ARIT-CBA-RA-0423-2017 El SIN Sancionó al contribuyente por omisión de pago de la deuda tributaria del IVA, sin embargo la AIT resolvió anular la resolución debido a que el SIN no expuso de forma clara y precisa que documentación carecía de respaldo para la demostración de efectiva de la materialización del las transacciones que realizo el contribuyente

ARIT-CBA-RA-0423-2017

AIT. 

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBARA 0423/2017 Recurrente : Oscar Fernando Andrade Ballesteros 

Recurrido 

: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Expediente : ARIT-CBA-0246/2017 Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171739000391 de 23 de junio de 2017 

Fech

: Cochabamba, 16 de octubre de 2017 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0423/2017 de 16 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Grandes Contribuyente (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171739000391 de 23 de junio de 2017, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de Andrade Ballesteros Oscar Fernando, en la suma de UFVs4. 159 correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses; que incluida la sanción por Omisión de Pago, su obligación impositiva alcanza a UFVs7.528 equivalente a Bs16.609.; asimismo, calificó la conducta como Omisión de Pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal junio de 2012, aplicándole una sanción del 100% sobre el Tributo Omitido, cuyo importe es de UFVs3.369. Acto notificado por cédula al recurrente, el 30 de junio de 2017 (fojas 207-222 y 226 C2 del expediente administrativo). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Oscar Fernando Andrade Ballesteros, mediante memorial del 18 de julio de 2017 (fojas 18 22 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171739000391 de 23 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo i Cochabamba, Bolivia 

Falta de valoración de argumentos de descargo El recurrente citó la Sentencia Constitucional N° 95/01 de 21 de diciembre de 2001, para reclamar que la Administración en la Resolución Determinativa, no realizó una valoración para fundamentar el aspecto de que la prueba de descargo no era pertinente; y menos para desestimar la validez probatoria del Libro de Comprobantes de Egreso, Libro de Compras del periodo, Libro Mayor y Libro Diario que justificarían sus transacciones, en razón a que solamente se habrían expuesto simples pretextos en la depuración del crédito fiscal sin.. exponer el porqué de manera jurídica o técnica. Añadió que de forma llamativa, la . justificación de la Administración Tributaria se basó en la demás normativa legal en t i vigencia, criterio indiscutiblemente absurdo por su imprecisión que deriva en la falta de sustento legal, por cuanto, ante la carencia de fundamentación, el Acto impugnado debería ser anulado. 

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Vicios durante el procedimiento de fiscalización Manifestó que la producción unilateral de prueba acusatoria durante el procedimiento de fiscalización, le ocasionó indefensión además que el SIN no comunicó los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo, denotando supresión de fases procesales y requerimientos tardios de documentación, falencias que conculcaron el debido proceso en cuanto a la restricción del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), puesto que la Administración Tributaria, en el proceso llevado a cabo, no otorgó ninguna posibilidad de brindar descargos porque no existió comunicación de resultados o entrega de Papeles de Trabajo a la conclusión de la verificación, al efecto citó la Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/178/2005 de 15 de noviembre de 2005, precedente doctrinal que anuló obrados hasta la comunicación oportuna de todos los cargos para ejercer una defensa adecuada

Sostuvo que, no fue notificado con los cruces” de información efectuados por el SIN con sus proveedores, producción de prueba que debió conocer para ejercer su defensa, por tanto, señaló que tales pruebas resultan nulas por vulnerar el artículo 16 de la Constitución Política del Estado (CPE)

Sobre los reparos ilegalmente calculados El recurrente expuso que los reparos impositivos, se fundaron en criterios enteramente discrecionales y lesivos a las garantías del Estado de Derecho, en razón a que no están respaldados por norma jurídica, aspecto que generó indefensión, puesto que ante la depuración total del crédito fiscal, no fueron consideradas las declaraciones juradas, libros NELSO IVA, comprobantes de ingreso, egreso, las facturas observadas, medios fehacientes de pago 

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de la Calidad Certificado N°EC2741

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Cochabamba 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

como ser cheques, mismos que acreditan el cabal cumplimiento del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); añadió que las transacciones fueron realizadas con un contribuyente legalmente constituido y en el supuesto de que éste haya declarado erróneamente sus ventas, sería netamente su responsabilidad y en ningún caso de la empresa que representa; con relación al punto citó el Auto Supremo N° 248/2012

Afirmó que las notas fiscales del proveedor Jhony Bustamante Sánchez y Crispin Bustamante Cano, correspondientes a provisión de material de minería, son plenamente válidas y que los comprobantes de pago estarían correctamente respaldados en cuanto a pesaje, ingreso a almacén, comprobantes contables y libros diarios y mayores, no existiendo ningún motivo que justifique la depuración de las notas fiscales, considerando además que el tipo de material utilizado requiere la retención de regalía minera conforme a la Ley N° 3787

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Inexistencia de Omisión de Pago Manifestó que la Administración Tributaria tipificó su conducta dentro los supuestos del artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), empero, no realizó una descripción de los justificativos fácticos o legales para llegar a tal inferencia, debiendo existir para ello un pago en defecto o la omisión del mismo, empero en este caso, su empresa cumplió a la normativa vigente para justificar sus gastos. 

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Por los fundamentos expuestos, solicitó la nulidad o revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 171739000391 de 23 de junio de 2017, declarando la validez del crédito fiscal depurado y dejando sin efecto las indebidas multas. 

11.2. Auto de Admisión El 24 de julio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0246/2017, del Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Fernando Andrade Ballesteros, contra la Resolución Determinativa No 171739000391 de 23 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 23 del expediente administrativo). 

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán, acredito personería conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000512 de 31 de marzo de 2017 (fojas 26 del expediente administrativo), por memorial presentado el 10 de agosto de 2017 (fojas 

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IIIIII 

2730 vta.; del expediente administrativo), se apersonó y respondió el recurso con los siguientes fundamentos

Adecuada valoración y debido proceso La Administración Tributaria recurrida manifestó que en el Acto impugnado valoró correctamente los descargos presentados por el contribuyente, encontrándose transcritos los argumentos y pruebas ofrecidas así como su análisis individual, explicando de manera clara, concreta y con fundamento legal la posición asumida, por cuanto no existiría vulneración al debido proceso ni a la defensa. Recalcó la correcta compulsa de la documentación ofrecida por el sujeto pasivo tanto al Requerimiento de la Orden de Verificación N° 3916OV100541 como a la vista de Cargo N° 291739000106, por lo que no existe causal que motive la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada. 

De los inexistentes vicios durante el procedimiento de fiscalización Sostuvo que la Vista de 

de Cargo contiene los resultados del proceso de verificación, valoración de la documentación, cruces de información, análisis e investigación; Acto emitido a la conclusión de la fiscalización conforme dispone el artículo 104 parágrafo IV de la Ley N°. .3 2492 (CTB); y que conforme el artículo 98 de la citada Ley, a partir de la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo tiene un plazo de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Señaló que no existiria obligación de notificar al contribuyente, con toda la información obtenida, pues ella se encuentra incluida en la vista de Cargo, la cual estaría sujeta a modificación en virtud a los respaldos ofrecidos oportunamente por el contribuyente, concluyendo que no se produjo supresión de actos procesales y menos conculcación del. debido proceso, más bien de forma contraria, resguardó en todo momento dicho principio

Del resguardo del derecho a la defensa Explicó que mediante Orden de Verificación N° 3916OV100541 y Detalle de Diferencias No 3916OV100541, debidamente notificados, dio a conocer al sujeto pasivo, el alcance de su révisión, las facturas observadas así como los documentos requeridos, garantizando de esta forma el derecho a la defensa reclamado en cuanto a su vulneración en el presente Recurso; aclaró que conforme a la valoración exhaustiva de la prueba aportada por Andrade Ballesteros Oscar Fernando, ésta resultó insuficiente para desvirtuar las observaciones arribadas.

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de la Calidad Certificado N°EC274/14 

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Cochabamba 

II

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De la prueba producida legalmente Expuso que en virtud al artículo 66 numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) procedió a controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar los hechos y transacciones desarrolladas por el contribuyente y sus proveedores, acciones que bajo ningún precepto normativo, vulnerarían derechos constitucionales, aclarando que, los cruces de información y otra documentación recabada por la Administración Tributaria, son acciones plenamente válidas y no se constituirían en producción unilateral de prueba, porque las mismas buscarían la verdad material de los hechos, conforme el artículo 4 inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA), coligiendo de ello que su actuación como sujeto activo, es válida y legal; y la prueba aludida fue producida legalmente. 

Reparos determinados Precisó que conforme el proceso de valoración de los descargos presentados por el recurrente, constató la inexistencia de medios que puedan probar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, porque solamente fueron presentadas facturas y otra documentación, que no demostrarían la transmisión onerosa y el servicio recibido del proveedor Intexplast SRL. 

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Asimismo, sostuvo que la documentación presentada por Andrade Ballesteros Oscar 

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Factura N°1375 emitida por el proveedor Intexplast SRL, la Administración Tributaria observó que se presentó guía de remisión de carga en la que se identificó el contenido de las bolsas, sin embargo contrastada con el documento de ingreso de materiales no coincidió con la cantidad ingresada. Por otro lado, no adjuntó kardex de existencias o documentación que refleje el movimiento (entradas, salidas, saldo) de las cantidades adquiridas y utilizadas, tampoco adjunto documentos sobre el uso y destino de los mismos, lo que no permitió determinar la materialización de la transacción y la transferencia de dominio mediante documentación contable. 

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Factura N°1376 emitida por el proveedor Intexplast SRL, se observó que la guía de remisión de carga identifica el contenido de las bolsas, sin embargo contrastada con el documento de ingreso de materiales no existe evidencia de ningún ingreso del producto adquirido. Por otro lado, no adjuntó kardex de existencias o documentación que refleje el movimiento (entradas, salidas, saldo) de las cantidades adquiridas y utilizadas, tampoco adjuntó documentos sobre el uso y destino de los mismos, lo que no permitió determinar la 

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Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N°EC27414 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

.. materialización de la transacción y la transferencia de dominio mediante documentación 

contable.

Por lo descrito, concluyó que el contribuyente, no sustentó la materialización de la transacción, la transferencia de dominio, así como la incorporación y aplicación del gasto en bienes que coadyuven su actividad gravada. 

.

Sobre la Omisión de Pago Señaló la correcta aplicación del artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), por la existencia de crédito fiscal indebidamente apropiado por parte del sujeto pasivo, generando un pago en defecto; en consecuencia, la sanción por la conducta contraventora corresponde a omisión de pago.

Por los fundamentos expuestos, solicitó la confirmación en todas sus partes, la Resolución. Determinativa N° 171739000391 de 23 de junio de 2017. . . – 

II.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba El 11 de agosto de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto- de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0246/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 31 del expediente administrativo). 

11.4.1. Prueba de la Administración Tributaria Por memorial de 28 de agosto de 2017, la Administración Tributaria se ratificó en la prueba acompañada al momento de responder el Recurso de Alzada (fojas 33 del expediente administrativo)

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II.4.2. Prueba sujeto pasivo : : El 5 de septiembre de 2017, Oscar Fernando Andrade Ballesteros, produjo en calidad de prueba literal la detallada en catorce (14) puntos, más la prueba adjunta al Recurso de Alzada. Por otra parte, solicitó señalar fecha y hora para el correspondiente juramento de reciente obtención de la prueba referida (fojas 36 y vta., del expediente administrativo). 

Por Acta de Audiencia de Juramento de Prueba de Reciente Obtención de 11 de septiembre de 2017, el recurrente Oscar Fernando Andrade Ballesteros, prestó juramento, señalando la me 

NBISO

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de la Calidad Certificado N*EC274/1

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

reciente obtención de la documentación cursante a fojas 1-23 de la carpeta Prueba Sujeto Pasivo (fojas 40 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria 

Mediante memorial del 25 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria formuló 

alegatos dentro el expediente de referencia, reiterando la adecuada valoración y el debido proceso, inexistencia de vicios durante el procedimiento de fiscalización, resguardando el derecho a la defensa, señalando que la prueba producida es de manera legal y que los reparos determinados son producto de la depuración del crédito fiscal de dos facturas las mismas que no cuentan con la documentación de respaldo contable que demuestre la materialización de la transacción, la transferencia de dominio del bien, la incorporación y aplicación el gasto en bienes que coadyuven en la generación de ingresos gravados y la vinculación con la actividad gravada (fojas 41-42 vta., del expediente administrativo)

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11.5.2.-Sujeto Pasivo Por memorial de 25 de septiembre de 2017, Oscar Fernando Andrade Ballesteros, presentó memorial de alegatos ratificando los argumentos esgrimidos a momento de interponer el Recurso de Alzada, enfatizando en la falta de valoración de argumentos de descargo, restricción del derecho a la defensa, ilegal obtención de prueba; así como los fundamentos de fondo referidos al cálculo ilegal de reparos, reiterando el pedido de que se revoque el acto impugnado (fojas 45-48 del expediente administrativo). 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 27 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 39160V100541 a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo junio de la gestión 2012, del contribuyente Andrade Ballesteros Oscar Fernando. Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo, el 1 de julio de 2016 (fojas 4 y 18 de antecedentes 

administrativos). 

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El 27 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias No 

3916OV100541, Form. 7520, solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en 

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Declaraciones Juradas Form. 200 0 210 del periodo observado; Libro de Compras IVA del periodo observado, Facturas de Compras Originales detalladas en el anexo, registros 

contables con las debidas formalidades establecidas por normativa legal (Comprobantes de 

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egreso, comprobantes de traspaso, entre otros) debidamente respaldados (órdenes de compra, órdenes de servicio, notas de remisión, actas de recepción, inventarios, kardex, IBNORCA órdenes de entrega, partes de recepción, entre otros), a efectos de demostrar la realización certificado “EC:274114 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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de la transacción de las facturas sujetas a revisión, Medios fehacientes de pago (Recibos de caja, fotocopia de cheques, notas de transferencia, depósitos bancarios, papeleta de giros ylo transferencia, entre otros) que respalden y acrediten el pago a sus proveedores, de las facturas sujetas a revisión; Cualquier otra documentación que considere necesaria para respaldar la realización de las transacciones registradas productos de las facturas sujetas a revisión y Otra documentación que el Fiscalizador asignado considere necesario durante el proceso de verificación (fojas 5 de antecedentes administrativos). 

El 2 de agosto de 2016, conforme Acta de Recepción y Devolución de Documentos, el. contador del sujeto pasivo presentó los siguientes documentos: Declaración Jurada. Formulario 200, periodos febrero, mayo y junio gestión 2012, Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de compras originales Nos. 1375 y 1376 entre otras, Comprobantes de Egreso, notas de pago – ingreso, solicitudes de compra y pago de servicios, notas de venta, otras facturas originales, recibos originales, liquidación fletes de transportistas, fotocopias de cheques, estados de cuentas, ficha kardex, detalle de gastos, fotocopias de cédulas de identidad, fotocopias de depósitos de cuentas, detalle de gastos de diésel, entre otros; Diarios de Operaciones, Auxiliar de mayores, reportes de balanza de sistema contribuyente de los periodos marzo, abril y septiembre; correspondiente al periodo fiscalizado en original y fotocopia (fojas 26 de antecedentes administrativos). . . . 

El 18 de mayo de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 291739000106, exponiendo indicios de 

n tributaria por Omisión de Pago, correspondiendo una sanción preliminar del 100% sobre el tributo omitido actualizado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB). Acto notificado por cédula al recurrente el 23 de mayo de 2017 (fojas 138-145 y 150 de antecedentes administrativos). 

El 22 de junio de 2017, Oscar Fernando Andrade Ballesteros presentó memorial de descargo a la Administración Tributaria, exponiendo argumentos relacionados con supuestas ilegalidades en la emisión de la Vista de Cargo, el cabal cumplimiento de la normativa, la documentación que acreditan la plena legalidad de las transacciones y la inexistencia de Omisión de Pago, por lo que solicitó la emisión de Resolución declarando la inexistencia de deuda tributaria (fojas 156-157 vta., de antecedentes administrativos). 

El 23 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00890/2017, ratificando los conceptos e importes inicialmente 

establecidos, reportados y comunicados mediante Vista de Cargo N° 291739000106 para el 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

IVA de la gestión junio 2012; consecuentemente, liquido la Deuda Tributaria en UFVs7.528 equivalente a Bs16.609.- que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago; asimismo, recomendó emitir la Resolución Determinativa (fojas 192-206 de antecedentes administrativos). 

El 23 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171739000391 de 23 de junio de 2017, que determinó las obligaciones impositivas de Andrade Ballesteros Oscar Fernando, en la suma de UFVs4.159 correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses; que incluida la sanción por Omisión de Pago, su obligación impositiva alcanza a UFVs7.528 equivalente a Bs16.609.-; asimismo, calificó la conducta como Omisión de Pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal junio de 2012, aplicándole una sanción del 100% sobre el Tributo Omitido, cuyo importe es de UFVs3.369. Acto notificado por cédula al recurrente, el 30 de junio de 2017 (fojas 207-222 y 226 C2 del expediente administrativo)... . 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Conforme a lo expuesto en el parágrafo 1, artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por Oscar Fernando Andrade Ballesteros, aclarando que planteó para el análisis técnico jurídico aspectos tanto de forma como de fondo; con relación a los aspectos formales observó: 1. Sobre el cruce de información y producción unilateral de prueba y 2. Falta de valoración de argumentos y 

ausencia de fundamento en el tema de la retención. 

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En cuanto a los reclamos de fondo del recurso, se concentraron los siguientes: 3. Reparos ilegalmente calculados, que no se hallan respaldados en ninguna norma jurídica, sin considerar los descargos presentados y 4. Validez de las notas fiscales del proveedor Intexplast, correctamente respaldadas. 

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En ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la 

verificación y análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados; y en caso de no ser evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en 

derecho corresponda. 

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IV.1. Sobre el cruce de información y producción unilateral de prueba El sujeto pasivo señaló indefensión durante el procedimiento de fiscalización porque no le fueron notificados actos de producción unilateral como los cruces de información, obviando LIBNORCA 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 414001 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

comunicar los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo, reclamando la supresión de fases procesales y requerimientos tardíos de documentación, aspectos de conculcan el debido proceso por la restricción del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque no fue otorgado posibilidad de brindar descargos al no existir comunicación de los resultados o entrega de Papales de Trabajo a la conclusión del citado proceso de fiscalización, citando al efecto la Resolución de Recurso Jerárquico No STG-RJ/178/2005 de 15 de noviembre de 2005, precedente doctrinal que anuló obrados hasta la comunicación oportuna de todos los cargos para ejercer una defensa adecuada

En respuesta, la Administración Tributaria manifestó que el contribuyente fue notificado con la Orden de Verificación N° 3916OV100541, exponiendo el alcance de la misma y solicitando documentación para el desarrollo de la verificación; añadió que conforme sus facultades atribuida en el artículo 66 numeral 1 de la Ley 2492 (CTB), procedió a verificar, fiscalizar e investigar, las transacciones llevadas a cabo por el sujeto pasivo y sus proveedores, en ese sentido, señaló que los cruces de información y otra documentación recabada por la Administración Tributaria son acciones plenamente válidas y no se constituyen en producción unilateral de la prueba, en el entendido de que buscó la verdad material de los hechos : previsto en el artículo 4 inciso d) de la Ley 2341 (LPA.). 

Al respecto, debemos indicar que las Sentencias Constitucionales 1262/2004R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente; disponen que: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefension material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (...). En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa

Bajo ese lineamiento, se debe dejar en claro, que no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha 

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UNJUK 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. ” 

En la normativa tributaria, se tiene que los parágrafo I y IV artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: J. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.” 

OEGIONA

AUTORIDAD 

TÁRIA CBOSS 

Asimismo, conforme a la facultad normativa de la Administración Tributaria establecida en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13, la cual señala en su artículo 9: “Toda modalidad de fiscalización se iniciará con la notificación de la orden de Fiscalización o 

Verificación. En todos los casos el Departamento de Fiscalización procederá a la emisión del Informe de actuación, emitiéndose dentro de los diez (10) dias calendario siguientes la Vista de Cargo.” 

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Luis M Ankezana 

CION TRIBU 

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Por su parte, el parágrafo I artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) establece: “. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.” 

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El artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) refiere de forma clara que: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes.” 

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REGIONE 

De la norma citada precedentemente, se establece con claridad que los procedimientos de ma determinación efectuados por la Administración Tributaria en uso de su facultad de control, 

UTORIDAD 

ABANS 

verificación, fiscalización e investigación establecidas en el numeral 1 del artículo 66 de la 

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de la Calidad Certificado N°EC2741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbusuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 38i entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo • Cochabamba, Bolivia 

Ley N° 2492 (CTB), inician con la notificación de la Orden de Fiscalización o Verificación y culminan con la emisión y notificación de la Vista de Cargo, acto que debe contener los hechos, actos, datos y elementos verificados durante la sustanciación del procedimiento y que respaldan los cargos imputados al sujeto pasivo, con la finalidad de que este último, al amparo del derecho a la defensa, previsto en los artículos -115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), pueda presentar argumentos y documentos de descargo en el plazo de treinta (30) días previsto en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB). 

.

Entonces es evidente que la Ley N° 2492 (CTB) reconoce a la vista de Cargo, como el acto por el cual la Administración Tributaria comunica los resultados arribados en la fiscalización o verificación efectuada (trabajo de campo), constituyéndose en una liquidación preliminar de una deuda, susceptible de modificación mediante la presentación de descargos por parte del sujeto pasivo y de esta forma, dicho acto, al garantizar el conocimiento de los cargos preliminares y otorgar un plazo para el ejercicio del derecho a la defensa, debe exponer los elementos de prueba recabados por el SIN en uso de sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación y los criterios de valoración así como el razonamiento legal y técnico para el establecimiento de los reparos. . . 

En ese entendido, conforme obrados se advirtió que el 1 de julio de 2016 (fojas 18 de 

ntes administrativos) el contribuyente fue notificado por cédula con la Orden de Verificación N° 3916OV100541 adquiriendo conocimiento de las facturas sujetas a revisión,... así como la documentación requerida para la realización de la misma (fojas 4-5 de antecedentes administrativos), petición que fue atendida por el sujeto pasivo el 2 de agosto de 2016, tal como demuestra el Acta de Recepción y Devolución de Documentos de la misma fecha (fojas 26 de antecedentes administrativos) y las Actas de Recepción de Documentos de 4 y 16 de mayo de 2017 (fojas 97-98 y 110 de antecedentes administrativos), evidenciando que antes de la emisión de la Vista de Cargo N° 291739000106 (fojas 138145 de antecedentes administrativos) el sujeto pasivo interactuó con el SIN, ofreciendo prueba relacionada con la validez de las operaciones sujetas a verificación, conforme el derecho previsto en el numeral 7 del artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) 

.. 

Asimismo, señalar que la normativa legal, no establece que debe existir una comunicación de resultados previa a la emisión de la Vista de Cargo o en su caso el inicio del . procedimiento de cruce de información o los resultados de este, toda vez que dichos documento, comprende la comunicación formal de los resultados preliminares arribados e durante el trabajo de campo, el mismo que incluye las labores de investigación y control IBKORCA 

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llevadas a cabo y el valor probatorio asignada a cada documentos obtenido por la Administración Tributaria, a efecto de que el sujeto pasivo en ejercicio de su derecho a la defensa objete la documentación obtenida por el SIN y presente documentación de descargo a las observaciones preliminares, no correspondiendo de esta forma, lo manifestado por el recurrente al respecto. 

Por lo descrito, no existe indicio alguno que permita inducir la nulidad reclamada por el sujeto pasivo, al carecer de sustento fáctico y legal que permita colegir alguna de las situaciones previstas en el parágrafo Il artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud al artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, se rechaza este agravio. 

QUGNACION

SIDAD REGIO

IV.2. De la valoración de argumentos de descargo y depuración del crédito fiscal sin fundamento Al respecto el sujeto pasivo citó la Sentencia Constitucional N° 95/01 de 21 de diciembre de 2001, denunciando que la Resolución Determinativa no realizó una valoración que le permita establecer el motivo para desestimar prueba referida al Libro de Comprobantes de Egreso, Libro de Compras del periodo, Libro Mayor y Libro Diario que fueron presentados para justificar las transacciones, señalando simples pretextos de depuración del crédito fiscal sin la correspondiente fundamentación legal y técnica. Añadió que de forma llamativa, la justificación de la Administración Tributaria se basó en la “demás normativa legal en vigencia”, criterio indiscutiblemente absurdo por su imprecisión que deriva en la falta de sustento legal, por cuanto, ante la carencia de fundamentación, el Acto impugnado debería ser anulado. 

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Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que las vulneraciones señalas por el recurrente carecen de fundamentación; toda vez que el acto impugnado expone una valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo, afirmó que es falso e incoherente que la Administración Tributaria no valoró los descargos, enfatizando que las mismas no refutaron las observaciones efectuadas, por tanto, no existe vulneración al debido proceso que afecte el derecho a la defensa. 

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Al respecto, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R de 9 de noviembre -entre otras- estableció que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos 

OUGHACION 

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III11 

establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino: que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno. convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (...).

De igual forma, la Sentencia Constitucional SC 0752/2002R de 25 de junio, dispone que: “(...) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, dispuso: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con: claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.”

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Por su parte, los numerales 6, 7 y 10 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen como derechos del sujeto pasivo el debido proceso, el formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

De la misma forma el parágrafo Il artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que: “II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido seexpresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.” 

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Luis M Ankzana 

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Expuestos los argumentos de ambas partes, esta instancia de alzada verificará si los actos administrativos emitidos por el SIN, cuentan con la debida valoración de la prueba documental ofrecida por el contribuyente durante el desarrollo de la verificación, para lo cual, corresponde señalar que conforme el acta de recepción y devolución de documentación cursante a fojas 26 de antecedentes administrativos, el sujeto pasivo presentó ante la Administración Tributaria documentación consistente en: Declaraciones Juradas Form. 200 de los periodos febrero, mayo y junio de 2012; libro de compras IVA del 01/04/2012 al 30/09/2013; notas fiscales de compras N° 110, 111, 113, 310, 1374, 273, 312, 1375 y 1376 con comprobantes de egreso, notas pago-ingreso, solicitudes de compra y pago de servicios, notas de ventas, otras facturas originales, recibos originales, liquidación fletes de transportistas, fotocopias de cheques, estados de cuentas, ficha kardex, detalle de gastos realizados, fotocopias de cédulas de identidad, fotocopia de depósitos en cuenta, detalle de gasto de diésel; diarios de operaciones, auxiliar de mayores, reporte de balanza de sistema contribuyente. 

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A ello, la Administración Tributaria en la vista de Cargo N° 291739000106 de 18 de mayo de 2017 (fojas 141 de antecedentes administrativos) respecto a las Facturas N° 1375 y 1376 señaló en su acápite 1.1. “Facturas No Válidas (NV) para crédito fiscal, por no contar con documentación clara y suficiente (...)” que: “En relación al pago presenta también libro diario por el registro de pago de las facturas Nros. 1374, 1375 y 1376 mediante transferencia NELSO bancaria a la cuenta del proveedor INTEXPLAST SRL, adjunta formulario de transferencia a 

CUGRACION DE 

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terceros u otros bancos del 03/09/2012 y nota de pago No 32751 por las facturas sujetas a revisión.Advirtiéndose que el fisco, se limitó simplemente a mencionar los descargos, empero no pronunció respuesta específica sobre la valoración, calificación o compulsa efectuada de dicha prueba, máxime si se considera que para las facturas N° 1375 y 1376 el sujeto pasivo efectuó traspaso de fondos de su cuenta bancaria a la del proveedor, demostrando la existencia de un medio de pago. 

– 

No obstante a que en la vista de Cargo antes aludida a fojas 141 de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria reconoció la existencia de documentos del sujeto pasivo en relación al pago, en la misma foja señaló que las facturas observadas no cuentan con documentación de respaldo suficiente que demuestren la efectiva realización de la transacción y su forma de incorporación a su actividad gravada, toda vez que el sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre de forma contundente el pago al proveedor por el total de la transacción, aspecto que genera contradicción e incertidumbre en relación al pago de las facturas N° 1375 y 1376, por cuanto no se advierte que el Servicio de Impuestos Nacionales haya asumido una posición respecto a la documentación de respaldo al pago que fue presentada por el sujeto pasivo, citándola en el acto administrativo y manifestando de forma incongruente su inexistencia. 

De la misma manera, en el cuadro Detalle de Facturas no válidas para cómputo de crédito fiscal, cursante a fojas 142 de antecedentes administrativos, el SIN consignó como observación a las facturas N° 1375 y 1376: El contribuyente no adjunta documentación ni información suficiente de sustente que respalde y demuestre la transferencia de dominio de los productos adquiridos, la aplicación de estas compras en la actividad del contribuyente ( solicitudes u órdenes de compra, notas de ingresos a almacenes, kárdex) y que estos coadyuven en la generación de sus ingresos gravados con la materialización de la transacción a través de documentación contable y financiera, es decir no presenta documentación que respalde la forma de incorporación en su actividad gravada.” 

De lo expuesto precedentemente, se advierte que, si bien la Administración Tributaria en la Vista de Cargo N° 291739000106 de 18 de mayo de 2017, al inicio del análisis de las facturas observadas señaló y observó en su acápite 1.1. Facturas No Válidas (NV) para crédito fiscal, por no contar con documentación clara y suficiente (…); que el sujeto pasivo. no presentó documentación que demuestre contundentemente el pago por el total de la transacción a al proveedor, sin embargo, en el cuadro Detalle de facturas observadas, omitió im esta observación depurando el crédito fiscal simplemente porque a entender la N-ISO Administración Tributaria, el recurrente no presentó documentación que respalde la forma en IBX 

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que las transacciones se incorporaron a su actividad gravada, hecho que no permite tener una cabal comprensión de cuál es la verdadera observación del SIN para depurara las facturas N° 1375 y 1376. 

De lo expuesto hasta este punto, se advierte de forma clara que la Vista Cargo No 291739000106 de 18 de mayo de 2017, se encuentra viciada de nulidad, vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso, al no efectuar un análisis y valoración a la documentación presentada durante la sustanciación de la verificación, al no exponer de forma clara y precisa la razón de la depuración del crédito fiscal de las facturas sujetas a revisión, así como también por la incongruencia referida al pago de las facturas N° 1375 y 1376; hechos que se reproducen en la Resolución Determinativa N° 171739000391 en su acápite “Observaciones que dieron origen a la vista de Cargo” cursante a fojas 208 y 209 de antecedentes administrativos. 

KTORIDADES FOOD 

Por otra parte, conforme a los antecedentes administrativos cursantes a fojas 156 y 157, el sujeto pasivo presentó memorial de descargos a la vista de Cargo N° 291739000106 el 22 de junio de 2017, exponiendo argumentos relacionados con ilegalidades cometidas por la Administración Tributaria en la emisión de la Vista de Cargo, el cabal cumplimiento de la normativa, la documentación que acreditan la plena legalidad de las transacciones y la inexistencia de Omisión de Pago, por lo que en dicho memorial solicitó la emisión de una resolución que declare la inexistencia de deuda tributaria. 

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De la compulsa de la Resolución Determinativa impugnada, se tiene que a fojas 216 de 

antecedentes administrativos el Servicio de Impuestos Nacionales señaló: “la compras debe

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estar vinculadas directamente con la actividad señalada, de tal manera que permita cumplir con la finalidad para lo cual ha sido constituida la empresa. Considerando los argumentos presentados por el contribuyente corresponde indicar que no obstante a lo señalado, el contribuyente no ha demostrado documentalmente la relación del gasto detallado en las facturas observadas, con la actividad desarrollada por el contribuyente ANDRADE BALLESTEROS OSCAR FERNANDO, al no haber presentado documentación que corrobore la presentación del servicio y/o adquisición de las materias primas como ser: ordenes de servicio, acta de recepción de servicios, informes técnicos, kardex físico valorado entre otros, así como cualquier tipo de documento utilizado para el control de la efectiva presentación del servicio y/o provisión de insumos o materias, u otra documentación relacionada que demuestre la realización de la transacción y por ende su vinculación”. 

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De la misma manera, la Administración Tributaria en el apite “Valoración de los documentos presentados por el contribuyente” de la Resolución Determinativa cursante. a fojas 217 y 218 de antecedentes administrativos, expresó como valoración de los argumentos y pruebas de descargo a las facturas N° 1375 y 1376: “...) los documentos presentados por el contribuyente son parciales e insuficientes que no permiten determinar la realización de las transacciones y que demuestre la transferencia del dominio del bien/servicio prestado, a través de documentación contable, financiera y comercial que permita determinar la naturaleza de la transacción y/o la forma de incorporación y aplicación de los gastos en servicios y/o bienes que coadyuven en la generación de sus ingresos gravados, que demuestre la efectiva percepción del material o del servicio por parte del contribuyente con información completa y fidedigna, toda vez que no demostró de forma indubitable y fehaciente la realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada”. 

De esta manera, el SIN expuso como fundamento legal para cuestionar la validez del crédito fiscal declarado: “(...) no resulta suficiente la existencia de un comprobante contable, nota de entrega, guía de remisión, sino documentación que acredite la materialidad de sus transacciones y se encuentren efectivamente vinculadas con sus propias operaciones, lo contrario sería un acto de simulación, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente; cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé el método interpretativo de la Realidad Económicaque permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si cumplieron los presupuestos económicos de la operación” (fojas 219 de antecedentes administrativos)

Sin embargo, las aseveraciones desarrolladas por la Administración Tributaria relacionadas con las facturas N° 1375 y 1376 siguen generando incertidumbre, toda vez que un análisis centrado en establecer omisiones de prueba documental como efectúa el SIN, sin especificar, concretamente la documentación obviada por el contribuyente ni realizar una valoración individual a los documentos presentados durante el proceso de determinación, vulnera la realidad económica que circunda la actividad del ahora recurrente, pues no existen situaciones irregulares relevadas por la Administración Tributaria que permitan concluir un incumplimiento de los presupuestos económicos que hacen el hecho 

ue hacen el hecho imponible, debiendo destacar que las facturas fueron debidamente dosificadas y que tampoco se trata de un 

proveedor con domicilio desconocido o en su caso, algún hecho que motive cuestionar la – efectiva realización de la operación suscitada entre el sujeto pasivo y los emisores de las 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

notas fiscales, máxime si existe un medio de pago ofrecido por el recurrente que no fue considerado por la Administración Tributaria. 

En ese sentido, no debemos olvidar que cursa prueba referida al pago efectuado por el sujeto pasivo a los emisores de las notas fiscales sujetas a verificación, hecho que se enmarca en lo señalado por el numeral 4 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

De esta forma, se evidencia que el SIN no valoró toda la documentación presentada como prueba por el sujeto pasivo, tanto durante el trabajo de campo como en el periodo de descargo, careciendo de un valor probatorio que impulse su rechazo; concluyendo en la ausencia de una fundamentación técnica y fáctica sobre los hechos contenidos en la documentación de respaldo presentada por Oscar Fernando Andrade Ballesteros, vulnerando lo previsto en el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) que demanda de la Administración Tributaria, la exposición de los hechos y antecedentes que sirvieron de causa, además de expresar en forma concreta las razones que indujeron a emitir el acto, enunciado que no puede considerarse como cumplido cuando el SIN no describió de forma puntual los motivos para desestimar la prueba ofrecida por el sujeto pasivo referida a la efectiva realización de la transacción y su consecuente vinculación con la actividad gravada, obviando además la fundamentación legal para desestimar las retenciones efectuadas por el sujeto pasivo a los pagos efectuados a sus proveedores por la compra de piedra caliza.. 

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Lo expuesto demuestra que el trabajo de análisis del contribuyente no fue plasmado con precisión en el acto recurrido y tampoco en la Vista de Cargo, toda vez que, no se advirtió un desglose de la valoración asignada a toda la documentación ofrecida por el sujeto pasivo mediante las Actas de Recepción de Documentación elaboradas hasta antes de la emisión de la Vista de Cargo, en especial las observaciones referidas a los medios de pago; es más, del cuestionamiento sobre la materialización de la transacción, en ningún momento el SIN expuso aspectos que generen duda sobre la existencia del proveedor, una conducta tributaria irregular como facturas emitidas sin la dosificación previa autorizada, domicilio desconocido o en su caso, prueba que demuestre diferencias en las facturas objetos de revisión con las copias de los emisores, denotando con ello, que la ausencia de fundamento fáctico advertido en los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, también está vinculado a un deficiente trabajo de investigación y verificación, que se limitó al análisis de una parte de los documentos ofrecidos por el contribuyente e información obtenida de su Sistema SIRAT; restringiendo de esa forma la búsqueda de la verdad esa material, prevista en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av, Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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Por consiguiente, en cuanto a la valoración de la prueba, si bien el Servicio de Impuestos Nacionales, expresó que el sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción, tampoco explicó con precisión que do omitida por el contribuyente y que impulsó a la conclusión de la carencia de respaldo, debiendo añadir que a pesar que la Administración Tributaria receptó documentos de prueba ofrecidos por el contribuyente, tal como evidenciamos en las Actas de Recepción, no existió en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa impugnada, una exposición técnica, clara y concreta sobre la valoración asignada a la misma y el fundamento que impulsó desestimarlas; no siendo suficiente enunciar la prueba conocida, sino compulsar la misma, exponiendo un resultado preciso y comprensible para desestimar su eficacia, lo contrario como se comprobó en el presente caso, vulnera lo previsto en el numeral 7 del artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), porque la Administración Tributaria no consideró toda los elementos de prueba al momento de emitir el acto impugnado, lo cual también fue evidenciado en la emisión de la Vista de Cargo

Por lo expuesto, resulta evidente que la vista de Cargo, no cumplió los requisitos previstos en el parágrafo I del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), porque el SIN, no incluyó en su análisis todos los elementos de prueba en su poder, generando incertidumbre sobre la eficacia probatoria de los mismos, careciendo de una fundamentación fáctica consistente con los hechos que fueron advertidos durante el desarrollo del proceso determinativo y el sustento legal de la decisión asumida; falencia que también fue comprobada al momento de analizar el acto impugnado, vulnerando de esta forma, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), configurándose las causales previstas en el parágrafo 11 del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria conforme el artículo 74 numeral 1.y artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que, los actos administrativos señalados líneas previas, fueron emitidos sin cumplir con los requisitos previstos en la normativa tributaria vigente, comprometiendo de esta forma el derecho a la defensa del sujeto pasivo, contraviniendo los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); en consecuencia, al advertirse vicios en la Resolución Determinativa N° 171739000391 de 23 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que vulneraron el derecho a la defensa y el debido proceso; correspondiendo a ésta instancia recursiva, anular dicho acto, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la vista de Cargo N° 291739000106 de 18 de mayo de 2017, de tal . forma que la Administración Tributaria emita nuevos actos en el marco de lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 96 y parágrafo ll. del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), FM 

  • exponiendo una fundamentación fáctica y legal para todos los hechos y actos relacionados NEISO 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

con el objeto de la verificación, así como una valoración de toda la prueba aportada por el contribuyente. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171739000391 de 23 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es la Vista de Cargo N° 291739000106 de 18 de mayo de 2017, de tal forma que la Administración Tributaria, pueda emitir nuevos actos debidamente fundamentados, conforme al parágrafo | artículo 96, parágrafo Il artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), incluyendo una valoración de toda la prueba ofrecida por el sujeto pasivo; sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso C) parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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S.T.R. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

Alatora 

VOLOV Shonacin 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

Lelaudia B. Cors Rejas 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTÉRINA . Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

en Suplencia legal de la Autoridad Regional de 

Impugnacion Tributaria Cochabamba 

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