ARIT-CBA-RA-0404-2019 Resolución Determinativa Anulada, sujeto pasivo notificado en domicilio distinto al real, al no estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes el SIN debió cerciorarse de forma efectiva que el domicilio correspondía al recurrente.

ARIT-CBA-RA-0404-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional ce Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0404/2019 

Recurrente 

Julieta León Arze 

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza 

Acto impugnado 

Determinativa 

Resolución 

171930000676 

Expediente No 

ARIT-CBA-0238/2019 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 2 de diciembre de 2019 

VISTOS 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0404/2019 de 2 de diciembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional, y todo cuanto se tuvo presente 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. Resolución Determinativa N° 171930000676 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que determinó de oficio obligaciones impositivas de Julieta León Arze, en la suma de Ufvs 300 056 correspondientes al tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2011, asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 28 de junio de 2019 (fojas 1014-1065 y 1066 de 

antecedentes administrativos) 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerep: Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador – Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo.Cochabamba, Bolivia 

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-…. 

…..……..

ILIT 

I FILT 

  1. I

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos de la Recurrente. Julieta Leon Arze, mediante notas presentadas el 18 de julio y 8 de agosto de 2019 (fojas 5455 y 59-81 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 171930000676 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 

siguiente 

Que conforme se desprende de antecedentes la Administración Tributaria nunca notificó la Orden de Verificación, pretendiendo legitimar y justificar las vulneraciones al derecho a la defensa dicho aspecto señalando que dio a conocer la Vista de Cargo, empero, que la misma fue practicada de forma irregular y en domicilio distinto al real, aspecto que impidió ejercer su derecho a la defensa antes de la Vista de Cargo Añadió que no podría legalizarse vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, basándose en información no fehaciente, ni actualizada del órgano electoral, resultando referencias no actualizadas y tampoco reales, por lo que el ente recaudador omitió ejercer sus facultades de verificación para confirmar el domicilio real, así como también vulneró el derecho a la defensa y desconoció el principio de verdad material 

Señaló que se apersonó a la Administración Tributaria precisando su domicilio real, al final del proceso mediante la Vista de Cargo, evidenciando que nunca le otorg{o la oportunidad de defensa desde el inicio del proceso de verificación, además sostuvo que mediante nota de 16 de mayo de 2019 solicitó a la Administración Tributaria informe o documentación relativa a algún actuado del ente recaudador 

Indicó que tampoco fue notificada con algún requerimiento, ni le dieron a conocer alguna información sobre las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria, aspectos que fueron puestos a conocimiento del SIN, mediante nota de descargo a la Vista de Cargo 

Manifestó que existen incongruencias, debido a que el alcance de la orden detalla la actividad de construcción, empero que de forma contraria la determinación identifica una distinta actividad comercial, asimismo refirió que, la Orden de Verificación señala como alcance la gestión comercial de enero a diciembre de la gestión 2011, pero que la Vista de Cargo aplicó una determinación con un alcance distinto señalando la actividad de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

construcción, aspecto que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los artículos 115 parágrafo Il y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los derechos reconocidos en el artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Argumentó que la Vista de Cargo señaló que no desarrolló una actividad comercial, pero la determinación fue realizada con alcance a la actividad de construcción, aspectos totalmente distintos al alcance expuesto en la Orden de Verificación, siendo que la actividad de construcción incluye los costos de materiales, mano de obra, costos indirectos, costo del terreno y comprende los periodos desde abril a marzo, teniendo un vencimiento y alcance distinto, por lo que aduce que correspondería la anulabilidad de obrados prevista en los artículos 35 y 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en virtud del artículo 74 numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), ante la aplicación de elementos y valoraciones de un procedimiento que corresponde a un alcance distinto al de la Orden de Verificación 

Afirmó que la Administración Tributaria mencionó información de los contribuyentes A” y B, que no le fue proporcionada o puesta a su conocimiento, generando al efecto indefensión, puesto que el único parámetro parecido, resultaría la actividad a la que se dedican en la misma jurisdicción, asimismo acotó que la información de los contribuyentes Ay Butilizada en la determinación, nunca le fue notificada, impidiéndole de esta manera ejercer el derecho efectivo a la defensa 

Puntualizó que la Administración Tributaria no atendió la solicitud de prescripción, anteponiendo ilegalmente una teoría de derechos adquiridos que resulta fuente de derecho por encima de principios constitucionales y tratados internacionales, atentando de esta manera el debido proceso, en ese sentido, afirmó que las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales respecto de la aplicación de la Ley vigente, establecen 

que la modificación de la norma vigente con la cual fue computado el plazo de la 

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prescripción, no podría ser afectada por la norma reciente, exceptuando la aplicación del principio de favorabilidad 

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Argumentó que la Administración Tributaria vulneró derechos fundamentales al no considerar validos los argumentos planteados como descargo a la Vista de Cargo, y ratificando los cargos consignados en el citado acto, acotó al efecto, que el entendimiento 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayır jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

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de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3 debe ser aplicado al presente caso, procediendo a declarar la prescripción conforme las Sentencias Nos 128/2013, 39/2016 y 47/2016 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria o anulación de la Resolución Determinativa N° 171930000676 de 26 de junio de 2019 

11 2. Auto de Admisión. El 12 de agosto de 2019, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión Expediente ARIT-CBA-0238/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Julieta Leon Arze, contra la Resolución Determinativa N° 171930000676 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 82 del expediente administrativo) 

11 3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001415 de 29 de septiembre de 2017 (fojas 8889 del expediente administrativo), por memorial presentado el 3 de septiembre de 2019 (fojas 91-107 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos 

Que como Administración Tributaria respetó el debido proceso poniendo en conocimiento de la sujeto pasivo todos los actos administrativos emitidos en su contra, es decir, que notificó la Orden de Verificación 18300200023, Requerimiento N° 148282 y Anexo Adjunto, asimismo notificó la Vista de Cargo N° 29193000026 (debió decir 291930000267), el 23 de mayo de 2019, y la Resolución Determinativa N° 17193000676, el 28 de junio de 2019, conforme cursa en antecedentes administrativos Agregó que ante la impugnación de la referida Resolución Determinativa, no existió vulneración de los derechos mencionados por la recurrente Al efecto citó la Sentencia Constitucional No 95/01 de 21 de diciembre 

Señaló que la vulneración de derechos denunciada por la parte recurrente carece de veracidad, toda vez que producto de la investigación, verificación y control realizado, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

demostró de forma objetiva, fehaciente y material, que la sujeto pasivo no cumplió con sus obligaciones tributarias, toda vez que durante la gestión 2011 construyó y vendió bienes 

inmuebles, generando ganancias 

Manifestó que los actos administrativos fueron notificados por cédula a Julieta León Arce (contribuyente no inscrita en el Padrón de Contribuyentes), conforme dispone el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), en el domicilio ubicado en el pasaje Geraldine Caballero Nro 100-Z Queru Queru, reportado por SEGIP Añadió que mediante Nota con CITE SIN/GDCBBA/DF/G1/NOT/2165/2018 de 16 de agosto de 2018, solicitó al Servicio de Registro Cívico de Cochabamba “SERECI”, información inherente al lugar de recinto 

ujeto pasivo y la última dirección, solicitud que fue atendida mediante nota presentada el 20 de agosto de 2018 que informó como domicilio de la recurrente, el “PASAJE G CABALLERO N° 100 ENTRE CICLOVIA Y PARQUE F ARZE”, mismo que resultó coincidente con el registrado en el SEGIP 

Precisó que a la fecha de notificación de la Orden de Verificación y de la Vista de Cargo, tanto el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) como el Servicio de Registro Cívico (SERECI), coincidieron en el domicilio de la sujeto pasivo, ubicado en el Pasaje G Caballero N° 100, por tanto, lo alegado por la recurrente respecto a la vulneración del derecho a la defensa debido a una notificación fue efectuada en un domicilio incorrecto y/o desactualizado, carece de veracidad Al efecto citó la Sentencia Constitucional 1014/2011-R de 22 de junio y 1845/2004-R 

Refirió que, los actos administrativos fueron notificados en el domicilio (Pasaje Geraldine Caballero Nro 100 – Z Queru Queru) declarado por la recurrente al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), mismo que resulta válido en virtud a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando la falta de inscripción -de la sujeto pasivo- en el Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, asimismo acotó que dio cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a la notificación de los actos administrativos, a fin de que la sujeto pasivo asuma defensa, produzca y ofrezca pruebas respecto a los cargos formulados en su contra, por lo que señala que las notificaciones efectuadas son legales y válidas 

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Expuso que los actos administrativos fueron emitidos en cumplimiento de la normativa y del principio de la verdad material, sin vulnerar derecho alguno de la sujeto pasivo, por lo 

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Justicia tributaria para vivir bien jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

que refiere que no corresponde la nulidad planteada, considerando lo dispuesto por el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), máxime cuando la recurrente intervino en la verificación, toda vez que el 24 de junio de 2019 presentó descargos a la Vista de Cargo N° 291930000267, ejerciendo su derecho a la defensa, por lo que las notificaciones realizadas en el Pasaje Geraldine Caballero Nro 100 -Z Queru Queru, cumplieron su finalidad y por ende no existió vulneración al debido proceso en su elemento derecho a la 

defensa 

Expresó que la notificación de la Resolución Determinativa N° 17193000676, realizada mediante cédula el 28 de junio de 2019, también cumplió su finalidad, toda vez que dentro del plazo previsto por la Ley N° 2492 (CTB), permitió a la sujeto pasivo la interposición del presente Recurso de Alzada 

Manifestó que la Orden de Verificación tiene como objeto la verificación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por la venta de bienes inmuebles en la gestión 2011, fiscalización que fue realizada conforme disponen los artículos 100 y 104 de la Ley No 2492 (CTB), ya que de la información obtenida de terceros, entre ellos Notarias de Fe Pública, que facilitaron las Escrituras Públicas y/o Minutas de Transferencia, constato que en dicha gestión, la sujeto pasivo enajenó bienes inmuebles de los edificios El Doral, Brisas de Aranjuez, Axis de Aranjuez, Modena y Selene, cuyos ingresos obtenidos no fueron declarados conforme a Ley y tampoco registró los costos y gastos correspondientes 

a la construcción de los citados edificios 

Señaló que la determinación sobre base presunta, fue realizada de conformidad a lo dispuesto por los artículos 43 parágrafo II, 44 (numerales 1, 3, 4 y 6), 45 parágrafo | (numeral 2) de la Ley N° 2492 (CTB) y 8 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 1000171

Sostuvo la inexistencia de contradicción entre el alcance de la Orden de Verificación N° 18300200023 y la Vista de Cargo N° 291930000267, toda vez que la Orden de Verificación tiene como acaecimiento del hecho generador la venta de propiedades inmuebles y no así a la actividad de construcción 

Refirió que la actividad realizada por la sujeto pasivo, al revestir el carácter prioritario de venta, traduce su carácter comercial por sobre el carácter de construcción, motivo 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

suficiente para determinar el cierre fiscal al 31 de diciembre Agregó que de concurrir lo propuesto por el artículo 70 numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), habría dado al sujeto pasivo la calidad de empresa unipersonal, quedando obligado a llevar contabilidad conforme disponen los artículos 36 y 40 del Código de Comercio, así como a la elaboración de Estados Financieros al final de la gestión fiscal 

Expuso que a través de las minutas de transferencia (proporcionadas por Notarios de Fe Publica y Derechos Reales), información extraída del sistema “SINAREPWEB-FOLIO 

evidencio la enajenación de bienes inmuebles por parte de la recurrente, quien fue identificada como vendedora en los referidos documentos, por lo que contó con documentación necesaria que vincularon a la sujeto pasivo con la actividad comercial de venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal (locales comerciales, departamentos, parqueos y bauleras) de los edificios El Doral, Brisas de Aranjuez, Axis de Aranjuez, Modena y Selene, evidenciando la construcción de los edificios coordinando los factores de producción (tierra, capital y trabajo), actividad que generó ingreso y el Impuesto sobre las Utilidades de las empresas (IUE) dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB), mismos que no fueron declarados, demostrando así que la sujeto pasivo se constituyó en una empresa unipersonal, sujeta al referido Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(UE) 

Señaló que mediante Informe con CITE SIN/GDCBBA/DF/G1NE/NF/955/2019 de 8 de abril de 2019, solicitó la aprobación de una nueva técnica sobre base presunta, que le permita determinar los costos de construcción (mano de obra, materiales y otros gastos indirectos), conforme dispone el inciso d) “Otras” del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, solicitud que fue aprobada a través de la Nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00675/2019 Asimismo, mediante cuadro detalló los medios y técnicas para cuantificar la base presunta, establecidas en la citada Resolución Normativa 

de Directorio, sosteniendo que ninguna fue aplicable al presente caso a excepción de la 

técnica “Otras” 

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Expresó que no aplicó en forma directa el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, debido a la inexistencia de por lo menos tres parámetros parecidos entre Julieta León Arce y los contribuyentes “A” y “B”, siendo el único parametro parecido, la realizaron la misma actividad en la misma jurisdicción Precisó que 

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II

la identidad de los contribuyentes “A” y “B” fue mantenida en reserva en previsión de lo estipulado artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Refirió que comparó operaciones de contribuyentes de gestiones anteriores a la verificación, debido a que no contaba con mayores elementos para determinar los costos de construcción, considerando además que conforme las publicaciones de “Precios Unitarios de Referencia para la Construcción gestiones 2009, 2010 y 2011″, presentadas 

por la Cámara de Construcción de Cochabamba, la utilidad referencial en las gestiones referidas, se mantuvo invariable 

Expresó que agotados todos los elementos establecidos por Ley para la investigación y verficación, estableció la inexistencia de medios suficientes para la determinación sobre base cierta del Costo de Construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos), por lo que para determinar la utilidad por la actividad de construcción de bienes inmuebles y su posterior venta correspondiente a la gestión 2011, respecto a los edificios El Doral, Brisas de Aranjuez, Axis de Aranjuez, Modena y Selene, de propiedad de la recurrente, aplicó el índice de 68,78 % sobre base presunta, sustentando y justificando así la aplicación de la determinación sobre base presunta, toda vez que la sujeto pasivo omitió registrar sus ingresos por la venta de bienes inmuebles 

Expuso que no publicar o no dar a conocer en su integridad (no mencionar los nombres del o los contribuyentes que sirvieron de base para la comparación y/o ponderación) el informe CITE SIN/GDCBBA/DF/G1NE/INF/955/2019, aprobado con Nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00675/2019, no tiene incidencia alguna en el procedimiento de verificación y determinación de la deuda tributaria y tampoco motivaría la nulidad de los actos administrativos, máxime cuando gran parte de la carga de la prueba para desvirtuar la técnica aplicada que determinó reparo a favor del fisco, recae en la sujeto pasivo, misma que no proporcionó documentación e información relativa al objeto y alcance de la verificación 

Precisó, que no obstante de lo señalado en el párrafo previo, adjuntó en sobre cerrado el expediente con el informe de aprobación, que sustenta la aplicación de la técnica, con la advertencia que dicha información tiene carácter de reserva, debiendo ser utilizada únicamente por la instancia recursiva para su análisis y valoración, ya que conforme el 

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artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB) la información de otros contribuyentes no puede ser comunicada ni informado a terceros 

Conforme lo desarrollado previamente y el principio de transparencia, que se concreta con el libre acceso a las actuaciones y documentaciones que respaldaron los cargos formulados, ya sea de forma personal o a través de un tercero autorizado, el reclamo de la sujeto pasivo respecto a que nunca fue notificada o puesto en su conocimiento el informe técnico de fiscalización, sostuvo que debe ser desestimado 

Manifestó que en virtud a sus facultades establecidas por el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), aplicó una técnica, considerando las características de la sujeto pasivo en función a la documentación e información obtenida empleando lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 80 de la citada Ley, y ante la imposibilidad de aplicar las técnicas establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, desarrolló una nueva técnica, que fue aprobada por la Gerencia de Fiscalización, conforme permite el inciso d) del citado artículo Por lo que no vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, previstos en los artículos 115 parágrafo Il y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE) 

Refirió que la sujeto pasivo ejerció una actividad económica sin estar registrada en el padrón de contribuyentes, por lo que el cómputo de la prescripción de la acciones de la Administración Tributaria, fue ampliado en virtud a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), y toda vez que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 28 de junio de 2019, sus facultades se encuentran vigentes Agregó que si se tomara la interpretación de la parte recurrente sobre el instituto prescriptivo conforme los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), sin modificaciones, la prescripción (4 años) concuró el 30 de junio de 2017, pero que considerando el agravante de 3 años”, la misma se configuraría recién el 30 de junio de 2020 

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Explicó que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), fue modificado por las Leyes Nos 291, 317 y 812, estableciendo un término de prescripción de 8 años, cuyo cómputo inicia el primer día habil del año siguiente al vencimiento de pago o de la configuración de la contravención, por lo que hizo uso de sus facultades de determinación, respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2011, por la venta de 

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

locales comerciales, departamentos, arqueos y bauleras de los edificios, El Doral, Brisas de Aranjuez, Axis de Aranjuez, Modena y Selene, antes de que su facultad de determinación prescriba con la notificación del acto impugnado, el 28 de junio de 2019 

Manifestó que no evidenció vulneración al principio de legalidad y que en sujeción al artículo 197 inciso a) parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), esta instancia de impugnación, no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, mismas que se presumen constitucionales en virtud a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 027 

Expuso que el cómputo de la prescripción fue suspendido el 23 de agosto de 2018, con la notificación de la Orden de Verificación No 18300200023, así como el 18 de julio de 2019 con la interposición del presente recurso, agregó que dicho cómputo, también fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa N° 171930000676 el 28 de junio de 2019 

Señaló que la aplicación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 812 de 30 de junio de 2015, no fue en perjuicio de la administrada, en relación a la modificación anterior, por lo que la recurrente deberá demostrar el perjuicio de aplicar la Ley N° 812, en concordancia a las Leyes que con anterioridad modificaron el referido artículo 59, sosteniendo que no vulneró lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

Manifestó que la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, citada por la sujeto pasivo, refiere exclusivamente a la lesión al debido proceso y a la ausencia de fundamentación y congruencia (ordenando la emisión de una nueva Resolución de Recurso Jerárquico), no así la aplicación de las Leyes Nos 291 y 317 e incumbe a una Resolución Administrativa emitida en etapa de ejecución tributaria, por la cual la Aduana Nacional negó la prescripción, por tanto, la referida Sentencia al corresponder a un hecho administrativo distinto, tanto en objeto y motivación, no puede ser utilizado como precedente constitucional a la prescripción y aplicación de la Leyes Nos 291 y 317 y 812 

Expuso que la referida Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3, en su contenido, refiere a la Sentencia No 39 emitida por el Tribunal Supremo Justicia, misma que fue dejada sin 

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efecto mediante Sentencia Constitucional N° 0231/2017 de 24 de marzo de 2017, por lo 

que tal aspecto es un elemento más para la inaplicabilidad de la citada sentencia 

Sostuvo que la recurrente equivocó la aplicación del artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que el artículo 59 de la citada Ley, fue inicialmente modificado por las Leyes Nos 291 y 317, estableciendo que las acciones de determinación de la Administración Tributaria, prescriben a los 10 años en la gestión 2019, sin embargo, la Ley N° 812, estableció un nuevo cómputo de prescripción de 8 años, por lo que la sujeto pasivo fue beneficiada con la aplicación de un término de prescripción más breve 

Explicó que las Sentencias Nos 128/2013, 39/2016 y 47/2016, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, citadas por la sujeto pasivo, de acuerdo a precedentes administrativos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no son vinculantes Agregó que la Sentencia Constitucional N° 0231/2017-S3 dejó sin efecto la Sentencia No 39/16 y la Sentencia Constitucional N° 0048/2017-S2 de 6 de febrero de 2017, dejó sin efecto la Sentencia No 47/2016, por lo que las mismas no proporcionan jurisprudencia o lineamiento alguno 

Replicó que al encontrarse vigente la Ley N° 812, corresponde su aplicación y cumplimiento en virtud a los artículos 108 y 202 numeral 1) de la Constitución Política del Estado (CPE) y 5 de la Ley N° 27 

Precisó que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), incluso con los artículos 28 y 29 de la Ley N° 2341 (LPA), toda vez que los referidos actos administrativos, conforme a la solicitud de la sujeto pasivo, respondieron y justificaron las razones legales respecto a la aplicación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado, por lo que no 

vulneró la seguridad jurídica, el principio de legalidad, jerarquía e irretroactividad de la Ley 

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Sostuvo que ejerció sus facultades dispuestas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), y para demostrar lo contrario, la sujeto pasivo debía activar lo dispuesto en el artículo 76 de la citada Ley, empero no ocurrió, toda vez que no acompañó la documentación solicitada en la Orden de Verificación, tampoco presentó prueba válida y suficiente, dentro de plazo dispuesto en la vista de Cargo, ni anunció la presentación de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

documentos hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, que desvirtúe el cargo que le fue atribuido Citó los artículos 6, 7, 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0422/2014 de 25 de febrero 

Señaló que cumplió con todos los requisitos de notificación establecidos en la Ley N° 2492 (CTB), desde el primer actuado hasta la Resolución Determinativa, por lo que no se produjo la indefensión manifestada por la sujeto pasivo, considerado además que esta no presentó descargos a efecto de desvirtuar los reparos determinados en favor del Fisco, cumpliendo así el debido proceso Al efecto citó la Sentencia Constitucional 0287/2003R de 11 de marzo de 2003, 1262/2004-R de 10 de agosto y 1786/2004-R 12 de noviembre 

Refirió que conforme al principio de trascendencia, aplicable en materia de nulidades procesales, el aludir -por parte de la sujeto pasivo- causales del artículo 96 parágrafo II, concordante con el artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), solo demuestra el intento de la recurrente de deslegitimizar un acto administrativo que goza de legalidad, conforme el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), al cumplir los requisitos mínimos exigidos por Ley Citó los Autos Supremos No 223/2013 de 6 de mayo de 2013 y 473 de 20 de noviembre de 2012 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó la confirmatoria de la Resolución Determinativa No 171930000676 de 26 de junio de 2019 

11.4 Apertura de término probatorio El 25 de septiembre de 2019, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARITCBA 0238/2019 disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del artículo 218 inciso d) del Código Tributario Boliviano (CTB) Asimismo, señaló que en cumplimiento al Auto de Anulación de 19 de septiembre de 2019, con carácter previo a tener por acompañado el sobre que refiere el sujeto activo, deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido por el artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB) y presentar a esta instancia de alzada (como tercero imparcial) la orden judicial fundamentada que exige la Ley, a fin de que la documentación presentada como confidencial pueda ser objeto de revisión tanto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, como por las partes (fojas 120 de expediente administrativo) 

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El 10 de octubre de 2019, la Administración Tributaria presentó memorial ratificando todas las pruebas y argumentos presentados al momento de responder al Recurso de Alzada De igual forma, señaló que respecto a la documentación presentada (ante esta instancia de alzada con la leyenda de información confidencial, según el artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB), que sustentaría la aprobación de la Técnica para la aplicación de la “Base Presunta” la sujeto pasivo en etapa administrativa, no solicitó la divulgación o información respecto a quienes fueron los contribuyentes “A” y “B”, por lo que ahora no puede alegar 

vulneración 

Extendió sosteniendo que la excepción (comunicación a un tercero mediante orden judicial) establecida en el artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB), no aplica a esta Autoridad de Impugnación Tributaria, en el entendido, de que el concepto de tercero” no incluye al Estado, representado en el ejercicio de la potestad tributaria por las Administraciones 

Tributarias, en el presente caso por la Autoridad de Impugnación Tributaria, por lo que ante la inexistencia de impedimento legal menos administrativo para la apreciación de la prueba ofrecida por el SIN (carpeta con la leyenda “Información confidencial conforme el Art 67-4 de la Ley N° 2492“), esta instancia deberá tomar en cuenta la información documentada como la identificación de los contribuyentes que sustentan el margen de utilidad aplicado (fojas 123-125 del expediente administrativo) 

11.5. Alegatos El 4 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria presentó memorial de 

alegatos reiterando los argumentos planteados en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y los expuestos en el memorial de presentación de prueba de 23 de septiembre de 2019, referidos a que 1 Esta instancia de alzada no requiere de una Orden Judicial fundamentada para conocer la prueba presentada en sobre cerrado como confidencial, 2 La inaplicabilidad del inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, 3 Que la sujeto pasivo no cumplió con sus obligaciones tributarias respecto al UE producto de la venta de bienes inmuebles, 4 Que las notificaciones de los actos administrativos (Orden de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa), fueron realizados conforme a lo dispuesto en la Ley N° 2492 (CTB), y la improcedencia de la prescripción planteada por la sujeto pasivo (fojas 127-132 del expediente administrativo) 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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II 

El 4 de noviembre de 2019, Julieta León Arze presentó alegatos reiterando los argumentos planteados en su Recurso de Alzada, respecto a que 1 No fue notificado con la Orden de Verificación que dio inicio al proceso determinativo, 2 Que la Administración Tributaria no puso en conocimiento la información de los contribuyentes “A” y “B”, 3 Que existen incongruencias relacionadas al alcance de la verificación, y 4 Que se configuro la prescripción antes de sustanciarse el proceso determinativo (fojas 135-160 del expediente 

administrativo) 

III

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 13 febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 18300200023, comunicando a Julieta Leon Arze que sería sujeto de un proceso de determinación con el objeto de verificar los hechos y/o elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyen en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE de los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011 Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 23 de agosto de 2018 (fojas 7 y 18 de antecedentes administrativos) 

El 24 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento (Form 4003) No 00148282 y Anexo Adjunto, solicitando a Julieta León Arze, documentación inherente al proceso determinativo iniciado en su contra Acto notificado el 23 de agosto de 2018 (fojas 12, 13 y 18 de antecedentes administrativos) 

El 10 de septiembre de 2018, el SIN emitió un segundo Requerimiento (Form 4003) N° 00148327 y anexo adjunto, solicitando a la sujeto pasivo documentación inherente al proceso determinativo iniciado en su contra Acto notificado mediante cédula el 17 de septiembre de 2018 (fojas 22, 23 y 27 de antecedentes administrativos

El 17 de mayo de 2019, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 291930000267, calificando preliminarmente la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del IUE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2011 en un total de UFVS 298 648 correspondiente al IUE actualizado, interés y sanción por contravención de omisión de pago Acto notificado mediante Cédula al sujeto pasivo 

el 23 de mayo de 2019 (fojas 975-1002 y 1006 de antecedentes administrativos) 

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El 24 de junio de 2019, la sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo mencionada en el párrafo anterior, ofreciendo argumentos de descargo referidos a incidentes de nulidad por vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, debido a la notificación de la Orden de Verificación y Vista de Cargo, en una dirección que no es su domicilio, asimismo, argumentó la prescripción del IUE de la gestión 2011 en aplicación de los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, así como la incongruencia entre la Orden de Fiscalización y la emisión de Vista de Cargo No 291930000267 (fojas 1068-1092 de antecedentes administrativos) 

El 26 de junio de 2019, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 171930000676, determinando de oficio obligaciones impositivas de Julieta León Arze, correspondientes al tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2011, asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda Acto notificado mediante cédula a la sujeto pasivo el 28 de junio de 2019 (fojas 1014-1065 y 1066 de antecedentes administrativos) 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo expuesto en el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), ésta instancia recursiva para el análisis tecnico jurídico, ingresará a resolver lo agraviado por la parte recurrente en su Recurso de Alzada, correspondiendo aclarar que la misma reclamó 1. Existencia de incongruencias en la determinación referidas al alcance, 2. Que la Administración Tributaria nunca le notificó la Orden de Verificación, 3. 

Indefensión por falta de conocimiento de la información de los contribuyentes “A” y “B”, y 

  1. Configuración de la prescripción 

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IV.1. Incongruencia entre el alcance establecido en la Orden de Verificación y la determinación realizada en la vista de Cargo. La sujeto pasivo señaló que en la Orden de Verificación, la Administración Tributaria específicamente estableció un alcance comercial que comprende los periodos enero a diciembre de 2011, empero, que de forma contraria, la determinación realizada en la Vista 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendadegua mbaeti onomita mbaerep: Vae (Guaraní) 

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de Cargo fue sobre una actividad de construcción, aspecto que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los artículos 115 parágrafo Il y 119 parágrafo II dela Constitución Política del Estado (CPE), así como los derechos reconocidos por el artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Asimismo, expuso que la actividad de construcción incluye los costos de materiales, mano de obra, costos indirectos, costo del terreno y comprende los periodos abril a marzo, teniendo un vencimiento y alcance distinto, por lo que correspondería la anulabilidad de obrados, ante la aplicación de elementos y valoraciones de un procedimiento sustancial aplicable, que corresponden a un alcance distinto de la Orden de Verificacion 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que la Orden de Verificacion tiene como objeto la verificación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por la venta de bienes inmuebles en la gestión 2011, fiscalización que fue realizada conforme disponen los artículos 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que de la información obtenida de terceros, constató que en dicha gestión, la sujeto pasivo enajenó bienes inmuebles, cuyos ingresos obtenidos no fueron declarados conforme a Ley 

Adicionalmente señaló la inexistencia de la contradicción entre el alcance de la Orden de Verificación No 18300200023 y la Vista de Cargo N° 291930000267, toda vez que la Orden de Verificación tiene como acaecimiento del hecho generador la venta de propiedades inmuebles y no así a la actividad de construcción, y que la actividad realizada por la sujeto pasivo, al revestir el carácter prioritario de venta, traduce su carácter comercial por sobre el carácter de construcción, motivo suficiente para determinar el cierre fiscal al 31 de 

diciembre 

Al respecto, corresponde citar la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1474/2013 de 22 de agosto de 2013, que estableció En ese contexto la jurisprudencia constitucional señaló ( ) la congruencia abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso, es decir, la coherencia y vínculo que debe existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

contenido, caso contrario carecería de consecuencia, siendo inviable que luego de analizar determinados hechos se llegue a resultados distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo del debido proceso ( )” 

De igual manera la Sentencia Constitucional Plurinacional 1302/2015-S2 manifestó lo siguiente “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente “a congruencia como pnncipio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal-como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la 

congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación, ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume En base a esos cnterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes” 

En el marco normativo aplicable, el artículo 115 parágrafo ll de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y el artículo 117 parágrafo I de la norma suprema citada dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso 

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A su vez el parágrafo I del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone “l Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, venficación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden 

de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Trbutaria, estableciéndose su alcance, tnbutos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionanos actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan” 

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De esta manera, la doctrina y normativa expuesta precedentemente permite establecer que la congruencia en el desarrollo de los procesos administrativos sustanciados, constituye un elemento esencial que integra el debido proceso, esto en el entendido de que a través de la Orden de Fiscalización como acto que da inicio al proceso determinativo, la Administración Tributaria debe identificar de forma clara el alcance de la verificación, a fin de delimitar el ámbito de la fiscalización, impidiendo de esta manera que al momento de la conclusión del proceso, el ente recaudador determine o establezca aspectos que no se encuentran dentro del alcance fijado al inicio del proceso 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria como acto que dio inicio al proceso determinativo, emitió la Orden de Verificación No 18300200023 de 23 de febrero de 2018, comunicando a la sujeto pasivo que efectuaría una Verificación Especifica del IUE, estableciendo como alcance la “VERIFICACIÓN ESPECIFICA DE LOS HECHOS Y/O ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES“, de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, resultando evidente que el ente recaudador en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), definió como alcance de la fiscalización la revisión del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a diciembre correspondiente a la gestión 2011 (fojas 7 de antecedentes administrativos) 

Posteriormente a la conclusión del trabajo de campo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291930000267 de 17 de mayo de 2019, calificando preliminarmente la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del IUE correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2011 en un total de UFVs 298 648, que incluye el tributo omitido 

(IUE), interés y sanción por calificación preliminar de la conducta Acto notificado mediante cédula a la sujeto pasivo el 23 de mayo de 2019 (fojas 975-1002 y 1006 de antecedentes 

administrativos) 

El 24 de junio de 2019, la sujeto pasivo presento memorial de descargo a la Vista de Cargo ofreciendo argumentos de descargo referidos a incidentes de nulidad por vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, debido a la notificación de la Orden de Verificación y Vista de Cargo, en una dirección que no resulta su domicilio, prescripción del UE de la 

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gestión 2010, en aplicación de los artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones e incongruencia entre la Orden de Fiscalización y la emisión de Vista de 

Cargo (fojas 1068-1092 de antecedentes administrativos) 

Asimismo como acto final del proceso determinativo, la Administración Tributaria el 26 de junio de 2019 emitió la Resolución Determinativa N° 171930000676, determinando de oficio obligaciones impositivas de Julieta León Arze, en la suma de UFVs 3000 056, correspondientes al tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(UE), intereses y sanción por la calificación de la conducta, de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2011, asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (fojas 1014-1065 de antecedentes administrativos) 

De esta manera, lo expuesto en párrafos precedentes permite advertir que contrariamente a lo agraviado por la recurrente, la Administración Tributaria durante la sustanciación del 

proceso determinativo, mantuvo y respetó el alcance de la fiscalización limitándose a 

verificar y establecer la existencia de deuda por Impuesto a las Utilidades de las Empresas (UE) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011 tal como se expuso del contenido de los actos administrativos emitidos por el SIN y señalados en párrafos 

n consecuencia, el ente recaudador en relación a este aspecto resguardó el debido proceso establecido en los artículos 115 parágrafo Il y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE), en consecuencia, corresponde desestimar lo argumentado al respecto 

En ese mismo entendido, sobre lo manifestado por la sujeto pasivo, respecto a que en la Orden de Verificación la entidad recurrida especificó un alcance de gestión comercial (enero a diciembre de 2011), empero, en la vista de Cargo realizó la determinación con alcance a la actividad de construcción, que incluye costos (materiales, mano de obra, terreno y otros) y comprende los periodos abril a marzo, es decir que tiene un vencimiento y alcance distinto 

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Señalar que la Orden de Verificación No 18300200023 de 23 de febrero de 2018, establece como alcance del proceso determinativo, la verificación específica de los hechos ylo elementos relacionados con el Impuesto sobre las Utilidades de las 

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Empresas (IUE), por la venta de bienes inmuebles, correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2011 (fojas 7 de antecedentes administrativos), y precisamente, para la determinación de dicha obligación impositiva, la norma legal vigente (artículo 47 de la Ley N° 843 (TO), dispone que es necesario deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos), los gastos/costos necesarios para su obtención y conservación de la fuente 

En el presente caso se advirtió que la entidad recurrida a momento de determinar la base 

imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa (IUE) de la gestión fiscal enero a diciembre de la gestión 2011, efectivamente de los “Ingresos por ventas de bienes inmuebles, realizó la deducción de los costos de construcción (Costos de Ventas o Servicios Presentados“), aspecto que resulta evidente en el cuadro DETERMINA DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)” expuesta tanto en la vista de Cargo N° 291930000267 y Resolu Determinativa N° 171930000676 (fojas 1000 y 1044 de antecedentes administrativos) 

En ese contexto, el hecho de que la entidad recurrida haya considerado para la determinación del IVE objeto de verificación), los costos relacionado con los bienes inmuebles vendidos por la sujeto pasivo (actividad establecida como alcance en la Orden de Verificación), mal podría la ahora recurrente, pretender que dicho aspecto derive en la modificación del alcance inicialmente dispuesto en la Orden de Verificación VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y/O ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES” periodos ENERO A DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2011 (fojas 7 de antecedentes administrativos), no existiendo sustento fáctico alguno que demuestre, que la actividad por la cual la entidad recurrida determinó el impuesto omitido, concierne a la actividad de construcción con la gestión fiscal que inicia en abril y finaliza en marzo del año siguiente o que la Administración Tributaria haya establecido reparos por la misma 

En consecuencia, al ser evidente que los resultados arribados por la entidad recurrida, de manera preliminar en la Vista de Cargo N° 291930000267 y definitiva en el acto ahora impugnado, corresponden únicamente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, por el cual la entidad recurrida Inició y desarrolló el proceso de verificación que concluyó con la Resolución Determinativa 

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No 171930000676, no vulneró derecho alguno de la sujeto pasivo, correspondiente en consecuencia, desestimar lo arguido por la parte recurrente 

IV 2 Nulidad de la notificación de la Orden de Verificación La sujeto pasivo, señaló que la Administración Tributaria nunca notificó la Orden de Verificación, pretendiendo justificar dicho aspecto señalando que dio a conocer la Vista de Cargo, empero la misma fue practicada en forma irregular y en un domicilio distinto al real, aspecto que impidió ejercer su derecho a la defensa antes de la Vista de Cargo, añadió que no podría legalizarse vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, basándose en información no fehaciente, ni actualizada del órgano electoral 

De igual manera refirió que se apersonó a la Administración Tributaria señalando su domicilio real, al final del proceso ante la Vista de Cargo, evidenciando que nunca otorgó la oportunidad de defensa desde el inicio del proceso de verificación Agregó que tampoco fue notificada con algún requerimiento, ni dieron a conocer alguna información sobre las actuaciones de la Administración Tributaria, aspectos que fueron puestos a conocimiento 

del SIN, mediante la nota de descargo a la Vista de Cargo 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que a la fecha de notificación de la Orden de Verificación y la Vista de Cargo, tanto el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) como el Servicio de Registro Cívico (SERECI), coincidieron en el domicilio de la sujeto pasivo, ubicado en el Pasaje G Caballero N° 100, por tanto, lo alegado por la recurrente respecto a que la notificación fue en un domicilio incorrecto y/o desactualizado, vulnerando el derecho a la defensa, carece de veracidad Al efecto cito las Sentencias Constitucionales 1014/2011-R y 1845/2004-R 

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Adicionalmente el ente recaudador argumentó que los actos administrativos fueron notificados en el domicilio (Pasaje Geraldine Caballero Nro 100 – Z Queru Queru) declarado por la recurrente al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), mismo que resulta válido en virtud a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando la falta de inscripción de la sujeto pasivo en el Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, y que al cumplir con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a la notificación de los actos administrativos, a fin de que la sujeto pasivo asuma defensa, produzca y ofrezca pruebas respecto a los cargos formulados en su contra, las mismas son legales y válidas 

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Al respecto, corresponde indicar que de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un JUICIO, cualquiera sea su indole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág 489) 

Asimismo, cabe anotar que la doctrina constitucional sostiene que el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa, así lo ha entendido el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N° 1845/2004-R, que establece “( ) que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución 

e procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido 

proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión, sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida” Criterio ratificado en la Sentencia Constitucional No 0164/2006-R 

Consecuentemente, debemos señalar que existe indefensión en un procedimiento administrativo, cuando la administrada está en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, motivo por el cual, no podría asumir su defensa en su debida oportunidad, por lo que esta instancia verificará las notificaciones realizadas a fin de comprobar si se colocó en indefensión al sujeto pasivo de la obligación 

En la normativa aplicable, respecto al domicilio tributario de los no inscritos, el artículo 40 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que “Se tendrá por domicilio de las personas naturales y asociaciones o unidades económicas sin personalidad jurídica que no estuvieran inscritas en los registros respectivos de las Administraciones Tributarias correspondientes, el lugar donde ocurra el hecho generador! 

Asimismo, sobre las modalidades de notificación, señalar que el artículo 2 parágrafo III de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, modificó el artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), con el siguiente texto “Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los siguientes medios 1. Por medios electrónicos, 2. Personalmente, 3. Por 

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Cédula, 4. Por Edicto, 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, 6. Tácitamente, 7. Masiva, 8. En Secretaria 11 Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias” 

Por su parte, el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) determina que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto, 

o del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día hábil siguiente, si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma que estará constituida por copia del acto a notificar y será entregada en el domicilio del que debiera ser notificado, a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que la Administración Tributaria a efecto de notificar la Orden de Verificación No 18300200023 de 23 de febrero de 2018 y el Requerimiento No 00148282 de 24 de julio de 2018, dejó el primer aviso de visita el 21 de agosto de 2018 a horas 17 05 en el domicilio ubicado en “PASAJE GERALDINE CABALLERO NRO 100 ZONA/BARRIO QUERU QUERU” Posteriormente el funcionario actuante elaboró la representación jurada para la notificación por cédula, argumentando que ante la segunda visita tampoco pudo encontrar a Julieta León Arze, lo cual permitió a la entidad recurrida la notificación cedularia el 23 de 

agosto de 2018, fijando copia de los actos en la puerta del citado domicilio (fojas 7, 12-13 y 15-18 de antecedentes administrativos) 

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De la misma manera, la Administración Tributaria emitió el Segundo Requerimiento No 00148327 el 10 de septiembre de 2018 y a fin de notificar el mismo a la ahora recurrente, dejó el primer aviso de visita el 13 de septiembre de 2018 a horas 15 50 en el domicilio 

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo.Cochabamba, Bolivia 

ubicado en “PASAJE GERALDINE CABALLERO NRO 100 ZONA/BARRIO QUERU QUERU, de igual forma el funcionario actuante elaboró la representación jurada para notificación por cédula, argumentando que ante la segunda visita tampoco pudo encontrar a Julieta León Arze, por lo que procedió a la notificación por cédula el 17 de septiembre de 2018, fijando copia del acto en la puerta del domicilio citado (fojas 22-27 de antecedentes administrativos) 

Posteriormente a la conclusión del trabajo de campo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291930000267 de 17 de mayo de 2019, acto que también fue notificado mediante cédula, y para tal efecto el primer aviso de visita fue dejado el 22 de mayo de 2019 a horas 18 27, en el domicilio ubicado en la dirección “PASAJE GERALDINE CABALLERO N° 100 ZONA/BARRIO QUERU QUERU, de forma seguida el funcionario actuante elaboró la representación jurada para notificación por cédula, argumentando que ante la segunda visita tampoco pudo encontrar a Julieta León Arze, por lo que practicó la notificación por cédula el 23 de mayo de 2019, fijando copia del acto en la puerta del citado domicilio (fojas 10031006 de antecedentes administrativos) 

Lo expuesto en párrafos previos permite advertir que la Orden de Verificación, los Requerimientos de documentación y la Vista de Cargo, fueron notificadas mediante cédula en el domicilio ubicado en el “PASAJE GERALDINE CABALLERO NRO 100 ZONA/BARRIO QUERU QUERU”, domicilio que según la Administración Tributaria corresponde a Julieta León Arze, conforme a la información obtenida del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y del Servicio de Registro Cívico (SERECI) 

No obstante, aclarar a la Administración Tributaria que en el presente caso, el proceso determinativo fue sustanciado contra una persona que no se encuentra inscrita en los registros tributarios, aspecto que permite establecer con claridad la correspondencia de lo expresamente establecido en el artículo 40 de la Ley N° 2492 (CTB) a efecto de no vulnerar el debido proceso, al ser la misma una disposición específica para el tratamiento de sujetos pasivos no inscritos en los registros tributarios, es decir, que para la notificación 

personas naturales no inscritas en los registros respectivos, se considera como 

domicilio, el lugar donde ocurre el hecho generador, aspecto que en el presente caso no fue advertido por la Administración Tributaria, pues contrario a lo previsto por la norma vigente, el Servicio de Impuestos Nacionales practicó la notificación en el domicilio 

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reportado por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI), incumpliendo de esta manera con lo determinado en el mencionado artículo 40 de la Ley N° 2492 (CTB), no pudiendo sustentar dicha acción en al artículo 38 del mencionado cuerpo legal, toda vez que el mismo no hace referencia al domicilio de los no inscritos 

Ahora bien, la Administración Tributaria argumento que la notificación en el domicilio “PASAJE GERALDINE CABALLERO NRO 100 ZONA/BARRIO QUERU QUERU” resultaría válida, toda vez que cumplió su finalidad y de ninguna manera vulneró el derecho a la defensa de la recurrente, prueba de ello señaló la presentación de argumentos de descargo a la Vista de Cargo Nos 291930000267 Como respaldo, la entidad recurrida invocó las Sentencias Constitucionales 1014/2011-R y 1845/2004-R, mismas que establecen la validez de las notificaciones, cuando cumplan su finalidad, situación que en el presente caso no se advierte, pues de la compulsa de los antecedentes administrativos, la entidad recurrida no ofreció prueba que acredite y demuestre, que la notificación de la Orden de Verificación y los requerimientos en el domicilio reportado por el SEGIP y SERECI, aseguró el conocimiento por parte de la recurrente del inicio de la verificación 

Adicionalmente, corresponde indicar que si bien Julieta León Arze presentó descargos a la Vista de Cargo N° 291930000267, dicho aspecto no implica que tuvo conocimiento de la notificación de la Orden de Venficación No 18300200023 y los Requerimientos de documentación como erróneamente considera la Administración Tributaria, por cuanto no se advierte participación de la sujeto pasivo hasta antes de la notificación de la Vista de Cargo mencionada previamente, lo que evidentemente dan cuenta de la privación al derecho a la defensa por parte del sujeto activo correspondiendo desestimar lo argumentado por el SIN al respecto 

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Consecuentemente, lo señalado hasta este punto permite advertir que la Administración Tributaria al notificar en un domicilio distinto al previsto por el artículo 40 de la Ley N° 2492 

(CTB), vulneró el debido proceso y generó indefensión a la recurrente, la cual no tuvo conocimiento del inicio del proceso, aspecto que restringió su participación en la verificación, vulnerando el derecho establecido en el numeral 8 del artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB) que a la letra señala “8 A ser informado al inicio y conclusión de la 

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III 

fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones” 

De esta manera, la indefensión ocasionada por la Administración Tributaria a la parte recurrente al notificar el inicio de la verificación incumpliendo lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 2492 (CTB), vicio de nulidad el proceso determinativo, configurándose la causal prevista en el artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria conforme el artículo 201 del Código Tributario Boliviano (CTB), que señala que son anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, por lo que corresponde que el ente recaudador notifique de forma correcta a la sujeto pasivo, considerando su condición de no inscrita en los registros tributarios 

IV.3. Indefensión por falta de conocimiento de la información de los contribuyentes “A” y “B”. Julieta Leon Arze señaló que la Administración Tributaria mencionó información de los contribuyentes “A” y “B”, que no fue proporcionada ni puesta a su conocimiento, generando indefensión, siendo el único parámetro parecido, que se dedican a la misma actividad en la misma jurisdicción, asimismo, acotó que la información de los contribuyentes “A” y “B” utilizada en la determinación, nunca le fue notificada, impidiendo de esta manera ejercer el derecho a la defensa 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que no haber publicado o dado a conocer en su integridad (no mencionar los nombres del o los contribuyentes que sirvieron de base para la comparación ylo ponderación) el informe CITE SINGDCBBA/DF/G1NE/INF/955/2019 aprobado con Nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00675/2019, no tiene incidencia alguna en el procedimiento de verificación y determinación de la deuda tributaria y tampoco motivaría la nulidad de los actos administrativos, máxime cuando gran parte de la carga de la prueba, para desvirtuar la técnica aplicada que determinó reparo a favor del fisco, recae en la sujeto pasivo, quien no proporcionó documentación e información relativa al objeto y alcance de la verificación Igualmente, acotó que fue aplicado el principio de transparencia, con el acceso libre a las 

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actuaciones y documentaciones que respaldaron los cargos formulados, ya sea de forma personal o a través de un tercero autorizado 

Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general ( ) los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica, así a menor grado del Vicio, el acto puede ser válido o anulable, por el contrario si el Vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p XI-40) 

La Sentencia Constitucional N° 2023/2010R de 9 de noviembre -entre otras- estableció que La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha ambado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia ( )” 

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En la normativa tributaria el artículo 92 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la determinación, es el acto por el cual la sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia Asimismo, el artículo 42 de la citada Ley establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

Por otra parte, el artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que la base imponible podrá determinarse sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, y 

sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB) 

De esta forma, cabe señalar que la normativa expuesta precedentemente permite colegir que para los dos métodos de determinación (cierta y presunta), es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de terceros, diferenciando el empleo de cada método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda proporcionar dicha información, es decir, se empleará la determinación sobre base cierta, cuando la información contenga elementos 

que permitan conocer con certeza e indubitablemente, la existencia y cuantía de la obligación, y por el contrario, la determinación es sobre base presunta cuando dicha información, no permita la obtención de elementos certeros para efectuar la determinación, debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación 

A su vez, la Administración Tributaria en uso de su facultad normativa dispuesta en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar, estableciendo en su artículo 8 los medios por inducción, señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, siendo estas a) Técnica Insumo-Producto, b) Técnica Relacion Ingreso-Gasto, c) Técnica de Contribuyentes Similares, y d) Otras 

En el presente caso, de la compulsa de la Vista de Cargo N° 291930000267 de 17 de mayo de 2019, pudo advertirse que la Administración Tributaria en el punto “l 

JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE DETERMINACIÓN”señaló que corresponde aplicar base 

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presunta debido a que agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, al no haber presentado la sujeto pasivo la información que permita conocer de manera indubitable el Costo de Construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos 

de construcción), aspecto que impediría conocer de forma cierta la base imponible (fojas 976 de antecedentes administrativos) 

De forma seguida, la citada Vista de Cargo expuso en el cuadro cursante a fojas 977 de 

antecedentes administrativos, el descarte de cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, concluyendo que corresponde aplicar la técnica de inducción “otras”, debido a que ninguna otra técnica pudo ser aplicada, para tal efecto refirió, que solicitó la aprobación de la técnica a la Gerencia de Fiscalización, obteniendo como respuesta la nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00675/2019 

Posteriormente, la Administracion Tributaria en la referida Vista de Cargo No 291930000267 manifestó que para efectuar el cálculo del costo de construcción, efectuó el análisis de la información y documentación de los contribuyentes “A” y “B” que tienen la misma actividad económica en la misma jurisdicción, para lo cual en el punto “Caso 1 Contribuyente A” manifestó que en el proceso de verificación efectuado al contribuyente “A”, obtuvo información de la institución financiera que otorgó un préstamo para la construcción de inmuebles en las gestiones 2008 y 2009, asimismo, contó con documentación sobre el costo del terreno, costo financiero y coto del gravamen hipotecario, además del aporte propio efectuado por el mismo contribuyente (fojas 978 de antecedentes administrativos) 

De esta manera, la Administración Tributaria de forma más específica señaló en la Vista de Cargo N° 291930000267, que en la gestión 2009 efectuó la venta de inmuebles por la suma de Bs1 956 722 -, además que respecto al costo de materiales, mano de obra y otros costos indirectos, efectuó una inversión de Bs1 491 395,29 por concepto de losa radier de hormigón armado, columnas vaciadas, material de obra y plastoformo comprado, asimismo, mediante líneas de crédito para la compra de materiales, mano de obra y otros 

gastos indirectos reportó importes por BS4 949 000 – Bs 792 000 – y BS4 030 000 – por lo 

que el costo total de materiales, mano de obra y otros costos indirectos alcanzó un importe de Bs11 262 395,29, importe que fue prorrateado en función a los metros cuadrados 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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construidos y vendidos, llegando a obtener el monto de Bs1 105 032,48 (fojas 978 de antecedentes administrativos) 

En relación al costo financiero, indicó que la institución financiera informó un valor de Bs354 447,05, para el costo de gravamen hipotecario Bs4 358,83 y para el costo de terreno, el valor actualizado alcanzó a Bs 101 230,85, de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente “A” utilizado como referencia, obteniendo un valor del 20 02% 

En los mismos términos, el ente recaudador señaló en la vista de Cargo N° 291930000267 analızada, que el contribuyente “B” en la gestión 2010, vendió inmuebles por un total de Bs9 571 912,57, efectuando una inversión (costo de materiales, mano de obra y otros costos indirectos) de Bs8 204 261,95 y gestionando un préstamo bancario para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos por Bs3 655 000, además que existiría datos de ingresos por preventas, ventas y otros ingresos que fueron parte del costo (pago de fierros de construcción, compra de material de construcción, pago de jornales y contratistas y otros) por Bs5 527 611,87, obteniendo un costo toral de Bs17 386 873,82, mismo que fue prorrateado en función a los metros de construcción, obteniendo un importe de Bs7 757 564,23 Por otra parte, indicó que el costo del terreno alcanza a Bs543 903,64, de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente “B” utilizado como referencia (13 27%

Posteriormente, la Administración Tributaria en el acto administrativo señalado previamente, indicó que en base al análisis de los contribuyentes utilizados como referencia, estableció un promedio de costo materiales, mano de obra y costos indirectos 

del 68 76% en función a los ingresos obtenidos, correspondiendo aplicar dicho porcentaje 

en la determinación debido a que fueron agotados los medios que la Ley permite para investigas y verificar, sin contar con los medios suficientes para poder determinar el costo de construcción sobre base cierta, de igual manera refirió que no corresponde establecer un costo financiero, debido a que la sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre un financiamiento bancario Adicionalmente el costo del terreno fue determinado sobre la información de la minuta de transferencia y/o escritura pública actualizada a la gestión verificada (fojas 979-980 de antecedentes administrativos) 

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Ahora bien, lo expuesto en párrafos previos fue reproducido en el contenido de la 

Resolución Determinativa impugnada, ante lo cual la recurrente agravió vulneración al 

debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, toda vez que a su entender, la Administración Tributaria no puso a su conocimiento la información utilizada como 

referencia, aspecto de vital relevancia para el presente caso, por cuanto los actos administrativos emitidos dentro de la sustanciación de un proceso determinativo, deben contar con una exposición de todos los aspectos tomados en cuenta, a fin de poder 

asegurar que la sujeto pasivo cuente con los elementos necesarios para poder asumir una 

adecuada defensa 

No obstante y conforme a lo agraviado por la parte recurrente, en el presente caso dicha situación no aconteció, toda vez que tanto la Vista de Cargo N° 291930000267 como la Resolución Determinativa N° 171930000676 impugnada, se limitaron a señalar que a efecto de establecer el costo de construcción (materiales, mano de obra y otros gastos indirectos) recurrió a información de dos contribuyentes (“A” y “B”) que fueron utilizados como referencia, exponiendo importes generales, sin el detalle de gastos que los compone, esto a efecto de proporcionar información que permita al sujeto pasivo corroborar si los datos empleados, se ajustan al hecho imponible atribuido 

Asimismo, cabe señalar que si bien la Administración Tributaria en los actos emitidos y analizados en párrafos anteriores, argumentó la imposibilidad de aplicar la técnica de contribuyentes similares debido a que no concurrieron las condiciones de similitud establecidas en el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13, empero, la utilización de información referencial de otros contribuyentes exige la existencia de una similitud que permita asegurar que no fue vulnerado el principio de realidad económica y verdad material, encontrándose impedido el Servicio de Impuestos Nacionales a utilizar de forma discrecional información de terceros que no se asemejan a la situación del fiscalizado, aspecto que resalta la importancia de dar a conocer al fiscalizado, los datos sobre los cuales se efectuó el cálculo del porcentaje de costo 

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Lo expuesto en párrafos previos, permite establecer que la falta de un desglose del detalle que integran los componentes del costo de construcción (materiales, mano de obra y gastos indirectos), vulneró el derecho a la defensa de la sujeto pasivo, por cuanto el ente recaudador no dio a conocer los elementos sobre los cuales fue establecido el costo de 

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construcción, pudiendo diferir en calidad de material, cantidad, proveedor, cantidad de obreros, equipos utilizados, momento de la construcción y una serie de factores que integran la actividad de construcción y que inciden de forma directa en los costos de la obra 

Aspecto que no fue considerado por la Administración Tributaria en su real magnitud, 

siendo que de forma discrecional y sin la exposición de un fundamento detallado que asegure el conocimiento real de todos los componentes utilizados para la determinación del costo de construcción, se limitó a exponer importes generales y totalizados que no aportan elementos para comprender los componentes considerados Adicionalmente el SIN refirió que la información utilizada reviste del carácter confidencial establecido por el artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB), quedando en evidencia que la información utilizada tampoco fue puesta a disposición de la recurrente durante el proceso determinativo a efecto de poder conocer los elementos tomados en cuenta en la verificación 

Por otra parte, la Administración Tributaria al momento de responder al presente Recurso de Alzada, manifestó que la carga de la prueba para desvirtuar la técnica aplicada recae en la sujeto pasivo, misma que no proporcionó documentación e información relativa al objeto y alcance de la verificación, asimismo, acotó que fue aplicado el principio de transparencia, con el acceso libre a las actuaciones y documentaciones que respaldaron los cargos formulados, ya sea de forma personal o a través de un tercero autorizado 

Por su parte los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) establecen que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa deben contar con la fundamentación de hecho y derecho relativa a los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fueron tomados en cuenta en la determinación realizada, aspecto que permite colegir que dichos actos al contener la decisión de la Administración Tributaria respecto a la verificación realizada, deben valerse por sí mismos, es decir, deben contener de forma detallada puntual y precisa, la información y los datos utilizados, no pudiendo el ente recaudador omitir dicho aspecto, alegando que la carga de la prueba recae en la sujeto pasivo y que el mismo tenía el acceso libre a las actuaciones y documentos utilizados, además que no solicitó la divulgación o información respecto a quienes fueron los contribuyentes Ay “B”, siendo que para dictar la vista de Cargo, el ente recaudador debe probar los cargos atribuidos preliminarmente, para de esta forma trasladar la carga de la prueba al sujeto pasivo 

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Adicionalmente, la información y documentación correspondiente a los contribuyentes A” y B” que fueron utilizados como referencia para la determinación del costo de construcción, no formaron parte de los antecedentes administrativos, a efecto de que la sujeto pasivo pueda tener libre acceso, aspecto ratificado por la propia Administración Tributaria, misma que durante el término probatorio presentó a esta ARIT Cochabamba, un sobre cerrado con el rótulo “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en aplicación Art 76 de la Ley 2492″, argumentando que en su contenido se encuentra el respaldo a la técnica empleada para la determinación sobre base presunta, ratificando con ello, que los antecedentes administrativos no cuentan con la totalidad del respaldo documental de la determinación 

Asimismo, resulta incongruente lo argumentado por la Administración Tributana en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, por cuanto de forma previa refiere que dicha información y documentación de los contribuyentes “A” y Bfue utilizada para el establecimiento del costo de construcción y reviste del carácter confidencial establecido por el artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB), empero, de forma totalmente contradictoria afirma que su puesta en conocimiento no tendría incidencia y que la sujeto pasivo tuvo acceso libre a las actuacion y documentos que respaldan la determinación 

Conforme lo expuesto precedentemente, se debe sumar el hecho de que la Administración Tributaria si bien mantuvo en reserva la información de los contribuyentes de referencia al amparo del artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB), no es menos cierto que la falta de conocimiento de los elementos contenidos en dicha documentación y utilizados en la determinación, vulneró el derecho a la defensa de la sujeto pasivo, motivo por el cual el SIN debió aplicar un método y técnica de determinación que no solo asegure el cumplimiento del citado artículo 67, sino que también garantice al fiscalizado el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, esto en consideración a las amplias facultades de investigación que le otorga el Código Tributario Boliviano (CTB) 

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Consecuentemente, corresponde señalar que contrariamente a lo argumentado por la Administración Tributaria, la puesta en conocimiento a detalle de la información y documentación utilizada como respaldo a la determinación (establecimiento del costo entre otros), tiene vital incidencia en la determinación, por cuanto dicho aspecto asegura a la recurrente, contar con todos los elementos necesarios para ejercer su derecho a la defensa, debiendo resaltar que el ente recaudador no puede pretender asumir una actitud 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

pasiva, delegando la responsabilidad del establecimiento de los costos y gastos al sujeto pasivo, invocando lo dispuesto por los artículos 76 y 80 de la Ley N° 2492 (CTB), así como tampoco puede aplicar una técnica que utiliza elementos discrecionales que impiden el ejercicio del derecho a la defensa establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) 

De la misma forma, respecto a la prueba presentada por la Administración Tributaria ante esta instancia recursiva, consistente en un sobre cerrado que consigna el rotulo “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en aplicación Art 76 de la Ley 2492″, y que al momento de su presentación, el ente recaudador refinó ser el respaldo de la técnica aplicada, cabe aclarar que ésta instancia recursiva mediante Auto de 19 de septiembre de 2019, señaló que la Autoridad de Impugnación Tributaria tiene la obligación de cumplir los principios de imparcialidad, proporcionalidad, debido proceso y sobre todo publicidad en las actividades y actuaciones que realiza, por lo que no podría presentarse ante esta instancia recursiva documentación con carácter de confidencialidad que no pueda ser de conocimiento de las partes, toda vez que, al hacerlo se estaría vulnerando el principio de publicidad el derecho de la recurrente a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen (fojas 111 del expediente administrativo) 

Consecuentemente, a través del mencionado Auto de 19 de septiembre de 2019 fue dispuesto por esta instancia de alzada, que con carácter previo a considerar el contenido del sobre manila con rótulo de confidencial presentado por el SIN, dicho ente fiscalizador deberá adjuntar a esta instancia recursiva la orden judicial fundamentada que permita su 

conocimiento tanto a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria como a las partes del proceso, esto bajo el entendido de que fue el propio Servicio de Impuestos Nacionales que le otorgó el carácter confidencial a la documentación, no pudiendo pretender el ente recaudador que ésta instancia recursiva resuelva el presente Recurso de Alzada considerando aspectos que no formaron parte de los antecedentes administrativos ni se encuentran expuestos en el acto impugnado, menos aún podría pretender que se emita una Resolución considerando de forma unilateral, información y documentación que no fue de conocimiento de la parte recurrente, máxime si fue presentado en sobre cerrado con la consigna del rotulo INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en aplicación Art 76 de la Ley 2492″, correspondiendo en consecuencia desestimar lo argumentado por la Administración Tributaria al respecto 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional ce Bolivia 

Por todo lo expuesto hasta este punto, resulta evidente que el proceso determinativo sustanciado por la Administración Tributaria se encuentra viciado de nulidad, por vulnerar el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, derivando no solo en el incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) en lo referido a los fundamentos que deben contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, sino también impidiendo que los citados actos administrativos cumplan con su finalidad de dar a conocer el establecimiento de una obligación tributaria de manera fundada y sin vulnerar el debido proceso, preceptos establecidos como nulidad no solo en los artículos citados líneas previas, sino también el artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), toda vez que la falta de conocimiento de la información y documentación de los contribuyentes “A” y “B” utilizados para la determinación del costo de construcción, causó indefensión material en la parte recurrente 

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En suma, del análisis del proceso determinativo sustanciado, así como de la compulsa de los antecedentes administrativos y los actos emitidos por la Administración Tributaria, se tiene que dicha entidad vulneró el derecho al debido proceso de la sujeto pasivo, causando indefensión en la administrada al no notificar de forma correcta el inicio del proceso determinativo y al no poner en conocimiento todos los elementos considerados en la verificación incumpliendo lo dispuesto por los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), resultando evidente que el proceso de determinación se encuentra viciado de nulidad, aspecto que impide a ésta instancia recursiva al análisis de los argumentos de fondo referidos a la prescripción incoada, por lo que de conformidad al parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 del Código Tributario Boliviano (CTB), corresponde a ésta instancia recursiva anular la Resolución Determinativa N° 171930000676 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la notificación de la Orden de Verificación No 18300200023 de 23 de febrero de 2018, a efectos de la que la citada administración reponga obrados 

considerando lo expuesto en el presente análisis 

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La suscrita Directora Ejecutiva a i de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de 

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9001 IBNORCA Saturna de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo.Cochabamba, Bolivia 

los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 200

RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171930000676 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la notificación de la Orden de Verificación No 18300200023 de 23 de febrero de 2018, a efectos de la que la citada administración reponga obrados considerando lo expuesto en el presente análisis, sea de conformidad con el artículo 212 parágrafo I inciso c) del Código Tributario Boliviano (CTB) 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación 

Regístrese, notifíquese y cúmplase 

Bonde Teresa del Rosario Borda Rocha 

V DRECTOM EJECUTIVA REGIONAL 

DHECCIÓN EJECUTNA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnmain Totentera Cobra 

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