ARIT-CBA-RA-0364-2019 Resolución Determinativa Anulada, determinación de Base Imponible con Base Presunta que no expuso el detalle del costo de construcción, incumpliendo la finalidad de la vista de cargo y la resolución determinativa que deben dar a conocer la obligación tributaria fundamentada.

ARIT-CBA-RA-0364-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0364/2019 

Recurrente 

Rober Fernando Alba Baldelomar 

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por María Nacira García Ayala 

Acto impugnado 

Determinativa 

Resolución 171930000677 

ARIT-CBA0242/2019 

Expediente No Lugar y fecha 

Cochabamba, 4 de noviembre de 2019 

VISTOS

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administracion Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0364/2019 de 31 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional, y todo cuanto se tuvo presente 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 171930000677 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que determinó de oficio las obligaciones impositivas del sujeto pasivo Alba Baldelomar Rober Fernando, en la suma de UFVs 342 655, equivalente a Bs 790 008 correspondientes al tributo omitido del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, en aplicación de los artículos 47 (modificado por la Ley N° 812) de la Ley N° 2492 (CTB), 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0025-10 Por otra parte, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob boCochabamba, Bolivia 

por el impuesto sujeto a revisión y por los periodos citados, aplicando un sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento de conformidad a los artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la Resolución de Directorio N° 10-0025-10 Acto notificado mediante cédula el 29 de junio de 2019 (fojas 20542118 y 2123 de antecedentes administrativos) 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZAD

II 1 Argumentos del Recurrente. Rober Fernando Alba Baldelomar mediante notas presentadas el 19 de julio y 8 de agosto de 2019 (fojas 1-29 y 101102 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolucion Determinativa N° 171930000677 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 

siguiente 

Que la Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación N° 00120VE01799 dos años y un mes después de su emisión, anunciando la verificación específica de los hechos ylo elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyeron en el IUE (adjuntó al citado acto el Requerimiento No 00124439) posteriormente fue notificado con el Requerimiento No 00130867 que mezcló dos órdenes de verificación, solicitando documentación y extralimitándose en el alcance de la orden inicial, por cuanto el ente recaudador solicitó documentación de las gestiones 2008 a 2011, además de estudios de costos, documentos de respaldo de financiamiento, presupuestos, escrituras de constitución-entre otros-generando confusión al no comprender el alcance de la revisión, ni la conexion de los documentos requeridos con su actividad gravada 

Sostuvo que cuatro años y cinco meses después de la notificación de la Orden de Fiscalización, fue notificado de forma ilegal con la vista de Cargo N° 291930000183 que determinó una liquidación previa de adeudo tributario sobre base presunta, asimismo refirió que dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó descargos y fundamentos de hecho y derecho que desvirtuaban la liquidación efectuada, denunciando además vicios de nulidad incurridos en el proceso, una indebida utilización de la base presunta e inexistencia del hecho generador, entre otros, empero el ente recaudador no evaluó todos los descargos presentados conforme a la normativa vigente

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debido a que al dia siguiente de la presentados de los descargos, emitió la resolucion impugnada, aspecto que impidió una valoración adecuada e imparcial 

Indicó que la Administración Tributaria le negó expresamente la producción de prueba solicitada, consistente en dos confesiones provocadas y una certificación, sin ningún tipo de sustento técnico ni legal, lesionando de esta manera su derecho a la defensa 

Argumentó que la Resolución impugnada fue notificada mediante cédula en días y horas no habilitadas para tal efecto, precisamente el día sábado 29 de junio de 2019 a horas 15 10, dejando el primer aviso de visita el día anterior a horas 22 01, empero resalta que ninguna de esas actuaciones llegaron a su domicilio como manda el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) Agregó que la Resolución Administrativa que pretende justificar la actuación señalaría la habilitación de días y horas extraordinarios para notificar actos emitidos por la Gerencia Distrital Santa Cruz Il, empero el acto impugnado fue emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba, por lo que el SIN actuó con falta de facultad y competencia, acotó tambien que el aviso de visita refiere se rehusó a identificarsey se rehuso a firmar”, aspecto que no solo subjetiviza la actuación, sino que también resta validez a la diligencia practicada, por vulnerar el 85 de la Ley N° 2492 (CTB), al efecto señaló que se transgredio los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso, para concluir que el acto impugnado resultaría nulo de pleno derecho, por ser emitido sin 

competencia 

Manifestó que la Administración Tributaria en el Acto impugnado se limitó a copiar el contenido de la Vista de Cargo, sin realizar ningún tipo de nuevo análisis en base a los argumentos presentados, siendo que respecto a la inexistencia del hecho generador, el ente recaudador concluyó que resultaría sujeto pasivo del (UE, toda vez que utilizó capital para comprar terrenos y realizar construcciones para su comercialización, asimismo cito el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB) interpretando que la Administración Tributaria adoptó formas jurídicas inapropiadas o atípicas a la realidad de los hechos omitiendo trascribir todo el contenido de la norma, el cual no tiene ningún tipo de relación con la materia que se analiza ni con el caso concreto 

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Argumento que realizó su inscripción ante el SIN en forma debida, obteniendo el NIT 2880105010 con la actividad principal de “Alquiler de Bienes Raíces Propios” con una 

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012 • www ait gob bo.Cochabamba, Bolivia 

carga tributaria correspondiente al IVA, IT y RC-IVA, asimismo indicó que dejó de tener movimiento hace muchos años, por lo que no llevó a cabo ninguno de los presupuestos por los cuales pudiese emerger algún tipo de obligación tributaria, al no ser sujeto pasivo de ningún impuesto 

Afirmó que en ninguno de los papeles de trabajo, cursa prueba que demuestre que realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles para su posterior venta, siendo que el hecho de suscribir la transferencia de algunos bienes inmuebles no lo convierte en constructor, por lo que la interpretación de los artículos 37 y 39 de la Ley N° 843 pretende constituirlo como empresa para atribuirle de forma indebida la condición de sujeto pasivo del IUE, siendo que la venta de bienes inmuebles no constituye por misma un hecho generador del IUE, acotó que el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) resulta aplicable tanto para el sujeto pasivo como para la Administración Tributaria, además que no existiría prueba que demuestre que combinó factores de producción 

Puntualizó que existe una pluralidad de personas que se constituyen en copropietarios de los terrenos y enajenantes de los inmuebles, asimismo cuestionó que no se realizó el proceso de verificación a todas las personas que figuran en las minutas, por otra parte refirió que su actividad registrada posee como carga tributaria el RCIVA y que la naturaleza del IUE y el RC-IVA establecen que ambos son incompatibles y no pueden gravar una misma actividad, razón por la que estaría excluido de la consideración de sujeto pasivo y el hecho generador definidos por los artículos 36 y 38 de la Ley N° 843, mucho 

menos tendría Estados Financieros que permitan determinar una utilidad neta y acceso a 

los ajustes que permitan compensar o deducir conceptos gravados 

Sostuvo que el Requerimiento No 00124439 solicitó información como a cualquier otro contribuyente, resultando una actuación incongruente, por cuanto no hubo forma de que cuente con los documentos requeridos al no tener la carga tributaria del IVE, de igual manera añadió que dentro de su actividad registrada y declarada no procedió a la venta de ningún inmueble, ni existe ningún activo fijo declarado dentro del balance de apertura, además que no realizó otra actividad gravada 

Señaló que el último requerimiento refiere minutas y testimonios en general, sin ningún tipo de especificación o claridad que permita su cumplimiento, resultando un vicio de 

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nulidad insubsanable al no existir coherencia, ni especificidad respecto a la documentación requerida, asimismo afirmó que fue imposible inferir que el alcance de la fiscalización era el que ahora pretende el ente fiscal al final de todo el proceso, aspecto que lesiona el debido proceso contenido en el artículo 68 numeral 8 de la Ley N° 2492 (CTB) así como 

el principio de transparencia 

Indicó que desde la notificación de la Orden de Verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo transcurrió más de cuatro años y siete meses, aspecto que vulneró el artículo 104 parágrafo V de la Ley N° 2492 (CTB), lesionando el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, al efecto citó los artículos 4, 16 y 21 de la Ley N° 2341 (LPA) a objeto de señalar que tiene el derecho de exigir que las actuaciones se realicen dentro del plazo 

y que la Administración tiene la obligación de cumplir el mismo 

Sostuvo que el primer aviso de visita correspondiente a la notificación de la Vista de Cargo fue dejado el 23 de mayo de 2019 a horas 22 45, pese a que las actuaciones del ente recaudador deben realizarse en días y horas hábiles, además que en el contenido de la Resolución Administrativa N° 231930000072 no existe ningún tipo de motivo fundado para realizar diligencias en horarios extraordinarios, por lo que no fue cumplido lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 2492 (CTB), añadió que considerando el vacío legal de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde aplicar el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil (Ley 439) que refiere la habilitación de horas extraordinarias como medida excepcional, en casos debidamente justificados, identificando plena y claramente la urgencia del ente fiscal, individualizando al contribuyente y el acto administrativo a notificar 

Refirió que la Administración Tributaria no llevó a cabo ningún tipo de trabajo de fiscalización y averiguación de la verdad, limitándose a justificar su desconocimiento de datos, hechos y circunstancias, debido a que no se acompañó documentación requerida, bajo el argumento de que la carga de la prueba en una determinación sobre base presunta corresponde al sujeto pasivo, asimismo desconoció que en base a sus amplias facultades debió acudir a todos los recursos a su alcance para justificar la determinación, siendo que de la compulsa de los antecedentes no existe ningún peritaje, inspección a las edificaciones, cuestionarios, ni cruces de información con proveedores de materiales o 

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entrevistas a los mismos, por lo que el presupuesto contenido en el artículo 4 de la 

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Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 resultaría inaplicable, al no agotarse todos los medios para obtener información 

Manifestó que la Administración Tributaria aplicó por descarte la técnica “otros”, argumentando que la técnica de contribuyentes similares no resultaría aplicable, asimismo que al momento de obtener copias de todos los antecedentes administrativos, advirtió que no existió el documento administrativo de evaluación y aprobación de la técnica, ante lo cual el SIN sostuvo que serán presentadas oportunamente”, aspecto que demostraría que no fue cumplido lo requerido para aplicar la técnica empleada 

Argumento que la Administración Tributaria al tomar como base fundamental y decisiva la 

información de los contribuyentes A y B, resultaría necesario y equitativo conocer el contenido de dicha información en forma directa y fidedigna, siendo que bajo excusa del principio de confidencialidad no puede privarse al sujeto pasivo de conocer los alcances del mismo, resultando un atentado contra las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, de esta manera en consideración a éste óbice legal y a fin de no atentar a los derechos, el ente recaudador debió acudir a otros medios para investigar y obtener información que le permita sostener técnicamente su indebido reparo 

Afirmó que la Vista de Cargo reconocio que la comparación efectuada con los contribuyentes A y B corresponde a gestiones anteriores a la verificada, esto en consideración a la existencia de otra Orden de Verificación por la gestión 2009 en la cual se replicaron los datos empleados 

Sostuvo que no existiría evidencia de que las construcciones comparadas sean iguales a los inmuebles por los cuales se pretendió el reparo, siendo que existirían datos que incluirían como la ubicación, metros construidos, calidad de material, calidad de acabado, cantidad de trabajadores contratados, tecnología instalada, etc, de esta manera la Administración Tributaria se limitó a determinar la utilidad en base a un costo de materiales sin indicar cuales fueron, ni determinar si comprenden todo los necesarios para un trabajo de construcciones, de igual manera para establecer la mano de obra no indicó la cantidad de personal, salarios, tiempo de trabajo, avance, etc, finalmente para gastos indirectos no expuso un detalle de los mismos, aspectos replicados en el acto impugnado y que establece el incumplimiento de los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo 

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añadió que tampoco cuenta con costos financieros del desembolso de préstamo cursante en la certificación del Banco Ganadero 

Agravió que tanto la Vista de Cargo así como la Resolución Determinativa refieren que no existió incumplimiento de proporcionar información, aspecto que significaría que no estaba obligado a hacerlo, ya que el ente recaudador debió recurrir a todas sus atribuciones y facultades para investigar la verdad material de los hechos 

Indicó que el acto impugnado refirió que para la edificación del bloque posterior del edificio El Libertadorfue conformado una sociedad accidental o de cuentas en participación junto con otras personas, por lo que correspondió que el ente recaudador investigue los pormenores del edificio a través de una revisión a la asociación accidental, añadió que al no ser sujeto pasivo del IUE no omitió en ningún momento pagar deuda tributaria alguna, por lo que la sanción por omisión de pago no resultaría aplicable 

Manifestó que la documentación obtenida por la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y de la Oficina de Derechos Reales no podría ser considerada como un medio de prueba, debido a que no se encontrarían legalizadas o refrendadas por los tenedores de los documentos originales 

Finalmente, puntualizó que al momento de presentar descargos a la Vista de Cargo solicitó en merito a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), fijar día y hora de audiencia para producir una confesión provocada de la fiscalizadora asignada y la Gerente Distrital, empero el ente recaudador respondió en el acto impugnado que la misma resultaría manifiestamente dilatoria, no llegando a efectuar ninguna fundamentación legal o argumentación para tal rechazo, de igual manera respecto a la solicitud de certificación, el SIN indicó que no corresponde emitir certificación alguna, olvidando que la certificación solicitada responde a aspectos de fondo, de esta manera fue limitado su derecho a la defensa 

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Por lo expuesto, en petitorio solicitó la anulación de la Resolución Determinativa No 171930000677 de 26 de junio de 2019, con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Orden de Verificación N° 00120VE01799 

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

II.2. Auto de Admisión. El 12 de agosto de 2019, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0242/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Rober Fernando Alba Baldelomar, contra la Resolución Determinativa N° 171930000677 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 103 del expediente administrativo) 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Santa Cruz || del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por María Nacira García Ayala, conforme acreditó Resolucion Administrativa de Presidencia No 031800000867 de 11 de octubre de 2018 (fojas 119 120 del expediente administrativo), por memorial presentado el 2 de septiembre de 2019 (fojas 124136 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos 

Que a objeto de notificar la vista de Cargo N° 291930000183, conforme antecedentes administrativos, se evidencia que el 23 de mayo de 2018 a horas 22 45, en virtud a la Resolución Administrativa N° 231930000072, funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, se apersonaron al domicilio fiscal del sujeto pasivo, ubicado en la calle Junin esquina Reza N° 0593, Edificio Las Brisas, Piso 9, Departamento 9B, Zona Noroeste de la ciudad de Cochabamba, conforme a la consulta del Padrón de Contribuyentes, y al no ser encontrado, comunicó que sería nuevamente buscado el día siguiente (24 de mayo de 2019) 

Agregó que el citado aviso de visita fue dejado a Andres San Miguel Botello en su calidad 

de conserje del edificio, quien firmó en presencia del testigo de actuación y el funcionario notificador, y que constituidos en la fecha señalada por segunda vez, tampoco fue posible encontrar al sujeto pasivo, por lo que comunicaron que sería noticiado mediante Cédula 

Amplió señalando que en base a la representación jurada para notificación por cédula y el consiguiente Auto de Instrucción, el 24 de mayo de 2019 a horas 12 25 notificación por cédula en presencia del testigo de actuación, conforme prevén los artículos 83 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB), entregando la copia de la Vista de Cargo No 

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291930000183 a Juan Luis Gonzales Cano, en su calidad de conserje del edificio “Las Brisasen presencia del testigo de actuación 

Sostuvo que el procedimiento de notificación realizado mediante Cédula, cumplió su finalidad de dar a conocer al sujeto pasivo la Vista de Cargo N° 291930000182, toda vez que el 3 de junio de 2019, la parte recurrente solicitó fotocopias de todas las actuaciones correspondientes a la referida Vista de Cargo y que el 23 de junio de 2019 (dentro del plazo previsto por el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB)) presentó descargos a la misma, al efecto citó la Sentencia Constitucional N° 1845/2004-R de 30 de noviembre 

Manifestó que el primer aviso de visita de la Vista de Cargo, fue practicado en horario extraordinario el 23 de mayo de 2019 a horas 2245, en virtud a lo establecido en la Resolución Administrativa N° 231930000072 de 12 de abril de 2019, que habilitó el horario de trabajo desde horas 07 30 hasta 23 00, publicada en periódico de circulación nacional el 16 de abril de 2019, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 83 parágrafo ll de la Ley No 2492 (CTB), normativa que no tiene vacío legal alguno respecto a la habilitación de días y horas extraordinarias para la notificación de actos administrativos, como sostiene el sujeto pasivo, adicionalmente refirió que la Resolución Administrativa N° 231930000072, no fue anulada o impugnada, encontrándose vigente la misma a la fecha 

Alegó que a objeto de notificar la Resolución Determinativa N° 171930000677, el 28 de junio de 2019, funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, se apersonaron al domicilio fiscal del sujeto pasivo, avenida Libertador San Martin N° 12, edificio Torre Real, PISO 3, departamento 3A, barrio Equipetrol, UV 34, manzano 4A de la ciudad de Santa Cruz, conforme a la consulta del Padrón de Contribuyentes, y al no ser encontrado, comunicó que sería buscado nuevamente el día siguiente 29 de junio de 2019, dejando el aviso de visita al guardia de seguridad del edificio Torre Real”, de igual manera añadió que constituidos en la fecha señalada por segunda vez, tampoco fue posible encontrar al sujeto pasivo, por lo que comunicó que sería notificado mediante cédula Agregó que en antecedentes administrativos cursan las correspondientes fotografías de los hechos suscitados 

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Expuso que en base a la Representación Jurada para la notificación por cédula y el consiguiente Auto de Instrucción firmada por la Gerente Distrital de la Gerencia Distntal 

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

Santa Cruz II, el 29 de junio de 2019 procedió con la notificacion por cédula en presencia del testigo de actuación, conforme lo prevén los artículos 83 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB), fijando copia de la Resolución Determinativa en la puerta del domicilio descrito previamente 

Precisó que el procedimiento de notificación del acto impugnado, cumplió su finalidad de dar a conocer al sujeto pasivo la Resolución Determinativa N° 171930000677, toda vez que ante su notificación, presentó el Recurso de Alzada en el plazo previsto por el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Manifestó que el argumento del sujeto pasivo respecto a que los actos administrativos notificados y detallados jamás llegaron a su domicilio, resultaría una falsedad contraria a los hechos, toda vez que de ser así, no habría tenido la posibilidad de que el recurrente interponga el presente Recurso de Alzada, adjuntando a ello, la Resolución Determinativa N° 171930000677, salvo que demuestre que el recurso interpuesto fue en desconocimiento de la mencionada Resolución Determinativa 

Respecto a las personas a las cuales se dejó los primeros avisos de visita, mismas que se rehusaron a identificarse y a firmar, dicha situación fue debió a que los copropietarios del edificio Torre Real” prohíben a sus guardias de seguridad el identificarse o firmar documentos de la Administración Tributaria, aspecto que no impide continuar con el procedimiento de notificación establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), salvo la parte recurrente demuestre que dicho aviso de visita fue dejado a un menor de 18 años y que por ende no hubiera tenido conocimiento de la Resolución Determinativa 

Precisó que al momento de realizarse el procedimiento de notificación el 28 y 29 de junio de 2019, el sujeto pasivo pertenencia a la jurisdicción de la Gerencia Distrital Santa Cruz II, conforme consta en el Padrón de Contribuyentes, por lo que los funcionarios de dicha Gerencia estarían plenamente facultados a notificar actos administrativos de su jurisdicción en horarios extraordinarios, conforme a la Resolución Administrativa No 231976000299 

Replicó que el procedimiento de notificación por cédula de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, fue en apego a lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo causal de nulidad o anulabilidad alguna que se adecue a los artículos 

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35 y 36 de la Ley N° 2341 (LPA) Al efecto citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ-052/2009 de 22 de julio de 2009 

Sostuvo que en virtud de lo establecido por los artículos 100 y 70 de Ley N° 2492 (CTB), el 3 de octubre de 2014, notificó al sujeto pasivo con la Orden de Verificación 00120VE01799, a efectos de realizar la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyen en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (UE), de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2011, solicitado al efecto documentación a través de los Requerimientos No 124439 y 130867, consistente en Declaraciones Juradas (Form 500, 605), Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Estados Financieros de la gestión 2011, Libros de Contabilidad, Kardex, Inventarios, minutas de transferencia, entre otros, mismos que no fueron presentados por el sujeto pasivo y tampoco motivo de aclaración o información al respecto 

Expresó que conforme dispone el artículo 70 de Ley N° 2492 (CTB), el sujeto pasivo tenía la obligación de presentar la documentación requenda mediante Requerimientos No 124439 y 130867, y de no tener con los documentos solicitados, debió explicar las razones por las cuales no contaba con dicha documentación, o en su caso solicitar se le aclare cualquier aspecto que no sea de su comprensión, empero, de ninguna manera obviar los requerimientos realizados por la Administración Tributaria para después de 4 años manifestar que no cuenta con dicha documentación o no entendia que se le estaba solicitando 

Señalo que en el proceso determinativo, en base a la información remitida por terceros, constató la venta de 21, bienes inmuebles en el edificio “Domenico”, 4 en el edificio “EI Libertador”, 40 inmuebles en el edificio “Ibiza”, 5 en el edificio “Olimpya”, 4 en el edificio “Santa María” y 2 inmuebles en “Torre Millenium”, conforme los cuadros que cursan a fojas 37 a 40 del acto impugnado, por lo que el argumento del sujeto pasivo respecto a que no presentó la documentación requerida, porque no vendió ningún inmueble, resultaría falsa, contradiciendo además otros puntos del recurso de alzada interpuesto donde reconoció que enajenó bienes inmuebles 

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Precisó que la solicitud de documentación de la gestión 2008, que a entender del sujeto pasivo estaría fuera del alcance de la Orden de Verificación, no implica que en base a las 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jacha kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012 • www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

III 

amplias facultades con las que cuenta la Administración Tributaria, no pueda solicitar información de otras gestiones con fines de investigación, al efecto, aclaró que la determinación fue realizada únicamente respecto a los hechos generadores ocurridos en la gestión 2011 

Precisó que el plazo establecido en el artículo 104 parágrafo V de la Ley N° 2492 (CTB), no extingue la competencia de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, siendo más bien una medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable, conforme prevé el artículo 17 parágrafo IV de la Ley N° 2341 (LPA), por lo que cualquier incumplimiento del plazo establecido en el citado artículo 104 parágrafo V, no conlleva a la nulidad o caducidad del acto Como sustento citó la Resolución Jerárquica STG-RJ/0207/2007 de 17 de mayo de 2017 y Auto Supremo N° 188/2015 de 7 de abril de 

2015 

Explicó que conforme a lo dispuesto en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria, en búsqueda de la verdad material, debera en ultima instancia, acudir al método de la determinación sobre Base Presunta, y que el procedimiento de determinación sobre Base Presunta constituye un acto reglado, aplicable únicamente cuando la presunción y su procedimiento se encuentran previstos expresamente en la normativa tributaria señalada 

Replicó que el 3 de octubre de 2014, notificó al sujeto pasivo con la Orden de Verificación N° 00120VE01799, respecto a la determinación del IVE de la gestión 2011, solicitando al 

documentación mediante Requerimientos No 124439 y 130867, la que no fue presentada por el sujeto pasivo, por lo que a través de la información que cursa en su sistema informático y la proporcionada por terceros (Derechos Reales, Consejo de la Magistratura, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Notarias de Fe Publica, Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba, Colegio de Arquitectos Cochabamba, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Instituto Nacional de Estadísticas, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, etc ), evidenció que el sujeto pasivo percibió utilidades no declaradas por la venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal 

Extendió explicando que a pesar de agotar todos los medios para la obtención de la documentación e información sobre el costo de construcción (materiales, mano de obra y 

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otros) de los edificios “Domenico”, “El Libertador”, “Ibiza”, “Olympia, “Santa Maríay “Torre Millenium, esta no pudo ser obtenida, a fin de contar con los elementos que le permitan conocer de manera cierta e indubitable los componentes de la obligación tributaria, por lo que recurrió a la determinación sobre Base Presunta 

Explicó que la determinación sobre Base Presunta fue de la siguiente manera 1 Los Ingresos por la transferencia de bienes inmuebles, fueron establecidos con la información de las Minutas e Transferencia y/o Escrituras Públicas y los formularios Únicos de Recaudaciones del Impuesto Municipal a la Transferencia Onerosa de Bienes Inmuebles, 2. Para el costo de construcción de los edificios “Domenico, “El Libertador”, “biza“, Olympia”, Santa María”, Torre Millenium” y “Sevilla”, aplicó el índice de 68,76% sobre los ingresos por la transferencia de bienes inmuebles, utilizando la técnica establecida en el artículo 8 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, 3 Que no consideró el costo financiero, debido a que el sujeto pasivo no presentó documento alguno que demuestre que haya incurrido en algún préstamo bancario para la construcción de los citados edificios y que de la revisión de las respuestas remitidas por las diferentes entidades bancarias, no identificó información referida a préstamos, y 4. El costo de Terreno fue determinado sobre la información de la Minuta de Transferencia y/o Escritura Pública, actualizada a la gestión verificada, en función a las Unidades de Fomento a la Vivienda, de acuerdo a los departamentos, oficinas y parqueos vendidos en la gestión verificada 

Sostuvo que debido a que la información obtenida por la Administración Tributaria no establecía de manera cierta e indubitable el costo de construcción y ante la ausencia de documentación presentada por parte del sujeto pasivo, la aplicación del método de terminación sobre Base Presunta, resultaría legal y correcta Citó el Auto Supremo No 59/2016 de 19 de febrero 

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Manifestó que para la determinación sobre Base Presunta, utilizó la técnica establecida 

en la artículo 8 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, misma que fue cumplida a cabalidad, toda vez que mediante Informe con CITE SIN/GDCBBA/DF/G1NE/INF/731/2019 de 28 de marzo de 2019, la Gerencia Distrital Cochabamba comunicó a la Gerencia de Fiscalización a técnica a ser utilizada, misma que fue aprobada mediante nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00701/2019 de 26 de abril de 2019, actos cursantes a fojas 2 134 a 2 142 y 2 598 a 2601 de antecedentes 

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de la Callad Certificada N771/1

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I

administrativos, por lo que el argumento del sujeto pasivo, respecto a la inexistencia de documento administrativo de evaluación y aprobación por parte de la Gerencia de Fiscalización resultaría infundado 

Señaló que a fojas 4 a 6 de la Resolución Determinativa impugnada, se encuentra toda la información necesaria para el sujeto pasivo, con relación a la comparación realizada, como ser los ingresos por ventas de bienes inmuebles, costo de materiales y mano de obra, costos financieros, costo de gravamen y costo de terreno, manteniendo en reserva unicamente los nombres de los contribuyentes de los cuales obtuvo dicha información, que fueron denominados como “A” y “B”, en aplicacion de la confidencialidad de la información tributaria, establecida por el artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Sostuvo, que al conocer el sujeto la información de los datos técnicos, no existe fundamento jurídico respecto a una supuesta indefensión, cuando este tenía la posibilidad de objetarlos a través de documentos y peritajes, y no pretender que sea la Administración Tributaria la que contrate peritos para verificar si la técnica de determinación utilizada es correcta Agregó que corresponde al sujeto pasivo probar de qué manera la entidad recaudadora le causó indefensión al no revelarle los nombres de los contribuyentes, de conformidad al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y que la determinación realizada sobre presunciones, admiten prueba en contrario, mismas que hasta la fecha no fueron presentadas por el administrado 

Expuso que en sujeto pasivo estaba obligado a presentar toda la información y documentación solicitada mediante Requerimientos Nos 124439 y 130867, en virtud de los artículos 70 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), no siendo excusa la falta de una sancion por dicho incumplimiento, debiendo el recurrente probar el perjuicio causado al no haber sido sancionado por su incumplimiento 

Explicó que sobre la determinación de deuda tributaria, inherente al edificio “El Libertador”, corresponden al Bloque Frontal y Bloque Posterior (Fase II, que fue mediante Asociación Accidental o de Cuentas de Participación), siendo que para este último (Bloque Posterior Fase II), no emergió ningún adeudo tributario, no siendo evidentes los reclamos planteados por el sujeto pasivo al respecto 

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Manifestó que al evidenciar, que el sujeto pasivo pagó en menos el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2011, producto de las utilidades netas obtenidas por la venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal, no declaradas, adecuó su conducta como “Omisión de Pago”, prevista y sancionada por los artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por el Decreto Supremo N° 2993 

Manifestó que en virtud del artículo 77 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), la información obtenida de la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba y de Derechos Reales, de sus sistemas, llega a considerarse valedera y admite prueba en contrario, no obstante a la fecha no fue presentada por parte del sujeto pasivo, por lo que los argumento para objetar dicha prueba carecen de fundamento jurídico 

Precisó que la confesión de funcionarios públicos de la Administración Tributaria, no se encuentra regulado como medio de prueba en un proceso determinativo, además que las certificaciones solicitadas por el sujeto pasivo, al no aportar en lo más mínimo en el proceso de determinación y ser considerada inconducente, meramente dilatoria y superflua, fue rechazada en aplicación del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Respecto a los argumentos del sujeto pasivo, inherentes a la inexistencia del hecho generador y su condición de sujeto pasivo, manifestó que es evidente la coordinación de factores de producción por parte del recurrente, toda vez que -desde un punto de vista racional- utilizó capital, ya que adquirio en sociedad, diferentes terrenos (tierra) para la construcción de los edificios “Domenico”, “El Libertador”, “biza”, “Olympia”, “Santa María”, Torre Milleniumy Sevilla, coordinó capital, en la compra de materiales y otros costos indirectos, así como trabajo, en la mano de obra utilizada, para después proceder a la venta de departamentos, oficinas, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada, obteniendo utilidades de fuente boliviana, conforme establece el artículo 42 de la Ley N° 843, que no fueron declaradas conforme a Ley 

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Citó lo establecido en el artículo 4 inciso d) del Decreto Supremo N° 24051, sosteniendo que la actividad realizada por el sujeto pasivo, fue de carácter industrial de construcción y comercial (como generador de utilidades), motivo suficiente para determinar que se encuentra sujeto al IVE 

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Expuso que conforme el Padrón de Contribuyentes, el sujeto pasivo se encontraba registrado en el Régimen General, con la actividad económica de Alquiler de Bienes Raíces Propios (Actividad Principal), hasta el 10 de enero de 2013, encontrándose el NIT en esta inactivo Automatico, empero, a través de la información obtenida en el proceso determinativo, corroboró que en la gestión 2011, se produjo la enajenación de bienes Inmuebles de los Edificios “Domenico”, El Libertador”, “Ibiza, “Olympia, “Santa María, “Torre Millenium” y “Sevilla”, realidad probada y respaldada con la información obtenida de terceros como las Notarías de Fe Publica, que facilitaron las Escrituras Públicas, información que sumada a la obtenida por terceros, determino la configuración del hecho generado Al efecto Citó los artículos 41 y 42 de la Ley N° 843, 4, 11 numeral 2) del Código de Comercio 

Explicó que para fines de la determinación, resultó evidente que el sujeto pasivo realizó un actividad industrial de construcción para su comercialización, y no así una profesión liberal u oficio como persona natural, por lo que en virtud de los artículo 37 y 38 de la Ley N° 843, demostró y fundamentó que el recurrente es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE), al haber realizado la construcción de los edificios “Domenico”, “El Libertador”, “Ibiza”, “Olympia”, “Santa María”, “Torre Millenium” y “Sevilla”, para realizar la actividad comercial de venta de departamentos, oficinas, parqueos y bauleras, obteniendo utilidades de fuente boliviana conforme dispone el artículo 42 de la Ley N° 843 

Por lo expuesto, en petitorio solicito confirmar la Resolución Determinativa No 171930000677 de 26 de junio de 2019 

11 4. Apertura de término probatorio El 3 de septiembre de 2019, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA 0242/2019 disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del artículo 218 inciso d) del Código Tributario Boliviano (CTB) (fojas 137 de expediente administrativo) 

El 11 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial ratificó todas las pruebas presentadas al momento de responder al Recurso de Alzada (fojas 141 del expediente administrativo) 

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El 24 de septiembre de 2019, Rober Fernando Alba Baldelomar ratificó todos los fundamentos de hecho, derecho y demás argumentos técnicos jurídicos expuestos en el Recurso de Alzada, asimismo indicó que la Gerencia Distrital Santa Cruz II respondió al recurso interpuesto con total falta de jurisdicción y competencia para asumir defensa, toda vez que el recurso fue dirigido contra la Gerencia Distrital Cochabamba, por lo que solicitó no considerar los argumentos planteados en el memorial de respuesta De igual manera denunció la aparición de 599 fojas posteriores a la Vista de Cargo a las cuales nunca tuvo acceso (fojas 153-159 del expediente administrativo) 

11 5 Alegatos El 10 de octubre de 2019, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos reiterando los argumentos planteados en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada referidos a la correcta notificación de la Vista de Cargo y Resolucion Determinativa, inexistencia de incongruencia, improcedencia de la nulidad por incumplimiento del plazo establecido en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), correcta determinación sobre base presunta, configuración de la conducta como omisión de pago, validez de la prueba documental y el rechazo a la producción de prueba, y configuración del hecho generador, además que no corresponde considerar los nuevos argumentos planteados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada (fojas 164-170 de antecedentes administrativos

Por otra parte, dentro el plazo establecido en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario Boliviano (CTB), el recurrente no presentó alegatos ante ésta instancia recursiva 

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ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 3 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 00120VE01799, comunicando a Rober Fernando Alba Baldelomar que será sujeto de un proceso de determinación con el objeto de verificar los hechos ylo elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyen en el Impuestos Sobre las Utilidades de las Empresas IUE de los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011 Acto notificado personalmente al sujeto pasivo, el 3 de octubre de 2014 (fojas 13 de antecedentes administrativos) 

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El 20 de mayo de 2019, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 291930000183, calificando preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del IUE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2011 en un total de UFVS 341 168 Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 24 de mayo de 2019 (fojas 19581999 y 2004 de antecedentes administrativos) 

El 23 de junio de 2019, el sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la vista de Cargo ofreciendo argumentos de descargo referidos a que incidentes de nulidad, incongruencia entre la Orden de Fiscalización y los Requerimientos notificados, incongruencia entre el primer y segundo requerimiento, emisión de Vista de Cargo fuera de plazo, notificación de la Vista de Cargo en hora inhábil y aplicación de la base presunta en un atípico proceso de determinación, por lo que solicitó disponer la nulidad de obrados, hasta la Orden de Verificación N° 00120VE01799 (fojas 20132022 de antecedentes administrativos) 

El 26 de junio de 2019, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171930000677, que determino de oficio las obligaciones impositivas del sujeto pasivo Alba Baldelomar Rober Fernando, en la suma de UFVS 342 655, correspondientes al tributo omitido del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, en aplicacion de los artículos 47 (modificado por la Ley N° 812) de la Ley N° 2492 (CTB), 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025-10 Por otra parte, califico la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el impuesto sujeto a revisión y por los periodos citados, aplicando un sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento de conformidad a los artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la Resolución de Directorio N° 100025-10 Acto notificado mediante cédula el 29 de junio de 2019 (fojas 2054-2118 y 2123 de antecedentes administrativos) 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Conforme a lo expuesto en el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), ésta instancia recursiva para el análisis técnico jurídico, ingresará a resolver los 

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reclamos efectuados por la parte recurrente relacionados con 1) Emisión de la Vista de Cargo incumpliendo el plazo establecido en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), 2) Vicios de nulidad en la notificación de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 3) Falta de evaluación a los descargos presentados, 4) Requerimiento de documentación fuera del alcance de la Orden de Verificación e incongruencia con los requerimientos de documentación, 5) Improcedencia de la determinación, 6) Sobre la validez de los reportes empleados en la determinación, 7) Sobre el método de determinación, y 8) Inexistencia del hecho generador y por ende de la sanción por omisión de pago. 

De forma previa al análisis de los agravios planteados Rober Fernando Alba Baldelomar en su memorial de interposición de Recurso de Alzada contra el acto impugnado, corresponde señalar que la parte recurrente en la etapa del término probatorio, objetó el memorial de respuesta al Recurso de Alzada presentado por la Administración Tributaria, solicitando que el mismo no sea tomado en cuenta por esta instancia recursiva, aspecto por el que corresponde analizar tal argumento para determinar lo que corresponda en 

derecho 

IV.1 Cuestión previa. La parte recurrente indicó que la Gerencia Distrital Santa Cruz Il respondió al recurso interpuesto con total falta de jurisdicción y competencia para asumir defensa, toda vez que el recurso fue dirigido contra la Gerencia Distrital Cochabamba, por lo que solicitó no considerar los argumentos planteados en el memorial de respuesta 

Al respecto corresponde indicar que el inciso c) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano dispone “El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento ( ) c) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la admisión del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, negando o aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y adjuntando necesariamente los antecedentes del acto impugnado Si no se contestare dentro de este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, aperturando a partir de ese momento el término de prueba La Administración Tributana recurrida podrá incorporarse al proceso en cualquier momento en el estado en que se encuentre ( )” 

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De la compulsa de los antecedentes administrativos, llegó a advertirse que conforme a consulta de padrón cursante a fojas 2129 de antecedentes administrativos, Rober 

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Fernando Alba Baldelomar efectuó su cambio de jurisdicción de la Gerencia Distrital Cochabamba a la Gerencia Distrital Santa Cruz Il del Servicio de Impuestos Nacionales el 27 de junio de 2019, situación que implica que todos los procesos administrativos realizados por la entidad recaudadora que no se encuentran finalizados a la fecha del cambio de jurisdicción, deben ser tramitados y concluidos por la referida Gerencia Distrital Santa Cruz II 

Entonces, conforme lo expuesto previamente la parte recurrente no puede pretender desconocer la jurisdicción y competencia de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales, siendo que el mismo al haber solicitado el cambio de jurisdicción de forma voluntaria, se sometió a que dicha Gerencia Distrital fuese la administración Tributaria competente para concluir las determinaciones previas realizadas por la Gerencia Regional Cochabamba del SIN, aspecto sustancial por el que corresponde considerar la respuesta al Recurso de Alzada presentada el 2 de septiembre de 2019 por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales 

Consecuentemente, resultó evidente que la Gerencia Distrital Santa Cruz cumplió lo dispuesto en el inciso c) del artículo 218 del Código Tributario boliviano, al constituirse en parte del presente proceso de impugnación, por lo que corresponde desestimar lo argumentado respecto al punto en particular 

IV.2 Incumplimiento de plazos en la emisión de la Vista de Cargo. La empresa recurrente manifestó que desde la notificación de la Orden de Verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo, transcurrió más de cuatro años y siete meses, aspecto que vulneró el artículo 104 parágrafo V de la Ley N° 2492 (CTB), lesionando el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, al efecto citó los artículos 4, 16 y 21 de la Ley N° 2341 (LPA) señalando que tiene el derecho de exigir que las actuaciones sean realizadas dentro del plazo previsto por Ley y que la Administración tiene la obligación de cumplir el mismo 

En respuesta, la Administración Tributaria señaló que el plazo establecido en el artículo 104 parágrafo V de la Ley N° 2492 (CTB), no extingue su competencia para determinar la deuda tributaria, siendo más bien una medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable, por lo que cualquier incumplimiento del plazo establecido en el citado artículo 

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104 parágrafo V, no conlleva a la nulidad o caducidad del acto Citó la Resolución Jerárquica STG-RJ/0207/2007 de 17 de mayo de 2017 y Auto Supremo N° 188/2015 de 7 de abril de 2015 

Expuestas las pretensiones de ambas partes procesales, precisar que en temas de nulidad debe considerarse el principio de especificidad, el cual según la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015-S2 de 16 de enero, sostiene que “l ) los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado 

en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescaba una determinada formalidad para que su omisión o defecto ongine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos No hay nulidad, sin ley específica que la establezca‘ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’p 386) ( )” 

La doctrina administrativa considera que en general “Los VICIOS determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un critero cualitativo, de práctica Jurisprudencial y política jurídica, así a menor grado del VICIO, el acto puede ser válido o anulable, por el contrano si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO, Agustín Tratado de Derecho Administrativo Tomo 3, p XI-40) Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág 90, considera anulable “La condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución UN VICIO o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad” 

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Por otra parte, la normativa tributaria precisamente el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que “ La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributara o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del 

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tributo adeudado ( ) || La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda” 

También el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), en su parágrafo V, preve que desde el Inicio de la fiscalizacion hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir mas de doce (12) meses, sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más 

Por otro parte corresponde señalar que la Ley de Procedimiento Administrativo N 2341 (LPA), en su artículo 36 parágrafo III aplicable en materia tributaria conforme los artículos 74 y 201 del Código Tributario Boliviano (CTB), establece claramente que “La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo” 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos pudo advertirse que la Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización N° 002OVE01799 el 3 de septiembre de 2012 con alcance de la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyen en el Impuestos Sobre las Utilidades de las Empresas IUE de los periodos de enero a diciembre de la gestion 2011 Acto notificado personalmente al sujeto pasivo, el 3 de octubre de 2014 (fojas 13 de antecedentes administrativos) 

Posteriormente, a la conclusión del trabajo de campo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291930000183 el 20 de mayo de 2019, calificando preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del IUE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2011 en un total de UFVS 341 168 Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 24 de mayo de 2019 (fojas 1958-1999 y 2004 de antecedentes administrativos) 

Lo expuesto en párrafos previos, permite advertir que conforme a lo argumentado por la parte recurrente, desde el inicio del proceso determinativo con la notificacion de la Orden de Fiscalización el 3 de octubre de 2014, hasta la conclusión del trabajo de campo con 

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la emisión de la Vista de Cargo N° 291930000183 el 20 de mayo de 2019, trascurrió más de los doce meses dispuestos en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), no obstante, corresponde señalar que el citado artículo no sanciona el incumplimiento del plazo de doce meses con la nulidad del proceso y mucho menos dispone la caducidad de las facultades de determinación de la Administración Tributaria 

Asimismo, cabe señalar que la Ley N° 2341 (LPA) invocada por el propio sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, dispone de forma expresa en el parágrafo III del artículo 36, que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, por lo que de conformidad al artículo citado y al razonamiento expuesto de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015-S2 de 16 de enero, glosado líneas arriba, que versa sobre el principio de especificidad o legalidad, no corresponde el agravio invocado por el sujeto pasivo, pues dicho aspecto no está considerado como nulidad específicamente en la norma 

IV.3 Nulidad de la notificación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa La parte recurrente puntualizó que el primer aviso de visita correspondiente a la notificación de la Vista de Cargo fue dejado el 23 de mayo de 2019 a horas 22 45, pese a que las actuaciones del ente recaudador deben realizarse en días y horas hábiles, además que en el contenido de la Resolución Administrativa N° 231930000072 no existe ningún tipo de motivo fundado para realizar diligencias en horarios extraordinarios, por lo que no fue cumplido lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) Añadió que considerando el vacío legal de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde aplicar el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil (Ley 439) que refiere la habilitación de horas extraordinarias como medida excepcional, en casos debidamente justificados, identificando plena y claramente la urgencia del ente fiscal, individualizando al contribuyente y el acto administrativo a notificar 

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De igual manera puntualizó que la Resolución impugnada fue notificada mediante cédula en días y horas no habilitadas para tal efecto, el día sábado 29 de junio de 2019 a horas 15 10, dejando el primer aviso de visita el día anterior a horas 22 01, empero, que ninguno de esas actuaciones llegaron a su domicilio conforme prevé el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo señaló que la Resolución Administrativa que pretende justificar la 

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de la Calta CerticadaN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

actuación señalaría la habilitación de días y horas extraordinarios para notificar actos emitidos por la Gerencia Distrital Santa Cruz II, pero que el acto impugnado fue emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba, por lo que el SIN actuó con falta de facultad y competencia, acotó que el aviso de visita refiere se rehusó a identificarsey se rehusó a firmar, aspecto que no solo subjetiviza la actuación, sino que también resta validez a la diligencia practicada, por vulnerar el citado artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), al efecto invocó los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso, para concluir que el acto impugnado resultaría nulo de pleno derecho, por ser emitido sin competencia 

En respuesta, la Administración Tributaria indicó que a objeto de notificar la Vista de Cargo No 291930000183, emitió la Resolución Administrativa N° 231930000072, autorizando la habilitación de días y horas extraordinarias, además que la citada actuación cumplió su finalidad, toda vez que el 3 de junio de 2019 la parte recurrente solicitó fotocopias de todas las actuaciones correspondientes a la referida Vista de Cargo Agregó que el 23 de junio de 2019 (dentro del plazo previsto en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB)) presentó descargos a la citada Vista de Cargo Al efecto citó la Sentencia Constitucional No 1845/2004-R de 30 de noviembre 

Asimismo, el ente recaudador manifestó que a objeto de notificar la Resolución Determinativa N° 171930000677, procedió con la notificación por cédula en presencia del testigo de actuación conforme lo prevén los artículos 83 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB), fijando copia de la Resolución Determinativa en la puerta del domicilio, además que el procedimiento de notificación del acto impugnado, cumplió su finalidad de dar a conocer al sujeto pasivo la Resolución Determinativa N° 171930000677, toda vez que ante su notificación, presentó el Recurso de Alzada en el plazo previsto por el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Al respecto, corresponde indicar preliminarmente que de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su indole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento(OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág 489) – 

Asimismo, cabe anotar que la doctrina constitucional sostiene que el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la 

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relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa, así lo ha entendido el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N° 1845/2004R, que establece Que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión, sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida” Criterio tambien asimilado en la Sentencia Constitucional N° 0164/2006

Consecuentemente, debemos señalar que para que pueda considerarse la indefensión dentro de un procedimiento administrativo, el administrado debió estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, motivo por el cual, no podría asumir su defensa, por lo que ésta instancia verificará las notificaciones realizadas a fin de comprobar si se colocó en indefensión al sujeto pasivo de la obligación 

En la normativa aplicable, se tiene que el artículo 2 parágrafo lll de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, modificó el artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), con el siguiente texto “Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los siguientes medios 1. Por medios electrónicos, 2. Personalmente, 3 Por Cédula, 4.Por Edicto, 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, 6. Tácitamente, 7. Masiva, 8. En Secretana II Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descntas con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias” 

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Por su parte, el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) determina que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto, a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscada nuevamente a hora 

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determinada del día hábil siguiente, si en esta ocasión, tampoco pudiera ser habido, se formulará representacion jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma que estará constituida por copia del acto a notificar y será entregada en el domicilio del que debiera ser notificado, a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que la Administración Tributaria a efecto de notificar la Vista de Cargo N° 291930000183, dejó el primer aviso de visita el 23 de mayo de 2019 a horas 22 45, posteriormente el funcionario actuante elaboró la representación jurada para notificación por cédula, argumentando que ante la segunda visita no pudo encontrar a Rober Fernando Alba Baldelomar, por lo que el funcionario actuante practicó la notificación por cédula el 24 de mayo de 2019, aperturando el término de descargos establecido por el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Ahora bien, la parte recurrente agravió la nulidad de la notificación de la Vista de Cargo, toda vez que el primer aviso de visita fue dejado en una hora inhábil, asimismo, corresponde puntualizar que de la compulsa de los antecedentes administrativos pudo advertirse que el Servicio de Impuestos Nacionales emitió y publicó el 16 de abril en el diario de circulación nacional “Opinion” la Resolución Administrativa N° 231930000072 resolviendo habilitar extraordinariamente el horario de trabajo desde el 16 de abril al 31 de diciembre de 2019 (fojas 2002 de antecedentes administrativos) 

De esta manera, cabe señalar que el ente recaudador emitió una Resolución Administrativa de habilitación de horas extraordinarias, que si bien la misma no expone ni desarrolla los motivos fundados para su emisión, resultando ser un aspecto que se encuentra claramente establecido por el artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), no obstante se tiene que dicha omisión no causó indefensión material en el administrado, aspecto que condiciona la nulidad pretendida conforme lo pregona la Sentencia Constitucional No 1845/2004R, prueba de ello se tiene que a fojas 2013 de antecedentes administrativos, cursa el memorial de descargos presentados por el recurrente ante la Administración Tributaria, mediante el cual expuso agravios de forma como de fondo respecto a la 

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determinación, por lo que el proceso de notificación al cumplir su finalidad, no acarrea la 

anulación de la misma 

Bajo el mismo razonamiento expuesto precedentemente; cabe señalar que en lo que se refiere a la notificación de la Resolución Determinativa impugnada, se advierte que la Gerencia Distrital Santa Cruz Il a través de su funcionario actuante, dejó el primer aviso de visita el 28 de junio de 2019 a horas 22 01, procediendo con la notificación por cédula el 29 de junio de 2019 a horas 15 02, como respaldo a dicha actuación se encuentra adjunto a la notificación la Resolución Administrativa N° 231976000299 que resolvió habilitar la ampliación de horario extraordinario desde el 27 de mayo al 31 de diciembre de 2019 en sus 24 horas, como días y horas hábiles y válidas para realizar la notificación de actuaciones y/o ejecución de actuados emitidos por la Gerencia Distrital Santa Cruz Il (fojas 2119-2124 de antecedentes administrativos) 

De esta manera, lo expuesto en el párrafo precedente permite advertir que la Administración Tributaria nuevamente incurrió en una falta de fundamentación respecto de los motivos fundados para la habilitación de horas y días extraordinarios, asimismo conforme a la parte resolutiva de la Resolución Administrativa N° 231976000299, se colige que la habilitación no alcanza a la Resolucion Determinativa impugnada, por cuanto dicho acto fue emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba y no así por la Gerencia Distrital Santa Cruz II, como expone la parte resolutiva de la precitada Resolución Administrativa 

No obstante a ello, se pudo advertir que la notificación de la Resolución Determinativa 

impugnada cumplió su finalidad que fue de dar a conocer la decisión final del proceso determinativo al ahora recurrente, aperturando al efecto, el término de impugnacion para que el sujeto pasivo pueda ejercer su derecho a la defensa que en el caso presente fue materializado con la interposición del presente Recurso de Alzada, mediante el cual expuso agravios de forma y de fondo a la determinación realizada, denotando por ello, su pleno conocimiento del alcance del citado acto administrativo, no amentando la anulación de la actuación por no vulnerar el principio de trascendencia, en consecuencia, corresponde desestimar lo argumentado por el sujeto pasivo al respecto, s aun considerando que el mismo adjuntó el acto impugnado a su recurso impugnatorio, debiendo desestimar el argumentado respecto a que el acto notificado no llegó a su poder 

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IV.4. Sobre la falta de evaluación de los descargos presentados. El sujeto pasivo manifestó que dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó descargos y fundamentos de hecho y derecho que desvirtuaban la liquidación efectuada, denunciando vicios de nulidad incurridos en el proceso, una indebida utilización de la base presunta e inexistencia del hecho generador, entre otros, empero, que el ente recaudador no evaluó todos los descargos presentados conforme a la normativa vigente, debido que al día siguiente de presentados los descargos, emitió la resolución impugnada, aspecto que impidió una valoración adecuada e imparcial Agregó que la Administración Tributaria se limitó a copiar el contenido de la Vista de Cargo, sin realizar ningún tipo de nuevo análisis en base a los argumentos presentados 

Resulta importante señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), dispone que “I Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tnbunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos || El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones Asimismo, el artículo 117 de la referida Constitución Política del Estado establece que “ Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso”, asimismo, el parágrafo I del artículo 119 del mismo cuerpo legal, señala que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

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Con referencia a la valoración de la prueba, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es “l ) imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber (…) d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada (...)” 

En ese marco normativo constitucional, precautelando el derecho al debido proceso con el que cuenta el recurrente, en el ámbito tributario, los derechos del sujeto pasivo están reconocidos en los numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

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establecen que el sujeto pasivo tiene derecho que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos, al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución 

Con relación a la nulidad de los actos administrativos, los parágrafos I y Il del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al caso, en atención a los artículos 74 numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano (CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados 

La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que es deber de la Administración Tributaria efectuar una valoración y análisis de todos los argumentos y documentos que fueron presentados por el sujeto pasivo durante la sustanciación del procedimiento determinativo, efectuando un pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado, aspecto que será verificado en el presente acápite en relación a lo argumentado por la parte recurrente 

Bajo ese entendido, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 291930000183 de 20 de mayo de 2019, calificando preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del IUE correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2011 en un total de UFVS 341 168 Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 24 de mayo de 2019 (fojas 19581999 y 2004 de antecedentes administrativos) 

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Asimismo, a fojas 2013 a 2022 de antecedentes administrativos llegó a advertirse que ante la notificacion de la Vista de Cargo N° 291830000183, el sujeto pasivo presentó memorial de descargo el 23 de junio de 2019, ofreciendo como descargo los siguientes argumentos 

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  • Que realizó su inscripción como sujeto pasivo del IVA, IT y RC-IVA, con la actividad 

principal de “Alquiler de Bienes Raíces Propiosy al dejar de tener movimiento, no llevó 

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a cabo ninguno de los presupuestos por los cuales pudiese emerger algún tipo de obligación tributaria Agregó que la naturaleza del IVE y el RC-IVA establecen que ambos son incompatibles y no pueden gravar una misma actividad y mucho menos tendría Estados Financieros que permitan determinar una utilidad neta y acceso a los ajustes que permitan compensar o deducir conceptos gravados 

  • Que ante la existencia de una pluralidad de personas que constituyen en copropietarios 

de los terrenos y enajenantes de los inmuebles, la entidad recurrida no realizó el proceso de verificación a todas las personas que figuran en las minutas 

  • Que la Administración Tributaria, solicitó información como a cualquier otro 

contribuyente, resultando una actuación incongruente, por cuanto no hubo forma de que cuente con los documentos requeridos al no tener la carga tributaria del IVE Añadió que el último requerimiento refiere minutas y testimonios en general, sin ningún tipo de especificación o claridad que permita su cumplimiento, resultando un vicio de nulidad insubsanable al no existir coherencia, ni especificidad respecto a la documentación requerida, además de haberle solicitado documentación fuera del alcance de la Orden de Verificación Asimismo, afirmó que fue imposible inferir que el alcance de la fiscalización 

  • Que desde la notificación de la Orden de Verificación hasta la emision de la Vista de 

Cargo transcurrió más de cuatro años y siete meses, aspecto que vulneró el artículo 104 parágrafo V de la Ley N° 2492 (CTB), lesionando el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, al efecto citó los artículos 4, 16 y 21, 35 de la Ley N° 2341 (LPA) y 74 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) 

  • Que el primer aviso de visita correspondiente a la notificación de la Vista de Cargo, fue 

dejado fuera de horas hábiles y que el contenido de la Resolución Administrativa No 231930000072 no existe ningún tipo de motivo fundado para realizar diligencias en horarios extraordinarios, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) Agregó que por jerárquica normativa corresponde aplicar el artículo 19 de la Ley N° 2341 (LPA) sobre cualquier Resolución Administrativa, por lo que la diligencia de notificación de la Vista de cargo, se encuentra viciada de nulidad 

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  • Que la Administración Tributaria no llevó a cabo ningún tipo de trabajo de fiscalización 

y averiguación de la verdad, limitándose a justificar su desconocimiento de datos, hechos y circunstancias, debido a que no se acompañó documentación requerida, bajo el argumento de que la carga de la prueba en una determinación sobre base presunta corresponde al sujeto pasivo, asimismo, señaló que el SIN en base a sus amplias facultades debió apelar a todos los recursos a su alcance para justificar la determinación, puesto que de la compulsa de los antecedentes no existe ningún peritaje, inspección a las edificaciones, cuestionarios, ni cruces de información con proveedores de materiales o entrevistas a los mismos, por lo que el presupuesto contenido en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 

resultaría inaplicable, al no agotarse todos los medios para obtener información 

Que la Administración Tributaria aplicó por descarte la técnica “otros“, argumentando que la técnica de contribuyentes similares no resultaría aplicable, empero, la Vista de Cargo evidencia el uso pleno e indiscriminado de tal método, toda vez que el indebido reparo determinado, deviene de un supuesto análisis de información de los contribuyentes A y B, Asimismo, señaló que al momento de obtener copias de todos los antecedentes administrativos, advirtió que no existió ninguna constancia de la evaluación y aprobación, por la gerencia nacional de fiscalización 

Que el SIN presumió una utilidad neta imponible de 31 24%, tomando como parámetros la información de los contribuyentes A y B, empero que en antecedentes no cursa respaldo alguno que demuestre que realizó la actividad de construccion de 

bienes inmuebles para su posterior venta, ya que el haber suscrito la transferencia de algunos bienes no lo convierte en constructor, agregó que el ente fiscalizador no posee prueba alguna que demuestre que su persona combinó los factores de la producción 

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Que conforme consta en antecedentes administrativos, existe una pluralidad de 

personas que se constituyen en copropietarios de los terrenos y enajenantes de dichos inmuebles, por lo que cuestionó que la determinación sea realizada únicamente sobre 

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  • Argumentó que al tomar como base fundamental y decisiva la información de los 

contribuyentes A y B, resultaría necesario y equitativo conocer el contenido de dicha 

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información en forma directa y fidedigna, siendo que bajo excusa del principio de confidencialidad no puede privarse al sujeto pasivo conocer los alcances del mismo, resultando un atentado contra las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que el ente recaudador debió acudir a otros medios para investigar y obtener información que le permita sostener técnicamente su indebido reparo 

Agregó que ante la respuesta de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO), la Administración Tributaria, para realizar la determinación pretendida, 

debió averiguar más a fondo las características propias de los inmuebles y no limitarse 

a la aplicación de Base Presunta sobre la información de contribuyentes fantasmas 

Sostuvo que no existiría evidencia de que las construcciones comparadas sean iguales a los inmuebles por los cuales se pretendió el reparo, siendo que existirían datos que incluirían como la ubicación, calidad del acabado, cantidad de trabajadores 

contratados, tecnología instalada al interior de las estructuras, tiempo de construcción, gastos de promoción de venta de los inmuebles, montaje y equipamiento de las areas comunes, datos que varían diametralmente de construcción a construcción Agregó que la entidad recurrida, tampoco realizó inspecciones a los inmuebles observados, a fin de verificar las características de las construcciones, por lo que no existió ningún tipo de búsqueda de la verdad material 

Precisó que la Administración Tributaria se limitó a determinar la utilidad en base a un costo de materiales sin indicar cuales fueron y si estos comprenden todos los necesarios para un trabajo de construcciones, asimismo, expuso que para establecer la mano de obra no indicó la cantidad de personal, salarios, tiempo de trabajo, avance, etc , finalmente para gastos indirectos no expuso un detalle de los mismos Agregó que en el cuadro “Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) sobre base presuntael SIN consignó el importe cero (O) para los “gastos de operacióny otros gastos”, evidenciando que tampoco consideró la existencia de otros gastos que hacen a la actividad de la construcción en general, aspectos que establecen el incumplimiento de los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Manifestó que la Vista de Cargo señaló que no identificó incumplimiento a deberes formales vinculados al procedimiento de determinación pero fue acusado de no 

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presentar la documentación requerida, aspecto que significaría que no estaba obligado a hacerlo, ya que el ente recaudador debió recurrir a todas sus atribuciones y facultades 

para investigar la verdad material de los hechos 

Sostuvo que el acto impugnado refirió que para la edificación del bloque posterior del edificio El Libertadorfue conformado una sociedad accidental o de cuentas en participación junto con otras personas, por lo que correspondió que el ente recaudador investigue los pormenores del edificio a través de una revisión a la asociación accidental, añadió que al no ser sujeto pasivo del IVE no omitió pagar deuda tributaria alguna, por lo que la sanción por omisión de pago no resultaría aplicable, además que la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la Oficina de Derechos Reales no podría ser considerada como un medio de prueba, debido a que no se encontrarían legalizadas no refrendadas por los tenedores de los documentos originales 

Solicitó señalamiento de fecha y hora para audiencia de producción de confesión provocada, tanto de la fiscalizadora asignada al caso como de la Gerente Distrital, y la certificación respecto a) Desde cuando está vigente el Operativo constructores, b) Cuando se incorporó la Actividad de Construcción de Bienes Inmuebles para su posterior venta, en los códigos clasificadores del ente fiscal (SIRAT 2), y c) Señale porque hasta hace unos 5 años, el Servicio de Impuestos Nacionales no consideraba que la venta de departamentos fuera una actividad gravada, más allá del Impuesto a las Transacciones 

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Finalmente, como acto conclusivo del procedimiento determinativo, la Administración Tributaria recurrida emitió la Resolución Determinativa N° 171930000677 de 26 de junio de 2019, cuyo Considerando II, señaló que el contribuyente presentó memorial de descargos a la vista de Cargo N° 291930000183, por lo que a efecto de realizar la valoración de la nota, la Administración Tributaria expuso que ( ) conforme la inscripción realizada por el contrbuyente la Administración Tnbutana le asignó la carga tributaria correspondiente a la actividad declarada por este ( ) sin embargo, el contribuyente de manera paralela a la actividad registrada en el padrón ha realizado durante la gestión 2009, la enajenación de bienes inmuebles de los Edificios “DOMENICO, EL LIBERTADOR, IBIZA, OLYMPIA, SANTA MARIA, TORRE MILLENIUM Y SEVILLA” 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

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misma que no fue informada a la Administración Trbutaria ( ) realidad probada y respaldada con la información obtenida de terceros como las Notarías de Fe Pública que facilitaron las Escnturas Públicas, dicha documentación junto con toda la información obtenida de los terceros, determinan la configuración del hecho generador ( ) mismos que no fueron declarados conforme a ley ( )” (pagina 2099 del Acto impugnado) 

Extendió sosteniendo que “( ) se tiene la obligación de recordar al contribuyente que la verificación realizada corresponde a la gestión 2011 cuando este se encontraba con estado activo habilitado y obligado al cumplimiento de pago de tributos, en la que el hecho generador, condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria vinculada al Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE) ( )” 

Posteriormente, en el segundo párrafo de la página 47 expuso que ( ) corresponde indicar que la actividad de alquileres fue informada a la Administración Trbutaria motivo por el que se le otorgó como obligación tributaria el Impuesto Régimen Complementario al Valor Agregado RCIVA además de otros, sin embargo la Administración Tributaria como producto de la información de terceros determinó que realizaba una actividad paralela de venta y enajenación de Inmuebles que no fue Informada por el contribuyente, de la que proviene la revisión del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, actividad que de ser informada a la Administración Tributaria le hubiera generado otras obligaciones tributarias entre ellas el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)

Asimismo, a fin de responder lo planteado por el recurrente, respecto a que no sería sujeto pasivo del IUE, la entidad recurrida señaló lo siguiente “( ) en el proceso de determinación se verificó que el contribuyente ALBA BALDELOMAR ROBER FERNANDO es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en el entendido que ha utilizado capital en la compra de terrenos en la ciudad de Cochabamba, donde se construyeron los Edificios “DOMENICO, EL LIBERTADOR, IBIZA, OLYMPIA, SANTA MARIA, TORRE MILLENIUM Y SEVILLA, posteriormente realizó la construcción de los departamentos, oficinas, parqueos y bauleras en propiedad horizontal sobre los terrenos mencionados precedentemente, no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de indole personal, sino para proceder a vender departamentos y oficinas con sus respectivos parqueos y bauleras en la gestión 

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fiscalizada, obteniendo INGRESOS NO DECLARADOS y por ende una UTILIDAD IMPONIBLE NO DECLARADA, que es alcanzada por el IUE Asimismo, para fines de la determinación, es evidente que el contribuyente realizó una actividad industrial de construcción para su comercialización y no así una profesión liberal u oficio como persona natural ( )” (página 48 del Acto impugnado) 

Continuando con la lectura del acto impugnado, se advierte que en su página 49, la entidad recurrida, a fin de responder el reclamo respecto a la incongruencia entre los requerimientos y la Orden de Verificación, expuso que l ) corresponde señalar que el alcance definido en la Orden de Verificación N° 00120VE01799 es “VERIFICACIÓN ESPECIFICA DE LOS HECHOS Y/O ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE BIENES INMUEBLES QUE INFLUYE EN EL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS”, así pues, en función al alcance definido en la Orden de Verificación se procede al llenado del REQUERIMIENTO F-4003 en el que se solicita al contribuyente la documentación relacionada a Declaraciones Juradas (Form 500 y 605), Extractos Bancarios, Comprobante de los Ingresos y Egresos con respaldo, Estados Financieros Gestión 2011, Libros de contabilidad, Kardex, Inventarios y entre otros Minutas de Transferencia de los inmuebles vendidos y cualquier otra documentación que se requiera en el proceso de fiscalización ( )” 

Extendió sosteniendo que la documentación solicitada, fue en virtud de que según información cursante en el “Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria – SIRAT 2y la información proporcionada por terceros, evidenció que el sujeto pasivo, realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles en propiedad horizontal (departamentos, bauleras y parqueos) no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de índole personal, sino para proceder a la venta de los mismos, en la gestión fiscalizada, obteniendo ingresos no declarados y por ende una utilidad imponible no declarada que es alcanzada por el IVE (página 50 del Acto impugnado) 

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Asimismo, respecto a la incongruencia entre el primer y segundo requerimiento, invocada por el sujeto pasivo, manifestó que l ) desde el momento en que se puso al contribuyente en conocimiento que sería sujeto de un proceso de Determinación a la Administración Tributaria en todo momento precauteló los derechos de

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

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contribuyente, quien tenía todo el derecho de acudir a las oficinas de la Administración Tributaria con el fin de revisar y tener mayor información de la verificación que se le está realizando, sin embargo, el decidió de manera voluntaria obviar ese derecho” (página 50 del Acto impugnado) 

De la misma forma, se corrobora que a partir del tercer párrafo de la página 50 del acto impugnado, la entidad recurrida, expuso los argumentos respecto al incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), reclamo por el sujeto pasivo concluyendo lo siguiente “( ) Por todo lo expuesto, al no estar prevista en materia tributarla la nulidad por efecto de incumplimiento de un plazo, en aplicación del parágrafo II, art 50 del Código Tributarlo (Ley N° 2492), indicar que por el Principio de Especificidad establecido en la Doctrina, no es posible declarar la nulidad de un

actuación, si la misma no está expresamente establecida por Ley, como sucede en el 

presente caso” 

Respecto a los vicios de nulidad de la notificación de la Vista de Cargo, planteadas por el recurrente, la Administración Tributaria señaló que la misma fue realizada conforme al artículo 83 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 19 de la Ley N° 2341 (LPA), y que ante la existencia de motivos fundados, emitió la Resolución Administrativa N° 231930000072 de 12 de abril del 2019, habilitando horas extraordinarias para la notificación de actos administrativos, para después referir l ) se evidencia el cumplimiento del procedimiento de notificación por cédula conforme dispone el artículo 85′ de la Ley 2492, Garantizando que el sujeto pasivo tuvo pleno conocimiento del acto administrativo, toda vez que, dentro el plazo establecido por Ley, el mismo presenta nota de descargo a la vista de Cargo con lo que se afirma y reafirma la legalidad de la notificación en conformidad a los artículos 83 parágrafo I numeral 2 y 85′ parágrafo III del mismo cuerpo legal, () por cuanto la notificación cumplió con su objetivo” (página 52 del Acto impugnado) 

Prosiguiendo con la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, se corrobora que la entidad recurrida, a partir del segundo párrafo de la página 53 del referido acto administrativo, plasmo argumentos respecto a la aplicación de la Base Presunta, arguida por el sujeto pasivo, sosteniendo que “( ) en relación al Procedimiento de determinación reclamado como Inaplicable, es necesario aclarar que para el método 

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de determinación se utilizó el método de determinación sobre base presunta, siendo que se evidencia que la Administración Tributarla agotó sus labores investigativas en pos de obtener mayor certeza sobre las transacciones realizadas, siendo que los argumentos esgrimidos por el administrado debieron ajustarse al lineamiento establecido en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0422/2014 de 25 de febrero de 2014(página 53 del Acto impugnado) 

Extendió sosteniendo que ( ) sin embargo el contribuyente en la etapa de la 

fiscalización y trabajo de campo, no presento documentación alguna que hagan a su favor conforme consta en el cuerpo de antecedentes Al contrario en lugar de presentar pruebas q hagan a su favor realiza argumentos relacionados con la actividad en la que se encontraba Inscrito, obviando su dejadez en cuanto a Informar a la Administración Tributarla de su actividad de venta de inmuebles de los que reiteramos obtuvo Ingresos no declarados” 

Para después, citar normativa respecto a los métodos de determinación y concluir “Por todo lo expuesto corresponde aplicar Base Presunta, debido a que la Administración Tributaria agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta a través de la notificación de la Orden de Verificación y Requerimientos de documentación de los que el contribuyente hizo caso omiso, al no haber presentado la información que permita conocer de manera indubitable el costo de Construcción (Materiales, mano de obra y otros costos indirectos de construcción) de los Edificios “DOMENICO, EL LIBERTADOR, IBIZA, OLYMPIA, SANTA MARIA, TORRE MILLENIUM Y SEVILLA”, por lo que no se cuenta con el siguiente elemento, que permita conocer de forma directa e indubitable el componente de la obligación tributaria c) Base Imponible Habiéndose realizado también el análisis de la aplicación de medios para cuantificar la base presunta conforme lo establecido en el Artículo 45° de la Ley N° 2492 desarrollada en la vista de Cargo notificada al contribuyente, habiendo resultado la técnica apropiada la de “otrosdel método de inducción” (página 55-56 del Acto impugnado) 

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De la misma forma, respecto a la presunción de una utilidad neta imponible de 31 24%, tomando como parámetros la información de los contribuyentes A y B, que el haber suscrito la transferencia de algunos bienes no lo convierte en constructor, y 

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que el ente fiscalizador no posee prueba alguna que demuestre que su persona combinó los factores de la producción 

La Administración Tributaria, señaló que la determinación del 31 24% fue obtenida de la ecuación “Ingresos por Venta de bienes inmuebles, menos Costo de Materiales, Mano de Obra y otros gastos indirectos” y “Costo Terreno, y el porcentaje de 68 76% no Incluye el valor del terreno, representa únicamente el costo de Construcción presunto (costo de los materiales, mano de obra y otros costos indirectos de construcción), en las construcciones de los Edificios “DOMENICO, EL LIBERTADOR, IBIZA, OLYMPIA, SANTA MARIA, TORRE MILLENIUM Y SEVILLA” (página 56 del Acto impugnado) 

Continuó mostrando, en los numerales 1, 2 y 3 de la página 56 del acto impugnado, los argumentos por los cuales consideró que el sujeto pasivo al haber suscrito la transferencia de bienes, además de haber combinado los factores de la producción, dicha actividad fue de carácter industrial de construcción comercial, motivo que fue suficiente a entender del SIN- para determinar que se encontraba sujeto al Impuesto Sobre las Utilidades de la Empresas (IUE), asimismo, citó como documentación de respaldo, las Escrituras Públicas y Resoluciones Ejecutivas, remitidas por la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba 

Asimismo, respecto a la exigencia, por parte del sujeto pasivo, de conocer de forma directa y equitativa, la información de referencia de los contribuyentes A y B, la entidad recurrida manifestó que la misma se mantiene en reserva en virtud de los artículos 67 de la Ley N° 2492 (CTB) 21 y 333 de la Constitución Política del Estado (CPE) (pagina 57-58 del Acto impugnado) 

Respecto a la información remitida por la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO), la Administración Tributaria manifestó que considerando que el precio total de una construcción es privativo del constructor, solicitó al sujeto pasivo, mediante el Requerimiento (Form 4003) No 130867 Presupuesto Global de Construcción y Estudios de costos de Construcción del Edificio “El Libertador”, “Ibiza”, “Torre Millenium”, “Domemco”, “Sevilla”, “Olympla” y otros que se hubiera construido en régimen de propiedad horizontal y mediante el Requerimiento (F 4003) 

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N° 156516 y Anexo solicitó al contribuyente identificar y demostrar de manera clara y fidedigna, todas las compras que tengan relación directa y/o Indirecta con la construcción de los Edificios referidos, sin embargo, a la fecha de emisión del acto impugnado, el contribuyente no presentó ninguna documentación e Información solicitada mediante los citados Requerimientos (página 58 del Acto impugnado) 

De la misma forma, sobre la búsqueda de la verdad objetiva y material, aludida por el recurrente, el sujeto activo sostuvo que la determinación sobre base presunta, fue a consecuencia de que el sujeto pasivo no proporcionó información que permita realizarla sobre base cierta, sin embargo, en la búsqueda de la verdad material durante el procedimiento de verificación solicitó información a terceros (Entidades Financieras, Notarías de Fe Pública, Registro a la Propiedad de Inmuebles (Derechos Reales), Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Instituto Nacional de Estadística, Jefatura Departamental del Trabajo Cochabamba, Cámara Departamental de la Construcción) y otra documentación también extractada de la Base de Datos de la Administración Tributarla SIRAT II, considerando el alcance de la Orden de Verificación, por lo que mal podría afirmar el sujeto pasivo la inexistencia de la búsqueda del verdad objetiva y material, reiterando que la carga de la prueba corresponde al sujeto pasivo en aplicación del artículo 76de la Ley N° 2492 (CTB) (página 58 del Acto impugnado) 

Continuando con la identificación del pronunciamiento, por parte de la entidad recurrida, sobre los argumentos presentados por el sujeto pasivo como descargo a la Vista de Cargo, pudo advertirse que respeto a la inexistente identificación de incumplimiento a deberes formales vinculados al procedimiento de determinación, por parte del SIN, lo que a entendere del recurrente significaría que no estaba obligado a hacerlo, la entidad recurrida señaló l ) el hecho de encontrarse registrado en el Padrón de Contribuyentes con la actividad de alquiler y no encontrarse alcanzado por el Impuesto a las Utilidades invocado de manera reiterada por el contribuyente, no implica la ausencia de documentación relacionada a la actividad que realiza, así lo impone el Código de Comercio ( )(página 59 del Acto impugnado) 

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Asimismo, en el último párrafo de la página 59 del acto impugnado, señaló “( ) Ahora el hecho de no haber labrado un acta por incumplimiento a deberes formales al no 

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haber presentado la documentación requerida no corresponde a un reconocimiento de que no tendría que hacerlo, respondiendo más bien dicha petición a la delegación de la facultad de la Administración Tributaria consignada en el artículo 71° ( ) de la Ley N° 2492( )” Para después exponer las razones por las cuales no labró el Acta de Incumplimiento a Deberes Formales (página 59-60 del Acto impugnado) 

Sobre el reclamo del sujeto pasivo, respecto a que el acto impugnado refirió que para la edificación del bloque posterior del edificio El Libertador”, fue conformado una sociedad accidental o de cuentas en participación junto con otras personas, cabe señalar que el ente recaudador debió investigar los pormenores del edificio a través de una revisión a la asociación accidental, por lo que la entidad recurrida, refirió que de la información obtenida de terceros, evidenció que la persona que realizaba las ventas de inmuebles, era el sujeto pasivo de referencia ya que en las minutas proporcionadas por los notarios figura como vendedor y no así la mencionada persona jurídica citada por este Citó lo establecido por los artículos 5 de la Ley N° 2492 (CTB), 232 de la Constitución Política del Estado (CPE) -entre otros- (página 60 del Acto impugnado) 

Continuó manifestando que al haber verificado en el trabajo de campo que, el sujeto pasivo percibió ingresos por la actividad de venta de inmuebles no declarados a la Administración Tributaria, corresponde la aplicación de la sanción por omisión de pago conforme dispone el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) (pagina 61 del Acto impugnado) 

De la misma forma, respecto a que la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la Dirección de Derechos Reales no podría ser considerada como un medio de prueba, debido a que no se encontrarían legalizadas no refrendadas por los tenedores de los documentos originales, la Administración tributaria, señalo que para la determinación de Ingresos por la Venta de Bienes Inmuebles en Propiedad Horizontal no declarados correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, consideró los datos reflejados en las Minutas de Transferencia solicitadas mediante diferentes notas a notarios de Fe Pública, mismos que remitieron copias fotostáticas de las minutas de transferencia debidamente legalizadas, información que fue utilizada para la determinación de 

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Ingresos por la Venta de Bienes Inmuebles en Propiedad Horizontal no declarados 

por el sujeto pasivo, y no así los registros del Sistema SINAREPWEB Folio Real de 

Derechos Reales como pretende hacer ver el recurrente 

Respecto a lo solicitado (audiencia para la producción de prueba provocada) por el sujeto pasivo en el otrosi del memorial de descargo a la vista de Cargo, la entidad recurrida, en el acto impugnado, señaló “Al otrosí, y la solicitud de que se fije día y hora de audiencia para producir una confesión provocada tanto de la fiscalizadora asignada como de la gerente distrital, al no exponer los motivos o la finalidad de dicha producción de prueba se tacha la misma de manifiestamente dilatoria conforme establece el artículo 8de la Ley 2 calificación que no limita fundamentar y producir la misma en la instancia llamada por Ley” (página 62 del Acto impugnado) 

También, respecto a la solicitud de certificación punteada en los incisos a), b) y c), del otrosí del memorial de 24 de junio de 2019, manifestó lo siguiente ( ) que la Sección VIII, de la Ley 2492, referida a PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, signa en su SUBSECCIÓN V referido a CERTIFICACIONES, que a la letra establece en su artículo 129* (TRÁMITE) Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable deba acreditar el cumplimiento de sus obligaciones formales tributarias, podrá solicitar un certificado a la Administración Tributaria () Norma reglada por la RND 10 0040 05 (CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES) Entonces no corresponde emitir certificación alguna(página 62 del Acto impugnado) 

Extendió precisando que la Ley N° 843 (TO), en lo que respecta a los impuestos de tuición nacional, menciona cada una de las características por las cuales concurre el acaecimiento de cada hecho generador de tributos, y de ser necesario, el sujeto pasivo puede efectuar la consulta especifica de acuerdo a los lineamientos y requisitos dispuestos en la Resolución Normativa de Directorio N° 101700000019 de 29/07/2017 

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Lo expuesto en párrafos previos (respecto a la solicitud de confesiones provocadas y una certificación), permite establecer que la Administración Tributaria señaló las razones y la normativa por las cuales consideró desestimar tales solicitudes, constatado al respecto la fundamentación y motivación sobre el punto en particular, 

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por lo que el reclamo planteado por el sujeto pasivo, respecto a que la administración Tributaria se negó expresamente la producción de prueba solicitada (confesiones provocadas y una certificación) no es evidente 

Por otro lado, señalar que si bien el acto impugnado no refiere un acápite en particular respecto a la existencia de una pluralidad de personas que constituyen en copropietarios de los terrenos y enajenantes de los inmuebles, de su contendido y conforme a lo expuesto en los cuadros titulados INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA YIO TESTIMONIO” y “DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES PRORRATEADO SEGÚN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNcursante a fojas 2090-2094 de antecedentes administrativos, el Servicio de Impuestos Nacionales identificó a todos los enajenantes de los bienes inmuebles venficados y cuantificó los ingresos percibidos por el recurrente, solamente en proporción de su cuota/parte 

Ahora bien, de la comparación de los argumentos ofrecidos por el sujeto pasivo como descargo a la vista de Cargo N° 291930000183 de 20 de mayo de 2019 a través de su memorial de 23 de junio de 2019 y el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, resulta evidente lo agraviado por la parte recurrente respecto a que la Administración Tributaria no atendió los descargos presentados, toda vez que del contenido del acto impugnado no se advierte un pronunciamiento sobre 1. La existencia de una pluralidad de personas que se constituyen en copropietarios de los terrenos y enajenantes de los inmuebles (la entidad recurrida se pronunció únicamente respecto al edificio El Libertador, en el que se conformó una asociación accidental, mas no emitió pronunciamiento alguno, respeto si es evidente o no el reclamo del sujeto pasivo, en relación al resto de las construcciones y/o edificios observados, 2. Que la Resolución Administrativa N° 231930000072 no cuenta con ningún tipo de motivo fundado para realizar diligencias en horarios extraordinarios, 3. La inexistencia de peritajes, inspecciones a las edificaciones, a fin de verificar las características de las construcciones, cuestionarios, ni cruces de información con proveedores de materiales 

Tampoco consta pronunciamiento alguno, respecto a 4. Inexistencia de constancia de la evaluación y aprobación, por la gerencia nacional de fiscalización (el SIN se limitó a manifestar las mismas serían presentadas oportunamente, en consideración el artículo 

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67, no señaló de que normativa), 5 La consideración de la existencia de otros gastos que hacen a la actividad de la construcción en general, toda vez que en el cuadro “Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) sobre base presunta, el SIN consignó el importe cero (O) para los gastos de operación” y “otros gastos“, aspectos que fue claramente observados por el sujeto pasivo en su memorial de descargo, mismos que merecían una respuesta por parte de la Administración Tributaria 

De esta manera, se infiere que el Servicio de Impuestos Nacionales al omitir pronunciarse sobre todos los argumentos expuestos en el memorial de descargo a la Vista de Cargo, 

afectó la motivación y fundamentación de la Resolución Determinativa impugnada y causó indefensión al sujeto pasivo, por cuanto el acto administrativo no expone la posición del Servicio de Impuestos Nacionales respecto a los argumentos planteados por el sujeto pasivo, situación que se traduce en el incumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo || del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), referido a los fundamentos de hecho y derecho 

En consecuencia, la omisión incurrida por la Administración Tributaria Vicio de nulidad el acto impugnado e impidió cumplir su finalidad, de hacer conocer al administrado todas las razones por las cuales determinó una deuda tributaria, ante la existencia de una pluralidad de personas que constituyen en copropietarios de los terrenos y enajenantes de los, la inexistencia de peritajes, inspecciones a las edificaciones, controles cruzado con proveedores, inexistencia de la evaluación y aprobación, por la gerencia nacional de fiscalización, y las razones por las cuales no considero la existencia de otros gastos que hacen a la actividad de la construcción en general, tampoco, menos emitió pronunciamiento alguno respecto a que no es evidente el motivo fundado para la notificación en horarios extraordinario, configurándose las condiciones establecidas en el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), vulnerando de esta forma, el debido proceso y el derecho a la defensa establecidos en los artículos 115 parágrafo ll y 117 parágrafo I de la Constitución Política el Estado (CPE) 

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Sin perjuicio de lo expuesto hasta este punto, precisar que lo arguido por el sujeto pasivo, respecto a que el acto impugnado copió el contenido de la Vista de Cargo sin introducir ningún otro elemento producto de los argumentos presentados, no es evidente, toda vez que precisamente el análisis mostrado en párrafos previos, donde se constató que la Administración Tributaria atendió parte de los descargos 

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argumentativos presentados por Rober Fernando Alba Baldelomar mediante memorial de 24 de junio de 2019, permite evidenciar que el acto impugnado cuenta con elementos nuevos a los expuestos en la vista de Cargo, por lo que corresponde 

desestimar lo arguido por el sujeto pasivo sobre el punto en particular 

IV.5. Sobre el alcance de la Orden de Fiscalización. La parte recurrente señaló que con la notificación de la Orden de Verificación No 00120VÆ01799, Requerimiento No 00124439, y posteriormente con el Requerimiento No 00130867 que mezcló dos órdenes de verificación, la administración Tributaria solicito documentación extralimitándose en el alcance de la orden inicial, por cuanto el ente recaudador solicitó documentación de las gestiones 2008 a 2011, además de estudios de costos, documentos de respaldo de financiamiento, presupuestos, escrituras constitución, entre otros, generando confusión al no comprender el alcance de la revisión, ni la conexión de los documentos requeridos con su actividad gravada 

Sostuvo que el Requerimiento No 00124439 solicitó información como a cualquier otro contribuyente, resultando una actuacion incongruente, por cuanto no hubo forma de que cuente con los documentos requeridos al no tener la carga tributaria del IVE Agregó que el último requerimiento, refiere minutas y testimonios en general, sin ningún tipo de especificación o claridad que permita su cumplimiento, resultando un vicio de nulidad insubsanable al no existir coherencia, ni especificidad respecto a la documentación 

requerida 

Asimismo afirmó que fue imposible inferir que el alcance de la fiscalización era el que 

ahora pretende el ente fiscal al final de todo el proceso, aspecto que lesiona el derecho 

contenido en el artículo 68 numeral 8 de la Ley N° 2492 (CTB), además del debido proceso y el principio de transparencia 

Por su parte, la Administración Tributaria precisó que la solicitud de documentación de la gestión 2008, que a entender del sujeto pasivo estaría fuera del alcance de la Orden de Verificación, no implica que en base a las amplias facultades con las que cuenta la Administración Tributaria, no pueda solicitar información de otras gestiones con fines de investigación Aclaró que la determinación fue realizada únicamente respecto a los hechos generadores ocurridos en la gestión 2011 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1474/2013, de 22 de agosto de 2013, señaló En ese contexto la jurisprudencia constitucional señaló “a la congruencia abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso, es decir, la coherencia y vínculo que debe existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario carecería de consecuencia, siendo inviable que luego de analizar determinados hechos se llegue a resultados distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo del debido proceso ( )” 

De igual manera la Sentencia Constitucional Plurinacional 1302/2015S2 manifesto “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señalo siguiente “la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación, ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes” 

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De igual forma, el parágrafo I del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone “I Sólo en casos en los que la Administración, ades de ejercer su facultad de control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autondad competente de la Administración 

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de la calidad CertificadoN771/14 

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Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la ideritificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los furicioriarios actuantes, conforme a lo dispuesto eni normas reglamentanas que a este efecto se emitar” 

De esta manera, la doctrina y normativa expuesta precedentemente permite establecer que la congruencia en el desarrollo de los procesos administrativos sustanciados, constituye un elemento que integra el debido proceso, esto en el entendido de que a través de la Orden de Fiscalización como acto que da inicio al proceso determinativo, la Administración Tributaria debe identificar de forma clara el alcance de la verificación, a fin de delimitar el ámbito de la fiscalización, impidiendo de esta manera que al momento de la conclusión del proceso, el ente recaudador determine o establezca aspectos que no se encuentran dentro del alcance fijado al inicio del proceso 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria como acto que dio inicio al proceso determinativo, emitio la Orden de Verificación N° 00120VE01799 el 3 de septiembre de 2012, comunicando al sujeto pasivo que efectuaría una Verificación Especifica del IUE, es decir la VERIFICACIÓN ESPECIFICA DE LOS HECHOS Y/O ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE BIENES INMUEBLES QUE INFLUYEN EN EL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS“, de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, resultando evidente que el ente recaudador en cumplimiento del paragrafo 1 del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), definió como alcance de la fiscalización la revision del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011 (fojas 13 de antecedentes administrativos) 

Asimismo, dentro del proceso determinativo iniciado con la referida Orden de Verificación, la entidad recurrida emitió el Requerimiento (Form 4003) No 00124439 de 29 de agosto de 2014, a través de la cual, solicitó al sujeto pasivo, Declaraciones Juradas (Form 500 y 605), Extractos bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldos, Estados Financieros de la gestión 2011, Libros de Contabilidad, Kardex, Inventarios, Minutas de Transferencias de inmuebles vendidos, Testimonios de Propiedad de los Inmuebles vendidos y cualquier documentación que sea requerida en el proceso determinativo (fojas 27 de antecedentes administrativos) 

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Precisar que tanto la Orden de Verificación N° 00120VE01799 el 3 de septiembre de 2012, como el Requerimiento (Form 4003) No 00124439 de 28 de agosto de 2014, fueron notificados de manera personal al sujeto pasivo, el 3 de octubre de 2014 

De la misma forma, en antecedentes cursa el Requerimiento (Form 4003) No 0013867, acto mediante el cual, también dentro del proceso determinativo iniciado con la Orden de Verificación No 00120VĘ01798, la entidad recurrida solicitó al recurrente, documentación consistente en Declaraciones Juradas (Form 500) de las gestiones 2009 y 2011, Declaraciones Juradas (Form 605), Extractos bancarios de las gestiones 2009 y 2011, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldos, Estados Financieros de la gestión 2009 y 2011, Libros de Contabilidad, Kardex, Inventarios, Minutas de Transferencias de inmuebles vendidos, Estudio de Costos de Construcción de los edificios El Libertador, “Ibiza, “Torre Millenium, Domenico, Sevilla, Olimpyay otros que se habrían construido en régimen de propiedad horizontal, Documentos de financiamiento, entre otros Acto notificado por Cédula a Rober Fernando Alba Baldelomar, el 13 de diciembre 

de 2016 (fojas 30 y 32 de antecedentes administrativos) 

Posteriormente a la conclusion del trabajo de campo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291930000183 de 20 de mayo de 2019, calificando preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del IVE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2011 en un total de UFVs 341 168 Acto notificado mediante cédula al sujeto 

24 de mayo de 2019 (fojas 1958-1999 y 2004 de antecedentes administrativos) 

El 23 de junio de 2019, el sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo ofreciendo argumentos de descargo referidos a que incidentes de nulidad, incongruencia entre la Orden de Fiscalización y los Requerimientos notificados, incongruencia entre el primer y segundo requerimiento, emisión de Vista de Cargo fuera de plazo, no la Vista de Cargo en hora inhábil y aplicación de la base presunta en un atípico proceso de determinación, por lo que solicitó disponer la nulidad de obrados, hasta la Orden de Verificacion N. 0012OVE01799 (fojas 20132022 de antecedentes administrativos) 

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Asimismo como acto final del proceso, el ente recaudador emitió la Resolución Determinativa N° 171930000677 de 26 de junio de 2019, que determinó de oficio las 

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Sitema de Gest

de la calidad Certificate N771/14 

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obligaciones impositivas del sujeto pasivo Alba Baldelomar Rober Fernando, en la suma de UFVS 342 655, correspondientes al tributo omitido del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, en aplicación de los artículos 47 (modificado por la Ley N° 812) de la Ley N° 2492 (CTB), 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025-10 

Asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el impuesto sujeto a revisión y por los periodos citados, aplicando un sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento de conformidad a los artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la Resolución de Directorio N° 100025-10 Acto notificado mediante cédula el 29 de junio de 2019 (fojas 2054-2118 y 2123 de antecedentes administrativos) 

De esta manera, lo expuesto en párrafos precedentes permite advertir que contrariamente a lo agraviado por la recurrente, la Administración Tributaria durante la sustanciación del proceso determinativo, mantuvo y respetó el alcance de la fiscalización limitándose a verificar y establecer la existencia de deuda por Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, por lo que corresponde desestimar lo argumentado al respecto, siendo evidente que el ente recaudador resguardó el debido proceso establecido en los artículos 115 parágrafo Il y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE) 

En ese mismo entendido, precisar que la confusión y la incomprensión del alcance la orden de verificación, alegada por el recurrente, sosteniendo que la entidad recurrida le habría requerido información como a cualquier otro contribuyente, lo que a su entender resultaría en una actuación incongruente, precisar que, la Administración Tributaria con la notificación de la Orden de Verificación N° 0012OVE01799, comunicó al sujeto pasivo el proceso determinativo iniciado en su contra, acto que -conforme fue expuesto en párrafos previos- contiene la modalidad y alcance de la verificación, al igual que los Requerimientos No 124439 y 0013867 emitidos al efecto (fojas 13, 27 y 30 de antecedentes administrativos) 

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Por tanto, si el recurrente creia que dichos actos no se ajustaban a su situacion de sujeto 

pasivo y/o no contaba con lo requerido, debía comunicar tales aspectos a la entidad recurrida, en virtud de lo dispuesto por el artículo 70 numerales 4, 6 y 8 de la Ley N° 292 (CTB), por lo que no puede pretender dejar de lado sus obligaciones como sujeto pasivo bajo los argumentos de desconocer y mucho menos no comprender el alcance de la verificación iniciada en su contra Añadir a ello, que de la revisión de los antecedentes administrativos, no cursa documento alguno que evidencie que el sujeto pasivo haya realizado alguna consulta y/o aclaración, ante la administración Tributaria, respecto a lo requerido mediante los Requerimientos (Form 4003) No 124439 y 0013867, emitidos producto de la Orden de Verificación N° 00120VE01799 

De la misma forma, respecto a que la entidad recurrida le habría solicitado información sobre gestiones que están fuera del alcance de la Orden de Verificación N° 00120VE01799, precisar que en los resultados arribados por la entidad recurrida en el acto ahora impugnado, conciernen únicamente a la gestión sobre la cual se inició el proceso determinativo, y si en la sustancian del mismo, la Administración Tributaria consideró necesario conocer hechos anteriores ylo posteriores, solicitando documentación adicional al recurrente, no vulneró derecho alguno del sujeto pasivo, pues sus actuaciones se circunscribieron en lo establecido en el artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar lo arguido por la parte recurrente 

IV 6 Improcedencia de la determinación. La parte recurrente indicó que realizó su inscripción ante el SIN en forma debida, obteniendo el NIT 2880105010 con la actividad principal de “Alquiler de Bienes Raíces Propios” con una carga tributaria correspondiente al IVA, IT y RC-IVA Asimismo, indicó que dejó de tener movimiento hace muchos años, por lo que no llevó a cabo ninguno de los presupuestos por los cuales pudiese emerger algún tipo de obligación tributaria, al no ser sujeto pasivo de ningún impuesto 

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Añadió que existe una pluralidad de personas que constituyen en copropietarios de los terrenos y enajenantes de los inmuebles, asimismo cuestionó que no se realizó el proceso de verificación a todas las personas que figuran en las minutas, por otra parte refirió que su actividad registrada posee como carga tributaria el RC-IVA y que la naturaleza del IUE y el RC-IVA establecen que ambos son incompatibles y no pueden gravar una misma 

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actividad, razón por la que estaría excluido de la consideración de sujeto pasivo y el hecho generador definidos en los artículos 36 y 38 de la Ley N° 843, mucho menos tendría Estados Financieros que permitan determinar una utilidad neta y acceso a los ajustes que permitan compensar o deducir conceptos gravados 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que conforme el Padrón de Contribuyentes, el sujeto pasivo se encontraba registrado en el Régimen General, con la actividad económica de Alquiler de Bienes Raíces Propios (Actividad Principal), hasta el 10 de enero de 2013, encontrándose el NiT en estado inactivo automático, empero, a través de la información obtenida en el proceso determinativo, corroboró que en la gestión 2011, se produjo la enajenación de bienes inmuebles de los Edificios “Domenico, “El Libertador”, “Ibiza“, Olympia”, “Santa María”, “Torre Millenium” y “Sevilla”, realidad probada y respaldada con la información obtenida de terceros como las Notarías de Fe Publica, que facilitaron las Escrituras Públicas, información que sumada a la obtenida por terceros, determinó la configuración del hecho generador 

De igual manera, el ente recaudador refirió que resultó evidente que el sujeto pasivo realizó una actividad industrial de construcción para su comercialización, y no así una profesión liberal u oficio como persona natural, por lo que en virtud de los artículos 37 y 38 de la Ley N° 843, demostró y fundamentó que el recurrente es sujeto pasivo del Impuesto Sobre las Utilidades de la Empresas (UE), al haber realizado la construcción de los edificios “Domenico”, “El Libertador”, “Ibiza, “Olympia”, “Santa María”, “Torre Millenium” y “Sevilla, para realizar la actividad comercial de venta de departamentos, oficinas, parqueos y bauleras, obteniendo utilidades de fuente boliviana conforme estable el artículo 42 de la Ley N° 843 

Al respecto, el numeral 7 del artículo 108 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

establece que es deber de todos los bolivianos el tributar en proporcion a su capacidad económica conforme a Ley 

Por otra parte, se tiene que conforme el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene como facultades específicas, de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación, determinación de tributos, recaudación y cálculo de la deuda tributaria, entre otras 

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III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Asimismo, respecto a las formas de determinación, el parágrafo I del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que la determinación de la deuda tributaria se realizará por el sujeto pasivo a través de declaraciones juradas, por la Administración Tributaria de oficio en ejercicio de sus facultades y mixta cuando el sujeto pasivo aporte datos para que el ente recaudador fije el importe a pagar, asimismo, en su parágrafo Il señala que la determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser parcial y total, siendo que en ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando se haya ocultado dolosamente la información vinculada a hechos gravados 

Finalmente, el artículo 41 de la Ley N° 843, dispone que a los fines del IUE, se entiende por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación y, en general todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso de bienes, acciones derechos, asimismo que se considera perfeccionada la transferencia de dominio de los inmuebles, cuando mediare contrato de compraventa, siempre que se otorgue la posesión, debiendo protocolizarse la minuta en un plazo máximo de treinta días 

De la normativa citada precedentemente, se colige que el ente recaudador en ejercicio de sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación puede establecer la existencia de deuda tributaria, a través de procesos de determinación, cuando advierta la configuración de un hecho imponible, que derive en la existencia de una obligación tributaria, independientemente de que la persona sobre la cual recae la obligación, cumpla o no con su obligación de inscribirse en los registros tributarios conforme dispone el artículo 70 numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), por cuanto la única restricción establecida por la Ley, para que el sujeto activo no determine deuda tributaria, radica en la prohibición de repetirse el objeto de la fiscalización, quedando correctamente facultada la Administración Tributaria para fiscalizar cualquier hecho que tenga incidencia tributaria, como en el presente caso, la enajenación de bienes inmuebles pretendida por 

el SIN 

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7 Hans Kalev o Aranibar Mejia ) Pey•B. 

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En el presente caso, de la consulta de padrón cursante a fojas 2129 de antecedentes administrativos, se tiene que el recurrente se encontraba inscrito como sujeto pasivo del IVA, IT y RCIVA producto del desarrollo de la actividad de alquiler de bienes raíces propios, encontrándose el NIT inactivo en la gestión fiscalizada, no obstante, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, dicho aspecto no constituye óbice para que la 

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III 

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Administración Tributaria efectué sus facultades de determinación por cualquier otro concepto que tenga incidencia tributaria 

Ahora bien, de la compulsa de la Resolución Determinativa impugnada se advierte que la Administración Tributaria señaló que en base a la información cursante en el sistema informático SIRAT 2 y la proporcionada por terceros, evidenció que el recurrente percibió utilidades no declaradas producto de la venta de bienes inmuebles (departamentos, 

bauleras y parqueos), situación que conforme lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley N° 

843 se encuentra alcanzada por el Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (UE) 

De esta manera, la Administración Tributaria al ejercer sus facultades de investigación, control y verificación establecidas por el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), obtuvo información que le permitió advertir la existencia de indicios de la configuración de un hecho generador del IUE realizado por Rober Fernando Alba Baldelomar, por lo que se encontraba facultada a realizar un proceso determinativo que ratifique o desestime los indicios encontrados, asimismo resulta importante aclarar a la parte recurrente que el carácter de sujeto pasivo de la obligación tributaria fiscalizada (UE), no la otorga el registro 

el SIN, siendo que conforme al artículo 23 de la Ley N° 2492 (CTB), la calidad de sujeto pasivo recae en la persona que realizó el hecho imponible sobre el cual resultà aplicable el impuesto 

Consecuentemente, corresponde desestimar lo argumentado por el recurrente respecto a la imposibilidad de efectuar una determinación del UE, por encontrarse registrado como sujeto pasivo del RC-IVA por la realización de la actividad de alquiler de bienes inmuebles, máxime considerando que la determinación realizada no analizó la actividad por la cual se encuentra alcanzado por el RC-IVA 

Por otra parte, respecto a lo agraviado por el recurrente referido a que la Administracion Tributaria no realizó la determinación sobre la totalidad de los sujetos pasivos que intervinieron en la configuración de la enajenación de bienes inmuebles, corresponde indicar que conforme a lo expuesto en el acto impugnado en los cuadros “INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA YO TESTIMONIOy “DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES PRORRATEADO SEGÚN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN” cursantes 

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a fojas 20902094 de antecedentes administrativos, el Servicio de Impuestos Nacionales identificó a todos los enajenantes de los bienes inmuebles verificados, empero cuantifico los ingresos percibidos por el recurrente, solamente en proporción de su cuota parte 

Consecuentemente, lo argumentado por el recurrente respecto a la carga impositiva de todos los enajenantes de los bienes fiscalizados, no fue atribuida en su totalidad a Rober Fernando Alba Baldelomar, correspondiendo en consecuencia desestimar lo argumentado en el Recurso de Alzada al respecto 

IV 7 Validez de los reportes empleados en la determinación El recurrente manifestó que la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la Dirección de Derechos Reales, no pueden ser considerados como un medio de prueba legítimo, ni pueden servir de base para la determinación, por cuanto no se encontrarían legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que en virtud del artículo 77 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), la información obtenida de la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba y de las oficinas de Derechos Reales, obtenida de sus sistemas, se considera valedera y también admite prueba en contrario, que a la fecha no fue presentada 

por parte del sujeto pasivo, por lo que los argumento para objetar dicha prueba carecen 

de fundamento jurídico 

Al respecto, corresponde señalar que la doctrina, considera a la prueba como Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su indole, se encamina a demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas ( ), es toda razón o argumento para demostrar la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto” (OSSORIO, Manuel Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Buenos Aires – Argentina Editorial Heliasta 1978 Pág 787788) 

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En la normativa que regula el ámbito tributario, se tiene que el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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Sistema de Gestión 

de la Gala Certificada N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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II

INNI 

III 

constitutivos de los mismos El artículo 77 dispone que en materia tributaria podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho 

Asimismo, el artículo 217 inciso a) del Código Tributario Boliviano (CTB), señala que se admitirá como prueba documental, cualquier documento presentado por las partes en resguardo se sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente 

En el presente caso, conforme a la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que tanto la Vista de Cargo N° 291930000183 como la Resolución Determinativa impugnada señalaron a fojas 1968 y 2065 de antecedentes administrativos, que en merito al convenio interinstitucional del Servicio de Impuestos Nacionales y el Consejo de la Magistratura, la Administración Tributaria extrajo los reportes del sistema SINAREP WEB de cada una de las matrículas de los departamentos por plantas desde el sótano hasta el último piso construido de los edificios “Domenico, el Libertador, Ibiza, Olimpia, Santa María, Torre Millenium y Sevilla”, donde pudo identificar al contribuyente como propietario y vendedor de bienes inmuebles en la gestión fiscalizada 

De esta manera, se llegó a advertir que la Administración Tributaria en la sustanciacion del proceso de determinación, acreditó el derecho propietario de Rober Fernando Alba Baldelomar, sobre los bienes inmuebles enajenados que fueron motivo de la utilidad determinada, respaldándose en la obtención de reportes del Sistema SINAREP WEB, el cual emitió vistas preliminares de las matriculas computarizadas de todas las propiedades horizontales que componen los citados edificios 

Asimismo, analizados los reportes generados por la Administración Tributaria, respecto a los inmuebles vendidos, cursantes a fojas 165 a 1176 de antecedentes administrativos, se advierte que conforme a lo argumentado por la parte recurrente, los mismos consignan el rótulo VISTA PRELIMINAR” “sin valor legal_” asimismo, consignan el sello “Obtenido del sistema Dpto de Fiscalización”, no obstante, no identifican al funcionario responsable de la emisión del citado documento 

Lo expuesto precedentemente, permite colegir que los reportes de las matriculas computarizadas empleados como respaldo por la Administración Tributaria en la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

determinación efectuada, no revisten las condiciones necesarias para poder ser considerados como prueba, condiciones que de conformidad al artículo 217 inciso a) del Código Tributario Boliviano (CTB) hacen referencia al carácter de origen del documento o la autenticación del mismo por autoridad competente, por cuanto el sello Obtenido del Sistema Dpto de Fiscalización” al pertenecer al Servicio de Impuestos Nacionales y no a Derechos Reales como autoridad competente, no puede reemplazar los preceptos establecidos en dicho articulado, cuando el referido sello no identifica al servidor público responsable de la extracción del reporte 

Por otro lado, corresponde indicar que los reportes de las matriculas computarizadas impresas por la Administración Tributaria, consignan el rótulo ‘VISTA PRELIMINAR” “sin valor legal”, hecho que permite establecer que los mismos no pueden servir de respaldo documental probatorio al proceso de determinación, por cuanto es el mismo documento, que señala no revestir de las condiciones legales necesarias para poder ser utilizado como un medio probatorio legal 

IV 8. Sobre el método de determinación empleado

El recurrente sostuvo que la Administración Tributaria se limitó a justificar la determinación en base al desconocimiento de datos, hechos y circunstancias, debido a que no se acompañó documentación requerida, siendo que la carga de la prueba en una determinacion sobre base presunta corresponde al sujeto pasivo, empero de la compulsa de los antecedentes no existe ningún peritaje, inspección a las edificaciones, cuestionarios, ni cruces de información con proveedores de materiales o entrevistas a los mismos, por lo que el presupuesto contenido en el artículo 4 de la Resolucion Normativa de Directorio N° 10-0017-13 resultaría inaplicable, al no agotarse todos los medios para obtener información 

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Asimismo, acotó que advirtió que no existió el documento administrativo de evaluación y aprobación de la técnica, ante lo cual el SIN sostuvo que serán presentadas oportunamente, además que al tomar como base la información de los contribuyentes A y B, resultaría necesario y equitativo conocer el contenido de dicha información en forma directa y fidedigna, siendo que bajo excusa del principio de confidencialidad no puede privarse al sujeto pasivo conocer los alcances del mismo, atentando contra las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, de esta manera el ente recaudador debió 

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acudir a otros medios para investigar y obtener información que le permita sostener técnicamente su indebido reparo, máxime cuando no existiria evidencia de que las construcciones comparadas sean iguales a los inmuebles por los cuales se pretendió el reparo, incumpliendo los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) 

En contraposición, la Administración Tributaria indicó que agotó todos los medios para la obtención de la documentación e información sobre el costo de construcción (materiales, mano de obra y otros), además que la información obtenida no establecía de manera cierta e indubitable el costo de construcción, por lo que utilizó la técnica establecida en la artículo 8 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, misma que fue cumplida a cabalidad, conforme a la nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00701/2019 de 26 de abril de 2019 

De igual manera, la Administración Tributaria argumentó que la Resolución Determinativa, cuenta con toda la información necesaria con relación a la comparación realizada, como ser los ingresos por ventas de bienes inmuebles, costo de materiales y mano de obra, costos financieros, costo de gravamen y costo de terreno, manteniendo en reserva únicamente los nombres de los contribuyentes de los cuales obtuvo dicha información, que fueron denominados como “A” y “B, en aplicacion de la confidencialidad de la información tributaria, establecida en el artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica, así a menor grado del Vicio, el acto puede ser válido o anulable, por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p XI-40) 

La Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R de 9 de noviembre entre otras- estableció que La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, 

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de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia ” 

En la normativa tributaria el artículo 92 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la determinación, es el acto por el cual el Sujeto Pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia, asimismo, el artículo 42 de la citada Ley establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar 

Por otra parte, el artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que la base imponible podrá determinarse sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, y sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB) 

afao ISO 900

Calidad 

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AFNOR CERTIFICATION 

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De esta forma, cabe señalar que la normativa expuesta precedentemente permite colegir que para los dos métodos de determinación (cierta y presunta), es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de terceros, diferenciando el empleo de cada método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda proporcionar dicha información, es decir, se empleará la determinación sobre base cierta, cuando la información contenga elementos que permitan conocer con certeza e indubitablemente la existencia y cuantía de la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jacha kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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obligación, y por el contrario, la determinación es sobre Base Presunta cuando dicha información, no permita la obtención de elementos certeros para efectuar la determinación, debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación 

A su vez, la Administración Tributaria en uso de su facultad normativa dispuesta en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar, estableciendo en su artículo 8 los medios por inducción, señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, siendo estas a) Técnica Insumo-Producto, b) Técnica Relación IngresoGasto, c) Técnica de Contribuyentes Similares, y d) Otras 

En el presente caso, de la compulsa de la Vista de Cargo N° 291930000183 de 20 de mayo de 2019, pudo advertirse que la Administración Tributaria en el punto “L JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE DETERMINACIÓN” señaló que corresponde aplicar base presunta debido a agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, al 

no haber presentado el contribuyente la información que permita conocer de manera 

indubitable el costo de Construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos de construcción), aspecto que impediría conocer de forma cierta la base imponible (fojas 1959 de antecedentes administrativos) 

De esta manera, se advierte que la Administracion Tributaria a efecto de establecer el tributo omitido por concepto del IUE de los periodos enero a diciembre de 2011, recurrió a la aplicación del método de determinación sobre base presunta solamente sobre los costos incurridos, toda vez que conforme señala la Vista de Cargo a fojas 1963 de antecedentes administrativos, los ingresos por las transferencias fueron establecidos con la información contenida en las minutas de transferencia y/o escrituras públicas y los formularios únicos de recaudaciones del Impuesto a la Transferencia Onerosa de bienes inmuebles, motivo por el cual, ésta instancia recursiva analizará el agravio incoado por el recurrente en relación a la determinación de los costos 

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Bajo ese entendido la Vista de Cargo de referencia, expuso en cuadro cursante a fojas 1960 de antecedentes administrativos, el descarte de cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713, concluyendo que corresponde aplicar la técnica de inducción “otras, debido a que ninguna otra técnica pudo ser aplicada, para tal efecto refirió que solicitó la aprobación de la técnica a la Gerencia de Fiscalización, obteniendo como respuesta la nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00701/2019 

Ahora bien, del análisis de la nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00701/2019 cursante a fojas 2598 a 2601 de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria refirió que la Cámara Departamental de la Construcción presentó copias de las publicaciones de precios unitarios de referencia para la construcción, aclarando que dicha información resulta referencial, debido a la diversidad de factores que producen variación en los precios de los componentes del análisis de precios unitarios, asimismo indicó que, la actividad de construcción realizada por el recurrente resultaría similar a la realizada por dos contribuyentes utilizados como referencia, por lo que aprobó la utilización de un porcentaje de costo del 68 76% de los ingresos obtenidos por la transferencia de bienes inmuebles 

Prosiguiendo con el análisis, corresponde señalar que la Vista de Cargo N° 291930000183 de forma seguida a la cita de la nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00701/2019 desglosada en el párrafo anterior, manifestó que la Administración Tributaria efectuó el análisis de la información y documentación de los contribuyentes A y B, aclarando que el primero en la gestión 2009 efectuó la venta de inmuebles por la suma de Bs1 956 722 -, además que respecto al costo de materiales y mano de obra, efectuó una inversión de Bs 1 491 395,29 por concepto de losa radier de hormigón armado, columnas vaciadas, material de obra y plastoformo comprado, asimismo mediante líneas de crédito para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos reportó importes por Bs4 949 000 – Bs792 000 – y Bs 4 030 000 – por lo que el costo total informado por una institución financiera alcanzo un importe de Bs11 262 395,29, importe que fue prorrateado en función a los metros cuadrados construidos y vendidos, llegando a obtener el monto de Bs1 105 032, 48 para la gestión fiscalizada (fojas 1961 de antecedentes administrativos) 

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En relación al costo financiero, indicó que la institución financiera informó un valor de Bs354 447, 02, para el costo de gravamen hipotecario Bs4 358,83 y para el costo de 

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9001 IBNORC

Sitema de Gestión 

de la Calma CurticadaN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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terreno, el valor actualizado alcanzo a Bs101 230, 85, de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente A utilizado como referencia (20 02%) 

En los mismos términos, el ente recaudador señaló que el contribuyente B en la gestión 2010, obtuvo ingresos por Bs9 571 912,57, efectuando una inversión de Bs8 204 261,95 y gestionando un préstamo bancario para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos por Bs3 655 000, además que existiría datos de ingresos por preventas, ventas y otros ingresos que fueron parte del costo (pago de fierros de construcción, compra de material de construcción, pago de jornales y contratistas y otros) por Bs5 527 611,87, obteniendo un costo toral de Ns17 386 873,82, mismo que fue prorrateado en función a los metros de construcción, obteniendo un importe para la gestión verificada de B$7 757 564,23, por otra parte indicó que el costo del terreno alcanza

Bs543 903,64, de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la 

utilidad obtenida por el contribuyente B utilizado como referencia (13 27%

Posteriormente, la Administración Tributaria indicó que en base al análisis de los contribuyentes utilizados como referencia, estableció un promedio de costo materiales, mano de obra y costos indirectos del 68 76% en función a los ingresos obtenidos, correspondiendo aplicar dicho porcentaje en la determinación debido a que fueron agotados los medios que la Ley permite para investigas y verificar, sin contar con los medios suficientes para poder determinar el costo de construcción sobre base cierta, de igual manera refirió que no corresponde establecer un costo financiero, debido a que el sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre un financiamiento bancario, adicionalmente el costo del terreno fue determinado sobre la información de la minuta de transferencia ylo escritura pública actualizada a la gestión verificada (fojas 1963 de antecedentes administrativos

Ahora bien, lo expuesto en párrafos previos se reproduce en el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, ante lo cual el recurrente agravió vulneración al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, toda vez que a su entender no contó con la informacion utilizada como referencia, aspecto de vital relevancia para el presente caso, por cuanto los actos administrativos emitidos dentro de la sustanciación de un proceso determinativo, deben contar con una exposición de todos los aspectos tomados en cuenta, 

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a fin de poder asegurar que el sujeto pasivo cuente con los elementos necesarios para poder asumir una adecuada defensa 

No obstante el presente caso dicha situación no aconteció, toda vez que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada, se limitaron a señalar que a efecto de establecer el costo de construcción (materiales, mano de obra y otros gastos indirectos) recurrió a información de dos contribuyentes (A y B) que fueron utilizados como referencia, exponiendo importes generales, sin el detalle de gasto que los compone, esto a efecto de proporcionar información que permita al sujeto pasivo corroborar si los datos empleados, se ajustan al hecho imponible atribuido 

Asimismo, corresponde señalar que si bien la Administración Tributaria argumentó la imposibilidad de aplicar la técnica de contribuyentes similares debido a que no concurrieron las condiciones de similitud establecidas en el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13, empero, que la utilización de Información referencial de otros contribuyentes exige la existencia de una similitud que permita asegurar que no fue vulnerado el principio de realidad económica y verdad material, encontrándose impedido el Servicio de Impuestos Nacionales a utilizar de forma 

discrecional información de terceros que no se asemejan a la situación del fiscalizado 

Lo expuesto en párrafos previos, permite establecer que la falta de un desglose del detalle que integran los componentes del costo de construcción (materiales, mano de obra y gastos indirectos), vulneró el derecho a la defensa del sujeto pasivo, por cuanto el ente recaudador no dio a conocer los elementos sobre los cuales fue establecido su costo de construcción, pudiendo diferir en calidad de material, cantidad, proveedor, cantidad de obreros, equipos utilizados, momento de la construcción y una serie de factores que integran la actividad de construcción y que inciden de forma directa en los costos de la obra, aspecto plenamente de conocimiento del ente recaudador, mismo que en el contenido de la nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/00701/2019 cursante a fojas 2598 a 2601 de antecedentes administrativas, de solicitud de aprobación de la técnica a emplear en la determinación, refirió que mediante solicitud la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba señaló que los precios informados resultarían referenciales, debido a la diversidad de factores que producen variación en los precios de los componentes del análisis de precios unitarias 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jacha kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

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III 

Aspecto que no fue considerado por la Administración Tributaria en su real magnitud, siendo que de forma discrecional y sin la exposición de un fundamento detallado que asegure el conocimiento real de todos los componentes utilizados para la determinación del costo de construcción, se limitó a exponer importes generales y totalizados que no aportan elementos para comprender los elementos considerados 

A lo expuesto precedentemente, se suma el hecho de que la Administración Tributaria si bien mantuvo en reserva la información de los contribuyentes de referencia al amparo del artículo 67 de la Ley N° 2492 (CTB), no menos cierto que la falta de conocimiento de los elementos contenidos en dicha documentación y utilizados en la determinación, vulneró el derecho a la defensa del sujeto pasivo, motivo por el cual el SIN debió aplicar un método y técnica de determinación que no solo asegure el cumplimiento del citado artículo 67, sino que también garantice al fiscalizado el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, esto en consideración a las amplias facultades de investigación que le otorga el Código Tributario Boliviano 

Consecuentemente, corresponde señalar que contrariamente a lo argumentado por la Administración Tributaria, la Resolución Determinativa impugnada no cuenta la exposición de toda la información necesaria con relación a la comparación realizada a efecto de establecer el costo de construcción, debiendo resaltar que el ente recaudador no puede pretender asumir una actitud pasiva, delegando la responsabilidad del establecimiento de los costos y gastos al sujeto pasivo, invocando lo dispuesto en los artículos 76 y 80 de la Ley N° 2492 (CTB), así como tampoco puede aplicar una técnica que utiliza elementos discrecionales que impiden el ejercicio del derecho a la defensa, debiendo destacar que si bien cursa en antecedentes la aprobación por parte de la Gerencia de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales respecto a la técnica propuesta por la Gerencia Distrital Cochabamba, sin embargo dicha situación no implica el desconocer el deber de preservar 

el debido proceso y asegurar el derecho a la defensa del administrado 

Por otra parte, respecto al Auto Supremo N° 59/2016 de 19 de febrero, citado como respaldo por la Administración Tributaria al momento de responder al Recurso de Alzada, cabe señalar que los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia no se constituyen en fuente del Derecho Tributario para gozar de un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), conforme determina el 

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– 

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no corresponde su aplicación al presente caso, toda vez que en estricto cumplimiento del artículo 15 parágrafo II de la Ley N° 254 (Código Procesal Constitucional), sólo las Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia de carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares 

Por todo lo expuesto hasta este punto, resulta evidente que el proceso determinativo sustanciado por la Administración Tributaria se encuentra viciado de nulidad, por vulnerar el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, derivando no solo en el incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) en lo referido a los fundamentos que deben contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, sino también impidiendo que los citados actos administrativos la cumplan con su finalidad de dar a conocer el establecimiento de una obligación tributaria de manera fundada y sin vulnerar el debido proceso, preceptos establecidos como nulidad no solo en los artículos citados líneas previas, sino también el artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA

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En suma, del análisis del proceso determinativo sustanciado, así como de la compulsa de los antecedentes administrativos y los actos emitidos por la Administración Tributaria, se tiene que dicha entidad vulneró el derecho al debido proceso del sujeto pasivo referido a la fundamentación que respalda la determinación efectuada y la valoración de la totalidad de los descargos presentados, así como también generó indefensión en la aplicación de la técnica utilizada para la determinación sobre base presunta, resultando evidente que el proceso de determinación se encuentra viciado de nulidad, aspecto que impide a ésta instancia recursiva al análisis de los argumentos de fondo referidos a la inexistencia del hecho generador y por ende la sanción por omisión de pago, por lo que de conformidad al parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 del Código Tributario Boliviano (CTB), corresponde a ésta instancia recursiva anular la Resolución Determinativa N° 171930000677 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 291930000183 de 20 de mayo de 2019, a efectos de la que la citada administración reponga obrados considerando lo expuesto en el presente análisis 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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POR TANTO

La suscrita Directora Ejecutiva ai de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 

RESUELVE PRIMERO ANULAR la Resolución Determinativa N° 171930000677 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo No 291930000183 de 20 de mayo de 2019, a efectos de la que la citada administración considere lo expuesto en el presente análisis, sea de conformidad con el artículo 212 parágrafol inciso c) del Código Tributario Boliviano (CTB) 

SEGUNDO La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte 

recurrente 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso C) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación 

Regístrese, notifíquese y cúmplase 

Teresa del Rosario Borda Rocha .O 

LOIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autorcad Regional de Impugnación Tributaria Cbba 

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