ARIT-CBA-RA-0412-2017 La resolución determinativa fue impugnada por el contribuyente debido a que el SIN lo sancionó por omisión de pago del IVA, argumentando que este no presento las pruebas fehacientes que demuestren la efectiva materialización de las transacciones, sin embargo AIT resolvió anular dicha resolución debido a que el SIN no hizo la valoración total de la documentación presentada durante la fiscalización

ARIT-CBA-RA-0412-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITCBARA 0412/2017 

Recurrente 

: Oscar Fernando Andrade Ballestero

Recurrido 

: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Expediente : ARITCBA-0243/2017 Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171739000387 de 23 de junio de 2017 

Fech

: Cochabamba, 13 de octubre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0412/2017 de 13 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el 23 de junio de 2017 la Resolución Determinativa N° 171739000387, que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Andrade Ballesteros Oscar Fernando con NIT 565803015, en la suma de UFV84.682 correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses; que incluida la sanción por Omisión de Pago, su obligación impositiva alcanza a UFVs8.426 equivalente a Bs 18.590. asimismo, calificó la conducta como Omisión de Pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero y octubre de 2012, aplicándole una sanción del 100% sobre el Tributo Omitido, cuyo importe es de UFV$3.744; en tal sentido, otorgó al contribuyente el término de 20 días, a partir de su legal notificación para que deposite la totalidad de la Deuda Tributaria, o en su defecto en el mismo plazo pertinente, tramite la interposición de recurso jurisdiccional o administrativo si estimare conveniente. Acto notificado por cédula al recurrente, el 30 de junio de 2017 (fojas 293317 de antecedentes administrativos). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Oscar Fernando Andrade Ballesteros, mediante memorial presentado el 18 de julio de 2017 SM (fojas 23-27 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la noso 

Resolución Determinativa N° 171739000387 de 23 de junio de 2017, emitida por la 

Justicia tributaria para vivir bien’ 

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IBNORCA 

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ST 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

Falta de valoración de argumentos de descargo El recurrente citó la Sentencia Constitucional N° 95/01 de 21 de diciembre de 2001, para reclamar que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, no realizó una valoración para fundamentar el aspecto de que la prueba de descargo no era pertinente; y menos para desestimar la validez probatoria del Libro de Comprobantes dé Egreso, Libro de Compras del periodo, Libro Mayor y Libro Diario que justificarían sus transacciones, ya que dicha entidad, solamente expuso simples pretextos de depuración del crédito fiscal sin sustento jurídico o técnico. Añadió que de forma llamativa, la justificación jurídica de la Administración Tributaria se basó en la “demás normativa legal en vigencia, criterio indiscutiblemente absurdo por su imprecisión y consecuente falta de sustento legal, por cuanto, ante la carencia de fundamentación, el Acto impugnado debería ser anulado. 

Vicios durante el procedimiento de fiscalización Manifestó que la producción unilateral de prueba acusatoria durante el procedimiento de fiscalización, le ocasionó indefensión, además que el SIN no comunicó los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo, denotando la supresión de fases procesales y requerimientos tardíos de documentación, falencias que conculcaron el debido proceso en cuanto a la restricción del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), puesto que la Administración Tributaria, en el proceso llevado a cabo, no otorgó ninguna posibilidad de brindar descargos al no existir comunicación de resultados o entrega de Papeles de Trabajo a la conclusión de la verificación, al efecto citó la Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/178/2005 de 15 de noviembre de 2005 referido a la anulación de obrados hasta la comunicación oportuna de todos los cargos para ejercer una defensa adecuada. 

Sostuvo que no fue notificado con los “cruces” de información, efectuados por el SIN a sus proveedores, producción de prueba que debió conocer para ejercer su defensa, por tanto señaló, que tales pruebas resultan nulas por vulnerarse el artículo 16 (debió decir 116) de la Constitución Política del Estado (CPE). 

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Sobre los Reparos ilegalmente calculados El recurrente expuso que los reparos impositivos se fundaron en criterios enteramente in discrecionales y lesivos a las garantías del Estado de Derecho y que no están respaldados NB-150 por norma jurídica, aspecto que generó indefensión, puesto que, ante la depuración total del 

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Cochabamba 

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crédito fiscal, no fueron consideradas las declaraciones juradas, libros IVA, comprobantes de ingreso, egreso, las facturas observadas, medios fehacientes de pago como ser cheques, mismos que acreditarían el cabal cumplimiento del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); añadió que las transacciones fueron realizadas con un contribuyente legalmente constituid y en el supuesto de que éste declaró erróneamente sus ventas, implicaría netamente su responsabilidad y en ningún caso de la empresa que representa, al efecto citó el Auto Supremo N° 248/2012. 

Afirmó que las notas fiscales del proveedor Jhony Bustamante Sánchez y Crispin Bustamante Cano, por la provisión de material de minería, son plenamente válidas y los comprobantes de pago estarían correctamente respaldados en cuanto a pesaje, ingreso a almacén, comprobantes contables y libros diarios y mayores, no existiendo justificación para la depuración de las notas fiscales, considerando además que el tipo de material utilizado requiere la retención de regalía minera conforme a la Ley N° 3787

Inexistencia de Omisión de Pago Manifestó que la Administración Tributaria tipificó su conducta, conforme al artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), empero no realizó una descripción de los justificativos fácticos o legales para llegar a tal inferencia, debiendo existir para ello, un pago en defecto o la omisión del mismo; cumpliendo a cabalidad la normativa vigente para justificar sus gastos. 

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Por los fundamentos expuestos, solicitó la nulidad o revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 171739000387 de 23 de junio de 2017, declarando la validez del crédito 

fiscal depurado y dejando sin efecto las indebidas multas. 

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II.2. Auto de Admisión El 24 de julio de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARITCBA-0243/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Fernando Andrade Ballesteros, contra la Resolución Determinativa N° 171739000387 de 23 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 28 del expediente administrativo)

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán, acredito personería conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000512 de 31 de marzo 

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de 2017 (fojas 31 del expediente administrativo), por memorial presentado el 10 de agosto de 2017 (fojas 3236 del expediente administrativo), se apersonó y respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

Adecuada valoración y debido proceso La Administración Tributaria recurrida manifestó que en el Acto impugnado valoró correctamente los descargos presentados por el contribuyente, encontrándose transcritos los argumentos y pruebas ofrecidas así como su análisis individual, explicando de manera clara, concreta y con fundamento legal la posición asumida, por cuanto no existiría vulneración al debido proceso ni a la defensa. Recalcó la correcta compulsa de la documentación ofrecida por el sujeto pasivo tanto al Requerimiento de la Orden de Verificación N° 39160V100537 como a la vista de Cargo N° 2917390000102, por lo que no existe causal que motive la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada. 

De los inexistentes vicios durante el procedimiento de fiscalización Sostuvo que la Vista de Cargo contiene los resultados del proceso de verificación, valoración de la documentación, cruces de información, análisis e investigación; Acto emitido a la conclusión de la fiscalización conforme dispone el artículo 104 parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB); y que conforme el artículo 98 de la citada Ley, a partir de la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo tiene un plazo de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Señaló que no existiría obligación de notificar al contribuyente, con toda la información obtenida, pues ella se encuentra incluida en la vista de Cargo, la cual estaría sujeta a modificación en virtud a los respaldos ofrecidos oportunamente por el contribuyente, concluyendo que no se produjo supresión de actos procesales y menos conculcación del debido proceso, más bien de forma contraria, resguardó en todo momento dicho principio. 

Del resguardo del derecho a la defensa Explicó que mediante Orden de Verificación N° 39160V100537 y Detalle de Diferencias No 3916OV100537, debidamente notificados, dio a conocer al sujeto pasivo, el alcance de su revisión, las facturas observadas así como los documentos requeridos, garantizando de esta forma el derecho a la defensa reclamado en cuanto a su vulneración en el presente Recurso; aclaró que conforme a la valoración exhaustiva de la prueba aportada por Andrade Ballesteros Oscar Fernando, ésta resultó insuficiente para desvirtuar las observaciones arribadas

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De la prueba producida legalmente Expuso que en virtud al artículo 66 numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) procedió a controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar los hechos y transacciones desarrolladas por el contribuyente y sus proveedores, acciones que bajo ningún precepto normativo, vulnerarían derechos constitucionales, aclarando que, los cruces de información y otra documentación recabada por la Administración Tributaria, son acciones plenamente válidas y no se constituirían en producción unilateral de prueba, porque las mismas busc material de los hechos, conforme el artículo 4 inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA), coligiendo de ello que su actuación como sujeto activo, es válida y legal; y. la prueba aludida fue producida legalmente. 

Reparos determinados Precisó que conforme el proceso de valoración de los descargos presentados por el recurrente, constató la inexistencia de medios que puedan probar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, porque solamente fueron presentadas facturas y otra documentación, que no demostrarían la transmisión onerosa y el servicio recibido de los proveedores Jhonny Bustamante Sánchez y Crispin Bustamante Cano. 

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Asimismo, sostuvo que la documentación presentada por Andrade Ballesteros Oscar Fernando a la vista de Cargo, fue compulsada en el acto impugnado, derivando el siguiente resultado: 

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Proveedor Jhonny Bustamante Sánchez Facturas Nos. 105 y 107, la Administración Tributaria observó que el medio de pago diferiría con el importe consignado en las mencionadas notas fiscales, señalando la carencia de documentación que sustente las diferencias identificadas. De igual forma, manifestó que el documento de materia prima N° 1483 de 25/01/2012 con ticket de pesaje N° 8552 consigna como contratista a Armando Bustamante (tercera persona) cuando el proveedor sería Jhonny Bustamante Sánchez

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Notas fiscales 105, 107, 161 y 162, señaló que cursaria un detalle de provisión de materia prima especificando la retención efectuada, pero sin que figure las partes intervinientes dentro el proceso de provisión de esos productos; y que ningún documento ofrecido por el contribuyente, demostraría los movimientos de ingreso y/o salida y el tránsito del producto; observando que la solicitud de compra y pago de servicios, no consignaría fecha, nombre y la firma del responsable, siendo carente de fuerza probatoria

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Por otra parte, para el caso de la factura N° 162 se refirió a la Nota de pago P-No 033472 de 16/11/2012 por Bs4.212,60.– alegando que fue receptada por Juliana S. (tercera persona) sin otra documentación de soporte. 

Por lo descrito, sostuvo que la prueba aportada por el contribuyente, no permitió determinar la materialización de la transacción y transferencia del dominio del bien mediante documentación contable y comercial, así como la naturaleza de la transacción, incorporación y aplicación del gasto en bienes que coadyuven a la generación de ingresos gravados. 

Proveedor Crispin Bustamante Cano Relacionado a las facturas 271 y 272, cuestionó que el medio de pago girado, estaría girado por un importe diferente al consignado en la factura analizada, careciendo de documentación que respalde esa diferencia, limitándose el contribuyente, a presentar un detalle de provisión y flete de materia prima, sin respaldo documental; que sustente además, las partes intervinientes dentro el proceso de provisión de los productos. 

“Asimismo, para ambas notas fiscales expuso que la Nota de Pago P-No 31002 y 31003 fueron recepcionados por una tercera persona, aclarando que el mismo comprendería un pago a cuenta de las facturas en cuestión sin documentación soporte; añadiendo que la solicitud de compra y pago de servicios no consignarían fecha, nombre y forma del responsable. 

Ahora bien, para el caso de las facturas Nos. 271 y 272 aclaró que el sujeto presentó detalle de provisión de materia prima, adjuntando información sobre las materias primas anexas a ticket, sin exponer las partes que intervinieron en el proceso de provisión de dichos productos. 

Por último, para la factura N° 272 saló la ausencia de documento de embarque, despacho de materia prima, guías de tránsito u otra prueba que demuestre los movimientos de ingreso y/o salida y el tránsito del producto

Por lo descrito, concluyó que el contribuyente, no sustentó la materialización de la transacción, la transferencia de dominio, así como la incorporación y aplicación del gasto en bienes que coadyuven su actividad gravada. 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Sobre la Omisión de Pago Señaló la correcta aplicación del artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), por la existencia de crédito fiscal indebidamente apropiado por parte del sujeto pasivo, generando un pago en defecto; en consecuencia, la sanción por la conducta contraventora corresponde a omisión de pago

Por los fundamentos expuestos, solicitó la confirmación en todas sus partes, la Resolución Determinativa N° 171739000387 de 23 de junio de 2017. 

II.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba El 11 de agosto de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Aụto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARITCBA-0243/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 37 del expediente administrativo). 

II.4.1. Prueba de la Administración Tributaria Por memorial de 28 de agosto de 2017, la Administración Tributaria se ratificó en la prueba acompañada al momento de responder el Recurso de Alzada (fojas 39 del expediente administrativo). 

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II.4.2. Prueba sujeto pasivo Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2017, Oscar Fernando Andrade Ballesteros, produjo en calidad de prueba literal, documentación referida a Declaraciones Juradas, Comprobantes y Libros Contables, Libro de Compras IVA, así como otra operativa referida al rubro de su actividad gravada; señalando que con ella, más la adjuntada a su Recurso de Alzada, resultaría evidente que la depuración de crédito fiscal fue totalmente arbitraria e ilegal. Por otra parte, solicitó señalar fecha y hora para el correspondiente juramento de reciente obtención de la prueba referida

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Conforme Acta de Audiencia de Juramento de Prueba de Reciente Obtención de 11 de septiembre de 2017, el recurrente Oscar Fernando Andrade Ballesteros, prestó juramento, señalando la reciente obtención de la documentación cursante a fojas 1165, 2 anillados de fojas 166 a 328 y 329 a 668 y 2 libros de fojas 669 a 729 y 730 a 791 (fojas 46 del expediente administrativo). 

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11.5. Alegatos II.5.1. Administración Tributaria Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria formuló alegatos, reiterando la argumentación utilizada en su contestación al presente Recurso de Alzada, referida a la adecuada valoración y el debido proceso, la inexistencia de vicios durante el procedimiento de fiscalización, el resguardo del derecho a la defensa y la obtención legal de la prueba; desglosando además las observaciones que sustentaron sus reparos por cada factura depurada y ratificado su posición en cuanto a la calificación de la conducta, conforme el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 47-49 del expediente administrativo). 

11.5.2. Sujeto Pasivo Mediante memorial presentado el 25 de septiembre de 2017, Oscar Fernando Andrade Ballesteros, expuso alegatos sobre los actos del procedimiento administrativo refiriéndose a los reclamos formulados en su Recurso de Alzada, diferenciándolos como aspectos de forma: Falta de valoración de argumentos de descargos, restricción del derecho a la defensa y la obtención ilegal de prueba; y como cuestión de fondo, la ilegalidad de los reparos calculados. Por otro lado, sostuvo que los argumentos expuestos por el SIN en su contestación al presente recurso administrativo, no deberían ser tomados en cuenta, procediendo a desglosar la documentación ofrecida en calidad de prueba (fojas 5255 del. expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 27 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación. No 3916OV100537 a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero y octubre de la gestión 2012, del contribuyente Andrade Ballesteros Oscar Fernando. 

  • Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo, el 1 de julio de 2016 (fojas 4 y 18 de antecedentes administrativos). 

El 27 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias No 3916OV100537, Form. 7520, solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 0.210); Libro de Compras IVA de los periodos observados; original de las facturas, nota fiscal o documento equivalente de compra detallada en el presente anexo; Medios, fehacientes de pago (recibos, fotocopia de cheques adjuntando extractos bancarios donde señale el débito correspondiente de su cuenta bancaria, traspasos, depósitos entre otros), con los cuales se efectivizó la transacción de las facturas observadas; Registros contables con su respectiva 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

documentación de sustento (comprobantes de diario, traspaso, egreso, entre otros) en los cuales se encuentren asentadas; Contratos suscritos por la compra de bienes y/o prestaciones de servicios por los cuales se emitieron las facturas observadas de corresponder; Kardex físico valorado por ítem de los productos y/o bienes adquiridos mediante facturas observadas de corresponder; Libros de Contabilidad: Diario y Mayor del periodo sujeto a revisión y medio sico y magnético (formato Excel); toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de la transacción realizada a través de las facturas observadas; otra documentación que el fiscalizador asignado considere necesario durante el proceso de verificación (fojas 5 de antecedentes administrativos)

El 08 de julio de 2016, el contribuyente solicitó ampliación de plazo para la presentación de documentos referido a las órdenes de Verificación Internas Nos. 39160V100537, 3916OV100538, 3916OV100539, 39160V100540 y 39160V100541, formulario 7520, la cual fue atendida por la Administración Tributaria mediante la emisión del Proveido No 24-00579 16 que fue notificado mediante Cédula al contribuyente, el 27 de julio de 2016 (fojas 2025 de antecedentes administrativos).

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El 02 de agosto de 2016, conforme Acta de Recepción y Devolución de Documentos, el contador del sujeto pasivo presentó los siguientes documentos: Declaración Jurada formulario 200, periodos enero y octubre gestión 2012, Libro de Compras IVA, notas fiscales de compras, comprobantes de egreso, notas de pago – ingreso, solicitudes de compra y pago de servicios, notas de venta, otras facturas originales, recibos originales, liquidación fletes de transportistas, fotocopias de cheques, estados de cuentas, ficha kardex, detalle de gastos, fotocopias de cédulas de identidad, fotocopias de depósitos de cuentas, detalle de gastos de diésel, entre otros; Diarios de Operaciones, Auxiliar de mayores, reportes de balanza de sistema contribuyente de los periodos enero y octubre de 2012 y nota adjunta (fojas 26 de antecedentes administrativos). 

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El 18 de mayo de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 291739000102, exponiendo indicios de contravención tributaria por Omisión de Pago. correspondiendo una sanción 100% sobre el tributo omitido actualizado, de acuerdo a lo previsto en el artículo Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado por cédula al recurrente el 23 de mayo de 2017 (fojas 149-157 y 162 de antecedentes administrativos). 

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El 22 de junio de 2017, Oscar Fernando Andrade Ballesteros presentó memorial de descargo a la Administración Tributaria, exponiendo argumentos relacionados con supuestas ilegalidades en la emisión de la Vista de Cargo, el cabal cumplimiento de la normativa, la documentación que acreditan la plena legalidad de las transacciones y la inexistencia de Omisión de Pago, por lo que solicitó la emisión de Resolución declarando la inexistencia de deuda tributaria (fojas 170-172 de antecedentes administrativos). 

El 23 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00886/2017, ratificando los conceptos e importes inicialmente establecidos, reportados y comunicados mediante Vista de Cargo N° 291739000102 para el IVA de las gestiones enero y octubre gestión 2012; consecuentemente, liquidó la Deuda Tributaria en UFVs8.426 equivalente a Bs 18.590.-que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de Pago; asimismo, recomendó emitir la Resolución Determinativa (fojas 273-292 de antecedentes administrativos). 

El 23 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171739000387, que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Andrade Ballesteros Oscar Fernando con NIT 565803015, en la suma de UFV84.682 correspondiente al tributo omitido actualizado e 

  • intereses; que incluida la sanción por Omisión de Pago, su obligación impositiva alcanza a UFV$8.426 equivalente a Bs 18.590.- asimismo, calificó la conducta como Omisión de Pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero y octubre de 2012, aplicándole una sanción del 100% sobre el Tributo Omitido, cuyo importe es de UFVs3.744; además otorgó al contribuyente el término de 20 días, a partir de su legal notificación para que deposite la totalidad de la Deuda Tributaria. Acto notificado por cédula al recurrente, el 

30 de junio de 2017 (fojas 293-313 y 317 de antecedentes administrativos).. . 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA . Conforme a lo expuesto en el parágrafo I, artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por Oscar Fernando Andrade Ballesteros, aclarando que planteó para el análisis técnico jurídico aspectos tanto de forma como de fondo; con relación a los aspectos formales observó: 1. Sobre el cruce de información y producción unilateral de prueba y 2. Falta de valoración de argumentos y ausencia de fundamento en el tema de la retención. · 

En cuanto a los reclamos de fondo del recurso, se concentraron los siguientes: 3. Reparos NO 150 .. ilegalmente calculados, que no se hallan respaldados en ninguna norma jurídica, sin sistem 

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Sistema de Geston 

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II 

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considerar los descargos presentados y 4. Validez de las notas fiscales del proveedor Jhony Bustamante Sánchez y Crispin Bustamante Cano, respaldado con Comprobantes de Pago correctamente respaldados y el tipo de material utilizado requiere la retención de regalía minera conforme a la Ley N° 3787. 

En ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados; y en caso de no ser evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda

IV.1. Sobre el cruce de información y producción unilateral de prueba El sujeto pasivo denunció indefensión durante el procedimiento de fiscalización al no haber sido notificado con los actos de producción unilateral de prueba, como los cruces de información y los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo; reclamó también la supresión de fases procesales y requerimientos tardíos de documentación, aspectos que conculcaron el debido proceso por restricción del derecho a la defensa, consagrado en los artículos 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), afirmando además que se le restringió la posibilidad de brindar descargos, al no existir comunicación de los resultados o entrega de Papeles de Trabajo a la conclusión del citado proceso de fiscalización, citando al efecto la Resolución de Recurso Jerárquico No STG-RJ/178/2005 de 15 de noviembre de 2005, precedente doctrinal que anuló obrados hasta la comunicación oportuna de todos los cargos para ejercer una defensa adecuada. 

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En respuesta, la Administración Tributaria manifestó que, el contribuyente fue notificado con la Orden de Verificación N° 39160V100537, exponiendo el alcance de la misma y solicitando documentación para el desarrollo de la verificación; señaló que también notificó la Vista de Cargo, dando a conocer la información y elementos relevados (cruces de información y documentación obtenida) sustento de los reparos, cumpliendo de ésta forma con la normativa vigente en resguardo del debido proceso; y quedando en evidencia, que el sujeto pasivo no solicitó en ninguna etapa del proceso, los documentos que ahora reclama. 

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Al respecto, debemos indicar que las Sentencias Constitucionales 1262/2004R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: “(...) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq. (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaéti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

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I

que los denuncia y sea determinante para la decisión (...)”. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

Bajo ese lineamiento, se debe aclarar que no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se deba una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…), no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad

En la normativa tributaria, se tiene que los parágrafo I y IV artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.” 

si

Asimismo, conforme a la facultad normativa de la Administración Tributaria establecida en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la. Resolución Normativa de Directorio N° 10-00513, la cual señala en su artículo 9: “Toda modalidad de fiscalización se iniciará con la notificación de la orden de Fiscalización o Verificación. En todos los casos el Departamento de Fiscalización procederá a la emisión del Informe de actuación, emitiéndose dentro de los diez (10) días calendario siguientes la Vista de Cargo.” 

Por su parte, el parágrafo | artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) establece: “. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización

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IBNORE 

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investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, 

según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.” 

El artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) refiere de forma clara que: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes.” 

De la norma citada precedentemente, se estableció con claridad que los procedimientos de determinación efectuados por la Administración Tributaria en uso de su facultad de control, verificación, fiscalización e investigación establecidas en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), inician con la notificación de la Orden de Fiscalización o Verificación y culminan con la emisión y notificación de la Vista de Cargo, acto que debe contener los hechos, actos, datos y elementos verificados durante la sustanciación del procedimiento y que respaldan los cargos imputados al sujeto pasivo, con la finalidad de que este último, al amparo del derecho a la defensa, previsto en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), pueda presentar argumentos y documentos de descargo en el plazo de treinta (30) días previsto en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Entonces, es evidente que la Ley N° 2492 (CTB) reconoce a la vista de Cargo, como el Acto por el cual la Administración Tributaria comunica al contribuyente sobre los resultados arribados en la fiscalización o verificación efectuada (trabajo de campo), constituyéndose en una liquidación preliminar de la deuda, susceptible de modificación mediante la presentación de descargos por parte del sujeto pasivo; y de esta forma, dicho Acto, al garantizar el conocimiento de los cargos preliminares y otorgar un plazo para el ejercicio del derecho a la defensa, debe exponer los elementos de prueba recabados por el SIN en uso de sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación y los criterios de valoración así como el razonamiento legal y técnico para el establecimiento de los reparos. 

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En ese entendido, conforme obrados se advirtió que el 1 de julio de 2016 (fojas 18 de antecedentes administrativos), el contribuyente fue notificado mediante cédula con la Orden de Verificación N° 3916OV100537, adquiriendo conocimiento de las facturas sujetas a 

revisión, así como la documentación requerida para la realización de la misma (fojas 4-5 de 

antecedentes administrativos), petición que fue atendida por el contribuyente en fecha 2 de agosto de 2016, tal como demuestra el Acta de Recepción y Devolución de Documentación de la misma fecha (fojas 26 de antecedentes administrativos) y las Actas de Recepción de 

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Documentos de 4 y 17 de mayo de 2017 (fojas 105 y 118 de antecedentes administrativos); evidenciando que antes de la emisión de la Vista de Cargo N° 291739000102 (fojas 149 157 de antecedentes administrativos) el contribuyente contaba con los espacios necesarios para su interacción con el SIN, ofreciendo prueba relacionada con la validez de las operaciones sujetas a verificación, conforme el derecho previsto en el artículo 68 numeral 7. de la Ley N° 2492 (CTB)

Ahora bien, la Administración Tributaria conforme a lo señalado en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), el 23 de mayo de 2017 notifico mediante cédula a Oscar Fernando Andrade Ballesteros la Vista de Cargo N° 291739000102, (fojas 162 de antecedentes administrativos), describiendo las labores desarrolladas durante el trabajo de campo y el resultado de las mismas, mediante la elaboración del “CUADRO RESUMEN DE ANÁLISIS DE FACTURAS SUJETAS A VERIFICACIÓN(fojas 152 de antecedentes administrativos), advirtiendo que el contribuyente tuvo pleno conocimiento y comprensión sobre el sustento que motivó la decisión asumida; prueba de ello resulta ser, que el sujeto pasivo ofreció oposición a los argumentos del. SIN en el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) conforme memorial de 20 de junio de 2017 (fojas 170-172 de antecedentes administrativos); para luego la Administración Tributaria emitir la correspondiente Resolución Determinativa en el marco de lo previsto por el artículo 99 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), pudiendo constatar además en el presente caso, que no existió supresión de fases procesales como erróneamente indica el sujeto pasivo, por cuanto el SIN cumplió con el procedimiento legalmente establecido en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), preservando el debido proceso y en consecuencia el derecho a la defensa

Asimismo, señalar que la normativa legal, no establece expresamente que el Servicio de Impuestos Nacionales deba realizar una comunicación de resultados, de forma previa a la emisión de la Vista de Cargo o en su caso, notificar al contribuyente con el inicio del procedimiento de cruce de información o los resultados de éste, toda vez que conforme el artículo 96 parágrafo l y artículo 104 parágrafo V de la Ley N° 2492 (CTB), la Vista de Cargo se constituye en el documento que de forma preliminar liquida la obligación identificada durante el trabajo de campo y que apertura el término probatorio para que el sujeto pasivo pueda asumir defensa, hecho que fue cumplido a cabalidad por la Administración Tributaria con la notificación de la Vista de Cargo N° 291739000102 en fecha 23 de mayo de 2017 (fojas 162 de antecedentes administrativos), actuado que como se expuso en el párrafo. anterior, comprendió la comunicación formal de los resultados preliminares arribados por el 

o por el SIN, incluyendo las labores de investigación y control llevadas a cabo; por cuanto queda reforzada la inexistencia de la supuesta supresión de fases procesales hasta la emisión de 

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la Resolución impugnada, es decir, que mediante la notificación de la Vista de Cargo aludida, el SIN garantizó más bien los espacios necesarios para que el contribuyente asuma su derecho a la defensa conforme el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, no existe indicio alguno que permita corroborar la nulidad reclamada por el sujeto pasivo respecto del punto en particular, por tanto, la misma carece de sustento fáctico y legal que evidencia la concurrencia de alguna de las situaciones previstas en el parágrafo Il artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud al artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB). 

IV.2. De la falta de valoración de argumentos de descargo y depuración del crédito 

fiscal sin fundamento Al respecto el sujeto pasivo citó la Sentencia Constitucional N° 95/01 de 21 de diciembre de 2001, denunciando que la Resolución Determinativa no realizó una valoración que permita conocer los motivos para la desestimación de la prueba referida al Libro de Comprobantes de Egreso, Libro de Compras del periodo, Libro Mayor y Libro Diario que fueron presentados como justificativo de las transacciones; agregó que se señalaron simples pretextos de depuración del crédito fiscal sin la correspondiente fundamentación legal y técnica. Añadió que de forma llamativa, la justificación jurídica de la Administración Tributaria se basó en la “demás normativa legal en vigencia”, criterio indiscutiblemente absurdo por su imprecisión, derivando en la falta de sustento legal, por cuanto, ante la carencia de fundamentación, el Acto impugnado debería ser anulado

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Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que las vulneraciones señaladas por el recurrente, carecen de fundamentación; toda vez que, el acto impugnado expone una valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo, desglosó la prueba ofrecida por cada factura observada y expuso los motivos por los cuales éstos no desvirtúan las observaciones establecidas en la vista de Cargo; en tal sentido manifesto, que el contribuyente debió rebatir los mismos dentro, el presente recurso y no limitarse a mencionar que no existió valoración

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Al respecto, la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre -entre otras estableció que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 

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comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. AI contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…)“. . .

De igual forma, la Sentencia Constitucional 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: (...) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas

Asimismo, la Sentencia Constitucional 0871/2010 de 10 de agosto, dispuso: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” 

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: Por su parte, el artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen como 

derechos del sujeto pasivo el debido proceso, el formular y aportar, en la forma y plazo

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previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

De la misma forma el artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que: “Il. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

etente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.” 

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Expuestos los argumentos de ambas partes, ésta instancia de alzada verificará si los actos administrativos emitidos por el Servicio de Impuestos Nacionales, cuentan con la debida valoración de la prueba documental ofrecida por el contribuyente durante el desarrollo de la 

verificación, para lo cual corresponde remitirse a los antecedentes administrativos, 

  • precisamente a fojas 170-172, donde cursa el memorial y prueba de descargo presentados 

por el sujeto pasivo al SIN el 22 de junio de 2017, a través del cual expuso argumentos de descargo relacionados con ilegalidades en la emisión de la Vista de Cargo, el cabal cumplimiento de la normativa, la existencia de documentación que acreditaría la plena legalidad de las transacciones así como la inexistencia de Omisión de Pago. Por otra parte, solicitó la emisión de una resolución que declare la inexistencia de deuda tributaria.

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Con relación a lo argüido por el sujeto pasivo, la Administración Tributaria señaló en la Resolución Determinativa N° 171739000387 de 23 de junio de 2017, que amparado en las amplias facultades concedidas por los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), inició el proceso de verificación y solicitó al sujeto pasivo información y documentación respaldatoria en relación a determinadas transacciones; y que las actuaciones y procedimientos realizados, fueron dados a conocer al contribuyente mediante la notificación de la Vista de Cargo, enmarcándose a lo previsto en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fojas 302-303 de antecedentes administrativos). 

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Por otro lado, sostuvo que las transacciones efectuadas por el contribuyente no cuentan con documentación suficiente y fehaciente que demuestren la realización de la transacción, identificando los documentos presentados por el sujeto pasivo para las facturas depuradas 

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preliminarmente en la vista de Cargo, coligiendo que los mismos son parciales e insuficientes para sustentar la transferencia de dominio del bien/servicio prestado, la naturaleza de la transacción y/o forma de incorporación y aplicación de esos gastos en servicios y/o bienes que coadyuven a la generación de sus ingresos; y que de acuerdo al procedimiento de verificación realizado sobre base cierta, parágrafo I del artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB). y los hechos descritos previamente, estableció preliminarmente la conducta del contribuyente como OMISIÓN DE PAGO, correspondiente al IVA por los periodos sujetos a revisión (fojas 304310 de antecedentes administrativos)

Ahora bien, ingresando al análisis con relación a la valoración de la prueba aportada, en el contenido del Acto impugnado, la Administración Tributaria señaló que la documentación presentada resultó parcial e insuficiente, al no adjuntar documentos de embarque, despacho de materia prima ni guías de tránsito, además que las solicitudes de compra y pago de servicios no consignan fecha, nombre ni la firma del responsable; de igual manera, destacó la inexistencia de documentación contable financiera y comercial que permita determinar la naturaleza de la transacción y/o la forma de incorporación y aplicación de los gastos en servicios y/o bienes que coadyuven en la generación de sus ingresos gravados, que demuestren la efectiva recepción del material o del servicio por parte del contribuyente con información completa y fidedigna, toda vez que no demostró de forma indubitable y fehaciente la realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada. 

Sin embargo, se logró advertir una contradicción en el razonamiento utilizado por el SIN, toda vez que aludió la falta de documentación, que permita verificar la incorporación de los insumos adquiridos en la generación de ingresos gravados, empero omitió considerar, que dichos insumos están referidos a piedra caliza y en ese sentido, guardan correspondencia con la fabricación de productos minerales no metálicos, actividad principal desarrollada por Oscar Fernando Andrade Ballesteros, según Consulta de Padrón generada por el SIN (fojas 13 de antecedentes administrativos)

Por otra parte, el contribuyente presentó Boletas de Materia Prima y Tickets de Pesaje, los cuales más allá de las formalidades objetadas por la Administración Tributaria en cuanto a la ausencia de firmas e identificación de las partes intervinientes (fojas 305310 de antecedentes administrativos), no fundamento su posición con argumentos y prueba que cuestionen la realización de las transacciones expuestas en las notas fiscales, más aún cuando sus emisores, son contribuyentes que tenían un estado de Activosegún Consulta de Padrón cursante en obrados, coligiendo de ello que, los proveedores correspondían a personas que prestaban servicios y para ello obtuvieron facturas debidamente autorizadas 

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por el SIN, aspecto último que tampoco fue cuestionado durante el desarrollo de la verificación, situación que obligaba a la Administración Tributaria a la valoración integra de la documentación presentada por el sujeto pasivo en el marco de la realidad económica inherente a la fuente generadora de ingresos del ahora recurrente. 

Asimismo, el SIN expuso como fundamento legal para cuestionar la validez del crédito fiscal declarado por el sujeto pasivo que: “no resulta suficiente la existencia de un comprobante contable, impresión de detalle de provisiones y fletes, sino documentación que acredite la materialidad de sus transacciones y se encuentren efectivamente vinculadas con sus propias operaciones, lo contrario sería un acto de simulación, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente; cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé el método interpretativo de la Realidad Económicaque permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si cumplieron los presupuestos económicos de la operación.(fojas 310 de antecedentes administrativos). 

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Sin embargo, las aseveraciones desarrolladas por la Administración Tributaria relacionadas a la vinculación de los gastos con la actividad económica de Oscar Fernando Andrade Ballesteros, siguen generando incertidumbre, más cuando las notas fiscales objeto de verificación, como se expuso en párrafos previos, exponen operaciones que de una simple comparación con la actividad registrada por el sujeto pasivo, se puede colegir su vinculatoriedad; en ese sentido, un análisis del SIN centrado en identificar la prueba documental supuestamente omitida por el contribuyente, sin especificar concretamente la misma, va en contra de la realidad económica que circunda la actividad del ahora recurrente y que se encuentra inmersa en la documentación ofrecida por el mismo, pues no existen situaciones irregulares relevadas por la Administración Tributaria que permitan 

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concluir un incumplimiento de los presupuestos económicos que hacen el hecho imponible, 

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debiendo destacar que las facturas fueron debidamente dosificadas y que tampoco se trata de un proveedor con domicilio desconocido o en su caso, algún hecho que motive cuestionar la efectiva realización de la operación suscitada entre el sujeto pasivo y los emisores de las notas fiscales

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En ese sentido, no se debe olvidar que dentro de la documentación ofrecida por el contribuyente, cursa prueba referida al pago efectuado a los emisores de las notas fiscales sujetas a verificación, enmarcados en el artículo 70 numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB) y que si bien el SIN formuló una observación sobre el pago parcial de las facturas, empero, 

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éste no expuso argumento alguno sobre la validez de los cheques ofrecidos por el sujeto pasivo como medios de prueba y el registro de los mismos en los Extractos Bancarios, más cuando la supuesta diferencia entre lo pagado y el importe de las facturas, implicó un tratamiento sobre retenciones en base a lo previsto en la Ley N° 1777 (Código de Minería) modificada por la Ley N° 3787 concordante con el Decreto Supremo N° 29577, ameritando de la Administración Tributaria, el siguiente enunciado: “...se observan que, los sujetos deben registrar todas sus liquidaciones y pagos de la regalía mineras por sus compras de minerales y metales en el libro denominado Compras – Control RM, sin embargo el contribuyente se limitó a presentar impresiones del detalle de provisión de materias primas, Formulario M-02, de compras y venta de minerales y metales SENARECOM...” (fojas 303 304 de antecedentes administrativos) omitiendo mencionar el fundamento. legal que determine la invalidez del crédito fiscal debido a la ausencia del Libro de Compras – Control RM; carencia que trasgrede lo precisado en el artículo 99 parágrafo Il de la Ley N° 2492 (CTB), que exige la exposición de un sustento legal a la decisión adoptada sobre un hecho específico. 

Ahora bien, sobre lo expuesto en el rrafo previo, revisada la Vista de Cargo No 291739000102 de 18 de mayo de 2017, la Administración Tributaria tampoco efectuó una explicación relacionada con la forma de pago del contribuyente, la misma que de acuerdo a los antecedentes del caso, implicó la emisión de un cheque y la retención en virtud a la normativa que regula el rubro minero; omisión incurrida por el SIN a pesar que durante el trabajo de campo, el contribuyente presentó documentación referida al pago y sus características, conforme las Actas de Recepción de Documentos de 04 y 16 de mayo de 2017 (fojas 105 y 118 de antecedentes administrativos); coligiendo la ausencia de valoración por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, de toda la documentación aportada por Oscar Fernando Andrade Ballesteros, limitándose a señalar en la vista de Cargo que: “El medio de pago presentado es por un pago parcial a la transacción, ya que no considera el total del cuadro de liquidación presentado por el contribuyente; al respecto el mismo no presenta argumento ni documentación alguna a las diferencias señaladas…” (fojas 153 de antecedentes administrativos); situación que vulneraría lo previsto en el parágrafo I del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), porque, no consideró todos los hechos, actos y datos debidamente comunicados por Oscar Fernando Andrade Ballesteros a la Administración Tributaria antes de la emisión de la Vista de Cargo. 

Finalmente en el acto impugnado, la entidad fiscalizadora explicó: “En relación a lo 

manifestado por el contribuyente referente a la regalía minera, corresponde señalar que la Ley N° 177 de 17 de marzo de 1997 (Código de Minería) modificado por la Ley N° 3787 de 

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24 de noviembre de 2007, concordante con el Decreto Supremo N° 29577 de 21 de mayo de 2008, que reglamenta la retención y pago de la regalía minera, se observa que los sujetos deben registrar todas sus liquidaciones y pagos de la regalía minera por sus compras de minerales y metales en el libro denominado Compras – Control RM, sin embargo el contribuyente se limitó a presentar impresiones del detalle de provisiones de materias primas, Formulario M-02, de compra y venta de minerales y metales SENARECOM, asimismo adjunta formulario de materia prima sin identificación de las partes intervinientes (conductor, encargado, destino) ni las firmas de recepción conformidad de los mismos, adjunta impresión de ticket de pesaje, por otra parte corresponde manifestar que el contribuyente en el proceso de determinación adjuntó impresión de detalle de retenciones sin documentación de respaldo suficiente que fue contrastado con la impresión de sus registros contables” (fojas 303-304 de antecedentes administrativos)

Conforme lo argüido en el párrafo previo, la Administración Tributaria se limitó a señalar que los documentos presentados por el contribuyente, relacionados a las retenciones por la compra de piedra caliza, fueron contrastados con la impresión de sus registros contables, sin embargo no expuso un resultado de dicha labor, como ser diferencias e inconsistencias que hagan presumir que las retenciones efectuadas por el sujeto pasivo, no corresponden a la realidad de los hechos capturados en sus registros contables; coligiendo de dicha falencia, que la Vista de Cargo N° 291739000102 carece de la fundamentación técnica que le permita al SIN, poder desestimar la eficacia probatoria de las retenciones desarrolladas por el sujeto pasivo como parte de las operaciones de compra efectuadas con los proveedores Jhonny Bustamante Sánchez y Crispin Bustamante Cano. 

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De esta forma, se evidenció que el Servicio de Impuestos Nacionales no valoró toda la documentación presentada como prueba por el sujeto pasivo, tanto durante el trabajo de campo como en el periodo de descargo; hecho que demostró la ausencia de una fundamentación técnica y fáctica sobre los hechos contenidos en la documentación de respaldo presentada por Oscar Fernando Andrade Ballesteros, vulnerando efectivamente lo previsto en el artículo 96 parágrafo I y artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), que demandan de la Administración Tributaria, la exposición de los hechos y antecedentes que sirvieron de causa para asumir una decisión, además de expresar en forma concreta las razones que indujeron a emitir el acto, enunciado que no puede considerarse como cumplido cuando el SIN no describió de forma puntual los motivos para desestimar toda la prueba ofrecida por el sujeto pasivo referida a la efectiva realización de la transacción y su consecuente vinculación con la actividad gravada, obviando además la fundamentación 

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legal para desestimar las retenciones efectuadas por el sujeto pasivo, a los pagos efectuados a sus proveedores por la compra de piedra caliza

Lo expuesto demuestra que, el trabajo de análisis de la Administración Tributaria no fue plasmado con precisión en el Acto recurrido y tampoco en la vista de Cargo, toda vez que, no se advirtió un desglose de la valoración asignada a toda la documentación ofrecida por el sujeto pasivo mediante las Actas de Recepción de Documentación elaboradas hasta antes de la emisión de la Vista de Cargo, en especial las observaciones referidas a los medios de pago; es más, del cuestionamiento sobre la materialización de la transacción, en ningún momento el SIN expuso aspectos que generen duda sobre la existencia del proveedor, una conducta tributaria irregular como facturas emitidas sin la dosificación previa autorizada, domicilio desconocido o en su caso, prueba que demuestre diferencias en las facturas objetos de revisión con las copias de los emisores, denotando con ello, que la ausencia de fundamento fáctico advertido en los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, también está vinculado a un precario trabajo de investigación y verificación, que se limitó al análisis de una parte de los documentos ofrecidos por el contribuyente e información obtenida de su Sistema SIRAT; restringiendo de esa forma la búsqueda de la verdad material, prevista en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Por consiguiente, en cuanto a la valoración de la prueba, si bien el Servicio de Impuestos Nacionales, expresó que el sujeto pasivo, no presentó documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción, tampoco explicó con precisión, qué documentación ‘fue omitida por el contribuyente e impulsó, la conclusión de la carencia de respaldo, : debiendo añadir que, a pesar que la Administración Tributaria recepcionó documentos de 

prueba ofrecidos por el contribuyente, no existió en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa impugnada, una exposición técnica, clara y concreta sobre la valoración asignada a la misma y el fundamento que indujo a desestimarlas; no siendo suficiente enunciar la prueba conocida, sino compulsar la misma, exponiendo un resultado preciso y comprensible para desestimar su eficacia, lo contrario como se comprobó en el presente caso, vulnera lo previsto en el artículo 68 numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB), porque la Administración no consideró todos los elementos de prueba al momento de emitir el acto impugnado, lo cual también fue evidenciado en la emisión de la Vista de Cargo

Por lo expuesto, resulta evidente que la Vista de Cargo, no cumplió los requisitos previstos 

en el artículo 96 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), porque el SIN no incluyó todos los elementos de prueba en su poder, generando incertidumbre sobre la eficacia probatoria de 

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los mismos, careciendo de una fundamentación fáctica consistente con los hechos que fueron advertidos durante el desarrollo del proceso determinativo y el sustento legal de la decisión asumida; falencia que también fue comprobada al momento de analizar la Resolución impugnada, vulnerando de esta forma, el artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), configurándose las causales previstas en el artículo 36 parágrafo Il de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria conforme el artículo 74 numeral 1 y artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que, los actos administrativos señalados líneas previas, fueron emitidos sin cumplir con los requisitos previstos en la normativa tributaria vigente, comprometiendo de esta forma el debido proceso y el derecho a la defensa del sujeto pasivo, contraviniendo los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); en consecuencia, al advertirse vicios en la Resolución Determinativa No 171739000387 de 23 de junio de 2017 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que vulneraron el derecho a la defensa y el debido proceso; corresponde a ésta instancia recursiva, anular dicho acto, hasta el vicio más antiguo, que comprende la Vista de Cargo N° 291739000102 de 18 de mayo de 2017, de tal forma que la Administración Tributaria emita nuevos actos en el marco de lo previsto en el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), exponiendo una fundamentación fáctica y legal para todos los hechos y actos relacionados con el objeto de la verificación, así como una valoración de toda la prueba aportada por el contribuyente. 

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La suscrita Directora Ejecutiva Regional de Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171739000387 de 23 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es la Vista de Cargo N° 291739000102 de 18 de mayo de 2017, de tal forma que, la Administración Tributaria, pueda emitir nuevos actos debidamente fundamentados, conforme al parágrafo | artículo 96 y parágrafo Il artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), incluyendo una valoración de toda la prueba ofrecida por el sujeto pasivo; sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V. del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación

Regístrese, notifíquese y cúmplase

Claudia B. Cors Rejas 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL ÎNTÉRINA Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia Legal de la Autoridad Regional de 

Impugnacion Tributaria Cochabamns 

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