ARIT-CBA-RA-0374-2017 Sanción impuesta por el SIN por el tributo omitido del IUE de la gestión 2012 es confirmada por la AIT debido a que el SIN procedió con la liquidación de la deuda tributaria conforme lo establece la ley y arguyó que en ningún momento vulneró el derecho al debido proceso, como lo manifestó el contribuyente

 

ARIT-CBA-RA-0374-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITCBARA 0374/201

Recurrente 

: Mario Córdova Pinto, legalmente representado por Cinthia : Torrico Orellana 

Recurrido 

: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Expediente 

: ARIT-CBA-0021/2017 

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171739000009 de 9 de enero de 2017 

Fecha 

: Cochabamba, 22 de septiembre de 201

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y.producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0374/2017 de 22 de septiembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171739000009 de 9 de enero de 2017, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente Mario Córdova Pinto con NIT 1595903016 en la suma de UFV‘s777.251 equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución a Bs1.690.186, correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión 2012 que comprende los periodos enero a diciembre; asimismo confirmó la multa por incumplimiento a deberes formales impuesta mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 147785 y 147787 por un importe total de UFV’s2.000; y calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (UE) correspondiente a la gestión concluida a diciembre de 2012, aplicándole una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado, qu

asciende a UFVs637.544; finalmente, otorgó el término de 20 días para depositar el saldo la Vala Alanes) 

de la deuda tributaria, que consolida tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, que asciende a UFV’s1.416.795 equivalentes a Bs3.080.919, correspondientes a los reparos determinados respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión 2012 (enero a diciembre); acto notificado mediante cédula a Córdoba Pinto Mario, el 16 de enero de 2017 (fojas 3124-3179 de antecedentes administrativos).

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*9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado NEC27414 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Mario Córdova Pinto, legalmente representado por Cinthia Torrico Orellana conforme acreditó el Testimonio de Poder N° 1188/2015 de 6 de octubre de 2015 (fojas 55-56 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171739000009 de 9 de enero de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 5765 del expediente administrativo), argumentando lo siguiente: 

Sostuvo que la Administración Tributaria vulneró el ordenamiento jurídico por la notificación de actuaciones fuera del plazo legal, emitiendo una Resolución Determinativa con fundamentos contrarios a la normativa tributaria en vigencia, respecto a la determinación sobre base presunta, lesionando el debido proceso, incurriendo en causales de nulidad. 

Notificación extemporánea de la Vista de Cargo e incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) Reclamó el incumplimiento del debido proceso en la notificación de la Vista de Cargo que fue emitida el 19 de septiembre de 2016 y notificada el 18 de octubre de 2016, vulnerando lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), señalando su aplicación en virtud al artículo 74 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), objetando la validez de la notificación al haberse excedido en el plazo establecido por Ley, aspecto que no fue corregido, ni subsanado por la Resolución Administrativa, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica. 

Señaló el incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), en razón a que al 21 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria, no cumplió con la emisión de la Vista de Cargo correspondiente, además que no le dieron a conocer la prórroga para la ampliación de seis meses en el desarrollo de la fiscalización llevada a cabo, notificándole 30 días después del plazo de 12 meses, cuando, debieron hacerlo en plazo máximo de cinco días, aduciendo indefensión y lesión al debido proceso. 

Observó que el fundamento para la determinación sobre base presenta, tanto en la vista de Cargo así como en el acto impugnado, la administración Tributaria aplicó la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, sin considerar que los hechos generadores sucedieron en la gestión 2012, otorgando a dicha normativa la calidad de retroactiva, trasgrediendo el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), la cual, debe aplicarse prioritariamente ante cualquier otra norma jurídica inferior jerarquía.

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NUOTO 

NB-ISO 

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de la Calidad Certificado N’EC-2741

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Reiteró que la Administración Tributaria, procedió con la errónea aplicación de la norma citada, pues, no consideró y analizó el valor probatorio a la documentación recabada en dicho proceso, así como a los descargos producidos; además de no haber aplicado la normativa legal vigente en los periodos fiscalizados, correspondiendo dejar sin efecto lo obrado por la entidad tributaria; correspondiendo la nulidad de dichas actuaciones, para la aplicación de las disposiciones jurídicas en vigencia en relación a la temporalidad de los 

actos. 

Determinación sobre base cierta y presunta, efectuada sin fundamentación Expuso que la determinación, no responde al principio constitucional de verdad material previsto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y que de acuerdo a la doctrina, las reglas establecidas para la determinación, no dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles; predominando el principio de verdad material y que la certeza de los hechos establecería la seguridad necesaria para el cumplimiento de los fines de la Administración Tributaria. 

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Sostuvo que “los fiscalizadores no identificaron las diferencias inesperadas o la ausencia de diferencias esperadas, que debieron ser investigadossin recurrir a la determinación sobre base cierta y presunta, lo cual, no se encuentra contemplado en la normativa utilizada por la. Administración Tributaria, coligiendo que, el procedimiento, no constituye por sí mismo, un elemento contundente y cierto de determinación de impuestos omitidos. 

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Argumentó que la determinación sobre base presunta sebasó en información de controles cruzados que no reflejarían su realidad económica y/o la verdad material de sus operaciones, sustentando la existencia de ventas no declaradas en presunciones sobre el movimiento de cuentas bancarias, aludiendo a la Resolución de Recurso Jerárquico No AGIT-RJ 0306/2015, que establece la realización de una determinación de tributos, sobre base cierta basada en la revisión de toda la documentación proporcionada por el contribuyente; indicó además que, la determinación sobre base presunta, debió ser utilizada como último recurso, sin contener el acto impugnado una debida fundamentación de hecho y de derecho y menos para el método aplicado, reiterando la ausencia de una valoración de la prueba ofrecida; por lo que el procedimiento se encuentra viciado de nulidad en virtud al inciso c) artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable por mandato del artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB)

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Ceruficado N*EC27414 

Arguyó la vulneración de los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), indicando que, ambos actos, obvian establecer de manera adecuada los hechos, actos, datos, elementos

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valoraciones que fundamenten el reparo establecido por el IUE, debido a ingresos supuestamente no declarados que se basan en depósitos bancarios, existiendo únicamente la cuantificación de la misma, aspecto que vicia de nulidad de dicha actuación.. 

Citó los artículos 16, 17 y 95 de la Ley N° 2492 (CTB), aclarando que con ellos fueron establecidos formalidades y requisitos para evitar la discrecionalidad de la Administración Tributaria y que por el contrario, dicha determinación este acorde al principio de verdad material y debidamente respaldado con documento probatorio; por consiguiente, afirmó que la información de los depósitos bancarios, no cumplen los requisitos establecidos en los artículos 95, 16 y 17 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo deber del SIN, respaldar que dichos movimientos fueron originados en la percepción de ingresos gravados, aludiendo a la 

Sentencia No 35 – Auto Supremo N° 35/2016-S de 11 de mayo de 2016. 

La Resolución Determinativa determinó un IUE omitido, sin considerar las pérdidas acumuladas, gastos no deducibles y otros . Sostuvo que la Administración Tributaria, no consideró la aplicación del artículo 48 de la Ley. N° 843 y artículo 32 del Decreto Supremo N° 24051, es decir, la compensación de las rdidas de fuente boliviana que la empresa tuviera acumuladas, falencia advertida en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, las mismas que, no fueron tomadas en cuenta para reducir la supuesta utilidad imponible adicional establecida limitándose a aplicar el 25% a todas las depuraciones de gastos efectuados sin fundamento legal. 

Mencionó que la Resolución recurrida no consideró los artículos 36 y 47 de la Ley N° 843, respecto a los Gastos No Deducibles, limitándose a multiplicar el valor de alícuota con los 

gastos depurados efectuados sin fundamento alguno.

En petitorio, solicitó una resolución anulatoria, para que, bajo el principio de verdad material, la Administración Tributaria requiera las facturas del emisor que demostrarían ampliamente la validez de las facturas observadas. 

11.2. Auto de Admisión El 9 de febrero de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0021/2017, del Recurso de Alzada interpuesto por Cinthia Torrico Orellana en representación de Mario Córdova Pinto, contra el Resolución Determinativa N° 171739000009 de 9 de enero de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 66 del expediente administrativo). 

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de la Calidad Certificado N’EC-27414 

Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán, acredito personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia No 030391-16 de 1 de agosto de 2016 (fojas 69-70 del expediente administrativo), por memorial presentado el 3 de marzo de 2017 (fojas 71-77 del expediente administrativo) contestó al Recurso de Alzada interpuesto, exponiendo los siguientes argumentos: 

Sobre el incumplimiento del debido proceso en la notificación de la Vista de Cargo y del artículo 104 de la Ley N° 2472 (CTB) Sostuvo que no existe forma legal de justificar la aplicación del artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), cuando existe normativa tributaria específica, aclarando su aplicación solo en el caso de ausencia de norma. 

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Puntualizó que la emisión de la Vista de Cargo debe efectuarse en un máximo de 12 meses desde el inicio del proceso de fiscalización, conforme establece el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual comenzó con la notificación de la Orden de Fiscalización, aspecto que sucedió el 21 de septiembre de 2015 y la Vista de Cargo en cuestión fue emitida en el plazo previsto por el artículo citado previamente, fundada en hechos, actos, datos, elementos y lo exigido por el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB); acto que se constituye en la comunicación oficial de los resultados arribados por la Administración Tributaria, dándole la posibilidad de asumir la defensa de rigor, razonamiento congruente con el artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

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En virtud a lo expuesto, señaló que no existió vulneración al debido proceso previsto en el parágrafo Il artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), garantizando además lo señalado en los numerales 6 y 7 artículo 68 de la ley N° 2492 (CTB). 

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Manifestó que las causales de nulidad deben estar expresamente sancionadas en la norma SJ

legal y que emanen de la vulneración del debido proceso sobre todo el derecho a la defensa; en el presente caso, aseveque fueron precauteladas las garantías constitucionales, siendo prueba de ellos, es el conocimiento de todos y cada uno de los actuados emitidos por la Administración Tributaria y las respuestas a las solicitudes presentadas por el sujeto pasivo, enunciado al respecto al Auto Supremo N° 089/2014 de 30 de abril de 2014 y toda vez que en el presente caso, el sujeto pasivo, no precisó la normativa legal que dispondría la nulidad y menos que la supuesta omisión haya afectado sus derechos o limitado sus acciones

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  1. 9001. IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N°EC2741

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Aplicación indebida de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 y la determinación de la base sobre base cierta y presunta en depósitos bancarios Argumentó que la determinación responde a las normas de derecho procesal o adjetivo, para el cual, debe aplicarse la normativa vigente a momento de iniciar el procedimiento, cito al efecto la Sentencia Constitucional N° 1047/2013 y el principio tempus regis actum destacando la utilización de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713, a todo procedimiento administrativo iniciado con posterioridad al 8 de mayo de 2013, debiendo entenderse que el caso sujeto a análisis fue iniciado el 15 de septiembre de 2015, en plena vigencia de la Resolución Normativa de Directorio referida líneas previas, sin transgredir así, los artículos 123 y. 150 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

.

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Alegó que los artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB), no restinga menos limita el uso de la base cierta y presunta para la determinación de la base imponible; resaltó que la aplicación de ambos métodos, sobre conceptos diferentes, resultaría correcta: 1) Base Presunta para los depósitos en las cuentas bancarias; y, 2) Gastos imputados a los resultados de la gestión 2011 sin documentación de respaldo, ausencia de prueba que, demuestre la realización de los gastos, además carente de prueba documental que sostengan su necesidad para la obtención y conservación de la fuente generadora de ingresos.: 

Reiteró que la determinación fue en base a los ingresos percibidos en cuentas bancarias Nos. 44722-002-4 MIN y 44722-000201-9 ME, por lo que cumplió los requisitos establecidas por la Ley para la aplicación de este método; resaltó que, en dos oportunidades solicitó documentación al contribuyente, la cual no fue atendida en su totalidad, razón que impulsó obtener información de terceros que permitan establecer la realidad económica del sujeto pasivo, ejerciendo su labor investigativa, alegó que el sujeto. pasivo no puede reclamar la determinación sobre base cierta, toda vez que cursa antecedentes el trabajo realizado y la documentación que respalda la posición asumida, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 4 de la Resolución Normat N° 10-0017-13. 

Aclaró que, el Banco BISA S.A., informó la existencia de dos cuentas bancarias N° 44722 002-4 M/N y 44722201-9 ME registrada a nombre del contribuyente y otras tres (3) cuentas Nos. 69124-001-1 MN, 69124201-3 ME y 69124-2021 M/E que figuran a la . empresa PECA GAS Envasadora de GLP, aspecto que fue solicitado al contribuyente y que a pesar de la ampliación de plazo de cinco (5) días no fue cumplida, realizando la determinación en función a la información proporcionada por la entidad bancaria, además Sistema en 

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de la Calidad Certificado N°EC27414 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

observó que no existe en los Estados Financieros del sujeto pasivo, registro de cuentas de exigible que presuman que dichos depósitos comprenden movimiento de periodos anteriores.

Añadió que el contribuyente no presentó documentación contable que demuestre el movimiento económico financiero reflejado en sus Estados Financieros a diciembre 2011, afirmó que para el análisis de los ingresos comparó los ingresos expuestos en su Estado de Resultados, así como los ingresos percibidos en sus cuentas bancarias y los declarados en el Formulario 200, estableciendo ingresos percibidos y no declarados que no fueron considerados en la determinación de la base imponible del IUE, por lo que existe una demostración sobre la presunción efectuada. Señaló que no puede considerarse el Auto Supremo N° 35/2016-S, pues esta se refiere, a la determinación sobre base cierta en el caso de depósitos bancarios

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La determinación no considera la pérdida acumulada y los gastos no deducibles Señaló que para la determinación del IVE, dio cumplimiento al artículo 48 de la Ley N° 843 modificado por la Ley N° 169 de 9 de septiembre de 2011, que establece la posibilidad de compensación de la pérdida de fuente boliviana, como máximo hasta los 3 años siguientes; acotó que el sujeto pasivo no efectuó la determinación del IUE conforme a lo previsto en los artículo 40, 41, 46 y 47 Ley N° 843, los artículo 4, 6, 7, 8, 15, 26 y 35 Decreto Supremo No 24051, numeral 11 artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) modificada por el artículo 20 de la Ley No. 062, artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificada por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772, en los artículos 1, 2, 3 y 6 y parágrafo | artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001111 y otras disposiciones conexas. 

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Precisó que el contribuyente al momento de declarar el formulario 500 V-2, no incluyó gastos no deducibles en la casilla 71; en consecuencia, lo reclamado carecería de asidero legal válido, arguyendo la ausencia de documentación que respalde los argumentos expuestos, tal como exige el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Por todo lo descrito, solicitó Resolución de Recurso de Alzada, confirmando la Resolución Determinativa N° 171739000009 de 9 de enero de 2017

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Cerificado N’EC274114 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba 

El 6 de marzo de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, C.B.C.R. 

emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARITCBA-0021/2017, 

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aperturando del término de prueba de 20 días comunes y perentoriosa ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 78. del expediente administrativo). 

II.4.1. Prueba Administración Tributaria El 23 de marzo de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, se apersonó y ratificó en calidad de prueba documental los antecedentes administrativos (fojas 80 del expediente administrativo). 

11.5 Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria Por memorial presentado el 17 de abril de 2017, la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos replicando los argumentos planteados en su respuesta al Recurso de Alzada (fojas 85-90 del expediente administrativo)

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 4 de septiembre de 2015, la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Fiscalización N° 00150FE00014 a Mario Córdova Pinto, que comprendía la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el UE por la gestion concluida al 31 de diciembre de 2012. Acto que fue notificado mediante cédula, a : Córdova Pinto Mario, el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 y 8-11 de antecedentes .. administrativos)

El 15 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No. 00127902 y Anexo, manifestando que, para el inicio de la fiscalización de referencia, requeriría una serie de documentos que fueron detallados en originales, fotocopias y en los casos requeridos en medios magnéticos. Otorgando un plazo para la documentación solicitada de 5 días hábiles a partir de la notificación. Acto que fue notificado mediante cédula, a los representantes legales del sujeto pasivo, el 21 de septiembre de 2015 (fojas 4 7 y 811 de antecedentes administrativos). 

Por nota presentada el 24 de septiembre de 2015, Mario Córdova Pinto solicitó al Servicio de Impuestos Nacionales, la ampliación de quince (15) días a partir de la legal notificación del requerimiento; petición que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveído N° 240074515, otorgándole el plazo de 10 días para cumplir con los requerimientos notificados, mismo que fue notificado mediante cédula el 6 de octubre de 2015 (fojas 1723 de antecedentes administrativos). 

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de la Calidad Certificado NEC-274/14 

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Cochabamba 

  • AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 22 de octubre de 2015, el SIN emitió el Requerimiento No 00127933 y su anexo, exponiendo documentación e información referida a la verificación y objeto de fiscalización e incluso aclaraciones sobre los saldos expuestos en sus Estados de Resultados. Actos que fueron notificaos el 30 de octubre de 2015 (fojas 24-30 de antecedentes administrativos). 

El 3 de noviembre de 2015, el sujeto pasivo mediante memorial, solicitó la ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida en el Formulario N° 4003 Requerimientos Nos. 00127933 y 00127932, el cual fue concedida por ocho (8) días mediante Proveido No 24-0085915, acto que fue notificado el 18 de noviembre de 2015 (fojas 32-41 de antecedentes administrativas). 

El 5 de abril de 2016, la Administración Tributaria . mediante Nota CITE: SIN/GGCBBA/DF/NOT/00373/2016, comunicó al sujeto pasivo la realización de inspección ocular, misma que fue receptada para el 6 de abril de 2016, acción que originó el labrado de actas de acciones y omisiones (fojas 59-63 de antecedentes administrativos). 

AACION 

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La Administración Tributaria, mediante Actas de Recepción de Documentación, de 13 de octubre, 3 y 12 de noviembre, así como de 3 de diciembre todos ellos de la gestión 2015, procedió a la recepción de la documentación proporcionada por el sujeto pasivo (fojas 65 68 de antecedentes administrativos). 

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El 5 de mayo de 2016, la Administración Tributaria mediante Nota 06-0128216, solicitó a Mario Córdova Pinto, información respecto a las cuentas bancarias tanto de los ingresos como de egresos, además requirió la presentación de certificación y/o aclaración sobre la naturaleza de las mismas (origen y destino de los fondos), oficio que fue notificado mediante cédula el 13 de mayo de 2016 (fojas 42-51 de antecedentes administrativos); posteriormente, el sujeto pasivo, por nota de 20 de mayo de 2016, solicitó un plazo de quince (15) días para contestar su solicitud, misma que fue atendida por Proveido No 24 00412-16 de 27 de mayo de 2016, notificado por cédula el 31 de mayo de 2016 (fojas 5357 de antecedentes administrativos). 

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El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria, emitió Informe Final CITE: SIN/GGCBBA/DF/FE/NF/02121/2016, señalando que, con el propósito de proseguir con la recuperación de adeudos a favor de isco, resultado de la Orden de Fiscalización No 00150FE00014, recomendó emitir y notificar la vista de Cargo de conformidad a lo previsto 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 – 4140012• www.ait.gob.bo Cochabamba Bolivia 

en el artículo 96, parágrafo I y articulo 104 parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 2897-2924 de antecedentes administrativos). 

El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29 00187-16, estableciendo un reparo por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de Bs 1.166.336-, derivando en una deuda tributaria total de Bs2.945.354 equivalente a UFV’s 1.369.098 que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta del contribuyente y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto que fue notificado mediante cédula el 18 de octubre de 2016 (fojas 29252972 de antecedentes administrativos)

El 15 de septiembre de 2016, Mario Córdova Pinto mediante oficio solicitó a la Administración Tributaria la devolución de los documentos entregados en las órdenes de Fiscalización Nos. 00150FE00013 y 00150FE00014 de 4 de septiembre de 2015, además. señaló la ausencia de notificación del acto, que establezca la ampliación de la fecha de finalización de la fiscalización, argumentación que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveido No 24-00880-16 (fojas 3057-3058 de antecedentes. administrativos)

El 7 de noviembre de 2016, el sujeto pasivo mediante memorial, solicitó aclaración y complementación del Proveido No 2400880-16 de 20 de septiembre de 2016, referido al tiempo suscitado hasta a la notificación de la Vista de Cargo N° 29-00187-16 y del acto administrativo, vinculado con la ampliación para la fiscalización desarrollada (fojas 3067 3069 de antecedentes administrativos). 

El 21 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizadora mediante Proveído N° 24-01033-16, atendió el memorial de 7 de noviembre, salando que fueron notificadas las vistas de Cargo Nos. 29-00189-16 y 29-0018716 que se encuentran en la etapa de descargos previstas en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); y que la argumentación expuesta en 

rá atendido y valorada en la Resolución Determinativa conforme lo prevé el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto que fue notificado por cédula, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 3071-3075 de antecedentes administrativos).

.

El 6 de enero de 2016, el SIN emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/14/2017, ratificando los conceptos e importes inicialmente establecidos, reportados y comunicados mediante Vista de Cargo N° 29-0018716, por las que, no presentó descargos, ni anunció su presentación, para ser considerados en la sistema de gestion 

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determinación de la Deuda Tributaria; recomendando la prosecución con la determinación y recuperación de adeudos tributarios a favor del fisco, en consecuencia la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente (fojas 3076-3100 de antecedentes administrativos). 

El 9 de enero de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171739000009, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Mario Córdova Pinto con NIT 1595903016 en la suma de UFV‘s777.251 equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución a Bs 1.690.186.-, correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión 2012 que comprende los periodos enero a diciembre; confirmó la multa por incumplimiento a deberes formales al contribuyente, impuesta mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 147785 y 147787 por un importe total de UFVs2.000; asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión concluida a diciembre de 2012, aplicándole una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado, que asciende a UFV’s637.544; finalmente, otorgó el término de 20 días para depositar el saldo de la deuda tributaria, que consolida tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, que asciende a UFV’s1.416.795 equivalentes a Bs3.080.919.-, correspondientes a los reparos determinados respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión 2012 (enero a diciembre); acto notificado mediante cédula a: Córdoba Pinto Mario, el 16 de enero de 2017 (fojas 3124-3179 de antecedentes 

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El 2 de mayo de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARITCBAIRA 0199/2017, que anuló la Resolución Determinativa N° 171739000009 de 9 de enero de 2017, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta la Vista de Cargo N° 29-00187-16 de 19 de septiembre de 2016, de tal forma que la Administración Tributaria pueda emitir nuevos actos debidamente fundamentados conforme al parágrafo I del artículo 96 y parágrafo ll del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 (fojas 109123 del expediente administrativo)

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El 18 de julio de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0909/2017, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada Nodo 

IBNORCA ARIT-CBARA 0199/2017 de 2 de mayo de 2017, con reposición hasta el vicio más antiguo

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Mor

esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada inclusive, a objeto que se emita una nueva Resolución en la que se pronuncie sobre todos los aspectos impugnados en el Recurso de Alzada (fojas 162-175 d el expediente administrativo).

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Inicialmente, se tiene que Mario Córdova Pinto a través de su representante Cintia Torrico Orellana, trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales o de forma denunciados y en caso de no ser evidentes, ingresará al análisis.de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda.

De esta manera se tiene que la parte recurrente observó: 1) Que la Administración Tributaria vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica, al incumplir el plazo establecido en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y al notificar la vista de Cargo fuera del plazo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA); 2) Que la Administración Tributaria aplicó la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 sobre hechos imponibles que se perfeccionaron antes de su emisión, además de ser evidente una ausencia de una valoración de la documentación obtenida en el proceso de revision; 3) Que la determinación no responde al principio constitucional de verdad material y que las reglas establecidas para la determinación, no prevén la elección de método entre varios resultados; 4) Que la determinación efectuada no contiene una debida fundamentación de hecho y derecho para aplicar el método de determinación sobre base presunta; y 5) Que la Administración Tributaria no consideró las pérdidas acumuladas y los gastos no deducibles declarados en el Formulario 500

IV.1. Sobre la notificación extemporánea de la Vista de Cargo y el incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) El sujeto pasivo alegó que la Administración Tributaria le vulneró el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica con la notificación de la Vista de Cargo al omitir notificarle con el acto pertinente que prorrogue el plazo de fiscalización, impidiéndole el derecho a la défensa y la posibilidad de recurrir, precisando el incumplimiento al artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que, la Vista de Cargo, fue emitida y notificada después de los doce (12) meses previstos en la citada norma legal, observación invocando el artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA). 

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Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que, el artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), no es aplicable al presente caso, al existir normativa específica referida a la emisión y notificación de la Vista de Cargo; aduciendo que cumplió con los plazos y procedimientos establecidos en la Ley N° 2492 (CTB), pues el citado acto fue emitido dentro los doce (12) meses previstos en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), conteniendo todos los elementos y requisitos señalados en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), comunicación formal que dio posibilidad al administrado de asumir la defensa correspondiente, afirmando que sus actuaciones garantizaron el debido proceso, no existiendo normativa que sustente la nulidad argüida, además de no especificar la solicitud que no hubiera sido atendida por dicha Administración Tributaria, destacando que todas las peticiones del ahora recurrente fueron atendidas mediante la emisión de Proveidos

Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI40). Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90, considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son. válidos mientras no se declare su nulidad

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Igualmente, el diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Ossorio citado previamente, define la “Anulabilidadcomo: “(...) Condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio 

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o defecto capaz de producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por 

sí mismos, los anulables son válidos mientras no se declare su nulidad (...)”, de la misma Hans faut Te Aranibar Melia 

forma define la nulidad” como: (…) Ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma (…) vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido, por lo cual la nulidad se considera insita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado (...) la. nulidad se entiende que es siempre de pleno derecho, porque no necesita ser reclamada por parte interesada; inversamente a lo que sucede con la anulabilidad (v.) de los acto

‘NB-ISO jurídicos, que se reputan válidos mientras no sean anulados, y solo se tendrán por nulos C.R

desde el día de la sentencia que así los declare. Y puede la nulidad ser completa, cuando 

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ARIBUTARIA 

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de la Calidad 

COCHABALABA

Ill

afecta a la totalidad del acto, o parcial, si la disposición nula no afecta a otras disposiciones válidas, cuando son separables (…)”. De tal modo que la “nulidad” es entendida como la sanción legal que se establece para los actos administrativos en los que se omiten algunos de los requisitos fundamentales que la ley demanda para su existencia.

En cuanto al debido proceso, la Sentencia Constitucional N° 0119/2003-R de 28 de enero, señaló lo siguiente: “(…) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, (...) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales (…)

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 073/2014 de 3 de enero, estableció lo siguiente: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de.. legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría 

parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposicn ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos. los aspectos demandados”. 

…: 

En la normativa interna, el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el artículo 117 Noise parágrafo 1 de la norma suprema citada dispone que ninguna persona puede ser 

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condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso; continuando con la norma citada el artículo 119 parágrafo Il que dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

Por su parte, el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que, constituye derecho del sujeto pasivo, el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código

En ese contexto, el parágrafo || artículo 29 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) establece que, el acto deberá contener resolución que: a) Observe estrictamente disposiciones constitucionales, legales o administrativas de mayor jerarquía; b) Cumpla con lo determinado en las sentencias del Tribunal Constitucional; c) Asegure derechos adquiridos mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada o mediante actos administrativos que se encuentren firmes en sede administrativa; d) Sea preciso y claro; e) Sea de cumplimiento posible; f) No se encuentre en contradicción con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho reglada por las normas. 

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Por otro lado, el parágrafo. I artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten là Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Además el parágrafo III de dicho referente legal, dispone que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales. establecidos en el reglamento, viciará de nulidad la Vista de Cargo. 

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Continuando con la normativa citada, el parágrafo il del artículo 99 de la ley N° 2492 (CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

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Por otro lado, el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), en su parágrafo V, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

En cuanto a la nulidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria conforme a lo previsto por el numeral 1) artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos administrativos son anulables cuando carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin.o cuando den lugar a la indefensión de los interesados, concordante con el artículo 55 del Decreto Supremo No 27113 (RLPA), que señala que “será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”

Conforme a la normativa y los argumentos expuestos tanto por el sujeto pasivo como por el SIN, nos remitimos a obrados del presente caso, comprobando que la Orden de Fiscalización N° 00150FE00014 con alcance IUE de la gestión 2012, fue notificada al recurrente mediante cédula el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 y 8 de antecedentes administrativos); acompañando dicha actuación, el Formulario de Requerimiento. NO 4003 N° 00127902 y Anexo, el cual amerito por parte del contribuyente, una respuesta mediante nota de 24 de septiembre de 2015, quedando claro con ello, su pleno conocimiento sobre el inicio de las facultades de verificación y control del Servicio de Impuestos Nacionales referente al IVE correspondiente a la gestión concluida al 31 de diciembre de 2012

Asimismo, comprobamos que, a la conclusión del trabajo de campo, la Administración Tributaria el 19 de septiembre de 2016, emitió la Vista de Cargo N° 29-0018716, estableciendo una deuda tributaria de UFV’s1.371.598 por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2012; acto que fue notificado a Mario Córdova Pinto, mediante cédula el 18 de octubre de 2016 (fojas 2925-2972, de antecedentes administrativos); comprobando que desde el inicio de la fiscalización (21 de septiembre de 2015) hasta la emisión de la Vista de Cargo (19 de septiembre de 2016), no transcurrieron : más de (12) doce meses, quedando sentado que la emisión del citado acto, la Administración Tributaria cumplió lo expresamente previsto en el parágrafo V artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) que textualmente señala que los 12 meses no debe exceder “desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión”, no menciona que sea hasta la noso notificación 

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Por otro lado, en cuanto a la notificación de la Vista de Cargo N° 29-0018716, el parágrafo Ill artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA) define que la notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado; dicha disposición en el ámbito tributario, es de aplicación supletoria tal como establec 1 artículo 74 y artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo, de la lectura del artículo 33 parágrafo Ill de la Ley N° 2341 (LPA), se tiene que dicha disposición no sanciona con nulidad el incumplimiento del plazo de 5 días en la notificación, en ese sentido, corresponde la aplicación del principio de especificidad, contemplado en el artículo 36 parágrafo Ill de la citada norma legal. 

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De igual forma, salar que con la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo tuvo pleno conocimiento de los reparos establecidos, así como el origen de los mismos; no advirtiendo reclamo alguno por parte de Mario Córdova Pinto, durante la etapa de descargo, que haga presumir lo contrario; más cuando las actuaciones del recurrente, se centraron simplemente en solicitar la devolución de la documentación entregada en las Ordenes de Fiscalización Nos. 00150FE00013 y 00150FE00014 de 4. de septiembre de 2015, la aclaración y complementación al Proveído N° 24-0088016, éste último vinculado con el cuestionamiento sobre el tiempo asumido por el SIN para la emisión y notificación de la Vista de Cargo N° 29-00187-16 (fojas 3057, 3058, 3067-3068 y 3071 de antecedentes administrativos), dejando entrever la plena conformidad del recurrente sobre la forma como fue expuesta la sustentación fáctica, legal y los resultados arribados en la determinación desarrollada por la entidad fiscalizadora; en consecuencia, la notificación de la Vista de Cargo no pudo vulnerar el derecho a la defensa, así ésta, se hubiera materializado después de aproximadamente un mes de la emisión del citado acto; puesto que el SIN en ningún momento, generó por el transcurso de dicho tiempo, otros cargos que no fueron de conocimiento al administrado. 

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Prosiguiendo el análisis, el tiempo asumido por la Administración Tributaria para materializar la notificación de sus actos, puede derivar en la configuración de responsabilidad por la función pública conforme lo establece la Ley N° 1178, empero, este aspecto, no constituye causal que motive una nulidad de actos emitidos o de sus respectivas notificaciones en el desarrollo de las facultades previstas en los artículo 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), más cuando, el sujeto pasivo en el planteamiento de su Recurso de Alzada no explicó de qué manera le vulneró algún derecho constitucional, el hecho de que el plazo para la notificación del acto administrativo, sea de manera posterior a lo dispuesto en el artículo 33 parágrafo III de la Ley N° 2341 (LPA). 

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III IN 

Ahora bien, en cuanto a la exigencia del sujeto pasivo sobre un acto que prorrogue el plazo para el desarrollo de la fiscalización -que a decir del recurrente, fue solicitado al Servicio de Impuestos Nacionales, nos remitimos a las actuaciones de la Administración Tributaria, identificando que las solicitudes expuestas por el sujeto pasivo, fueron atendidos por el SIN mediante la emisión de Proveídos; y el reclamo particular que analizamos, fue dado a conocer a la entidad recurrida, mediante oficio del 15 de septiembre de 2016 (fojas 3057 de antecedentes administrativos); sin embargo, no cursa una solicitud expresa en cuanto a la emisión del acto extrañado, limitándose a señalar lo siguiente: “(…) ni haberse puesto en mi conocimiento autorización alguna de la Máxima Autoridad del SIN para ampliar el plazo de la fiscalización; a fin de no lesionar mi derecho al debido proceso, en su componente defensa y acceso a la impugnación y los principios de legalidad y verdad material al amparo del artículo 115 de la Constitución Política del Estado; solicito la devolución de todos y cada uno de los documentos originales entregados (…)”; de lo que se entiende que, hasta este punto, la intención del contribuyente, fue contar con la documentación entregada al SIN, para que en base a ésta, pueda materializar su derecho a la defensa. 

Asimismo, el sujeto pasivo en el citado oficio, sostuvo que: “El que no se concluya hasta la . fecha la fiscalización de acuerdo a procedimiento no configura únicamente responsabilidades administrativas (…) además lesiona mi defensa, ya que al rio notificarme con resolución de ampliación de plazo alguna y al no tener acceso a una fundamentación de la misma no puedo ejercer mi derecho a la impugnación.“, advirtiendo nuevamente que no cursó petición para la emisión del acto extrañado, más al contrario, su-observación se centró en cuestionar la finalización de la fiscalización fuera de la fecha prevista en procedimiento; aspectos que fueron atendidos por el SIN mediante Proveído N° 24-00880 16, notificado en Secretaría el 21 de septiembre de 2016 (fojas 3058 vta. de antecedentes administrativos), en el cual, deja sentado que, el cómputo previsto en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), se iniciaría con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable. 

Es importante, destacar que la solicitud de devolución de documentación fue reiterada por el contribuyente, mediante oficio de 7 de noviembre de 2016, el cual ameritó una respuesta por la entidad fiscalizadora a través del Proveido No 24-01033-16 (fojas 3067-3068 y 3071 de antecedentes administrativos); empero, dicho aspecto no fue incluido entre los reclamados materializados por Mario Córdova Pinto en su Recurso de Alzada.

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NB-ISOL 

900

Adicionalmente, señalar que el sujeto pasivo en etapa de descars licitó aclaración y se complementación al Proveido No 24-00880-16 de 20 de septiembre de 2016, reiterando su nosil observación con relación a la notificación de la Vista de Cargo N° 29-00187-16 y el sistema de cion 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

incumplimiento de veintiséis (26) días del plazo previsto en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), reiterando que, no fue notificado con el acto administrativo fundamentado que autorice prórroga para la realización de la fiscalización (fojas 30673068 de antecedentes administrativos); inquietud que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-01033-16, precisando que, el citado memorial formaría parte de los descargos ofrecidos por el contribuyente en virtud, a lo previsto en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) y que sería valorada, analizada y respondida en la Resolución Determinativa, acto que fue notificado mediante cédula, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 3071-3075 de antecedentes administrativos). 

PUGNAC 

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ACIUN TRIA 

ISLU AKZIN 

LORIDAD REGION 

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Ahora bien, de la revisión del acto impugnado, se advierte que en su considerando II, la entidad recurrida, hizo referencia a todo los argumentos presentado por el contribuyente durante la etapa de descargos, así como lo Proveídos emitidos comunicando al sujeto pasivo las acciones que serían adoptadas (fojas 3145-3147 de antecedentes administrativos), para luego proceder a realizar las aclaraciones respectivas, sobre la devolución de documentos y la duración de la fiscalización llevada a cabo, destacando que la Vista de Cargo N° 29-00187-16, fue emitida el 19 de septiembre de 2016, dentro los doce (12) meses señalados en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y que la misma se encontraría fundada en hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integran o condicionan el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, reiterando que, dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y que el acto en cuestión fue emitido dentro los doce (12) meses; y que con la notificación del mismo, el contribuyente pudo asumir la defensa correspondiente tal como prevé el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fojas 3147 de antecedentes administrativos); concluyendo que no existe la necesidad de prorrogar el plazo de la fiscalización, y desestimando lo manifestado por el recurrente. 

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AUTORIDADES 

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Por lo descrito, resulta evidente que la acción de la entidad fiscalizadora, con el 

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pronunciamiento referido en la Resolución impugnada, cumplió con lo previsto en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) y numeral 2 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), pues garantizó el derecho a la petición del administrado, asegurando una respuesta a todos los cuestionamientos formulados en la etapa de descargos, consecuentemente, el reclamo del sujeto pasivo sobre estas cuestiones, carece de la sustentación fáctica necesaria, pues los hechos advertidos, demuestran que, no existió vulneración que haya comprometido o limitado su derecho a la defensa o la posibilidad de recurrir los resultados establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

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NBISO 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

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Asimismo, destacar que la respuesta del SIN fue concreta y dejó claro, que no cursaría necesidad de comunicar al contribuyente una ampliación del trabajo de fiscalización, pues dicha facultad culminó, conforme prevé el artículo 104 de la Ley N° 2492; (CTB), fundamentación que fue conocida por Mario Córdova Pinto, a través de la notificación de la Resolución Determinativa N° 171739000009, actuar que se enmarcó en el debido proceso, asegurando el derecho a la defensa previsto en los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), tal como fue expuesto a lo largo del presente. 

IV.2. Sobre la nulidad de la Resolución impaga por la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013 El contribuyente cuestionó, la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13 sobre hechos imponibles que se perfeccionaron antes de la emisión de dicha normativa, otorgándole de esa fòrma el carácter de retroactivo, añadiendo la ausencia de una valoración de la documentación obtenida en el proceso de revisión. … 

Sobre este punto, la entidad fiscalizadora señaló que la forma de determinación, responde a las normas de derecho procesal o adjetivo, para el cual, debe aplicarse la normativa vigente a momento de iniciar el procedimiento señalando al respecto, la Sentencia Constitucional N° 1047/2013 y el principio tempus regit actum, destacando la utilización de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, a todo procedimiento administrativo iniciado con posterioridad al 8 de mayo de 2013, debiendo entenderse que el caso sujeto a análisis se inició el 15 de septiembre de 2015, en plena vigencia de la Resolución Normativa de Directorio referida líneas previas, sin transgredir así, los artículos 123 y 150 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Ingresando al análisis del problema expuesto, corresponde ‘señalar que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 en su artículo 1; tiene como objeto: “(…) reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar.”, asimismo, en cuanto al Tempus Regit Actum “El tiempo que rige el acto”, siendo una de las fórmulas determinadas de la validez de los actos jurídicos en cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer retroactividades o ; caducidad”, asimismo por Tempus Comissi Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 31). 

NB-ISO 

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Ahora bien, la Ley N° 2492 (CTB), en la Disposición Transitoria Segunda, establece que: “Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

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Cochabamba 

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vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código. Asimismo, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 27874 (RCTB), dispone que: “A efectos de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de la deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, concluyendo que, los procesos de revisión al constituirse en procedimientos administrativos, deben someterse a la normativa vigente al momento de efectuar el mismo, con excepción de aquellos procesos que ya dieron inicio; aspecto congruente con lo establecido en la Disposición Final Única de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0001713 que precisó: “La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de su publicación, alcanzando la misma a los procesos de determinación en los que la vista de Cargo aún no haya sido emitida., en el entendido que no existió un pronunciamiento oficial de los resultados arribados como resultado de los métodos y técnicas utilizados al efecto. 

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Asimismo, resaltar que, el proceso de fiscalización analizado, empezó el 21 de septiembre de 2015 con la notificación mediante cédula, de la Orden de Fiscalización N° 00150FE00014 (fojas 3 y 8 de antecedentes administrativos) posterior a la emisión de la Resolución Normativa N° 10-00017-13. de 8 de mayo de 2013, normativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, al amparo de lo previsto en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) y que al encontrarse en vigencia, durante la materialización de la fiscalización, asume el carácter de fuente de derecho tributario y de cumplimiento obligatorio en virtud al numeral 7, parágrafo I del artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), pues, como se expuso, la .. misma reglamenta el procedimiento que deberá utilizar la Administración Tributaria para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo, en virtud a las facultades previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) 

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Por consiguiente, el momento en el cual se perfeccionó el hecho imponible, si bien se SA SJRY constituye en referencia para la aplicación de una normativa, ésta debe referirse a 

conceptos como objeto, sujeto, alícuota o en su caso los actores de la relación jurídico Henry tributaria; los cuales no fueron afectados por la Resolución Normativa de Directorio Villari hahes Nogle 

analizada, al contrario, dicha disposición previó, las acciones que debieron asumir como Administración Tributaria, para establecer el sustento técnico necesario vinculado con la existencia de una obligación tributaria incumplida; razonamiento que se enmarca al principio del tempus regit actum, por lo tanto, no existe sustento alguno que permita, el desarrollo de 

Huna labor investigativa cuyo marco legal no se encuentre vigente; debiendo desestimar lo C.B.C.R. 91 

agraviado por el contribuyente

Justicia tributaria para vivir bien 

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  • De igual forma, bajo el razonamiento explicado con anterioridad, tampoco existe 

vulneración al artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues en ningún momento la Administración Tributaria aplicó de forma retroactiva, normativa que haya afectado el hecho imponible o cualquier de los componentes de la obligación tributaria como la alícuota, base imponible o los sujetos intervinientes; reiterando que el Servicio de Impuestos Nacionales, actuó en función a la normativa tributaria vigente en ese momento, debiendo recordar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), las actuaciones de la Administración Tributaria, por estar sometidas a la ley, se presumen legítimos, no existiendo prueba o argumento alguno que permita presumir lo contraric 

Por otro lado, en cuanto a la valoración de la prueba, el sujeto pasivo, no precisó, qué . valor probatorio omitió considerar la Administración Tributaria de la documentación ofrecida durante la fiscalización desarrollada, más cuando durante la etapa de descargos, el sujeto pasivo, no presentó documentación alguna que pueda oponerse a los reparos establecidos por la entidad fiscalizadora; y tampoco existió reclamo específico del administrado sobre documentación que haya sido presentada durante el trabajo de campo y que fue omitida por el SIN al momento de emitir en la vista de Cargo N° 29-00187-16; en consecuencia, lo agraviado por el recurrente carece de sustento fáctico que impulse a cuestionar la valoración de los documentos ofrecidos por Mario Córdova Pinto; más cuando por cada cuenta de gasto observada, cursa en la vista de Cargo referida previamente y la Resolución Determinativa impugnada, una clasificación de las observaciones que fundamentaron los 

reparos, advirtiendo entre ellos la ausencia de documentación de respaldo, sobre la , realización de la transacción, del gasto y/o la vinculación con la actividad gravada; y en el..

caso de la información bancaria, de la cual presumió los ingresos no declarados, la entidad recurrida desglosó el procedimiento asumido para llegar a ese resultado, tal como se puede 

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advertir en el cuadro DETERMINACIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y OMITIDOS GESTIÓN 2012 – PERIODOS ENERO A DICIEMBRE” (fojas 3133 de antecedentes administrativos). 

En virtud a lo explicado con anterioridad, no existen elementos proporcionados por el contribuyente, que permita identificar la omisión valorativa cometida por la entidad recaudadora durante el desarrollo del proceso de fiscalización; al contrario, tanto en la Vista de Cargo N° 29-00187-16 como en la Resolución Determinativa N° 171739000009, cursa la valoración y motivación necesaria, sobre los documentos proporcionados por el sujeto pasivo, garantizando en el contribuyente, el conocimiento necesario para que pueda ofrecer prueba y argumentación de descargo sobre el procedimiento asumido y los resultados 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

obtenidos por el SIN; por tanto, el accionar asumido por la entidad fiscalizadora, no vulneró el debido proceso y/o el derecho a la defensa. 

IV.3. Sobre la determinación sobre base cierta y presunta y su fundamentación El contribuyente precisó que la determinación del Servicio de Impuestos Nacionales, no responde al principio constitucional de verdad material previsto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y que las reglas establecidas para la determinación, no prevén la elección de método entre varios resultados, coligiendo que la determinación no es un elemento contundente y cierto de determinación de impuestos omitidos

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que, los artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB), no restringen menos limitan, el uso de ambos métodos para la determinación de la base imponible; asimismo, resaltó que la aplicación de ambos métodos, sobre conceptos diferentes, resultaría correcta: 1) Base Presunta para los depósitos en las cuentas bancarias, y 2) Gastos imputados a los resultados de la gestión 2012, sin documentación de respaldo, ausencia de prueba que demuestre la realización de los gastos imputados; así como gastos imputados carente de prueba documental que además sostengan su necesidad para la obtención y conservación de la fuente generadora de ingresos. 

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En ese sentido, el artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que, la base imponible o gravable, es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; normativa legal que además en su artículo 43, expone los métodos de determinación de la base imponible, destacando entre ellos base cierta y base presunta, además de definir las circunstancias en las cuales la entidad fiscalizadora, puede aplicar cada uno de ellos. 

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En consecuencia, las directrices definidas en dicho apartado legal no restringe a la Administración Tributaria al uso de ambos métodos durante su labor fiscalizadora, toda vez 

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que el propósito de los mismos, es establecer de la mejor forma posible la base imponible Henry 

sobre la cual se aplicará la alícuota correspondiente; y tomando en cuenta que el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), se desprende de la utilidad imponible establecida en una determinada gestión fiscal, la cual a su vez emerge de la comparación de ingresos y egresos, conceptos últimos que se constituyen en suma en el objeto propiamente de revisión; y los cuales para el caso en cuestión, existe información que 

NB-iso permite establecer con certeza, la cuantía de un concepto como es el gasto, sin necesidad C.B.C.R.

de establecer presunciones, pues se conoce de forma certera, el importe que afectó, la sistema de gestion 

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determinación del IUE y que en la revisión desarrollada, el SIN advirtió el incumplimiento de lo previsto en los artículos 7 y 8 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE) y numerales 4 y 5 artículo 70’de Ley N° 2492 (CTB). 

Ahora bien, para el otro componente que participa en la determinación de la base imponible como es el ingreso obtenido por el sujeto pasivo- la información bancaria obtenida por la Administración Tributaria, le permitió a éste ente recaudador, la confrontación de la misma con la información proporcionada por el administrado, coligiendo de ésta, diferencias asumidas como ingresos no declarados por Mario Córdova Pinto; hecho que fue debidamente expuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales aclarando que: “De la revisión de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) se evidencia que el contribuyente no registra ni declara contablemente la cuenta de activo “Bancos” toda vez que el registro del movimiento de efectivo de sus transacciones comerciales se realizó a través de la cuenta Caja Moneda Nacional., argumentación que se encuentra expuesta tanto en la vista de Cargo N° 29-00187-16 (fojas 2928-2929 de antecedentes administrativos) como en la Resolución Determinativa N° 171739000009 (fojas 3131 de antecedentes administrativos).

Asimismo, la entidad fiscalizadora, desglosó los requerimientos efectuados al contribuyente con el propósito de contar con información referida al movimiento bancario advertido, además de precisar la solicitud efectuada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) así como las respuestas obtenidas y las diferencias’arribadas, las cuales debido a la ausencia de documentación de descargo, ofrecida por el contribuyente, conformaron la base de lculo de los ingresos imponibles que intervinieron en la determinación del IUE por la gestión concluida a diciembre de 2012.. 

En dicho sentido, la determinación de la base de cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) aplicada por la Administración Tributaria, considerando base cierta para establecer los gastos depurados y base presunta para estimar los ingresos imponibles; no transgreden lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que dicha normativa, no restringe el uso de los métodos de determinación de la base imponible sobre base cierta y presunta de forma conjunta en un proceso de fiscalización, más aun cuando la entidad recaudadora aplicó dichos métodos de forma diferenciada para conceptos diferentes, no existiendo indicio que permita presumir una vulneración al debido proceso y/o al derecho a la defensa y en consecuencia, pueda impulsar la nulidad del trabajo desarrollado por la Administración Tributaria, debiendo desestimar lo argüido por el sujeto pasivo, en cuanto a este aspecto. 

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IV.4. En cuanto a la determinación sobre Base Presunta Por otro lado, el contribuyente indicó que la determinación sobre base presunta, debió ser utilizada como último recurso, sin contener el acto impugnado, una debida fundamentación de hecho y de derecho y menos para el método aplicado, reiterando la ausencia de una valoración de la prueba ofrecida

Al respecto, sobre este agravio el SIN precisó que la determinación sobre sobre base presunta de los ingresos percibidos en cuentas bancarias Nos. 44722-002-4 M/N y 44722 201-9, cumplió los requisitos establecidos por la Ley, permitiendo la aplicación de éste método; resaltando que, en dos oportunidades solicitó documentación al contribuyente, la cual no fue atenida en su totalidad, razón que impulsó a obtener información de terceros, que permitan establecer la realidad económica del sujeto pasivo, ejerciendo su labor investigativa, no pudiendo reclamar el sujeto pasivo determinación sobre base cierta, señalando que, cursa antecedentes del trabajo realizado y la documentación que respalda la posición asumida, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

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En ese contexto, la doctrina considera a un proceso de Determinación como: “Al acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe de la deuda tributaria, y dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la vista de Cargo, que en doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: “el resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es presuncional: En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la administración se ve obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad procedimental. (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Edición Cuarta. Buenos Aires Argentina Págs. 265 y 299300). 

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Asimismo sobre la determinación, Fonrouge señaló que en las suposiciones: “(…) la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los (...) previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la obligación.” (GIULANI Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero, Sil Edición, Volumen 1, Buenos Aires: Ediciones “Depalma“, 1993. Págs. 507-510)

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Por otro lado, se considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados. nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 90)

Remitiéndonos a la normativa, el parágrafo 1 del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado: 

Disposición, concordante con el artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone, que la Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo. b) Fecha. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de registro tributario, cuando corresponda. e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). f) Liquidación previa de la deuda. tributaria. g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Asimismo, el artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Concordante con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que señala, que la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecid en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, ncepto y determinación del adeudo tributario calculado de Sistema de Gestión 

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acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

En ese entendido, los parágrafos I y II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al caso, en atención al artículo 74, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que, sen anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, siendo que el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

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Ahora bien, remitiéndonos a los antecedentes administrativos se advierte tanto la Vista de Cargo N° 29-00187-16 como la Resolución Determinativa N° 171739000009 refieren en el punto “Otros ingresos percibidos (depósitos) en Cuentas Bancarias N° 44722-002-4 M/N y N° 44722-00201-9 ME del Banco BISA S.A. a nombre del contribuyente, no registrados contablemente y sin documentación de respaldo” que evidenciaron que el sujeto pasivo no registró ni declaró contablemente la cuenta “bancos”, siendo que la Administración Tributaria mediante nota solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), información documentada respecto a cajas de ahorro, cuentas corrientes, boletas de garantía, transferencias, etc. a nombre de Mario Córdova Pinto, obteniendo como respuesta la nota GOP/BO/10036/2015 emitida por el Banco Bisa S.A., informando la existencia de cuentas bancarias a nombre del sujeto pasivo (fojas 2921, 3131 y 89-90 de antecedentes administrativos). 

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Asimismo, prosigue señalando que el Banco Bisa S.A.’ remitió documentación relacionada con las cuentas bancarias N° 44722-002-4, 44722-201-09, 69124-001-1, 69124-201-3, consistente en depósitos en cuenta, copias de cheques, transferencias bancarias, formulario PCC-001, etc., de la cual evidenció ingresos por Venta de GLP y retiros por concepto de transferencias a la cuenta 069124-001-1 de “Peca Gas”, el cual se constituye en el único proveedor del sujeto pasivo, también advirtió que Mario Cordova Pinto declaró ser empresario y propietario de “Peca Gas”; razón por la cual, la Administración Tributaria consideró que los movimientos bancarios de las referidas cuentas se encuentran vinculados a la actividad económica y las operaciones gravadas del recurrente. 

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Por otra parte, señalar que la Administración Tributaria a través de la Nota 06-01282-16 de 5 de mayo de 2016 (fojas 4251 de antecedentes administrativos), misma que se encuentra expuesta en la vista de Cargo N° 29-00187-16, así como en la Resolución Determinativa No 171739000009 (fojas 2921 y 3131 de antecedentes administrativos), solicitó a Mario Cordova Pinto la presentación de certificaciones y/o aclaraciones de manera escrita de la naturaleza de las transacciones de ingresos y egresos, no obstante el sujeto pasivo no presentó documentación alguna; además que de la revisión de los Estados Financieros. advirtieron que el sujeto pasivo no registra cuentas de activo exigible que demuestren que los ingresos percibidos en cada mes correspondan a ingresos generados en meses o gestiones anteriores 

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De lo señalado precedentemente, se advierte que, la Administración Tributaria, basó la determinación de ingresos no declarados, en razón a que el sujeto pasivo posee cuentas bancarias que no están registradas en su contabilidad y que presentan movimientos económicos (ingresos y egresos) que se encuentran vinculados a su actividad gravada, además que no proporcionó información y documentación requerida respecto a los movimientos de sus cuentas bancarias, hecho que se adecua a lo establecido en el inciso a) del numeral 5 del artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB) y el inciso b) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

De esta manera, se advierte que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa poseen el fundamento de hecho y derecho necesario para atribuir al recurrente la configuración de ingresos no declarados conforme exigen los artículos 96 parágrafo I y 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) concordantes con los artículos 18 y. 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), toda vez que la Administración Tributaria en uso de sus facultades de control, verificación fiscalización e investigación establecidas en el artículo 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) obtuvo documentación de terceros que acredita la existencia de cuentas bancarias que no fueron registradas en su contabilidad a nomb bre de Mario Cordova Pinto, las cuales presentan depósitos percibidos, Transferencias de Terceros y Depósitos de Cheques que se encuentran vinculados a la actividad gravada del recurrente, el cual no presentó prueba o explicación del origen de dichos depósitos, pese a ser solicitados formalmente por el SIN, cuando su obligación es desvirtuar los cargos atribuidos por el ente recaudador conforme lo establece el artículo 76 y 80 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que, no corresponde lo manifestado por el recurrente al respecto. 

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Adicionalmente, debemos señalar que este aspecto fue analizado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0909/2017 de 

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18 de julio de 2017, que estableció lo siguiente: xvi. Según lo expuesto precedentemente, no es evidente que la vista de Cargo carezca de fundamentos y documentación de respaldo en la formulación de los cargos, es decir, en la determinación de los ingresos no declarados por depósitos en cuentas bancarias, puesto que tal como se señaló en los Párrafos precedentes, así como de la descripción de la citada Vista de Cargo, debido a la falta de documentación presentada por el contribuyente, la Administración Tributaria solicitó información a terceros, a tal efecto el BANCO BISA SA. informó sobre la existencia de las Cuentas Bancarias Nos. 44722-002-4 MIN y 447222019 M/E, a nombre de Mario Córdova Pinto, y otras tres (3) cuentas en la misma Entidad Financiera Nos. 69124-001-1 MIN, 69124201-3 ME y 69124202-1 M/E a nombre de la Empresa PECA GAS ENVASADORA DE GLP como titular es Mario Córdova Pinto

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Prosigue señalando: xvii. Posteriormente; la citada Entidad Financiera remitió el respaldo de las transacciones realizadas en las cuentas bancarias referidas, documentación a partir de la cual la Administración Tributaria procedió a discriminar los importes, considerando como ingresos no declarados los Depósitos en Efectivo, Transferencias de Terceros y Depósitos de Cheques, analizando también la relación existente entre el depositante y el Sujeto Pasivo, concluyendo que la persona que habitualmente efectúa los depósitos, es dependiente de Mario Córdova Pinto (...) xviii. En tal sentido, habiéndose constatado que se habilito para la Administración Tributaria la facultad de determinar sobre base presunta, por no haber aportado el contribuyente todos los documentos que le fueron solicitados, además que resulta evidente que la vista de Cargo N° 29-00187-16, de 19 de septiembre de 2016, cuenta con la relación de hechos y de derechos que sustentan la determinación de ingresos no declarados sobre base presunta, de lo que se advierte que el acto preliminar se encuentra debidamente fundamentado de conformidad a lo dispuesto en el Parágrafo / del Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) (...)

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Consecuentemente, no corresponde lo agraviado por la parte recurrente, en consideración a que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, poseen la fundamentación de hecho y derecho necesaria para respaldar la atribución de ingresos no declarados sobre base presunta, asimismo el sujeto pasivo, no presentó documentación que demuestre que dichos ingresos no provienen de la realización de su actividad gravada, por lo que la determinación realizada resulta correcta. 

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Por otra parte, en relación a la Sentencia No 35 – Auto Supremo N° 35/2016-S, corresponde indicar que las fuentes de derecho tributario están claramente definidas en el artículo 5 de la 19001 Ley N° 2492 (CTB), de manera que, los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, 

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no se encuentran en el marco de la citada provisión legal, consiguientemente, debemos referir que los Autos Supremos, son precedentes jurisdiccionales que construyen la Jurisprudencia a fin de que el juez confiera igual tratamiento a situaciones similares,, pero no son vinculantes, ni obligatorias, a diferencia de las Sentencias Constitucionales, toda vez que de acuerdo al artículo 8 de la Ley N° 027, las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y. contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; de lo que se infiere que el carácter vinculante establecido por la normativa legal solamente va dirigido a las decisiones y sentencias que emita el Tribunal Constitucional en uso de sus facultades y atribuciones, por lo que no corresponde lo argüido por el recurrente sobre el desconocimiento de los Autos Supremos. 

IV.5. Sobre la determinación del IVE sin considerar las pérdidas acumuladas, gastos no deducibles y otros Sobre el punto, el recurrente reclamó que la Resolución recurrida determinó el IVE presuntamente omitido, ya que para determinar la utilidad imponible final, conforme disponen los artículos 48 de la Ley N° 843 y el artículo 32 del Decreto Supremo N° 24051, se debe compensar las pérdidas de fuente boliviana que la empresa tuviera ao de la misma manera, conforme a los artículos 36 y 47 de la Ley N° 843, para determinar la utilidad imponible final, se debe considerar el resultado contable de Estados Financieros que la empresa tuviera en la gestión y sumar los gastos no deducibles que se determinen conforme a normativa aplicable. . . . .

En oposición, la Administración Tributaria señaló que el contribuyente no liquido correctamente el IVE de la gestión 2012, al no declarar todos sus ingresos percibidos e imputó como deducibles gastos que no se encuentran documental y normativamente sustentados, incumpliendo la normativa vigente para tal fin; además, en relación a los gastos deducibles, aludió que de la revisión del formulario 500 V-2 de la gestión 2012, evidenció que el contribuyente, no declaró gastos no deducibles, por lo que lo reclamado carece de consistencia y congruencia al pretender que se consideren aspectos inexistentes

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En principio, antes del análisis del Formulario 500V2-UE debemos indicar que el parágrafo | del artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: 9. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código”. 

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Al respecto, si bien en la Declaración Jurada del IUE referida en el parágrafo anterior, se advierte que el recurrente para la gestión 2012 declaró una pérdida no compensada de la gestión anterior de Bs68.895.-, empero, a efecto de proceder con lo pretendido por el sujeto pasivo, este último, debió efectuar una rectificatoria a su declaración jurada como modo de extinción de la deuda tributaria por concepto de IUE, además de resaltar que efectuar la compensación invocada por Mario Córdova Pinto, no procede de oficio, sino, como se mencionó, dentro de lo establecido por el citado artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB), por la incidencia en las declaraciones juradas presentadas en gestiones posteriores, consecuentemente no corresponde lo manifestado por el recurrente, al no evidenciar dicha compensación en el presente caso. 

Por otra parte, en relación a que la Administración Tributaria, no consideró los gastos no deducibles declarados por el sujeto pasivo en su Declaración Jurada del IVE, debemos indicar que el acto impugnado deviene de un proceso de determinación, en el cual, el Servicio de Impuestos Nacionales procedió a verificar la correcta liquidación del IUE de la gestión 2012, en ese entendido, el ente recaudador, en base a la documentación presentada por el sujeto pasivo, así como la obtenida de terceros procedió a determinar los importes correspondientes a todos los conceptos deducibles y no deducibles del impuesto verificado. 

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Ahora bien, compulsando la Declaración Jurada Form. 500 correspondiente al IUE de la gestión 2012 cursante a fojas 1823 de antecedentes administrativos, se advierte que el sujeto pasivo declaró en la casilla 71 “Total Gastos no Deducibles” un importe de Bs52.425; no obstante, no presentó prueba, argumento o explicación de que el mismo corresponde a los gastos observados y reparados por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada a efecto de poder ser considerados al momento de liquidar la deuda tributaria conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), máxime cuando a través de la Vista de Cargo N° 29-00187-16, el ente recaudador dio a conocer de forma especifica cuáles son los gastos que consideró no deducibles, consecuentemente no corresponde lo manifestado por el recurrente al respecto a constituirse en una simple alegación sin sustento. 

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En suma, de la revisión de antecedentes administrativos y la compulsa de los agravios propuestos por Mario Córdova Pinto en su calidad de recurrente y los argumentos 

expuestos por parte de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de la C.B.C.R. Impuestos Nacionales, habiendo sido desvirtuados los vicios de nulidad denunciados, así 

IBNORCA como el cumplimiento de la normas dentro del proceso de fiscalización llevado a cabo en 

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contra del ahora recurrente, este último no desvirtuó los cargos establecidos en el acto impugnado; por lo que, corresponde a ésta, instancia recursiva confirmar, en todas sus partes la Resolución Determinativa N° 171739000009 de 9 de enero de 2017 emitida por la mencionada Administración Tributaria. – 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171739000009 de 9 de enero de 2017, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley. No 2492 (Título V CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento .. obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. : : : 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad. General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° . 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase.

Xorah du Claudia B. Cors Rejas

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTÉRINA Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia Legal de la Autoridad Regional de 

Impugnacion Tributarla Cochabamba 

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