficie ideal 1 325 20 m2, 4) Total superficie construida comun 2.246,09m2, 5) Total superfcie libre comun 176.21 m2, y 6) Total superficie construida 12.176,77 m2, resultando evidente que los datos establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales, relacionado con las superficies sobre las cuales aplico el importe de costo por metro cuadrado construido (Bs252 09) -señalado en el parrafo precedente- son diferentes a los consignados en la Resolucion que aprueba la division del Edificio en propiedad horizontal emitido por el nombrado Gobierno Autonomo Municipal de Cochabamba

 

Lo expuesto precedentemente cobra relevancia en el presente caso, por cuanto es importante aclarar que la Resolucion Ejecutiva N• 007/2004, establece la forma de division del edificio en propiedad horizontal, no pudiendo el SIN apartarse de dicho documento, pretendiendo establecer superficies distintas a la aprobada por el Gobierno Autonomo Municipal de Cochabamba, autoridad competente para establecer la division de bienes inmuebles como es el presente caso, en consecuencia, resulta evidente lo denunciado por la recurrente, respecto al calculo erroneo de las superficies, hecho que afecta la fundamentacion tecnica para la obtencion de la base imponible, contravenido lo previsto en el articulo 96 paragrafo I y articulo 99 paragrafo ll de la Ley N• 2492 (CTB) , que establecen

los requisitos que deben cumplir en su contenido tanto la Vista de Cargo como la Resolucion

Determinativa

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, corresponde indicar que si bien la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa, señalan que la superficie comun de cada inmueble fraccionado, fue obtenido al efectuar el prorrateo de la supeificie total construida comun en relacion a la superficie construida privada, ambos actos administrativos no exponen de forma tecnica y cuantificable, la obtencion de los valores asignados a cada inmueble en propiedad horizontal por concepto de superficie comun, es decir, no desarrollo el procedimiento aritmetico expuesto en lineas previas y tampoco identifico los valores utilizados para establecer -por ejemplo- el factor de prorrateo y obtener los datos consignados en la columna “SUPERFICIE COMUN” del cuadro “DETALLE DE FRACCIONAMIENTO DEL EDIFICIO “SANTA ANA” DE ACUERDO A INFORMACIÓN  DE DERECHOS  REALES,  TESTIMONIOS  Y/O MINUTAS  Y

RESOLUCIONES MUNICIPALES”, aspecto que genero incertidumbre en la sujeto pasivo, respecto a la forma en que la Administración Tributaria distribuyó las superficies comunes, agraviando en su Recurso de Alzada un calculo incorrecto, por cuanto a su persona obtendría datos distintos a los determinados por el SIN

 

En ese entendido, esta instancia con el proposito de comprobar lo denunciado por la sujeto pasivo y la operacion aritmetica descrita por el SIN, advirtio que al dividir el total de superficie construida comun (2 724,30m2) entre el total de la superficie construida privada (10 366,30m2), se obtiene un factor de superficie comun por metro cuadrado de superficie construida privada (0,262803512), el cual multiplicado por la superficie construida privada de cada inmueble dividido en propiedad horizontal, se obtienen datos distintos a los consignados en la columna“SUPERFICIE COMUN” del cuadro “DETALLE DE FRACCIONAMIENTO DEL EDIFICIO “SANTA ANA” DE ACUERDO A INFORMACIÓN DE DERECHOS REALES, TESTIMONIOS Y/O MINUTAS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES”expuesto por la misma

Administracion Tributaria tanto en la Vista de Cargo N• 291830000074 y Resolucion Determinativa N° 171830000457

 

Entonces, a manera de ejemplificar lo manifestado en el parrafo precedente, se tiene que para el departamento 1D la entidad recurrida, asigno una superficie comun de 14 53m2, empero de la multiplicacion del factor de prorrateo (0,262803512) con la superficie construida privada del departamento (162 95m2), se obtiene un valor de 42 82m2, constatando que el SIN asigno la superficie comun a cada inmueble fraccionada, de manera distinta a lo alegado de forma literal en el acto

 

AUTORIDAD REGIONAL DE

TMPUGNACIox  TnIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

Como argumento de respaldo a la diferencia de los datos señalada en el parrafo precedente, la Administracion Tributaria señalo en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, que la misma responde al hecho de que el prorrateo de la superficie comun fue realizado sobre la superficie de cada piso y no asi sobre el total del edificio, argumento o situacion que no fue explicado en los actos administrativos, asimismo, el ente recaudador tampoco señalo, las razones para efectuar el calculo de la manera en que fue argumentado ante esta instancia recursiva, omisiones que vician de nulidad los actos y provocaron que la recurrente deduzca y denuncie en su Recurso de Alzada un calculo erroneo de la superficie comun de cada inmueble fraccionado

 

Por otra parte, la Administracion Tributaria no fundamento las razones para deducir mediante un prorrateo, la superficie comun que corresponde a cada inmueble fraccionado en propiedad horizontal, desconociendo de esta forma, los datos consignados por el Gobierno Autonomo Municipal de Cochabamba en la visacion catastral de las Escrituras Publicas de venta de los inmuebles, aspecto que se tradujo en el empleo de una superficie presunta, afectando de esta forma la determinacion de las utilidades determinadas en la gestion fiscalizada, por cuanto si bien el ente recaudador obtuvo el importe de compra del Edificio de manera cierta e indubitable a traves de la Escritura Publica N” 100, no obstante, la determinacion del costo individual de cada inmueble fraccionado, fue obtenido empleando una presuncion, resultando evidente lo denunciado por la recurrente respecto a la estimacion de la base imponible y la falta de elementos que permita determinar la obligacion tributaria sobre base cierta, por consiguiente, tanto la Vista de Cargo N’ 291830000074 como la Resolucion Determinativa N• 171830000457, se encuentran viciadas de nulidad

 

En ese sentido, la Administracion Tributaria incumplio su obligacion de fundamentar la Vista de Cargo y la Resolucion Determinativa, aspecto que vulnero el derecho a la defensa, a la fundamentacion y la garantia de un debido proceso para el sujeto pasivo, viciando de nulidad dichos actos debido al incumplimiento de lo establecido en los articulos 96 paragrafo I, 99 paragrafo II de la Ley N• 2492 (CTB) y Íos articulos 115 y 117 de la Constitucion Politica del Estado (CPE), por tanto, esta instancia recursiva se encuentra impedida a analizar los aspectos de fondo planteados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada

 

En suma, del analisis de lo argumentado por las partes, asi como de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que las notificaciones realizadas en la sustanciacion del proceso determinativo son validas, asimismo, no resulta evidente la incongruencia

 

 

 

 

 

 

denunciada por la recurrente respecto a la inexistencia de incumplimientos a deberes formales y la existencia de omision de pago, sin embargo, esta instancia recursiva, advirtio una falta de fundamentacion de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, respecto a la valoracion de la documentacion y alegaciones presentadas durante la sustanciacion del procedimiento de determinacion, a las razones para considerarla persona juridica sujeta al pago del IUE que realizaría actividades comerciales como empresa obligada a llevar registros contables y a la forma en que establecio y asigno la superficie comun construida a los inmuebles fraccionados, vulnerando el debido proceso y derecho a la defensa, por consiguiente, conforme lo dispuesto en el articulo 36 paragrafo II de la Ley N• 2341 (LPA) y articulo 55 del Decreto Supremo N• 27113 (RLPA) aplicables supletoriamente por disposicion del articulo 201 del Codigo Tributario Boliviano (CTB), corresponde a esta instancia recursiva, anular la Resolución Determinativa N° 171830000457 de 28 de junio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vicio mas antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo N• 291830000074 de 7 de mayo de 2018 inclusive, a efectos de que el Servicio de Impuestos Nacionales, emita nuevos actos administrativos considerando los aspectos desarrollados en el presente analisis

 

POR TANTO

 

La suscrita Directora Ejecutiva a i de la Autoridad Regional de lmpugnacion Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdiccion y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009

 

RESUELVE

PRIMERO ANULAR la Resolucion Determinativa N• 171830000457 de 28 de junio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vicio mas antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo N’ 291830000074 de 7 de mayo de 2018 inclusive, a efectos de que la citada administracion emita nuevos actos administrativos considerando los aspectos desarrollados en el presente analisis, sea de conformidad con el articulo 212 paragrafo I inciso c) del Codigo Tributano Boliviano (CTB)

 

SEGUNDO La Resolucion del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo 115 de la Constitucion Politica del Estado una vez que adquiera la condicion de firme, conforme establece el articulo 199 del Codigo Tributario Boliviano (CTB), sera de cumplimiento obligatorio para la administracion tributaria recurrida y la parte recurrente

 

AUTORIDAD REGIONAL DE áHPUGNACIó¥ TnIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

 

TERCERO Enviar copia de la presente Resolucion al Registro Publico de la Autoridad General de Impugnacion Tributaria, de conformidad al articulo 140 inciso c) de la Ley N• 2492 (CTB) y sea con nota de atencion

 

CUARTO Conforme preve el articulo 144 de la Ley N• 2492 (CTB), el plazo para la interposicion del recurso jerarquico contra la presente resolucion es de 20 dias computables a partir de su notificacion

 

Regístrese, notifiquese y cumplase

 

 

 

Aut0fidad Begiorat ós ImPt›9naoó*t Tnbt*ta’l*