ARIT-CBA-RA-0385-2017 Resolución determinativa, Sanción por omisión de pago del IVA e IT de los periodos fiscales en el 2010, el SIN determino el impuesto omitido sobre base presunta debido a que el contribuyente no pudo demostrar el valor real de sus compras y ventas, puesto que no cuenta con registros contables que respalde sus actividades que son alcanzados por el IVA e IT, por lo que se confirmó la resolución Determinativa

ARIT-CBA-RA-0385-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia . 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0385/2017 Recurrente : Epifanio Rolando Gonzales Zurita 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza 

Expediente : ARIT-CBA-0213/2017 Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171730000293 de 19 de mayo de 2017 

Fecha 

: Cochabamba, 02 de octubre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazó probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0385/2017 de 02 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171730000293 de 19 de mayo de 2017, determinando obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de UFVS922.873, equivalentes a B$2.032.080, correspondientes al tributo omitido actualizado, interés y sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA Débito Fiscal) y el Impuesto a las transacciones de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010, calificando su conducta como Omisión de Pago; acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 5 de junio de 2017 (fojas 615-659 de antecedentes administrativos). 

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  1. 1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente Epifanio Rolando Gonzales Zurita, mediante nota presentada el 23 de junio y subsanación de 5 de julio de 2017 (fojas 16 y 9-14 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 171730000293 de 19 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente

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Que el proceso de determinación, no estableció claramente el volumen real de las ventas ni los ingresos percibidos, tampoco el precio real al consumidor final de cada producto; añad. IBNORCA que la Administración Tributaria aplicó como base, únicamente la información obtenida del co 

  • Página 1 de 19. Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

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UNILIIT 

III 

proveedor, quien estableció precios de venta sugeridos, lo cual constituye una vulneración al debido proceso, impidiendo un adecuado ejercicio a la defensa; resaltó que dicho aspecto no significa que hubiese tenido acceso a información cierta, directa y evidente. sobre la materialización de las ventas, la cantidad y precio efectivo de venta del producto. 

Agravió que la Administración Tributaria siempre tendrá la posibilidad de acudir a la base 

cierta a través de información de terceros y acudir a base presunta sólo en caso de que el procedimiento anterior no sea posible; reclamó que dicha autoridad consideró que el volumen de compras fue el mismo que el volumen de ventas y el precio corresponde al sugerido por el proveedor, calificando dicho razonamiento totalmente atentatorio a sus intereses y lesivo a su economía; mencionó también que la fiscalización concluyó con resultados contradictorios, desconoció sus derechos atribuyéndole la obligación de declarar ingresos y de pagar el IVA sobre el volumen de ventas sin considerar el crédito fiscal del IVA en la liquidación del mismo. 

Manifestó que no existe un costo de ventas real, el cual genera una utilidad sobreestimada que carece de racionalidad, al no considerar que se tratan de productos perecederos y muchos podrían haberse vencido y no se pusieron a la venta, sin considerar también, los costos de operaciones como el transporte, alquiler, pago de servicios básicos; elementos que se constituyen en costo de ventas y gastos necesarios para la obtención y conservación de la fuente generadora de ingresos. 

Manifestó en que el SIN debe determinar sobre base cierta y que la determinación presunta es un recurso de ultima ratio; acusó que la vista de Cargo y la Resolución Determinación, no contienen fundamentación de hecho y derecho acorde con la realidad económica del sujeto pasivo e incumplieron los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), viciando de nulidad el proceso al ocasionar indefensión conforme al artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo resaltó que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, la carga de la prueba la tiene la Administración Tributaria y sólo se traslada al sujeto pasivo a partir de la notificación de dicho acto y la falta de fundamentación o sustento a observaciones no pueden ser atribuidas al sujeto pasivo solo por el hecho de no haber presentado documentación sin ejercer cabalmente sus facultades de investigación establecidas en el artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), insistiendo que la Vista de Cargo no fue fundamentada técnica ni legalmente, no obtuvo datos necesarios para la determinación sobre base presunta respecto al precio real de venta al consumidor final. 

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Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado NSEC27414 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En petitorio, solicitó anular obrados hasta la Vista de Cargo a efecto que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo en cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), aplicando procedimientos acordes a los principios contables, la realidad económica y la verdad material, con fundamentación técnica y legal en su determinación. 

11.2. Auto de Admisión El 6 de julio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0213/2017, del Recurso de Alzada interpuesto por Epifanio Rolando Gonzales Zurita, contra la Resolución Determinativa No 171730000293 de 19 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 15 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, acreditó personería conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000521 de 31 de marzo de 2017 (fojas 21-22 del expediente administrativo), por memorial presentado el 28 de julio de 2017 (fojas 2334 del expediente administrativo) contesto negativamente al Recurso de Alzada, exponiendo los siguientes argumentos: 

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Que solicitó información y documentación al sujeto pasivo, al no cumplir con dichos requerimientos, solicitó información de fuente interna y externa a su proveedor Pil Andina SA., empresa que informó con documentación de las compras realizadas en la gestión 2010, con el código cliente Cod. 204681, así como contrato, guías de remisión, facturas copias a nombre del sujeto pasivo, reporte planilla de cobranza, documentos de depósito en efectivo en cuentas del proveedor, concluyendo que las transacciones fueron realizadas por el sujeto pasivo. 

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Sustentó que de la información recabada, presumió que las adquisiciones fueron vendidas 

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sin la emisión de la factura o nota fiscal correspondiente, estableciendo ingresos no declarados ni facturados, determinando reparos correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT); afirmó que la determinación fue realizada sobre base presunta conforme al parágrafo II del artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo II del artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017- IMA 13, cumpliendo el procedimiento legalmente establecido; mencionó además, que el sujeto pasivo no se encuentra inscrito en el Padrón Fiscal y por lógica consecuencia, sin s

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Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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posibilidad de emitir factura, refutando lo alegado por el recurrente respecto a que la base de determinación lesionó su derecho por no ajustarse a la realidad. 

Alegó que corresponde a quien impugna desvirtuar la prueba de los hechos, en razón a que ante una presunción que aplica la Administración Tributaria al sujeto pasivo, será este último quien deberá demostrar su irrazonabilidad; recalcó que determinó sobre base presunta, describiendo el perfeccionamiento del hecho generador y las obligaciones del sujeto pasivo de respaldar sus actividades, operaciones gravadas y cumplir con sus obligaciones establecidas en el Código Tributario; hizo mención al contrato suscrito por Epifanio Rolando Gonzales Zurita y Pil Andina SA., y bajo los términos referidos es que recabó la información. 

Expuso que el sujeto pasivo no proporcionó los precios de venta de los productos adquiridos y conforme a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, solicitó a Pil Andina SA. la lista de precios vigentes durante la gestión 2010, estableciendo además un margen de utilidad implícito, no siendo necesario determinar una utilidad adicional, precios que se encuentran respaldados cumpliendo con la realidad económica y el principio de verdad material, toda vez que se confirmó que el sujeto pasivo transfirió o comercializó los productos adquiridos de su proveedor. Adujo que conforme a los artículos 4 y 12 de la Ley N° 843 el sujeto pasivo no puede beneficiarse con el crédito fiscal contenido en las facturas de compras de su proveedor, quedando demostrado que la Administración Tributaria calculó el reparo correctamente. 

Argumentó que la vista de Cargo contiene los hechos que fueron objeto de la determinación, así como los datos, elementos, la valoración y fijó la base imponible sobre base presunta demostrando que la Administración Tributaria cumplió con el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), así como con el artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); además que la Resolución Determinativa N° 171730000293 de 19 de mayo de 2017, cumplió con el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 19 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), valoró la información obtenida de la misma Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, analizando la prueba cursante en antecedentes administrativos, conforme la verdad material, sin vulnerar el principio de buena fe y el principio de legalidad.

Puso en manifiesto que el recurrente no está registrado en el Padrón de Contribuyentes por una actividad alcanzada por el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transacciones, por la cual el titular afirmó no tener registros por tratarse de una actividad 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTÁRIA Estado Plurinacional de Bolivia 

económica familiar, desconocía con exactitud el volumen real de ventas e ingresos percibidos, el precio real de venta al consumidor, sin que acredite la exacta dimensión del hecho imponible, sin poder determinar sobre base cierta, por lo que recurrió a la base presunta, método de determinación que fue puesto en conocimiento del sujeto pasivo a partir de la notificación de la Vista de Cargo, abriendo un término probatorio para que asuma defensa y presente descargos materiales y legales, no existiendo la indefensión alegada. 

Afirmó que no existe transgresión a los procedimientos, que todos los actuados fueron puestos en conocimiento del sujeto pasivo y cumplen con la normativa tributaria así como con la presunción de legitimidad, citando ampliamente jurisprudencia relacionada; de igual manera, alegó que no existe transgresión a los principios fundamentales del derecho a la defensa y del debido proceso, en razón a que los actos administrativos que le fueron notificados otorgándole los plazos necesarios para presentar descargos, ejerciendo su derecho a la defensa; respecto al argumento de la incorrecta valoración de los costos de venta real, sustentó que tal aspecto fue analizado y respondido en la Resolución Determinativa impugnada. 

Marlenn Pérez e Ballzirama 

Por todo lo descrito, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171730000293 de – 19 de mayo de 2017. 

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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 31 de julio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0213/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 35 del expediente administrativo). 

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11.4.1. Prueba Administración Tributaria El 21 de agosto de 2017, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificó en calidad de prueba documental los antecedentes administrativos, redundando en los antecedentes del proceso (fojas 37 del expediente administrativo). 

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11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria 

NB-ISO El 8 de septiembre de 2017, la Gerencia Distrital Cochabamba presentó alegatos 

IBNORCA desarrollando los antecedentes sobre el comportamiento tributario del ahora recurrente y los sistema de deten 

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Sistema de Gesto

de la Calidad Certificado N*EC27414 

elementos que motivaron la verificación; explicó los fundamentos que motivaron a la aplicación del método de determinación y referenció los datos, información y documentación en las que basó sus actuaciones, contraponiendo tales aspectos con la normativa y el derecho que le asiste al sujeto pasivo, refutando los vicios de nulidad planteados, para finalmente reiterar su petitorio (fojas 40-41 de antecedentes administrativos). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 8 de septiembre de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Verificación N° 30140VE00038 contra Epifanio Rolando Gonzales Zurita, que comprendía la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Debito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT) relacionados con las transacciones efectuadas con su proveedor Pil Andina SA., por los periodos enero a diciembre de la gestión 2010. Acto notificado de manera personal el 29 de junio de 2015 (fojas 1 de antecedentes administrativos). 

El 23 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No 00124908, solicitando la presentación de extractos bancarios, facturas de compras, cuaderno y/o registro de compras y ventas, contrato de alquiler del domicilio en el que realizaba su actividad, constancia de recepción de mercadería y toda otra información solicitada por la Administración Tributaria durante el proceso de verificación en original y fotocopia. Acto notificado de manera personal al sujeto pasivo, el 29 de junio de 2015 (fojas 5 de antecedentes administrativos). .. 

El 3 de julio de 2015, Epifanio Rolando Gonzales Zurita solicitó la ampliación de treinta (30) días hábiles, petición que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveido de 10 de julio de 2015, otorgándole el plazo de 10 días para cumplir con los requerimientos notificados; oficio que fue notificado al sujeto pasivo de manera personal el 17 de julio de 2015 (fojas 9-11 de antecedentes administrativos). 

El 27 de noviembre de 2015, el SIN emitió el Requerimiento No 00125134 y su anexo, exponiendo documentación e información referida a la verificación y objeto de fiscalización e información impresa sobre los precios sugeridos de venta al consumidor final o margen de utilidad fijada vigente toda la gestión 2010 de todos los productos de las líneas comercializadas de su proveedor Pil Andina SA., otorgándole dos (2) días para su presentación. Acto notificado de manera personal el 4 de diciembre de 2015 (fojas 12-13 de antecedentes administrativos). 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 8 de diciembre de 2015, el contribuyente mediante nota presentada ante el SIN refiriendo puntualmente sobre información y documentación requerida por la citada autoridad haciendo mención a las facturas de compras, cuaderno y/o registro de compras y ventas efectuadas, contrato de alquiler del domicilio en el que realiza su actividad económica, documentos de constancia de recepción de mercadería comprada y otros (fojas 1516 de antecedentes administrativas)

El 17 de mayo de 2016, el ente fiscalizador mediante Auto N° 25-003016 autorizó la prórroga de plazo por seis (6) meses adicionales para la conclusión del proceso iniciado con la Orden de Verificación N° 3014OVE00038; acto puesto en conocimiento del sujeto pasivo el 8 de junio de 2016 (fojas 2021 de antecedentes administrativos). 

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El 28 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GDCBBA/DF/G2NE/INF/14131/2016 en el que expuso antecedentes, el análisis y desarrollo, describiendo el trabajo desarrollado y la base para la determinación de resultados, los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones de fundamento a las observaciones, los resultados de la verificación, el incumplimiento a deberes formales, la determinación del adeudo tributario; concluyendo calificar inicialmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago y recomendó la emisión de la Vista de Cargo conforme a la normativa vigente (fojas 535-557 de antecedentes administrativos)

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El 28 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No SIN/GDCBBA/DF/G2NENC/00657/2016, estableciendo un reparo que asciende a UFV’s911.657, equivalentes a Bs1.980.055, importe que incluye el impuesto omitido (IVA e IT) actualizado, interés y sanción por la calificación preliminar de la conducta. Acto notificado de manera personal el 6 de marzo de 2017 (fojas 558-581 de antecedentes administrativos)

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El 4 de abril de 2017, Epifanio Rolando Gonzales Zurita presentó ante la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales nota de “Descargos a la vista de Cargo SIN/GDCBBA/DF/G2NENC700657/2016desglosando aspectos referentes al requerimiento de documentación con Orden N° 33014OVE00038, reclamando el método de determinación, además expuso una comparativa de la forma de determinación realizada por el SIN y la que correspondería bajo su criterio y solicitó se levanten los cargos, independientemente de los vicios de nulidad identificados (fojas 588593 de antecedentes administrativos). 

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El 18 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBADJCC/TJ/INF/204/2017, exponiendo los antecedentes dentro los cuales realizó la valoración sobre la nota presentada por el sujeto pasivo en calidad de descargos, continuo con el desarrollo y concluyó por establecer una liquidación total a favor del Fisco de UFV’s922.784, equivalente a Bs2.031.751 correspondiente a tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado IVA (Débito Fiscal) e Impuesto a las Transacciones (IT), interés y sanción por la calificación preliminar de la conducta de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, recomendando la emisión de la Resolución Determinativa (fojas 600 614 de antecedentes administrativos). 

El 19 de mayo de 2017, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171730000293, determinando las obligaciones impositivas de Epifanio Rolando Gonzales Zurita, en la suma de UFVs922.873 equivalentes a Bs2.032.080, correspondiente al tributo omitido actualizado, interés y sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA Débito Fiscal) y el Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010, calificando su conducta como Omisión de Pago; acto notificado mediante cédula al contribuyente el 5 de junio de 2017 (fojas 615-659 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Conforme la revisión del Recurso de Alzada planteado por la recurrente, se evidenció que trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos principalmente de fondo, específicamente aspectos relacionados con el proceso de determinación llevado en su contra, aduciendo vulneración a garantías y derechos fundamentales dentro de ellos; en ese sentido, conforme a los establecido en el artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), esta instancia recursiva se pronunciara de manera expresa, positiva y precisa sobre los aspectos planteados por la recurrente, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, verificando y analizando sobre la existencia de las referidas vulneraciones denunciadas para determinar lo que en derecho corresponda; siendo que entre sus argumentos observa: 1) Los parámetros utilizados para la determinación de ventas, margen de utilidad y el reparo determinado y por ende ; 2) La liquidación del impuesto, para finalmente refutar; 3) La fundamentación de los actos y la 

carga de la prueba. 

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IV.1. Sobre la determinación de ventas, margen de utilidad y el reparo determinado El recurrente argumentó que la Administración Tributaria no estableció el volumen de ventas ni los ingresos percibidos, no estableció el precio real de venta al consumidor, manejando la información del proveedor con precios sugeridos, vulnerando el debido proceso y defensa; remarcó que no tuvo acceso a información directa sobre la materialización de las ventas, cantidad y precio efectivo de venta, lo que acusa que genera una utilidad sobreestimada que carece de racionalidad al no considerar los costos de operaciones. 

En oposición, la Administración Tributaria aludió que conforme a la información presumió que las adquisiciones realizadas el contribuyente fueron vendidas sin la emisión de factura o nota fiscal, estableciendo en consecuencia ingresos no declarados ni facturados y que el sujeto pasivo no proporcionó los precios de venta de los productos adquiridos, por lo que en aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 solicitó a Pil Andina SA., la lista de precios vigentes durante la gestión 2010, estableciendo un margen de utilidad implícito, afirmó además de que los precios están respaldados y cumplen con la realidad económica y el principio de verdad material. 

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Así expuestos los argumentos de las partes, en principio es pertinente señalar que: “Hay determinación con Base Cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su : efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles”. Respecto a los elementos informativos: pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del. responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva“; añadiendo que: “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con Base Presunta., citando que en las suposiciones: (...) la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que por su vinculación o conexión normal con los (…), previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la obligación.“; asimismo, indica que: Los promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados arbitrariamente o tomados al azar, sino que 

NBISOR deben elaborarse sobre la base de la actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia Sis 

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estadística recogida en actividades de la misma naturaleza(GIULIANI Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero. Sil. Edición. Volumen 1. Buenos Aires. Ediciones “Depalma”. 1993. Págs. 507-510)

En cuanto a la determinación de la Base Imponible, el artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la Base Imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el artículo 43 de la citada Ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la Base Imponible, siendo éstos: Determinación sobre Base Cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre Base Presunta que se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Asimismo, se entiende que la Administración Tributaria se encuentra investida facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar, conforme se desprende de la lectura de los artículos 66 numeral 1, 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB). Cada una de las facultades citadas implica diferentes actividades que debe cumplir para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, para lo cual está en libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias 

que vea por conveniente a sus fines. 

Por otra parte, respecto a la determinación sobre Base Presunta, la misma debe fundarse en hechos y. circunstancias que por su vinculación con un hecho generador, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación, debiendo utilizarse al efecto los medios previstos por el artículo 45 de la Ley N° 2492 (CTB), que deben ser precisados por norma reglamentaria, y que implican: aplicar datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de hechos imponibles en su real magnitud; utilizar elementos, que indirectamente acrediten la existencia de ingresos, ventas y otros, que sean normales en el respectivo sector económico; y/o valorar signos, indices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según datos o antecedentes que se posean en supuestos similares, cuidando en todos los casos que los hechos o circunstancias considerados, permitan demostrar el perfeccionamiento de hechos generadores de tributos, a partir de los cuales se pueda establecer la cuantía de la obligación tributaria. 

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De la revisión de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria inició el proceso con la notificación de la Orden de Verificación N° 3014OVE00038, conjuntamente con el Requerimiento N° 00124908 y posteriormente el Segundo Requerimiento N° 00125134, por los cuales el ahora recurrente además de pedir ampliación del plazo para su presentación, por nota entregada el 8 de diciembre de 2015, explicó la carencia de los documentos requeridos en virtud a la naturaleza y carácter de sus actividades, anexando algunos otros oficios que respaldarían sus afirmaciones (fojas 15-19 de antecedentes administrativos); consecuentemente, la Administración Tributaria procedió a requerir información a terceros, principalmente al proveedor Pil Andina SA., consecuentemente el SIN basó su verificación y liquidación preliminar expuesta en la vista de Cargo en dicha información. 

Ante la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo presentó una nota en la que expuso su criterio sobre la revisión realizada, en la cual obsery reclamó la incorporación de algunos aspectos o criterios que afectarían la liquidación del reparo liquidado, sin embargo no adjuntó mayor respaldo documental; consecuentemente, se colige que antes del inicio de la verificación así como a la conclusión de esta, Epifanio Rolando Gonzales Zurita tuvo la oportunidad de aportar los datos necesarios ahora reclamados, y en su caso, desvirtuar los cargos que se le atribuyeron, siendo evidente que participó activamente en la sustanciación del procedimiento determinativo, ejerció su derecho a la defensa dentro del marco del debido proceso. 

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Con relación al costo de ventas, el presente caso se constituye en una verificación del Impuesto al Valor Agregado, por consiguiente no corresponde efectuar el análisis de costos y gastos incurridos, puesto que el referido impuesto grava las ventas de bienes y/o servicios, permitiendo la deducción de las compras alcanzadas por el gravamen, siempre y cuando dichas ventas hubiesen sido facturadas, de esta manera, en consideración a que la normativa tributaria que reglamenta el Impuesto al Valor Agregado no refiere a los costos y gastos incurridos en la realización de la actividad gravada, no corresponde manifestarse al respecto 

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De igual manera, en referencia al margen de utilidad, conforme a lo mencionado y 

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remitiéndonos al oficio presentado por el ahora recurrente como respuesta a los 

requerimientos de información y documentación realizados por la Administración Tributaria, pe menciona literalmente: “Cabe recalcar también que la utilidad que nos proporciona la 

7 empresa Pil Andina SA., es mínima, ya que la misma empresa tiene conocimiento que en el mercado no se extiende factura…” (las negrillas son propias), de lo que se entiende 

IBNORCA taxativamente que el margen de utilidad está implícito en los precios sugeridos, extremo 

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Av..Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

BUTORIDAD REAL 

MABAMB

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sustentado por el Servicio de Impuestos Nacionales tanto en el acto impugnado como en su respuesta a la impugnación; además de que el recurrente, fuera de lo mencionado en su Recurso de Alzada, no adicionó ninguna razón, criterio o parámetro que refute dicho elemento y pueda ser objeto de análisis por esta instancia recursiva, aspecto que por ende recae específicamente sobre la determinación del volumen de ventas, ingresos no declarados y precios finales de venta, ya que como se expuso, se hace evidente que sus hallazgos se basan en la información remitida por el proveedor, en consecuencia debe desestimarse el agravio. 

IV.2. Sobre la liquidación del impuesto El recurrente agravió que el SIN desconoció sus derechos atribuyéndole la obligación de declarar ingresos y de pagar el IVA sobre el volumen de ventas, sin considerar el crédito fiscal IVA en la liquidación del mismo. 

En respuesta a dicho agravio, el SIN sostuvo que conforme a los artículos 4 y 12 de la Ley N° 843 el sujeto pasivo no puede beneficiarse con el crédito fiscal contenido en las facturas de compras de su proveedor, demostrando que dicha autoridad calculó el reparo correctamente. 

Sobre el punto, debemos indicar que la normativa tributaria en el artículo 1 de la Ley N° 843, señala: “Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley; b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y c) Las importaciones definitivas”. 

Asimismo respecto a la forma de liquidación del IVA, los artículos 7, 8 y 9 de la Ley N° 843 disponen que a los importes totales de los precios netos de venta se aplicará la alícuota del 13% dando como resultado el impuesto determinado, al cual se restará el importe que resulte de la aplicación de la alicuota del 13% sobre el monto de las compras, 

as importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestación de servicios o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

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De la normativa expuesta, a efecto de realizar la liquidación del IVA los sujetos pasivos pueden deducir del impuesto determinado (13% de las ventas de bienes y/o servicios), el 

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importe correspondiente al 13% de las compras facturadas y alcanzadas por el gravamen, asimismo debemos de conformidad al artículo 1 de la Ley N° 843, el IVA se constituye en el impuesto que grava las ventas de bienes y/o servicios que efectúan los sujeto pasivos. 

Ahora bien, el recurrente manifestó que en la determinación seria contradictoria, ya que no se consideró el crédito fiscal de las compras atribuidas a su persona, no obstante si bien la normativa citada reconoce la deducción de las compras efectuadas a efecto de liquidar el impuesto, sin embargo, de forma expresa el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley N° 843 establece: Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno (...)“; concordante con el artículo 12 del Decreto Supremo N° 21530 que ratifica lo expuesto precedentemente, al manifestar: “En relación al segundo párrafo del Artículo 12 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), cuando se determinen vetas de bienes o servicios sin la emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, el contribuyente deberá cancelar el impuesto sin derecho a crédito fiscal alguno sobre las ventas (…)

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En el presente caso, la Administración Tributaria efectuó un procedimiento de determinación sobre base presunta, señalando que de la información proporcionada por Pil Andina S.A. el contribuyente efectuó compras que no fueron declaradas al SIN, presumiendo la configuración de ventas no declaradas y por consiguiente no facturadas, de esta manera, el procedimiento empleado por la Administración Tributaria resulta correcto, al no considerar ningún crédito fiscal a efecto de deducir el impuesto correspondiente a las ventas no facturadas, conforme establece el artículo 12 de la Ley N° 843 y del Decreto Supremo N° 21530. 

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1.3. Sobre la fundamentación de los actos y la carga de la prueba El recurrente reclamó que el SIN debe procurar determinar sobre base cierta y la determinación sobre base presunta es de último ratio, acusando que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen la debida fundamentación de hecho y de derecho acorde la realidad económica del sujeto pasivo, incumpliendo los artículos-96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), viciando de nulidad el proceso al ocasionarle indefensión; adicionalmente apeló que la carga de la prueba, se traslada al sujeto pasivo recién a partir de la notificación de la Vista de Cargo y la falta de fundamentación o sustento a las observaciones no pueden ser atribuidas al sujeto pasivo sólo por el hecho de no haber presentado documentación. 

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III 

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La Administración Tributaria, aclaró que solicitó información y documentación, al no cumplir con dicho requerimiento, pidió información a su proveedor, con la misma realizó la determinación sobre base presunta, cumpliendo procedimientos establecidos, utilizando para la determinación datos que cumplen con la realidad económica y el principio de verdad material, aspectos que respaldan la Vista de Cargo, conforme los artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 dėl Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), así como la Resolución Determinativa cumple con los artículos 99 de la Ley N° 2492. (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

En principio, el artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) establece que son anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), normas aplicables en materia tributaria por mandato del artículo 201 de la Ley N°2492 (CTB); prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

.. 

Asimismo, en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. Las Sentencias Constitucionales No 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, disponen que: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (…)”. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

Bajo ese lineamiento, no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece: “(...) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesara diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien 

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se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad

Bajo ese contexto, es imperante redundar en lo expuesto en el primer punto del presente análisis, en el hecho de que el ahora recurrente, pese a haber sido notificado con dos requerimientos de documentación e información sobre su actividad, misma que serviría de base para la verificación llevada a cabo en su contra, es el mismo Epifanio Rolando Gonzales Zurita quien por nota de 8 de diciembre de 2015 (fojas 15-16 de antecedentes administrativos), específicamente refirió que no cuenta con las facturas efectuadas a la Empresa Pil Andina SA. del año 2010, así como tampoco cuenta con cuadernos o registros de compras y ventas, que su actividad la realiza en una caseta que pertenece a un sindicato y por otra parte no existe contrato de alquiler, mucho menos presentó documentos de constancia de recepción de la mercadería comprada y recalca que la utilidad que le proporciona la empresa proveedora es mínima, siendo que a consecuencia de dichas afirmaciones el SIN procedió a requerir información de su proveedor, así como analizar la 

ntro de sus sistemas informáticos, acción que concluyo con la emisión de la Vista de Cargo y tras su notificación aperturó el término establecido en Ley para que el sujeto pasivo presente los descargos que considere necesarios y le hagan en derecho. Acto por el cual, si bien el recurrente presentó una nota, dicho oficio simplemente incorpora argumentos que bajo su óptica desvirtuarían o justificarían su accionar y modo de funcionamiento, planteamientos que tampoco son respaldados con ningún tipo de documento o elemento, máxime si conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

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Consecuentemente, en consideración del extremo descrito en el parágrafo anterior, la falta de pruebas o registros documentales que demuestren o respalden los argumentos y afirmaciones expuestas por el ahora recurrente, dentro su nota de descargos en instancia administrativa así como los plasmados en su Recurso de Alzada ante esta instancia Recursiva, se tornan en elementos fundamentales, primero dentro el marco de actuación y las metodologías empleadas dentro la sustanciación de la verificación .y en segundo término, dentro del análisis, consideración y compulsa de argumentos propuestos por ambas partes, por lo que se hace preponderante el hecho de que el ahora recurrente no aportó, datos, elementos y/o prueba que desvirtúen las observaciones del SIN, limitándose únicamente a observar la determinación de la Administración Tributaria con la aplicación sobre base presunta. 

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Ahora bien, a modo de reforzar lo expuesto en el segundo numeral del presente análisis, de la compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria tanto en la vista de Cargo como en la Resolución Determinativa estableció que para la determinación de la deuda tributaria sobre base presunta empleó la técnica de compras no registradas dispuesta en el inciso b) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, toda vez que de la información proporcionada por el proveedor Pil Andina SA., consistente en contrato, detalles de precios sugeridos para la venta al público desde agencia vigentes durante la gestión 2010, órdenes de entrega de los productos detallados en las facturas, copia empresa de las facturas emitidas, documentos de pago recibidos de sus clientes, lugar donde fueron entregados los productos detallados en las facturas, entre otra, con lo que el ente fiscalizador estableció que las transacciones de compra fueron efectivamente realizadas por el sujeto pasivo, mismas que no fueron declaradas al SIN y que se tradujeron en ventas a terceros, presumiéndose de esta manera que todo lo que compró fue vendido sin la respectiva nota fiscal. 

Remitiéndonos a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 se tiene: “Se podn aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso. b) Técnica de Compras No Registradas Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de 

terceros u otros medios de investigacn, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró ylo importó fue vendido. Al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el Inciso anterior”. 

Es menester traer a colación lo salado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0161/2016 de 23 de febrero de 2016 respecto a la aplicación de la técnica de compras no registradas, que a la letra manifestó: “(…) cabe indicar que la citada técnica resulta aplicable para la determinación, en el entendido, de que las facturas que la Administración Tributaria considera como emitidas a favor del Sujeto Pasivo (dado el código de cliente y los supuestos pagos efectuados) no forman parte de su Crédito Fiscal, es decir, en tanto se tenga evidencia cierta de que las transacciones fueron realizadas por el Sujeto Pasivo, en otro caso, no podría atribuirse una falta de registro de compras, si las mismas no fueron efectuadas por el Sujeto Pasivo”. 

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En ese entendido, siendo que el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada alegó que la Administración Tributaria debe procurar determinar sobre base cierta y la determinación 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sobre base presunta es un recurso de último ratio, por lo expuesto hasta esta parte, queda claramente establecidas las razones y motivos por los cuales el Servicio de impuestos Nacionales optó por realizar la determinación bajo el método de base presunta, extremo normativamente respaldado en el texto del segundo considerando de la Vista de Cargo, así como en las glosas de los cuadros de determinación del IVA y el IT: aspecto que se refleja 

en la Resolución Determinativa impugnada de la página 1 a la 3 y así como en la vista de Cargo, dentro el tercer Considerando, cada cuadro determinativo es encabezado por la normativa aplicable para llegar los hallazgos expuestos conforme prevén los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que rebate contundentemente lo aludido por el recurrente respecto a que la vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen la debida fundamentación de hecho y de derecho acorde la realidad económica del sujeto pasivo. 

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En consideración del otro aspecto objetado por Epifanio Rolando Gonzales Zurita referido a la carga de la prueba, como ya se explicó, el proceso de fiscalización se inició con la notificación de la Orden de Verificación y el correspondiente requerimiento de información y documentación; en el presente caso, el contribuyente al no presentar conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) la documentación ni mucho menos los respaldos que 

desvirtúen las observaciones puestas a su conocimiento, la Administración Tributaria basó 

  • su revisión en la información de fuente propia y de terceros, presentando sus hallazgos y 

una liquidación preliminar del reparo en la vista de Cargo. Posterior a su notificación, se le otorgó al ahora recurrente un plazo de treinta (30) días para que este pueda presentar descargos que le hagan en derecho a fin de desvirtuar las mencionadas observaciones, acción que en el presente caso se concretó tal y como el recurrente lo describe en su Recurso de Alzada, elemento que de ninguna manera influye o derivaría en un vicio de nulidad; aspecto que condice con que la parte recurrente objeta los precios utilizados por el SIN en la determinación, sin embargo no refiere cuales serían los precios que utilizó en la gestión 2010, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), máxime si la Administración Tributaria le solicitó formalmente al sujeto pasivo proporcione los precios por producto utilizados en la gestión 2010, consecuentemente, conforme a lo expuesto hasta este punto, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa objeto de la presente impugnación se encuentran plenamente fundamentadas en hecho y derecho. 

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Paralelamente, respecto a los a que los productos son perecederos y en consecuencia muchos podrían haberse vencido y no se pusieron a la venta, debemos indicar que el sujeto pasivo no presentó prueba que demuestre lo argumentado, careciendo su agravio de 

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respaldo probatorio, hecho que incumple lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que, no corresponde lo manifestado en el recurso de alzada. 

Consiguientemente, se advierte de forma clara que la Administración Tributaria en la Vista 

de Cargo y la Resolución Determinativa no vulneró los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que en la parte considerativa de ambos actos, señaló la forma de obtención de los ingresos. omitidos no facturados, en base a la 

documentación obtenida del proveedor. 

En suma, conforme a los fundamentos expuestos, el sujeto pasivo no logró demostrar lo extremos denunciados en su Recurso de Alzada conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa N° 171730000293 de 19 de mayo de 2017 emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171730000293 de 19 de mayo de 2017; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifíquese y cúmplase, 

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