ARIT-CBA-RA-0373-2017 El SIN determinó Multa por incumplimiento de deberes formales correspondientes al IUE de la gestión 2011, esto debido a que el SIN demostró que cumplió con los procedimientos establecidos en la Ley sobre la determinación de la deuda tributaria, la determinación sobre base presunta, y la correcta depuracion delas facturas observadas de las cuales el contribuyente no presento documentación de respaldo de los gastos

ARIT-CBA-RA-0373-2017

IT 

Cochabamba 

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0373/2017 Recurrente. : Mario Córdova Pinto, legalmente representado por Cinthia Torrico 

Orellana 

Recurrido 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Expediente 

: ARIT-CBA0022/2017 

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017 

Fecha 

: Cochabamba, 22 de septiembre de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0373/2017 de 22 de septiembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

TE TIPUGHACEN 

CON REGION

  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, determinó las obligaciones impositivas del contribuyente Mario Córdova Pinto, en la suma de UFVs973.914, equivalentes a Bs2.118.058.-, que consolida el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión concluida a diciembre de 2011; acto notificado mediante cédula a Córdoba Pinto Mario el 16 de enero de 2017 (fojas 29823039 C15 de antecedentes administrativos)

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente. Mario Córdova Pinto, legalmente representado por Cinthia Torrico Orellana conforme al Testimonio de Poder N° 1188/2015 de 06 de octubre de 2015 (fojas 5657 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 171739000010 de 10 de enero de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 58-65 del expediente administrativo), argumentando lo siguiente: 

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  1. 9001. IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N’EC2741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 4140012• www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

Agravió vulneración al ordenamiento jurídico, por la notificación de actuaciones fuera del plazo legal, emitiendo una Resolución Determinativa con fundamentos contrarios a la normativa tributaria en vigencia, respecto a determinación sobre base presunta, lesionando el debido proceso e incurriendo en causales de nulidad. 

Vulneración al derecho a la impugnación, debido proceso, derecho a respuesta, principio pro actione por el incumplimiento del artículo 104 del Código Tributario y prescripción de facultades de determinación por parte de la Administración Tributaria. Señaló el incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, que al 21 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria no cumplió con la emisión de la Vista de Cargo correspondiente; y menos le dieron a conocer prórroga justificada emitida por la MAE del Servicio de Impuestos Nacionales, para la ampliación de seis meses en el desarrollo de la fiscalización llevada a cabo, a pesar de haber solicitado el mismo, impidiendo ejercer su derecho a recurrir la inexistencia de la citada autorización de ampliación o prórroga, refiriéndose a lo precitado en la STG/RJ/0162/2005 de 29 de julio de 2005, ampliando su argumentación, con la SC 0176/20003-R en cuanto al derecho a la petición. 

Por otro lado, alegó que debido a que los hechos generadores pertenecen a la gestión 2011, las facultades de la entidad recurrida prescribieron, estando la Resolución impugnada nula de pleno derecho. 

  • Manifestó que los aspectos referidos previamente, fueron omitidos maliciosamente en la 

Resolución recurrida, destacando que si bien la vista de Cargo fue emitida en plazo, pero su notificación fue materializada 30 días después, es decir, fuera de los 12 meses, cuando debieron hacerlo en un plazo máximo de cinco (5) días, refiriendo el artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA); coligió la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, impidiéndole conocer los motivos que impulsaron el atraso en el proceso de fiscalización y su ampliación respectiva, acotando que los actos administrativos surten efectos en la fecha de su notificación y no en su fecha de emisión.. 

Insistió que la Resolución Determinativa recurrida, afectó los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica, contemplado en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la vulneración al artículo 104 numerales IV y V de la Ley N° 2492 (CTB). 

NB-150 

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  • IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N°EC-27414 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Nulidad de la Resolución impugnada por la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 de 8 de mayo de 2013

Señaló que la vista de Cargo y el acto impugnado, utilizan como fundamento para la determinación sobre base presunta, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, sin tomar en cuenta que los hechos generadores sucedieron en la gestión 2012, otorgando a dicha normativa la calidad de retroactiva, trasgrediendo el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), la cual debe aplicarse prioritariamente ante cualquier otra norma jurídica inferior jerarquía. 

Asimismo, precisó que la Administración Tributaria procedió con la errónea aplicación de la norma citada, pues no consideró ni analizó el valor probatorio la documentación recabada en dicho proceso, así como a los descargos producidos; además de no haber aplicado la normativa legal vigente en los periodos fiscalizados, corresponde dejar sin efecto lo obrado por la entidad tributaria; por lo que correspondè la nulidad de dichas actuaciones, para la aplicación de las disposiciones jurídicas en vigencia en relación a la temporalidad de los actos

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Determinación efectuada sin fundamentación. 

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Que la determinación realizada por la Administración Tributaria, no responde al principio constitucional de verdad material previsto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y que de acuerdo a la doctrina, las reglas establecidas para la determinación, no dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles; predominando el principio de verdad material y que la certeza de los hechos, establecería la seguridad necesaria para el cumplimiento de los fines de la Administración Tributaria. 

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Sostuvo que los fiscalizadores, no identificaron las diferencias inesperadas o la ausencia de diferencias esperadas, que debieron ser investigados sin recurrir a la determinación sobre base cierta y presunta, lo cual no se encuentra contemplado en la normativa utilizada por la Administración Tributaria, coligiendo que el procedimiento no constituye por sí mismo, un elemento contundente y cierto de determinación de impuestos omitidos. 

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Expuso que la determinación sobre base presunta, se basó en la información de controles cruzados que no reflejarían su realidad económica y/o la verdad material de sus operaciones, sustentando la existencia de ventas no declaradas en presunciones sobre el movimiento de cuentas bancarias, aludiendo a la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ-0306/2015, que establecen la realización de una determinación de tributos, sobre 

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de la Calidad Certificado NEC27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 0381 entre Ecuador y Venezuela zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 4140012• www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

base cierta basada en la revisión de toda la documentación proporcionada por el contribuyente. 

Indicó que la determinación sobre base presunta, debió ser utilizada como último recurso, sin contener el acto impugnado una debida fundamentación de hecho y de derecho y menos para el método aplicado, reiterando la ausencia de una valoración de la prueba ofrecida, a pesar que la misma estaba notariada y foliada, por lo que, precisó que el procedimiento estaría viciada de nulidad en virtud al inciso c) artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable por mandato del artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por otra parte, arguyó la vulneración de los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), indicando que ambos actos obvian establecer de manera adecuada los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten el reparo establecido por el IUE, debido a ingresos supuestamente no declarados que se basan en depósitos bancarios, existiendo únicamente la cuantificación de la misma, aspecto que vicia de nulidad dicha actuación.

Asimismo refirió lo señalado en el artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB), así como los artículos 16. y 17 de la mencionada norma legal, aclarando que con ellos, fueron establecidos formalidades y requisitos para evitar la discrecionalidad de la Administración Tributaria y que por el contrario, dicha determinación este acorde al principio de verdad material y debidamente respaldado con documento probatorio; por consiguiente, la información de los depósitos bancarios, no cumplen los requisitos establecidos en los artículos 95, 16 y 17 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo deber del SIN, respaldar que dichos movimientos fueron originados en la percepción de ingresos gravados, aludiendo a la Sentencia No 35 – Auto Supremo N° 35/2016-S de 11 de mayo de 2016.. 

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La Resolución Determinativa determinó un IVE omitido, sin considerar las pérdidas acumuladas, gastos no deducibles y otros. Sostuvo que la Administración Tributaria no consideró la aplicación del artículo 48 de la Ley N° 843 y artículo 32 del Decreto Supremo N° 24051; es decir, la compensación de las pérdidas de fuente boliviana que la empresa tuviera acumuladas, falencia advertida en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, las mismas que no fueron tomados en cuenta para reducir la supuesta utilidad imponible adicional establecida limitándose a aplicar el 25% a todas las depuraciones de gastos efectuados sin fundamento legal. 

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Mencionó que la Resolución recurrida, no tomó en cuenta los artículos 36 y 47 de la Ley N° 843, pues no consideró los Gastos No Deducibles, limitándose a multiplicar el valor de 

alícuota con los gastos depurados efectuados sin fundamento alguno. 

Depuración ilegal de las facturas observadas y determinación en base cierta con actuados insuficientes. Precisó que las facturas observadas corresponden a insumos para la actividad económica, plenamente verificables con la consulta a la Actividad Económica, debido a que los gastos forman parte de su utilidad, cumpliendo con los requisitos exigidos para beneficiarse del Crédito Fiscal, de acuerdo a los artículos 8 y 47 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, siendo necesarios para la obtención de la utilidad y conservación de la fuente.” 

Prosiguió indicando los requisitos por ley yaquellos definidos jurisprudencialmente; y que más allá de ello, la Administración Tributaria posee las más amplias facultades para investigar, verificar, fiscalizar los hechos, actos, datos y elementos que integren un hecho imponible, además que los proveedores declararon las citadas facturas en su Libro de Ventas IVA, no existiendo un control cruzado o requerimiento a los emisores de las notas fiscales observadas, encontrándose incompleta la determinación sobre base cierta. 

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Actas por Contravenciones. Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, de establecer específicamente la contravención y sancionan por partida doble una misma contravención. Adujo que las Actas por Contravenciones Tributarias, no establecen específicamente los elementos requeridos que no fueron entregados; puntualizó que el segundo requerimiento del que fue objeto, también omite detallar los documentos entregados y faltantes, como establece la Ley, sancionando por partida doble el incumplimiento con importes contradictorios e ilegales. 

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En petitorio, solicitó una resolución anulatoria, para que bajo el principio de verdad material, 

la Administración Tributaria requiera las facturas del emisor que demostrarían ampliamente .. la validez de las facturas observadas

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II.2. Auto de Admisión. El 9 de febrero de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA0022/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Cinthia Torrico Orellan en representación de Mario Córdova Pinto, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

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contra el Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 66 del expediente administrativo)

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. . La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, – legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán, acredito personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia No 03039116 de 1 de agosto de 2016 (fojas 69 70 del expediente administrativo), por memorial presentado el 3 de marzo de 2017 (fojas 7178 del expediente administrativo) contestó negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, exponiendo los siguientes argumentos: 

Sobre la vulneración del derecho de impugnación, debido proceso, derecho a respuesta por incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) Sostuvo que no existió forma legal de justificar la aplicación del artículo 33 de la Ley No: 2341 (LPA), cuando existe normativa tributaria específica, aclarando su aplicación sólo en el caso de ausencia de norma. 

En cuanto al incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), puntualizando que la emisión de la Vista de Cargo debe efectuarse en un máximo de 12 meses desde el inicio del proceso de fiscalización, el cual comienza con la notificación de la Orden de Fiscalización, hecho que sucedió el 21 de septiembre de 2015 y la Vista de Cargo en cuestión fue emitida en el plazo previsto por el artículo citado previamente, fundada en hechos, actos, datos, elementos y lo exigido por el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB); acto que se constituye en la comunicación oficial de los resultados arribados por la Administración Tributaria, dándole la posibilidad de asumir la defensa de rigor, razonamiento congruente con el artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)

En virtud a lo expuesto, señaló que no existió vulneración al debido proceso previsto en el .. parágrafo Il artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), garantizando además lo señalado en los numerales 6 y 7 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que las causales de nulidad, deben estar expresamente sancionadas en la norma legal y que emanen de la vulneración del debido proceso sobre todo el derecho a la defensa; y en el presente caso, fueron precauteladas las garantías constitucionales, siendo prueba de ellos, el conocimiento de todos y cada uno de los actuados emitidos por la Administración Tributaria y las respuestas a las solicitudes presentadas por el sujeto pasivo, enunciando al Nozom respecto al Auto Supremo 089/2014 de 30 de abril de 2014. 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Sostuvo que en el presente caso, el sujeto pasivo, no precisó la normativa legal que dispondría la nulidad; y menos que la supuesta omisión haya afectado sus derechos o limitado sus acciones

Por otro lado, sobre la falta de respuesta, arguyó que el recurrente no especificó cuál fue la solicitud carente de atención, aclarando que todas las peticiones de Mario Córdova Pinto fueron debidamente atendidos, mediante Proveídos expresos emitidos por ésta Gerencia GRACO Cochabamba y que los mismos fueron notificados mediante Secretaría conforme artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, precisó que el acto impugnado contiene un detalle cronológico de todas las solicitudes y sus correspondientes respuestas, demostrando así que no fueron trasgredidos derechos y garantías constitucionales. 

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Aplicación indebida de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 y. la determinación de la base sobre base cierta y presunta en depósitos bancarios. Argumentó que la forma de determinación, responde a las normas de derecho procesal o adjetivo, para el cual debe aplicarse la normativa vigente a momento de iniciar el procedimiento, salando al respecto la Sentencia Constitucional N° 1047/2013 y el principio tempus regis actum, destacando la utilización de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, a todo procedimiento administrativo iniciado con posterioridad al 8 de mayo de 2013, debiendo entenderse que el caso sujeto a análisis, inició el 15 de septiembre de 21015, en plena vigencia de la Resolución Normativa de Directorio referida líneas previas, sin transgredir así, los artículos 123 y 150 de la Constitución Política del Estado (CPE)

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Por otra parte, en cuanto a determinación sobre base cierta y base presunta, alegó que los artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB), no restringen menos limita el uso de ambos métodos para la determinación de la base imponible; resaltando que, la aplicación de dichos métodos, sobre conceptos diferentes, resultaría correcta: 1) Base Presunta para los depósitos en las cuentas bancarias y; 2) Gastos imputados a los resultados de la gestión 2011 sin documentación de respaldo, que demuestre la realización y que además sostengan su necesidad, para la obtención y conservación de la fuente generadora de ingresos

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Reiteró que la determinación en base a los ingresos percibidos en cuentas bancarias Nos. 44722-002-4 M/N y 44722-000201-9, cumplió los requisitos establecidas por la Ley para la aplicación de este método, resaltó que en dos oportunidades solicitó documentación al 

IBNORCA contribuyente, la cual no fue atenida en su totalidad, razón que impulsó obtener información 

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Sistcorsa de Gestión 

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de terceros que permitan establecer la realidad económica del sujeto pasivo, ejerciendo su labor investigativa, por lo que no puede reclamar el sujeto pasivo determinación sobre base cierta, señalando que cursa antecedentes del trabajo realizado y la documentación que respalda la posición asumida, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

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Con relación a la determinación de base presunta de “otros ingresos percibidos (depósitos) en cuentas Bancarias N° 44722-002-4 MIN Y N° 44722002019 ME Banco Bisa S.A.; aclaró que el Banco BISA SA., informó la existencia de dos cuentas bancarias N° 44722 002-4 M/N y 44722-201-9 M/E registrada a nombre del contribuyente y otras 3 cuentas Nos. 69124001-1 M/N, 69124201-3 M/E y 69124-202-1 M/E que figuran a la empresa PECA GAS Envasadora de GLP, aspecto que fue solicitado al contribuyente y que a pesar de la ampliación de plazo de cinco (5) días, no fue cumplida por el sujeto pasivo, realizando la determinación en función a la información proporcionada por la entidad información, no existiendo en los Estados Financieros del sujeto pasivo, registro de cuentas de exigible que haga presumir que dichos depósitos comprenden movimiento de periodos anteriores

Añadió que el contribuyente no presentó documentación contable de sus transacciones que demuestre el movimiento económico financiero reflejado en sus Estados Financieros a diciembre 2011, comparando los ingresos expuestos en su Estado de Resultados y los declarados en el Formulario 200 y estableciendo una diferencia, demostrando así la presunción efectuada; añadiendo que no puede tomarse en cuenta el Auto Supremo No 35/2016-s, pues este, se refiere a la determinación sobre base cierta en el caso de depósitos bancarios

La determinación no considera la pérdida acumulada y los gastos no deducibles. Que para la determinación del IVE, dio cumplimiento al artículo 48 de la Ley N° 843 modificado por la Ley 169 de 9 de septiembre de 2011, que establece la posibilidad de compensación de la pérdida de fuente boliviana, como máximo hasta los 3 años siguientes; acotando que el sujeto pasivo no efectuó la determinación del IUE conforme a lo previsto en la Ley N° 843, Decreto Supremo N° 24051, numeral 11 artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) modificada por el artículo 20 de la Ley N° 062, artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RĆTB), modificada por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo 772, en los artículos 1, 2, 3 y 6 y parágrafo I artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 001111 y otras disposiciones conexas. 

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Con relación a la omisión de los gastos no deducibles, precisó que el contribuyente al momento de declarar el formulario 500 V-2 de la gestión 2011, no incluyó gastos no deducibles en la casilla 71; en consecuencia su reclamo, carecería de consistencia y congruencia y arguyó la ausencia de documentación que respalde los argumentos expuestos, tal como exige el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Depuración ilegal de las facturas observadas. Sostuvo que la depuración se debió a la falta de sustento documental que demuestre la realización de los gastos expuestos en su Estado de Resultados, así como su vinculación con la actividad gravada y la condición de ser un gasto necesario para la obtención y conservación de la fuente generadora de ingresos, señalando los documentos ofrecidos por parte del sujeto pasivo, aclarando además el incumplimiento de lo requerido al inicio de la fiscalización. Asimismo, expuso que fue contravenido el artículo 35 del Decreto Supremo No 24051 referido a los registros y operaciones contables, determinando diferencias que no cuentan con documentación de respaldo

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Las Actas por Contravenciones Tributarias sancionan dos veces la misma contravención. Manifestó que las Actas fueron labradas porque el contribuyente incumplió lo dispuesto en el numeral 8 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), procediendo a sancionar por la entrega parcial de información y documentación requeridos mediante Orden de Fiscalización No 00150FE00013 y Requerimiento No 127403, así como el incumplimiento de la Nota No 06 01303-16; sanciones que fueron expuestas en las Actas Nos. 147775 y 147777, destacando que no fue multado el contribuyente dos veces por el mismo incumplimiento, pues efectuó dos requerimientos de documentación en diferentes oportunidades y fue el sujeto pasivo quien no cumplió con lo previsto en el artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Por todo lo descrito, solicitó Resolución de Recurso de Alzada, confirmando en todas sus partes la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017. 

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II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 6 de marzo de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el. Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0022/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas 

partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 79 del 6B.S.A. expediente administrativo). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní

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11.4.1. Prueba Administración Tributaria. El 23 de marzo de 2017, Rosmery Villacorta Guzmán en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, se apersonó y ratificó en calidad de prueba documental los antecedentes administrativos (fojas 81 del expediente administrativo). 

: II.5. Alegatos. 

11.5.1. Alegatos Sujeto Pasivo. Por memorial presentado el 17 de abril de 2017, Cinthia Torrico Orellana apoderada de Mario Córdova Pinto, presentó alegatos refiriendo que la Resolución impugnada es anulable, encontrándose viciada y que dentro de sus elementos mínimos y su procedimiento se realizó imperfectamente, vulnerando la Administración Tributaria los. : derechos fundamentales ignorando la normativa legal, asimismo que la Administración Tributaria perdió por el transcurso del tiempo, sus facultades de acción de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que solicitó se rechace, o acepte la solicitud de prescripción (fojas 84-85 del expediente administrativo)

: 11.5.2. Alegatos Sujeto Activo.. . 

Por memorial presentado el 17 de abril de 2017, la Administración Tributaria presentó ** alegatos ratificando los argumentos esgrimidos a momento de contestar el Recurso de 

Alzada (fojas 90-94 del expediente administrativo).

* III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

EI 04 de septiembre de 2015, la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Fiscalización No 00150FE00013, que comprendía la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el UE por la gestión concluida al 31 de diciembre de 2011. Acto que fue notificado mediante cédula, a Córdoba Pinto Mario, el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 y 15 C-1 de antecedentes administrativos). 

El 15 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Formulario de Requerimiento No 00127903 y Anexo, manifestando que para el inicio de la fiscalización de referencia, requiriendo documentación que fue detallada en originales, fotocopias y en los casos requeridos en medios magnéticos. Otorgando un plazo para la documentación solicitada de 5 días hábiles a partir de la notificación. Acto que fue notificado mediante cédula, a los representantes legales del sujeto pasivo, el 21 de septiembre de 2015 (fojas 4 7 y 15 C-1 de antecedentes administrativos). 

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1 III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Por nota presentada el 24 de septiembre de 2015, Mario Córdova Pinto, solicitó al Servicio de Impuestos Nacionales, la ampliación de quince (15) días a partir de la legal notificación del requerimiento; petición que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00746-15, otorgándole el plazo de 10 días para cumplir con los requerimientos notificados (fojas 17-23 C-1 de antecedentes administrativos). 

El 22 de octubre de 2015, el SIN emitió el Requerimiento N° 00127932 y su anexo, exponiendo documentación e información referida a la verificación y objeto de fiscalización e incluso aclaraciones sobre los saldos expuestos en su Estado de Resultados. Actos que fueron notificados el 30 de octubre de 2015 (fojas 24-30 C-1 de antecedentes 

administrativos). 

El 03 de noviembre de 2015, Córdoba Pinto Mario mediante memorial, solicitó la ampliación. de plazo para la presentación de la documentación requerida en el Formulario N° 4003 Requerimientos Nos. 00127933 y 00127932, el cual fue concedida por ocho (8) días mediante Proveído N° 24-0085915, acto que fue notificado el 18 de noviembre de 2015 (fojas 32-37 C-1 de antecedentes administrativas). 

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La Administración Tributaria, mediante Actas de Recepción de Documentación, recepcionó la documentación entregada por el contribuyente, en fechas 13 de octubre, 12 y 20 de noviembre, así como el 03 de diciembre todos ellos de la gestión 2015 (fojas 58-62 C1 de antecedentes administrativos)

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El 05 de abril de 2016, la Administración Tributaria mediante CITE: SIN/GGCBBA/DF/NOT/00373/2016 comunicó al contribuyente la realización de una inspección ocular con el propósito de evidenciar físicamente los activos fijos declarados (fojas 38 C-1 de antecedentes administrativos). 

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El 09 de mayo de 2016, conforme a CITE: SIN/GGCBBA/DF/FE/NOT/00564/2016 el SIN solicitó al contribuyente, información respecto a las cuentas bancarias tanto de los ingresos como de egresos, además requirió la presentación de certificación y/o aclaración sobre la naturaleza de las mismas (origen y destino de los fondos, referente a las cuentas en el Banco BISA Cta. Cte. MN N° 44722-002-4, Cta. Cte. ME N° 44722-201-9, Cta. Cte. M/N N° 69124-0011, Cta. Cte. ME N° 69124-201-3, Cta. Cte. M/N N° 44722-002-4, Cta. Cte. ME 447222019 y Cta. Cte. MN No. 69124-0011. Acto que fue notificado el 13 de mayo 

de 2016 (fojas 3950 C-1 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba – Bolivia 

El 20 de mayo de 2016, mediante nota, el contribuyente solicitó una ampliación para la presentación de la información bancaria requerida; la misma que fue atendida por la Administración Tributaria con el Proveído N° 24-0041316 que fue notificado mediante cédula, el 31 de mayo de 2016 (fojas 52-57 C1 de antecedentes administrativos)

El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria emitió Informe Final CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/02100/2016, señaló que con el propósito de proseguir la determinación y recuperación de adeudos a favor del fisco, resultado de la Orden de Fiscalización N° 00150FE00013, correspondía la emisión de la vista de Cargo de conformidad a lo previsto en el artículo 96; parágrafo I y articulo 104 parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 2663-2716 de C-14 de antecedentes administrativos). ...... 

El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29- 00189-16, que liquidó preliminarmente un reparo por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de Bs766.699.-, derivando en una deuda tributaria total de Bs 2.077.936. equivalente a UFV’s965.893, que incluyó tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta del contribuyente y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto que fue notificado mediante cédula el 18 de octubre de 2016 (fojas 2717 2766 de C-14 de antecedentes administrativos). 

  • El 15 de septiembre de 2016, Mario Córdova Pinto mediante oficio solicitó a la 

Administración Tributaria la devolución de los documentos entregados en las órdenes de Fiscalización Nos. 00150FE00013-y 00150FE00014 de 04 de septiembre de 2015, refirió también a la ausencia de notificación del acto, que establezca. la ampliación de la fecha de finalización de la fiscalización, argumentación que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00880-16 (fojas 2907-2908 C15 de antecedentes administrativos). 

El 07 de noviembre de 2016, el sujeto pasivo, mediante a oficio hizo notar al SIN que la documentación original recibida como devuelta, se encontraria incompleta; situación que requiere sea considerado como parte del expediente administrativo (fojas 2917-2918 C15 de antecedentes administrativos)

El 07 de noviembre de 2016, Mario Córdova Pinto mediante memorial, solicitó aclaración y complementación del Proveído N° 24-00880-16 de 20 de septiembre de 2016, referido al tiempo suscitado hasta a la notificación de la Vista de Cargo N° 29-0018916 y del acto 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

administrativo, vinculado con la ampliación para la fiscalización desarrollada (fojas 2922 2923 C-15 de antecedentes administrativos). 

El 21 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizadora emitió el Proveído N° 240103316 atendió el memorial de 7 de noviembre, señalando además que fueron notificadas las Vistas de Cargo Nos. 2900189-16 y 29-0018716, asimismo señaló que se encuentran en la etapa de descargos previstas en el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB); y que la argumentación expuesta en dicho memorial sería atendida y valorada en la Resolución Determinativa conforme lo prevé el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto que fue notificado por cédula, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 29262930 C-15 de antecedentes administrativos). 

PUGNACIONS 

El 06 de enero de 2017, el SIN emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/13/2017 que ratificó los conceptos e importes inicialmente establecidos, reportados y comunicados mediante Vista de Cargo N° 2900189-16, por las que el sujeto pasivo no presentó descargos, ni anunció su presentación, para ser considerados en la determinación de la Deuda Tributaria; recomendando la prosecución con la determinación y recuperación de adeudos tributarios a favor del fisco, en consecuencia la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente (fojas 2931-2981 C-15 de antecedentes administrativos). 

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El 10 de enero de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171739000010, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente Mario Córdova Pinto, en la suma de UFV8973.914, equivalentes a Bs2.118.058.-, que consolida tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión concluida a diciembre de 2011; acto notificado mediante cédula a Córdoba Pinto Mario, el 16 de enero de 2017 (fojas 2982-3039 C-15 de antecedentes administrativos). 

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El 02 de mayo de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARITCBARA 0200/2017, que anuló la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta la Vista de Cargo N° 29-00189-16 de 19 de septiembre de 2016, de tal forma que la Administración Tributaria pueda emitir nuevos actos debidamente fundamentados conforme al parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del 

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artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13 (fojas 114-129 vta. del expediente administrativo)

El 18 de julio de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0915/2017, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0200/2017 de 2 de mayo de 2017, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada inclusive, a objeto que se emita : una nueva Resolución en la que se pronuncie sobre todos los aspectos impugnados en el Recurso de Alzada (fojas 168-181 del expediente administrativo). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA En el presente caso, Mario Córdova Pinto a través de su apoderada, dentro el planteamiento de su impugnación agravió: 1) El incumplimiento del artículo 104 de la Ley N°. 2492 (CTB); 2) La nulidad de la Resolución impaga por la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713; 3) El método de determinación sobre base cierta y presunta, efectuada sin fundamentación; 4) La determinación sobre Base Presunta; 5). La determinación del IUE sin considerar las pérdidas acumuladas, gastos no deducibles y otros; 6) la depuración ilegal de las facturas observadas y determinación en.. base cierta con actuados insuficientes; y. 7) Prescripción.: .. 

– 

Conforme se tiene de la revisión del Recurso de Alzada planteado por Mario Córdova Pinto. a través de su representante Cintia Torrico Orellana, evidenciamos que trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales o de forma denunciados y en caso de no ser evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda

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IV.1. Sobre el incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB). El sujeto pasivo, alegó que la Administración Tributaria omitió notificarle con el acto. pertinente que prorrogue el plazo de fiscalización, impidiéndole el derecho a la defensa y la posibilidad de recurrir, a pesar que dicha omisión fue reclamada oportunamente a la entidad recurrida y que la misma hizo caso omiso de ello, transgrediendo el derecho de contar con una respuesta pronta y oportuna

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De igual forma, precisó el incumplimiento al artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que, la Vista de Cargo fue emitida y notificada después de los doce (12) meses previstos en la citada norma legal, observación que sustenta invocando el artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA) 

Por su parte la Administración Tributaria, sostuvo que el artículo 33 de la citada Ley N° 2341 (LPA) no es aplicable al presente caso, al existir normativa específica referida a la emisión y notificación de la Vista de Cargo; aduciendo que cumplió con los plazos y procedimientos establecidos en la Ley N° 2492 (CTB), pues el citado acto fue emitido dentro los doce (12) meses previstos en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), conteniendo todos los elementos y requisitos señalados en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), comunicación formal que dio posibilidad al administrado de asumir la defensa correspondiente, afirmando que sus actuaciones garantizaron el debido proceso, no existiendo normativa que sustente la nulidad argüida, además de no especificar la solicitud que no fue atendida, destacando que todas las peticiones del ahora recurrente fueron atendidas mediante la emisión de Proveidos. 

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Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90, considera anulable a la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

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Igualmente, el diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Ossorio citado previamente, define la “Anulabilidad” como: “4…) Condición de los actos o negocios jurídicos que pueden.ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los anulables son válidos mientras no se declare su nulidad (...)“, de la misma forma define la nulidadcomo: “(…) Ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma (…).vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido, por lo cual la 

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nulidad se considera insita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o.. juzgado (...) la nulidad se entiende que es siempre de pleno derecho, porque no necesita ser reclamada por parte interesada; inversamente a lo que sucede con la anulabilidad (v.) . de los actos jurídicos, que se reputan válidos mientras no sean anulados, y solo se tendrán . por nulos desde el día de la sentencia que así los declare. Y puede la nulidad ser completa, cuando àfecta a la totalidad del acto; o parcial, si la disposición nula no afecta a otras disposiciones válidas, cuando son separables (...). De tal modo que la “nulidad” es entendida como la sanción legal que se establece para los actos administrativos en los que se omiten algunos de los requisitos fundamentales que la ley demanda para su existencia

En cuanto al debido proceso, la Sentencia Constitucional N° 0119/2003-R. de 28 de enero, señaló lo siguiente: “…comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, (..:) ‘Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales...“. 

Por su parte, la Sentencia Constitucional N° 073/2014 de 3 de enero, estableció lo siguiente: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, . vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciónes judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar 111. cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiria una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos nosos los aspectos demandados.. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En la normativa interna, el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el artículo 117 parágrafo 1 de la norma suprema citada dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; continuando con la norma citada el artículo 119 parágrafo Il que dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa

Por su parte, el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que constituye derecho del sujeto pasivo, el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código

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En ese contexto, el parágrafo || artículo 29 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) establece que el acto deberá contener resolución que: a) Observe estrictamente disposiciones constitucionales, legales o administrativas de mayor jerarquía; b) Cumpla con lo determinado en las sentencias del Tribunal Constitucional; c) Asegure derechos adquiridos mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada o mediante actos administrativos que se encuentren firmes en sede administrativa; d) Sea preciso y claro; e) Sea de cumplimiento posible; f) No se encuentre en contradicción con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho reglada por las normas. 

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Por otro lado, el parágrafo I artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, que fundamenten la 

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Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

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responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Además el parágrafo III de dicho referente legal, dispone que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará de nulidad la Vista de Cargo.

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Continuando con la normativa citada, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener e 

NB150 como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

IBNORCA C.B.C.R

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

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UTORIDADOS 

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calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que ali efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

Por otro lado, el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), en su parágrafo V, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más 

de doce (12) meses, sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más

En cuanto a la nulidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 parágrafo ll de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria conforme lo previsto por el numeral 1) artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos administrativos son anulables cuando carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o cuando den lugar a la 

n de los interesados, concordante con el artículo 55. del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), que señala que “será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 

Conforme a la normativa y los argumentos expuestos tanto por el sujeto pasivo como por el SIN, nos remitimos a obrados del presente caso, comprobando que la Orden der Fiscalización N° 00150FE00013 con alcance IUE de la gestión 2011, fue notificada al ahora recurrente mediante cédula el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 y 15 C-1 de antecedentes administrativos); acompañando dicha actuación, el Formulario de Requerimiento N° 4003 N° 00127903 y Anexo (fojas 4-5 C1 de antecedentes administrativos), el cual amerito por parte del contribuyente, una respuesta mediante nota de 24 de septiembre de 2015 (fojas 17 de antecedentes administrativos), quedando claro con ello, sų pleno conocimiento sobre el inicio de las facultades de verificación y control del Servicio de Impuestos Nacionales referente al UE correspondiente a la gestión concluida al 31 de diciembre de 2011. 

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Asimismo, comprobamos que a la conclusión del trabajo de campo, la Administración Tributaria en fecha 19 de septiembre de 2016, emitió la Vista de Cargo N° 29-0018916, estableciendo una deuda tributaria de UFVs965,893.- por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2011; acto que fue notificado a Mario Córdova Pinto mediante cédula el 18 de octubre de 2016 (fojas 2717-2764 C-14 de antecedentes administrativos); comprobando que desde el inicio de la fiscalización (21 de septiembre de Sistema de esta 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

2015) hasta la emisión de la Vista de Cargo citada en líneas previas, no transcurrieron más de (12) doce meses, quedando sentado que la emisión del citado acto, la Administración Tributaria cumplió lo previsto en el parágrafo V artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) que textualmente señala que los 12 meses no debe exceder “desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión, no menciona que sea hasta la notificación

Por otro lado, en cuanto a la notificación de la Vista de Cargo N° 2900189-16, el parágrafo Ill artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA) define que la notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado; dicha disposición en el ámbito tributario, es de aplicación supletoria tal como establece el numeral 1 artículo 74 y artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo, de la lectura del artículo 33 parágrafo lll de la Ley N° 2341 (LPA), se tiene que dicha disposición no sanciona con nulidad el incumplimiento del plazo de 5 días en la notificación, en ese sentido, corresponde la aplicación del principio de especificidad, contemplado en el artículo 36 parágrafo III de la citada norma legal

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De igual forma, salar que con la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo tuvo pleno conocimiento de los reparos establecidos, así como el origen de los mismos; no advirtiendo reclamo alguno por parte de Mario Córdova Pinto, durante la etapa de descargo, que haga presumir lo contrario; más cuando las actuaciones del recurrente, se centraron simplemente en solicitar la devolución de la documentación entregada en las Ordenes de Fiscalización Nos. 00150FE00013 y 00150FE00014 de 4 de septiembre de 2015, la aclaración y complementación al Proveído N° 24-0088016, éste último vinculado con el cuestionamiento sobre el tiempo asumido por el SIN para la emisión y notificación de la Vista de Cargo N° 29-0018916 (fojas 2907, 2917-2918, 2922-2923 C-15 de antecedentes administrativos), dejando entrever la plena conformidad del recurrente sobre la forma como fue expuesta la sustentación fáctica, legal y los resultados arribados en la determinación desarrollada por la entidad fiscalizadora; en consecuencia, la notificación de la Vista de Cargo no pudo vulnerar el derecho a la defensa, así ésta, se haya materializado después de aproximadamente un mes de la emisión del citado acto; puesto que el SIN en ningún momento, generó por el transcurso de dicho tiempo, otros cargos que no hayan sido de conocimiento al administrado. 

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Prosiguiendo el análisis, el tiempo asumido por la Administración Tributaria para materializar la notificación de sus actos, puede derivar en la configuración de responsabilidad por la 

NBISO función pública, conforme lo establece la Ley N° 1178, empero -como se mencionó Moose 

IBNORCA precedentemente- este aspecto no constituye causal que motive una nulidad de actos 

Justicia tributaria para vivir bien 

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PSIWY 

emitidas en el desarrollo de las facultades previstas en los artículo 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), redundando en el hecho de que la misma norma invocada por el recurrente no establece que el incumplimiento del plazo para la notificación de la Vista de Cargo después de su emisión se constituya en una causal de nulidad. 

Ahora bien, en cuanto a la exigencia del contribuyente sobre un acto que prorrogue el plazo para el desarrollo de la fiscalización y que a decir del recurrente, fue solicitado al Servicio de Impuestos Nacionales, nos remitimos a las actuaciones de la Administración Tributaria : identificando que las solicitudes expuestas por el sujeto pasivo, fueron atendidos por el SIN mediante la emisión de Proveídos; y el reclamo particular que analizamos, fue dado a conocer a la entidad recurrida, mediante oficio del 15 de septiembre de 2016 (fojas 2907 C 15 de antecedentes administrativos; sin embargo, no cursaría una solicitud expresa en cuanto a la emisión del acto extrañado, limitándose a señalar lo siguiente: “..ni haberse puesto en mi conocimiento, autorización alguna de la Máxima Autoridad del SIN para ampliar el plazo de la fiscalización; a fin de no lesionar mi derecho al debido proceso en su componente defensa y acceso a la impugnación y los principios de legalidad y verdad material al amparo del artículo 115 de la Constitución Política del Estado; solicito la devolución de todos y cada uno de los documentos originales entregados...; de lo que se entiende hasta este punto, que la intención del contribuyente, fue contar con la documentación entregada al SIN, para que en base a ésta, pueda materializar su derecho a la defensa.

Asimismo, el sujeto pasivo en el mencionado oficio, sostuvo que: “El que no se concluya. hasta la fecha la fiscalización de acuerdo a procedimiento no configura únicamente responsabilidades administrativas. además lesiona mi defensa, ya que al no notificarme con resolución de ampliación de plazo alguna y, al no tener acceso a una fundamentación de la misma no puedo ejercer mi derecho a la impugnación., advirtiendo nuevamente, que.. no cursó petición para la emisión del acto extrañado, más al contrario, su observación se centró en cuestionar la finalización de la fiscalización fuera de la fecha prevista en :,procedimiento; inquietudes que fueron atendidas por el SIN mediante Proveído No 24 0088016, notificado en Secretaría el 21 de septiembre de 2016 (fojas 2908 C15 de antecedentes administrativos), en el cual, deja sentado que el cómputo previsto en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), se iniciaría con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable. Es importante, destacar que la solicitud de devolución de documentación fue reiterada por el contribuyente, mediante oficio de 7 de noviembre de 2016, el cual ameritó una respuesta por la entidad fiscalizadora a través del Proveído N° 24- .. 0103316 (fojas 2917-2918 y 2926 de antecedentes administrativos); empero dicho aspecto sistema de gestion 

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no fue incluido entre los reclamados materializados por Mario Córdova Pinto en su Recurso de Alzada. 

Adicionalmente, señalar que el sujeto pasivo en etapa de descargos, solicitó aclaración y complementación a Proveido No 2400880-16 de 20 de septiembre de 2016, reiterando su observación con relación a la notificación de la Vista de Cargo N° 2900189-16 y el incumplimiento de veintiséis (26) días del plazo previsto en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), reiterando que no fue notificado con el acto administrativo fundamentado que autorice prórroga para la realización de la fiscalización (fojas 2922-2923 C-15 de antecedentes administrativos); inquietud que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveído No 24-01033-16, precisando que el citado memorial formaría parte de los descargos ofrecidos por el contribuyente en virtud a lo previsto en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) y que sería valorada, analizada y respondida en la Resolución Determinativa, acto que fue notificado mediante cédula, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 2926 y 2 0 C-15 de antecedentes administrativos). 

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Ahora bien, revisado la Resolución Determinativa impugnada se advierte que en su Considerando II, la entidad recurrida hizo referencia a todos los argumentos presentados, por el contribuyente durante la etapa de descargos, así como lo Proveídos emitidos comunicando al sujeto pasivo las acciones que serían adoptadas (fojas 30263028 C15 de antecedentes administrativos), para luego proceder a realizar las aclaraciones respectivas, sobre la devolución de documentos y la duración de la fiscalización llevada a cabo, destacando que la vista de Cargo N° 29-0018916, fue emitida el 19 de septiembre de 2016, dentro los doce (12) meses señalados en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y que la misma se encontraria fundada en hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integran o condicionan el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, reiterando que dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y que el acto en cuestión fue emitido dentro los doce (12) meses; y que con la notificación del mismo, el contribuyente pudo asumir la defensa 

correspondiente tal como prevé el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fojas 3029 C15 de antecedentes administrativos); concluyendo que no existe la necesidad de prorrogar el plazo de la fiscalización, desestimando lo manifestado por el recurrente (fojas 3030 C-15 de antecedentes administrativos). 

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Por lo descrito, resulta evidente que la accn de la entidad fiscalizadora, con el pronunciamiento referido en la Resolución impugnada, cumplió con lo previsto en el artículo 

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III 

  1. II

II 

24 de la Constitución Política del Estado (CPE) y numeral 2 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), pues garantizó el derecho a la petición del administrado, asegurando una respuesta a todos los cuestionamientos formulados en la etapa de descargos, consecuentemente, el reclamo del sujeto pasivo sobre estas cuestiones carece de la sustentación fáctica necesaria, pues los hechos advertido, demuestran que no existió vulneración que haya comprometido o limitado su derecho a la defensa o la posibilidad de recurrir los resultados establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales

Asimismo, destacar que la respuesta del SIN fue concreta y dejó claro, que no cursaría necesidad de comunicar al contribuyente una ampliación del trabajo de fiscalización, pues dicha facultad culminó, conforme prevé el artículo 104 de la Ley N° 2492. (CTB), fundamentación que fue conocida por Mario Córdova Pinto, a través de la notificación de la Resolución Determinativa N° 171739000010, actuar que se enmarcó en el debido proceso, asegurando el derecho a la defensa previsto en los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), tal como fue expuesto a lo largo del presente, no existiendo elementos de convicción fácticamente sustentados, que respalden las transgresiones reclamadas por el sujeto pasivo en la emisión y notificación tanto de la Vista de Cargo N° 29-00189-16 como de la Resolución impugnada.. 

IV.2. Sobre la nulidad de la Resolución impaga por la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 08 de mayo de 2013. El contribuyente cuestionó, la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13 sobre hechos imponibles que se perfeccionaron antes de la emisión de dicha normativa, otorgándole de esa forma el carácter de retroactivo, añadiendo la ausencia de una valoración de la documentación obtenida en el proceso de revisión.

Sobre este punto, la entidad fiscalizadora, señaló que, la forma de determinación, responde a las normas de derecho procesal o adjetivo, para el cual, debe aplicarse la normativa vigente al momento de iniciar el procedimiento señalando al respecto, la Sentencia Constitucional N° 1047/2013 y el principio tempus regit actum, destacando la utilización de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, a todo procedimiento administrativo iniciado con posterioridad al 08 de mayo de 2013, debiendo entenderse que el caso sujeto a análisis se inició el 15 de septiembre de 2015, en plena vigencia de la Resolución Normativa de Directorio referida líneas previas, sin transgredir así, los artículos 123 y 150 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

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Ingresando al análisis del problema expuesto, corresponde salar, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 en su artículo 1, tiene como objeto: “...reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar.“; asimismo, en cuanto al Tempus Regit Actum “El tiempo que rige el acto, siendo una de las fórmulas determinadas de la validez de los actos jurídicos en cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer retroactividades o caducidad, asimismo por Tempus Comissi Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito. (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 31). 

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Ahora bien, la Ley 2492 (CTB), en la Disposición Transitoria Segunda, establece que: “Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código. Asimismo, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 27874 (RCTB), dispone que: “A efectos de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de la deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador”, concluyendo que los procesos de revisión al constituirse en procedimientos administrativos, deben someterse a la normativa vigente al momento de efectuar el mismo, con excepción de aquellos procesos que ya dieron inicio;. aspecto congruente con lo establecido en la Disposición Final Única de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-00017-13 que precisó: “La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de su publicación, alcanzando la misma a los procesos de determinación en los que la Vista de Cargo aún no haya sido emitida.; en el entendido que no existió un pronunciamiento oficial de los resultados arribados como resultado de los métodos y técnicas utilizados al efecto. 

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Asimismo, resaltar que el proceso de fiscalización analizado, empezó el 21 de septiembre 

de 2015 con la notificación mediante cédula, de la Orden de Fiscalización N° Henr

00150FE00013 (fojas 3 y 15 C-1 de antecedentes administrativos) posterior a la emisión de la Resolución Normativa N° 10-00017-13 de 8 de mayo de 2013, normativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales al amparo de lo previsto en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) y que al encontrarse en vigencia, durante la materialización de la fiscalización, asume el carácter de fuente de derecho tributario y de cumplimiento obligatorio, pues como se expuso, la misma reglamenta el procedimiento que deberá utilizar 

la Administración Tributaria para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones 2 tributarias por parte del sujeto pasivo, en virtud a las facultades previstas en los artículos 66 

IBNORCA y 100 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Por consiguiente, el momento en el cual se perfeccionó el hecho imponible, si bien constituye en ‘referencia para la aplicación de una normativa, ésta debe referirse a conceptos como objeto, sujeto, alícuota o en su caso los actores de la relación jurídico tributaria; los cuales no fueron afectados por la Resolución Normativa de Directorio analizada, al contrario, dicha disposición previo, las acciones que debieron asumir como Administración Tributária, para establecer el sustento técnico necesario vinculado con la existencia de una obligación tributaria incumplida; razonamiento que se enmarca al principio del tempus regit actum; por lo tanto, no existe sustento alguno que permita, el desarrollo de una labor investigativa cuyo marco legal no se encuentre vigente; debiendo desestimar lo agraviado por el contribuyente. 

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. De igual forma, bajo el razonamiento explicado con anterioridad, tampoco existe 

vulneración al artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues en ningún momento la Administración Tributaria aplicó de forma retroactiva, normativa que haya afectado el hecho imponible o cualquier de los componentes de la obligación tributaria como la alícuota, base imponible o los sujetos intervinientes; reiterando que el Servicio de Impuestos Nacionales actuó en función a la normativa tributaria vigente en ese momento, debiendo recordar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), las actuaciones de la Administración Tributaria, por estar sometidas a la Ley, se presumen.. legítimos, no existiendo prueba o argumento alguno que permita presumir lo contrario. 

Por otro lado, en cuanto a la valoración de la prueba, el sujeto pasivo no precisó, qué valor probatorio omitió considerar la Administración Tributaria de la documentación ofrecida durante la fiscalización desarrollada, más cuando durante la etapa de descargos, el sujeto pasivo, no presentó documentación alguna que pueda oponerse a los reparos establecidos por la entidad fiscalizadora; y tampoco existió reclamo específico del administrado, sobre documentación presentada durante el trabajo de campo y que fue omitida por el SIN al momento de emitir en la vista de Cargo N° 29-00189-16; en consecuencia, lo agraviado por 

el recurrente carece de sustento fáctico que impulse a cuestionar la valoración de los documentos ofrecidos por Mario Córdova Pinto; más cuando por cada cuenta de gasto. . observada, cursa en la vista de Cargo referida previamente y la Resolución Determinativa de impugnada, una clasificación de las observaciones que fundamentaron los reparos, i advirtiendo entre ellos la ausencia de documentación de respaldo, sobre la realización de la transacción, del gasto y/o la vinculación con la actividad gravada; y en el caso de la información bancaria, de la cual presumió los ingresos no declarados, la entidad recurrida desglosó el procedimiento asumido para llegar a ese resultado, tal como se puede advertir ngoose en el cuadro “DETERMINACIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y OMITIDOS GESTIÓN. Sistem de outon 

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2011 – PERIODOS ENERO A DICIEMBRE(fojas 2990 C15 de antecedentes administrativos). 

En virtud a lo explicado con anterioridad, no existen elementos proporcionados por el contribuyente, que permita identificar la omisión valorativa cometida por la entidad recaudadora durante el desarrollo del proceso de fiscalización; al contrario, tanto en la Vista de Cargo N° 29-0018916 como en la Resolución Determinativa N° 171739000010, cursa la valoración y motivación necesaria, sobre los documentos proporcionados por el sujeto pasivo, garantizando en el contribuyente, el conocimiento necesario para que pueda ofrecer prueba y argumentación de descargo sobre el procedimiento asumido y los resultados obtenidos por el SIN; por tanto, el accionar asumido por la entidad fiscalizadora, no vulneró el debido proceso y/o el derecho a la defensa. 

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IV.3. Sobre el método de determinación sobre base cierta y presunta, efectuada sin fundamentación. El contribuyente precisó que la determinación del Servicio de Impuestos Nacionales no responde al principio constitucional de verdad material previsto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y que las reglas establecidas para la determinación, no prevén la elección de método entre varios resultados, coligiendo que la determinación no es un elemento contundente y cierto de determinación de impuestos omitidos. 

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Por su parte la Administración Tributaria, sostuvo que los artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB), no restringen menos limita, el uso de ambos métodos para la determinación de la base imponible; asimismo resaltó que la aplicación de ambos métodos, sobre conceptos diferentes, resultaría correcta: 1) Base Presunta para los depósitos en las cuentas bancarias, y 2) Gastos imputados a los resultados de la gestión 2011 sin documentación de respaldo, ausencia de prueba que demuestre la realización de los gastos imputados; así como gastos imputados carente de prueba documental que además sostengan su necesidad para la obtención y conservación de la fuente generadora de ingresos. 

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En ese sentido, el artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la base imponible o gravable, es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; . normativa legal que además en su artículo 43, expone los métodos de determinación de la 

base imponible, destacando entre ellos base cierta y base presunta, además de definir las BO 

NB750 circunstancias en las cuales la entidad fiscalizadora, puede aplicar cada uno de ellos; en consecuencia, las directrices definidas en dicho apartado legal no restringe a la 

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Administración Tributaria al uso de ambos métodos durante su labor fiscalizadora, toda vez que el propósito de los mismos, es establecer de la mejor forma posible la base imponible sobre la cual se aplicará la alícuota correspondiente; y tomando en cuenta que el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), se desprende de la utilidad imponible establecida en una determinada gestión fiscal, la cual a su vez emerge de la comparación de ingresos y egresos, conceptos últimos que se constituyen en suma en el objeto propiamente de revisión; y los cuales para el caso en cuestión, existe información que permite establecer con certeza, la cuantía de un concepto como es el gasto, sin necesidad de establecer presunciones, pues se conoce de forma certera, el importe que afectó la determinación del IUE y que en la revisión desarrollada, el SIN advirtió el incumplimiento de To previsto en los artículos 7 y 8 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE) y numerales 4 y 5 artículo 70 de Ley N° 2492 (CTB). 

Ahora bien, para el otro componente que participa en la determinación de la base imponible -como es el ingreso obtenido por el sujeto pasivo- la información bancaria obtenida por la 

  • Administración Tributaria, le permitió a éste ente recaudador, la confrontación de la misma con la información proporcionada por el administrado, coligiendo de ésta, diferencias asumidas como ingresos no declarados por Mario Córdova Pinto; hecho que fue debidamente expuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales aclarando que “De la revisión de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) se evidencia que el contribuyente no registra ni declara contablemente la cuenta de activo “Bancos” toda vez que el registro del movimiento de efectivo de sus transacciones comerciales se realizó a través de la cuenta Caja Moneda Nacional.; argumentación que se encuentra expuesta tanto en la vista de Cargo N° 2900189-16 (fojas 2720 C14 de antecedentes administrativos) como en la Resolución Determinativa N° 171739000010 (fojas 2988 C-15 de antecedentes administrativos)

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Asimismo, la entidad fiscalizadora desglosó los requerimientos efectuados al contribuyente con el propósito de contar con información referida al movimiento bancario advertido, además de precisar la solicitud efectuada a la Autoridad de Supervisión de Financiero (ASFI) así como las respuestas obtenidas y las diferencias arribadas, las cuales debido a la ausencia de documentación de descargo, ofrecida por el contribuyente,. conformaron la base de cálculo de los ingresos imponibles que intervinieron en la determinación del UE por la gestión concluida a diciembre de 2011.

En dicho sentido, la determinación de la base de cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) aplicada por la Administración Tributaria, considerando base cierta 

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para establecer los gastos depurados y base presunta para estimar los ingresos imponibles; no transgreden lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que, dicha normativa, no restringe el uso de los métodos de determinación de la base imponible sobre base cierta y presunta de forma conjunta en un proceso de fiscalización, más aun cuando la entidad recaudadora aplicó dichos métodos de forma diferenciada para conceptos diferentes, no existiendo indicio que permita presumir una vulneración al debido proceso y/o al derecho a la defensa y en consecuencia, pueda impulsar la nulidad del trabajo desarrollado por la Administración Tributaria, debiendo desestimar lo argüido por el sujeto pasivo, en cuanto a este aspecto. 

IV.4. Sobre la determinación sobre Base Presunta Por otro lado, el contribuyente indicó que la determinación sobre base presunta, debió ser utilizada como último recurso, sin contener el acto impugnado, una debida fundamentación de hecho, de derecho y menos para el método aplicado, reiterando la ausencia de una valoración de la prueba ofrecida, a pesar que la misma estaba notariada y foliada. 

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Al respecto, sobre este agravio el SIN precisó que la determinación sobre base presunta en función a los ingresos percibidos en cuentas bancarias Nos. 44722-002-4 M/N y 44722-201 9, cumplió los requisitos establecidas por la Ley, permitiendo la aplicación de éste método; resaltando que en dos oportunidades solicitó documentación al contribuyente, la cual no fue atenida en su totalidad, razón que impulsó a obtener información de terceros, que permitan establecer la realidad económica del sujeto pasivo, ejerciendo su labor investigativa, no pudiendo reclamar el sujeto pasivo determinación sobre base cierta, señalando que cursa antecedentes del trabajo realizado y la documentación que respalda la posición asumida, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

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Bajo ese contexto, conforme el análisis expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0915/2017 de 18 de julio de 2017, de la revisión de antecedentes administrativos del presente caso, consideró: ...la Vista de Cargo indica, que mediante Nota CITE: SIN/GGCBA/DF/FE/NOT/00564/2016, la Administración Tributaria solicitó a Mario Córdova Pinto información documentada que aclare respecto a los depósitos y/o ingresos registrados en las cuentas Corrientes del Banco BISA SA. Nos. 44722002– 4, 69124001 1, 69124-201-3, 44722-201-9, 69124-001-1 y 69124201-3, así también solicitó al Sujeto Pasivo certifique y/o aclare de manera escrita sobre la naturaleza de los fondos (origen

NB-150 destino), acompañando la información ylo documentación generada en esas transacciones, 9001 

IBNORCA C.B.C.R

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Córdova Pinto no presentó la aclaración solicitada, limitándose a invocar vicios de nulidad, sin desvirtuar con pruebas documentadas, los cargos que le fueron atribuidos por la Administración Tributaria respecto de la determinación sobre base presunta (fs. 39-50 de. antecedentes administrativos, c. 1)”, sosteniendo además: … no es evidente que la Vista de Cargo carezca de fundamentos y documentación de respaldo en la formulación de los cargos,… debido a la falta de documentación presentada por el Contribuyente, la Administración Tributaria solicitó información a terceros…”.. . 

Asimismo, dentro el mismo documento, la instancia Jerárquica conclumencionando: ... habiéndose constatado que se habilito para la Administración Tributaria la facultad da’ determinar sobre base přesunta, por no haber aportado el contribuyente todos los documentos que le fueron solicitados, además que resulta evidente que la vista de Cargo N° 29-0018916, de 19 de septiembre de 2016, cuenta con la relación de hechos y de derechos que sustentan la determinación da ingresos no declarados sobre base presunta, i de lo que se advierte que el acto preliminar se encuentra debidamente fundamentado de conformidad a lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB)..... toda vez que el cargo se encuentra descrito y sustentado...; consecuentemente, además , de lo dilucidado por la instancia. Jerárquica, corresponde enfatizar que la Administración Tributaria emitió el Formulario de Requerimiento N° 00127903 y Anexo de 15 de septiembre de 2015 manifestando que para el inicio de la fiscalización de referencia, requiriendo.v documentación que fue detallada en originales, fotocopias y en los casos requeridos eni medios magnéticos, por la cual Mario Córdova Pinto, solicitó la ampliación; posteriormente, el SIN emitió el Requerimiento No 00127932 y su anexo de 22 de octubre de 2015, solicitando documentación e información referida a la verificación y objeto de fiscalización e incluso aclaraciones sobre los saldos expuestos en su Estado de Resultados, misma por la que el citado recurrente, reiteró la ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida en el Formulario N° 4003 Requerimientos Nos. 00127933. y 00127932. 

Adicionalmente, el 09 de mayo de 2016, conforme a CITE SINGGCBBA/DFIFE/NOT/00564/2016 el. SIN solicitó al contribuyente, información respecto a las cuentas bancarias tanto de los ingresos como de egrésos, además requirió la presentación de certificación y/o aclaración sobre la naturaleza de las mismas (origen y destino de los fondos, referente a las cuentas en el Banco BISA Cta. Cte. MN N° 44722 002-4, Cta. Cte. ME N° 44722-201-9, Cta. Cte. MN No 69124-001-1, Cta. Cte. ME No 69124-2013, Cta. Cte. MIN N° 44722-0024, Cta. Cte. ME 44722-2019 y Cta. Cte. M/N N° 691240011 (fojas 3950 C-1 de antecedentes administrativos), ya que por esta última sisteme de 

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no se evidenció que curse en antecedentes administrativos una respuesta a dicha petición, extremos que se aúnan a los fundamentos expuestos por la Administración Tributaria respecto al respaldo documental que el ahora recurrente brindó a dicha Autori realizar la verificación que llevó a cabo y que a su vez fundan la aplicación del método de determinación empleado, desvirtuando lo argumentado por Mario Cordova Pinto en este punto, ya que está demostrado que la ausencia de datos, documentos e información llevaron al SIN a emplear como método de determinación la base presunta. 

Adicionalmente, en atención a lo manifestado por parte recurrente, respecto a considerar. los argumentos expuesto en la Sentencia No 35-Auto Supremo N° 35/2016-S, corresponde indicar que las fuentes de derecho tributario están claramente definidas en el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), de manera que los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia no se encuentran en el marco de la citada provisión legal, consiguientemente, debemos referir que los Autos Supremos son precedentes jurisdiccionales que construyen la Jurisprudencia a fin de que el juez confiera igual tratamiento a situaciones similares, pero no son vinculantes, ni obligatorias, a diferencia de las Sentencias Constitucionales, toda vez que de acuerdo al artículo 8 de la Ley N° 027, las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cacter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, de lo que se infiere que el carácter vinculante establecido por la normativa legal solamente va dirigido a las decisiones y sentencias que emita el Tribunal Constitucional en uso de sus facultades y atribuciones, por lo que no corresponde lo argüido por el recurrente sobre el desconocimiento de los Autos Supremos. 

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IV.5. Sobre la determinación del IUE sin considerar las pérdidas acumuladas, gastos no deducibles y otros. Sobre el punto, el recurrente reclamó que la Resolución recurrida determinó el IUE presuntamente omitido, ya que para determinar la utilidad imponible final, conforme disponen los artículos 48. de la Ley N° 843 y el artículo 32 del Decreto Supremo N° 24051 se debe compensar las pérdidas de fuente boliviana que la empresa tuviera acumuladas; de la misma manera, conforme a los artículos 36 y 47 de la Ley N° 843, para determinar la utilidad imponible final, se debe considerar el resultado contable de Estados Financieros que la empresa tuviera en la gestión y sumar los gastos no deducibles que se determinen conforme a normativa aplicable. 

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En oposición, la Administración Tributaria refirió que el contribuyente no declaró 9001 

IBNORCA correctamente el IVE de la gestión 2011, al no declarar todos sus ingresos percibidos e sistema de estion 

Página 29 de 39 Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita 

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imputó como deducibles gastos que no se encuentran documental y normativamente sustentados, incumpliendo la normativa vigente para tal fin; además, en relación a los gastos deducibles, aludió que de la revisión del formulario 500 V-2 de la gestión 2011, se evidenció que el contribuyente no declaró gastos no deducibles, por lo que lo reclamado carece de consistencia y congruencia al pretender que se consideren aspectos inexistentes. 

En ese entendido, de la revisión detallada de antecedentes administrativos, cursa a fojas 23262328 el Formulario 500v2-IUE, en principio, antes del análisis de dicho documento debemos indicar que el parágrafo I del artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “l. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código.in 

Ahora bien, en la Declaración Jurada del IVE mencionada en el parágrafo anterior, se advierte que el recurrente para la gestión 2011 declaró una pérdida neta de Bs267.804.-; empero a efecto de proceder con lo pretendido por el sujeto pasivo, este último debió efectuar una rectificatoria a su declaración jurada como modo de extinción de la deuda tributaria por concepto de IUE, además de resaltar que efectuar la compensación invocada por Mario Córdova Pinto no procede de oficio, sino, como se mencionó, dentro de lo establecido por el citado artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB), por la incidencia en las declaraciones juradas presentadas en gestiones posteriores, consecuentemente, no corresponde lo manifestado por el recurrente, al no evidenciar dicha compensación en el presente caso

Adicionalmente, en relación a los gastos deducibles y otros, como lo plantea el sujeto pasivo, retomamos, lo advertido por la Administración Tributaria en el sentido que se evidenció que el contribuyente no declaró gastos no deducibles, es decir que fue el propio recurrente que no consideró dichos aspectos durante su determinación, por lo que no corresponde lo manifestado por la sujeto pasivo, redundando en que el propio Mario Córdova Pinto, no consideró tales conceptos dentro su Declaración Jurada presentada al SIN, siendo incongruente que ahora solicite a dicha autoridad su incorporación para la determinación del IUE. Razonamiento coincidente con el expuesto en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1229/2016

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IV.6. Sobre la depuración ilegal de las facturas observadas y determinación en base cierta con actuados insuficientes Mario Córdova Pinto, arguyó que las facturas observadas corresponden a insumos para la actividad gravada, siendo necesarios para la obtención de la utilidad y conservación de la fuente, cumpliendo los requisitos establecidos por las Leyes Nos. 843, 2492 y Decreto Supremo N° 21530, toda vez que se presentaron facturas originales, las mismas fueron declaradas en los Libros de Ventas IVA de los emisores, fueron dosificadas por la Administración Tributaria y no se valoraron los documentos contables presentados, observando que dicha autoridad tiene las más amplias facultades para investigar, verificar, fiscalizar los hechos actos, datos y elementos que integren el hecho imponible

Por su parte, el Servicio de Impuestos Nacionales aseveró que depuró los gastos imputados a los resultados de la gestión 2011, por no contar con la documentación de respaldo, siendo que el contribuyente no demostró la realización de los gastos expuestos en su Estado de Resultados, además de no demostrar de manera irrefutable la realización de la transacción y/o su vinculación con la actividad gravada, toda vez que el contribuyente omitió presentar toda la documentación oportunamente solicitada, acusando que lo aseverado por el recurrente carece de sustento fáctico y legal.

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En ese entendido, los precedentes establecidos en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGITRJ 0198/2013, AGIT-RJ 0709/2014 Ý AGIT-RJ 0459/2014 señalan que: “la experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen operaciones “simuladas” del acto jurídico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente; siendo que las partes intervinientes actúan como si se hubiera celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), ha previsto el método interpretativo de la “realidad Económica” que permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la operación. Por otro lado, existen situaciones en las cuales los compradores de buena fe pagan el gravamen a proveedores que se. consideraban legitimos”, los que sin embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplía con las obligaciones fiscales(FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2° Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, ante la existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al mismo tuvo lugar en los hechos.” 

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Justicia tributaria para vivir bien . . Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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De esta forma, en consideración a lo expuesto, y toda vez que la relación tributaria de los proveedores con la Administración Tributaria, para el presente caso, se constituye en un elemento complementario a la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas, que depende de la demostración de la efectiva realización de la transacción, se establece que el cumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor no implica que las facturas emitidas sean válidas para el crédito fiscal, toda vez que la apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales, consecuentemente esta instancia recursiva verificará si la documentación presentada por la parte recurrente cumple con los requisitos necesarios para la validez del crédito fiscal. 

De igual manera, los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) establecen como obligación del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que, considere le correspondan. Asimismo, el artículo 76 de la citada norma, establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

Asimismo, el Código de Comercio en el artículo 36 dispone la obligación de llevar una – contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una 

base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios, el artículo 37 indica que debe llevar obligatoriamente los Libros Diario, Mayor y de Inventarios y Balances y otros que estime conveniente, el artículo 44 sostiene que en el Libro Diario se registran día a día y en orden progresivo las transacciones, utilizando las cuentas contables deudoras o acreedoras y se trasladarán al Libro Mayor en el mismo orden, considerando las cuentas afectadas..

Bajo ese contexto, las citadas variables que circunscriben la validez del Crédito Fiscal en el presente caso, no varían ni se modifican en cuanto a su aplicación y enfoque al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas dentro la revisión de las facturas o notas fiscales, en .consideración del artículo 47 de la Ley N° 843 (TO), artículos 6, 7 y 8 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE); del mismo modo, es pertinente aclarar dentro del planteamiento del Recurso de Alzada y los agravios respecto a la depuración de crédito fiscal, el ahora recurrente realiza una exposición genérica de las observaciones y criterios empleados por sisteme de son 

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la Administración Tributaria sin especificar qué aspectos de dichas observaciones refuta o rechaza, más cuando en las Actas de Recepción de Documentación se hace evidente que el ahora recurrente no presentó documentación contable que respalde dichas transacciones, por lo que tampoco existe un punto de referencia en cuanto a la valoración de documentación que reclama Mario Córdova Pinto, resultando dicho reclamo incongruente en el contexto fáctico del presente Recurso, consecuentemente, en estricta aplicación del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva se pronunciara en función a lo demandado por Mario Córdova Pinto. 

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De la revisión de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria el 21 de septiembre de 2015, notificó al recurrente con la Orden de Fiscalización N° 00150FE00013 de 4 de septiembre de 2015 y Formulario de Requerimiento No 00127903 y Anexo de 15 de septiembre de 2015 (fojas 3-7 y 15 C-1 de antecedentes administrativos); posteriormente, el 24 de septiembre de 2015, Mario Córdova Pinto, solicitó al Servicio de Impuestos 

npliación del término para cumplir con el citado requerimiento, mismo que a su vez fue atendido mediante Proveído N° 2400746-15 (fojas 17-23 C-1 de antecedentes administrativos). De la misma manera, continuando con la sustanciación del proceso de fiscalización el SIN puso en conocimiento del recurrente el Requerimiento No 00127932 y su anexo, requiriendo documentación e información referida a la verificación y objeto de fiscalización e incluso aclaraciones sobre los saldos expuestos en su Estado de Resultados, solicitud por la cual el sujeto pasivo impetró una vez más ampliación del plazo para hacer efectiva su entrega, acción que concretó el 13 de octubre, 12 y 20 de noviembre, así como el 3 de diciembre todos de la gestión 2015 (fojas 58-62 C-1 de antecedentes administrativos), resaltando en este punto que, en ninguna de las citadas oportunidades Mario Córdova Pinto adjunto documentación contable que respalden sus operaciones, en consecuencia, el 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00147775 _y 00147777 (fojas 1789-1790 C-9 de antecedentes administrativos), en el primer caso por el incumplimiento en la entrega de información requerida mediante F-4003 con No 127403 y en el segundo caso por el mismo concepto pero del requerimiento realizado mediante CITE: SIN/GGCBBA/DF/FE/NOT/00564/2016 con No 06-01303-16, de lo que se colige que Mario Córdova Pinto no realizó la entrega de toda la documentación que le fue requerida por la Administración Tributaria, para que esta pueda ejercer su facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Conforme lo expuesto, es evidente que en base a la revisión y análisis de la documentación parcialmente entregada por el recurrente, redundando en el hecho de que este último no 

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Telfs./Fax: 4140011 – 4140012. www.ait.gob.bo . Cochabamba – Bolivia 

presentó la documentación contable que respalden sus operaciones pese a los repetidos requerimientos realizados, aspecto que motivó al SIN conforme a las facultades establecidas en Ley a recurrir a terceros, por lo que la Administración Tributaria, dentro la Vista de Cargo N° 29-0018916 de 19 de septiembre de 2016 expuso mediante siete (7) cuadros separados según la cuenta que examinaba, las razones por que las facturas o ... notas fiscales fueron depuradas, resaltando que dentro los citados cuadros según el caso- . se hace referencia a la documentación en la que se basó la revisión, así como el motivo de : su conclusión; aspectos que fueron de conocimiento del ahora recurrente el 18 de octubre de 2016, cuando fue notificado mediante cédula la citada Vista de Cargo, acto contra el cual Mario Córdova Pinto no presentó documentación ni argumentos de descargo con los que desvirtúe dichas observaciones, consecuentemente, los cuadros referidos con todo su:: contenido fueron replicados en la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017 y siendo que el recurrente no introdujo mayores razones o criterios con los cuales se realice la revisión de los conceptos expuestos en el acto impugnado, corresponde desestimar lo agraviado por Mario Córdova Pinto respecto a la ilegal depuración del crédito fiscal, así como la insuficiencia de actuados de parte de la Administración Tributaria, toda vez que, como se expuso al inicio del presente acápite, el sujeto pasivo tiene la obligación de respaldar su créditos fiscales de manera que su propia documentación demuestre y compruebe de manera fehaciente la vinculación con su actividad, así como la efectiva realización de la transacción, enfatizando que, la verificación, cruce o contraste con sus proveedores o sistemas informáticos del SIN, simplemente son referenciales, sin que los mismos excluyan o excusen el respaldo documental exigido por la normativa aplicable.

Paralelamente, respecto a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, por las cuales el recurrente alega que no establecen específicamente la contravención y sanción por partida doble una misma contravención; como se mencionó en el análisis expuesto precedentemente, las Actas con Nos. 00147775 y 00147777, fueron labradas por el incumplimiento al deber formal de entregar parcialmente y no entregar documentación e información requerida por el SIN durante la ejecución de * procedimientos de fiscalización y verificación dentro los plazos, formas, y lugares establecidos, por lo que conforme al artículo 161 de la Ley N° 2492 (CTB), cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente; toda vez que en el presente caso, se trata de dos requerimientos de información y documentación distintos, uno mediante F-4003 con No 127403 y en el segundo caso por el requerimiento realizado mediante CITE: SIN/GGCBBA/DF/FE/NOT/00564/2016 con No 06-0130316, la contravención se encuentran claramente detalladas en las. Actas de referencia y se deja Nos establecido que el SIN nò sancionó al recurrente por doble partida una misma sistemul retorna 

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contravención, consecuentemente lo argüido por Mario Córdova Pinto corresponde sea desestimado. 

IV.7. Sobre la prescripción invocada Al respecto, Mario Córdova Pinto simplemente menciono dicho aspecto dentro el enunciado del numeral 2 de su Recurso de Alzada y los alegatos presentados ante esta instancia, sin que exponga mayores argumentos o fundamentos, extremo que también se advierte dentro el responde de la Administración Tributaria, siendo que dicha autoridad no exteriorizó refutación alguna sobre el tema 

En ese sentido, corresponde señalar que la prescripción es: “la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos AiresArgentina. 2000, Pág. 316). .

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Al respecto, en la doctrina, la prescripción es definida por el Diccionario Escriche, como: “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general, considerando que es de derecho público y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo I. 3a Edición. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 182). 

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Asimismo, cabe señalar que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria (El resaltado es nuestro). 

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Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de SHARE TODO A 22 de septiembre de 2012, se modificaron los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de 

C.B.C.R. 

la siguiente manera: “). Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro 

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(4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (...)y “l. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquél en que se cometió la contravención tributaria”. (El resaltado es nuestro).

Consecuentemente, de la simple lectura del texto modificado del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, para la determinación de la deuda tributaria, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: “Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (…) nueve (9) años en la gestión 2017″ (las negrillas son propias), gestión en la cual fue emitido y notificado la Resolución Determinativa recurrida, destacando que dicha disposición, no preveia que dicha ampliación sea: “respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año“, es decir, en la misma gestión 2017, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley N° 317. 

Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, estableció: “Se deroga el último párrafo del Parágrafo. 1, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012″. En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modifica el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto: “I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1 del . Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria(las negrillas son propias). 

De igual forma, precisar que la Ley N° 812 emitida el 30 de junio de 2016, vigente al NOOI 

IBNORCA momento de emisión y notificación de Resolución Determinativa N° 171 2010 (fojas 

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29823039 C-15 de antecedentes administrativos), que formó parte de nuestro referente legal en su artículo 2, parágrafo II, procedió a modificar el régimen de prescripción, previsto en los parágrafos I y II del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con el siguiente texto: . Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas (...)(las negrillas son propias). 

En este entendido, corresponde resaltar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del artículo 197 de la Ley N° 2492 (CTB), no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles

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Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria el 21 de septiembre de 2015, notificó al ahora recurrente con la Orden de Fiscalización No 00150FE00013 (fojas 3 y 15 C1 de antecedentes administrativos) correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas UE) de la gestión 2011 que corresponde los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; acto que derivó. en la emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017 que fue notificada el 16 de enero de 2017 y que impulsó por parte del sujeto pasivo, la interposición del presente Recurso de Alzada, mediante el cual arguyó que la facultad para determinar la deuda tributaria, se encontraría prescrita; debiendo reiterar al respecto, que nuestro análisis se enmarcará únicamente a establecer la configuración de la prescripción de dicha facultad. 

FIPAL DE IMPUGLASJR_YASI 

Juan José Espada Ekada 

COOLNE 

TOUGNACIO

1883 yuy 

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Henry 

CRIA CBBA 

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Villaled Albles Por otra parte, en cuanto al tema reclamado, la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0953/2017 de 31 de julio de 2017, parágrafo xiii, precisó en un caso análogo, ...que la Administración Tributaria, ejerció su facultad sancionadora, respecto al Incumplimiento del Deber Formal de ‘Presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias que incrementen el impuesto determinado antes del vencimiento, dentro del alcance establecido por la Ley N° 291; y toda vez que el Auto de Multa fue notificado el 17 de octubre de 2016, bajo la Ley N° 812, A 

al NB-ISO a norma vigente -que dispone un término de prescripción de 8 años-...se establece que el C.B.C.R

19001 Beim * término de prescripción para los periodos fiscales abril, junio, julio y noviembre 2011 (IVA), 

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Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte mbaerepi Vae (Guaraní

Telfs./Fax: 4140011 4140012• www.ait.gob.bo · Cochabamba Bolivia 

BRUGNACIO 

IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Centificado N°EC-27414 

II

el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019; consecuentemente, la facultad de imposición de sanción de la Administración Tributaria aún no se encuentra prescrita.(El subrayado es nuestro)

Ahora bien, en el presente caso comprobamos que el proceso de fiscalización se inició con la Orden de Fiscalización N° 00150FE00013 emitida de 4 de septiembre de 2015 y notificada el 21 de septiembre del mismo año (fojas 3-4 y 15.C1 de antecedentes administrativos), y concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° – 171739000010 de 10 de enero de 2017.y notificada el 16 de enero de 2017, es decir, que la facultad para determinar la deuda tributaria de la Administración Tributaria, fue materializada en vigencia de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016; normativa que establece un término de prescripción de ocho (8) años y de la revisión de los antecedentes del proceso de fiscalización cuestionado por Mario Córdova Pinto, la figura jurídica examinada tiene el siguiente comportamiento: 

Impuesto 

periodos 

  1. 1. Cómputo 

Prescripción 

Inicio | Conclusión Prescripción | Prescripción 

IUE 

Diciembre 2011 

8 años 

01/01/2013 

31/12/2020 

En el cuadro precedentemente descrito, para el caso que nos ocupa, la facultad determinar la deuda tributaria por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas correspondiente a la gestión 2011, el cómputo de la prescripción de ocho (8) años, inició el 1 de enero de 2013 

y concluyó el 31 de diciembre de 2020, consecuentemente la facultad de determinación de la Administración Tributaria, se encuentra vigente al momento de la realización del presente análisis, toda vez que la misma recién prescribe el 31 de diciembre de 2020

  1. i

En suma, de la revisión de antecedentes administrativos y la compulsa de los agravios propuestos por Mario Córdova Pinto en su calidad de recurrente y los argumentos expuestos por parte de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, habiendo sido desvirtuados los vicios de nulidaddenunciados, la supuesta vulneración de derechos, así como el cumplimiento de la normas dentro del proceso de fiscalización llevado a cabo en contra del ahora recurrente, este último no desvirtuó los cargos establecidos en el acto impugnado, conforme el artículo. 76 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que corresponde a ésta instancia recursiva confirmar en todas sus partes la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017 emitida por la mencionada Administración Tributaria. 

NB-ISO 

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de la Calidad Certificado N°EC201

  • Página 38 de 39 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

E IMPUG

STACION I

REGIONA

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

REN

TRIBUTA

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RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, emitida por la Gerencia de. Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

COE WPUGAN 

Hans How 

01934 

UTORIA

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FOIONAL 

Henr

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

ORIDADE

Villa Aslanes 

UTARI

AUTORI 

ACB8A

STE 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

, Regístrese, notifiquese y cúmplase

Xrou Claudia B. Cors Rejas 

V DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTÉRINA Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca en Suplencia legal de la Autoridad Regional de 

Impugnacion Tributaria Cochabamba 

NA 

NB ISO 

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de la Calidad Certificado N*EC-2741

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