ARIT-CBA-RA-0378-2017 El SIN determinó sancionar al contribuyente por la no emisión de factura, de acuerdo al procedimiento de verificación de documentos y medios informáticos auxiliares, sin embargo la AIT en la revisión de antecedentes no evidenció pruebas de que los funcionarios del SIN hayan realizado el procedimiento correctamente para demostrar el hecho generador y la obligación de facturar por el mismo.

ARIT-CBA-RA-0378-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBARA 0378/2017 Recurrente : Josué Cristian Arias Cruz 

Recurrido 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza 

Expediente 

: ARIT-CBA-020.7/201

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N° 18-02742-16 de 12 de diciembre de 

2016 

Fech

: Cochabamba, 25 de septiembre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBAVITJ 0378/2017 de 25 de septiembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria 

Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

DIONAL D

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SIGNACION 

  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-02742-16 de 12 de diciembre de 2016, sancionando a Josué Cristian Arias Cruz, con la clausura de seis (6) días continuos del establecimiento ubicado en la Avenida Ayacucho N° 429, Edificio “Magui”, Planta Baja, Zona/Barrio: Sud Oeste, por la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por tratarse de la primera vez que incurre en la contravención, verificada mediante Acta de Infracción No 00035842 (Form. No 7525) de 13 de septiembre de 2016, en aplicación del parágrafo Il y III del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo II del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-15, con derecho a la convertibilidad. Acto notificado mediante cédula a Josué Cristian Arias Cruz, el 1 de junio de 2017 (fojas 1-2 y 4 del expediente administrativo). 

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Espadstostrada 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del recurrente 

José Cristian Arias Cruz mediante memoriales de 20 de junio de 2017 y subsanación de 3 de julio de 2017 (fojas 5-6 y 10 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-02742-16 de 12 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando 

lo siguiente: 

Justicia tributaria para vivir bien 

  • Página 1 de 16 Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte mbaerepi Vae (Guaraní) 

Telfs./Fax: 4140011 4140012• www.ait.gob.bo . Cochabamba – Bolivia 

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IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N’EC-27413 

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Que los servidores del SIN ingresaron a su establecimiento, indicando la existencia de una denuncia por la venta de un celular, sin emitir la correspondiente factura, para ello mostraron una nota de venta la misma que no pertenece a la tienda. 

Señaló que la modalidad empleada -según la Administración Tributaria- fue de Revisión de Documentos; sin embargo, nunca revisaron documento alguno en la tienda, otro aspecto que observó es que la consignación del precio en el Acta de Infracción de Bs2.710.- no corresponde a la nota de venta, la misma que no consigna precio, tampoco consignó el tipo, marca o modelo de celular. 

Cuestionó que -si se trataba de una denuncia- debió tramitarse de acuerdo a la normativa de denuncias conforme la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-15, notificándole con un Auto Inicial de Sumario Contravencional y no con el Acta de Infracción. 

Indicó que la Administración Tributaria, con las facultades de investigación que cuenta, debió acompañar la nota de venta como prueba fundamental para la intervención, como respaldo probatorio para justificar el tipo de procedimiento. 

Denunció que el proceso sancionador, tuvo una duración de más de ocho (8) meses, ya que el Acta de Infracción fue labrada el 13 de septiembre de 2016 y la Resolución Sancionatoria fue emitida el 12 de diciembre de 2016, notificada recién el 1 de junio de 2017, quebrantando los plazos establecidos en la normativa, vulnerando el debido proceso. 

Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 18 02742-16 de 12 de diciembre de 2016, o anular obrados dejando sin efecto la sanción de clausura. 

11.2. Auto de Admisión El 4 de julio de 2016, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0207/2017, del Recurso de Alzada interpuesto por Josué Cristian Arias Cruz contra la Resolución Sancionatoria N° 18-02742 16 de 12 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 11 del expediente administrativo). 

SENA

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II.3. Respuesta de la Administración Tributaria .La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, quien acredito personería conforme Resolución 

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IBNORCA 

Sistema de Gestion 

de la Calidad Cemilicado N*EC-274-14 

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Cochabamba 

II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Administrativa de Presidencia No 031700000521 de 31 de marzo de 2017 (fojas 14-15 del expediente administrativo), por memorial presentado el 24 de julio de 2017 (fojas 16-22 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

Supuesto incumplimiento de la modalidad de revisión y el debido proceso cumplido Manifestó que los funcionarios verificaron in situ” bajo la modalidad de revisión de documentos y medios informáticos auxiliares (Nota de venta No 004810), la contravención de no emisión de factura o documento equivalente, conforme la Resolución Normativa de Directorio N° 10-002-15, labrando la correspondiente Acta de infracción que cumple con el tenor integro de los artículos 65 y 77 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Inexistencia de prueba de descargo Señaló que la. Administración Tributaria, no vulneró el debido proceso, toda vez que en el procedimiento desde la intervención con el Acta de Infracción, el sujeto pasivo nunca presentó descargos para ser considerados

FIONALA 

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Nacimiento de la Obligación Tributaria Materialización de la transacción Alegó que el sujeto pasivo no adjuntó prueba que contradiga la materialización del hecho generador de la contravención, por lo que la aplicación de la verdad material conduce al reconocimiento de la materialización de la transacción. 

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Principios constitucionales y administrativos cumplidos Indicó que los principios constitucionales y administrativos fueron cumplidos, la Resolución Sancionatoria ahora impugnada fue emitida en estricta aplicación del artículo 168 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no vulneró el derecho del contribuyente al debido proceso, toda vez que el Acta de Infracción fue entregada al responsable quien firmó el mismo. 

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Improcedencia de la nulidad solicitada Manifestó que la solicitud de nulidad no es aplicable, por cuanto en materia de procedimiento administrativo, sólo opera en el supuesto de incurrir en la carencia de requisitos formales indispensables para alcanzar su fin; fundamentó que en la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional No 1262/2004-R de 10 de agosto, No 0444/2011-R de 18 de abril y otras, la nulidad debe aplicarse como última medida en caso de indefensión, aspecto que no ocurrió en el 

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* 9001 

IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado NEC27411 

presente caso. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Ayrara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

Av. Oquendo N° 0381 entre Ecuador y Venezuela zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba – Bolivia 

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III 

III 

Por todo lo señalado, solicitó confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-02742-16 de 12 de diciembre de 2016. 

II.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba El 25 de julio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0207/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 23 del expediente administrativo). 

II.4.1. Prueba del Sujeto Pasivo El 14 de agosto de 2017, el sujeto pasivo ofreció como prueba testifical a Susan Teresa Rengel Machicado, produciéndola el 21 de agosto de 2017, conforme establece el Acta de Audiencia de Declaración Testifical EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0207/2017, oportunidad en la que la testigo de descargo, procedió a absolver el interrogatorio acompañado para el efecto (fojas 25 y 33-34 del expediente administrativo). 

II.4.2. Prueba Administración Tributaria El 15 de agosto de 2017, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificó en calidad de prueba documental la acompañada al memorial de respuesta del Recurso de Alzada (fojas 28 del expediente administrativo). 

Î1.5. Alegatos 11.5.1. Sujeto Pasivo El 31 de agosto de 2017, Josué Cristian Arias Cruz presentó alegatos en conclusión reiterando los fundamentos de su recurso, enfatizando en el hecho de que no existe respaldo documental o prueba que acredite la revisión de documento alguno dentro su establecimiento comercial amparándose en el onus probandi y en el deber que tiene el fisco 

de probar la contravención por el affirmati incubi probatio, al ser el Acta de Infracción el 

principal medio probatorio (fojas 38-39 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 13 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 00035842, en razón a que los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyeron en el domicilio fiscal de ti Josué Cristian Arias Cruz, con NIT 5906712019, ubicado en la Avenida Ayacucho N° 429, Edificio “Magui”, PB, Zona Sud Oeste, donde constataron que el contribuyente no emitió siente de 

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NB ISO 

9001 IBNORC

Certificado NEC-27414 

Cochabamba 

IIIIII 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

factura, nota fiscal o documento equivalente por la transacción de compra-venta de un celular por un importe de Bs2.710.- procediendo a intervenir la factura No 67, con número de autorización 257101600031846, solicitando la emisión de la factura No 69, sancionando con la clausura del establecimiento por 6 días continuos por tratarse de la primera vez o multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, además otorgó 20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho (fojas 3 de antecedentes administrativos). 

El 27 de enero de 2016, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/CP/INF/9301/2016, concluyendo que el sujeto pasivo, no presentó descargo alguno para desvirtuar el” ilícito tributario incurrido; por lo que recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria en cumplimiento y aplicación del sub numeral 2.2 del numeral 2 del artículo 14 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032 (fojas 1-2 de antecedentes administrativos). 

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El 12 de diciembre de 2016, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-02742-16 de 12 de diciembre de 2016, que sancionó a Josué Cristian Arias Cruz, con NIT 5906712019, con la clausura de seis (6) días continuos del establecimiento ubicado en la Avenida Ayacucho N° 429, Edificio “Magui”, Planta Baja, Zona/Barrio: Sud Oeste, por la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por tratarse de la primera vez que incurre en la contravención, verificada mediante Acta de Infracción No 00035842 de 13 de septiembre de 2016, en aplicación del parágrafo II y III del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo II del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-15, con derecho a la convertibilidad. Acto notificado mediante cédula, el 1 de junio de 2017 (fojas 16-17 y 21 del expediente administrativo). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA De la lectura del Recurso de Alzada, el recurrenţe trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos de forma y de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva verificará y analizará la existencia de los vicios procesales denunciados y de no ser evidentes, ingresará a considerar las cuestiones de fondo.

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En el presente caso, dentro el planteamiento de la impugnación agravió como aspecto de 2001 forma: 1) El plazo para el procedimiento sancionador y; 2) La nodalidad de control fiscal Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N’EC-2701

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

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efectuado. En consecuencia, corresponde resolver si en el procedimiento sancionador se aplicó o no correctamente la normativa especifica establecida al efecto. 

IV.1. Del plazo establecido para el procedimiento sancionador El recurrente solicitó la nulidad del acto recurrido, argumentando que el proceso sancionador tuvo una duración de más de ocho (8) meses, toda vez que el Acta de Infracción fue labrada el 13 de septiembre de 2016 y la Resolución Sancionatoria fue emitida el 12 de diciembre de 2016 notificada el 1 de junio de 2017, quebrantando los plazos perentorios establecidos en la normativa, vulnerando el debido proceso. 

Al respecto, debemos indicar que la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, define el debido proceso como: “(…) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (…)“. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

Es así que el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; por su parte, el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) establece como uno de sus derechos del sujeto pasivo, el debido proceso. 

Asimismo, el artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) señala que son anulables los actos administrativos, cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; 10 asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), normas aplicables en Sistema de cio 

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NBASO 

IBNORCA 

Cenificado N’EC-214:14 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

materia tributaria por mandato del artículo 201 de la Ley N°2492 (CTB), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

Consecuentemente, se debe establecer que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada 

expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. 

Resulta importante señalar que en el caso de sanciones por la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014, declaró la inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado, que señala: “Concluida la misma, procedela clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el parágrafo Il del artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”. Sin embargo, aclara que la 

declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido del parágrafo Il del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), por no haber sido sometido a control de constitucionalidad. Adicionalmente, estableció que en tanto se regule el procedimiento sancionador se aplicará el procedimiento contravencional establecido en el artículo 168 del Código Tributario 

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Remitiéndonos al citado artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que el mismo 

establece que: ). Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) dias para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha

NBiso Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título Ill de este 9001 – 

IBNORCA Código”. 

Justicia tributaria para vivir bien 

Página 7 de 16 Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita 

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela zona Central Norte mbaerepi Vae (Guarani) 

Telfs./Fax: 4140011 – 4140012• www.ait.gob.bo . Cochabamba – Bolivia 

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Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N’EC-27414 

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Asimismo, conforme los antecedentes administrativos, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente No 00035842 el 13 de septiembre de 2016, abriendo el plazo de 20 días para la presentación de descargos hasta el 3 de octubre de 2016 (fojas 3 de antecedentes administrativos); consecuentemente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondía que la Administración Tributaria emita la resolución final de sumario hasta el 24 de octubre de 2016; sin embargo, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-02742-16 el 12 de diciembre de 2016 y la notificó el 1 de 

junio de 2017 

Sobre este punto, es importante señalar que si bien el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que transcurrido el plazo para ofrecer descargos, sin que se hayan aportado pruebas o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes, empero no sanciona su incumplimiento con la nulidad del proceso sancionador. 

Por otra parte, se debe considerar que la nulidad de los actos debe estar sancionado expresamente en la normativa (Principio de Especificidad), pues no basta con la sola infracción del procedimiento establecido para su configuración, toda vez que bajo el principio de legalidad, es necesario que la nulidad del procedimiento se encuentre expresa y específicamente contemplada en las normas, conforme establece el parágrafo lll del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), que señala que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

Adicionalmente, se tiene que los actos administrativos producen efectos jurídicos sobre el administrado a partir de su notificación, de conformidad al parágrafo I del artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA) que a la letra señala: “l. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación.“, consecuentemente el hecho de haber notificado la Resolución Sancionatoria después del plazo establecido en el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) no vulneró ningún derecho al sujeto pasivo, pues es a partir de su notificación que recién produce efectos jurídicos, abriendo el plazo para efectuar la impugnación, término en el cual, el recurrente en uso de su derecho a la defensa interpuso el presente recurso de alzada, consecuentemente, no corresponde lo manifestado por la parte recurrente al respecto. 

NOSSO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestion 

de la Calidad Cerulicado NEC-27414 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

A mayor abundamiento, se debe señalar que cada proceso sancionador debe seguir su ciclo y conducto regular dentro su tramitación y sustanciación, pudiendo identificarse con precisión cada uno de ellos, sin que la temporalidad en su conclusión se constituya en un vicio de nulidad o vulnere algún derecho como arguyó el recurrente; considerando además que la normativa, no contempla la pérdida de competencia o preclusión del derecho del Ente Fiscal para sancionar, pues el retraso en la emisión y notificación del Acto, no es causal de nulidad; toda vez que su incumplimiento está sujeto a lo establecido en la Ley N° 1178; además que el plazo otorgado es para que los servidores públicos, no se extiendan discrecionalmente en la emisión de la Resolución; agregando que tampoco se identificaron aspectos que hayan producido o provocado indefensión, reiterando que no corresponde la nulidad por este aspecto. 

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IV.2. De la modalidad del control fiscal efectuado El sujeto pasivo, solicitó la nulidad denunciando la vulneración de sus derechos constitucionales del debido proceso, defensa, verdad material, principio de congruencia y seguridad jurídica, denunciando una equivocada aplicación de la modalidad de control fiscal efectuado por los funcionarios de la Administración Tributaria amparándose en el inciso c) del parágrafo I del artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA). .. 

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Al respecto, la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre entre otras estableció que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 

conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la 

misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego à la justicia (…)”. 

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IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N’EC-274/1

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

De igual forma, la Sentencia Constitucional SC 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas;. al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. 

La Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, dispuso: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.”

Respecto al acto administrativo la doctrina señala que ” (...) el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo IV, Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. Il-36 y ll-37). 

En ese entendido, el artículo 115 parágrafo il de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso, que según la 

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que seguir la 

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jurisprudencia constitucional tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. 

El artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), enumeró los elementos esenciales de un Acto Administrativo, encontrándose entre estos: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando; además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo. 

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Por su parte, los parágrafos I y II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el artículo 201 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción de ordenamiento jurídico, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.

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En ese entendido, la parte recurrente indicó que la modalidad empleada según la. Administración Tributaria fue de “revisión de documentos”; sin embargo, afirmó que nunca 

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revisaron documento alguno en la tienda, otro aspecto observado es la consignación del 

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precio en el Acta de Infracción de Bs2.710.- ni corresponde a la nota de venta, no consigna · precio ni establece el tipo, marca o modelo de celular, de esta manera, enfatizó el hecho de que si era una denuncia, debió tramitarse de acuerdo a lo establecido en la normativa conforme la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-15; debiendo notificarle un 

Auto Inicial de Sumario Contravencional y no un Acta de Infracción. 

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Por su parte, la Administración Tributaria señaló que los funcionarios verificaron in situ bajo la modalidad de revisión de documentos y medios informáticos auxiliares (Nota de venta No 004810), la contravención de no emisión de factura o documento equivalente, conforme la Resolución Normativa de Directorio N° 10-002-15, labrando el Acta de Infracción que cumple con el tenor integro de los artículos 65 y 77 de la Ley N° 2492 (CTB); además que et sujeto pasivo no adjuntó prueba que contradiga la materialización del hecho generador de la contravención, por lo que la aplicación de la verdad material conducen al reconocimiento de la materialización de la transacción. 

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de la Calidad Certificado N’EC-27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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De esta manera, con relación a la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014 de 10 de enero de 2014, estableció que la sanción de clausura debe ser aplicada necesariamente a través de un proceso administrativo sancionador; toda vez que la clausura inmediata establecida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, conlleva la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa; correspondiendo analizar si en el procedimiento sancionador se aplicó correctamente la normativa específica 

establecida al efecto. 

En principio, el procedimiento sancionador de no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se encuentra inmerso en los artículos 2 y 3 Decreto Supremo No 28247 de 14 de julio de 2005, así como en la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0002-15 de 30 de enero de 2015 a consecuencia de las reformas establecidas en la Ley N° 317 al artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB). 

El artículo 7 parágrafo I de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0002-15 establece que en el procedimiento que aplica la Administración Tributaria para verificar y controlar, una vez perfeccionado el hecho imponible, el cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente de control fiscal se puede utilizar las. siguientes modalidades: 

“1. Observación Directa: Modalidad por la cual los servidores públicos del SIN acreditados para el efecto, observan la ocurrencia del hecho generador en la compra de bienes y/o prestación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente, en el marco del Decreto Supremo N° 28247. Si como efecto de la observación, se advierte la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, se requerirá al comprador los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De no presentarse esta última, los servidores públicos del SIN acreditados para el efecto solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si la transacción objeto del control se encuentra facturada; en caso de evidenciarse la no emisión de factura, se intervendrá la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello de “Intervenida por el SIN.” (…) 

  1. 2. Compras de Control: Modalidad que consiste en la adquisición de bienes ylo contratación de servicios por los servidores públicos y/o personas contratadas para el efecto 

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Cochabamba

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por el SIN, con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, en el marco del Decreto Supremo N° 28247. (…) 

  1. Revisión de documentos y medios informáticos auxiliares: Modalidad mediante la cual los servidores públicos y/o personas contratadas para el efecto por el SIN, verificarán registros auxiliares como ser libro de ventas menores, registros de control informático de ventas o prestación de servicios del sujeto pasivo a objeto de corroborar la facturación emitida inclusive hasta del dia anterior. En caso de establecerse la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, los servidores públicos y/o personas contratadas para el efecto por el SIN, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello de “Intervenida por el SIN” y solicitarán la emisión de la factura por la venta de bienes o prestación de servicios verificada en los registros auxiliares y.se labrará la correspondiente “Acta de Infracción” por la no emisión de factura, dando inicio al proceso sancionador. Cuando el sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente no cuente con el talonario de facturas o impida la intervención de la factura; se debe dejar constancia expresa de este hecho en el “Acta de infracción” por la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Asimismo, se dejará constancia expresa en caso de que el sujeto pasivo se rehúse a la emisión de la factura por la compra observada. (…)

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  1. Control móvil de facturación: Modalidad en la cual los servidores públicos y/o personas, contratadas para el efecto por el SIN, observan la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes en el domicilio tributario del sujeto pasivo, por lapsos de tiempo determinados varias veces en un día, a fin de establecer presencia fiscal y obtener información para la programación de fiscalizaciones cuando correspondan. (...)“. Todo ello, en aplicación a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014 de 10 de enero de 2014, tal como se precisó en acápites previos, a fin de que el contribuyente se encuentre a derecho y tenga la posibilidad de asumir defensa. 

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En tal virtud, se tiene que la Administración Tributaria conforme a las facultades específicas Villalta mind – 

de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, establecidas en los artículos 66 numeral 1 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB); respecto a la verificación del cumplimiento de deberes formales y de la obligación de emitir factura; así como la aplicación de la Sentencia Constitucional citada, procedió dentro el presente caso, a un operativo verificación del cumplimiento de la obligación de emitir factura en el establecimiento de la contribuyente, tal como estableció en el Acta de Infracción N

00035842 de 13 de septiembre de 2016 y la Resolución Sancionatoria -ahora impugnada- sister 

Justicia tributaria para vivir bien. 

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fue bajo la modalidad de revisión de documentos y medios informáticos auxiliares establecida en el inciso 3 del parágrafo I del artículo 7. de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-000215 de 30 de enero de 2015, descartando las otras modalidades, toda vez que no se efectuó por Observación Directa, Compras de Control y Control móvil de facturación, por cuanto los funcionarios, no realizaron el operativo por constatación directa, es decir, no vieron por simple observación la ocurrencia del hecho generador en la compra de bienes y/o prestación de servicios, como ocurre en estas tres modalidades. 

Por el contrario, al aplicar la revisión de documentos y medios informáticos auxiliares, en el establecimiento del sujeto pasivo, infirieron en la comisión de la contravención, aspecto de crucial importancia, puesto que con un conocimiento a priori, producto de la revisión de documentación entre otros- no limitativos: Libros Auxiliares como ser de ventas menores, Diarios, notas de remisión, entrega, recibos, talonarios de facturas, Kardex, Inventarios y cualquier otro manejado en el establecimiento de apoyo a la contabilidad, sin perjuicio de los obligados a llevar por Ley, o de medios informáticos si corresponde al evidenciar equipos informáticos (Computadoras, Laptops, Notebooks, Tablet‘s, Pad’s y otros) en el establecimiento incluyendo cámaras de seguridad- concluirán si el sujeto pasivo 

cometió o no la contravención, no pudiendo emitir su conclusión sin haber agotado dicha 

revisión. 

Sustentado este aspecto, ya en el análisis del caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 13 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente No 00035842, señalando que los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyeron en el domicilio fiscal de Josué Cristian Arias Cruz, con NIT 5906712019, ubicado en la Avenida Ayacucho N°429, Centro Comercial “Magui”, PB, Zona Sud Oeste, donde a través de la modalidad establecida en el numeral 3 del artículo 7 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 100002-15, constataron que el contribuyente no 

emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por la transacción de compra-venta de un celular por un importe de Bs2.710.- procediendo a intervenir la factura No 67, con número de autorización 257101600031846, solicitándole la emisión de la factura No 69, sancionando con la clausura del establecimiento por 6 días continuos por tratarse de la primera vez o multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, v en adelante en la que incurre en la contravención, además otorgó 20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho (fojas 3 de antecedentes administrativos)

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  • Certificado ‘EC-214414 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Continuando con los antecedentes administrativos, se tiene que la intervención de los funcionarios del SIN, fue a través de la modalidad de revisión de documentos conforme el numeral 3 del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0002-15 (fojas 11 de antecedentes administrativos), sin embargo, de la lectura del Acta de Infracción No 00035842 de 13 de septiembre de 2016, del Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/CP/INF/9301/2016 de 27 de octubre de 2016 y de la Resolución Sancionatoria N° 18-02742-16 de 12 de diciembre de 2016, no se evidenció que para el ejercicio de las facultades del Servicio de Impuestos – Nacionales para la verificación y 

control sobre el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, a través de la 

modalidad revisión de documentos conforme el numeral 3 del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-15, en aplicación del parágrafo II y III del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo II del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-15, se hubiese requerido, verificado y revisado documentos auxiliares en el establecimiento comercial del sujeto pasivo, que permita establecer que el procedimiento sancionador fue correctamente aplicado en cuanto a la subsunción del tipo contravencional y la sanción impuesta. 

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Por cuanto el Servicio de Impuestos Nacionales esta constreñido a demostrar el perfeccionamiento del hecho generador o en su caso aportar prueba que demuestre fehacientemente la realización de los presupuestos de hecho que configuren los tributos, por cuyo acaecimiento del hecho imponible, existe la obligación de facturar, conforme lo establecido en los artículos 2 y 4, inciso a) de la Ley N° 843 y el artículo 2 del Decreto Supremo No 21532; máxime si el parágrafo. I del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-15, establece que dicho procedimiento se puede realizar inclusive 

hasta el día anterior, aspecto que no ocurrió en el presente caso, toda vez que la nota de venta exhibida por los funcionarios del SIN y que consta en antecedentes, consignó como fecha de emisión de la transacción el 8 de septiembre de 2016 y la intervención de los funcionarios al establecimiento para labrar el Acta de Intervención es del 13 de septiembre de 2016, es decir, después de seis (6) días de haberse efectuado la supuesta transacción, contraviniendo lo establecido en la normativa supra mencionada, que 

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específicamente dispone que este tipo de operativos se los realiza hasta el día anterior, 

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por tanto, corresponde a ésta instancia anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Infracción por No Emisión de factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente „No 35842, consecuentemente emita nuevos actos en el que se establezca y mencione que registros auxiliarles fueron verificados para determinar la comisión de la contravención de no emisión de factura o documento equivalente bajo la modalidad establecida en el inciso

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del parágrafo I del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-15 de 30 de enero de 2015. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 

141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 18-02742-16 de 12 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de infracción por No Emisión de factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente No 35842, consecuentemente emita nuevos actos en el que se establezca y mencione que registros auxiliarles fueron verificados para determinar la comisión de la contravención de no emisión de factura o documento equivalente bajo la modalidad establecida en el inciso 3 del parágrafo 1 del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-15 de 30 de enero de 2015, conforme los fundamentos desarrollados; sea de conformidad con el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 

2492 (CTB) y. sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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de la Calidad Certificado N°EC-2741

DIRECTORA EXECUTIVA REGIONAL INTERINA Autoridad Regional de impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia Legal de la Autoridad Regional de 

impugnacion Tributaria Cochabamba 

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