ARIT-CBA-RA-0420-2017 La AIT resolvió anular la Resolución Administrativa en razón de que el SIN no realizó el análisis integro y completo a la solicitud de prescripción de gestiones que se encuentran detallados en el recurso de alzada interpuesto por el contribuyente

ARIT-CBA-RA-0420-2017

A

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0420/2017 

Recurrente 

: Mariela Alexander Vaca Pereyra 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Santa Cruz | del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Eduardo Mauricio Garcés Cáceres 

Expediente : ARIT- SCZ0389/2017 Acto Impugnado : Resolución Administrativa N° 231770000270 de 6 de junio de 2017 

Fecha 

: Cochabamba, 13 de octubre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0420/2017 de 13 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

CION 24 

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Lois M Antezana 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital de Santa Cruz. 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Administrativa N° 231770000270 de 6 de junio de 2017, que, rechazó la oposición de prescripción formulada por la sujeto pasivo respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios establecidos en los PIET (1) Nos. 5794/2008, 5795/2008, 5796/2008, 5797/2008, 5798/2008, 5799/2008; 4946/2007 y 4945/2007 de fechas 16 de junio de 2008 y 1 de noviembre de 2007 respectivamente, emergente de los títulos de ejecución correspondientes a las Declaraciones Juradas Form. 156 Impuesto a las Transacciones (IT), de los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2003 y los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1734/2007 y 1733/2007 de 1 de noviembre de 2007, en virtud de los artículos 52 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado). Acto notificado en Secretaría el 9 de junio de 2017 (fojas 7483 de antecedentes administrativos). 

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Hency Delt Villa Alanes II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

II.1. Argumentos del Recurrente Mariela Alexander Vaca Pereyra, mediante memorial presentado el 12 de junio de 2017 ffojas 13-18 vta., del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

NBISO Resolución Administrativa N° 231770000270 de 6 de junio de 2017, emitida por la Gerencia IBNORCA Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales manifestando lo siguiente

Página 1 de 14 Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

0710-DRES 

UABALIRT 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N°EC2741

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Que transcurrieron catorce años desde el vencimiento del Impuesto de la gestión 2003 y. 

que ninguna Ley o normativa vigente faculta a la Administración Tributaria a cobrar – impuestos después de doce años de su vencimiento. 

Indicó que para las declaraciones juradas de los impuestos IVA e IT correspondientes a las gestiones 2003 a la 2007, los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB) y. no de la Ley 1340 (CTb abrogado); por lo que corresponde la aplicación de los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB) que dispone cuatro años para la prescripción y al no haber demostrado la Administración Tributaria la existencia de causales de suspensión ni de interrupción conforme lo prevén los artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), se establece que la acción para determinar la obligación impositiva y exigir el pago respecto al IVA e IT de las gestiones 2003 a la 2007 se encuentra prescrita, debiendo considerarse que por la antigüedad de los mismos, no están comprendidos los ilegales alcances de la Ley N° 291, por cuanto se debe aplicar el principio jurídico del tempus regit actum. 

Señaló que las facultades para imponer sanciones administrativas prescribieron a los dos años conforme al numeral III del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Manifestó que la jurisprudencia establece la exigencia de fundamentar .y motivar las resoluciones, para ello señaló las Sentencias Constitucionales 0147/2010-R de 17 de mayo y otras, agraviando que la resolución impugnada nunca respondió ni fundamento su solicitud original respecto a la deuda cuantificada e ilegalmente reclamada por el fisco, por lo que esta falta de motivación y fundamentación es contraria al debido proceso. 

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Señaló el carácter irretroactivo de la norma tributaria, siendo nulos de pleno derecho el aplicar normas perjudiciales conforme lo establecido en la doctrina tributaria de distintas Resoluciones Jerárquicas, entre ellas AGIT-RJ 0344/2014 de 5 de marzo. 

Por otro lado indicó que, por el principio de seguridad jurídica se tiene que la inacción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuirse al sujeto pasivo ni pretender aplicar el artículo 324 constitucional. 

Indicó que por la inacción de la Administración Tributaria para la imposición y cobro de adeudos tributarios de la gestión 2009, corresponde declarar la prescripción según el entendimiento de la Sentencia No 39/2016 y 47/2016 del Tribunal Supremo de Justicia, así como también la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3. 

NBISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N’EC-274114 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución impugnada y se declare la prescripción de los derechos de cobro y ejecución de las Declaraciones Juradas, más el cobro de sanciones y multas de las gestiones 2003 a la 2007. 

11.2. Auto de Admisión El 3 de agosto de 2017, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-SCZ-0389/2017, que dispuso admitir el Recurso de Alzada interpuesto por Mariela Alexander Vaca Pereyra, contra la Resolución Administrativa N° 231770000270 de 6 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 59 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Eduardo Mauricio Garcés Cáceres, acredito personería conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000523 de 31 de marzo de 2017 (fojas 73-74 del expediente administrativo), por memorial presentado el 22 de agosto de 2017 (fojas 75-80 del expediente administrativo), respondió negativamente a la demanda expresando lo siguiente: 

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LUIS M Antezana 

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Que existe confusión de la recurrente, toda vez que por el principio tempus comissi delicti, en el presente caso se debe aplicar la norma sustantiva contenida en la Ley 1340 (CTb abrogado). 

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Fred. Resis Urquinaona 

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Manifestó que para la prescripción invocada en etapa de cobranza coactiva, las 

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Declaraciones Juradas auto determinadas se encuentran ejecutoriadas mediante los PIET’S 4945/2007, 4946/2007, 5794/2008, 5795/2008, 5796/2008, 5797/2008, 5798/2008 y 5797/2008 por las declaraciones impagas correspondientes al IT de los periodos febrero a septiembre de 2003 y el inicio del proceso sancionador mediante la notificación de los AISC N° 1734/2007 y 1733/2007 de 31/12/2007. 

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Juan José 19 Espada Estrada 

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Indicó que tomando en cuenta los lineamientos de las Resoluciones Jerárquicas entre ellas el Recurso Jerárquico STG-RJ 0056/2008 de 21 de enero-, se debe aplicar la Ley 1340 (CTb abrogado) por estar vigente hasta el 3 de noviembre de 2003. 

REGIONA

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9001 

LUTOROAD 

Sistema de Gestión 

Certificado NEC27441

Manifestó que al tratarse de Títulos de Ejecución Tributaria, el cómputo de la prescripción 

NB-ISO es de 5 años comenzando el 1 de enero de 2004 y concluyendo el 31 de diciembre de 

IBNORCA 2008, sin embargo este término se interrumpió con la notificación de los PIETs No Sistema de gestion 

Página 3 de 14 Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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4945/2007 y 4946/2007 el 31 de diciembre de 2007; los PIET’S N° 5794/2008, 5795/2008, 5796/2008, 5797/2008, 5798/2008 y 5797/2008 el 16 de junio de 2008, constituyéndose en mora al contribuyente lo que produjo interrupción; por otro lado se debe considerar la interrupción de la prescripción realizada por el contribuyente mediante solicitud de liquidación de los adeudos tributarios notificada el 8 de marzo de 2016 conforme lo establece el artículo 55 de la Ley 1340 (CTb abrogado), y los artículos 340 y 1503 del Código Civil, resaltando jurisprudencia que señala que la prescripción no opera de oficio.. 

Respecto a la supuesta falta de motivación, señaló que en la Resolución impugnada, se realizó una fundamentación fáctica y legal respecto a la prescripción y su cómputo detallando las declaraciones juradas que no fueron pagadas y por las cuales se dio inicio de ejecución tributaria, sustentando los motivos y exponiendo los hechos, consecuentemente, el no estar de acuerdo con la fundamentación no significa la vulneración al debido proceso 

  • Indicó que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0043/2017-S2 de 6 de febrero de 2017, 

dejó sin efecto la Sentencia 47/2016 de 16 de junio de 2016, así también la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/2017-S3 de 24 de marzo de 2017, dejó sin efecto la Sentencia 39/2016; añadió que en el presente caso no se aplicó las modificaciones establecidas en la Ley 291. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente al Resolución Administrativa impugnada. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 23 de agosto de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-SCZ-0389/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 81 del expediente administrativo

II.4.1. Prueba Sujeto Pasivo Por memorial de 5 de septiembre de 2017, la recurrente se ratificó en la prueba que cursa en los antecedentes administrativos (fojas 92 del expediente administrativo) 

II.4.1. Prueba Administración Tributaria Por memorial de 7 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria se ratificó en la prueba presentada con el memorial de respuesta, consistente en los antecedentes administrativos (fojas 97 del expediente administrativo) 

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NBISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado NPEC-27414 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

11.5 Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria El 15 de septiembre de 2017, Eduardo Mauricio Garcés Cáceres en su calidad de Gerente Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó ante esta instancia alegatos refutando los argumentos del recurrente y reiterando los fundamentos de su respuesta a la demanda (fojas 102-105 y vta., del expediente administrativo). 

11.5.2. Sujeto Pasivo Mediante memorial presentado el 19 de septiembre de 2017, Mariela Alexander vaca Pereyra, fundamento sus alegatos, exponiendo los mismos argumentos de su recurso de alzada, reiterando en petitorio, la revocatoria total de la resolución impugnada y la declaración de prescripción (fojas 122-123 vta. del expediente administrativo). 

WALDEMA 

TRIBUTARIA 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 1 de noviembre de 2007, la Gerencia Distrital Santa Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC/4945/2007, contra la sujeto pasivo Alexander Vaca Pereyra Mariela declarando la firmeza y ejecutoriada la declaración jurada Formulario 156 con Número de Orden 9758301 correspondiente al periodo 9/2003, por el monto de Bs718.-; así como también emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No DTJCC/4946/2007 declarando ejecutoriada la declaración jurada Formulario 156 con Número de Orden 8830045 correspondiente al periodo 8/2003, por el monto de Bs973.- y comunicando el inicio de la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación. Actuados notificado por edictos el 27 y 31 de diciembre de 2007 (fojas 6-14 de antecedentes administrativos). 

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El 1 de noviembre de 2007 la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

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Contravencional N° 1733/2007 resolviendo iniciar un Sumario Contravencional contra la ahora recurrente al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria auto determinada 

mediante formulario F-156 con N° de Orden 9758301 correspondiente al IT del periodo 9/2003, adecuando su conducta a la contravención tributaria de evasión (fojas 21-22 de 

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antecedentes administrativos). 

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El 1 de noviembre de 2007 la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1734/2007 resolviendo iniciar un Sumario Contravencional contra la ahora recurrente al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria auto determinada mediante formulario F-156 con N° de Orden 8830045 correspondiente al IT del periodo 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

do la calidad Certificado N°EC-2741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbusuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

IT 

8/2003, adecuando su conducta a la contravención tributaria de evasión (fojas 23-24 de antecedentes administrativos). 

El 16 de junio de 2008, la Gerencia Distrital Santa Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° DTJCC/5764/2008, contra la sujeto pasivo, Alexander Vaca Pereyra Mariela declarando la firmeza y ejecutoriada la declaración jurada Formulario 156 con Número de Orden 7853043 correspondiente al periodo 2/2003, por el monto de Bs625.-; PIET N° DTJCC/5795/2008 que declara ejecutoriada la declaración jurada Formulario 156 con Número de Orden 8504251 correspondiente al periodo 3/2003, por el monto de Bs457.-; PIET N° DTJCC/5796/2008 que declara ejecutoriada la declaración jurada Formulario 156 con Número de Orden 8272822 correspondiente al periodo 4/2003, por el monto de Bs571.-; PIET N° DTJCC/5797/2008 que declara ejecutoriada la declaración jurada Formulario 156 con Número de Orden 8822067 correspondiente al periodo 5/2003, por el monto de Bs771. ;PIET N° DTJCC/5798/2008 que declara ejecutoriada la declaración jurada Formulario 156 con Número de Orden 8938178 correspondiente al periodo 6/2003, por el monto de Bs673. y PIET N° DTJCC/5799/2008 que declara ejecutoriada la declaración jurada Formulario 156 con Número de Orden 8933999 correspondiente al periodo 7/2003, por el monto de Bs726. ; asimismo mediante los citados PIET’s, la Administración Tributaria comunicó el inicio de la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación. Actuados notificado por edictos el 21 y 25 de diciembre de 2008 (fojas 61-66 de antecedentes administrativos). 

El 6 de junio de 2017, la Gerencia Distrital de Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Administrativa N° 231770000270, que resolvió rechazar la oposición de prescripción formulada por la contribuyente respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios establecidos en los PIET (1) Nos. 5794/2008, 5795/2008, 5796/2008, 5797/2008, 5798/2008, 5799/2008; 4946/2007 y 4945/2007 de fechas 16 de junio de 2008 y 1 de noviembre de 2007 respectivamente, emergente de los títulos de ejecución presentados por el sujeto pasivo estableciendo la deuda tributaria mediante las declaraciones juradas Form. 156 Impuesto a las Transacciones (IT), correspondientes a los períodos fiscales febrero, marzo, julio, agosto y septiembre de la gestión 2003 y los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1734/2007 y 1733/2007 de 01 de noviembre de 2007, en virtud de los artículos 52 y 5

de la Ley N° 1340 (CTb. abrogado). Acto notificado en Secretaría el 9 de junio de 2017 ‘ (fojas 74-82 y 83 del expediente administrativo). 

NB-ISO 

9001 IBNORCA. Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N°EC-27414 

.” 

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Cochabamba 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Conforme lo expuesto en el parágrafo I del artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por Marcela Alexander Vaca Pereyra, dentro de los cuales trajo a colación para el análisis técnico jurídico aspectos tanto de forma como de fondo, siendo el de forma: 1) Falta de fundamentación de la Resolución; respecto a las cuestiones de fondo: 2) Prescripción de la acción para determinar la obligación impositiva y exigir el pago respecto al IVA e IT de las gestiones 2003 a la 2007 y.la aplicación de la Sentencia No 39/2016 y 47/2016 del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016S3 respecto al carácter irretroactivo de la norma. 

En ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados; y en caso de no ser evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

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  1. 1. Aspecto de Forma IV.1.1. Falta de fundamentación Mariela Alexander Vaca Pereyra en su recurso de alzada, manifestó que la jurisprudencia establece la exigencia de fundamentary motivar las resoluciones, para ello citó la Sentencia Constitucional 0147/2010-R de 17 de mayo entre otras- señalando que la resolución impugnada, nunca respondió ni fundamento su solicitud original de prescripción respecto a “la deuda cuantificada e ilegalmente reclamada por el fisco (sic)”, por lo que, esta falta de motivación y fundamentación fue contraria al debido proceso. 

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La Administración Tributaria respondió indicando que el hecho de no estar de acuerdo con la fundamentación, no significa la vulneración al debido proceso, toda vez que la Resolución impugnada realizó una fundamentación fáctica y legal respecto a la prescripción y su cómputo en las que se detallaron las declaraciones juradas que no fueron pagadas y por las cuales se dio inicio de ejecución tributaria, sustentando los motivos y exponiendo los hechos. 

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Toda vez que el fundamento del agravio refiere a que la Administración Tributaria, no respondió la solicitud original –sobre prescripción- aspecto que vulneró el derecho a la petición, corresponde traer a colación el artículo 24 de la Constitución Política del Estado 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestlón 

de la Calidad Certificado N*EC-274314 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012. www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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(CPE) que establece que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta

* Ahora bien, en consideración a la jurisprudencia constitucional, se tiene que el derecho fundamental a la petición, se entiende: “Como la facultad, potestad o capacidad de toda persona, para acudir ante autoridades o representantes y pedir -de forma individual o colectiva- la atención de sus necesidades y requerimientos; es decir, se trata de un derecho fundamental de contenido formal, para cuyo ejercicio basta plasmarlo en forma oral o escrita y su cumplimiento, comprende una respuesta pronta, oportuna, motivada y fundamentada y no así, necesariamente favorable al peticionante

Continuando con el lineamiento, la Sentencia Constitucional N° 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció las causales por las cuales se vulnera el derecho a la petición, identificando las siguientes: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y; d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado“. .

Además el inciso c) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), establece que la actividad administrativa debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso. Por su parte el inciso h) del artículo 16 del mismo cuerpo legal, dispone que las personas en su relación con la Administración Pública, tienen el derecho a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen

Respecto a que se vulneró el debido proceso por la falta de motivación, la Sentencia Constitucional 2023/2010R de 9 de noviembre -entre otras- estableció que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales Noorso aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores Sistema de on 

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de la Calidad Certificado N*EC27414 

(AIT. 

Cochabamba 

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supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…)”. 

De igual forma, la Sentencia Constitucional SC 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: “…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. 

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La Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, dispuso: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” 

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Respecto al acto administrativo la doctrina señala que: (…) el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo 

NBISO tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

IBNORCA considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes si 

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COPOŁO:

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado NEC-274/14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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ini los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho 

Administrativo – Tomo IV, Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. Il-36 y.II37)

En ese entendido, nuestra legislación en el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), los cuales establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso, que tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. En este marco de Estado de Derecho, la potestad tributaria, no es, ni puede ser absoluta, sino que esté sometida a la Ley, máxime si la Constitución Política del Estado es taxativa al considerar que, toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella son ilegales. 

Asimismo, el artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), enumeró los elementos esenciales de un Acto Administrativo, encontrándose entre estos: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) Fun Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando; además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo. A su vez el inciso c) del artículo 4 de la misma Ley, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Por su parte, los parágrafos I y II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el artículo 201 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), señalan que, serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción de ordenamiento jurídico, siendo que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados..

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Así mismo, con el objeto de arribar a un cabal entendimiento del principio de congruencia en el presente caso, es necesario citar el precedente expresado en la Resolución 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Jerárquica STGRJ/0011/2006 de 12 de enero de 2006, que afirma: “... se debe precisar que para la doctrina tributaria, el instituto jurídico de los actos anulables, enseña que los actos administrativos deberán ser considerados válidos hasta que los mismos sean anulados o revocados por autoridad competente, para lo cual es necesario que dichos vicios de procedimiento sean denunciados por los interesados ante la autoridad administrativa correspondiente, …cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investiga 

(Agustín Gordillo, Tratado Derecho Administrativo, tomo 3, p. XI33, 2003). (...) El desajuste entre la Resolución del presente Recurso de Alzada y los términos en que las partes formulen sus pretensiones, concediendo más o menos una cosa distinta de la pedida, es un vicio que puede entrañar una vulneración al principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho de tutela administrativa, siendo que el referido principio de congruencia podría definirse como la correlación que debe existir entre la pretensión procesal, otras peticiones y alegaciones de las partes y la actividad decisoria o resolutoria que se plasma en la sentencia. (…) 

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La congruencia puede quebrarse, de dos modos: por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que debió resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la congruencia presenta dos exigencias, por un lado la exhaustividad en el pronunciamiento cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por otro lado el deber de no exceder en el pronunciamiento de los límites que derivan de la pretensión procesal y de otras peticiones y alegaciones de las partes, cùya infracción da lugar a diversas modalidades de incongruencia. Siendo que la clasificación de la incongruencia distingue entre incongruencia ultra petita (más de lo pedido), infra petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u omisión del pronunciamiento (…)

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Ahora bien, de la compulsa de la Resolución Administrativa N° 231770000270 de 6 de junio de 2017 ahora impugnada- se tiene que la Administración Tributaria en el primer Considerando (fojas 75-77 de antecedentes administrativos) describió: Que, la contribuyente ALEXANDER VACA PEREYRA MARIELA con NIT 4645493014 en fechas 5 de abril de 2016 y 11 de abril de 2017 presenta memoriales, signados mediante NUIT Nros. 9767/2016 y 4566/2017. Asimismo y refiriéndose al contenido de dichos memoriales indicó textualmente que “mediante los cuales manifiesta: (...) Al amparo de lo expuesto en la presente solicito a su Autoridad que emita RESOLUCION ADMINISTRATIVA FUNDAMNETADA EN DERECHO, declarando la prescripción de los derechos de cobro y ejecución de las declaraciones juradas desde la gestión 2003 a la gestión 2008, 

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debiendo anularse los actos ilegalmente promovidos de ejecución (…)(El resaltado nos corresponde). 

De esta manera, se advierte que la Resolución Administrativa impugnada, precisamente en su parte considerativa antes transcrita, hizo referencia a la presentación de memoriales por parte de la sujeto pasivo, en los cuales solicitó se declare la prescripción de los derechos de cobro y ejecución de las declaraciones juradas desde la gestión 2003 a la gestión 2008; posteriormente, en el segundo Considerando señaló: “Que, a la prescripción invocada por la contribuyente, en líneas precedentes, corresponde se realice un análisis de las facultades de la administración Tributaria para la ejecución tributaria coactiva o cobro coactivo amparado por el artículo 304 de la Ley 1340, cuyas declaraciones juradas fueron autodeterminadas mediante (...)” posteriormente la Administración Tributaria se avocó exclusivamente a fundamentar y responder la imprescriptibilidad de la gestión 2003, para resolver en conclusión rechazar la oposición de prescripción respecto a los PIET’s Nos. 5794/2008, 5795/2008, 5796/2008, 5797/2009, 5798/2008, 5799/2008; 4946/2007 y 4945/2007 emergentes de los títulos de ejecución presentados por el sujeto pasivo, estableciendo la deuda tributaria mediante las declaraciones juradas del Impuesto a las Transacciones (IT), correspondientes a los períodos fiscales febrero, marzo, julio, agosto y septiembre de la gestión 2003 y los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1734/2007 y 1733/2007 de 1 de noviembre de 2007, en virtud de los artículos 52 y 54 de la Ley N° 1340 (Ctb. abrogado); empero, no se emitió argumento de respuesta alguna respecto de la solicitud de prescripción de las gestiones 2004 a la 2008, así como tampoco se emitió pronunciamiento del por qué se disgregó o solo se respondió la solicitud respecto a la gestión 2003. 

En tal sentido, es evidente que en la Resolución impugnada, no existió un análisis de todos. los aspectos denunciados y solicitados por el sujeto pasivo, lo que acredita incuestionablemente que el fondo de las pretensiones del sujeto pasivo no fueron atendidas en su totalidad, afectando el requisito de la fundamentación del acto y la congruencia entre lo pedido y resuelto, hecho que implica el incumplimiento de los requisitos del acto administrativo, para que se tenga la seguridad de que se trata de una resolución debidamente fundada, por cuanto es importante dejar claramente establecido que, por mandato constitucional es obligación de la Administración Tributaria resguardar el debido proceso. 

En ese sentido, la Resolución Administrativa motivo del presente Recurso de Alzada, omitió considerar mpleta e individualmente todas los aspectos contenidos en la i

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Cochabamba 

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solicitud formulada por el recurrente, al no emitir un Acto que contenga una respuesta fundada para cada una de las mismas es decir un pronunciamiento expreso respecto a la prescripción de las gestiones 2003 hasta la 2008; siendo que tiene la obligación como ente 

administrativo, de resolver expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos administrativos, conforme disponen los numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el inciso h) del artículo 16 de la Ley N° 2341 (LPA); consecuentemente, la falta de respuesta completa a la oposición formulada por el contribuyente, afecta a la fundamentación de hecho y derecho de la decisión, lo que demuestra incuestionablemente que la Administración Tributaria incurrió en los vicios de nulidad denunciados por la parte recurrente. 

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que además fue conculcado el derecho al debido proceso y a la defensa del sujeto pasivo, toda vez que, la Administración Tributaria, debió realizar una evaluación, análisis integral y completo de todos los aspectos planteados por el sujeto pasivo, con la finalidad de establecer si efectivamente prescribieron o no las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, denotándose la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado, lo que desde luego impidió al sujeto pasivo asumir defensa respecto a las otras gestiones; en consecuencia, ésta instancia de Alzada, se ve imposibilitada de pronunciarse sobre los aspectos de fondo planteados, ya que la Administración Tributaria debe subsanar los vicios procedimentales en los que incurrió y bajo esas circunstancias, deberá pronunciarse de manera fundamentada y motivada sobre todos los aspectos formulados por el contribuyente en su solicitud de prescripción. 

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Por todo lo expuesto, el presente caso deriva en la vulneración del derecho a petición, debido proceso y el derecho a la defensa, así como de los derechos previstos en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); numerales 2, 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, de conformidad al parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley N° 2492 (Título V del CTB), corresponde a ésta instancia recursiva, anular la Resolución Administrativa N° 231770000270 de 6 de junio de 2017, debiendo la Administración Tributaria, emitir un nuevo acto congruente, debidamente fundamentado, completo e individualizado de las solicitudes de prescripción planteadas por la recurrente, conforme los fundamentos desarrollados en la presente resolución. 

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POR TANTO: 

ta suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia 

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que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231770000270 de 6 de junio de 2017, de tal forma que la Administración Tributaria, pueda emitir un nuevo acto congruente, debidamente fundamentado, completo e individualizado de las solicitudes de prescripción planteadas por la recurrente, conforme los fundamentos desarrollados en la presente resolución; sea de conformidad con el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación

Regístrese, notifíquese y cumplase. 

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Cláudia B. Cors Relis

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTÉRINA Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia Legal de la Autoridad Regional de 

Impugnacion Tributaria Cochabamba 

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