ARIT-CBA-RA-0383-2017 Resolución sancionatoria por incumplimiento de presentación de LCV en la gestión 2012, por lo qu la AIT en la revisión de los antecedentes determinó confirmar la resolución, debido verificó la inexistencia de caudales para la nulidad y la prescripción solicitada por el contribuyente

ARIT-CBA-RA-0383-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBARA 0383/201

Recurrente 

: María Fernanda Pessoa Montenegro 

Recurrido 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza 

Expediente 

: ARIT-CBA-0227/2017 

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N° 181730000892 de 12 de abril de 2017 

Fecha 

: Cochabamba, 02 de octubre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT 

CBAITJ 0383/2017 de 02 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 181730000892 de 12 de abril de 2017, sancionando a la contribuyente María Fernanda Pessoa Montenegro con la multa administrativa de UFV‘s 6.000 por incumplir con la presentación de la información del libro de compras y ventas IVA a través del Software Da Vinci, correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2012, en aplicación a lo dispuesto por los artículos 71, 160 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y el numeral 3.1 del numeral 3 del anexo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 100033-16. Acto notificado por cedula a María Fernanda Pessoa Montenegro, el 14 de junio de 2017 (fojas 1416 y 20 de antecedentes administrativos). 

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  1. 17. Dan 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente María Fernanda Pessoa Montenegro, mediante memorial de 8 de junio y nota de 23 de junio de 2017 (fojas 6-7 y 17 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No 181730000892 de 12 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

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9001 FIBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N’EC27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) — — – —— 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

  1. 11

Conforme al artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), toda conducta contraventora que no estuviese vinculada al procedimiento de determinación de un tributo, será sometida a un sumario administrativo mediante cargo en el que deberá constar el acto u omisión que se le atribuye y que conforme al inciso del artículo 21 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el procedimiento para sancionar contravenciones se realizará de forma independiente. 

Manifestó que la facultad para imponer sanciones por el incumplimiento al deber formal de presentar el libro de compras IVA a través del software Da Vinci modulo-LCV, prescribe a los cuatro años de acuerdo al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo cómputo inicia el primer día del año siguiente conforme al parágrafo II del artículo 60 de la citada Ley, modificada por la Ley N° 291. 

También refirió que el cómputo de la prescripción transcurrió ininterrumpidamente desde su inicio hasta la fecha en que se notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 0014109306514, por lo que conforme a los artículos 61 y 154, parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), la facultad de la Administración Tributaria prescribió sin interrupciones para cada periodo de la gestión 2012. 

En petitorio solicitó la nulidad de obrados de la Resolución Sancionatoria N° 181730000892 de 24 de abril de 2017, por la existencia de vicios procedimentales en la emisión del acto impugnado, por no considerar los descargos presentados; o alternativamente se aplique la prescripción de la facultad para imponer sanciones por los periodos enero a diciembre de la gestión 2012. 

11.2. Auto de Admisión El 7 de julio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARITCBA-0227/2017, que admitió el Recurso de Alzada interpuesto por María Fernanda Pessoa Montenegro, contra la Resolución Sancionatoria N° 181730000892 de 12 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 8 del expediente administrativo). 

. 11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000521 de 31 de marzo de 2017 (fojas 14-15 del expediente 

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TAIT 

Cochabamba 

TIE 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

administrativo), por memorial presentado el 28 de julio de 2017 (fojas 16-20 del expediente administrativo) contestó de forma negativa el Recurso de Alzada exponiendo lo siguiente: 

Que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) fue modificado por la disposición Adicional Quinta y Sexta de la Ley N° 291, posteriormente por la Ley N° 317 y finalmente por la Ley No 812 de 30 de junio de 2016, estableciendo: las acciones de la administración tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1 Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas”. Asimismo refirió que el término de prescripción es de 8 años y que conforme al principio de “legitimidad” se debe aplicar la Ley N° 812 vigente al momento de la emisión del acto impugnado. 

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Manifestó que respecto a la solicitud de nulidad de obrados, para que exista una nulidad debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión. Señaló que la doctrina y la jurisprudencia establecen que la nulidad o reposición de obrados constituyen una medida 

eberá verificarse si el vicio se encuentra expresamente sancionado y si la inercia del perjudicado ha consentido la ejecutoria del acto presuntamente viciado.de nulidad, en cuyo caso opera la preclusión de la etapa procesal, citó las Sentencias Constitucionales N° 0444/2011R de 18 de abril y la 731/2010-R de 26 de julio. 

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Señaló que no existe ningún elemento legal ni de hecho que haga presumir que la Resolución sea objeto de nulidad, pues cumplió a cabalidad el procedimiento administrativo y el principio de sometimiento pleno a la ley, además de contener los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), por lo que no existe fundamento alguno de nulidad. 

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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria No 181730000892 de 12 de abril de 2017 

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II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 31 de julio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0227/2017, que aperturó el término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 21 de expediente administrativo). 

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CHABAMBA 

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11.4.1. Prueba Administración Tributaria El 18 de agosto de 2017, el Servicio de Impuestos Nacionales mediante memorial ratificó la prueba documental, consistente en antecedentes administrativos acompañados al momento de responder el Recurso de Alzada (fojas 23 del expediente administrativo). 

11.4.2. Prueba Sujeto Pasivo El 21 de agosto de 2017, María Fernanda Pessoa Montenegro ratificó la prueba ofrecida al recurso de alzada, en la que acompañó fotocopia simple de su cédula de identidad y del acto impugnado con su respectiva diligencia de notificación y los antecedentes administrativos acompañados por la Administración Tributaria a su memorial de respuesta, solicitando que sean considerados a momento de emitir la resolución de Recurso de Alzada (fojas 26 del expediente administrativo). 

II.5. Alegatos 11.5.1. Alegatos del Sujeto Pasivo Por memorial: presentado el 11 de septiembre de 2017, María Fernanda Pessoa Montenegro, presentó memorial de alegatos ratificando los argumentos esgrimidos al momento de interponer el recurso de alzada y observando los argumentos presentados en el memorial de respuesta al recurso de alzada de la Administración Tributaria, agraviando: 1.- La irretroactividad de las normas legales en general; 2.- Solicitando la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos; y 3.- denunciando que la Administración Tributaria dictó la Resolución Sancionatoria impugnada, fuera de los plazos establecidos; aspectos incorporados por la parte recurrente en etapa de alegatos conforme a lo establecido en el procedimiento establecido en el artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el numeral II del artículo 210 del mismo cuerpo legal; por cuanto, considerando que sobre los nuevos aspectos formulados, la Administración Tributaria no tuvo oportunidad de ejercer defensa y conforme establece el inciso e), parágrafo I del artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual expresamente establece que los Recursos de Alzada, deben contener los fundamentos de hecho y/o derecho, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen, no se ingresará a la consideración de los nuevos argumentos expuestos en el periodo de alegatos; toda vez que, en esta etapa, corresponde solamente la presentación de alegatos escritos u orales (fojas 2930 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 24 de julio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Auto inicial de Sumario Contravencional N° 0014109306514, instruyendo el sumario contravencional contra María 

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Fernanda Pessoa Montenegro, por incumplir con la presentación de la información del libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, correspondientes a los periodos enero a diciembre de la gestión 2012, conducta sancionada con una multa de UFV’s 1.000 por cada perito fiscal, haciendo un total de UFV’s 12.000; asimismo le otorgó el plazo de 20 días para formular descargos. Acto notificado por cedula a María Fernanda Pessoa Montenegro, el 12 de diciembre de 2016 (fojas 3 y 7 de antecedentes 

administrativos). 

El 30 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/CP/INF/13700/2016, indicando que la sanción impuesta por incumplimiento de la presentación de la información del libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, correspondientes a los periodos enero a diciembre de la gestión 2012 con una multa de UFV’s 1.000 por cada periodo, fue modificada y actualizada por el sub-numeral 3.1 del numeral 3 del anexo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016, con una multa de UFV’s 500 por cada periodo, haciendo un importe total de UFV’s 6.000; concluyó que la contribuyente, no presento descargo alguno al Auto inicial de Sumario Contravencional No 0014109306514 ni canceló la sanción establecida, recomendando la remisión del trámite al Departamento Jurídico Tributario para la emisión de la Resolución Sancionatoria (fojas 1-2 de antecedentes administrativos). 

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El 12 de abril de 2016, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 181730000892, sancionando a María Fernanda Pessoa Montenegro, con una multa equivalente a UFVs 6.000, por incumplir con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci módulo-LCV, correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2012, en aplicación de los artículos 71, 160 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y el sub-numeral 3.1 del numeral 3 del Anexo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016. Acto notificado mediante cédula a María Fernanda Pessoa Montenegro, el 14 de junio de 2017 (fojas 14-16 y 20 de antecedentes administrativos). 

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ACION TRIO 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Conforme a lo expuesto en el parágrafo 1 artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por María Fernanda Pessoa Montenegro, dentro de los cuales trajo a colación los siguientes agravios: 1. 

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Nulidad por falta de valoración; 2.- Prescripción de facultad de la Administración Tributaria , para imponer sanciones 

Conforme la revisión del Recurso de Alzada planteado, trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia del vicio procesal denunciado; y en caso de no ser evidente, ingresará al análisis del aspecto de fondo de fondo para determinar lo que en derecho. corresponda

IV.1 Aspectos de Forma IV.1.1. De nulidad de obrados por falta de valoración de descargos La recurrente solicitó la nulidad de obrados de la Resolución Sancionatoria N° 181730000892 de 24 de abril de 2017, por la existencia de un vio procedimental en la emisión del acto impugnado, por no considerar descargos presentados

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En respuesta; la Administración Tributaria indicó que para la nulidad debe ocurrir que los actos carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión; manifestó que la doctrina y la jurisprudencia establecen que la nulidad o reposición de obrados constituyen una medida de ultima ratio y deberá verificarse si el vicio se encuentra 

cionado y que si la inercia del periudicado ha consentido la ejecutoria del 

acto presuntamente viciado de nulidad, en cuyo caso opera la preclusión de la etapa procesal, citó las Sentencias Constitucionales N° 0444/2011-R de 18 de abril y 731/2010-R. de 26 de julio. 

En el mismo sentido, manifestó que no existe ningún elemento legal ni de hecho que haga que la Resolución sea objeto de nulidad, cumplió a cabalidad el procedimiento administrativo y el principio de sometimiento pleno a la Ley, además contiene requisitos exigidos por el artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), por lo que no existe fundamento algunos de nulidad. 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se puede evidenciar que el Auto inicial de Sumario Contravencional N° 0014109306514, inició proceso sancionatorio contra la contribuyente María Fernanda Pessoa Montenegro, por incumplimiento con la presentación de la información del libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV

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correspondientes a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012, sancionándola con una multa de UFV’s 1.000 por cada perito fiscal, haciendo un total de UFV’s 12.000, otorgándole el plazo de 20 días para que pueda formular sus descargos (fojas 3 de antecedentes administrativos), notificado por cedula a María Fernanda Pessoa Montenegro, el 12 de diciembre de 2016 (fojas 7 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/CP/INF/13700/2016, indicando que la sanción impuesta por incumplimiento de la presentación de la información del libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, correspondientes a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012 con una multa de UFV’s 1.000 por cada periodo fiscal, fue modificada y actualizada por el sub-numeral 3.1 del numeral 3 del anexo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 10003316 de 25 de noviembre de 2016, con una multa de UFV’s 500 por cada periodo fiscal, haciendo un importe total de UFV’s 6.000, concluyendo que la contribuyente María Fernanda Pessoa Montenegro, no presentó descargo alguno al Auto inicial de Sumario Contravencional N° 0014109306514 ni canceló la sanción establecida, por lo que recomendó que en aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0031-16 la remisión del trámite al Departamento Jurídico Tributario para la emisión de la Resolución Sancionatoria (fojas 1-2 de antecedentes administrativos)

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En primera instancia, corresponde señalar que, en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: ...el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión...“. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa; análisis que es plenamente congruente con lo definido en el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria al amparo del artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Conforme a lo expuesto por las partes, de la revisión de los antecedentes se puede evidenciar que la recurrente fue notificada con Auto inicial de Sumario Contravencional N° 0014109306514, el 12 de diciembre de 2016, sin embargo, no presentó ningún descargo tal como expresa el informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/CP/INF/13700/2016, en la que refirió “(…) la contribuyente María Fernanda Pessoa Montenegro, no presentó descargo alguno al Auto inicial de Sumario Contravencional N° 0014109306514 ni cancelo la sanción establecida (...)“, evidenciándose que no presentó descargos para ser evaluados por la administración tributaria, por lo que resulta insostenible el reclamo de la contribuyente, toda vez que la Administración Tributaria no se alejó del procedimiento sancionador; siendo la misma que no ofreció descargo alguno; lo que significa que existió una fundamentación técnica y legal del trabajo desarrollado por la entidad, el cual fue de pleno conocimiento de la contribuyente, le permitió ejercer su derecho a la defensa, tal como fue evidenciado con la notificación del Auto inicial de Sumario Contravencional N° 0014109306514 y el actual Recurso de Alzada (fojas 67 del expediente administrativo), evidenciando que la Resolución Sancionatoria N° 181730000892 de 12 de abril de 2017, no tenía prueba alguna a la que referirse; no debemos olvidar que la motivación se enmarca en garantizar al .. administrado, el conocimiento preciso, concreto y suficiente, que le permita. asumir una defensa congruente a los cargos que le están siendo imputados; y en el caso de autos, dicha condición:fue resguardada por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Por lo expuesto, se desestima la intención de nulidad por parte de la recurrente, en virtud a la inexistencia de las causales previstas en el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en el ámbito tributario conforme al numeral 1 del artículo 74 y artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que los actos cumplieron con los requisitos previstos para su elaboración y emisión, con el procedimiento establecido en el artículo 158 de la Ley N° 2492 (CTB), garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa, previstos en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE. 

IV.2. De la prescripción La recurrente argumentó que la facultad para imponer sanciones, prescribe a los cuatro años de acuerdo al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo cómputo inició el primer día del año siguiente conforme al parágrafo II del artículo.60 de la citada Ley También refirió que el cómputo de la prescripción transcurrió ininterrumpidamente desde su inicio hasta la fecha en que se notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014109306514, por lo que conforme a los artículos 61 y 154, parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), la facultad de 

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Cochabamba 

TIILE 

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la Administración Tributaria prescribió sin interrupciones para cada periodo de la gestión 2012. 

En respuesta, la Administración Tributaria manifestó que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) fue modificado por la disposición Adicional Quinta y Sexta de la Ley N° 291, posteriormente por la Ley N° 317 y finalmente por la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, estableciendo: “las acciones de la administración tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1 Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda 

tributaria. 3. Imponer sanciones administrativa”. Señaló que el término de prescripción es de 

8 años y que conforme al principio de “legitimidad” se debe aplicar la Ley N° 812 vigente al momento de la emisión del acto impugnado y del cual se presume su constitucionalidad y que la Autoridad de impugnación Tributaria no es competente para realizar el control de constitucionalidad. 

GIONAL 

Al respecto, debemos señalar que la prescripción es entendida como: “la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

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KORIDAD REAL 

En la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario Escriche, como: “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de derecho público y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo I. 3a Edición. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 182). 

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Al respecto, es necesario analizar las disposiciones sobre prescripción de la obligación tributaria aplicables al presente caso. Así el artículo 59.1 de la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

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fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Posteriormente, la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012; en su Disposición Adicional Quinta, modificó el arttículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo en el Parágrafo que: “Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas. En el último párrafo de dicho parágrafo, se prevé expresamente que el periodo de prescripción para cada año, sea respecto a obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año

Dicho último párrafo fue derogado mediante la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificó el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), quedando el mismo redactado como sigue: Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas(Negrillas y subrayado nuestros). 

Posteriormente, mediante el artículo 2.ll de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, se procedió a una nueva modificación del artículo 59 del CTB, estableciendo el plazo de ocho años para que prescriba la facultad de imponer sanciones de la Administración Tributaria. Respecto a esta última modificación corresponde señalar que el art. 150 del CTB, concordante con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, establece que: Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (Negrillas nuestras) 

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que inicialmente el artículo 59 del CTB efectivamente establecía la prescripción de la facultad de sancionar en el término de cuatro años, empero en el presente caso, los periodos en cuestión corresponden a enero a diciembre de 2012, IBNORCA 

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gestión en la que se efectuaron modificaciones al citado artículo, mediante las Leyes Nros. 291 y 317, vale decir, que la prescripción no llegó a perfeccionarse en el término inicialmente previsto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) (cuatro años) habiéndose modificado dicha ley estableciéndose nuevos plazos, siendo el plazo actualmente vigente más breve (8 años) al dispuesto en las modificaciones anteriores (nueve años). 

Consiguientemente de la normativa tributaria vigente relativa a la prescripción, que fue glosada precedentemente de forma cronológica, se tiene que al presente la última modificación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), efectuada mediante el artículo 2.11 de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, establece un término de prescripción más favorable para el sujeto pasivo, que el establecido mediante las modificaciones realizadas al señalado artículo por las Leyes Nros. 291 y 317 (nueve años), es decir, ocho años para la prescripción de la facultad de sancionar de la Administración Tributaria. Norma vigente ahora, que corresponde aplicar en función al artículo 123 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB)

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Por otra parte, en cuanto al tema reclamado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0932/2017 de 31 de julio de 2017, precisó en un caso análogo, “xviii. En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad sancionadora respecto al incumplimiento del deber formal del Sujeto Pasivo, referido a la obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV de los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, dentro del alcance establecido por la Ley N° 291; y toda vez que, la Resolución Sancionatoria N° 18119516 (CITE: SIN/GDLP-II/DJ UTJ/RS/0073/2016) fue notificada el 23 de diciembre de 2016, bajo la Ley N° 812 -que dispone un término de prescripción de daños-, norma vigente de acuerdo al Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 154, Parágrafo / del mencionado Código, el termino de prescripción se inició para los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011 el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019; y para el periodo diciembre de 2011 se inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020; consecuentemente la facultad de imposición de sanción de la Administración Tributaria aún no ha prescrito

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presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci Modulo-LCV de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012, dentro del alcance establecido por la Ley N° 317; y toda vez que la Resolución Sancionatoria N° 181730000892 de 12 de abril de 2017, fue notificada el 14 de junio de 2017, en vigencia de la Ley N° 812 que dispone un término de prescripción de 8 años-, de acuerdo al artículo 60.1 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 154.1 del mencionado Código, corresponde establecer que en el caso de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2012, inició el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020; y para el periodo diciembre de 2012, – tomando en cuenta que la contravención fue cometida en el . mes de enero de 2013, se inició el 1 de enero de 2014 y concluiría el 31 de diciembre de 2021. Consecuentemente, la facultad de imposición de sanción de la Administración Tributaria aún no prescribió. 

En suma, resulta evidente que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el incumplimiento de presentación de la información del Libro de Compras y. Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, no se encuentran prescritas; consecuentemente, corresponde confirmar la : Resolución Sancionatoria N° 181730000892 de 12 de abril de 2017, emitida por la erencia. Distrital Cochabamba.del Servicio de Impuestos Nacionales

POR TANTO: –La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos. 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 181730000892 de 12 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) 

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PRUDUO REGIONE 

GULAMA 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

le Emura Estrada pofTuPucone /VoB” 

PREGIONALES 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

EN STR 498

Araninar meni 

CAUTARU 

MEMPUGNACIO

Hengyen 

Villalta Alanes 

CAUTARIA CBA 

CUARTO: Conforme preel artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

MPUGNAC

REGIONS 

TUTORIDADES 

IBAT 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

u se over”. Claudia B. Cors Rejas 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTERINA Autoridad Regional de in pugi ación Tributaria Chuquisaca en Suplencia Legui de la Licoridad .egional de 

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