ARIT-CBA-RA-0415-2017 El contribuyente es sancionado por la omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales debido a que este no presento pruebas suficientes que demuestren la efectiva realización de la transacción por lo que el SIN procedió a la depuración de las facturas.

ARIT-CBA-RA-0415-2017

(AITU 

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0415/201

Recurrente 

Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana 

Recurrido 

: Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Carlos Eufronio Camacho Vega 

Expediente 

: ARIT-CBA-0241/2017 

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171739000305 de 18 de mayo de 

2017 

Fecha 

: Cochabamba, 13 de octubre de 201

VISTOS 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0415/2017 de 13 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171739000305 el 18 de mayo de 2017, determinando la Deuda Tributaria de Carrillo Antezana Juan Carlos Miguel, en la suma de UFV’s6.530 incluida la Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, alcanzando su obligación impositiva a UFV’s 12.398, equivalente a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa a Bs27.300, además calificó la conducta como Omisión de Pago por adecuarse a lo establecido por el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), cuyo importe es de UFV’s 5.368, asimismo impuso la multa de UFV’s500, toda vez que el contribuyente no presentó documentación solicitada mediante detalle de diferencias adjunto al F-7520 Orden de Verificación N° 39160V100036 contraviniendo lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado por cédula a Carrillo Antezana Juan Carlos Miguel el 28 de junio de 2017 (fojas 109-115 y 120 de antecedentes administrativos). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana, por memorial del 17 de julio de 2017 (fojas 9-12 del 

NB ISO B.C.RS expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

IBNORCA N° 171739000305 de 18 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Sistema de la 

Página 1 de 26 Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av..Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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Sistema de Gestión 

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Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

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Que la fiscalización restringió el derecho a la defensa, apresurando su conclusión, añadió que los vicios procesales implican la restricción de las garantías constitucionales acarreando la nulidad del procedimiento, manifestó además que la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización ocasionó indefensión, toda vez que realizó actos que implicaron producción unilateral de prueba acusatoria, además que no comunicó los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo, siendo un principio elemental del procedimiento administrativo o jurisdiccional el de hacer conocer al sujeto las circunstancias por las cuales se acusa y las pruebas que serán utilizadas, para que ejerza el derecho a la defensa, por lo que dichos actos incluyeron la supresión de fases procesales y requerimientos tardíos de documentos, conculcando el debido proceso, citó el artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Sentencia Constitucional SC 1234/2000-R de 21 de diciembre, que definió la garantía del debido proceso, reiterada en las SSCC128/2001-R y 378/2000-R

Alegó que en el proceso de fiscalización, no se otorgó ninguna posibilidad de brindar descargos o de poder conformar o no los reparos detectados en la auditoria, toda vez que no realizaron comunicación alguna de los resultados o entrega de papeles de trabajo a la conclusión de la fiscalización, resultando contradictorio el criterio de la Administración Tributaria con la normativa contenida en la Resolución de Recurso Jerárquico No STG RJ/178/2005 de 15 de noviembre de 2005

Argumentó que no fue notificado durante la etapa de fiscalización con los actos por los cuales se procedió a realizar “crucesde información y de las supuestas verificaciones de los proveedores, a efecto que ejerza su derecho de participar, en su defensa o negar la pertinencia de ellos, siendo las pruebas nulas al haber realizado su producción en vulneración de lo establecido en el artículo 16 (debió decir) de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Observó que en la Resolución Determinativa, se identificó notas fiscales que originarían la pérdida de Crédito Fiscal. IVA, por no contar supuestamente con la documentación que respalda las transacciones, además que depuró el crédito fiscal respecto a las notas fiscales, adjuntando para el efecto las Declaraciones Juradas, Libros IVA, Comprobantes de Ingreso, Egreso, Facturas observadas, medios de pago fehacientes que acreditan el cumplimiento de la obligación de contar con los registros contables exigidos por el artículo siento de este 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

70 de la Ley N° 2492 (CTB), añadió que no comprende que los fiscalizadores exijan documentos adicionales al margen de la normativa vigente, siendo por demás la documentación presentada. 

Manifestó que la Superintendencia Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico STG RJ/0156/2017, interpretó los artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y artículo 8 de Decreto 

Supremo N° 21530, señalando la validez del crédito fiscal: de acuerdo a la línea doctrinal adoptada por esta Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, entre otros- y en aplicación de los artículos 4 y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado) y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, deben existir tres requisitos a ser cumplido por el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara: ellos son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente...

Afirmó que las transacciones fueron realizadas por un contribuyente legalmente constituido y registrado en la Administración Tributaria y en el supuesto que este contribuyente no hubiere cancelado sus impuestos o declare erróneamente sus ventas mensuales es plena responsabilidad de ese contribuyente y en ningún caso de la empresa que representa, en virtud a que las adquisiciones fueron realizadas de buena fe, citó el Auto Supremo N° 248/2012 emitido por la Sala Social y Administrativa Liquidadora. 

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Argumentó que presentó a la Administración Tributaria los comprobantes que acreditan el pago de las adquisiciones efectuadas, además que adjuntó los documentos contables que acreditan la legalidad de las transacciones, el asiento contable y registro de todos los libros exigidos por las normas contable y el Código de Comercio, empero saló que la Administración Tributaria, recurrió a formalismos extralegales reclamando firmas o identificación en los comprobantes, contratos, kardex.de dotación de material al personal, documentos que la normativa tributaria no exige de manera expresa y que las transacciones se encuentran acreditadas en la documentación aparejada, por lo que no existe ningún motivo formal que justifique la depuración de las notas fiscales, en razón

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que se trata de adquisición de materiales propios para el giro de la empresa. 

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Expuso que la conducta fue tipificada como omisión de pago, pero no realizó la descripción de los justificativos fácticos o legales para llegar a esta inferencia, además que para la configuración de este ilícito debe existir un pago menor o inexistencia de pago de deudas tributarias, alegó que la empresa que representa, cumplió la normativa vigente 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

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beneficiándose de un crédito fiscal legítimo y notas fiscales habilitadas para justificar sus gastos, por lo que no incumplió ninguna obligación tributaria para que se configure esta figura; en consecuencia saló que el procedimiento contiene vicios insubsanables, correspondiendo declarar la nulidad, además que la depuración del crédito fiscal fue realizado de forma arbitraria y que la imposición de sanciones no corresponde. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la nulidad o la revocatoria del acto impugnado, declarando la validez del crédito fiscal depurado y dejando sin efecto las indebidas multas impuestas

II.2. Auto de Admisión El 24 de junio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE.ARIT-CBA-0240/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana, contra la Resolución Sancionatoria No 171739000303 de 18 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 13 del expediente administrativo)

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Carlos Eufronio Camacho Vega, quien otorgó Poder No 333/2017 de 3 de agosto de 2017, en favor de Rosmery Villacorta Guzmán, Claudia Gimena Morales Orellana y Ximena Elva Ortiz Núñez (fojas 1718 del expediente administrativo) mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2017 (fojas 21-26 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que mediante la Vista de Cargo, la Administración Tributaria comunicó al contribuyente los resultados preliminares obtenidos en el proceso de verificación; además estableció un plazo de 30 días a partir de su legal notificación para la presentación de descargos, no existiendo supresión de fases procesales, restricción al derecho de la defensa como tampoco requerimientos tardíos de documentación. 

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Señaló que consta en antecedentes, la notificación con el inicio de la Verificación, a través de la Orden de Verificación N° 3916OV100036 y Vista de Cargo N° 291739000021 cumpliendo con el procedimiento establecido en la normativa legal, no existiendo vicio 

procesal; alegó que no corresponde que la Administración Tributaria le notifique con el sistema de n

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Cochabamba 

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cruce de información a la empresa proveedora, en razón a que es la facultad de la Administración Tributaria, realizar la investigación para validar las facturas no respaldadas

Advirtió que el contribuyente presentó como respaldo a sus transacciones, las facturas observadas, los comprobantes de egreso y kardex de dotación, adió que los comprobantes de egreso si bien consignan firmas de los responsables contador y gerente, sin embargo, no identifica quien efectuó o percibió el pago, mucho menos que sea el proveedor o titular del NIT de la factura sujeta a verificación, por lo que consideró insuficiente la prueba sobre la “Compra de los bienes consignados en las facturas observadas, al no haber adjuntado medio de pago que demuestre la realización de las transacciones; aclaró que tampoco presentó prueba de descargo a la vista de Cargo, tampoco en la impugnación presentó un medio de pago que demuestre la realización de la transacción en virtud del artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y en cumplimiento del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, además señaló que el sujeto pasivo no tomó en cuenta que toda transacción comercial, debe estar respaldada con documentación que justifique y demuestre la compraventa del bien con el proveedor, alegó que se considere lo dispuesto en el Decreto Ley N° 14379 en sus artículos 36, 37 y 40

Argumentó que la Resolución Determinativa, cumplió con lo establecido en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) conteniendo los requisitos esenciales, la valoración y análisis de la documentación ofrecida por el sujeto pasivo, no correspondiendo dar curso a la nulidad. 

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Expuso que la Administración Tributaria, depuró 2 facturas del proveedor Juan Carlos Soliz Antezana, por no contar con documentación suficiente que evidencie la realización de las · transacciones con el titular del NIT de las facturas observadas, que si bien no es responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias de su proveedor ni el control de sus actividades, no es menos cierto que no puede exentarse de las facturas declaradas que obtuvo de los proveedores, siendo el único beneficiario del crédito fiscalel contribuyente, por lo que es “el único responsable de respaldar con documentación suficiente y consistente las mismas”, además demostrar que efectivamente realizó la compra o recibió la prestación, cumpliendo con el pago respectivo al emisor de la factura con fotocopias cheques, extractos bancarios, comprobantes de pago, recibidos de conformidad con la firma de la persona que recibió el pago, libros mayores auxiliares en donde se evidencia la salida de efectivo de la empresa, en resumen documentos que acrediten el pago realizado por el contribuyente por la adquisición de los productos, de lo 

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contrario no se puede comprobar fehacientemente la existencia de la operación y por ende se evidencia la invalidez del crédito fiscal. 

Arguyó que la documentación presentada por el contribuyente, consistente en comprobantes de egreso y kardex de dotación, no constituyendo prueba suficiente sobre la compra de bienes consignados en las facturas observadas, además que no adjuntó ningún medio de pago que demuestre la réalización de las transacciones requisito y normativa incumplida. 

Afirmó que el sujeto pasivo incumplió con el tercer requisito, es decir, que la transacción haya sido efectivamente realizada, citando los artículos 2, 4 y. 8 de la Ley N° 843 respecto a la transferencia de dominio, así como el artículo 17 numeral 1 y artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); señaló que para que el sujeto pasivo se beneficie del crédito fiscal de alguna compra o adquisición tiene la obligación de respaldar la compra reflejada en la factura o nota fiscal, además de respalda con documentación que acrediten los pagos realizados por el comprador al proveedor de los productos o servicios, toda vez que si bien las notas fiscales otorgan la adquisición de bienes y/o prestaciones de servicios, sin embargo, para el cómputo del crédito fiscal se debe cumplir con los requisitos de validez, autenticidad y materialidad que se constituya en prueba clara, suficiente y fidedigna que demuestre la efectiva transacción dispuestas por las leyes, de manera que no quede duda de que las 

originaron la emisión de la factura y que fueron efectivamente consumadas, además que el proveedor que efectuó- la prestación de un servicio o la venta de un producto, sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que reciba el pago por la transacción, hecho que no ocurrió en el presente caso, debido a que el contribuyente no demostró la realización de la transacción con el proveedor

Mencionó que las observaciones realizadas a las facturas de los periodos junio y diciembre de la gestión 2012, no fueron desvirtuadas por el contribuyente, realizando el pago de menos de la obligación tributaria adecuándose su conducta a los previsto en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). Advirtió que el sujeto pasivo no observó ni argumento respecto a la sanción. impuesta mediante Acta por Contravención Tributaria N° 148071, por la presentación de documentación incompleta al requerimiento, aceptando tácitamente la misma. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° IME 171739000305 de 18 de mayo de 2017. 

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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 11 de agosto de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0241/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 27 del expediente administrativo). 

II.4.1. Prueba Administración Tributaria El 4 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria presentó memorial ratificándose en la prueba presentada con el memorial de respuesta, consistente en antecedentes administrativos (fojas 29 del expediente administrativo). 

II.4.2. Prueba Sujeto Pasivo El 5 de septiembre de 2017, Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana presentó prueba consistente en notas fiscales signadas con los Nos. 000541 de 23 de junio de 2012 y 000747 de 23 de diciembre de 2012, Libro de Compras IVA correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2012, Libro Diario correspondiente al mes de junio y diciembre de 2012, Libro Mayor correspondiente al mes de junio y diciembre de 2012, además de solicitar día y hora para que presente juramento de reciente obtención (fojas 32 del expediente administrativo). De acuerdo al Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención de 11 de septiembre de 2017, Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana presto su juramento indicando que recién obtuvo la documentación que consta en 1 carpeta (fojas 36 del expediente administrativo). 

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11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria Rosmery Villacorta Guzmán, Claudia Gimena Morales Orellana y Ximena Elva Ortiz Núñez en calidad de apoderadas de Carlos Eufronio Camacho Vega Gerente de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, presentaron ante esta instancia alegatos en los que a título de hechos comprobados que corroboran los reparos establecidos, reiteran los fundamentos y argumentos expuestos en su responde respecto a los motivos y observaciones que no fueron desvirtuadas por el sujeto pasivo respecto a la depuración de las notas fiscales (fojas 3940 del expediente administrativo). 

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11.5.2. Sujeto Pasivo El 25 de septiembre, Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana presentó alegatos en los que expone argumentos de forma, es decir, vicios durante el procedimiento de fiscalización, 

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restricción del derecho a la defensa, prueba obtenida ilegalmente y como argumentos de 

fondo, reparos ilegalmente calculados, refutando la respuesta presentada por la Administración Tributaria que en si son fundamentos y argumentos que replican los expuesto en su Recurso de Alzada inicialmente presentada, reiterando sobre la prueba presentada para finalmente reiterar su petitorio (fojas 43-45 vta. del expediente administrativo)

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 22 de marzo de 2016, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 3916OV100036, para el contribuyente Carrillo Antezana Juan Carlos Miguel, respecto al operativo especifico Crédito Fiscal del Impuesto. IVA de la gestión 2012 de los períodos junio a diciembre de la gestión 2012, adjuntó las diferencias detectadas a través de los cruces de información y la documentación que debe presentar: Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210); Libro de Compras IVA de los periodos observados; Original de las facturas, nota fiscal o documento equivalente de compra detallada en el presente anexo; Medios fehacientes de pago (recibos, fotocopia de cheques adjuntando extractos bancarios donde señale el débito correspondiente de su cuenta bancaria, traspasos, depósitos entre otros), con los cuales se efectivizó la transacción de las facturas observadas; Registros contables con su respectiva documentación de sustento (comprobantes de diario, traspaso, egreso, entre otros) en los cuales se encuentren asentadas; Contratos suscritos por la compra de bienes y/o prestaciones de servicios por los cuales se emitieron las facturas observadas de corresponder; Kardex físico valorado por item de los productos y/o bienes adquiridos mediante facturas observadas de corresponder; Libros de Contabilidad: Diario y Mayor del periodo sujeto a revisión y medio físico y magnético (formato Excel); Toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de la transacción realizada a través de las facturas observadas, otra documentación que el fiscalizador asignado considere necesario durante el proceso de verificación. Acto notificado Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana el 28 de marzo de 2016 (fojas 1 de antecedentes administrativos). ii. 

El 4 de abril de 2016, Juan Carlos Carrillo Antezana, solicitó ampliación de plazo para la presentación de documentación requerida el 28 de marzo de 2016, por el lapso de 5 dias En respuesta la Administración Tributaria emitió el Proveído de 24-00213-16 de 11 de abril de 2016 otorgando la prórroga solicitada, concediendo el plazo de 5 días para la presentación de la documentación. Acto notificado a Carrillo Antezana Juan Carlos, el 20 de abril de 2016 (fojas 15, 18 y 19 de antecedentes administrativos)

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El 11 de abril de 2016, Juan Carlos Carrillo Antezana, mediante nota dirigida a la Administración Tributaria, señaló que las facturas 541 y 747, fueron canceladas en efectivo y procedió con la entrega de la documentación requerida (fojas 21 de antecedentes administrativos). 

El 15 de marzo de 2017, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00148071, al haber verificado 

que el contribuyente Carrillo Antezana Juan Carlos Miguel, incurrió en el incumplimiento al deber formal de entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización y verificación, control e investigación en los plazos y formas establecidos, toda vez que el contribuyente no presentó toda la documentación solicitada mediante Detalle de Diferencias, Anexo adjunto a la Orden de Verificación N° 39160V100036 en los plazos establecidos, contraviniendo el numeral 8 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo una multa de UFV’s500 (fojas 70 de antecedentes administrativos). 

El 16 de marzo de 2017, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00265/2017, en el que se expuso los antecedentes, el objeto y el alcance, el marco legal, el trabajo desarrollado, los resultados de la verificación y control de incumplimiento a deberes formales, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como “Omisión de Pago” y recomendó que con el propósito de proseguir con la determinación y recuperación de adeudos a favor del fisco, resultado de la Orden de Verificación N° 3916OV100036 la emisión de Vista de Cargo de conformidad a lo previsto en el artículo 96 parágrafo I y artículo 104 parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB), (fojas 7886 

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El 16 de marzo de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 291739000021, determinando las obligaciones tributarias correspondiente a la Verificación Especifica del Crédito IVA, correspondiente a la Orden de Verificación N° 39160VI00036, sobre Base Cierta de acuerdo a lo señalado en el artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), liquidando un adeudo tributario, que consolida el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, importe que asciende a UFV’S 12.341, equivalente a Bs27.021.- correspondiente al Impuesto al Valor Agregado IVA, por los periodos fiscales junio y diciembre de 2012; acto notificado mediante cédula a Carillo Antezana Juan Carlos Miguel el 13 de abril de 2017 (fojas 96 de antecedentes administrativos). 

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El 18 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00724/2017, que concluyó refiriendo que el contribuyente no formuló, ni presentó descargos que desvirtúen las observaciones establecidas a través de la Orden de Verificación N° 39160V100036, efectuada al contribuyente Carrillo Antezana Juan Carlos Miguel, ratificando los importes establecidos reportados y comunicados mediante Vista de Cargo N° 291739000021, misma que deberá ser considerado a momento de emitir la Resolución Determinativa, además recomendó emitir la Resolución Determinativa (fojas 102-108 de antecedentes administrativos).

El 18 de mayo de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171739000305 que determinó la Deuda Tributaria de Carrillo Antezana Juan Carlos Miguel, en la suma de UFVs 6.530 incluida la Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, alcanzando su obligación impositiva alcanza a UFVs 12.398, equivalente a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa a Bs27.300; además calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago por adecuarse la conducta a los establecido por el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), cuyo importe es de UFVs. 5.368, además confirmó la multa impuesta mediante Acta por Contravenciones Tributarias N° 148071 en la suma de UFV’s 500, toda vez que el contribuyente no presentó documentación solicitada mediante Detalle de Diferencias adjunto al F7520 Orden de Verificación N° 3916OVI00036 contraviniendo lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado por cedula a Carrillo Antezana Juan Carlos Miguel el 28 de junio de 2017 (fojas 109115 y 120 de antecedentes administrativos). 

El 12 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió nota CITE: SIN/GGCBBA/DF/NOT/00457/2017, remitiendo a la Gerencia Graco Santa Cruz carpeta de antecedentes originales de Ordenes de Verificación de 12/11/2015, para la prosecución del trámite, toda vez que se efectuó el cambio de domicilio fiscal del contribuyente Carrillo Antezana Juan Carlos Miguel con NIT 3589199016 en fecha 19/05/2017 a la calle Leonardo Nava N° 71, Alcaldía Santa cruz (fojas 25 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Conforme dispone el parágrafo | artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva se pronunciará sobre los agravios planteados por José Walter López Valenzuela dentro del planteamiento de su Recurso de Alzada, toda vez que trajo a colación para el análisis técnico jurídico los siguientes aspectos: 1. Sobre el debido proceso y el derecho a la 

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de la Calidad Certificado NEC27414 

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defensa, 2. La validez del Crédito Fiscal, 2.1. La vinculación con la actividad gravada, 2.2. La efectiva realización de la transacción y; 3. Sobre la Omisión de Pago. 

De la revisión del Recurso de Alzada, se evidenció que el contribuyente ahora recurrente trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados; y en caso de no ser evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

IV.1. Sobre el debido proceso y el derecho a la defensa El recurrente manifestó que durante la fiscalización fue restringido su derecho a la defensa, apresurando su conclusión y ocasionando indefensión al realizar actos que implicaron producción unilateral de la prueba acusatoria, además que no existió comunicación los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo, alegando que no fue notificado con los “crucesde información por las verificaciones a sus proveedores, denunciando supresión de fases procesales, que conculcaron el debido proceso, porque no le fue otorgada la posibilidad de brindar descargos o de conformar los reparos, añadiendo que las pruebas obtenidas son nulas, porque su producción vulneraron los artículos 116 y el artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

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Por su parte la Administración Tributaria argumentó que, consta en antecedentes la notificación con el inicio de la Verificación, Orden de Verificación N° 3916OV100036 y Vista de Cargo N° 291739000021 cumpliendo con el procedimiento establecido en la normativa legal, no existiendo vicio procesal alguno porque los cruces efectuados a la empresa proveedora formarían parte de su facultad para investigar la validez de las facturas no respaldadas. 

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En este sentido, la doctrina considera al proceso de determinación como: Al acto 

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o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe de la deuda tributaria”; dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la vista de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: “El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre sobre la operación. 9001 

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presuntamente gravada en sí misma y un gran grado de ignorancia sobre su cuantía, no 

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obstante lo cual, la- administración se ve, obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad procedimental. Es evidente que el aporte del sujeto pasivo, haciendo las aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por igual que el resultado de la determinación no se traduzca en irrealidades o en montos desmesuradamente alejados de los correctos” (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Edición Cuarta. Págs. 285, 299-300). 

Por otro lado, la Sentencia Constitucional N° 0119/2003-R de 28 de enero, enmarco el debido proceso como::...el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, (…) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales...“. 

En la legislación interna, el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el artículo 117 parágrafo 1 de la norma suprema citada dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; continuando con la norma citada el artículo 119 parágrafo Il que dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

Del mismo modo, se debe dejar en claro que, no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(...) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que 

an M conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad(las negrillas son 4 propias). 

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En ese contexto, la norma prevé en el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) que el contribuyente tiene como derecho, conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalden los cargos que se le formulen, coligiendo la inexistencia de normativa que obligue al SIN, notificar al contribuyente con actuaciones parciales, los mismos que se constituyen en elementos acusatorios, du sustanciación del procedimiento de determinación, que posteriormente son expuestos en conjunto, con carácter preliminar en la vista de Cargo; por consiguiente, una labor contraria, implicaria que el trabajo de la Administración Tributaria se retarde, por el tiempo insumido en la notificación al sujeto pasivo, de cada hallazgo identificado por el SIN y el ofrecimiento de prueba por la parte afectada

Es así que, dentro la normativa nacional, el parágrafo I del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y el inciso d) del artículo 31 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establecen que el procedimiento de fiscalización, se iniciará con la Orden de Fiscalización que deberá establecer entre otros, el objeto, alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados; así también, el artículo 29 del citado Decreto Supremo dispone que la determinación de la deuda por parte de la Administración Tributaria se realizará mediante los procesos de fiscalización, control e investigación de elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia en el importe de los impuestos pagados y por pagar, así como verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. En ese sentido, todas las acciones que realice o ejecute la Administración Tributaria dentro de ese proceso de determinación estarán enmarcadas dentro de su facultad de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación establecida en el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 100 del mismo cuerpo legal. Asimismo, es necesario recordar que el procedimiento de determinación está integramente regulado y de ninguna manera es discrecional, dado que su desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia; es decir, que las reglas establecidas, no dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles

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Por otro lado, el numeral 8 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que el sujeto pasivo tiene derecho a ser informado del inicio y la conclusión de la fiscalización; en tal sentido, ya se estableció que el proceso de fiscalización se inicia con la notificación de la orden de fiscalización, dando a conocer al sujeto pasivo, el alcance, tributos y periodos objetos de revisión y que le permitió al SIN, requerir la documentación e información 

necesaria para desarrollar su verificación, sin restringir la posibilidad del sujeto activo de C.B.C

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En ese sentido, el procedimiento concluiría con la emisión y notificación de la Vista de Cargo, que según el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; de igual manera, fijará la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación del tributo adeudado, correspondiendo aclarar en este punto que el citado acto tiene carácter preliminar, pudiendo ser modificado por los descargos que presente el contribuyente. Adicionalmente, es pertinente mencionar que la norma no contempla ningún otro tipo de acto u oficio con el que deba ser notificado el contribuyente respecto a actuaciones parciales o informativas dentro del procedimiento de determinación: : . 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 parágrafo ll de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria conforme lo previsto por el numeral 1) artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos administrativos son anulables cuando carecen de los requisitos formales para alcanzar su fin o cuando dan lugar a la indefensión de los interesados, concordante con el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), que señala que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente.cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público... 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el recurrente fue notificado de manera personal con la Orden de Verificación N° 3916OV100036 el 22 de marzo de 2016, adjunto el Detalle de Diferencias de las facturas observadas y el Requerimiento de documentación para la revisión (fojas 3-4 de antecedentes administrativos), asimismo, mediante nota de 4 de abril de 2016, se evidenció que Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana, solicitó ampliación de plazo para cumplir con el requerimiento del SIN, siendo atendido por Proveído N° 240021316 de 11 de abril de 2016 otorgándole cinco (5) días hábiles para la entregar la documentación; asimismo se evidenció que el 11 de abril de 2016, el sujeto pasivo entregó la documentación solicitada conforme se refleja en las “Actas de Recepción de Documentos” (fojas 21-22 de antecedentes administrativos); no obstante a ello, se advierte que la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00148071, porque el sujeto. pasivo, entregó parcialmente la 

documentación requerida durante el procedimiento de fiscalización, coligiendo de estos 

  • hechos que Carrillo Antezana Juan Carlos Miguel tenía pleno conocimiento del objeto, sisteme de alarma 

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alcance, tributos y periodos de revisión, más aún en el presente caso, que la verificació circunscribió a la revisión de la validez de las facturas listadas en el Detalle de Diferencias y el sujeto pasivo tuvo la libertad de presentar cualquier otra prueba o elemento que le haga en derecho considerando el enfoque puntual de la revisión. 

Bajo el mismo contexto, el 13 de abril de 2017 el Servicio de Impuestos Nacionales, notificó mediante cédula al ahora recurrente con la vista de Cargo N° 291739000021 (fojas 87-93 de antecedentes administrativos), comunicando la conclusión del trabajo de campo, de conformidad con el parágrafo IV artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), acto que no amerito del ahora recurrente, descargo o reclamo alguno; destacando que por el carácter preliminar de la Vista de Cargo, se encontraba sujeto a modificación o descargo por parte del contribuyente a fin de conformar o desvirtuar los hallazgos arribados por la Administración Tributaria. 

En ese sentido y como ya se detalló precedentemente, los procedimientos de determinación efectuados por la Administración Tributaria en uso de su facultad de control, verificación, fiscalización e investigación establecidas en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), iniciaron con la notificación de la Orden de Fiscalización o Verificación y culminaron con la emisión y notificación de la Vista de Cargo, acto que debe contener los hechos, actos, datos y elementos verificados durante la sustanciación del procedimiento y que respaldan los cargos imputados al sujeto pasivo, con la finalidad de que este último, presente los argumentos y documentos de descargo que creyera convenientes en el plazo establecido de 30 días. 

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Ahora bien, el 18 de mayo de 2017, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 1717139000305, notificada por cédula el 28 de junio de 2017 y dentro el plazo establecido en el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana interpuso Recurso de Alzada, admitida por ésta instancia recursiva mediante Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0241/2017 de 24 de julio de 2017, comprobando que no existió una vulneración al procedimiento o la normativa que regula las actuaciones de la Administración Tributaria, porque la misma se ciñó al contexto normativo vigente, garantizando los espacios necesarios para que el sujeto pasivo pueda ejercer su derecho a la defensa, correspondiendo desvirtuar el reclamo expuesto por el ahora recurrente al no advertirse defecto o vicio de nulidad que comprometa el debido proceso y mucho menos la validez y legalidad de las actuaciones analizadas. 

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Adicionalmente, con referencia a la vulneración del artículo 16 (debió decir 116) de la Constitución Política del Estado (CPE), aludida por el recurrente de manera repetitiva a lo largo del presente análisis, quedó sentado que la Administración Tributaria cumplió a cabalidad las fases procesales de la verificación llevada a cabo, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa del ahora recurrente, mismo que no puede aludir vulneración alguna, porque en el mencionado proceso, participó activamente mediante la notificación de los actos, la solicitud de ampliación de plazo para la entrega de la documentación requerida por el SIN, la entrega misma de los documentos; debiendo considerar también que la Vista de Cargo N° 2917739000021 le fue debidamente notificada mediante cédula el 13 de abril de 2017, acción por la cual no realizó reclamo alguno ante el Servicio de Impuestos Nacionales, dejando entrever que Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana por voluntad propia, permitió que los cargos liquidados de forma preliminar sean ratificados en la Resolución Determinativa N° 171739000305 de 18 de mayo de 2017, por lo que no pude considerarse que la Administración Tributaria vulneró sus garantías y derechos constitucionales y menos que las acciones desarrolladas por dicha entidad, sean causal para impulsar su nulidad; razón por la cual corresponde desestimar lo agraviado por el recurrente en este punto..: 

IV.2. Sobre la validez del Crédito Fiscal Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana reclamó que el SIN depuró del crédito fiscal de las notas fiscales observadas, a pesar que adjuntó Declaraciones Juradas, Libros IVA, Comprobantes de Ingreso, Egreso, Facturas observadas, medios de pago fehacientes que acreditan el cumplimiento de la obligación de contar con los registros contables exigidos, reclamando que los fiscalizadores requirieron documentos adicionales a la normativa vigente, cuando cumplió con los tres requisitos exigidos por la normativa y la doctrina tributaria, afirmando que las transacciones fueron realizadas con una empresa legalmente constituida y registrada en la Administración Tributarià, no pudiendo asumir responsabilidad por conducta tributaria de éste, más cuando las transacciones referidas, fueron realizadas de buena fe, presentando a la fiscalización, los comprobantes que acreditarían la legalidad de las transacciones, añadiendo que los funcionarios del SIN recurrieron a formalismos extralegales, reclamando firmas o identificación en los comprobantes, contratos, kardex de dotación de material al personal entre otros, no existiendo ningún motivo formal que justifique la depuración de las notas fiscales más cuando comprende la adquisición de materiales propios para el giro de la empresa. 

En oposición, la Administración Tributaria sostuvo la inexistencia de medios que prueben la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad ara 

on y su vinculación con la actividad gravada, manifestó 

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Cochabamba 

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que el SIN a momento de emitir la Resolución impugnada, cumplió con lo establecido en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Al respecto, la línea doctrinal establecida en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0198/2013, AGIT-RJ 0709/2014 y AGIT-RJ 0459/2014 señalan que: “la experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen operaciones simuladasdel acto jurídico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente; siendo que las partes intervinientes actúan como si se hubiera celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), ha previsto el método interpretativo de la “realidad Económica” que permite à la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la operación. Por otro lado, existen situaciones en las cuales los “compradores de buena fe pagan el gravamen a proveedores que se consideraban “legítimos, los que sin embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplía con las obligaciones fiscales(FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2° Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situacn por la cual, ante la existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al mismo tuvo lugar en los hechos.” 

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Con relación a lo expuesto tanto por la parte recurrente como por la Administración Tributaria, es importante traer a colación lo expresado por doctrina en cuanto al IVA: “para el nacimiento de la relación jurídica tributaria a los fines del Impuesto al Valor Agregado es necesaria la coexistencia del presupuesto objetivo (cesión de bienes y prestación de servicios), subjetivo (ejercicio de empresa y de artes y profesiones) y territorial (operaciones efectuadas en el territorio nacional)” (FILIPPI, Piera. La Territorialidad en el Impuesto al Valor Agregado. En: Víctor Ukmar, Alejandro Altamirano, Heleno Taveira Torres. Impuestos sobre el comercio internacional. Segunda edición. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina, 2008. Pág. 351) (las negrillas son propias). Dichos elementos, pueden apreciarse claramente en nuestra normativa, a partir de la lectura de los artículos 1 y 3 de la Ley N° 843 (TO)

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Asimismo, cabe señalar que el artículo 8, inciso a) de la citada Ley N° 843 (TO), prevé que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota correspondiente, “sobre el monto de las 

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compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen 

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facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen” (las negrillas son propias). 

Del mismo modo, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, establece que: “el crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo“. Bajo el mismo entendido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud a los artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 (TO); estableció como precedente en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0007/2011 Y AGIT-RJ 0198/2013 entre otras que existen tres requisitos” que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada

Conforme el inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 843, en el caso de ventas, sean éstas al contado o al crédito, el hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá estar obligatoriamente respaldada con la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Así también, el párrafo segundo del inciso a) del artículo 8 de la Ley N° 843, instauró que sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas; es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen; siendo concordante con el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530. 

En este entendido, debemos referir que la eficacia probatoria de la factura depende del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que se disponga en la normativa y resoluciones administrativas, entre otras; toda vez, que una factura constituye un . documento que prueba el hecho generador relacionado con un débito o crédito fiscal que para su validez tiene que ser corroborado con otras pruebas o documentos que noso demuestren que se efectuó la transacción. 

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Bajo ese contexto, corresponde recalcar que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron la emisión de la factura fueron efectivamente materializadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto, sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que reciba el pago por la transacción, más aun tratándose del beneficio que el contribuyente tendrá con el crédito fiscal IVA. 

Sobre el tema, Ricardo Fenochietto señala: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros). El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, pág. 630-631 (el subrayado es propio). 

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Es así que el artículo 70 numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB) establece éste aspecto al disponer la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos; resultando claro que con el fin de probar la efectiva realización de la transacción, por la cual reclama el crédito fiscal observado, debe aportar medios de pago 

(cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago) y documentación Hegy contable (estados financieros, libros mayores, libros diarios, libros de compra, inventarios

otros) que permitan a la Administración Tributaria comprobar que la operación de compra venta se materializó; en dicho sentido, los artículos 36, 37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 

(C.COM) establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, C.B.C.R. O importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo además contar con registros auxiliares que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, y de esta forma obtener información que le permita ejercer control y. coadyuve en la toma de decisiones. Asimismo, el artículo 76 de la citada Ley, establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

Sin embargo, el análisis de los requisitos señalados está sujeto a la naturaleza de la observación de la Administración Tributaria; en el presente caso, de la revisión Resolución Determinativa N° 171739000305 (fojas 37-39 de antecedentes administrativos), cursa la siguiente observación: Registros contables (comprobantes de egreso) que registran la transacción con cargo a la cuenta de activo. 1131 EQUIPO DE SEGURIDAD-Uniformes, sin adjuntar documento alguno que demuestre la efectiva percepción de la ropa de trabajo así como la asignación al personal dependiente del contribuyente, documentos como ser. contratos, solicitudes de compra de uniformes, constancia de percepción de ropa de trabajo, planilla de asignación al personal dependiente, planillas del personal, entre otros que demuestren de forma contundente la forma de incorporación en la actividad gravada del contribuyente, además no presenta documento de respaldo de pago en efectivo según lo señalado por el contribuyente en nota de 11/04/2016 y registros. contables presentados. Por otra parte, de la revisión del Sistema de Administración Tributaria, se observa que el 

edor presenta un comportamiento irregular, toda vez que se encuentra en estado inactivo automático por la NO presentación de declaraciones juradas, no presenta pago. alguno por el Impuesto determinado en el IT y el débito generado en el periodo es compensado en su totalidad con los créditos del periodo sin respaldo alguno, por lo expuesto se concluye que el contribuyente no presentó documentación suficiente y. contundente que demuestre la realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada por la que resulta responsable” (fojas 112 de antecedentes administrativos), entendiéndose hasta este punto, que el Servicio de Impuestos Nacionales observó la efectiva realización de transacción y la vinculación con la actividad gravada del sujeto pasivo, para luego exponer el comportamiento tributario irregular advertido del proveedor, enfatizando que el contribuyente no presentó documentación suficiente y contundente que demuestre la realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada; es decir, que permita establecer que más allá de la observación que recae sobre el proveedor del servicio, Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana desarrolló transacciones comerciales con la mencionada persona, efectuando el pago por los insumos adquiridos y su efectiva inclusión en el proceso operativo del ahora recurrente. 

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Por tanto, con relación a la vinculación, como uno de los aspectos dentro de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria y el proceso de verificación seguido contra Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana, cabe enfatizar que el ahora recurrente registra como actividad principal “Actividades de Seguridad Privada” (fojas 12 de antecedentes administrativos); asimismo, se tiene que las facturas depuradas corresponden al proveedor Juan Carlos Soliz Antezana y refieren a la comercialización de sacos térmicos color negro, botas nuevas (trabajo) toletes negro, linternas alógenas recargables, chamarras de lluvia, arneses de seguridad, pitos (silbatos), parámetros en los cuales, está instancia recursiva, establecerá la correspondencia o no del crédito fiscal conforme la normativa en vigencia. 

Ahora bien, según lo analizado en el acápite anterior y la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció que la Administración Tributaria notificó a Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana con la Orden de Verificación N° 3916OVI00036 el 22 de marzo de 2016 (fojas 3-4 de antecedentes administrativos), a su vez el sujeto pasivo presentó solicitud de ampliación a fin de cumplir con la entrega de la documentación requerida (fojas 15 de antecedentes administrativos), misma que fue entregada de manera parcial; en consecuencia, fue sancionado mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00148071 (fojas 70 de antecedentes administrativos); procedimiento que conclucon la emisión de la Vista de Cargo N° 291739000021 de 16 de marzo de 2017, notificada el 13 de abril de 2017, otorgándole treinta (30) para formulary presentar los descargos que estime convenientes conforme establece el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 87-93 y 96 de antecedentes administrativos), corresponde resaltar que el ahora recurrente, en sede administrativa no presentó ningún tipo de descargo al mencionado actuado. 

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Consecuentemente, a fin de canalizar un análisis objetivo es pertinente hacer mención a la prueba presentada por la parte recurrente ante ésta instancia con juramento de reciente obtención aludiendo a tal efecto el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que en consideración del inciso d) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) el cual establece que la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, en ese sentido, la documentación presentada por Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana en calidad de prueba de reciente obtención consistente en: notas fiscales signadas con los Nos. 000541 de 17 de junio de 2012 y 000747 de 28 de diciembre de 2012 emitidas por Juan Carlos Soliz Antezana, Libro de Compras IVA correspondiente a los meses de junio y diciembre de 2012, Libro Diario correspondiente al mes de junio y 

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III 

diciembre de 2012, Libro Mayor de los meses junio y diciembre de 2012, serán consideradas en la resolución del presente caso. 

Bajo el contexto doctrinal y normativo desarrollado al inicio del presente acápite, primeramente corresponde aclarar que, la Administración Tributaria menciona en el presente caso, que Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana, incumplió con el tercer requisito, es decir, que la transacción haya sido efectivamente realizada, sin embargo, de la revisión de la columna de comentario de la Resolución Determinativa N° 171739000305 (fojas 112 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró las facturas 541 y 747 observando la ausencia e insuficiencia de documentación para la verificación de la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada por la que resulta responsable, extremo que se refleja el Cuadro que expone las Facturas no válidas para Crédito Fiscal (fojas 33 de antecedentes administrativos); consecuentemente, el análisis de ésta instancia se centrara en función a las observaciones expuestas en el acto impugnado, es decir, al cumplimiento del segundo requisito (que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen) y el tercer requisito (que la transacción haya sido efectivamente realizada), que se debe cumplir para beneficiarse con el Crédito Fiscal: 

En ese entendido conforme lo advertido en la verificación desarrollada por el SIN, se evidencia que inició la verificación de las obligaciones impositivas de Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana, notificando la Orden de Verificación N° 3916OV100036 adjuntando el Detalle de Diferencia, con la cual le requirió la información necesaria para respaldar las facturas observadas, además la Administración Tributaria a través del Detalle de Diferencia, solicitó documentación que respalde las transacciones a partir de las cuales surgen o se emitieron las facturas observadas, trabajo de campo que conforme a las facultades otorgadas por Ley al SIN y la documentación presentada por el contribuyente y finalizó con la emisión de la Vista de Cargo, mediante la cual fueron comunicadas de las observaciones y reparos establecidos de manera preliminar, a fin de que el sujeto pasivo conforme, descargue y/o respalde de mejor manera las – transacciones cuestionadas, entonces conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) es a Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana, a quien debió desvirtuar tales observaciones o inconformidades por medio de documentación idónea y más que toda propia para desestimar las observaciones realizadas por el SIN, entonces en el presente análisis se procederá a valorar tanto la documentación presentada en sede administrativa como la presentada ante ésta instancia recursiva de manera unificada a fin de verificar o corroborar los extremos expuestos por ambas partes

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IV.2.1. Sobre la vinculación con la actividad gravada Sobre el punto en cuestión, resulta preponderante mencionar que el proveedor Juan Carlos Soliz Antezana tiene registrada ante el SIN cómo actividad principal “Construcción de edificios completos o parte de edificios; obras de ingeniería civil” y como actividades secundarias: “Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas; consultores, servicios profesionales y técnicos; venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales; venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería equipo y materia; Importación y exportación” con fecha de finalización de todas sus actividades el 28 de febrero de 2014, por otro lado, señalar que conforme el Acta de Acciones y Omisiones, la Administración Tributaria advirtió que los propietarios, del inmueble ubicado en el domicilio declarado por Juan Carlos Soliz Antezana, señalaron no tener conocimiento de las actividades que desarrollaba el mismo y que habito dicho inmueble entre las gestiones 2012-2013 

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Asimismo, nos remitimos a la documentación parcial presentada por el sujeto pasivo al Detalle de Diferencia de la Orden de Verificación N° 39160VI00036, pudiendo comprobar que la transacción contenida en las facturas observadas que detallan: la Factura No 000541 de 23 de junio de 2012, emitida por Juan Carlos Soliz Antezana, refiere a la compra de sacos térmicos color negro, botas nuevas (trabajo) toletes negro, sin embargo, no se – evidencia que los productos adquiridos fueron registrados o ingresadas a almacenes, toda vez que no cursa en antecedentes inventario o kardex individual de los artículos comprados y si bien existe el comprobante de Egreso No 00275 de 23 de junio de 2012 (fojas 37 de antecedentes administrativos), debitando la cuenta Equipo de Oficina, mismo que se encuentra registrado en los Libros Diario, empero no respalda con requerimiento de compra o una nota de solicitud de compra de los citados artículos, por lo que no se puede establecer con total certeza la vinculación del concepto de la factura con las actividades de Juan Carlos Miguel Carrillo Antezana, correspondiendo mantener dicha observación. 

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Sobre la Factura N° 000747 de 28 de diciembre de 2012, emitida por Juan Carlos Soliz Antezana, que detalla la compra de linternas alógenas recargables, chamarras de lluvia, arneses de seguridad, pitos (silbatos), se debe precisar que el comprobante de Egreso No 00456 (fojas 39 de antecedentes administrativos) si bien fue registrado en el Libro Diario y Mayor, sin embargo, no advierte que la misma se encuentra respalda con un requerimiento 

u solicitud de compra, además que como en la anterior compra, no existe evidencia que estos productos hubieran ingresado a almacenes, por tanto, al no evidenciar que las compras se encuentra vinculas, corresponde mantener dicha observación. 

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III 

IV.2.2. Sobre la efectiva realización de la transacción 

Al respecto, como se viene mencionando a lo largo del presente análisis, Juan Carlos 

  • Miguel Carrillo Antezana, entregó documentación requerida por la Administración Tributaria, 

cursando en antecedentes administrativos los Libros de Compras .correspondientes a los periodos de junio y diciembre de la gestión 2012 y, los comprobantes de Egreso Nos. 00275 y 00456, asimismo salar que ante ésta instancia presentó la siguiente documentación: notas fiscales originales del proveedor Juan Carlos Soliz Antezana con los Nos. 000541 de 23 de junio de 2012 y 000747 de 28 de diciembre de 2012, además de los Libros de Compras IVA de los meses de junio y diciembre de 2012 Libro Diario correspondiente al mes de junio y diciembre de 2012 y Libro Mayor por los meses de junio y diciembre de 2012. 

En ese orden, en cuanto a los registros contables entregados, así como se mencionó dentro de los fundamentos expuestos sobre la vinculación de la transacción, no fue identificado el origen de la compra y la aplicación de la misma en la actividad del contribuyente; es más, si bien el Libro Diario, registra los comprobantes de Egreso CE 00000275 y CE 0000456, en las fechas que fueron adquiridos los artículos a través de las facturas 000541 y 000747, empero no se evidencia la erogación de fondos a su proveedor, por lo que existe incertidumbre en el pago realizado al no advertir documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción; en consecuen depuración de las facturas 000541 y 00747. Adicionalmente corresponde señalar que el Libro de Compras, solo se registra las facturas, empero no es un documento que demuestre o refleje el pago al proveedor. 

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En ese sentido, los artículos 36, 37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 (C.COM) establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo además contar con registros auxiliares que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, y de esta forma obtener información que le permita ejercer control y coadyuve en la toma de decisiones y el respaldo de sus operaciones; sin olvidar que el artículo 70 numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB) establece este aspecto al disponer la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, obligaciones que la legislación Boliviana exige y en el presente caso, la documentación aportada es suficiente y no se cumple, por lo que no se puede establecer con la claridad ne esaria la fehaciente realización de las transacciones que 

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originaron la emisión de las Facturas Nos. 000541 y 000747, correspondiendo mantener la observación sobre las mismas sin que resulten válidas para el cómputo del crédito fiscal en el periodo que se la pretende imputar. 

IV.3. Sobre la Omisión de Pago El recurrente manifestó que el acto impugnado tipificó la conducta como omisión de pago, sin realizar una descripción de los justificativos fácticos y legales para llegar a tal inferencia más cuando no incumplió ninguna obligación tributaria alguna que configure dicha figura punible. 

Al respecto, se debe explicar que la sanción analizada se establece en virtud del artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), sobre el 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs); lo que implica que al identificarse un Crédito Fiscal IVA, utilizado en la determinación de obligaciones impositivas (Débito Fiscal IVA), que incumplan las condiciones definidas en el artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530, así como lo previsto en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), deriva en una determinación por defecto del tributo determinado por concepto de IVA y consecuentemente un tributo omitido, que en el presten caso que fue identificado por la Administración Tributaria, en virtud a sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, establecidas en el numeral 1 artículo 66 de la reiterada Ley N° 2492 (CTB); por tanto, para el presente caso, la sanción por omisión de pago se enmarcó a lo previsto en la normativa tributaria vigente y en la declaración de un Crédito Fiscal IVA carente de respaldo documental; que no logró ser desestimado por el contribuyente. 

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En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se comprobó que el acto impugnado contiene los fundamentos de hecho y derecho que justifican la depuración del crédito fiscal; precisando que el recurrente no demostró la vinculación de las compras con su actividad gravada ni la efectiva realización de las transacciones observadas conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que procede la depuración del crédito fiscal; en consecuencia, corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa No 171739000305 de 18 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171739000305 de 18 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I y parágrafo II del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTÉRINA Autoridad Regional de limpugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia legal de la Autoridad Regional de 

Impugnacion Tributaria Cochabamba 

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