ARIT-CBA-RA-0408-2017 El SIN determinó sancionar al contribuyente por el incumplimiento de presentación de LCV de la gestión 2013 debido a que en este caso no aplicó la prescripción argumentada por el contribuyente, en razón de que existe modificaciones a la Ley 2492 respecto a la prescripción.

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITCBAIRA 0408/2017 

Recurrente 

: Walter Arroyo Alemán 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Apolinar Choque Arevillca 

Expediente 

: ARIT-TJA-0074/2017 

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N° 181760000215 de 26 de abril de 2017 

Fecha 

: Cochabamba, 13 de octubre de 2017 

– 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0408/2017 de 13 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria N° 181760000215 de 26 de abril de 2017, sancionando a Walter Arroyo Alemán, con la multa de UFV’s6.000 por incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Módulo LCV, correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2013. Acto notificado a Walter Arroyo Alemán, el 20 de junio de 2017 (fojas 3034 y 39 de antecedentes administrativos). 

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  1. 11. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1. Argumentos del Recurrente Walter Arroyo Alemán mediante nota presentada el 11 de julio de 2017 ante la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, reconducida ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba el 13 de julio de 2017, mediante CITE: SIN/GDTJ/DJCC/UCT/NOT/01780/2017 (fojas 7-8 del expediente administrativo), Recurso de Alzada que fue subsanado mediante nota de 26 de julio de 2017 (fojas 21 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 181760000215 de 26 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital 

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Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

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de la Calidad Certificado NEC-274/1

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq. (Quechua) Mburuyisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

Que de conformidad al artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), solicitó la prescripción de las muitas establecidas en la Resolución Sancionatoria No. 181760000215, conforme al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), manifestando que el periodo de prescripción es de cuatro años, por lo que al haber presentado la declaración tributaria, el plazo de prescripción para efectuar el cobro inició el 1 de enero siguiente a la fecha de que la obligación sea exigible. Agregó que no existen supuestos de interrupción o suspensión de la prescripción: 

Asimismo, argumento que ampara sus derechos en las Sentencias Constitucionales No 39/2016 y.47/2016, así como en el principio de la irretroactividad plasmada en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, citó la Ley N° 223 de Discapacidad. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria No 181760000215 de 26 de abril de 2017, y en consecuencia se declare la prescripción de las muitas tributarias. 

II.2. Auto de Admisión El 27 de julio de 2017, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija de la Autoridad impugnación Tributaria, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT TJA-0074/2017, del Recurso de Alzada interpuesto por Walter Arroyo Alemán, contra la Resolución Sancionatoria No 181760000215 de 26 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de impuestos Nacionales (fojas 22 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Apolinar Choque Arevilica, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000569 de 31 de marzo de 2017 (fojas 26-27 del expediente administrativo), por memorial presentado el 11 de agosto de 2017 (fojas 29-31 del expediente administrativo) contestó el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

Que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) fue modificado por las Leyes N° 291 y 317, estableciendo que las acciones de la administración tributaria prescribirán a (…) los nueve (9) años en la gestión 2017. (…), para controlar, investigar, verificar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. 

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de la Calidad Certificado N°EC-27414 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De igual manera, saló que el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), también fue modificado por la Ley N° 317, estableciendo que: ... En el supuesto 3, del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día hábil del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención…, por lo que para los periodos enero a noviembre de la gestión 2013, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2014 y se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022; respecto al periodo diciembre de la gestión 2013, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2015 y se extiende hasta el 31 de diciembre del 2023, por lo que las facultades de la administración tributaria para imponer sanciones por incumplimiento en la presentación de información del libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Modulo – LCV de los periodos enero a diciembre de la gestión 2013, no se encontraban prescritas a momento de emitir el acto ahora impugnado

De igual manera la administración tributaria manifestó que las Sentencia No 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia así como el principio de irretroactividad, no son aplicables al presente caso, puesto que en virtud al principio de los derechos adquiridos, corresponde la aplicación de las modificaciones al régimen de prescripción realizadas por las Leyes N° 291 y 317, pues las contravenciones se produjeron en la gestión 2013 y 2014, es decir, en plena vigencia de las Leyes N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012. 

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Por último, expuso que conforme la Constitución Política del Estado, en los artículos 70 al 72 (Derechos de las personas con Discapacidad) y la Ley N° 223, no evidencia ningún tipo de exclusión, exención, reducciones, beneficios, privilegios o preferencias para el cobro de tributos de las personas con discapacidad y que la Administración Tributaria obró de conformidad a las leyes y la Constitución Política del Estado, por lo que no vulneró las garantías constitucionales al debido proceso

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En base a lo expuesto, en petitorio solicitó confirmar la Resolución Sancionatoria No 181760000215 de 26 de abril de 2017. 

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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 14 de agosto de 2017, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija de la Autoridad Impugnación Tributaria, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-TJA-0074/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 32 de expediente administrativo). 

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III 

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11.4.1. Prueba Administración Tributaria El 29 de agosto de 2017, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Apolinar Choque Arevillca presentó memorial ratificando en calidad de prueba documental, los antecedentes administrativos acompañados al momento de responder el Recurso de Alzada (fojas 34 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 11.5.1. Alegatos de la Administración Tributaria Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria, presentó memorial de alegatos ratificando los argumentos esgrimidos al momento de presentar el memorial de respuesta al recurso de alzada y observando los argumentos de la prescripción solicitada y reiterando que las Sentencias N° 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y el principio de irretroactividad no son aplicables al caso ya que conforme a la teoría de los derechos adquiridos las aplicaciones realizadas a la Ley N° 2492 (CTB) por las Leyes No 291 y 317 se encontraban vigentes a momento en: que se produjeron las contravenciones (fojas 60-62 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 2 de marzo de 2017, la Administración Tributaria emitió el Auto inicial de Sumario Contravencional N° 00163093001128, instruyendo el sumario contravencional contra Walter Arroyo Alemán, toda vez que incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, correspondientes a los periodos enero a diciembre de la gestión 2013, conducta prevista como incumplimiento al deber formal de información y sancionado con una multa de UFV’s 500 por cada periodo incumplido; asimismo le otorgó al sujeto pasivo, el plazo de 20 días para que pueda formular sus descargos. Acto notificado a Walter Arroyo Alemán, el 17 de marzo de 2017 (fojas 1 de antecedentes administrativos). 

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El 7 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDTJ/DF/INF/00476/2017, concluyendo que el contribuyente Walter Arroyo Alemán, no presentó descargos y no realizó ningún pago por la sanción establecida, por lo que mantiene firme y ratifica el importe establecido en el Auto inicial de Sumario Contravencional N° 00163093001128, por lo que recomenla remisión al departamento jurídico y cobranza coactiva para la prosecución del trámite (fojas 21-23 de antecedentes administrativos). 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 26 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 181760000215, que sancionó al sujeto pasivo Walter Arroyo Alemán, con una multa equivalente a UFV56.000.-, por incumplimiento a deberes formales (incumplir con la présentación de la información del libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, correspondientes a los periodos enero a diciembre de la gestión 2013), otorgándole el plazo de 20 días desde su legal notificación para que cancele la suma mencionada bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria. Acto notificado mediante cédula a Walter Arroyo Alemán, el 20 de junio de 2017 (fojas 3034 y 39 de antecedentes administrativos). 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Inicialmente, corresponde manifestar que en aplicación del artículo 211 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva pronunciará una decisión expresa y precisa de las cuestiones planteadas tanto por la parte recurrente así como por la Administración Tributaria, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes. 

De esta manera, conforme el planteamiento del Recurso de Alzada, se tiene que el recurrente observó únicamente que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el incumplimiento al deber formal de presentación del libro de compras IVA a través del software Da Vinci modulo-LCV, se encuentra prescrita; complemento que dicha facultad, para los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, prescribió al momento de la emisión del acto ahora impugnado, por lo que únicamente se verificara éste aspecto. 

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IV.1. De la prescripción El recurrente solicitó en virtud al artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda por las multas establecidas en la Resolución Sancionatoria N° 181760000215, que conforme al artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que el periodo de prescripción es de cuatro años, por lo que al haber presentado la declaración tributaria, el plazo de prescripción para efectuar el cobro inició el 1 de enero siguiente a la fecha de que la obligación sea exigible y que no se verificó los supuestos de interrupción o suspensión de la prescripción. 

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de la Calidad Certificado N°EC2741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq. (Quechua) Mburuvisa tendodegua mpaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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Agregó que sus derechos se encuentran amparados en las Sentencias Constitucionales N° 39/2016 y 47/2016, así como en el principio de la irretroactividad plasmado en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y en la Ley de Discapacidad. 

En respuesta, la Administración Tributaria manifestó que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) fue modificado por la disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y la derogatoria prevista en la Deposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley N° 317, estableciendo que las acciones de la administración tributaria prescribirán a (…) los nueve (9) años en la gestión 2017 (…), para Controlar, investigar, verificar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. 

De igual manera, señaló que el parágrafo II del artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), también fue modificado por la Disposición Decima Segunda de la Ley N° 317, estableciendo que: “… En el supuesto 3, del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día hábil del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención…”, por lo que para los periodos enero a noviembre de la gestión 2013, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2014 y se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022; y respecto a diciembre de la gestión 2013, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2015 y se extiende hasta el 31 de diciembre del 2023, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones por incumplimiento en la presentación de información del libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Modulo – LCV de los periodos enero a diciembre de la gestión 2013, no se encontraban prescritas a momento de emitir el acto ahora impugnado. 

Agrego que las Sentencia No 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia así como el principio de irretroactividad, no son aplicables al presente caso, puesto que en virtud al principio de los derechos adquiridos, corresponde la aplicación de las modificaciones al régimen de prescripción realizadas por las Leyes N° 291 y 317, pues las contravenciones se produjeron en la gestión 2013 y 2014, es decir, en plena vigencia de las Leyes N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012. Asimismo expuso que de la lectura de la Constitución Política del Estado, en los artículo 70 al 72 (Derechos de las personas con Discapacidad) y la Ley N° 223, no se evidencia ningún tipo de exclusión, exención, reducciones, beneficios, privilegios o preferencias para el cobro de tributos de las personas con discapacidad y que la administración tributaria obro de conformidad a las leyes y la Constitución Política del Estado, por lo que no vulneró las garantías constitucionales al debido proceso. 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Así expuestos los argumentos por ambas partes, en primer término corresponde precisar que tanto la Sentencia No 39 de 13 de mayo de 2016, así como la Sentencia No 47 de 16 de junio de 2016, fueron dejadas sin efecto, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales N° 0048/2017S2 de 6 de febrero y 0231/2017S3 de 24 de marzo de 2017 respectivamente, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. De igual manera debemos precisar que los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, no se constituyen en fuente del Derecho Tributario, conforme desglosa el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB); razonamiento que también fue adoptado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0932/2017 de 26 de junio de 2017, en cuyo parágrafo xix expuso el siguiente análisis: En relación a las Sentencias Nos. 37/2016, 49/2016, 52/2016, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, corresponde indicar que las fuentes del Derecho Tributario están claramente definidas en el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), de manera que los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia no se encuentran en el marco de la citada previsión legal; en ese sentido, no corresponde considerar dichas Sentencias en el presente caso“. En ese contexto, debemos desestimar la intención del sujeto pasivo, de ofrecer como fundamento a sus agravios, las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia citadas. 

Ahora bien ingresando al análisis de la prescripción solicitada, cabe señalar que en la doctrina la prescripción es entendida como: la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia(CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

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En el mismo sentido, la prescripción es definida por el Diccionario Escriche, como: “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. Fundamenta tal institución social en el interés general”, considerando que es de derecho público y la 

más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos Villale times 

patrona del género humano patrona generis humani” y fin de los cuidados y 

necesidades finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la sociedad UGNACION manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres y cortando el número de los pleitos. 

La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo I. 3a Edición. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 182). 

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo • Cochabamba, Bolivia 

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Cabe señalar que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), disponía que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer 

sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera: “. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (…).y “. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el 

del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

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Posteriormente la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, estableció: “Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012″. De igual manera, a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modifica el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto: “). Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

Asimismo, se tiene que la Ley N° 812 emitida el 30 de junio de 2016, vigente al momento de la notificación de la Resolución Sancionatoria N° 181760000215, y que formó parte de nuestro ordenamiento legal, en el parágrafo II de su artículo 2, modificó el régimen de prescripción previsto en los parágrafos I y Il del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

el siguiente texto: “lLas acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas (...)

Por otra parte, en cuanto al tema reclamado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0932/2017 de 31 de julio de 2017, precisó en un caso análogo: “xviii. En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad sancionadora respecto al incumplimiento del deber formal del Sujeto Pasivo, referido a la obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV de los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, dentro del alcance establecido por la Ley N° 291; y toda vez que, la Resolución Sancionatoria N° 18-1195-16 (CITE: SIN/GDLPII/DJ/UTJ/RS/0073/2016) fue notificada el 23 de diciembre de 2016, bajo la Ley N° 812 -que dispone un término de prescripción de 8 años-, norma vigente de acuerdo al Artículo 60, Parágrafo / de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 154, Parágrafo I del mencionado Código, el término de prescripción se inició para los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011 el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019; y para el periodo diciembre de 2011 se inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020; consecuentemente la facultad de 

imposición de sanción de la Administración Tributaria aún no ha prescrito. 

Conforme el marco legal y precedentes citados, en el presente caso se evidencia que la Administración Tributaria el 26 de abril de 2017, emitió la Resolución Sancionatoria No 

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181760000215, que impuso al recurrente una multa total de UFV’56.000.- por incumplir 

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con la “presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas / VA a través del software Da Vinci módulo – LCV”, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013; acto que fue notificado mediante cédula el 20 de junio de 2017, de donde se tiene que fue emitido y notificado en vigencia de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, que establece un término de prescripción de ocho (8) años; por lo que el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio

  • agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2013, inició el 1 de enero de 2014 y concluirá el 31 de diciembre de 2021; y respecto al periodo diciembre de la gestión 2013, con vencimiento en enero de la gestión 2014, inició el 1 de enero de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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concluirá el 31 de diciembre de 2022, encontrándose plenamente vigentes a la fecha. Por lo que, no operó la prescripción de la faculta de imponer sanciones administrativas. 

Finalmente, corresponde manifestar que en relación a lo mencionado por el recurrente respecto a que se encuentra amparado por la Ley de Discapacidad, ésta parte no identificó de forma concreta y precisa las supuestas vulneraciones en las que habría incurrido la Administración Tributaria, respecto a dicha Ley, pues el recurrente simplemente se limitó a señalar la vulneración de dicha norma y no fundamentar ni precisar cómo y de qué forma se habría vulnerado la misma; por lo que, al no existir ningún agravio preciso que conlleve a ésta instancia recursiva evidenciar vulneración al debido proceso o derecho a la defensa durante la sustanciación del sumario contravencional que se encuentre relacionado con la discapacidad que tiene la parte recurrente, consecuentemente, corresponde rechazar este argumento. 

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, resulta evidente que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el incumplimiento de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci Modulo – LCV correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, no se encuentran prescritas; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181760000215 de 26 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE. PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 181760000215 de 26 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 

(CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTERINA Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia Legal de la Autoridad Regional de 

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