ARIT-CBA-RA-0380-2017 Sanción con Clausura de establecimiento por 24 días continuos, por la contravención de no emisión de factura hecho verificado bajo observación directa, por lo que se resolvió confirmar la resolución sancionatoria

ARIT-CBA-RA-0380-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBARA 0380/2017 

Recurrente 

: Fátima Lucia Rendón Calderón 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza 

Expediente 

: ARIT-CBA-0224/2017 

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16 de 1 de septiembre de 

2016 

Fecha 

: Cochabamba, 02 de octubre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0380/2017 de 02 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria 

y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16 de 1 de septiembre de 2016, que sancionó a la contribuyente Fátima Lucia Rendón Calderón, con NIT 6424482015, con la clausura de 24 días continuos del establecimiento ubicado en la Avenida San Martin N° 209, o del establecimiento donde actualmente desarrolle su actividad gravada, por la contravención de No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, por tratarse de la tercera vez que incurre en esta contravención, verificada mediante Acta de infracción N° 0145428 (F 7544) de 12 de mayo de 2016, en aplicación del artículo 164 de la Ley N° 2492 y el numeral 7.1 del Anexo I Régimen General de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-15. Acto notificado personalmente a Fátima Lucia Rendón Calderón, el 14 de junio de 2017 (fojas 21-25 de antecedentes administrativo). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Fátima Lucia Rendón Calderón, mediante nota presentada el 3 de julio de 2017 (fojas 7-11 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No 18-02182-16 de 1 de septiembre de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado NEC-27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

Que, la Administración Tributaria omitió comunicar que la contribuyente tiene la posibilidad de impugnar en via judicial, conforme está previsto en la Ley N° 1340 (CTB abrogado), misma que fue reconocida por las Sentencias Constitucionales N° 0009/2004 de 28 de enero de 2004, No 0018/2004 de 2 marzo de 2004, No 0076/2004 de 16 julio de 2004, y No 0025/2006 de 26 abril de 2006, puesto que, si bien la vía de impugnación administrativa se encuentra expedita y se ejerció con el presente recurso de alzada, empero, no excluye o corrige la ilegal omisión del SIN en la comunicación realizada en la parte resolutiva de la Resolución Sancionatoria. 

Expresó que, la Resolución Sancionatoria fue emitida el 15 de mayo de 2016 y la notificación fue realizada el 14 de junio de 2017, es decir, después de más de 13 meses, vulnerando el parágrafo III del artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), hecho reconocido como causal de nulidad en la Resolución Jerárquica STG-RJ-0160/2005. 

Indicó que, el Acta de Infracción estableció que la sujeto pasivo se apersone al Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, la que carece de competencia para realizar control tributario de la actividad, de donde evidenció que la infracción acusada fue realizada por un funcionario sin competencias para ejercer el control tributario y aplicar sanción, vulnerándole el derecho al debido proceso por ausencia de competencia de la autoridad que acusa la infracción. · 

Manifestó que, el Acta de Infracción fue labrada por la emisión de factura por consumo de un pollo y un refresco por el valor de Bs23, sin prueba que respalde, por lo que es una actuación inválida y debe declararse improbada. 

Por lo expuesto, solicitó la anulación o revocatoria total de la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16 de 1 de septiembre de 2016. 

II.2. Auto de Admisión El 6 de julio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARITCBA0224/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Fátima Lucia Rendón Calderón, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16 de 1 de septiembre de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 12 del expediente administrativo). 

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9001 . IBNORCA. Sistema de Gestion 

de la calidad Certificado N°EC-27U14

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Cochabamba 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

. 11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acredita Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales No 031700000521 de 31 de marzo de 2017 (fojas 18-19 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 28 de julio de 2017 (fojas 20-24 del expediente administrativo), se apersonó y respondió negativamente el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que la Resolución impugnada contiene la comunicación al contribuyente de la facultad de 

impugnación en la vía administrativa, sin embargo, al no establecer la via judicial, ésta no le fue restringida al contribuyente, más aún, si la parte recurrente no señaló si la omisión de 

información, le ha ocasionado perjuicio irreparable como condición “sine qua non”, para el intento de anulabilidad, por lo que al no haber sido expuesto para demostrar el principio de trascendencia de esta pretensión y acreditar que la anulabilidad podría resultar útil en el presente recurso, señalando a tal efecto la Sentencia Constitucional Plurinacional No 022/2015-S2. 

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De igual manera refirió que, el recurrente señaló que tenía la vía judicial expedita e incluso citó las Sentencias Constitucionales que dejaron vigente el Proceso Contencioso Tributario, dicho conocimiento denota que sí podía presentar su demanda por esa vía, por lo que afirmó que este argumento resulta dilatorio, más cuando la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-15, en su artículo 14, numeral 2, sub – numeral 2.2, sala los requisitos que debe contener toda Resolución Sancionatoria y al acto ahora impugnado en su resuelve segundo, indicó que, el recurrente puede interponer el recurso de impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, omitiendo señalar la interposición de recurso por la vía judicial, hecho que no se encuentra sancionado con la anulabilidad en ninguna normativa tributaria vigente, en base al principio de especificidad, por lo que no habría ocasionado perjuicio cierto e irreparable, señalando además la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0281/2016 de 15 de marzo de 2016. 

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Manifestó que, la notificación con el acto impugnado fue extemporánea, que la normativa nacional no establece un plazo perentorio para que la Administración Tributaria notifique con la Resolución Sancionatoria y recién con la notificación con el acto impugnado se abrió un plazo perentorio para que pueda impugnar en la vía que le convenga, pues la Resolución Jerárquica STG-RJ 0160/2005 que refiere la sujeto pasivo, hace referencia al plazo de la notificación con la resolución de recurso de alzada, pero que al contrario la 

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IBNORCA 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N’EC-27471

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0118/2012, refirió: “no corresponde dar curso a la solicitud de anulación de obrados por notificación del acto más allá del plazo previsto”; con lo que concluyó, refiriendo que, al haber notificado 13. meses después, no desemboca en la nulidad del acto, sin embargo, este extremo puede acarrear responsabilidad funcionaria por lo que deberá acudir a la vía legal que corresponda. 

Respecto a la incongruencia en el Acta de Infracción, expuso que dicho agravio no se encuentra sustentado, puesto que el Acta de Infracción N° 0145425 de 12 de mayo de 2016, cumple con los requisitos mínimos, conforme dispone el artículo 14, numeral 1, sub numeral 1.2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-15 y que entre estos requisitos señala el plazo y el lugar para descargos, en el “Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Cochabamba ...calle Jorn… N° 259…Edificio SIN… Piso 4to”, además refirió que la contribuyente presentó descargos ante la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN y por tanto no existe posibilidad de haberse materializado la supuesta incongruencia. 

De igual manera planteó que, no existe indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones como señala la Sentencia Constitucional N° 0287/2003-R de 11 de marzo de 2003 y que en el presente caso la contribuyente tuvo conocimiento desde el Acta de infracción hasta la Resolución Sancionatoria. Asimismo, señaló las Sentencias Constitucionales No 1262/2004 R, 1786/2204-R y refirió que en materia tributaria rige el principio de “ONUS PROBANDI” respecto a la carga de la prueba y que esta concordante con los artículos 76 y 80-1l de la Ley N° 2492 (CTB) establecen que la recurrente debió probar su afirmación, por lo que, en.. el presente caso no se vulneró ningún derecho constitucional o tributario. Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16 de 1 de septiembre de 2016. 

II.4. Apertura de término probatorio El 31 de julio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0224/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 25 del expediente administrativo). 

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de la Calidad Certificado N°EC-27414

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

II.4.1. Prueba de la Administración Tributaria Por memorial presentado el 21 de agosto de 2017, la Administración Tributaria ratificó en calidad de prueba documental, los antecedentes administrativos acompañados al memorial de respuesta de recurso de alzada; solicitando se pronuncie resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Sancionatoria N° 18-0218216 de 1 de septiembre de 2016 (fojas 27 del expediente administrativo). 

II.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria Mediante memorial presentado el 8 de septiembre de 2017, la Administración recurrida formuló alegatos dentro el expediente de referencia, reiterando los argumentos expuestos médiate el memorial de respuesta al recurso de alzada y concluyó reiterando la solicitud de confirmatoria del Acto impugnado (fojas 30-31 del expediente administrativo). – 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 5 de mayo 2016, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 0145428, por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, en razón a que los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyeron en el domicilio fiscal de Fátima Lucia Rendón Calderón, con NIT 6424482015, ubicado en la avenida San Martin N° 209, Zona Noreste, donde constataron bajo la modalidad de Observación Directa que la contribuyente no emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por la transacción de compra-venta de 1 pollo y un refresco por un importe de Bs23., estableciendo que al tratarse de la tercera vez correspondería una sanción con la clausura del establecimiento por 24 días continuos, además otorgó 20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho (fojas 10 de antecedentes administrativos). 

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El 31 de mayo de 2016, la sujeto pasivo presentó nota de descargo solicitando considerar los argumentos y pruebas literales presentadas y en estricta aplicación de la normativa jurídica, declare la inexistencia de la contravención acusada, ordenando en consecuencia el archivo de obrados (fojas 1-2 de antecedentes administrativos). 

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El 15 de agosto de 2016, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Informe CITE: SINGDCBBA/DF/PCOF/INF/03108/2016, concluyendo que los descargos presentados, resultan insuficientes para desvirtuar el ilícito incurrido; consecuentemente, recomendó la remisión de los antecedentes administrativos al 

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de la Calidad Certificado N°EC27414 

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  • Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mitayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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departamento jurídico y de cobranza coactiva, para la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fojas 5-8 de antecedentes administrativos). 

El 1 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16. que resolvió sancionar a la suieto pasivo con la clausura de doce (2 continuos del establecimiento, ubicado en la Avenida San Martin N° 209 Zona/Barrio Noreste, por la contravención de No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, por tratarse de la tercera vez en la que incurre en esta contravención, verificada mediante Acta de Infracción N° 0145428 de 12 de mayo de 2016, en aplicación del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y el numeral 7.1 del Anexo Régimen General de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-15. Acto notificado personalmente a Fátima Lucia Rendón Calderón el 14 de junio de 2017 (fojas 26-28 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Conforme à lo expuesto en el parágrafo | artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por Fátima Lucia Rendón Calderón, dentro de los cuales trajo a colación los siguientes agravios: 1.- Falta de competencia de la Administración tributaria; 2.- Extemporaneidad en la emisión y notificación de la Resolución impugnada; 3.- Falta de información en la Resolución impugnada, respecto a la via de impugnación judicial; y 4.- Carencia probatoria del ilícito tributario. 

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IV.1. Cuestiones de forma IV.1.1. Falta de competencia de la Administración tributaria La ahora recurrente señaló que, en el Acta de Infracción se estableció que la sujeto pasivo :.. se apersone al departamento de fiscalización de la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, la que carece de competencia para realizar control tributario de la actividad, de donde evidenció que la infracción acusada fue realizada por un funcionario sin competencias para ejercer el control tributario y aplicar sanción, vulnerándole el derecho al debido proceso por ausencia de competencia de la autoridad que acusa la infracción. 

Al respecto, la Administración Tributaria refirió que, dicho agravio no se encuentra sustentado, puesto que el Acta de Infracción N° 0145425 de 12 de mayo de 2016, cumple con los requisitos mínimos, conforme dispone el artículo 14, numeral 1, sub – numeral 1.2 Nord de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-15 y que entre estos requisitos señala s 

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III 

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

el plazo y el lugar para descargos, en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Cochabamba … calle Jordán… N° 259… Edificio SIN… Piso 4to; además refirió que, la contribuyente presentó descargos ante la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN y por tanto no existe posibilidad de haberse materializado la supuesta incongruencia. 

Al respecto, el artículo 3 de la Ley N° 2166 (Ley de Servicio de Impuestos Nacionales – S.I.N), de 22 de diciembre de 2000, al referirse a la función, dispone: “La función del Servicio de Impuestos Nacionales es administrar el sistema de impuestos y tiene como misión optimizar las recaudaciones, mediante: la administración, aplica 

fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos, la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias y la cobranza y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, con excepción de los tributos que por Ley administran, recaudan y fiscalizan las municipalidades

En este sentido, el inciso 1.1, del numeral 1, del artículo 14 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100032-15, referente al Régimen Sancionatorio por Contravenciones Tributarias, misma que se encontraba vigente al momento de operativo, al referirse a la imposición de sanciones por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, refiere: “El procedimiento de control tributario, seejecutado por el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital de la jurisdicción territorial donde se encuentre localizado el establecimiento objeto del control”. 

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Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de Infracción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 0145428 (fs. 10 de antecedentes administrativos) se encuentra firmada por Luz Eliana Oropeza como funcionaria actuante, misma que conforme a memorándum CITE: SIN/GDCBBA/DFIP COF/MEM/00259/2016 de 28 de abril de 2016 (fs. 15 de antecedentes administrativos), actuó bajo la dependencia de Karina Paula Balderrama Espinoza en calidad de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. Continuando con el análisis del Acta de Infracción de referencia, identifica como el lugar al que la ahora recurrente debe presentar sus descargos, como: “Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Cochabamba...calle Jordán… N° 259… Edificio SIN… Piso 4to

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N°EC2741

En consecuencia, de la normativa precedentemente citada, así como de la revisión de los yelpen 

antecedentes administrativos, se evidenció que la Administración Tributaria con legitimación 

NBI901 . C.B.C.R.

para realizar el operativo y tramitar el mismo es la Gerencia Distrital de la jurisdicción 

Justicia tributaria para vivir bien 

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Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

territorial donde se encuentre localizado el establecimiento objeto del control, en éste caso la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, aspecto que es evidenciado en el Acta de Infracción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 0145428, pues claramente identificó como lugar al que debe presentar sus descargos, al “Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Cochabamba… calle Jordán… N° 259… Edificio SIN… Piso 4to”; por lo que queda desvirtuado lo expuesto por la recurrente, máxime si la recurrente, presentó descargos al Acta de Infracción de referencia, mediante nota presentada el 31 de mayo de 2016, ante la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales y fue ésta la que tramitó todo el procedimiento, hasta la emisión del acto ahora impugnado. Por lo que corresponde desestimar el agravio planteado por la recurrente. 

IV.1.2. Extemporáneidad en la emisión y notificación de la Resolución impugnada La sujeto pasivo indicó que, Resolución Sancionatoria fue emitida el 15 de mayo de 2016 y la notificación fue realizada el 14 de junio de 2017, es decir, después de más de 13 meses, vulnerando el parágrafo III del artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), hecho reconocido como causal de nulidad en la Resolución Jerárquica N° STG-RJ-0160/2005. 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida, refirió que la normativa nacional no establece un plazo perentorio para que la Administración Tributaria notifique con la Resolución Sancionatoria y recién con la notificación con el acto impugnado se abrió un 

plazo perentorio para que pueda impugnar en la vía que le convenga, pues la Resolución Jerárquica STG-RJ 0160/2005 que refiere la sujeto pasivo hace referencia al plazo de la notificación con la resolución de recurso de alzada, pero que al contrario la Resolución. Jerárquica AGIT-RJ 0118/2012, refirió: “no corresponde dar curso a la solicitud de anulación de obrados por notificación del acto más allá del plazo previsto”, con lo que concluyó. refiriendo que al haber notificado 13 meses después, no desemboca en la nulidad del acto y que sin embargo este extremo puede acarrear responsabilidad funcionaria por lo que deberá acudir a la vía legal que corresponda. 

Al respecto, corresponde indicar preliminarmente que de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su indole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 489). 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De igual forma, se debe establecer que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. Al respecto, las Sentencias Constitucionales No 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (…)”. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la 

falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la 

autoridad administrativa. 

Adicionalmente, cabe anotar que la doctrina constitucional sostiene que el sistema 

normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los 

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sujetos de la relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 1845/2004-R, establece: “que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida”. 

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Ahora bien, en el caso de autos la Resolución Sancionatoria versa sobre la contravención tributaria de No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, de esta forma debemos aclarar que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014 estableció el 

procedimiento a seguir para sancionar este tipo de contravenciones, refiriendo que en tanto se regule el procedimiento sancionador se aplicará el procedimiento contravencional establecido en el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que esta instancia recursiva analizará el procedimiento establecido en el citado artículo a fin de verificar el vicio denunciado por el recurrente. 

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Ahora bien, remitiéndonos al artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que este 

dispone que: “). Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada a

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de la

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9001 – IBNORCA Sistema de Gestión 

de la calidad Certificado N*EC-27V14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Ecuador y Venezuela Telfs: (4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

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contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. /. En casos de denuncias, la 

Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.” 

De la citada norma, se colige que el procedimiento sancionador establecido en la Sentencia 

Constitucional N° 100/2014, no dispone un plazo que obligue a la Administración Tributaria, 

efectuar la notificación de la Resolución Sancionatoria emitida. Además debemos señalar 

que los actos administrativos producen efectos jurídicos sobre el administrado a partir de su notificación, de conformidad al parágrafo I del artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA) que dispone: “9. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación.”, consecuentemente, el hecho de haber notificado la Resolución Sancionatoria después de 13 meses de su emisión, no vulneró ningún derecho al sujeto pasivo, pues es a partir de su notificación que recién produce sus efectos jurídicos, aperturando el plazo para su impugnación, plazo en el 

cual el recurrente en uso de su derecho a la defensa interpuso el presente recurso de alzada. 

Por otra parte, en lo que respecta al parágrafo III del artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), se debe indicar que si bien dispone que la notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado, empero no sanciona su incumplimiento con la nulidad del acto; no siendo esta una causal de nulidad, toda vez que el parágrafo III del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), señala de forma claramente son 

:: IBNORCA que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

Consecuentemente, el haber notificado la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16 después de mucho tiempo de su emisión, no desemboca en la nulidad del acto, pudiendo acarrear solamente responsabilidad funcionaria al servidor público responsable conforme a la Ley N° 1178, además que el plazo otorgado es para que los servidores públicos, no se extiendan discrecionalmente en la emisión de la Resolución; agregando que, tampoco se identificaron aspectos que hayan producido o provocado indefensión, reiterando que, no corresponde la nulidad por este aspecto; por lo que no corresponde alegado por la 

recurrente al respecto. 

IV.1.3. Falta de información en la Resolución Impugnada, respecto a la vía de impugnación judicial La recurrente señaló que, la Administración Tributaria omitió comunicar que tenía la posibilidad de impugnar en la vía judicial conforme está previsto en la Ley N° 1340 (CTB abrogado), misma que fue reconocida por las Sentencias Constitucionales N° 0009/2004 de 28 de enero de 2004, No 0018/2004 de 2 marzo de 2004, No 0076/2004 de 16 julio de 2004, y N° 0025/2006 de 26 abril de 2006, puesto que si bien la vía de impugnación administrativa se encuentra expedita y se ejerció con el presente Recurso de Alzada, empero no excluye o corrige la ilegal omisión del SIN en la comunicación realizada en la parte resolutiva de la Resolución Sancionatoria. 

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Al respecto, la Administración Tributaria refirió que, la Resolución impugnada contiene la comunicación al contribuyente de la facultad de impugnación en la vía administrativa, sin embargo, al no establecer la via judicial, ésta no le fue restringida al contribuyente y que ésta no señaló si la omisión de información, le ha ocasionado un perjuicio irreparable como condición “sine qua non”, para el intento de anulabilidad, por lo que al no haber sido expuesto para demostrar el principio de trascendencia de esta pretensión y acreditar que la anulabilidad podría resultar útil en el presente recurso, señalando a tal efecto la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015-S2. 

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De igual manera refirió que, la recurrente señaló que tenía la vía judicial expedita e incluso citó las sentencias constitucionales que dejaron vigente el Proceso Contencioso Tributario, 

dicho conocimiento denota que si podía presentar su demanda por ésta vía, por lo que este vo largumento resulta dilatorio, más cuando la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032- Noosoo 5, en su artículo 14, numeral 2, sub – numeral 2.2, señala los requisitos que debe contener 

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toda Resolución Sancionatoria y al acto ahora impugnado en su resuelve segundo, indica que el recurrente puede interponer el recurso de impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, omitió señalar la interposición de recurso por la via judicial, hecho que no se encuentra sancionado con la anulabilidad en ninguna normativa tributaria vigente, en base al principio de especificidad, por lo que no habría ocasionado perjuicio cierto e irreparable, señalando además la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0281/2016 de 15 de marzo de 2016. 

Así expuestos los argumentos de ambas partes, respecto a la nulidad de los actos, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015-S2 de 16 de enero, estableció que: “(…) los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ninn trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros rminos “No hay nulidad, sin ley específica que la establezca” (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil p. 386) (…)”. 

Respecto a la impugnación de actos administrativos, la normativa tributaria dispone en el artículo 131 de la Ley N° 2492 (CTB) que: “Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el presente Titulo. Contra la resolución que resuelva el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme a procedimiento que establece este código (…)”. 

En relación a los requisitos de la Resolución Sancionatoria debemos salar que la Administración Tributaria en aplicación de su facultad normativa, dispuesta en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, que en su artículo 17, Caso 3, establece que la Resolución Sancionatoria debe contener como requisitos mínimos: a) Número de Resolución Sancionatoria; b) Lugar y fecha de emisión; : c) Nombre o razón social del contribuyente; d) Número de identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito); e) Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción; f) Acto u omisión que originá la posible contravención y norma específica infringida; g) Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se poole encuentre establecida; h) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, some on 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

documentación e información presentadas por el Sujeto Pasivo y la valoración realizada por la Administración Tributaria; i) Deber de cumplir con la presentación de la documentación faltante o el deber formal extrañado; j) Plazos y Recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración Tributaria vencido dicho plazo; k) Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva. 

Ahora bien, remitiéndonos a la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16, se advierte que en su resuelve segundo señala de forma expresa: “SEGUNDO.- Comunicar al contribuyente, que en resguardo de sus intereses, tiene la facultad de impugnar la presente Resolución en la vía Administrativa, ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), considerando los 20 (veinte) días establecidos por el artículo 143 de la Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) computables a partir de su legal notificación con la presente 

Resolución, bajo alternativa de proceder a la clausura del establecimiento comercial”. 

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De esta forma, se puede evidenciar que si bien la Resolución Sancionatoria señaló que, el recurrente puede interponer recurso de impugnación ante la Autoridad Regional de 

impugnación Tributaria, omitió señalar la interposición de recurso por la vía judicial, sin embargo, este hecho no se encuentra sancionado con la nulidad del acto en ninguna normativa tributaria vigente, no pudiendo proceder la anulabilidad del acto por la ausencia de un requisito no contemplado en Código Tributario, en consideración al principio de especificidad. 

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Asimismo, se debe considerar que las vías de impugnación están claramente establecidas tanto en la Ley N° 1340 (CTb abrogado) así como en la Ley N° 2492 (CTB), que se constituyen en normas de carácter general, siendo éstas de conformidad al artículo 108 de 

la Constitución Política del Estado (CPE), de conocimiento general y de cumplimiento TEX obligatorio, por lo que si bien es cierto que la Administración Tributaria debe señalar en sus 

actos definitivos, los recursos de impugnación que puede ejercer los sujetos pasivos, no 

menos cierto es que estos últimos tienen el deber de conocer las leyes y cumplirlas, no pudiendo alegar desconocimiento de la Ley, como medio de defensa. 

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En este sentido es menester indicar que, de acuerdo al contenido del Recurso de Aizada la sujeto pasivo conocía a la perfección las vías de impugnación establecidas en las Leyes No 

1340 (CTB abrogada) parte pertinente y 2492 (CTB), toda vez que objeto en su nota de CRCR interposición del Recurso de Alzada, la ausencia de pronunciamiento de la Administración 

IBNORCA Tributaria en la Resolución Sancionatoria impugnada, acerca de la interposición de recurso sis 

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III 

III 

de impugnación por vía judicial, demuestra que aun conociendo la via judicial de impugnación, optó por la interposición del Recurso de Alzada, por lo cual no existió vulneración a ningún derecho; pues fue la misma recurrente quien tomó la decisión de impugnar la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16 en vía administrativa. 

Dicho razonamiento es compartido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0281/2016 de 15 de marzo de 2016, en el parágrafo viii., en la que refirió: “De lo expuesto, corresponde manifestar que si bien es cierto que la Resolución Sancionatoria, omitió mencionar que altemativamente la contribuyente podía optar por la impugnación en la via judicial, conforme a lo previsto en los artículo 174 y 227 de la Ley N° 1340 (CTb; no es menos evidente, que dichos preceptos normativos fueron de conocimiento de Fátima Lucia Rendón Calderón, como expuso en şu Recurso de Alzada; por lo que bien pudo haber interpuesto su demanda contencioso administrativa, renunció voluntanamente a ese medio de impugnación. En ese entendido, no habiéndose configurado ningún de las causales previstas en el Parágrafo II, Artículo 36, de la Ley N° 2341 (LPA), toda vez que la recurrente no demostró que dicha omisión le haya causado indefensión, se desestima la posibilidad de anular la citada Resolución por este concepto; así como la vulneración del Principio de Legalidad)(Negrillas y subrayado nuestros). 

.:::..:

Del precedente mencionado, corresponde precisar que se trata de un proceso en el que la ahora recurrente también planteó el mismo argumento ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en sentido de que la Administración Tributaria no le hizo conocer la via de impugnación judicial en la Resolución Final de Sumario, sino tan sólo la vía de impugnación administrativa; por lo que, llama la atención y resulta por demás incongruente que luego de la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0281/2016 de 15 de marzo de 2016 resolviendo respecto a las dos vías de impugnación- la recurrenté aún persista en alegar desconocimiento de la vía de impugnación judicial, utilizar dicho argumento carente de sustento, que únicamente se dirige a dilación. Consecuentemente, corresponde desestimar lo manifestado por la recurrente. 

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IV.1.4. Carencia probatoria del ilícito tributario Fátima Lucia Rendón Calderón, manifestó que el Acta de infracción se labró por la no emisión de factura por consumo de un pollo y un refresco por el valor de Bs23, sin prueba que respalde, por lo que es una actuación inválida y debe declararse improbada.

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Al respecto, la Administración Tributaria señaló que no existe indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones como señala la Sentencia Constitucional N° 0287/2003R de 11 de marzo de 2003 y que en el presente caso la contribuyente tuvo conocimiento desde el Acta de infracción hasta la Resolución Sancionatoria. Asimismo, señaló las Sentencias Constitucionales N° 1262/2004R, 1786/2204R y refirió que en materia tributaria rige el principio de “ONUS PROBANDIrespecto a la carga de la prueba y que ésta es concordante con los artículos 76 y 8011 de la Ley N° 2492 (CTB) establecen que la recurrente debió probar su afirmación, por lo que en el presente caso no se vulneró ningún derecho constitucional o tributario. 

Con relación a la prueba, la doctrina entiende esta como el conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina a demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente datos que resultan documentos que se encuentran en poder de las partes o de terceros; plazo en el procedimiento administrativo es el espacio de tiempo útil para realizar una actividad procedimental; el plazo es perentorio, cuando su vencimiento es decisivo o concluyente, extingue el derecho Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Págs. 817, 614, 759 y 743”

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Por otra parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define prueba como el “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su indole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas”; ahora en cuanto a la prueba documental, señala que “Es la formada por los documentos que las partes tengan en su poder y que presenten en el juicio dentro del término procesal oportuno.” (Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26a Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, paginas 625-626). 

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En la normativa tributaria, la Ley N° 2492 (CTB) dispone en su artículo 76 que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.” 

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Asimismo el parágrafo III del artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que: “III.. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieran sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario.” 

En este sentido, remitiéndonos al Acta de Infracción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente No 145428, esta instancia recursiva pudo evidenciar que la funcionaria actuante hizo constar que verificó bajo la modalidad de observación directa que la sujeto pasivo no emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de un. pollo y un refresco por un importe de Bs23.-; acta que fue firmada por un dependiente encargado al momento del operativo y que además consigna la firma y nombre de un testigo de actuación que corroboró los hechos consignados en la referida Acta. 

Ahora bien, la recurrente como descargo al acta de infracción, mediante nota presentó argumentos de descargo y acompañó únicamente una copia del Acta de Infracción (fojas 1 3 de antecedentes administrativos), argumentos que en suma son los mismos a los expuestos en el presente recurso de alzada y que ya fueron analizados uno a uno. 

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En contraposición, de conformidad al artículo 77 parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), el. Acta de Infracción hace prueba de los hechos recogidos en ella, en este sentido, debe considerarse que la servidora pública constató in situ la comisión de la contravención a través de la observación directa, de esta forma resulta evidente que exis pollo y un refresco por un importe de Bs23.-, misma que no fue debidamente facturada, accionar que dio lugar a la emisión del Acta de infracción y a la que la sujeto pasivo, no hizo constar oposición u observación alguna; por lo que, en aplicación del artículo 76 de la Ley. N° 2492 (CTB) corresponde desvirtuar lo agraviado por la sujeto pasivo al no presentar prueba que acredite el extremo. 

En suma, de la revisión de los antecedentes administrativos y la normativa aplicada al caso; se evidencia que la Resolución Sancionatoria impugnada no contiene vicios de nulidad, por cuanto los hechos denunciados por la recurrente no se encuentran sancionados con la nulidad del acto; asimismo, advertimos que durante la sustanciación del proceso sancionador y ante esta instancia recursiva, la sujeto pasivo no pudo desvirtuar la comisión de la contravención tributaria; consecuentemente corresponde, confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16 de 1 de septiembre de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-02182-16 de 1 de septiembre de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTERINA Autoridad Regional de limpugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia Legal de la Autoridad Regional de 

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